Texto y foto por Mauri Elbueno

Con 84 años, Toribia Balbuena se convirtió en la primera víctima fatal por coronavirus de la Villa 31 de Retiro. Padecía diabetes. A la semana de su internación había sido intubada y luego quedó en terapia intensiva con pronóstico reservado. Murió el sábado 2 de mayo en el Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires.

El esposo de Toribia tiene 85 años y también se encuentra con diagnóstico positivo de Covid-19. La hija de ambos fue quien inauguró la dolorosa tanda de internaciones. Toda la familia vive en una pieza y comparte el mismo baño con otras 12 personas. Por el hacinamiento y las pésimas condiciones, la propagación del virus resultó inevitable. Las vecinas y los vecinos denuncian que después del resultado positivo que recibió su hija, el Gobierno porteño tardó casi 48 horas en aislarlos y aplicar el protocolo sanitario entre la comunidad y los contactos más directos. Por este motivo, más la falta de agua y la aglomeración, en un par de días la situación se desbordó y la cifra de contagios en la Villa 31 trepó a 133 casos.

¿Y el agua?

Un cartel da la bienvenida apenas se ingresa a la Villa 31: “Cuando vuelvas a tu casa, lavate las manos con agua y con jabón. Cuidarte es cuidarnos”. Lo dice el cartel y aparece en todas las publicidades de prevención. Sabemos que para cumplir con algunas de las principales medidas de prevención en medio de la pandemia de coronavirus, ya sea lavarse las manos, desinfectar superficies o mantener limpia la ropa y los objetos de uso diario, hace falta, principalmente, agua. Sin embargo, esa no es la realidad en los últimos días de gran parte de los habitantes de la Villa 31.

En el medio, las acusaciones cruzadas por parte de los gobiernos nacional y porteño. La titular de la empresa, AYSA, Malena Galmarini, aseguró que la compañía “llega con suficiente agua y suficiente presión hasta el límite exterior del barrio”. Según Galmarini, el inconveniente surge, entonces, en “la red interna que construyó y opera” la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

“Necesitamos una información exacta del gobierno porteño porque la gente se entera por los medios y eso genera incertidumbre y angustia”, dice Walter, quien vive en este lugar desde hace 10 años. “Las autoridades podrían podría trabajar mejor para que los vecinos y las vecinas se concienticen y transmitir tranquilidad. De esa forma se evita un ambiente de pánico y además se les explica que a pesar de la pandemia se pueden cuidar”. Walter habla pausado y se muestra sereno. Cuenta que mientras trabaja como operario en una fábrica, estudia para ser maestro. “Mi jefe no sabe que soy de La 31, pero creo que lo sospecha”, desliza, entre risas. Tiene puesta una campera y pantalón largo de Boca, y usa un tapaboca que le cubre los labios pero refuerza el marrón de sus ojos. “Yo de acá no me quiero ir más, hay muchas cosas para hacer”, asegura, con orgullo militante, al recorrer el barrio.

Mientras, Sara, que nació en Bolivia y desde hace 30 años reside en la Argentina, habla desde la puerta de su casa. Por la ventana, asoman unas maderas, latas de pinturas y herramientas. En el piso, la tierra se mezcla con astillas y aserrín. “Mi marido es carpintero”, detalla. “Acá la gente está sin agua, en la manzana bis ya no tienen cómo desinfectarse, no pueden limpiar nada”, explica Sara. Ella vive en la zona de Bajo Autopista, donde se detectaron los primeros casos. “Algunos vecinos van con bidones y baldes hasta los camiones que pone Aysa. Pero el tanque ese entra hasta la calle Perette y entonces van hasta ahí y hacen las filas para cargar. Y hay algunos tienen que caminar, 4 o 5 cuadras. Encima es agua que no se pude tomar, solo sirve para limpiar un poco”.

Vivir en pocos metros

La disposición del Ministerio de Salud es que se mantenga el distanciamiento social con 1 metro y medio de diferencia entre las personas. Casualmente, en varias manzanas de la villa, ese es el trecho que hay en los pasillos. En las viviendas, una pegada a la otra y con edificaciones inconclusas hacia arriba, las y los habitantes comparten los cubiertos, los vasos, los ambientes, las piezas. En algunos casos, duermen de a dos por cada colchón. Así, el distanciamiento social es inviable porque se vive en comunidad, en lugar de individualmente. La posibilidad de contagio es abrumadora. Por eso el primer caso de contagio se transmitió con tanta alarma y se pidió rápido aislamiento.

En ese contexto, el premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, y la referente de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, anunciaron en una carta abierta firmada por artistas, intelectuales, organizaciones sociales y sindicatos, entre otros, que denunciarán la situación que atraviesa en plena pandemia la Villa 31 frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Ya mismo, hoy, ahora, tarde pero ahora, necesitamos que quienes tienen la responsabilidad de gobernar dejen de mirar para otro lado y que asuman su rol como garantes del derecho a la vida, ese derecho que tan cruelmente le fue negado el sábado a una vecina de la Villa 31. No queremos una catástrofe”, advirtieron.

Parar la olla

Desde muy temprano, el jueves 30 de abril, decenas de familias hacen una fila en el Polo Educativo Mugica de Retiro, ubicado sobre la calle Letonia de sólo 200 metros de traza. El asfalto, que rodea el edificio de Tribunales de Retiro, está bloqueado por un alambrado que se instaló para armar un estacionamiento que facilite el acceso de jueces y fiscales a la sede judicial. Enfrente, de espalda al gigantesco edificio de Comodoro Py, mujeres y hombres esperan los bolsones de alimentos que otorgan los comedores escolares. Estaban ahí desde las 7, y la entrega se hizo después de las 12.

“Los bolsones son bastante ineficientes. Aunque el gobierno porteño diga que son canastas nutritivas, lo cierto es que para 15 días no está alcanzando. Además, necesitamos denunciar que al personal que entrega la mercadería no se les está dando barbijos, guantes, elementos de protección”, explica Natalia Militi, que es docente y referente del gremio UTE, y que utiliza como tapabocas el pañuelo de la Campaña por el Aborto, legal seguro y gratuito.

