Por VDpueblos*

 Las y los campesinos del país han continuado sus labores en medio del Covid-19, que ha beneficiado únicamente a los bancos y ha profundizado la crisis histórica del campesinado.

Mientras el Gobierno expidió decretos para salvaguardar los intereses de las grandes empresas y de los bancos, el campesinado colombiano continuó cultivando los alimentos que abastecen a todo el territorio nacional. Sin embargo, el Estado no generó políticas orientadas a apoyar esta actividad de vital importancia y, por el contrario, impulsó acciones que hoy ponen en riesgo la vida y la salud de quienes habitan en la ruralidad.

Duque militarizó los territorios, que no solo estigmatiza a las comunidades sino genera una dispersión del virus Covid-19 en poblaciones donde no había llegado la enfermedad ya que movilizó pie de fuerza que incumplió las medidas de bioseguridad. Lugares donde, además, no se cuenta con infraestructura hospitalaria necesaria para atender a quienes contraigan el virus.

Erradicación forzada y paramilitarismo

Adicionalmente, la ausencia de infraestructura vial, la falta de programas de apoyo al campesinado y la importación de alimentos que no se necesitan pues ya se cultivan en el país se ven reflejados en los precios de los productos agrícolas, y las ganancias irrisorias del campesinado. Esta situación, sumada a la histórica y desigual distribución de la tierra y el control territorial ejercido por grupos armados ilegales, ha llevado a muchas familias campesinas a recurrir a los cultivos ilícitos como medio de subsistencia. 

El gobierno de Duque, conociendo esta situación, ha impulsado la erradicación forzada de estos cultivos sin otorgarles alternativas de manutención. Además, ha criminalizado a los cultivadores, sin solucionar las causas estructurales que han llevado al campesinado a recurrir a esta alternativa: la acumulación de tierra por parte de los terratenientes.

Regreso de la Seguridad Democrática

Aunado a lo anterior, la situación del campo colombiano se ha visto agravada por un gran aumento de la violencia ejercida contra las comunidades, especialmente, rurales. Así, en el último mes se cuentan más de 6 masacres que se unen a las más de 36 masacres que se han cometido en el año 2020. La violencia, si bien nunca se fue del campo, no había alcanzado índices como los que se han visto durante el gobierno de Duque desde hace más de 10 años . 

Tras el reciente llamado que hizo la Corte Suprema de Justicia al exsenador Álvaro Uribe para que rindiera indagatoria por su posible responsabilidad en las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), el uribismo se ha atrincherado en la calumnia, la deslegitimación de la justicia y el aumento de la violencia política y social; recuerdan la política del gobierno presidencial de Uribe (2002-2010) de la ‘Seguridad Democrática’, bajo la cual se cometieron múltiples crímenes de lesa humanidad y violaciones a los Derechos Humanos.

Como si esta situación no fuera lo suficientemente grave, el día 24 de agosto, el Ministerio de Defensa anunció el reinicio de la aspersión aérea con glifosato; práctica denunciada en múltiples ocasiones por parte de los movimientos sociales y de las entidades del Estado como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo. El glifosato no solo atenta contra la salud de las comunidades, sino que destruye otros cultivos aledaños y contamina las fuentes hídricas.

Un pie en el Congreso y miles en las carreteras

Por otro lado es importante resaltar la labor de los representantes del campo como Alberto Castilla, senador del Congreso de la República, que encarnó la esperanza de cambio y transformación que las comunidades campesinas sostienen para mejorar sus condiciones de vida desde la institucionalidad.

El histórico e intencional abandono estatal de lo que antes se conocía como territorios nacionales y hoy se agrupan en la categoría de zonas rurales hace que las condiciones del campesinado sean cada día más precarias. Sin embargo, las comunidades campesinas continúan resistiendo y generando dinámicas de organización con el fin de mejorar su calidad de vida. La creación de las Guardias Campesinas constituye un hito importante, dado que ha permitido fortalecer las prácticas del autocuidado y defensa de la vida y del territorio.

Así es como los campesinos y campesinas, además, vieron la necesidad de llevar sus voces a otras instancias, entre ellas el Congreso de la República. En este lugar llegan sus exigencias en pro de la defensa de la vida campesina colombiana. En el año 2014, bajo el aval del partido político Polo Democrático Alternativo -PDA- fue elegido como congresista al Senado de la República, Jesús Alberto Castilla. 

Castilla ha sido vocero del Coordinador Nacional Agrario -CNA-, espacio organizativo del campesinado, desde donde se han criticado fuertemente políticas como la erradicación forzada de cultivos ilícitos, y se han generado propuestas como la sustitución voluntaria en armonía con lo pactado por el Estado: los Acuerdos de Paz.

