Hay una historia que sucede aquí y ahora. Hay otra que viene de tiempos antiguos. Los pueblos de la sal saben de batallas, de luchas y resistencias, pero también de pérdidas, de despojos y de derechos vulnerados. No es una noticia nueva. Es una historia que tiene más de 500 años.

El Tercer Malón de la Paz lleva casi un mes en las calles contra la reforma constitucional de Jujuy. Bajaron de la quebrada y los salares, llegaron a San Salvador y no fueron escuchados. Tomaron las rutas, sintieron en sus cuerpos la represión y allí están. Los días pasan, en esos cuerpos y en los vínculos que surgen alrededor de las rondas y los campamentos.

En el corte de Purmamarca están divididos por comunas, pero confluyen en el centro del cruce, en el transitar de las horas, en las músicas y vientos, en las comidas compartidas que llegan de todos lados. Esa es la solidaridad que enseñan y practican los pueblos que saben resistir: “Acá dejaremos la vida si es necesario, ¡Jalllala!”, gritan entre muchas voces. Esto va en serio.

Una constitución a espaldas del pueblo

Con la aprobación de la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales en Jujuy, se expuso el interés extractivista y empresarial que existe sobre los territorios y el agua en el norte argentino. Pero se evidenció, también, la fuerza y la organización de los pueblos indígenas que defienden la vida y el agua de la puna, las yungas y los salares. Durante el último mes, las más de 400 comunidades que habitan la provincia están realizando cortes y manifestaciones contra la nueva carta magna que fue firmada a sus espaldas.

Los pueblos indígenas son de los grupos más afectados por esta nueva constitución y no es casual, todo lo contrario: “Vienen por el litio, vienen por todo”, reza un cartel en el corte de Purmamarca. Las comunidades nucleadas en el Tercer Malón por la Paz aseguran que se quedarán en los cortes hasta que el gobernador dé marcha atrás con la reforma. Denuncian el intento de provincialización de los recursos naturales, así como el desconocimiento de sus tierras ancestrales. Una ecuación sencilla para tomar posesión sobre los bienes comunes y desplazar a quienes los defienden.

Esta decisión tampoco es azarosa: se da en un proceso de valorización global del litio, el hidrógeno verde y otros metales críticos. La no tan nueva crisis climática, así como la imperiosa necesidad de un proceso de descarbonización, colocó al discurso de la “transición energética” como central. Sin embargo, esa transición únicamente fue de un modelo de explotación a otro: uno que sólo ve territorios como zonas de sacrificios para el desarrollo de los países del norte que siempre se beneficiaron de la explotación de recursos en el sur global.

Los territorios que habían sido históricamente postergados, como son los salares altoandinos donde se encuentra el litio en grandes proporciones, comenzaron a tener un interés financiero. Allí, la historia de los pueblos de la sal tanto en Jujuy, como en Salta y Catamarca, comenzó a cambiar y aquellas otras formas que sostenían la vida se vieron alteradas.

Equilibrio ancestral: sal y agua

“Estamos parados ante escombros milenarios”, señala Agustín, guía turístico indígena de la Comunidad Tres Pozos. Las salinas se conformaron hace al menos 6.000 años y sus ojos naturales, donde se conserva el agua dulce de manera subterránea, “deben tener 5 millones de años”, agrega mientras disuelve las partículas de sal entre sus dedos. 

Tres Pozos es una de las 33 comunidades que habitan los salares grandes y lagunas aledañas, y todas tienen una relación vital con la sal y el agua. Mientras la primera abunda y rebrota todas las mañanas, la segunda escasea y se esconde en los intersticios del salar. La sal sin el agua no emerge, por eso la conserva y administra en un equilibrio que es mutuo.

“El agua para el salar es como el aire para nosotros, sin ella no se puede respirar”, explica Agustín quien, además de ser guía turístico, está pronto a recibirse de instrumentador quirúrgico. Desde su visión, el salar puede ser entendido en términos fisiológicos: “El salar sería como el pulmón y las líneas grandes podrían ser sus branquias; durante la noche se dilatan y en el día se comprimen para conservar su agua y que no se evapore en su totalidad”.

El agua y la sal se complementan para sostener la vida. Por eso son elementos sagrados que deben respetarse: “Nosotros la cuidamos como parte de nuestra vida. Estamos muy agradecidos porque es como un regalo de la Pachamama hacia nosotros”, explica Agustín. Y es que, agrega: “La continuidad del agua dulce es muy frágil acá, estamos en un desierto de sal, no se la puede alterar”.