“El primer día fue muy complicado, hubo empujones, gritos, pero ahora se organizó todo mejor porque dan una parte en el Jardín ‘La Banderita’ y otra en la escuela primaria”, cuenta Natalia, que es madre de 6 hijos e hijas. Su casa, como tantas otras, no tiene agua. “Con los chicos se me complica porque para poder tomar agua tengo que comprar y gastar plata. Pasás toda la noche sin dormir esperando que caiga una gotita de agua de la canilla… vas y te fijás a cada rato y nada”, describe, mientras sostiene a su beba de 9 meses en brazos. El agua, que sale de cualquier canilla en edificios y casas de la Ciudad de Buenos Aires es el bien más preciado en la 31 porque escasea y porque es imprescindible para evitar más contagios. Sin embargo, Toribia ya no está y su esposo sigue internado. Y los contagios siguen creciendo.

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Por Redacción Marcha

El pasado 1 de abril, apenas un día después de que el gobierno anunciara el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 329/20, que prohíbe los despidos por 60 días, 25 trabajadorxs que cumplen la función de guías y coordinadores de visitas en el Teatro Colón fueron despedidos ilegalmente por la empresa Eternautas (Goliardos SRL), quien terceriza el servicio de guías al gobierno de la ciudad.

Con la llegada de la pandemia del COVID-19, el mundo del arte, la cultura y el turismo están prácticamente parados. El teatro colón es uno de los principales edificios del patrimonio cultural de la ciudad y además es uno de los atractivos turísticos más importantes, con visitas guiadas cada 15 minutos, las cuales se dan en español y en inglés.

Hemos realizado nuestro trabajo sin ningún tipo de excepción a pesar de cualquier adversidad o irregularidad que dificultaba la realización del mismo. Siempre entendiendo que la gente de todo el mundo merecía conocer al Teatro Colón y su historia. Incluso lo hemos hecho una vez ya declarada la pandemia, poniendo en riesgo nuestra salud, la del resto de los empleados, la de nuestras familias y la de la comunidad, al estar en permanente contacto con público proveniente de países de riesgo por normativa del teatro y la empresa, aseguró en un comunicado el Colectivo de Guías del Teatro Colón.

Las actividades del teatro se mantuvieron hasta el 12 de marzo de este año, solo una semana antes de que el gobierno decretara la cuarentena obligatoria. Desde ese día, la comunicación de la empresa fue nula, hasta el 1 de abril en que fueron despedidxs 25 trabajadorxs, 22 guías y tres coordinadores de visitas. El grupo de empleadxs va de entre los 23 a los 40 años, estudiantes, artistas y profesionales del turismo, son parte del colectivo que de lunes a lunes permiten que alrededor de mil personas lleguen y conozcan el interior del teatro, y que desde el miércoles perdieron su empleo en medio de una emergencia sanitaria.

La comunicación que recibimos por parte de la empresa fue el mail, diciendo que ellos nos iban a dar de baja a todo el plantel de guías y coordinadores, por motivos de fuerza mayor porque no estaban pudiendo pagar nuestros salarios, comentaron para Marcha el colectivo de guías.

Eternauta es una empresa de turismo a cargo Ricardo Watson y Lucas Rentero que brinda servicios de tours por la ciudad y a la que el gobierno de la ciudad paga por el servicio de guías del Teatro Colón. En el telegrama del despido, la empresa aseguró que no había recibido el pago del Teatro desde octubre 2019 hasta marzo del 2020 y que rescindiría los contratos “debido a la emergencia de la pandemia”.

Este caso se suma a otros como el de la Orquesta de José C. Paz, cuyos integrantes fueron despedidxs por la municipalidad. Desde el Colectivo de Guías del Teatro Colón rechazaron las causales esgrimidas y exhortaron a la empresa y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a ajustarse a lo establecido por el DNU 329/20 que ha dispuesto que los despidos y/o suspensiones se encuentran prohibidos y que los mismos ya no producirán efecto alguno.

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El pasado jueves 13 de diciembre, la Legislatura porteña aprobó la ley 2.736 que regula la reurbanización de la Villa 31 y 31 bis, Barrio Padre Carlos Mugica. El proyecto, elaborado por el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contó con 36 votos afirmativos, 13 negativos y 11 abstenciones.

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo Porteño y no contó con el consenso del barrio, como si sucedió con la presentación del proyecto anterior del dictamen de la Villa 31 y 31 bis, elaborado participativamente por sus habitantes y cajoneado hasta el hartazgo por Cambiemos, junto con los proyectos de reurbanización de la Villa 20 y la Villa Rodrigo Bueno.

El proyecto representó un fracaso político de la Secretaría de Integración Social y Urbana a cargo del proceso de la elaboración de la ley. Ya sea por su incompetencia o intencionalidad, lograron ejecutar el peor escenario posible: fogonear la pelea entre vecinos y vecinas, fomentando la falsa premisa de que aquellos que se oponen a su proyecto están en contra de la urbanización. El hecho de cuestionar un proyecto tejido entre cuatro paredes, a espaldas al barrio, no atenta contra el derecho al acceso a la vivienda por el cual tanto han luchado los y las vecinas. Una infinita distancia diferencia impulsar reuniones informativas sobre algunos puntos del dictamen (las actividades realizadas por la Secretaría) de la participación real.

Sobre los aspectos técnicos de la ley aprobada, en los puntos más relevantes genera mucha incertidumbre. No aporta claridad sobre el monto del pago de las tierras, sobre la resolución de la problemática entre inquilinxs y propietarios, el pago de los servicios, los valores de la hipotecas que van a tener que asumir los y las vecinas y la posibilidad de que terceros puedan cancelarlas, habilitando el negociado inmobiliario.

El Gobierno de la Ciudad solicita acompañar una ley plagada de grises, sabiendo que aquello que no está explícita y claramente garantizado en favor de los sectores más postergados, más vulnerados, es terreno fértil para la ambición voraz e incontenible del mercado inmobiliario.

Un poco de historia

La histórica lucha de la 31 se remonta a las victorias organizadas sobre las topadoras de la dictadura cívico-militar y el contrataque del neoliberalismo noventoso, de la mano del ex intendente Domínguez. Pero ese pasado siempre vivo, y que talló a fuego los genes de lucha de las siguientes generaciones, lleva a repasar los acontecimientos más recientes.