Invitamos a todas y a todos a estar alertas y no guardar silencio ante el despojo de tierras y la explotación de las y los campesinos, a denunciar ampliamente la corrupción de las instituciones del Estado y la posible alianza entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales. Solo así podemos garantizar la integridad y la supervivencia de las familias campesinas y, por consiguiente, de todas las familias colombianas. Debemos reconocer que el campesinado es un sujeto de derechos, víctima de múltiples crímenes de Estado y del abandono intencionado por parte del Gobierno desde hace décadas, situación que se ha agudizado durante la presidencia de Iván Duque.

Publicado originalmente en vidadigna.congresodelospueblos.org

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“No es la prueba científica la que cierra esta discusión. De ninguna manera. Es la realidad la que cierra la discusión”, Dr. Andrés Carrasco, en el año 2010, en la Cámara de Diputados mientras exponía su investigación sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud humana.

En la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, FAUBA, a partir de la proyección de la película “Viaje a los Pueblos Fumigados” se propuso un debate acerca del modelo de producción.Con la participación de Gustavo Grobocopatel, Ingeniero Agrónomo, fundador del Grupo Los Grobo, impulsor y desarrollador del modelo sojero; María Marta Bunge, Técnica en Jardinería, Comunidades Ecológicas y Especialista en Planificación del Paisaje, docente e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Agronomía (Calisa-FAUBA),y Fernando “Pino” Solanas; cineasta y actual Senador por la Ciudad de Buenos Aires.

A pesar de la fina lluvia y el mal tiempo, unas 400 personas colmaron y excedieron con su presencia el aula Magna del Pabellón de Bioquímica de la Facultad de Agronomía (UBA) el pasado 27 de septiembre. Pocas veces en la Facultad de Agronomía se propone un debate entre modelos de producción contrapuestos. A partir de la proyección de la película de Pino Solanas“Viaje a los Pueblos Fumigados” se propuso un diálogo acerca del modelo de producción agrícola.

El modelo de las corporaciones y sus argumentos

En medio de un ambiente candente, mezclado de abucheos, gritos y aplausos del público, comenzó el intercambio. Grobocopatel, autodenominado “El Rey de la Soja”, procedió a explicar su modo de ver la evolución del modelo agrícola: desde la década de 1980, cuando se recibió en esta casa de estudios, la agricultura pasó de ser una actividad sin futuro, a ser un sector de crecimiento vertiginoso, gracias a la adopción del sistema de siembra directa –sin labranza del suelo-, que permitió conservar y recuperar la fertilidad de la tierra. La erosión, principal preocupación del momento, y el avance de la denominada “plaga nacional de la agricultura” (malezas como el Sorgo de Alepo) fueron solucionadas gracias a la combinación de la siembra directa con los agrotóxicos.

En cuanto a sus efectos negativos admitió culpar al Estado que no legisla ni controla bien y a la falta de conocimientos en general. Es así como de forma anárquica- según su definición- se extendió el “modelo pampeano”, basado en un paquete tecnológico de semillas transgénicas -principalmente soja, maíz y trigo- y pesticidas, a zonas de bosques nativos y humedales, difíciles de recuperar e incluso poco productivas.

Entre sus argumentaciones sostuvo que este modelo agroindustrial “democratizó el acceso a la tierra”, y que las expulsiones del campo a la ciudad no fueron tales: simplemente se trató de gente que ya no quería vivir en el campo. También ayudó a mejorar el tipo de agrotóxicos utilizados, “subiendo la vara” cada vez más, mejorando el ambiente, con el objetivo que en un futuro sólo se utilicen compuestos biológicos.

Cuando fue interpelado respecto a la Antología Toxicológica del Glifosato y la resolución del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer​ (IARC, por sus siglas en inglés), que declaró al glifosato como probablemente cancerígeno, tildó las investigaciones como “miradas parciales”, ya que la categoría asignada, Clase II, es la misma que tienen el mate y el café caliente.

A pesar de los silbidos y rechazos generales, el disertante continuó abogando por la convivencia de muchos modelos agrícolas, bajo cierta institucionalidad, donde cada productor elija el método según su conveniencia, porque “Hay gente que murió en Alemania por comer productos orgánicos, y no por eso se prohíben”.

Conforme su mirada, si bien las nuevas tecnologías generaron más desigualdad, la pobreza en el mundo disminuyó, y su modelo a seguir es China que “Tenia mil millones de pobres, ahora tiene treinta mil pobres, y en breve tendrá cero”. Para cerrar, Grobocopatel resaltó la importancia de aceptar otras realidades “Mejor aprender que tener razón. Con la película aprendí y sentí”.