La sal tiene múltiples usos en la vida de las comunidades y garantiza su autonomía. Además de haber funcionado como bien preciado para intercambio de alimentos con pueblos agricultores durante siglos, hoy distintas familias conformaron cooperativas locales para fraccionarla y comercializarla respetando sus tiempos de rebrote. La sal aporta hierro a los animales silvestres y de pastoreo, conserva la carne sin necesidad de energía, así como también la belleza majestuosa de sus salares convoca al turismo y lo convierte en una economía local. 

Durante las últimas décadas, la sal también comenzó a ser codiciada y disputada por gobiernos y empresas en la corrida mineral del litio. Las 33 comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc prohibieron el ingreso de las empresas que se acercaron a explorar el territorio sin instancias consultivas previas.

Desde entonces, aseguran, la violencia contra los pueblos de la sal se acentuó y denuncian que con la nueva constitución pretenden poder desplazarlos del salar: “Quieren hacer lo mismo que hicieron en el Salar de Olaroz, pero no van a pasar”, relata Agustín.

Salar de Olaroz: donde hubo sal, sequía queda

Llegar al Salar de Olaroz luego de pasar por las Salinas Grandes no es recomendable: su paisaje dista demasiado de la inmensidad blanca recorrida hace unas horas atrás. Tan sólo en trece años de explotación minera, el impacto es radical: la sal se encuentra concentrada en pequeños espacios mientras que grandes piletones se esconden detrás de la tierra removida a escasos metros de la ruta. 

Tras años de exploraciones y diálogos unilaterales con la comunidad, en 2010 se instaló el proyecto “Sales de Jujuy”, que reúne a los accionistas Allkem, Toyota y Jemse. El segundo proyecto, “Cauchari-Olaroz”, prevé comenzar a producir unas 40.000 toneladas por año de carbonato de litio hacia finales de 2023.

“No cumplieron con su palabra”, se lamenta un trabajador de Sales de Jujuy, a metros de la planta. El operario, a quien no nombraremos para resguardar su identidad, vive en Susques, como algunos de los trabajadores. Explica que, cuando llegó la propuesta de “Sales de Jujuy”, no les transmitieron toda la información: “Nos dijeron que el impacto iba a ser mínimo, que era limpio y que nosotros siempre podríamos opinar”.

Sin embargo, para aprobarla, no se cumplieron las instancias consultivas e informativas necesarias como requiere el Convenio 107 de la OIT, que reconoce los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas. En un estudio realizado por FARN, se explica que “los miembros de las comunidades describieron el proceso de participación y las relaciones establecidas con las empresas que desean extraer litio como una comunicación mayormente unilateral ya que no podían expresar libremente sus opiniones a fin de alcanzar un entendimiento mutuo”. El 85% de las personas entrevistadas manifestó que no se les consultó y que no fueron debidamente informadas sobre las actividades de las empresas. 

A partir de las voces entrevistadas, el informe sostiene que “las empresas no divulgaron toda la información pertinente sobre los factores de riesgo previsibles y sus potenciales impactos en el ambiente”. A su vez, los miembros de las comunidades destacaron el impacto significativo que los proyectos de minería de litio tienen sobre el agua.

“Ya no hay más sal, la sacaron toda”, señala el operario mientras recorremos los largos kilómetros de lo que fue el salar. “En su momento se aceptó por la propuesta laboral y porque dijeron que no habría impactos, pero después no fue así; el impacto está a la vista: en esta zona ya no hay salar ni agua”, agrega.

Si bien su trabajo no le demanda suficiente energía, el largo viaje que conlleva cambiaron las dinámicas de su vida cotidiana. “Ahora ya casi no tengo tiempo para mis animales y mi casa”, destaca el operario y explica que todas esas tareas que antes eran divididas de manera equilibrada ahora sobrecargan a su esposa e hijas porque, de todas formas, “el sueldo no alcanza y a la casa hay que mantenerla”.

Su historia se repite en cada una de las familias de sus colegas. Mientras que los varones cuadruplican la participación femenina en las tareas del sector de energía, las mujeres son las que deben asumir las tareas domésticas. Las mujeres de Susques y comunidades aledañas, quienes además históricamente han sido las encargadas de gestionar la energía del hogar, hoy deben reforzar su aporte en las tareas de cuidados y/o relegar la posibilidad de trabajar de manera remunerada para sostener la unidad doméstica.

Una comunidad tan ancestral como la sal que pisamos

En la zona Salinas Grandes, las comunidades no están dispuestas a cambiar su modo de vida ni de producción. Desde 2011 se opusieron a los intentos de licitación y exploraciones mineras. Desde ese año, también, padecen la violencia estatal por haberse negado. “Acá no van a pasar porque estamos organizados”, anticipa Érica Cañari, presidenta de la Comunidad Pozo Colorado.