A principios de este año, luego de la aprobación del nuevo trazado de la Autopista Illia, se produjo un desalojo violento a cargo de las fuerzas represivas con el objetivo de echar a vecinos y vecinas del sector Cristo Obrero. Mediante la fuerza de los palos, de los gases y de las extorsiones, impusieron un “se van o se van” a las familias afectadas. Temible primer antecedente para los procesos de relocalización.

Este gobierno que se autoproclama orgullosamente dialoguista y se vanagloria de escuchar a los vecinos y las vecinas, podría decir en qué momento algunx de ellos o ellas dijo “lo que necesitamos después de años de abandono del Estado es una autopista pasando por nuestra cabeza, por mi casa”. Por ahora, nadie salió a proclamarlo.

Estas prácticas violentas, por fuera de la ley, son el resultado de los procesos urbanos regidos por las corporaciones y las grandes constructoras que buscan imponer su agenda de ganancias a costa de los sectores populares. Son aquellos que generan las leyes del mercado (siempre a su favor y en lucrosa sociedad con los funcionarios) que angurrientos y voraces desean ocupar los terrenos que legítimamente poseen los y las vecinas. Ya no sólo a través de las fuerza de las topadoras, sino permitiendo el negociado inmobiliario en los sectores donde se debe garantizar la vivienda social.

Algunas preguntas más: ¿a qué institución educativa le consultaron sobre la multimillonaria construcción del Ministerio de Educación en la villa (en el sector destinado para las nuevas viviendas)? Resulta contradictorio cuando los bachilleratos populares están batallando por su permanencia en el barrio, cuando a los apoyos escolares los desoyeron ante el simple pedido de mesas para los y las pibas que todos los días van a hacer la tarea.

El diálogo real se construye con simples preguntas a quienes su vida va afectar las políticas públicas: ¿qué necesitan? ¿Qué es lo primordial? ¿Cómo se hace en conjunto? No es imponer necesidades externas, exógenas, de intereses nefastos con olor a negociado y agendas electoralista; y, por sobre todo, negando los saberes populares y la organización vecinal.

Los pasos a seguir

La aprobación de una ley no consensuada es el fracaso de la gestión política de la Secretaría, no de la pelea en unidad de la que es insignia la Villa 31. Por eso, todos y todas las vecinas confían en la lucha para lograr la conformación de una Mesa de Gestión Participativa (M.G.P.) en la que se incluya no sólo al sistema político (consejerxs y delegadxs), sino a todos y todas las vecinas del barrio, a la Mesa de Urbanización Participativa, a las instituciones educativas, a las organizaciones sociales, logrando resoluciones que sean de carácter vinculante. Sólo de una mesa de trabajo abierta a todxs lxs habitantes del barrio y a quienes realizan actividades en él, se puede garantizar que se concrete una urbanización real, popular y vecinal.

Es el momento preciso de llamar enfáticamente por la unidad de todas las villas, los asentamientos, personas en situación de “hotelados”, en situación de calle, a las víctimas de los desalojos sistemáticos, y de todos los sectores populares, para exigir, de una vez por todas, la ciudad que se merecen y que tienen derecho de vivir.

*Militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) e integrante de la Mesa de urbanización participativa – Villa 31 y 31 bis

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Una inmensa marea de ambos blancos, celestes y rosas llenó las inmediaciones del Congreso de la Nación y marchó hasta la Plaza de Mayo para expresar su rechazo a la exclusión de la Carrera de Salud en la Ciudad de Buenos Aires de los profesionales de enfermería, bioimágenes e instrumentación quirúrgica.

Cientos de enfermeras, enfermeros, instrumentistas y técnicas/os en bioimágenes de los hospitales públicos y privados de la Ciudad, del Gran Buenos Aires y también de muchas otros puntos de nuestro país, marcharon exigiendo la derogación de la Ley 6035 y el reconocimiento como profesionales en una nueva ley que sea inclusiva para los profesionales de la salud.

Delia Antesana, Licenciada en Enfermería del Hospital Penna, que marchó junto a sus compañeras, recalcó que “estamos las enfermeras autoconvocadas con esta movilización espontánea a causa de la exclusión de la carrera profesional, somos profesionales, graduados universitarios y es terrible que se nos excluya de esta manera. Esta medida la tienen que rever porque afecta a muchos licenciados y a muchos futuros colegas que quieran estudiar. De esta manera se va precarizar la atención de enfermería porque empieza a bajar la currícula y deja de ser una opción laboral. Es absurda esta ley que nos excluye en lugar de incluir”.

El pasado 1° de noviembre, la Legislatura porteña aprobó la reforma profesional del sector sanitario con 36 votos de Cambiemos más el bloque de Losteau. Mediante un tratamiento express, y sin la participación de las y los trabajadores y profesionales de la salud, se aprobó el proyecto de ley que elimina literalmente el estatus profesional de cientos de trabajadoras/es de la carrera médica en el Sistema Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y los convierte a la categoría “técnico-administrativos”. Lo cual, entre varios aspectos, implica una importante merma salarial y afecta derechos laborales adquiridos, como el no reconocimiento de las especialidades y títulos y la imposibilidad de acceso a cargos jerárquicos.

“Estamos manifestando porque Larreta y su nueva ley nos deja afuera de la carrera profesional. Él mintió porque dijo que esta es una nueva ley médica pero no es cierto, deja a licenciados en enfermería, instrumentación quirúrgica y bioimágenes fuera del sistema de salud”, advirtió Lucia Tabasso, al frente de la columna del Hospital Fernández.

La iniciativa aprobada en la Legislatura modifica sustancialmente el régimen laboral que regula las relaciones entre el Estado porteño y sus profesionales de la Salud, ya que deroga la ordenanza N°41.455 que rige desde 1986. Las/os afectados son 9500 enfermeras/os que trabajan en hospitales públicos porteños, 3600 licenciados en enfermería y otros cientos de técnicas/os en enfermería y auxiliares que cursan la carrera mientras trabajan, así como también una inmensa cantidad de instrumentadoras/es quirúrgicos, psicopedagogas y técnicos en bioimágenes.

La nueva ley se enmarca en un contexto de recorte presupuestario sanitario, mientras se impulsan proyectos que las y los trabajadores de la salud rechazan como el Complejo Hospitalario Sur, iniciativa inmobiliaria que pretende mudar a un único edificio al Hospital Muñiz, Hospital Udaondo, Hospital Ferrer, el Hospital Municipal de Oncología “Marie Curie” y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica.