Formación crítica, otro modelo posible

En otra posición, María Marta Bunge comenzó explicando que la CaLiSa-FAUBA surge hace 7 años,como una respuesta a la falta de formación crítica de la universidad, que no reflexiona acerca del modelo económico, sus valores y consecuencias.Su principal consideración resaltó que el problema va más allá de la buena o mala aplicación de un producto: la falla es el sistema en sí, que aplica venenos a los alimentos. “El vigente es un modelo que produce cáncer y muertes, además de envenenamiento y hambre, ya que no tiene como eje la vida sino el negocio de exportación de nutrientes, con gran uso de tierra y agua. El desafío entonces no es aumentar la producción, sino democratizar el acceso a los alimentos. La cuestión tampoco puede definirse como una anarquía, sino como decisiones estratégicas por parte de los grupos de poder que concentran la tierra y los negocios”, expresó Bunge.

Mencionó varias experiencias que impulsan como el Bolsón Soberano, la Feria del Productor al Consumidor, el Sistema Participativo de Garantías de los procesos integrales de producción y el proyecto Reverdecer, dictado para la inserción laboral de la población carcelaria. Rescató también las actividades de investigación que lleva adelante la Cátedra de Genética sobre semillas sin patentes, para los pueblos y para la continuidad de la vida, no para el lucro.

Bunge concluyó que los conocimientos son diversos y necesitan ser divulgados por la universidad, para que el estudiante salga de la ignorancia y sea capaz de distinguir las opciones existentes, para luego elegir a qué modelo y qué país quiere aportar.

Universidad a la medida de las corporaciones

Incorporada a la Universidad de Buenos Aires en 1909, la FAUBA estuvo marcada desde sus inicios por el auge del modelo agroexportador, en el cual la economía se centraba en la exportación de materias primas e importación de productos elaborados -“el granero del mundo”-, y donde ya se visualizaba un aumento de la concentración de las tierras y la riqueza. Entre sus integrantes han pasado nombres que van desde la talla del fisiólogo y Premio Nobel Dr. Bernardo A. Houssay, desempeñándose como docente, hasta el controvertido Julio A. Roca, que fue miembro del Consejo Directivo.

Pasando por distintas etapas influidas por periodos de democracia y dictadura, a partir de los años 90 la Facultad centró su currícula en la profundización del modelo agroindustrial, basado en los avances tecnológicos y los procesos de globalización. En este sentido, junto con cátedras y planes de estudio ajustados al manejo químico del suelo y a la maximización de la producción y ganancia, en la FAUBA también han proliferado los acuerdos con empresas privadas de “carácter confidencial”: si bien son adscriptos por la Universidad Pública, su divulgación sólo puede ser hecha previa autorización de las corporaciones firmantes. Tal como lo señala una reciente investigación del periodista Dario Aranda, para la Revista Mu, los convenios realizados con empresas y organizaciones como Monsanto, Bayer, Syngenta, Don Mario, la Asociación Argentina de la Cadena de la Soja (Acsoja), Asociación Semilleros Argentinos (ASA), entre otras, incluyen desde programas de mejoramiento de semillas, estudios de campo hasta posgrados y seminarios,y si bien la UBA ofrece su prestigioso sello, los resultados obtenidos son cedidos en su totalidad a las empresas signatarias.

Fantasía versus realidad

Con un auditorio donde la mayoría estaba explícitamente en contra del modelo de producción actual, no dejaron de oírse gritos y reproches, durante todo el debate,a Gustavo Grobocopatel. Se pudieron citar unas frías cifras que se intensificaron coincidentemente desde 1996, año en que Felipe Solá aprobó el primer transgénico, con un trámite express que permitió a Monsanto comenzar a operar en nuestro país. Muchas preguntas quedaron sin responderse, y otras tantas sin formularse. Cuáles son sus vínculos con Monsanto. Qué valor tiene la vida de alguien que no conoce. Hasta qué punto la ambición puede justificarse.

El fundador de “Los Grobo” no es un improvisado: conoce más que nadie los impactos del modelo que pregona, y su presencia fue más simbólica que esclarecedora. Luego de recibir reclamos desde la platea, aclaró que no se considera un asesino y duerme tranquilo: si hizo daño, no es consciente de eso, y aunque la película lo impactó, considera que tiene una mirada parcial. Esa parece ser la clave para que el sistema se imponga: confiar en que la ciencia resolverá todos los problemas, evitando las discusiones en la calle “entre gente que tiene sólo creencias o ideas”.

