Desde hace varias semanas, venimos advirtiendo sobre los peligros del Puerto Regasificador ubicado en el partido de Escobar. A continuación repasaremos algunos siniestros ocurridos en todo el mundo con centenares de víctimas causadas por la compra/venta, el uso y traslado irresponsable del gas, que las autoridades locales deberían tener en cuenta a la hora de manipular el recurso.

El país recibe grandes cargas de GNL importado en áreas muy próximas a zonas urbanas, sin tener en cuenta las advertencias hechas por el Instituto para la Seguridad Global situado en Washington. Los buques repletos de energía inflamable ingresan a la provincia de Buenos Aires por el Río de la Plata para luego dirigirse a Bahía Blanca y Escobar, este último es el punto más crítico, arriesgando millones de vidas en caso de producirse un accidente.

Brasil encendió las alertas a principios de este año. El 11 de febrero la compañía Petrobras protagonizó un incidente en una plataforma marítima de producción y almacenamiento de gas y petróleo que les costó la vida a cinco personas. Además, aquella jornada tuvo cuatro desaparecidos y diez heridos, de los cuales no se difundió más información. El trágico hecho, ocasionado por una filtración gasífera, ocurrió en el estado de Espirito Santo y le causó severos dolores de cabeza a la presidenta Dilma Rousseff.

Las escandalosas denuncias de corrupción, impulsadas en el 2013 de forma mediática y luego aceptadas por la Justicia brasilera en diciembre del 2014, ya habían puesto a la empresa estatal y al Partido de los Trabajadores en el ojo de la tormenta. El navío que extraía los recursos fósiles, llamado “FPSO Cidade de Sao Mateus”, producía 2,2 millones de metros cúbicos de gas natural. La República Argentina importa la misma materia prima en estado líquido, 600 veces más concentrada que en la experiencia brasilera, teniendo un alcance destructivo mucho mayor. Además, a diferencia de lo ocurrido con el gigante de Sudamérica, los puertos que reciben barcos cargados con GNL están ubicados muy cerca de zonas urbanas: Bahía Blanca y Escobar. Así, sobre todo en este último caso, se arriesga la vida de millones de personas en la provincia de Buenos Aires. Si explotara alguno de los buques metaneros que navegan por el Río de la Plata y el Paraná de las Palmas, “su onda expansiva podría abarcar 48 kilómetros cuadrados”, alertan varios vecinos auto convocados y organizados en agrupaciones sociales de Escobar.

Un problema que no es nuevo

Sin embargo, aquello sólo fue la punta del iceberg. Hace más de tres décadas, México padeció el desastre conocido como “Explosiones de San Juan Ixhuatepec”, ocurrido el 19 de noviembre de 1984 en aquel pueblo de Tlalnepantla, Estado de México. Aquel día hubo cerca de 500 muertos (el número varía según la fuente, la CNN lo agranda a 650), 4.248 heridos, doscientas personas fueron desalojadas y 31 mil fueron trasladadas a distintos albergues durante una semana. Sin embargo, algunos organismos estiman que también hubo 1.500 desaparecidos, aunque la cifra nunca fue confirmada por las autoridades. Al igual que en el caso brasilero, las detonaciones producidas en la planta de gas licuado perteneciente a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PeMex) y otras privadas, se debieron a una fuga energética.

El periodista mexicano, Arturo Páramo, escribió una nota sobre el tema publicada el 15 de noviembre del 2014 en el medio Excélsior. El texto afirma que en total fueron “once explosiones”, cuyas nubes de fuego “llegaron a los 600 metros de altura”. Por otro lado, la onda expansiva tuvo un alcance dañino de al menos 1,5 kilómetros a la redonda, sostiene su artículo. Según la cronología relatada por El Universal para conmemorar el 30° aniversario de la tragedia, “30 casas quedaron totalmente destruidas, 105 registraron daños estructurales, 470 se afectaron en menor medida y todas las ventanas y puertas del poblado quedaron destrozadas”.

Hoy en día las plantas siguen funcionando en el mismo lugar, a pesar del imborrable antecedente, con al menos seis gaseras en su haber. Un dato curioso: la Secretaría de Energía mexicana establece que debe haber una distancia mínima de 100 metros entre las zonas pobladas y los contenedores de gas. Por supuesto, las empresas cumplen con esta norma que parece haberse promulgado a medida de sus intereses. Sin embargo, ¿estos cien metros contemplados son suficientes para proteger a los ciudadanos? La historia de San Juan Ixhuatepec demuestra que no, y buena parte del poblado, cuya demografía aumentó hasta llegar a los 200 mil habitantes, está dentro del radio que trae malos recuerdos. “En este caso es mucho más fácil mover a la industria que a la población”, sostuvo con obviedad el coordinador académico del Diplomado en Protección Civil y Prevención de Desastres de la Universidad Iberoamericana, Marco Garza, en un reportaje para un medio azteca.