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Jano cumpliría 4 años. Una sonrisa que ilumina. Iluminaba. El niño de la Villa 21/24 fue la primera víctima de la bacteria estreptococos pyogenes. Sus padres denuncian la mala praxis y la desidia con la que fue tratado. Jano pasó por 4 hospitales y nunca lo trataron a tiempo. Su muerte era evitable y la responsabilidad es del Estado.

Valeria no tiene tiempo para llorar. Nos recibe en su casa, junto a Daniel. Esta con Román, de 10 meses en brazos, y sabe que tiene que sacar fuerzas para cuidar a sus tres hijos y luchar por justicia. Nos cuenta la pesadilla que vivió las últimas dos semanas y que terminó de la peor manera. Escuchando los gritos de su hijo de 3 años que la llamaba mientras lo entubaban en el hospital.

“Mi nene empezó con fiebre el jueves de la semana pasada. El viernes lo llevé a la salita del barrio, al Cesac 35, y me mandaron a hacer una placa al hospital Penna. Ese mismo día me voy al Penna, le hacen la placa y me dicen que debe ser gripe, me mandan con ibuprofeno a casa.

Durante todo el fin de semana estuvo con la medicación y la fiebre le bajaba y le volvía a subir. El lunes, preocupada porque seguía igual, me fui al Hospital Garrahan con la placa. Había tanta gente que salí a la medianoche del hospital.  Ahí le miran la placa, le hacen otra y me dicen que neumonía no es. Yo respondí que a él le dolía la parte del pulmón y la cabeza. Me contestaron que a veces cuando los chicos tienen fiebre les duele todo.

Esa noche me mandaron con Ibuprofeno a mi casa. El martes baño a mi hijo porque había empezado con diarrea y le veo las manchas en el cuerpo: en la mano, en la panza, lo llevo corriendo a la salita, pensando que era sarampión. Ahí le vieron manchas en la lengua me mandaron a hacer un hisopado. En el Penna lo revisan en la guardia del hospital, le doy la orden del hisopado y me responden que ese estudio no necesita hacerlo. Me mandan a hacer placas de nuevo y ahí dicen que tiene neumonía y lo dejan internado.

A la noche le hacen le hacen una eco y me explican que tiene líquido en el pulmón diciéndome que se lo tienen que drenar, que me iban a derivar al hospital Gutiérrez, al Casa Cuna o al Garrahan porque ellos no tenían los métodos ni las herramientas para hacer un drenaje. Al día siguiente me dicen que Jano no necesita drenaje.

Horas después viene una doctora que le midió el pulso y me dice “Mami, tu hijo se está quedando sin pulso”. Me llevan a otra sala, me dicen que salga. Ahí lo entubaron. Tuvimos que esperar al terapista, lo hicieron todo de urgencia y Jano gritaba que quería venir conmigo, que no quería que le hagan eso. Ya no respiraba bien. Esos gritos son lo último que escuche de él.

Después me dijeron cosas de todo tipo. Primero que le había agarrado un paro. Después que lo había superado. Después que estaba estable y si lo quería ver. Cuando lo veo me largo a llorar porque ya no era mi nene. Estaba en coma, me dijeron que ellos son los que lo pusieron en coma para que no sienta el dolor, estaba todo hinchado. Me habían dicho lo estamos ayudando a respirar, está estable.

Ahí en el Penna paso otra noche y me dijeron que cuando se estabilizara lo iban a trasladar al Elizalde. Cuando me dicen que lo trasladan, hacen todo rápido, bajan el ascensor, todo rápido. Pero claro, en la ambulancia una máquina no andaba, faltaban mangueritas. Ellos mismos decían “como no anda esto, que pasa acá”. La máquina iba conectada a mi hijo y yo rogando que no se me muera. Por suerte arreglaron la maquinita, trajeron la manguerita y arrancamos.

En el Casa Cuna me dicen que era mucho el riesgo de vida que tenía mi hijo. Duró todo el miércoles. En el medio nos dicen que tiene una enfermedad nueva. Recién supieron de la bacteria al final. Jano murió el jueves a las 10.05. Podrían haber hecho algo antes pero no pasó. Y a Jano no me lo devuelve nadie”.

La solidaridad de unos, el abandono de otros

Nadie del gobierno se comunicó con la familia. Pero Daniel habla de sus vecinos y la ayuda para garantizar el velorio, el entierro. Porque mientras despedían los restos de Jano empezó el recorrido para que les dieran las historias clínicas en cada hospital en donde estuvieron y reclamar justicia.

“Nos mintieron en todo. Nos dijeron que no nos podían dar la historia clínica, después que estaba en un lado, en otro. Hasta que no hicimos la denuncia no nos dieron nada. En el Penna “perdieron” la orden de hisopado que llevamos de la salita y que nunca le hicieron. Recién cuando hicimos la denuncia empezaron a dar respuestas.

Ahí en el hospital hablé con una de las médicas cuando fui a buscar la historia clínica y le dije “con el corazón en la mano dígame la verdad, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Se podría haber salvado? Me dijo que sí, que  se podría haber salvado.

Desde la muerte de Jano no paramos de movernos, con Aarón de 7 años, con Román de 10 meses. A todos lados fuimos para que se sepa lo que realmente pasó y haya justicia”.

Para que no haya más muertes evitables

Los hijos de Valeria y Daniel están junto a ellos. Cada tanto los abrazan. Y Valeria cuenta que Aarón sigue preguntando por su hermano. “Yo también me quiero morir”. Con 7 años, sufrió con sus padres la impotencia en el hospital, en la comisaria y hoy no va a la escuela por miedo al contagio.

Valeria dice con voz cansada pero firme: “yo no quiero que le pase a otros chicos lo que le paso a Jano. Por eso hablo con las mamás del barrio, que no se queden con lo que les diga el médico, que se muevan, que cuiden a los chicos. Las guardias están colapsadas y nadie te explica nada. Los chicos están contagiando entre ellos y se siguen sumando las víctimas. El hombre de seguridad del Penna dice que ahí nomás en la guardia murió una nena por esperar el numerito. Y no sale en ningún medio. Se está pudriendo todo y nadie dice nada”.