Por eso, a pesar de la esperable-y lamentable- ausencia de la Decana Dra. Marcela Edith Gally, el país debería celebrar que esta Universidad Pública, tan influyente a nivel nacional y latinoamericano, haya encarado por finen su propio seno esta discusión, tan postergada, que esperamos continúe. Una discusión que es posible gracias a las muchas voces, que de manera organizada, se elevan y construyen alternativas para oponerse a un modelo de muerte.

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Entrevista con Viqui Veronesi, de la Vecinal Socioambiental, a partir de sanción en Gualeguaychú la ordenanza que prohíbe el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato y aquellas formulaciones que le contengan en el éjido urbano. Una normativa que se constituye una esperanza y un modelo para otros pueblos y ciudades que también necesitan proteger la vida y empezar a pensar en otro modelo productivo que sea sustentable y que se base en valores de protección nuestros bienes comunes.

Desde Marcha entrevistamos a Viqui Veronesi, integrante de la Vecinal Socioambiental de Pueblo Belgrano (lindante a Gualeguaychú) e integrante del Colectivo de Docentes de Gualeguaychú por la Soberanía Alimentaria que afirmó que “Necesitamos revisar como queremos vivir ¿queremos vivir envenenados?”

La ordenanza fue aprobada por 9 votos a favor y 3 votos en contra de los legisladores de la coalición Cambiemos.

Una ordenanza con historia

Viqui Veronesi hizo un poco de historia de la ordenanza recientemente sancionada y destacó que “El proyecto lo presentó el ejecutivo municipal en diciembre de 2017 para prohíbir el uso, comercialización y almacenamiento del glifosato en el éjido urbano. A partir de la presentación se arman rondas de dialogo al interior del Concejo municipal. En las primeras participan distintos colectivos, asambleas y grupos de vecinos y vecinas que estamos en alguna militancia socio ambiental. Ahí planteamos que apoyamos la iniciativa pero que íbamos a pedirles el marco teórico que fundamentara sus votos luego. A partir de ahí se sucedieron otras invitaciones al Concejo como a la mesa de enlace, a la sociedad rural, a comerciantes que venden glifosato en sus comercios, invitaron a los grupos que luchan contra el cáncer. Las organizaciones también sugerimos que invitaran a referentes que tenemos en la región, de lo que denominamos ciencia digna, sabiendo que en todas estas cuestiones hay una ciencia mercenaria y que publica, investiga y se introduce en academias e instituciones para marcar tendencia, para generar un tipo de conocimiento en torno a un marco científico mentiroso que ningunea y falsea el efecto de los biocidas en la vida del planeta.

Entre los representantes de la ciencia digna estuvieron algunos como Marcos Filani, abogado ambientalista, que pertenece a las Catedras Libres de Soberanía Alimentaria, vino Damián Marino, biólogo de la Universidad de La Plata y dejó en claro cuáles son los efectos de las derivas de los biocidasⁱ, que se trasladan a las napas por el aire, bajan con las lluvias y componen un ciclo en donde estamos todos y todas empapados no solo los que son rociados con los agrotóxicos, como las escuelas fumigadas.

Los profesionales de la ciencia digna se plantan y defienden la vida, porque no podemos seguir viviendo en un sistema que esté basado en los venenos, que no solo quedan en el campo sino que por deriva del agua, la tierra, que llegan a un montón de lugares, que no son solo producen efectos en el campo y que produce el éxodo de las personas que viven en el campo. Lo que plantea la ordenanza es la prohibición de uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del glifosato y aquellas formulaciones que le contengan. Quienes quedan a cargo de controlar esto será la Dirección de Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, la Secretaría de Transito y la Dirección de Inspección General todas dependen de la Secretaría de Gobierno. Una batalla que no empezó ayer y no terminó anoche con la sanción de la ordenanza”.

Cambiar el modelo productivo y los patrones de consumo

También el modelo de producción agroindustrial está en tela de juicio, porque ignora la vida. Así nos lo explicó Viqui Veronesi.

“Este es un modelo que se viene instalando hace tiempo, con políticas públicas que se definen de manera inconsulta a las organizaciones ambientales. Desde 1996 que se introduce la soja transgénica, hubo una serie de legislaciones, ordenanzas y acuerdos que propiciaron que el sistema producción siga creciendo exponencialmente, en contra del que las organizaciones venimos batallando desde hace años. Que el ejecutivo municipal presente un proyecto de ordenanza en este sentido nosotros lo saludamos y acompañamos, también en nuestras tareas cotidianas. Acá en Entre Rios tenemos una Coordinadora Provincial Por una Vida Sin Agrotóxicos, con la campaña Basta de Agrotóxicos.

