Por Vivian Palmbaum |

El 16 de julio se aprobó en la Ciudad la regulación del trabajo de plataformas de reparto o delivery. El proyecto, que regula la actividad y que luego se convirtió en ley en CABA fue impulsado por la legisladora Cristina García de Aurteneche de Vamos Juntos (VJ).

Una regulación que considera a las empresas de plataformas como meras mensajerías, no reconoce ninguna relación laboral, carga todas las responsabilidades sobre quienes desarrollan la actividad. Tampoco reconoce derechos laborales y limita la actividad a quienes se domicilian en la Ciudad, dejando afuera alrededor de 6000 trabajadores y trabajadoras domiciliados en provincia.

Uber Eat, Rappi, Glovo, Pedidos Ya son las principales plataformas que en épocas de aislamiento social permitieron que muchas personas, entre ellas quienes están incluidas en grupos de riesgo, no tuvieran que salir a proveerse para sus necesidades. Trabajadores y trabajadoras consideradas esenciales exentos del aislamiento social y cuya actividad está en el mismo rango que por ejemplo el personal de salud. Sin embargo no hubo protocolos de cuidado para las y los trabajadores de este sector. Hasta ahora en Argentina al menos seis trabajadores y trabajadoras de plataformas perdieron su vida por efecto de la pandemia.

Desde la Asamblea de Trabajadoras en Tiempos de Pandemia* al tiempo que se solidarizaron expresaban, “la ley les carga con mas obligaciones y a las empresas los exime de responsabilidades y les permite seguir utilizando la figura del falso autónomo. La ley es una modificación al código de transito en donde a les repartidores para poder circular los obliga a que se inscriban en un registro, tengan domicilio en la ciudad y se anoten en el monotributo. Todo esto se lleva a cabo sin haber consultado con ningún trabajador del sector”. La nueva normativa además través de la modificación del código de transporte  también termina afectando las condiciones de trabajo en CABA, una potestad que no tiene el gobierno de la Ciudad.

Marcha entrevistó a Flora Partenio, feminista y sociologa, que forma parte de la Asamblea de Trabajadoras en Tiempos de Pandemia, que nos contó como es la situación para el conjunto de les trabajadores y como afecta particularmente a las mujeres.

– Trabajadoras y trabajadores de plataformas realizaron una acción global el 1ro de julio con el tercer paro internacional de repartidores de aplicaciones…

Si, acompañé en el pedaleo a algunas repartidores y repartidoras en la ciudad de Buenos Aires, en la caravana, movilización y paro. Es muy difícil hacer una huelga; y si bien, hubo movilizaciones a nivel internacional en los últimos meses, en todas las ciudades están iguales, Quito, Río de Janeiro, Santiago de Chile, incluso en el Estado español. Es muy difícil la huelga porque implica no cobrar en todo el día, y en algunos casos las empresas toman represalias y les bloquean la aplicación.

– ¿Cuales son las principales dificultades que tiene la actividad?

En las entrevistas que hicimos con las compañeras ciclistas, lo que ellas comentaban, en algunas paradas que tienen, en esquinas o en estacionamientos de supermercados. Las nociones mas básicas que contaban, es que primeramente en todo el contexto de la pandemia, en los locales donde van a retirar los pedidos, no les dejan acceder al baño para higienizarse, para poder acceder a la limpieza, no hay postas ni estaciones diseñadas desde las empresas; y en el caso de las mujeres, los días que están con el período menstrual, sobre todo en meses de frio, no tenían un lugar para acceder. Son cosas básicas que no están”.

Con sesgo de género

Partenio explicó otra cuestión que es la falta de acceso a programas de emergencia en el contexto del COVID-19. “En el caso de los repartidores no pudieron acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en el caso de las mujeres no solo no pudieron acceder, sino que muchas son migrantes y tenían problemas para acceder a la aplicación y poder inscribirse, no pudieron contar con el Ingreso y no hubo algún programa concreto ni desde el Gobierno nacional ni el de la ciudad, para poder costear los momentos que no podían repartir. Tenían dificultades para completar ingresos”.

Para Flora Partenio, en el caso de las mujeres, “se agravó porque tenían en sus casas a sus hijes, y todavía los tienen porque seguimos sin escuelas, jardines ni universidad y entonces se dificultaba mucho que salieran a repartir porque se tenían que quedar en sus casas a cuidarles”.

– ¿Cuales son las implicaciones concretas?

En términos algorítmicos, cuando no tenes la aplicación activa, y no entregas pedidos, vas bajando en el ranking y en los pedidos que te van llegando, entonces a tu aplicación te llegan los peores pedidos.