Daniel agrega: “la gente come lo que ve en la tele y lastimosamente van a perder lo que más aman y no se van a poder recuperar nunca porque yo con mi señora nunca nos vamos a recuperar de este dolor. A nosotros nadie nos llamó para saber lo que había pasado. ¿Qué hago si me cambiaron la historia clínica del Penna? ¿Qué hago?

Antes de irnos, proponer hacer una colecta y ponernos a disposición, le preguntamos a ambos que le dirían al Jefe de Gobierno de la Ciudad, si pudieran hablarle: “que se deje de preocupar tanto por lo político, si estás de un lado o del otro. Que ponga la plata donde la tiene que poner que es en la salud. Eso es lo principal: la salud. La plata va y viene pero la salud es lo que más importa. Porque Jano no está más, lo perdimos para siempre y fue culpa del sistema de salud”.

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El martes 15 se realizó un Festival contra el desalojo de Brasil 1517. La presencia masiva de las diferentes expresiones del campo popular presionó para encontrar una salida a la situación de las 20 familias que habitan el lugar.

Anochecer del día martes 14 de junio en el barrio de Constitución. Con la caída del sol se va armando el festival “No al Desalojo de Brasil 1517”. Como un compás de espera se da apertura a este encuentro popular que convoca a enfrentar el desalojo.

En Brasil 1517 viven 20 familias, entre quienes hay 17 niños y 3 personas con discapacidad. Un hotel convertido en vivienda permanente con condiciones precarias de alojamiento para sus habitantes, que no tienen a dónde ir.

Los habitantes relatan que le pagaban un alquiler mensual a un intermediario hasta que se venció el contrato y quien administraba el lugar no volvió a hacerse presente. Entonces trataron de negociar directamente con la propietaria, pero se encontraron con su negativa y el inicio de un juicio de desalojo. La causa se tramitaba en el Juzgado Nacional en lo Civil Nro 34, y concluía con la orden de ejecutar el desalojo, para las familias. Una justicia que al mismo tiempo que favorece a la propietaria deja en el desamparo y expulsa a un gran número de personas que se hallan en condiciones de extrema necesidad.

Una vez más, el Estado se desentiende del derecho constitucional a la vivienda con muchas personas que han sido abandonadas a su suerte. Parece no haber ningún resorte del Gobierno de la Ciudad que contemple el derecho de los más vulnerables, con un Estado que de manera deliberada se ausenta de la función de protección de las personas a quienes debería representar en su función de gobierno.

Y mientras tanto, el martes 14 a la noche se abría el compás de espera, y organizaciones y vecinos se solidarizaban con su presencia junto a un gran número de agrupaciones políticas, gremiales, de derechos humanos, barriales que iban sumando su respaldo al rechazo de una medida judicial, que golpearía a familias indefensas de menores recursos y sin otras posibilidades. La orden legal se enfrentaba con la fuerza de las voces que se hicieron oir en el Festival por el derecho a la vivienda. Con un escenario en donde las palabras se oían entre guitarras y canciones, en la fría noche donde se sintió el calor compañero. El festival dio lugar a una larga noche de vigilia, donde hicieron el aguante militantes de organizaciones compañeras que se fueron sumando para solidarizarse y resistir. No había frío capaz de detener la fuerza de la solidaridad.

Alrededor de las 5 de la mañana la policía comenzó a vallar el lugar, lo que indicaba la inminencia del operativo de desalojo. En ese momento la zona se había empezado a superpoblar de presencias militantes, compañeras en representación de fuerzas organizadas pero también a vecinas y vecinos que se autoconvocaban. Sabemos que en las prácticas cotidianas el sector popular es el que encarna con mayor fuerza valores como la solidaridad frente a las situaciones de necesidad.

La masiva presencia en el lugar desalentó la ejecución del desalojo y cualquier instancia represiva, mientras obligó a lograr un acuerdo que postergó por 6 meses la consumación de la medida. Paralelamente también se encontraban las autoridades del Instituto de Vivienda de la Ciudad, que se comprometieron a facilitar otorgamiento de créditos que permitan darle promoción al legítimo derecho a la vivienda que dignifica la vida de las personas.

Es necesario tener en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires, la ley Nº 341 en su artículo 1º dice: “El Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Municipal de la Vivienda, instrumentará políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional, asumidos como destinatarios individuales o incorporadas en procesos de organización colectiva verificables, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria”.

Una nueva ocasión que demostró que la lucha organizada con la presencia y la unidad de las diversas expresiones populares tuvo como resultado un acuerdo que facilitará una solución habitacional para las familias.

*militante de O.S.y P. Los Pibes

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Después de la muerte de jóvenes, intoxicados con drogas de diseño, en una fiesta electrónica en Costa Salguero, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad refieren las denuncias y disputas por el tema de la gestión de las tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires.

Lamentablemente, en nuestra cultura política resulta necesario que pase una tragedia para que se ponga en foco el sistema de controles del GCBA respecto de las habilitaciones e ingrese en la agenda pública la gestión de la tierra pública, particularmente la explotación a través de concesiones. Existen casos que constituyeron puntos de inflexión como “Cromañón”, “Beara” y ahora la fiesta electrónica Time Warp en Costa Salguero.

Las denuncias públicas de las ilegalidades respecto de la concesión del Complejo Costa Salguero no surgen ahora a raíz de la muerte de seis jóvenes en esta fiesta. Al contrario, se vienen realizando por distintos sectores de la ciudadanía y de las instituciones públicas (organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, diputados, organismos de control del GCBA) desde hace más de una década, con total ajenidad al oportunismo político y con independencia del partido político que se encuentra gobernando. Hasta ahora, estas denuncias no fueron consideradas por el Poder Ejecutivo de la Ciudad e incluso respondió a las órdenes judiciales con todos los artilugios legales para no cumplir con las irregularidades e ilegalidades que la Justicia viene reconociendo.

De ilegalidades y connivencias

La concesión del Complejo de Costa Salguero es el caso por antonomasia de las concesiones ilegales y de las explotaciones comerciales y lucrativas sin control por parte del gobierno. En cada una de las dimensiones que podría evaluarse se encuentran ilegalidades y connivencias entre empresarios y funcionarios públicos.