“Las personas mayores nos han ido inculcando a los jóvenes por qué tenemos que defender lo ancestral de las comunidades y seguimos en esa lucha”, explica la joven presidenta. Para Érica, “organización” es defender al territorio, pero también, y sobre todo: “es organizar los trabajos y mejorar la economía de la propia comunidad para que no migre nadie, para quedarnos y que vivamos bien, para que la minería no aparezca como una opción superadora”.

Érica sabe que su comunidad es tan ancestral como la sal que pisamos, por eso su lucha trasciende las generaciones: “Mis ancestros trabajaban la sal acá, hasta mi papá todavía sigue trabajando, tenemos toda una relación con ella. Nosotros, también, estamos fomentando actividades turísticas para que se conozca lo que hacemos y cómo lo hacemos”. El parador “La curva”, ubicado en Salinas Grandes, es un sitio turístico atendido por la comunidades de la zona. Allí trabajan 50 familias y reciben más de 500 autos por día: “Esta es una manera sustentable de subsistir”, explica la joven.

En los últimos tiempos, las violencias se convirtieron en una constante para desplazarlas. “Es una guerra enorme y está disfrazada”, explica la comunera, para quien decir transición energética “es un verso” ya que, en realidad, “el litio se va para otros lados, es para los países ricos. Se van a llevar nuestros minerales, los van a procesar y van a volver a vendernos a nosotros; a cambio nos dejan destruidos nuestros lugares como estos humedales donde están los salares”.

Durante todos estos años de lucha, diferentes colectivos acompañan a los pueblos de la sal para visibilizar sus denuncias. Entre ellos, Melisa Argento, del Grupo de Estudios en Geopolítica de Bienes Comunes de la UBA, trabaja con las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc hace mucho tiempo. Para la investigadora, la respuesta de las comunidades frente a la reforma constitucional no es ninguna novedad: “Hoy resisten como hace más de diez años contra el avance de la frontera extractiva de litio en sus territorios”. Explica, también, que en la zona de las salinas “nunca fue implementada la consulta previa libre e informada que regula el artículo 179 del convenio de la OIT”.

Desde su experiencia, Melisa sostiene que la minería de litio es “minería de agua” y que “destruye no solo ecosistemas, cuencas hídricas, vegas y humedales altoandinos, sino también las formas de reproducción de la vida, las actividades productivas de las poblaciones que trabajan en la ganadería, de la agricultura en pequeña escala y los alimentos que producen desde la tierra”. 

“Las comunidades están organizadas y han resistido a los primeros intentos de 2011, a las licitaciones de 2019 y a las nuevas licitaciones, como la que pasó hace muy poco, de 11 mil hectáreas del territorio que el Estado provincial entregó al capital privado”, recuerda la investigadora. Por ese motivo, la reciente aprobación de la reforma constitucional no es casual: “Lo que vemos es que atenta directamente contra las herramientas de defensa y de protección de la tierra de estas comunidades porque se avanza sobre sus personerías jurídicas, porque se avanza legitimando el desalojo y la no entrega de títulos territoriales y porque, básicamente, el gobierno provincial tendría todos los territorios y la regulación de los pueblos indígenas”, denuncia.

La vida y la muerte, un círculo sagrado que une la tierra con el cielo

Es sábado y la represión en el corte de ruta de Purmamarca, Jujuy, cumple una semana. El sol pega fuerte en los rostros curtidos por el frío y por el fuego de la noche anterior, de las noches anteriores. Contra todo pronóstico, el espíritu colectivo está intacto porque saben, en lo profundo, que la vida siempre vuelve a resurgir.

Una caravana de autos se aproxima. Llegan los restos de Felipe Mamani, uno de los primeros maloneros que, en 1946, viajó a pie con hermanos y hermanas kollas hasta Buenos Aires en el primer Malón por la Paz para reclamar al presidente Juan Domingo Perón la titularidad de las tierras preexistentes al Estado.

Su presencia de 97 años necesita traspasar a otro plano y comienza la ceremonia. “La coca, para nosotros, es una medicina, es una abuela, una sabia. Nos conecta con nuestra cultura, con nuestra memoria histórica, con el corazón de la madre tierra, con el espíritu del aire y de los elementos”, expresa el Chaski Nelson durante la ceremonia. Proveniente de Abra Pampa, al norte de la provincia, cuenta que a la coca “la han sembrado nuestros abuelos de distintos pueblos amazónicos, quienes han logrado la conexión con este espíritu de la mamá coca y luego lo han ido trasladando”. Nelson mira atentamente el fuego: “Esas hojas de coca solo se queman cuando un alma viaja. Es una conexión, un puente, entre esta dimensión y la otra. Al quemarla se da aviso que un alma está de viaje para que sea bien recibida”, asegura.

Los pueblos de la sal saben de despedidas y de encuentros, saben de agradecimientos y ofrendas, de dejar ir y de resistir, saben de conservar sus territorios con la guía de sus ancestros. Conservar, eso que hace la sal desde el principio de los tiempos.

