Entrevista al economista de izquierda Claudio Katz, quien repasa el caso de Santiago Maldonado y el impacto al gobierno de Macri.

-Me gustaría que compartas con nosotros cuál es tu análisis sobre el caso Maldonado.

-Creo que el caso Maldonado ha sido el tema dominante de las PASO y es un retrato acabado del gobierno de Macri. En primer lugar porque ilustra la intención represiva del gobierno ya que la desaparición de Santiago se consumó luego del desalojo de una ruta y se ensañaron con un simpatizante de la causa de los mapuches y después, en los últimos 50 días emitieron una cantidad de mensajes de intimidación con allanamiento de locales políticos, provocaciones, infiltrados, cacería de manifestantes, actas fraguadas, detenciones sin pruebas.

Yo creo que el gobierno quiere asustar, evitar una marcha aún más masiva por la aparición de Santiago e incluso instalar el fantasma de un enemigo interno mezclando todo, mapuches, ISIS, ETA, RAM, cualquier cosa. Lo cual demuestra que Macri no es una dictadura, pero intenta forjar un régimen autoritario de represión siguiendo el modelo de Santos en Colombia o de Peña Nieto en México.

Argentina no se parecía a Venezuela durante el kirchnerismo pero pretende asemejarse a México con Macri, por eso salen a flote tantas analogías con los pretextos que usaba la dictadura, el gobierno difunde una historia oficial de excesos con un gendarme que se le fue la mano, o despliega la teoría de los dos demonios: la RAM y la Gendarmería. Creo que el gobierno nos está mostrando cómo actúa al servicio de los capitalistas más retrógrados porque desalojó la ruta para expropiar tierras de los pueblos originarios porque en noviembre vence la Ley que impide el desalojo de las comunidades y en Diputados acaban de rechazar la prórroga de esa Ley. Por eso es muy interesante que el gobierno acuse a los mapuches de querer fundar otro país cuando la Patagonia ya es otro país al servicio de las empresas extranjeras. Con Benetton de hecho funciona un Estado, con la Gendarmería al servicio de las empresas y el amigo del presidente, Lewis, se adjudicó la entrada a un lago e impide la libre circulación por tierras públicas.

Me parece que el caso Maldonado está demostrando el total servilismo de la justicia al poder. Lo que hizo el juez Otranto es un escándalo, ya no tiene justificativo, dejó pasar los días claves de la investigación sin investigar nada, permitió que la Gendarmería se auto investigue, convalidó la adulteración de la documentación, el lavado de camionetas, inventó rastrillajes. Su última hipótesis que afirma que Santiago se ahogó es completamente ridícula.

Y junto con la justicia estamos viendo nuevamente cómo actúan los medios hegemónicos sembrando pistas falsas. Ellos son los verdaderos artífices de la distracción culpabilizando a las víctimas, tomando la información que le brindan los servicios de inteligencia, difundiéndola para que después los jueces actúen sobre esa base y además han lanzado hasta una caza de brujas contra los maestros que difundieron el caso Maldonado.

En esta campaña me parece que sobresalen ex progresistas como Jorge Lanata o Alfredo Leuco que se dedican a hacer un verdadero periodismo de Gendarmería. Me parece que lo interesante de este caso y de lo que estamos viendo son ciertas analogías con lo que pasó con la AMIA. Hay muchos puntos en común del encubrimiento del gobierno de lo hecho por la Gendarmería y el encubrimiento que hizo Menem del atentado de la AMIA. Es la misma inacción, el mismo desvío de pruebas, Otranto reprodujo exactamente lo que hizo Galeano. Macri actúa como Menem, Bullrich como Corach, los servicios de inteligencia plantan evidencia con gente parecida a Telleldín, el rol que tuvo la Policía bonaerense en la época de la AMIA es lo mismo que hace Nocetti en el caso de Santiago, la complicidad de los medios es la misma, Clarín repite a Clarín, la tesis del gendarme loco es el mismo artificio que se utilizó antes para borrar pruebas de la conexión local.

La mayoría social no está dispuesta a que haya nuevamente un desaparecido

Hay muchos puntos en común en cuanto a la continuidad de un gobierno apoyado en la justicia y en los medios de comunicación para encubrir un acto de este tipo. Creo que la diferencia, y esto sí es importante, es la reacción popular. En la época de la AMIA tardaron años las víctimas en denunciar a los cómplices y ahora la familia de Maldonado ha hecho la denuncia inmediata del encubrimiento oficial. En ese momento las marchas masivas tardaron mucho en empezar, ahora irrumpieron de entrada y también hay un cambio con las tecnologías porque los videos, las fotos y los celulares obstruyen el encubrimiento oficial.