En principio, ninguna de las actuales instalaciones existentes en el predio de alrededor de 17 hectáreas debió existir. La concesión otorgada por la Autoridad General de Puertos a la sociedad anónima Telemetrix en 1992 fue para construir allí un complejo polideportivo. Un objeto totalmente alejado a los hoteles, confiterías, oficinas comerciales, boliches, centros de exposiciones, estacionamientos, etc., que actualmente existen en el predio. El Estado Nacional nunca controló el incumplimiento del objeto de la Concesión ni tampoco el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) cuando las tierras pasaron a su propiedad. Estos edificios se construyeron sin contar con los permisos de obra que el GCBA exige a cualquier habitante de la Ciudad hasta para construir una pieza más. Acá se urbanizaron aproximadamente 17 manzanas.

Luego, tampoco el GCBA dio las habilitaciones para que estos edificios pudieran explotarse comercialmente. Hasta 2010 no contaron con las habilitaciones de seguridad y salubridad ni con los permisos ambientales para el ejercicio de dichas actividades comerciales. Después de una orden judicial del Juez Roberto Gallardo, que clausuró varios locales en Costa Salguero, el GCBA otorgó, a los días de la clausura, habilitación permanente a todos los locales salvo a los pabellones. Estos siguen funcionando con autorizaciones individuales ad-hoc. Una celeridad y diligencia excepcionalmente vista por parte de la Administración. Pero acá tampoco los funcionarios advirtieron que, con respecto a esos predios, la Legislatura de la Ciudad y la Constitución de la Ciudad determinaron que debían ser grandes parques (poseen zonificación UP – Urbanización Parque). Está prohibido autorizar actividades comerciales que no sean compatibles con espacios verdes, por lo tanto estas habilitaciones no respetan el Código de Planeamiento Urbano.

Cuando lo público se privatiza

Por último, ¿cuál es el rédito económico de la Ciudad por concesionar 17 hectáreas?: la percepción de un canon irrisorio, $ 263.576 por mes. Es decir, el GCBA está cobrando $ 1,5 por m2 por mes. Un canon en extremo barato si comparamos que en la zona más cercana se está pagando por el alquiler de 1m²desde $ 160 a $250. La concesionaria paga, por lo menos, 100 veces menos de acuerdo a lo que el mercado establece.

Podría pensarse que la tolerancia a todas estas ilegalidades constituye simplemente una falta de control o interés por parte de los funcionarios. Pero esto no es así: forma parte de una práctica sistemática de aprovechamiento de lo que es público por parte de empresarios con la venia consciente de los funcionarios de gobierno. Práctica que no está presente sólo en el caso de Costa Salguero, sino en innumerables concesiones de la Ciudad, hasta el punto que una fiscal declaró la existencia de una asociación ilícita en el área de concesiones.

En el caso puntual de Costa Salguero, los estrechos vínculos entre las empresas concesionarias y subconcesionarias con el PRO son evidentes y públicos, y son la razón para que estas ilegalidades continúen. Costa Salguero ha funcionado como bunker electoral en cada campaña del Pro, allí realizó el festejo de su último casamiento nuestro actual presidente Mauricio Macri, y el esposo de Carmen Polledo (vicepresidenta primera de la Legislatura de la Ciudad) integra el directorio de la sociedad anónima Costa Salguero S.A. que sub-concesiones los pabellones donde se realizó la fiesta electrónica marco de las muerte de estos jóvenes.

¿Esta tragedia está generando un replanteo en el actual GCBA? Todo indica que no. A cuatro días de este hecho lamentable y triste, a impulso del PRO avanza en la Legislatura porteña la creación de un Distrito Joven, una ley hecha a medida de los empresarios que durante décadas en forma también ilegal han explotado locales bailables y gastronómicos en la Costanera Norte sobre terrenos destinados para parques o para vía pública. Por ejemplo, el boliche Pacha se encuentra en medio del Parque de las Américas. Por si fuera poco, el año pasado se concesionó este boliche a Dell Producciones S.A., la misma empresa que organizó la fiesta “Time Warp” cuyo presidente tiene orden de detención. El restaurante Rodizzio ocupa el camino de ribera, que es una calle o paseo público.

Las conductas funcionarios públicos que actualmente nos gobiernan están destinadas a ver cómo subsanar o soslayar ilegalidades para tranquilidad de los negocios privados en detrimento de lo público, y también en detrimento de la seguridad de los jóvenes.

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La Asamblea del Parque Lezama es una experiencia emblemática que logró frenar la instalación del enrejado perimetral a través de la acción colectiva de organizaciones, vecinas y vecinos. La conquista del derecho al espacio público no agotó la su actividad y hoy impulsa un proyecto de ley de manejo participativo del Parque, que se presentó en la legislatura.

La Asamblea se constituyó en febrero de 2013 a partir de la “autoconvocatoria” de vecinos y vecinas que se movilizaron frente a esta iniciativa inconsulta del gobierno ciudadano de enrejar el lugar. Con cortes de calles, abrazos al Parque, donde participaron 1.400 personas, lograron darle visibilidad y ponerle un freno a la iniciativa gubernamental. Disputar el paradigma neoliberal del uso y manejo del espacio público con fines económicos en un territorio que no limite el acceso a los vecinos y sean ellos quienes participen en las decisiones que se toman sobre el Lezama. En una entrevista con Mauricio y Eva, referentes activos, nos contaron sobre la Asamblea ayer y hoy.

El medio más potente es la presencia en la calle: lograron parar las rejas

¿Cómo hicieron para que la gente se involucre cuando los medios bombardean con informaciones que dan miedo, como los actos de vandalismo?

Nos costó mucho: lo hicimos con mesas, volanteadas, ir a cada actividad que se realizaba en el barrio, denunciar lo que estaba ocurriendo en el Parque. La presencia en la calle, en el Parque, fue fundamental. Aprendimos a hacer un ejercicio con las personas que venían con el discurso de los medios, el vandalismo, los hechos delictivos, y también tuvimos que hacer un ejercicio entre nosotros para desarmar esa estructura. También se acercaron quienes estaban a favor de las rejas y con ellos también trabajamos. No fue un hecho de vecinos indignados que querían estar en contra sino que tenía un contenido político, ya que se estaba avanzando sobre la limitación del uso del espacio público, en donde las personas no son el centro de las políticas de gobierno.