* Esta crónica fue publicada originalmente en LatFem, la misma fue realizada en el marco del taller “Energía, economía y ambiente. Miradas feministas desde Latinoamérica”, organizado por el Observatorio Petrolero Sur y LatFem.

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Por Mayra Latina Luna | Foto: Matías Minahk *

Sobre estos eufemismos se sostiene un proceso de reformas y medidas que el Gobierno de Jujuy viene implementando desde el año 2015. Reformas que se implementan en contra del pueblo jujeño y son regresivas y gravemente lesivas de Derechos Humanos con alto grado de protección en el ordenamiento jurídico de nuestro país.

La prohibición de los cortes de ruta, cortes de calles y la prohibición de la ocupación de edificios públicos provinciales, siendo estas modalidades legítimas y protegidas por el derecho la protesta, tal como lo recordó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el comunicado publicado el día 20 de junio implica la limitación del ejercicio de la libertad de expresión, reunión, asociación y manifestación, derechos con alto grado de protección y de necesaria garantía para el sostenimiento, promoción y defensa de la democracia.

La CIDH también recordó en su comunicado que resulta necesario tolerar que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación en el desarrollo de la vida cotidiana en relación, por ejemplo, al tráfico y el ejercicio del comercio, e instó al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social. Cabe destacar que el derecho a manifestarse está garantizado por el artículo 14 bis y el artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Esta no es la primera vez que la CIDH llama la atención a Jujuy, en el año 2017 el Estado Argentino y la Provincia de Jujuy fueron convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia temática sobre “Represión y criminalización de la protesta social en Jujuy” en donde las organizaciones sociales, entre ellas ANDHES, denunciaron hechos de persecución penal, contravencional, represión, uso abusivo de la fuerza e ilegal limitación del derecho a huelga.

Por otro lado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina emitió un comunicado el día 21 de junio donde expresó su preocupación por el uso indebido de la fuerza por parte de efectivos policiales, las detenciones y judicializaciones de manifestantes e instó a las autoridades provinciales y nacionales a investigar “todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy” y exhortando al Gobierno provincial a evitar la escalada de violencia y cualquier retroceso en materia de Derechos Humanos, a la vez que llamó a un diálogo constructivo e intercultural que garantice la participación de los pueblos indígenas.

Además de lo regulado en el artículo N° 67, la reforma sancionada incorpora a la Constitución Provincial el código contravencional puesto en vigencia en 2016, a través del artículo N° 90 : “El Estado organizará un sistema contravencional dirigido a garantizar la convivencia pacífica entre los habitantes de la Provincia(…)”.  Durante el proceso de reforma constitucional express, el día 9 de junio se publicó en el Boletín Oficial el decreto N° 8464/2023, que agrava las multas a los manifestantes dispuestas en el artículo 113 del código contravencional. En su redacción actual, el artículo N° 113 prevé sanción de multa de hasta $8.000.000 y la posibilidad de cesantía e inhabilitación para empleados o funcionarios públicos, a quienes “alteren el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal(…)” habilitando a la fuerza policial a intimar a los manifestantes y dar intervención a la justicia penal. 

Este código contravencional es, desde 2016, la herramienta con la que el Gobierno de Jujuy viene atacando derechos democráticos y constitucionales, reprimiendo y persiguiendo manifestantes. Su incorporación a la Constitución Provincial implica la constitucionalización de la criminalización de la protesta y la vulneración del derecho a huelga.

Estas reformas, que forman parte de un proceso integral y sostenido en el tiempo por el Gobierno de Jujuy desde el año 2015 para la creación en el imaginario colectivo de un “enemigo interno”, implican el empleo de herramientas para el control social de ciertos sectores de la población, mediante la represión y el uso abusivo de la fuerza y se traducen en una grave lesión al principio de progresividad y no regresividad en materia de DDHH, que obliga a los Estados a sancionar leyes que amplíen la protección de los derechos y que en ningún caso afecten o disminuyan la garantía o protección de estos derechos. 

No se trata de una “regulación de la protesta” sino de la persecución penal y policial a manifestantes, con el fin de amedrentar y aleccionar a quienes quieran ejercer su derecho a protestar, criminalizandolos y poniendo en riesgo su integridad física, psíquica y su vida. Esto se evidenció en las violentas represiones y detenciones arbitrarias masivas que sucedieron entre el sábado 17 y el martes 20 de junio, en donde se empleó un uso arbitrario y desproporcionado de las fuerzas policiales, que dejó como saldo más de un centenar de personas detenidas, entre ellas niñas y adolescentes, muchas gravemente heridas.