Les repartidores trabajan entre 10, 12 y hasta 16 horas por día y “como no pueden estar todo el día conectadas y conectados, te llegan los peores pedidos: los que están más lejos; entonces tardas más en llegar, cobras menos, haces menos pedidos por día y al final del día tenes menos dinero.

En el caso de las mujeres, que tienen a su cargo las tareas de cuidado, si tuviste que quedarte toda la mañana cuidando a tus hijos. En este sentido nos decían que el algoritmo tiene estos sesgos de género que los replica en la asignación y entrega de posibles pedidos que hacen delivery. Esta cuestión de matemática algorítimica impacta directamente sobre quienes tienen responsabilidades de cuidar, quienes deben quedarse en sus casas un tiempo mayor al que estaban antes de la pandemia. Esto es muy diferente a lo que les pasa a los repartidores varones que por ahí tienen a alguien en su casa que asume el cuidado de sus hijes.

Desde la Asamblea de Trabajadoras en Tiempos de Pandemia realizaron dos declaraciones de solidaridad que se hicieron llegar a distintos espacios sindicales y agrupaciones de trabajadores, repudiando el proyecto que ahora es ley, que entra por el area de transporte y regulación vial pero que viene afectando directamente a les trabajadores de reparto. También desde la Asamblea hicimos una campaña gráfica donde participaron artistas feministas y articulamos la experiencia con ciclistas feministas de Ecuador que están viviendo estas mismas dificultades.

Además, las trabajadoras de reparto o delivery, deben enfrentarse al acoso callejero como manifestación de una sociedad acostumbrada a que les esenciales sean ellos.

Desde la Asamblea de Trabajadoras en Pandemia afirman: “Nosotras trabajadoras asalariadas que también hacemos trabajos no remunerados afirmamos que nuestros derechos no están en cuarentena”.

* Podcast producido por Asamblea de Trabajadoras en Tiempos de Pandemia y Madreselva

Leé también: Una asamblea de trabajadoras para organizarnos en tiempos de pandemia

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Las empresas de plataforma intentan avanzar con las nuevas formas de precarización laboral,  mientras las y los trabajadores se resisten y consiguen que la justicia reconozca el vínculo laboral en Rappi.

Las y los precarizados trabajadores de las apps están sufriendo este año otra vuelta de tuerca, con el guiño de Cambiemos. PedidosYa, la única plataforma que tenía a sus empleados en blanco, avanza con despidos para reemplazarlos con monotributistas.

En la pulseada que existe con el nuevo sector del mundo laboral,  que son las plataformas digitales, los trabajadores y trabajadoras acaban de anotarse un importante punto a su favor. En un fallo inédito en el continente, la Justicia Nacional del Trabajo determinó que el bloqueo de los tres rappitenderos en noviembre del año pasado es un despido antisindical y persecutorio, por lo que reconoce la relación laboral y ordena la reinstalación.

La sentencia además afirma que existe “verosimilitud en el derecho” porque las y los trabajadores prestaban servicios a pedido de la plataforma. “La ley laboral establece que si hay prestación de servicios se presume la existencia del contrato de trabajo”, subrayaron desde la Asociación del Personal de Plataformas (APP).

Motoqueros y ciclistas de PedidosYa, Glovo y Rappi marcharon el pasado miércoles 13 al Ministerio de la Producción y el Trabajo contra el fraude laboral en las plataformas de reparto. “Las empresas se niegan a cumplir con las leyes vigentes, con el aval  y la complicidad de los funcionarios del Gobierno”, denunció el titular de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, (ASiMM), Marcelo Pariente, en el arranque de la movilización.

Quienes trabajan en Pedidos Ya, al igual que trabajadores y trabajadoras de otras plataformas, denuncian la manera precaria en que deben realizar su actividad laboral. Las manifestaciones y acciones que vienen realizando son para enfrentar “una política deliberada por parte de la empresa con el único objetivo de deshacerse en su totalidad de la fuerza laboral contratada formalmente para pasar a tener en su plantilla sólo a trabajadores prestando servicios bajo la modalidad de monotributo, como ya lo hacen sus competidoras Glovo y Rappi.

Falacia con la que encubren una relación de dependencia sin hacerse responsables de las cargas sociales correspondientes, despojando al trabajador de todo derecho laboral elemental y dejándolo sin ningún tipo de cobertura frente a accidentes que pudieran producirse en la vía pública en el cumplimiento de sus tareas, demostrando así incluso su absoluto desprecio por la vida humana”.