En noviembre decidimos reunirnos un montón de organizaciones y presentamos en Paraná un petitorio al gobernador que plantea sintéticamente que necesitamos cambiar nuestro paradigma de producción y de consumo. Fuimos en noviembre porque acá en Gualeguaychú murió una gurisita, Antonella, un caso paradigmático, pero los gurises mueren a cada rato por causas que están relacionadas con los agrotóxicos que nos llega a la mesa con nuestra comida. Damián Verseñassi, médico lo dice: ‘si tiene veneno no es alimento’, por eso tenemos que hacer un análisis diario de lo que comemos: qué de eso es veneno y que de eso nos alimenta. Tenemos tareas cotidianas para desnaturalizar y problematizar la situación.

Necesitamos cambiar el modelo productivo y para eso tenemos que cambiar el modelo de consumo. Tenemos que revisar las prácticas, el modelo productivo actual.

Sabemos que este es el primer paso y que luego se viene caminar para construir otro modelo de producción porque hay suficientes datos que coinciden en afirmar que la agroecología es posible, una agroecología social(ista) y en ese sentido iremos caminando”.

La vida en todos sus sentidos

Este miércoles 18 también las y los apicultores de la Sociedad Argentina de Apicultores se presentan ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación, a la vez que convocan a visibilizar la grave situación en que se halla el sector por la pérdida de la biodiversidad, producto del modelo de producción agroindustrial.

Al respecto, Viqui Veronesi nos explicó las implicaciones del modelo.

“Necesitamos de las abejas para que polinicen y que se pueden reproducir en condiciones esperadas y es una tarea esperanzadora. La sanción de la ordenanza de anoche fue solamente contra el glifosato, pero también hay otros biocidas. El glifosato es un herbicida que mata yuyitos que no sean la soja o el maíz transgénico y eso deteriora la floración, la variedad, la diversidad de flores de que pueda nutrirse las abejas. Por otro lado, en las cosechas también se usan fungicidas, insecticidas y eso también elimina por ejemplo las arañas. La movilización de hoy frente al Congreso también tiene como objetivo impulsar un cambio de modelo, un cambio de sistema, para que la apicultura pueda existir, sea sostenible. Es sumamente terrible lo que podría ocurrir si minimizamos y ninguneamos el actual sistema de producción que envenena y mata la vida, mata los insectos, mata yuyitos, contamina el agua. El daño que se le produce a la tierra con tantos años de contaminación con veneno es gravísimo”.

Bienes comunes

“Este caminito es largo y nos va a llevar un montón de años pero elegimos poner el cuerpo ahí en este proceso de desnaturalización. Tenemos que crear conciencia y subjetividad, crear lazos, vínculos que nos permitan pensarnos de otra manera de estar paradas y parados en este planeta. Pensar que la tierra, el aire, el agua no son mercancía.

Muchas de las organizaciones sociales que estamos nucleadas en la Union de Asambleas Ciudadanas Ambientales, UAC, no los llamamos recursos naturales sino bienes comunes de la naturaleza. En esa apropiación del lenguaje hay una carga inmensa, ya estamos nombrando de otra manera, no como recursos plausibles de ser recontra explotados, socavados y contaminados, no. Son bienes comunes que nos trascienden y no podemos decir tengo 20 años de explotación de soja que roto con el maíz, una rotación ficticia y envenenante, entenderlo como parte del ecosistema. Necesitamos revisar como queremos vivir ¿queremos vivir envenenados?

La lucha es y viene siendo contra un monstruo muy grande, y necesitamos la unidad, por eso el gesto esperanzador de la sanción de la ordenanza en Gualeguaychu. En el pueblo donde vivo que es Pueblo Belgrano, que está pegado a Gualeguaychú, ahora emprendemos también la lucha, estábamos haciendo el aguante pero ahora queremos lograr una ordenanza espejo que proteja la vida, porque la naturaleza somos todas y todos.

Este es un primer paso emblemático y esperamos que se replique. Nosotros entramos a este modelo empujados por políticas públicas que desde 1996 fortalecieron al monstruo, y nosotros salimos para lograr políticas públicas porque no podemos dejar esto librado a la voluntad del o la productora o campesinos que elijan reconvertirse y transitar el modelo hacia la agroecología. Viene sucediendo que personas de manera individual o pertenecientes a colectivos vienen volviendo a la lógica de producción agroecológica y de esas experiencias nos tomamos nosotros y nosotras para decir que son replicables, que se puede producir alimentos sin veneno, pero acá viene la gran discusión de que es lo que se pretende, si es que algunas multinacionales se llenan de dinero a costa de la salud de la población y que paguen el pato los pequeños productores”.