*Publicada originalmente en Andhes

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Por Camila Parodi y Susi Maresca | Cobertura conjunta desde Jujuy entre Tierra Viva y Marcha.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, logró aprobar de forma exprés su reforma constitucional, con apoyo unánime tanto de radicales como de peronistas y la renuncia de los convencionales del Frente de Izquierda. El pueblo jujeño rechazó la reforma constitucional porque refuerza el poder del gobernador, limita y criminaliza la protesta social y habilita el avance de la propiedad privada sobre territorios en disputa. Además, no existió un proceso democrático y participativo para modificar la nueva Carta Magna, ya que se hizo sobre un proyecto bajado desde la gobernación en septiembre pasado. La reforma se concretó en el marco de paros de gremios docentes y estatales, y el “Tercer Malón de la Paz” de las comunidades originarias que, desde el miércoles, bajaron desde las yungas, la puna y los salares con sus whipalas y esta mañana llegaron a la capital jujeña.

Morales, quien presidió la Convención Constituyente, logró la aprobación en general de la modificación de 66 de los 212 artículos de la carta magna provincial, que le da al gobierno provincial mayor discrecionalidad en el manejo de los bienes comunes, como el litio, ya declarado como “recurso estratégico”. La rápida aprobación de la reforma, adelantándose a la agenda propuesta por el oficialismo, resulta otra estrategia política para frenar las movilizaciones. Luego de la primera semana de paro, Morales intentó detenerlas con la firma del decreto N°8464, publicado el viernes pasado, que multaba y criminalizaba la protesta social. El miércoles comunicó en conferencia de prensa la decisión de derogar la medida, cuyos objetivos están ahora en el nuevo texto constitucional, pero eso no cambió la actitud de protesta del pueblo jujeño.

La modificación —sin debate participativo ni acuerdo social más allá de la elección de los convencionales en las elecciones provinciales de mayo pasado— no sólo profundizará la desigualdad social y económica manifiesta, que beneficia a la clase política y empresarial, sino que también desconoce derechos básicos consagrados en la Constitución nacional. Por ejemplo, el desconocimiento del derecho a la tierra ancestral y las consultas previas e informadas, la criminalización de la protesta social —en el artículo que sostiene “la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación—, además del artículo 36 de “derecho a la propiedad privada”, que vuelca a favor de las empresas cualquier conflicto de tierras, en una provincia en la que los relevamientos y entrega de título a las comunidades originarias está paralizada.

Desde el comienzo del paro provincial, las comunidades originarias definieron acciones comunes para rechazar la reforma que terminaron decantando en la realización de un “Tercer Malón de la Paz”, recordando las dos históricas caminatas realizadas por los pueblos indígenas de Jujuy en los años 1946 y 2006 para exigir su derecho al territorio. Las comunidades comenzaron a bajar desde las yungas, la puna y las salinas para unificar sus voces en un mismo reclamo: “¡No a la Reforma!” y “Arriba las whipalas, abajo la reforma!”, en un grito común con el reclamo docente que exigían: “¡Arribas los salarios, abajo la reforma!”. Las voces de los pueblos originarios contra la modificación de la carta magna provincial llegaron desde todos los rincones de la provincia.

Comunidad Pozo Colorado: “Nuestra calidad de vida se defiende, es por el aire y por el agua”

Erica Chañari es la presidenta de la comunidad “Pozo Colorado” que se encuentra, junto a otras comunidades, en la zona de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc. La comunidad trabaja en las salinas de manera articulada con el turismo en su territorio ancestral. Para Erica esta reforma constitucional no es casual y se relaciona directamente con la valorización global que ha obtenido el litio durante los últimos años.

“En 2019 tuvimos el primer intento de avanzar con exploraciones de litio en las salinas, rápidamente comenzamos a repudiarlo porque no fuimos informados y porque no lo queremos. El gobernador nunca se acercó y desde entonces comenzó a inhabilitar las movilizaciones. Desde ese momento que se viene armando todo esto. Ahora aquello que hacía en cada territorio lo pensó más grande con la modificación de la constitución provincial”, sostiene Chañari.

Para la presidenta de la comunidad “Pozo Colorado” esta situación es muy grave porque “cada vez tenemos menos protección sobre nuestros derechos y territorios. Mucha gente lo votó (a Morales) sin saber que implica esta reforma porque no fuimos informados”. En el salar, la vida se defiende: “Nuestra calidad de vida se defiende, es por el aire y por el agua. Esa es nuestra riqueza, como nos enseñaron nuestros ancestros, este es nuestro lugar y lo protegemos”.

Nación Omaguaca: “Vamos a perder el agua”

Mercedes Maidana es docente indígena de la nación Omaguaca y junto a pares de la nación Kolla se manifestaron en la ciudad de Humahuaca para denunciar las condiciones laborales y rechazar la reforma constitucional. “Como no somos abogados ni juristas no sabemos lo que significa esta reforma en su aplicación, porque no hubo consultas ni información”, denunció la docente.