Trabajadores y trabajadoras de Pedidos Ya se encuentran llevando adelante un plan de lucha   contra la precarización laboral y en defensa de los puestos de trabajo y que vienen llevando adelante repartidores y repartidoras de la plataforma: “Desde el 26 de febrero, trabajadores de PedidosYA despedidos sin causa o con causas inventadas, y sin aviso previo, hemos estado ocupando ininterrumpidamente y de forma pacífica las instalaciones operativas de la empresa, localizadas en Gurruchaga 1776, pleno barrio de Palermo, como forma de exigir la reincorporación inmediata de más de 450 despedidos”, explicaron en el mencionado comunicado.

En este marco exigen “la reincorporación de todos los despidos, el blanqueo de todos los monotributistas y la actualización salarial de las tres paritarias congeladas y el pago de la remuneración salarial adeudada correspondiente”. También llaman a un boicot contra la empresa, solicitando que los usuarios de la aplicación no la utilicen como forma de solidaridad con la lucha que vienen llevando adelante.

Para el gremio Asimm no hay dudas de que la movida para flexibilizar aún más a los motoqueros y ciclistas de las plataformas tiene el sello del Gobierno. “Es cómplice de toda esta situación porque le está dando señales a las empresas de que ese es el modelo, el de trabajadores sin derechos”, aseguró Pariente. El dirigente agregó que en la Ciudad de Buenos Aires los legisladores PRO impulsan una modificación de la ley que regula la actividad; “el proyecto permite que las plataformas contraten monotributistas, con la argucia de llamar ‘facilitadores’ a los trabajadores”. Es en esta situación que PedidosYa, que el año pasado había efectivizado trabajadores, decidió dar el giro.

Frente al discurso de estas empresas que sostienen que los rappitenderos, glovers o riders son “socios” o “colaboradores”, el fallo reconoce que lo que allí opera en realidad es una relación laboral encubierta.

Queda por delante la batalla para que Rappi cumpla con lo ordenado por la Justicia y la pelea de fondo para arrancarle a estas empresas digitales el reconocimiento de la relación laboral junto con los derechos que les corresponden a los trabajadores y las trabajadoras.

Fuentes: La Izquierda Diario, Página 12, Anred, Resumen Latinoamericano

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Ingresemos al mundo Rappi por su sitio web. “¿Querés ser tu propio jefe? En Rappi manejás tu tiempo y sacás provecho de él. Activate cuando quieras”. “Tu ganancia se establece por cada entrega, más propina”. ¿Por qué? “Porque somos una comunidad llena de pasión”.

En esa misma página, la empresa explica que “RAPPI facilita la intermediación entre repartidores independientes y personas físicas que requieren de servicio de cadetería mediante el uso de una plataforma tecnológica y móvil de RAPPI”. Su gerente Matías Casoy aclara: “los repartidores son importantísimos pero no son empleados: no están en relación de dependencia”.

Por esa “conexión” la empresa se queda con una comisión del 17%. Pero a sus “colaboradores” les depositan sus trabajos dos o tres semanas después de realizados. El dato no es menor. Aprovechan esos días para meter la plata en la bicicleta financiera.

La colombiana Rappi desembarcó en Argentina en octubre de 2017, poco después lo hizo la española Glovo. Aprovechando una ley impulsada por el macrismo, se inscribió como Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS). Las SAS tienen varias ventajas: pueden constituirse con un solo socio, menores costos, más flexibilidad de funcionamiento y facilidades para “incorporar inversiones”. Rappi Argentina tiene un administrador, Lucas Asad, que fundó la empresa con 17.000 pesos. Pero detrás de los “emprendedores” de Rappi están, a nivel internacional, fondos de inversión como DST Global, Sequoia Capital (EE UU) y Andreessen Horowitz (EE UU), que en los últimos tres años le aportaron 462 millones de dólares.

Según la revista Apertura, “en julio Rappi procesó más de 200.000 pedidos y la empresa espera cerrar el año con una facturación de U$S 5 millones por mes y niveles de crecimiento de entre 30% y 50% mensual”. También se ha asociado a grandes cadenas de distintos rubros como Mc Donald’s, Disco, Vea, Farmacity o Volta.

Tras la supuesta relación libre entre “plataformas” y “colaboradores independientes”, se esconde uno de los fraudes laborales más grandes que se conozca: negarles la condición de trabajadores y sus derechos.

No hay ninguna colaboración. La empresa se cobra una comisión y se desentiende de sus responsabilidades referidas a las condiciones de trabajo y eventuales accidentes.

Se trata de compañías tradicionales que utilizan internet para intermediar y extraer las ganancias de muchos individuos conectados.

En Argentina ya hay 100.000 personas empleadas por las apps.