Cada 17 de abril se conmemora el Día Internacional de las Luchas Campesinas, una convocatoria desde hace ya muchos años de la Via Campesina que tiene como reivindicación central la lucha contra los modelos extractivos que afectan a millones de productores alrededor del mundo. Hoy tal como vemos en nuestro país, primer consumidor de productos agrotóxicos, la lucha contra el modelo no solo parte de las y los productores sino de las y los habitantes por la vida, sin distinguir el lugar de residencia. El modelo de explotación agroindustrial llegó para quedarse y de su mano la intención de ignorar la vida en sus múltiples formas.

Para finalizar, Viqui Veronesi afirmó: “Las organizaciones socioambientales que laburamos, resisitimos y luchamos en el territorio, celebramos la sanción de la ordenanza que fue presentada por el ejecutivo y que acompañamos. Sabemos que es un primer pasito, sabemos que tenemos que seguir abrazándonos, juntando cuerpo e ideas porque la lucha es larga. Celebramos este momento esperanzador para seguir. Tenemos que crear conciencia y subjetividad para cambiar el modelo”.

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El pasado 7 de junio se presentó una demanda ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) propiciada por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, FESPROSA (Federación de profesionales de la salud de la República Argentina), el CEPRONAR (Centro de Protección de la Naturaleza) y el grupo de Madres del Barrio Ituzaingó (línea fundadora), entre otros organismos ambientalistas. Dialogo con Darío Ávila, abogado ambientalista de Córdoba que integró el grupo de presentación ante el SENASA.

Esta demanda se produce en virtud de un pedido ya realizado el 5 de julio del 2015; donde se solicitó al SENASA los estudios de riesgo vinculados a las empresas que distribuyen el agrotóxico productor de cáncer: Glifosato. “Con esta presentación, más la resolución 350 –que es el organismo que autoriza y cancela los agrotóxicos en la Argentina–, solicitamos que se diera lugar a un procedimiento administrativo, llamado procedimiento de análisis de riesgo. Esto consiste en que cuando se afirma que hay evidencias científicas respecto de algunos de los agrotóxicos que hayan sido aprobados ante el SENASA para su uso y comercialización, se pueda demostrar que esos productos impacten en la salud y el ambiente”, así nos explicó el abogado Darío Ávila la presentación ante el SENASA.

Se mostraron en esta demanda más de 500 evidencias de contaminación concreta por parte del Glifosato, lo que debiera obligar a este organismo estatal a revisar las autorizaciones que propiciaron a los dueños de este veneno ambiental que, sin ningún resquemor, caen sobre las escuelas rurales de varias provincias del país.

Advirtió Ávila sobre la responsabilidad del SENASA: “La presentación nuestra tenía como objetivo frenar el uso y la comercialización del Glifosato. En febrero de este año el SENASA rechazó nuestro pedido. En los últimos días hicimos una nueva presentación con nuevos documentos y ahora serán los jueces quienes obliguen al SENASA a llevar adelante ese procedimiento de análisis de riesgo”.

Escuelas fumigadas

Las escuelas fumigadas son uno de los focos más sensibles del agronegocio. La salud de los más pequeños queda expuesta a lo que un productor con mosquito (maquina fumigadora agrícola) o un avión fumigador haga en horas de clase con niños estudiando. “En Entre Ríos salió una imputación, a partir de un hecho que ocurrió en octubre del año 2015 en el cual un propietario sojero de un campo que limita con una escuela rural, llevó a cabo una fumigación en forma aérea en horario de clase. A no más de 50 metros de la escuela”, explicó el letrado.

Las consecuencias: “Varios niños y niñas intoxicados gravemente con vómitos y dolores de cabeza. Una de las docentes de la escuela, Mariela Leiva, denunció esto a la policía y se generó el inicio de una causa penal y, como consecuencia de esta investigación, la semana pasada la Justicia imputó al dueño de ese campo bajo el delito de contaminación ambiental. Es por el mismo delito que en Córdoba se condenó a un propietario y a un productor sojero por un hecho similar, en Córdoba fue por haber fumigado en el barrio Ituzaingó, tuvo relevancia a nivel internacional este fallo”.

Monte maíz

En octubre del pasado año se realizó el 3º congreso de “Médicos de Pueblos Fumigados” donde algunos de los datos más importantes fueron los de la ciudad cordobesa de Monte Maíz, donde el cáncer es la enfermedad más presente entre sus pobladores.

El Doctor Medardo Ávila Vázquez confirmó en dicho Congreso que eran 270 las familias vinculadas al trabajo agrario.