Estamos en medio de un caso clave. Yo creo que el gobierno está muy enredado porque le están fallando todas las coartadas y las últimas mentiras son muy poco creíbles. El gobierno abusó de pistas ridículas y hasta a los periodistas más oficialistas ya les cuesta repetir las tonterías. Hay que ver cuál es la próxima maniobra. Yo creo que hasta en un momento de locura pueden intentar plantar un cuerpo en la zona de los mapuches, pero sería tan macabro como inverosímil. A lo que apuesta el gobierno es a que pase el tiempo y con eso poder hacer un cambio de la carátula y convertir la desaparición forzada en un homicidio. Pero para eso necesita un gendarme que sea un perejil, necesita que haya una condena manejable para alguna víctima y eso es muy complicado porque Gendarmería no quiere entregar a ningún gendarme porque tiene miedo de que después el entregado denuncie para arriba.

Estamos en medio de una situación muy complicada, hay niveles de desaprobación muy altos a la actitud oficial y por eso pasaron de ningunear el caso a mostrarse hiperactivos. Apostando ahora a ensuciar la investigación pero están complicados porque están divididos. Creo que hay un ala Bullrich-Otranto que quiere cubrir a toda costa a la Gendarmería pero hay otra, la de Garavano quizás, que prefiere culpar a algún gendarme porque sabe que se está metiendo en una causa que a la larga puede afectar al propio Macri. No te olvides que una causa judicial por encubrimiento en una desaparición forzosa es una causa imprescriptible con pena de prisión perpetua.

El caso es complicado para el gobierno, se ha instalado con fuerza en la sociedad, domina la agenda oficial, está en los medios de comunicación y ahí hay otra diferencia con el menemismo; en la época de Menem hubo indulto, impunidad en el caso AMIA, ahora en cambio hubo una marcha masiva que le puso un límite muy fuerte al gobierno, que le impuso una derrota, la misma del 2×1 y por eso creo que el tema Maldonado va a seguir porque ha tocado una fibra muy sensible de la sociedad, que sacude a varias generaciones, que es un límite que la mayoría social no está dispuesta a traspasar, es un hecho que remueve la conciencia de todo el país porque nadie está dispuesto a que haya nuevamente un desaparecido.

Entonces hay una gran sensibilidad frente al tema, que al mismo tiempo es retroalimentada con el impacto internacional del caso y como ya ocurrió en México con Ayotzinapa, la familia pide una investigación internacional y creo que estos temas, investigación, búsqueda de la verdad, renuncia de Bullrich, desplazamiento de Otranto, van a ser temas que van a seguir, que se van a introducir en la campaña electoral. Ahora no se trata solo de parar el ajuste sino también de frenar la represión y de la lucha por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Source

A 12 años de Cromañon, y con las palabras del Ministro de Justicia y Derechos Humanos sobre proponer la discusión de la baja de edad de imputabilidad a 14 años en el medio, las políticas de Estado siguen siendo el exterminio, el gatillo fácil, la liberación de zonas, a la vez que se cierran lugares de contención. Lo que une estos doce años son los cuerpos sacrificables representados en la juventud.

Aquel 30 de diciembre de 2004 se puso en evidencia el descuido que sistemáticamente parece recaer sobre nuestros pibes y pibas. Cientos ellas y ellos, en un número que todavía resulta difícil de precisar, se consumieron en el humo tóxico y el fuego que un ínfimo destello puso en marcha,  con los accesos del lugar cerrados con candado. Toda una trama de responsabilidades y  complicidades se pusieron de manifiesto. El entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra fue destituido,  también por las complicidades del poder político que aprovecharon la ocasión. Es decir que hubo un antecedente de destitución de la máxima autoridad por las responsabilidades políticas que le cabían como Estado.

¿Hoy Cromañon? Jóvenes en peligro de extinción

Ayer, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, propuso poner en discusión a partir de enero de 2018 la reforma del “régimen juvenil penal” y trajo nuevamente un tema que ya había sido rechazado por organizaciones que trabajan con la niñez en 2012: la baja de edad de imputabilidad. Los argumentos son claros: cuando se habla de estas propuestas se condena a la pobreza; es decir combaten la pobreza de nuestras pibas y pibes con más seguridad y más policías en la calle. En ese sentido, las leyes 13.298 (provincial) y la 26.061 (nacional) (de protección de los derechos de niñas y niños)  dice expresamente que no se debe condenar una situación de violencia en el núcleo familiar cuando el contexto es de pobreza porque se entiende que hay una falta del Estado. Es este Estado quien debe avanzar con la promoción y la protección de estos derechos –vivienda digna, alimentación, salud, educación– para que no caiga en detrimento el derecho a la vida plena y sin violencias.

La Ley también contempla la apertura de espacios que tengan en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de pibes y pibas y que los acompañen, que propongan nuevas realidades, pero en un contexto en el que se enuncia la baja de imputabilidad se cierran espacios de contención, no se promueven becas, aumentos y proyectos dentro las Secretarías tanto a nivel provinciales como nacionales. Por ejemplo, hace sólo unos días cerró la Casa de Noche en Morón, un espacio que se proponía trabajar de manera integral: con el descanso, la salud, la nutrición para poder continuar con los proyectos que los pibes se proponen llevar adelante. Para que esa casa continuara se necesitaba sólo un sueldo municipal al mes, por lo que no representaba un gasto en sí, sino que se trata de una decisión política el no cederle el trabajo y la contención de los pibes a las organizaciones.