España, el miembro de la Unión Europea que más desarrolló la actividad con GNL, también tuvo su día negro por transportar energía de forma imprudente. La desgracia fechada el 11 de julio de 1978 provocó al menos 215 muertes (más de 150 individuos fallecieron instantáneamente), centenares de heridos y la destrucción del campamento playero “Los Alfaques”, ubicado en el municipio de Alcanar, cerca de San Carlos de Rápita. En aquella oportunidad, la tragedia tuvo como protagonista al gas propileno. Este recurso, o mejor dicho, potencial explosivo, se trasladaba en un camión cisterna que cargaba 23.470 kilos de aquella sustancia, 4 mil más de los permitidos en ese entonces. La detonación de esta arma de destrucción masiva se debió a las altas temperaturas de aquel día y, lógicamente, a la sobrecarga del transporte. Además, los autos y las garrafas que se encontraban junto a las carpas del camping aumentaron las explosiones en el lugar, causando un efecto dominó. Ese camión, que pasó a la historia, tenía la capacidad de almacenar 25 toneladas de gas en su interior. “El Buque Regasificador de Escobar puede guardar hasta 60 mil toneladas, 2.400 veces más”, alertan los ambientalistas de Zona Norte. En ese sentido, el político y periodista español, Juan Vega, describió en el 2006 a los buques: “Son auténticas bombas flotantes”, lanzó en el programa El Comentario.

Por su parte, Estados Unidos también sufrió dos accidentes por el uso de GNL. En 1973, Staten Island, la isla de Nueva York, fue sacudida por una explosión que tuvo como principal responsable a la compañía que operaba en la zona: Spectra Energy. Los tanques gasíferos de la empresa integraban la red de gasoductos llamada Texas Eastern Transmission. El drama se desencadenó cuando los contenedores hicieron volar por los aires al techo del establecimiento junto con 40 trabajadores. Otros sacrificados del sistema a la orden del capital.

Años atrás, en 1944, el estado de Ohio vivió una de las mayores catástrofes de su historia que tuvo como resultado 130 muertos y 225 heridos. Los depósitos que estallaron pertenecían a East Ohio Gas Company y dejaron una porción del poblado de Cleveland hecha añicos. Cada uno ellos, como ocurre hoy en la Argentina 71 años después, contenía importantes dosis de gas natural licuado y refrigerado. Lo llamativo del caso, además de las pérdidas humanas, es que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, un año antes de su culminación. “Pensamos que estábamos siendo golpeados por una bomba, el profesor nos dijo que nos pusiéramos debajo de nuestros escritorios”, recordó la sobreviviente Caroline Conway, quien estaba sentada en su aula cuando se desató el fuego.

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La denuncia ignorada de una asociación ambientalista y el peligro de una explosión que podría tener consecuencias nefastas. Se aproxima el invierno y aumentará la demanda energética, por eso analizamos los peligros para la ciudad y la provincia de Buenos Aires del Puerto Regasificador ubicado en Escobar.

El funcionamiento del Puerto Regasificador de Escobar, que recibe gas natural licuado (GNL) de distintos países, pone en riesgo a millones de personas en la provincia y la ciudad de Buenos Aires frente a una posible explosión de la planta flotante o de algún barco transportador que entre por el Río de la Plata y desembarque en el Paraná de las Palmas.

¿Qué es y cómo llega el GNL?

Cristina Fernández de Kirchner y Julio de Vido, Presidenta de la Nación y Ministro de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios, fueron los encargados de inaugurar la planta el 8 de junio de 2011 con la imperiosa necesidad de comprar importantes cargas energéticas para apaciguar, a corto plazo, el déficit. Sin embargo, YPF y ENARSA, a cargo del establecimiento, jamás presentaron los estudios correspondientes ni los avales necesarios para montar una obra de tal magnitud. Por el contrario, muchas agrupaciones vecinales denuncian que se están violando leyes locales e incluso normativas internacionales por no contemplar los peligros del gas natural licuado (GNL).

Esta sustancia se compone de distintos hidrocarburos y una alta proporción de metano, cuya mezcla es extraída de los yacimientos en estado gaseoso. Luego, se enfría a 161 grados bajo cero para transformarla en estado líquido y así reducir su espacio físico 600 veces. En otras palabras, se produce una alta y peligrosa concentración de energía. De esta manera, ahorrando sumas millonarias en el traslado, se realiza un solo viaje por cada carga en barcos gasíferos especializados que llegan al país desde lugares remotos como Trinidad y Tobago, Qatar, Nigeria y Egipto, entre los más destacables.

Los buques metaneros ingresan por el Río de la Plata y luego navegan por el Paraná de las Palmas, hasta llegar al Puerto Regasificador. Es decir que, en caso de ocurrir un siniestro, Magdalena, La Plata, Berisso, Berazategui, Quilmes, Lanús, Avellaneda, la Ciudad de Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Campana y sobre todo Escobar, correrían serios riesgos. Se trata de la zona más poblada del país, situación que se traduciría en una catástrofe sin precedentes en la Argentina.

Cuando las cargas llegan a su destino, son transportadas con mangueras hacia el puerto que se encarga de reconvertir al GNL en estado gaseoso, es decir, su condición natural. Luego, la energía se traslada por un gasoducto a cinco grados centígrados y el resto de su recorrido es desconocido. Se estima que un importante porcentaje es dirigido hacia la central nuclear Atucha, también ubicada en el Río Paraná de las Palmas, destinada a la generación de electricidad.