El 3,5% de estas familias tenían más cáncer que todo el resto de la población de Monte Maíz. Desde una mirada agraria es el pueblo con mayor riqueza de la provincia. El trabajo realizado por los médicos de pueblos fumigados detectó que los enfermos de cáncer tenían 30 años promedio, cuando los más afectados deberían ser con edades que vayan de 50 a 60 años.

El 90 % de los casos de cáncer en la provincia de Córdoba son superiores a los 45 años. La mayor diferencia con Monte Maíz es que los jóvenes tienen un 88 % más de posibilidades de contraer esta enfermedad que en Córdoba capital, según advirtió Ávila Vázquez en el Congreso de Pueblos Fumigados.

Un dato extra

El periodista Darío Aranda, un especialista en el tema ambiental y el agronegocio, publicó una nota sobre la dura vida que deben llevar los habitantes de Napenay (Chaco) tras la fuerte presencia del modelo agrícola actual donde los más perjudicados son sus habitantes. “El Foro por la Tierra del Chaco denunció en 2008, en base a censos oficiales que, a mediados de siglo pasado la población rural provincial representaba el 70 por ciento. En 1991 había descendido al 28,5 por ciento. En 2001, sólo el 17 por ciento de la población permanecía en el campo. En 2010 descendió a 12 por ciento. El éxodo tuvo un solo destino: los márgenes de las ciudades”. Este relato también contó la ausencia de un recurso natural indispensable: el agua. “En Napenay no hay agua. En el patio donde transcurre la entrevista se observa una manguera fina, de dos centímetros de diámetro, con un hilo de agua que cae en un tanque mediano a ras del suelo. Tardará horas, quizá todo el día, en llenarse. Es toda el agua que brinda el Municipio mediante una red local”.

Las políticas ambientales de ayer y de hoy

El abogado ambientalista al ser consultado sobre la responsabilidad política de este modelo devastador de agronegocio en que se encuentran sumergidas muchas provincias de nuestro país, aclaró “lamentablemente los antecedentes marcan un modelo extractivista imperante en la Argentina a través de la soja, la megaminería a cielo abierto o el propio fracking, eso va a significar una profundización del modelo que estuvo fuertemente instalado de la gestión anterior. El nuevo gabinete, sus secretarios y ministros vienen, muchos de ellos, como CEOs de las multinacionales. El panorama lejos de modificarse va a seguir profundizándose”.

*Miembro de la Agencia de Noticias de Comunicación Alternativa y Popular

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La resolución de la OMS sobre la relación entre el glifosato y el cáncer saca a la superficie lo que las empresas y los estados quieren esconder. En ese contexto, la mortalidad por tumores en la pampa húmeda es la más elevada del país.

El glifosato fue creado en el año 1970, por la empresa Monsanto y cuatro años después, se lanzó al mercado. Se trata de un herbicida no selectivo. Es decir: mata plantas sin discriminar. Su entrada en la Argentina llegó en pleno ocaso de los años noventa, después de que se aprobara la soja transgénica RR. A partir de allí, la expansión sojera acaparó unos 20 millones y medio de hectáreas.

Según los números que maneja la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes de Argentina (Casafe), en 2012 se comercializaron 197 millones de litros de glifosato en el país. Se trata del insumo por excelencia en materia de herbicidas, acaparando el 40% del mercado. El glifosato llegó a facturar unos 937 millones de dólares en toda la Argentina.

Para la Red de Médicos de Pueblos Fumigados (Reduas), unos 230 millones de litros de este herbicida fueron rociados en las zonas agrarias de la Argentina durante 2013. A nivel de tasas, si calculamos que en el país viven 12 millones de personas en pueblos rodeados por campos donde se pulverizan con agroquímicos, quiere decir que cada uno recibió en promedio unos 20 litros del herbicida por año.

Su relación con el cáncer

“Sustancia probablemente cancerígena para humanos”. Así lo definió una entidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que generó tanta repercusión: se trata de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés).

“Estudios de casos y controles por exposición ocupacional en los Estados Unidos,  Canadá y Suecia reportan un aumento de los riesgos de linfoma no-Hodgkin, que persistió después de ajustar por exposición a otros pesticidas”, estipula el artículo. Los linfomas no-Hodgkin son una variedad de cánceres  que se expanden a partir del tumor de uno o varios linfocitos, que son parte del sistema inmunológico.

En represalia al instituto del OMS, el comunicado de la empresa Monsanto (máxima proveedora del glifosato en el país) dice: “El IARC ha clasificado a muchos ítems de uso cotidiano dentro de la Categoría 2, incluyendo al mate caliente, café, teléfonos celulares, extracto de Aloe-Vera y pickles, como también a profesiones como las de barbero, peluquero y cocinero de fritos”.