Es decir, hay un Estado presente en cuanto a la represión o criminalización de los pibes y de las pibas, y ausente en cuanto al acompañamiento, presencia o contención. Eso da cuenta de que hay una decisión política sobre el pibe o piba, que no son los niños y niñas de las convenciones de los derechos, sino que justamente sirven como chivo expiatorio para construir un discurso: son las y los pobres.

El Narcoestado y los cuerpos sacrificables

En este entramado, otro de los factores que atenta contra la juventud es la “red de ilegalidad” que se genera en los llamados “narcoestados”: para los grandes negociados de las drogas se utiliza a las pibas y a los pibes justamente por su corta edad (a quienes se llama “soldaditos”) y por su construcción de subjetividad como el cuerpo sacrificable o como el chivo expiatorio para que se puedan sostener ciertas economías que no son para nada marginales, sino que son mundiales: hablamos del narcotráfico, las armas y la trata y explotación sexual. Esa contradicción de la que hablábamos antes entre lo que el Estado dice para afuera, que es la necesidad de imputar a pibas y a pibes, cuando en realidad el sujeto social utilizado es con esa edad para generar y sostener redes de ilegalidad y para que sean quienes se exponen a las situaciones de violencia.

Los números son contundentes: la Encuesta Anual de Hogares 2014, (Dirección General de Estadística y Censos, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) consigna que las barriadas más populares (villas y asentamientos)  de esta ciudad, tienen una composición mayoritariamente de jóvenes, con un promedio de edad que alcanza los 26 años (inferior a la media de Ciudad con 39 años).

En esta misma línea, hace pocos días la Coordinadora Contra la Represión Policial, Correpi, presentaba el Manual del pequeño detenido, en donde explica qué hacer frente al abuso policial, sobre la población estigmatizada como peligrosa: pobres. Afirman que más del 90% de los muertos en cárceles y comisarías, de las víctimas de la tortura o del gatillo fácil, son jóvenes pobres. Sólo en pocos casos esas formas represivas alcanzan al hijo de alguna familia de clase media, casi siempre porque estaba en el lugar “equivocado”, o con la “pinta” o la actitud “equivocada”.

Por otro lado, y siguiendo con las responsabilidades políticas de administración y control, en abril de 2016, en Costa Salguero, varias y varios  jóvenes perdieron la vida por el consumo de pastillas en una fiesta electrónica, un éxtasis que se comercializaba en el lugar, con una serie de complicidades criminales, que pudieron ser sorteadas gracias a fianzas y costosos abogados.

Educación para pocas y pocos

Cuando hablamos de derechos básicos, el de la educación es uno de ellos. El avance en la desarticulación de la educación pública de los últimos años, con su disminución efectiva en el Presupuesto Nacional aprobado para el 2017, con el consentimiento de oficialismo y oposición,  implica medidas como  el cierre de programas, disminución del número de docentes, falta de capacitación y mucho más. Tal como acaba de suceder con la reducción y despido de miles de docentes a pocas horas de finalizar el año 2016. Estas políticas de Estado propulsan que se derive la matrícula escolar al sistema privado y deja en el camino a quienes no tienen posibilidad de pagar. Otra vez un Estado que se desentiende del recurso humano que constituye el futuro de un país.

Jóvenes y en peligro

Tomarse una foto con niñas y niños de guardapolvo blanco, acariciar en público a un niño que se acerca en forma desinteresada no es lo mismo que pensar políticas que acompañen su desarrollo y contengan esa juventud que pulsa siempre –aunque la estigmaticen, aunque quieran denigrarla– por el futuro. Aún están las marcas de la Noche de los Lápices y esa generación que la dictadura hizo desaparecer, están los pibes de Malvinas, está Cromañon como un eco, y tantos como Walter Bulacio, como Luciano Arruga, como Pitu y Pola (muertos en el incendio del conventillo en La Boca) como Lucas Carrasco baleado por un policía de la Metropolitana, como los pibes de las fiestas electrónicas, como los pibes de los barrios estigmatizados por su condición. No es todo lo mismo, pero los mercaderes de la muerte apuntan en la misma dirección: jóvenes.

Un negocio que se disputa a las y los jóvenes como consumidores privilegiados y una disputa que ahora se produce en diferentes espacios. Sin educación, sin los derechos que el estado debiera garantizar para asegurar la vida ¿Qué futuro será posible? Mientras los medios exaltan asombrados las tragedias que alcanzan a las clases más afortunadas, las y los jóvenes y pobres cotidianamente sufren el desamparo condenados por su condición. Afortunadamente en cada uno de los territorios hay también muchos que se juntan para luchar por una vida más digna, aunque no sean tan visibles.

Source