Sin embargo, los derechos sí se conocen y defienden: “El convenio 169 de la OIT, de rango constitucional y adecuación nacional, exige la consulta previa, libre e informada y eso no ha ocurrido. Queremos denunciar esta situación porque tenemos derechos nacionales que nos habilitan. Sino aquello de ser ‘sujeto de derecho’ es solo un enunciado”.

Para la docente esta modificación exprés “es gravísima porque Jujuy es tierra minera y podría significar que toda la producción y modos de vida de la población sean modificados“. Además agregó: “Lo más grave es que vamos a perder el agua y no solo las comunidades, la vamos a perder todos”.

Comunidad kolla de Caspalá: “Duele que nos maltraten”

Lucía y César Apaza son de la comunidad kolla del pueblo de Caspalá, departamento de Valle Grande. El pasado lunes marcharon hasta San Salvador de Jujuy para rechazar la constitución y visibilizar la situación particular de su pueblo. “Estamos apoyando a los docentes, pero también venimos por la baja la reforma constitucional porque es injusto lo que están haciendo”, lamentó Lucía y advirtió sobre los peligros de la puesta en marcha de la modificación de la carta magna: “Ya hubo en nuestro pueblito una usurpación del territorio y tenemos muchos problemas para que nos respeten”.

Por su parte, César explicó que se están reuniendo con diferentes comunidades para frenar la reforma “porque toda nuestra tierra, todas las comunidades y todo el pueblo de Jujuy va a estar afectado con este cambio. Ya no se puede vivir más con esta tiranía”.

“Estamos levantando nuestras voces para que nos escuchen”, aseguró César. Para el comunero kolla la reforma implica la quita de todas las garantías y la posibilidad de vivir en paz. “Con las usurpaciones y represiones no se puede vivir. Nosotros vivimos una vida tranquila, sencilla. Nosotros vivimos de nuestra agricultura, nuestro ganado, hacemos nuestras artesanías. Duele que nos maltraten, duele que nos traten de esa manera, no solo en mi pueblo, en mi comunidad, sino también toda la provincia de Jujuy”.

Comunidad Chalala: “Queremos defender la vida en comunidad”

Sara Choquevilca es integrante de la comunidad indígena de Chalala, una población ubicada a dos kilómetros de Purmamarca. Sara explicó que, desde Chalala, consideran a la reforma ilegal: “No fue participativa, denunciamos la falta de consulta y de consentimiento de los pueblos indígenas que conforman esta provincia”. En el caso puntual de la comunidad de Chalala, Sara explicó que están atravesando hace más de dos años un conflicto específico por las tierras comunitarias en el que “el Gobierno desconoce los derechos de la comunidad sobre su propiedad comunitaria, que ya tiene veinte años de existencia legal”.

Tras la especulación inmobiliaria y turística que avanza en la Quebrada de Humahuaca, acceder a un lote es imposible: “Nuestras tierras se valúan millones de dólares, se hace imposible que la gente pueda adquirirlos de forma común”. Y agregó: “Recuperando los derechos ancestrales es que los pobladores recuperan y se asientan en sus tierras. Así se conformó la comunidad indígena que reúne a 102 familias y trabaja con el turismo en Purmamarca, un turismo conocido mundialmente”.

“Las familias tienen derecho a poseer sus tierras y a vivir dignamente en ellas. Hoy tenemos a muchas familias afectadas en el acceso a los servicios de agua y luz porque el Estado provincial no reconoce los derechos de los títulos propietarios de la comunidad y amenaza con desalojar a las familias de la comunidad“.

En ese sentido, explicó los riesgos de la aprobación de la reforma: “Sabemos que nuestros derechos se van a ver fuertemente limitados. Sabemos de la riqueza de minerales que hay próxima a Purmamarca, el litio en las salinas. Y también sabemos el interés que tienen las empresas privadas para acaparar esos recursos naturales. Queremos defender la vida en el lugar, en comunidad, en Purmamarca. Seguir defendiendo el paisaje, la naturaleza y el turismo“.

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Por Vivian Palmbaum

El pasado 2 de abril, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, expulsó a 62 personas, en su mayoría turistas de nacionalidad extranjera, a las que subió a un micro y envió a Buenos Aires. Acciones que no son nuevas en la provincia desde que es gobernada por Cambiemos.

Morales, ya en febrero de 2019, en consonancia con las políticas anti migrantes de la gestión Cambiemos, impulsó en la provincia el cobro de servicios de salud a las personas de origen boliviano y fueron una constante sus dichos y políticas xenófobas contra personas de la comunidad boliviana.

Desde Marcha entrevistamos a la abogada Zulema Montero del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM) sobre la situación que debieron atravesar las 62 personas discriminadas.