Rosario

“¿Querés ser tu propio jefe? En Rappi manejas tu tiempo y sacas provecho de él, puedes conectarte a la hora que quieras y sin dejar de compartir con tu familia y amigos” es el eslogan de captación que utiliza esta multinacional.

Las condiciones en que trabajan las y los “colaboradores”, violan la ordenanza municipal N.º 7042/2000, la cual regula la distribución de sustancias alimenticias, mercaderías varias y cadetería y/o mensajería u otros similares que se realicen mediante el uso de motocicletas, motonetas y/o moto-furgones.

Los y las colaboradoras, como los llaman, son trabajadores y trabajadoras que no tienen ningún seguro de responsabilidad civil ni tampoco cuentan con seguros contra robo de los elementos de trabajo ni los cubre frente a accidentes. Cuando falla la app de “soy Rappi” frente a algún pedido, el que termina pagándolo es el rapitendero descontándolo de su ganancia.

Ante esta realidad laboral, un grupo de trabajadores y trabajadoras comenzaron a auto organizarse para elevar sus demandas. Entre ellas exigen pedidos a no menos de 65 pesos, una jornada laboral de cuatro horas como mínimo aseguradas, seguros de vida contra accidentes y terceros, convenio de trabajo, etc.

“Quienes representan la firma en la ciudad son Eugenia Suidini, Andrés Tolosa, y Fausto Marques y en Argentina, Estano Sánchez, que se hace denominar el capo. El maltrato a sus trabajadores cada vez que surge un inconveniente con la aplicación es cotidiano. No lo soportamos más y sabemos que la organización es la única salida a esta nueva forma de precarización de miles de jóvenes (estudiantes, inmigrantes, personas con antecedentes penales que se les complica la salida laboral) que día a día ponen en riesgo sus vidas por unas migajas que ofrecen estas empresas de delivery siendo que sus ganancias son millones”, afirmó un trabajador consultado.

Mientras tanto, trabajadores y trabajadoras de Pedidos Ya se encuentran en un estado de incertidumbre total por su futuro laboral. Esta empresa, una de las plataformas que primero desembarcó en la ciudad de Rosario, está avanzando hacia condiciones de contratación más precarias poniendo en peligro a 130 cadetes que serán despedidos para tomar autónomos, o “socios”, el eufemismo que utilizan Rappi o Glovo para ponerle un velo a la flexibilización y explotación laboral.

Matías Bosso es trabajador de Pedidos Ya y explicó a La Izquierda Diario cómo la empresa empezó a avanzar sobre derechos laborales desde el mes de septiembre, y anunció los despidos de todos los que están dentro de convenio. “Desde septiembre para adelante se está desarticulando todo, para maltratarnos. Tenemos horarios que ellos le llaman ´dinámicos´, pero nos ponen en cualquier hora, hacemos 9 horas por día, distribuidas en dos turnos que van cambiando, con descansos de una hora con suerte en el medio. Todos los días tenemos un horario distinto, yo no sé en qué horario voy a trabajar mañana”.

En el último mes echaron a 8 trabajadores sin causa: “los telegramas no tienen ni ausencias, ni sanciones disciplinarias”. Son 130 cadetes en bicicletas y unos pocos en moto los que van a perder su puesto de trabajo y serán reemplazados por autónomos, “nos dijeron que el que se va, no vuelve”, señaló Matías, que ingresó en julio de 2018, trabajando 8 horas por día en dos turnos, con un descanso fijo y en blanco. Ante el silencio de la empresa y el sindicato, anticiparon medidas de fuerza y le exigen al ejecutivo municipal que tome cartas en el asunto.

En la CABA la Justicia le puso un freno al descontrol de las aplicaciones de delivery

Con una medida cautelar, la Justicia porteña determinó que estas apps están alcanzadas por la normativa vigente para la actividad y que si no la respetan, deberán ser clausuradas. Además, le ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tomar acciones urgentes ante la falta de control que impera en el negocio de la entrega de alimentos puerta a puerta.

Lo dispuso Andrés Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, que dio curso a un amparo interpuesto por nueve empresas de mensajería urbana y reparto de comidas –entre ellas, Envíos Ya, Arribo Postal y Curier Express–, a las que luego se sumaron otras once firmas, la Cámara que las aglutina y dos sindicatos.

En su demanda contra la Secretaría de Transporte local, las compañías exigieron ser inscriptas en el registro de entidades habilitadas que dispone la Ley N.º 5526, sancionada en 2016 pero nunca puesta en práctica, a la vez que alertaron sobre el desembarco de webs de envíos on demand que operan al margen de todo encuadre legal.