Los ambientalistas hacen fuerte hincapié, aludiendo a normativas estipuladas por comités de científicos internacionales, en que este tipo de emprendimientos sólo deberían ser viables en altamar. Como si fuera poco, la propia empresa que alquila su buque en Escobar, Excelerate Energy, promociona sus servicios para mar adentro. Esto queda evidenciado en las páginas 37 y 38 del estudio “Offshore LNG Receiving Terminals”, realizado por la Universidad de Texas. El motivo es muy sencillo: la onda expansiva en caso de ocurrir una explosión sería devastadora. Cabe destacar que las agencias de seguridad estadounidenses identifican a las plantas de gas como el segundo objetivo terrorista, por el desastre que podrían causar.

El Puerto Regasificador de Escobar se ubica en el kilómetro 74 del Río Paraná de las Palmas, 48 km al norte de la Capital Federal. Muy próximo, a casi 4 kilómetros, se encuentra la Escuela de la Isla N° 22, mientras que La Granja, otro colegio de la zona, figura nada más que a 3. Por su parte, el Club de Pescadores y algunas viviendas particulares están a tan solo 400 metros del centro receptor de energía. Los habitantes de la zona, vecinos e isleños, y hasta los chicos que van a estudiar, todos ellos circulan por sus cercanías. Sin embargo, las y los escobarenses no cuentan con un plan de emergencia serio.

Además, este río no presenta ningún tipo de garantías: tiene poco volumen de agua y también es una de las rutas acuáticas más transitadas, potenciando el riesgo de impacto entre los buques metaneros y cualquier cosa que se interponga en su camino. Con esas consideraciones, la Prefectura Naval Argentina estableció en el 2000 que allí sólo pueden navegar barcos de hasta 230 metros de largo. En este caso, los buques tienen 280 metros, es decir, casi tres cuadras.

Una demanda truncada

Viviana Rebasa, integrante de la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, inició hace casi cuatro años una querella en la Justicia por esta problemática y denuncia que el contenido comercializado es “extremadamente inflamable y se equipara con la energía nuclear”. Para comprender la magnitud del conflicto, presentó estudios de impacto en el expediente N° 1619 caratulado como “Rebasa Viviana y otros s/ su denuncia contra el puerto regasificador de Escobar GNL”, tramitado en la Sala I de la Secretaría Penal N° 3. Dichos análisis fueron realizados en Estados Unidos con el fin de marcar los riesgos en el uso del GNL, y al conocerse los resultados, la Justicia del norte rechazó los permisos para iniciar distintos proyectos por poner en peligro a la población local.

Uno de los informes se realizó en Oxford, California, durante 1990, y el alcance del fuego, ocasionado a modo de prueba, abarcó 48 kilómetros a la redonda. Es decir, en el hipotético caso de ocurrir lo peor, 70 mil personas podrían perder su vida, motivo suficiente para denegar la solicitud. Otro emprendimiento para operar con GNL quiso instalarse en la ciudad de Fall River, estado de Massachusetts, pero fue cancelado tras conocerse el estudio “Public Safety Issues at the Proposed Fall River LNG Terminal”, efectuado por el doctor James Fay. Allí se resaltó que durante todo el recorrido de los buques, el alcance de una explosión podría ocupar hasta 21 kilómetros cuadrados. En el cono sur del continente, la causa impulsada por Rebasa hoy está parada y no cuenta siquiera con un fiscal definido y aceptado por las partes.

Sin embargo, la esperanza de los vecinos pareció haber revivido tras realizarse el pasado sábado 7 de marzo la “Carrera Por La Vida”, una maratón de 70 kilómetros que nació en el Puerto de Escobar y terminó en el Congreso. Allí, con la compañía de Adolfo Pérez Esquivel, quien se sumó al reclamo, los ambientalistas y corredores fueron recibidos por el Prosecretario General de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Héctor Trucco, y se hizo entrega de un petitorio donde se requería el traslado de la planta. En aquella jornada, Esquivel le dijo a Marcha que “el Estado argentino no puede poner en riesgo a la población, privilegiando al capital financiero por sobre la vida”, aunque aclaró: “No sólo hay responsabilidad política, el juez tiene que tomar medidas y no hacerse el desentendido”.

La importación de GNL que realiza la Argentina vincula múltiples factores a tener en cuenta. Por un lado, el riesgo humanitario para millones de personas y el peligro de dañar el medio ambiente. Por el otro, las cifras siderales que se manejan para conseguir energía: en el 2014, sólo hasta septiembre, se habían gastado 8,9 mil millones de dólares, según las cifras difundidas por el INDEC. Sin embargo, la falta de gas y los consecutivos cortes de luz dejan en evidencia la extrema necesidad por recurrir a la compra de materia prima, aunque no por ese debe hacerse de forma irresponsable. ¿Se tendrán en cuenta, alguna vez, los recursos renovables?

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