¿Qué opinan desde el BTM sobre la expulsión de lxs 62 migrantes por decisión del gobierno de Jujuy?

Repudiamos la actitud del gobernador Morales quien, en forma totalmente arbitraria, ha expulsado a 62 migrantes de nacionalidad colombiana, peruana, venezolana y boliviana poniendo en riesgo la vida de los propios ciudadanos.  Es un acto de discriminación y xenofobia que no nos extraña, pues sacó una disposición para que los extranjeros paguen por la salud. Además, últimamente aplica restricciones de ingreso a los que viven en frontera.

Consideramos que no tiene derecho de tomar semejante decisión. Más bien como gobernador su deber es protegerlos y cautelar su salud y su integridad física, en cumplimiento además del decreto 297/2020 que establece el aislamiento social preventivo, que ha incumplido con esa actitud.

Desde el Bloque haremos seguimiento de la investigación que ha iniciado el Dr. Ercolini a los efectos que se esclarezca la situación y se establezcan las responsabilidades que ameritan porque sabemos que existe una autorización escrita que está firmada por Pablo Fernando Palomares que es el Secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales de la prov. de Jujuy.

Además, el Gobernador ha manifestado en varios medios de comunicación que mantuvo conversaciones con los embajadores tanto de Colombia como de Perú. Esta situación ha sido desmentida enfáticamente por el embajador Álvaro Pava Camelo, de Colombia, que dijo que en ningún momento sostuvo y autorizó para que estas personas puedan ser trasladadas desde Jujuy a Buenos Aires.

Cuarentena y después

La decisión del Ejecutivo provincial sorprende, ya que en la misma orden donde se dicta el traslado compulsivo, se expresa que estas personas han cumplido la cuarentena, por lo que es difícil atribuir el motivo al temor al contagio.

¿Qué intervención tuvieron los poderes Legislativo y Judicial de la provincia?

El Poder Legislativo intervino con la autorización. Además proveyeron el vehículo para el traslado y antes de esto ellos estaban muy enterados de esta situación, puesto que los ciudadanos extranjeros estuvieron en cuarentena. Extraoficialmente, tenemos conocimiento de varios maltratos y arbitrariedades que han recibido antes de ser trasladados para Buenos Aires.

El Poder Judicial también tuvo conocimiento porque tenemos la certeza de que presentaron un amparo el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y el CAREF (Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes), organismos de derechos humanos, para impedir que este bus salga para Buenos Aires. Lamentablemente este recurso fue declarado improcedente y actualmente se encuentra en apelación. Ni el Poder Judicial cuando tuvo en sus manos evitar este traslado lo hizo.

Con olor a dictadura

La situación reactualiza el proceder del tristemente célebre genocida Antonio Bussi, cuando primero en dictadura expulso de la provincia de Tucumán a mendigos e indigentes a los cerros catamarqueños y luego como gobernador electo en democracia subió a un micro a desocupados y trabajadores golondrina, para limpiar la imagen de la provincia, y los dejó en la provincia de Mendoza librados a su suerte.

Recordamos que el gobernador Gerardo Morales formó parte de la coalición Cambiemos, durante cuyo gobierno se promulgo el DNU 70/2017 que impulsaba la expulsión de extranjeros como política de Estado.

¿Cuál es la situación actual de las personas que fueron violentadas de esta manera?

Estos ciudadanos pasaron a disposición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se hallan alojados en dos hoteles en el barrio de San Cristóbal. Muchos de ellos están manifestando su angustia y desesperación por la falta de recursos económicos y desean retornar a sus países de origen. Muchos de ellos llegaron de turistas y otros están en condición de refugiados. Lo que pretendían era retornar a su país y la cuarentena se los impidió, pero ellos lo que quieren es retornar a sus países de origen.

Entre las personas que fueron trasladadas de manera compulsiva se encontraban personas solas y familias con niñes que estaban alojadas en La Quiaca, ciudad fronteriza, y San Salvador de Jujuy. Una parte de ellas eran refugiadas por razones políticas, con necesidad de protección internacional. Recordamos que Bolivia se halla atravesando una dictadura donde se persigue a opositores, disidentes y personas que puedan resultar sospechosas de no estar en acuerdo con el gobierno, con una gran cantidad de presos y presas políticas, tal como venimos reportando desde Marcha.

Los organismos intervinientes, el CELS, CAREF y ANDHES ((Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), expresaron en un comunicado que “esperamos que la Justicia analice esta situación que constituye una amenaza concreta y real de privación de la libertad ambulatoria, así como una transgresión de todas las normas nacionales vigentes que preservan la salud pública en el contexto del COVID-19”.