Para los amparistas, la pasividad del gobierno “permitió la proliferación de todo tipo de emprendimientos informales, muchos de ellos disfrazados de ‘aplicaciones informáticas’ o ‘formatos colaborativos’, que no sólo violan la ley, sino que explotan descaradamente la necesidad de los trabajadores”.

En el expediente, su petición fue secundada por la Cámara de Empresas de Mensajería en Motos y Afines, la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, y la flamante Asociación de Personal de Plataformas (APP). El vocero de APP, Roger Rojas, sostuvo que los repartidores vinculados a estas tecnologías “no gozan de ninguna clase de ingreso fijo ni limitación de la jornada laboral”, además de desempeñarse “sin cobertura de riesgos de trabajo”. Asimismo, recordó que las multinacionales detrás de estos sitios “no asumen ninguna de las regulaciones tributarias, laborales ni comerciales”.

En el juzgado Nº 2 también se presentaron representantes de las Apps Rappi Argentina SAS, KadabraSAS (Glovo) y Mercadoni SRL. En una audiencia celebrada el 27 de noviembre, Rappi y Glovo plantearon que la Ley N.º 5526 no les resulta aplicable, por no considerarse empresas de reparto, “en tanto que sólo funcionan como intermediarios entre distintos usuarios que se conectan a una plataforma informática”, es decir, los consumidores, los negocios y los repartidores, a los que definieron como “emprendedores individuales”.

Sin embargo, Gallardo señaló que, “prima facie, no encuentra el tribunal justificación legal para excluirlas de las previsiones de la ley”, en el marco general de una actividad que en la Ciudad “se realiza en franca violación a la legislación vigente y con la total inacción de las autoridades”.

La normativa porteña distingue a dos actores en la mensajería urbana y el delivery de alimentos: el prestador, autorizado para tal fin y “que lo realiza a través de un conductor habilitado, bajo su dependencia y responsabilidad”; y los repartidores, “que deberán encontrarse en calidad de conductores en el régimen del trabajador bajo relación de dependencia del prestador, cumpliendo con la legislación laboral y previsional”.

El corazón de la Ley 5526 es el Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados (RUTRAMyC), pensado para establecer una cadena de responsabilidades, determinar quiénes son aptos y ejercer un control efectivo. Pero esta herramienta aún no se puso en marcha y desde la Ciudad admitieron que no hay empresas inscriptas.

La legislación también tiene exigencias para los vehículos y los conductores, como el uso de un casco homologado y un curso de capacitación de un mínimo de 15 horas. Sobre la caja porta objetos, entre otras características, indica que debe tener una sujeción “que la asegure firme y mecánicamente” a la moto o bicicleta.

El juez dispuso que, en 60 días corridos, la Ciudad se pronuncie sobre el trámite de habilitación e inscripción efectuado por las empresas actoras y que implemente el RUTRAMyC, los cursos para conductores y los controles para que sólo operen firmas y repartidores autorizados. En el caso de las aplicaciones, en no más de diez días de notificadas, deberán iniciar los trámites para ajustarse a la ley.

Rappi ya recusó a Gallardo por “prejuzgamiento” y la causa recayó en su colega Marcelo López Alfonsín, del tribunal Nº 18, quien informó que se está notificando esta novedad a las partes. En cuanto a las apelaciones, la Ley de Amparos de la Ciudad establece que en las cautelares ese recurso se concede sin efecto suspensivo, por lo que lo ordenado sigue su curso.

“Vencido el plazo de 60 días –dice el fallo de Gallardo–, toda empresa, persona física o jurídica, plataforma virtual o informática que actúe en el ámbito de la CABA y no se hallare debidamente registrada y cumpliendo la ley, debe ser de oficio clausurada y prohibida su actividad”.

Pedidos Ya despidió a catorce trabajadores en Córdoba

Pedidos Ya fue la primera marca en instalarse a nivel masivo. Sus trabajadoras y trabajadores están registrados formalmente bajo el convenio de los empleados de Comercio y cobran un sueldo fijo, una excepción en el universo de la “economía colaborativa”. Los contratos son por 15, 24, 36 o 48 horas semanales, es decir, que para ganar un sueldo decente tienen que pedalear 8 horas seis días a la semana. Además, los horarios son rotativos –inclusive para quienes acrediten el cursado de alguna carrera– y siempre hay “errores” en los recibos de sueldo.

Catorce empleados y empleadas de la empresa fueron despedidos de forma oral y sin previo aviso. Algunos casos fueron sin causa y otros bajo argumentos falaces, por no haber apercibimientos ni suspensiones previas. Al mismo tiempo, la empresa está tomando gente con monotributo, sin obra social, aportes, ni ART.

Fuentes: La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano

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