Sin embargo, según explica la propia OMS: “Los términos probablemente cancerígenos (Grupo 2A) y posiblemente cancerígenos (Grupo 2B) no tienen una importancia cuantitativa y se utilizan simplemente como descriptores de diferentes niveles de evidencia de humanos carcinogenicidad, en donde lo probablemente cancerígeno significa un mayor nivel de evidencia que lo posiblemente carcinógeno”.

De hecho, a partir de las planillas actualizadas, en el listado de agentes cancerígenos con limitadas evidencias para producir leucemia y/o linfoma en los seres humanos, el glifosato comparte el podio con el gas radiactivo radón 222, un tipo de malaria, de hepatitis B y del consumo de tabaco en menores.

Para la IARC, es probable que alguien padezca de cáncer por culpa del glifosato. Si es probable, entonces es posible.

La situación en la pampa húmeda

Según el “Informe sobre cáncer en la Provincia de Córdoba 2004-2009”, presentado a mediados del año pasado y desarrollado por el Hospital Oncológico y el Registro Provincial de Tumores de Córdoba, las tasas de mortalidad por cáncer más elevados se concentran en el sureste provincial. Es decir, en la pampa húmeda, en el gran escenario de la soja transgénica con sus pulverizaciones con glifosato y otros agroquímicos.

Por su parte, la provincia de Santa Fe presentó un trabajo muy parecido en 2011. En el informe “Situación del cáncer en Santa Fe 2005-2008”, también se trazaron los mapas sobre tasas de mortalidad por tumores diferenciadas por departamento para cada uno de los años.

Finalmente, cuando se comparan los mapas de ambas provincias, se observa que las tasas de mortalidad más altas se encuentran bien instaladas en la región de la pampa húmeda, casi como si una provincia fuese el espejo de la otra.

Según ambos estudios, la provincia de Córdoba tiene una tasa de mortalidad por tumores en un 160,8 por cien mil habitantes, mientras que Santa Fe tiene una cifra superior: 174,7. A su vez, la provincia santafecina lidera los rindes sojeros en todo el país, y Córdoba se encuentra en segundo lugar. Además, como se observa en el mapa, los santafecinos tienen las hectáreas con mayor saturación de pulverizaciones con glifosato.

El reino del glifosato

Monte Maíz se encuentra a unos 290 kilómetros de la ciudad de Córdoba, a unas tres horas de viaje en automóvil. 65.000 hectáreas de campo rodean al pueblo, cuyo cultivo principal es la soja, seguido por el maíz y el trigo. Esos terrenos son rociados en un 60% por herbicidas (principalmente, glifosato), un 35% por insecticidas (clorpirifós) y el resto de fungicidas.

En ese marco, este año se presentó la “Evaluación de la Salud Colectiva Socio-ambiental de Monte Maíz”. Se trata de los resultados de la recolección de datos y el análisis llevado adelante por profesores, estudiantes y especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba y de La Plata, congregados en la Red de Prevención de Monte Maíz, en octubre del año pasado.

Según el trabajo, en Monte Maíz los niveles de cáncer y abortos espontáneos triplican al promedio nacional. El cáncer es la principal causa de muerte allí: se trata de uno de cada 2,5/3 fallecimientos, cuando la media nacional es de uno de cada cinco. En abortos espontáneos, en los últimos cinco años, tuvieron una tasa de 9,98 de cada 100 mujeres en edad reproductiva, cuando la media nacional es de 3 de cada cien. Las malformaciones congénitas superan en un  72% al promedio nacional.

De todas las muestras recolectadas en cascarillas (desprendimientos de granos) y de suelo por la Red, en el 100% se encontró glifosato, el AMPA (que es el residuo ácido del glifosato luego de ser procesado por microorganismos), cipermetrina y clorpirifós (ambos insecticidas).

“Los niveles de glifosato en las plazas son muy altos. Entre 10 y 20 veces por encima de lo que puede haber en un campo agrícola”, sostiene el Dr. Damián Marino, integrante del SETAC (Sociedad de Toxicología y Química Ambiental), quien también participa de la Red. “Esto pasa en cada pueblo que hemos ido trabajando. Es por una cuestión cultural: asumimos como normales situaciones que no lo son”, agrega, en referencia a la costumbre de rociar las plazas, aun con la presencia de menores.

Por su parte, para el intendente de Monte Maíz, Luis Trotte, “esto es un puntapié inicial. Sabemos que hay cosas que se esconden, por más que el municipio luche”. “Esperemos que todos tengamos la voluntad de cambiar esto”, concluyó el funcionario.

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