Cuentan que, al revés que otras experiencias de lucha, la participación en la asamblea no tenía pretensiones: “El vecino también es militante y también pertenece a un partido y también tiene derecho a venir acá con eso, que es su identidad, la neutralidad es ficticia, y nos pareció que era limitar la participación”. El programa de radio Espantarrejas, que se emite los sábados por Fm Riachuelo, también fue una vía importante de salida al barrio. Mauricio cuenta una anécdota muy pintoresca: “Una noche fuimos a hacer entrevistas al parque y dos señoras que estaban sentadas en un banco nos respondieron que eran necesarias las rejas porque después de las 8 ya no se podía ir porque era peligroso. Pero eran las 11 de la noche y la señora conversaba animadamente con su amiga, y cuando le dije la hora respondió: ‘¿¡En serio tan tarde!? Entonces no es tan peligroso como dicen’”.

El parque Lezama es un espacio de 80.000 m2, y su situación es distinta de otros porque es un territorio donde confluyen y se conectan los barrios de San Telmo, La Boca, Barracas y Puerto Madero. Este gran espacio verde funciona casi como el “patio de la casa” para las y los habitantes de estos barrios postergados, suburbanos en la propia ciudad, cuya población se aloja principalmente en piezas de conventillos, hoteles y pensiones; es el primer recurso cuando son desalojados. Un lugar de encuentro social para quienes no tienen otras posibilidades de recreación, en una ciudad en la que viven de manera permanente alrededor de tres millones de personas y se calcula que circulan alrededor de diez millones. Allí también funciona el Museo Histórico Nacional, de gran valor para nuestro patrimonio cultural.

Cuidando el patio de las familias

¿Qué relación tienen las políticas sobre el Parque Lezama con las políticas ciudadanas?

El hecho no era las rejas sí o las rejas no, sino también la falta de inversión, el déficit habitacional que hace que la gente venga al parque como primera alternativa cuando se queda sin vivienda. El parque como primera referencia. Llegan desde La Boca, Barracas, Dock Sud, Avellaneda, Constitución. Nos preguntamos por qué se enrejaba acá y no los parques de Puerto Madero. Antes de que lo quisieran enrejar dormía mucha gente ahí, entonces venían en medio de la noche (esos oscuros servidores del GCBA) y les sacaban todo y se lo tiraban, y así la gente se fue yendo.

En 2015 resurgió la posibilidad de la instalación de las rejas de la mano de una puesta en escena mediática que denunciaba vandalismo, al mismo tiempo que se instalaba el Ministerio de Ambiente y Espacio Público frente al parque, en la ex oficina de Canale. Lo que sucedió en ese entonces fue que nos enteramos de que a la gente que estaba viviendo en los alrededores, debajo del puente de la autopista o en la calle, la estaban echando, y entonces llegaban aquí porque es el único lugar de referencia. Por eso publicaron en los diarios que el parque estaba siendo vandalizado, lo que justificaba la nueva embestida por las rejas. Una política deliberada que se la toma con los más vulnerables.

¿Y cómo afecta el cambio de construcciones en el barrio, el negocio inmobiliario?

La función social del parque cambió desde 1830, donde era un jardín con ornamentos hasta hoy donde los niños corren porque no tienen otro lugar donde estar. Quieren convertir al barrio en un distrito histórico, cada vez más exclusivo. Los dueños del barrio de San Telmo, los que tienen poder, son los anticuarios y una asociación de paisajistas y patrimonialistas que tenían voz directa en el Gobierno de la Ciudad y viceversa. El proyecto de las rejas había sido presentado por la asociación de patrimonialistas a la ciudad.

Desde hace unos años se viene incrementando la expulsión de los pobladores en San Telmo por el aumento de los alquileres por el turismo lo que también provocó que los valores de los productos de primera necesidad superen un 30% el de otros lugares. De igual manera que viene sucediendo en La Boca y toda la zona sur de la ciudad, donde se empuja la expulsión de sus pobladores para avanzar con el proyecto inmobiliario alentado por la gestión de gobierno. Cuando llegó lo de las rejas nos dimos cuenta de que nos vienen achicando por todas partes, y entonces eso tomó mucha fuerza en la gente que si dejábamos que entraran al Parque, venían por todo. El Parque dejó de ser una lucha reivindicativa y se articuló con otras luchas, a la vida de las personas y eso le dio peso. Nos dimos cuenta de que había muchísima gente que pasaba horas y horas en el parque porque vive hacinada en esas piecitas con muchos chicos; ahí entendimos que el parque es el patio de nuestras casas”.

¿De qué se trata el proyecto de Manejo Participativo?

La Asamblea presentó un proyecto de ley de Plan de Manejo Participativo. Es una propuesta que se toma de la experiencia del Parque Avellaneda, y que significa una práctica de democracia participativa real de las y los vecinos sobre el parque para que tengan la potestad de decidir sobre las cosas que se hacen ahí: qué cosas queremos, cuáles le hacen falta, qué prioridades hay, desde los juegos, el mantenimiento, el riego, la poda, la iluminación, para que no nos impongan necesidades que no son reales y que obedecen a otros intereses. Se trata de una mesa de trabajo formada por vecinos y vecinas, organizaciones y representantes del Gobierno de la Ciudad, para que se decida a través de un consenso y para no quedar en manos del funcionario de turno, que puede darle prioridad o dejarlo abandonado o decidir hacer inversiones multimillonarias como las de las rejas, que están alejadas de las necesidades reales de los habitantes de la zona.

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público dispone de un presupuesto millonario para obras sobre los parques, que se invierten en función de intereses políticos y no de las reales necesidades de usuarios y ciudadanos. Participar en las decisiones, como las privatizaciones que se están operando sobre los parques, como poner un bar o una estación saludable, le quita cada vez más espacios verdes. Pareciera que hay que ponerlos a dar una renta, un parque no es un gasto, tal como lo concibe el gobierno que viene gestionando la ciudad, sino una inversión en salud para los habitantes de la ciudad.

El Parque ya tuvo sus reformas y las rejas quedaron afuera, por ahora, y al bajar la intensidad del conflicto, la asamblea fue mutando. Así se formó la Red Interparques, donde fuimos articulando con otras problemáticas en otros parques. La Asamblea además tiene un programa de radio semanal, también se emite un boletín mensual en papel: Voces del Parque. Participamos en radios abiertas con otras asambleas; el trabajo es constante. Al mismo tiempo, articulamos con otras luchas y organizaciones porque descubrimos que con la lucha organizada es posible construir el acceso a los derechos participativos para alcanzar una vida más digna.

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Las muertes de los dos niños en el taller clandestino de la localidad porteña de Flores siguen disparando dolor y preguntas. Detrás del trabajo esclavo, un Gobierno que desprecia a las y los trabajadores y uno que, en primera persona, desteje la maraña de complicidades y negligencias.

Cuando el año pasado me tocó hablar ante el juez de la causa Metrobús, centré mis palabras en el carácter político y persecutorio del proceso judicial: el Gobierno de la Ciudad pretendía enviarme cinco días a prisión junto con otro compañero, acusándonos de encabezar una protesta y un supuesto corte de calle contra el trabajo en negro en su propia órbita.

Viví en carne propia la saña política del Gobierno PRO a través del Ministerio Público Fiscal que, en cuestión de unos pocos meses, conformó un expediente donde constaba qué materias había cursado en la universidad, qué había dicho y escrito en medios gráficos y audiovisuales desde el 2010, con quién había hablado por teléfono e incluso cuál era el estado de mi cuenta bancaria.

Sentado en el tribunal, pregunté entonces en forma retórica, dónde estaba ese Ministerio Público cuando había que investigar los asesinatos del Indoamericano o la represión en el Borda. ¿Por qué no se conformaban expedientes de tantas fojas para investigar la violencia patriarcal y machista que mata mujeres casi todos los días? ¿Por qué tan poco trabajo en hacer justicia ante la violación sistemática de los derechos de los niños y niñas en la Ciudad (falta de vacantes o familias enteras en situación de calle)? Obviamente no hubo respuestas, así que con ironía ensayé una: quizás los fiscales de la Ciudad estuvieran preocupados averiguando qué materias había cursado yo en la facultad.

La cuestión es que ante una denuncia de la Procuración General del GCBA por un supuesto corte de calle de menos de dos horas, un fiscal macrista de apellido López logró en pocos meses armar un expediente bien gordo lleno de supuestas pruebas y elevar la causa a juicio oral, sentando a dos referentes sindicales en el banquillo de los acusados. El tal López fue ascendido a coordinador de fiscales.

Morir en el taller 

Rolando y Rodrigo Camacho eran dos hermanitos que vivían en una Ciudad donde los derechos (humanos) de los pibes no se respetan un ápice cuando esos pibes son pobres. Murieron el 27 de abril de 2015. Leí que cuando los bomberos entraron al taller clandestino de la calle Páez, los chicos estaban abrazados junto a su perrito.

El 21 de noviembre de 2014, el Gobierno de la Ciudad comunicó formalmente a la Fiscalía contra la Trata y la Explotación que no se había inspeccionado ni el taller de Páez, ni otros veinticinco domicilios denunciados. No se investigó nada. Nadie averiguó qué materias cursaban Rolando y Rodrigo en la escuela, nadie supo qué decían ellos, cómo era su ser niños en Buenos Aires.

Casi en simultáneo, desde las primeras líneas del PRO, Miguel Del Sel nos proponía que a Rodrigo y a Rolando les peguemos con una varilla si se portaban mal. ¿Con qué hay que pegarles a los funcionarios responsables por su muerte, Miguel? Contate un chiste de pibes que mueren quemados, Miguel. ¿Con qué ritmo se baila la muerte de los niños que ya no están, Mauricio? ¿La vida truncada es obra de un gran gestionador, Horacio? Hoy lo que falta en la Ciudad no son estaciones de Metrobús o de Subte, hoy faltan Rolando y Rodrigo.

Lo ocurrido es de una gravedad enorme y va a volver a pasar, porque hay condiciones políticas para que así sea. Basta con saber de quiénes dependen las áreas estatales destinadas a evitar estos hechos.

Desde fines de 2013, a la cabeza de todos los fiscales de la Ciudad hay un macrista que antes fue legislador de relevancia del PRO. En la cima de la Asesoría General Tutelar (AGT) de la Ciudad también hay una militante macrista. La AGT es la encargada de controlar que el GCBA cumpla con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Martín Ocampo y Yael Bendel accedieron a sus cargos como parte del acuerdo que realizaron en la Legislatura porteña, cuando terminaba 2013, los bloques mayoritarios: PRO, FPV y el (ex)UNEN.

De nada sirvió la impugnación que presentamos varios organismos de derechos humanos y derechos de la infancia, junto con organizaciones sindicales, para frenar la designación de estos dos funcionarios. Los nombramientos avanzaron con los votos necesarios. En la web oficial de Legislatura se puede consultar y saber quiénes fueron los que levantaron la mano.

Bendel venía de presidir el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde había hecho una gestión de vaciamiento estrepitoso e institucionalización incesante de los chicos por su condición de pobres; aparte de implementar ideas de vanguardia como una “tarjeta de derechos” para que los niños y niñas en desventaja social puedan comer en Mc Donald’s. Ocampo era uno de los capos del PRO en la Legislatura, lo que obviamente le quitaba toda autonomía con respecto al partido gobernante para ser Fiscal General.

Pasa que cuando terminan los mandatos de los legisladores y hay que renovar los cargos en estos y otros organismos claves (como la Defensoría del Pueblo), se inicia la temporada de toma y daca de favores, lugares y votos. No hay quien quiera quedarse afuera, todos pretenden acomodarse en algún carguito. Esa especie de fiesta bacanal de la política, ese “todos con todos” tiene costos. Parte de la cuenta la pagaron los hermanitos Camacho con su vida.

Tampoco nadie en la Subsecretaría de Trabajo investigó qué pasaba en ese taller que ardió, como no habían clausurado la Iron Mountain que fue incendiada de manera intencional, según determinó la justicia. Los funcionarios de esa área, que paradójicamente tiene entre su personal una buena cantidad de trabajadores en negro, están bastante más preocupados en una cruzada contra los delegados gremiales críticos del organismo.

El Gobierno de la Ciudad está para otra cosa, parece. El show debe continuar. Tinelli los espera a todos para reproducir y amplificar esa política.

El PRO festeja su triunfo en las PASO de la Ciudad. Rolando y Rodrigo mueren quemados. A quien le duela eso, piense en política.

El 47 por ciento de los votos duele porque duelen Rodrigo y Rolando. Pero, aunque sea el 99 por ciento, no hay que parar de denunciar y de organizarse para cambiar la realidad.

*Delegado general ATE-Promoción Social CABA

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