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Ayer se llevó adelante el Migrantazo, impulsado por la campaña Migrar No Es Delito, bajo la consigna “Migrar es un derecho humano, la salud y la educación también”. Se exige la anulación de un decreto presidencial por considerarse xenófobo y estigmatizante.

A eso de las 15hs en la Plaza de los Dos Congresos. Escondidos entre colectivos estacionados y multitudes docentes en desconcentración, se empezaban a juntar las y los participantes de lo que sería la segunda jornada de lucha organizada por la campaña “Migrar No Es Delito”. Hacía poco más de un mes que en esa misma plaza había tenido lugar su lanzamiento público. Migrantes latinos de todo el continente, fundían el reclamo por la derogación del decreto presidencial 70/2017 que permite al Estado argentino tomar medidas judiciales express para la deportación de población migrante de manera arbitraria.

El miércoles pasado en la mutual Sentimiento del barrio de Chacarita, se realizó una reunión abierta de casi un centenar de personas para conversar sobre la reciente propuesta discriminatoria impartida por sectores del radicalismo, integrantes del frente Cambiemos. Gerardo Morales abrió la discusión sobre arancelar la salud para la población migrante, por lo menos en la provincia de Jujuy donde oficia de gobernador. Posteriormente el diputado nacional por el mismo partido, Luis Petri, presentó un proyecto de ley en el congreso nacional para arancelar tanto la salud como la educación a nivel país. Más allá de que finalmente el polémico proyecto de ley no prosperó, el debate ya se encontraba abierto. De la reunión convocada nació la necesidad de expresarse, de movilizarse.

“Teniamos que desmentir los argumentos que el gobierno utilizó. El trabajador migrante, humilde, que vive en los barrios, que viene a trabajar, que sostiene la agricultura, la economía de su familia, que trabaja precarizado, no es el que se está choreando la plata. Nosotros y nosotras tenemos todos los derechos de percibir los servicios sociales, de salud y educación porque también somos parte de la población que aporta al mantenimiento de esos servicios. En eso el gobierno está perdido, quiere culpar a gente que no tiene que culpar, quiere quitarle recursos a quien no hay que quitarle recursos. Es lo que venimos viendo en varios ámbitos de la sociedad”, nos expresó Pablo Cossio, integrante de origen chileno del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM)

Migrantazo

Pasadas las 16 hs, comenzó el evento programado. Se formó un semicírculo entre las principales columnas de organizaciones como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Polo Obrero, Barrios de Pie. “En el fondo lo que quieren hacer es que una persona tenga que pagar por utilizar los servicios públicos en la Argentina, ir en contra del sistema universal de salud. Es nada más y nada menos que la privatización del sistema, primero vamos a empezar pagando nosotros, después lo vamos a hacer todos”, afirmó Juan, trabajador boliviano, micrófono en mano delante de la multitud. En diálogo con él, nos comentó jocoso “En la campaña estamos expresados casi todos los países latinoamericanos, creo que nos falta Guyana Francesa, nada mas. Las asambleas son buenísimas porque hay tonos de todos lados”. Además, agregó que “Nosotros empezamos a plantearnos de otra forma, estamos hablando de la necesidad de un paro migrante, el pedir que no nos discriminen, el acusar al otro de ser malo, realmente no funcionó. Mirá, todo lo que nosotros hacemos acá, todo lo que servimos, todo lo que aportamos en esta economía, en esta sociedad, eso se tiene que reconocer. Queremos ser parte de la discusión sobre la política migratoria”.

En una de las última intervenciones nos habló Chana del movimiento centroamericano “2 de Marzo”, organización formada a partir del asesinato de la militante feminista e indigenista Berta Cáceres en Honduras. Ella conforma el espacio “Ni una migrante menos” al interior del BTM: “Entendimos que hay una gran feminización de la migración a nivel latinoamericano y nosotras sufrimos bastante toda la discriminación y xenofobia, siendo nosotras las que estando a cargo de los cuidados, tenemos que acudir los hospitales públicos y las escuelas con nuestros hijos. Muchas compañeras no se están animando a ir a los hospitales por la situación discriminatoria, otras de interactuar con las docentes y directivos de los colegios”. Y sentenció que “Todo apunta a desorganizarnos como migrantes. No nos quieren echar, nosotros somos una parte importante de la producción nacional, nos quieren precarizar. Es un paquete neoliberal”.

Cerrado el evento, las columnas se desplegaron en una vuelta a toda la plaza Congreso, se marchó agridulce. Se sentía la alegría de ver como la cosa estaba creciendo, tomando voz y forma, haciéndose cada vez más grande. A veces las coincidencias atacan, será que cuando estamos hablando de una cosa, en realidad estamos hablando de todo. Esa misma tarde se sentenció la extradición a Chile del mapuche Fernando Jones Huala, en fin. Seguimos hablando de fronteras.

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El ministro de Trabajo de la Nación suspendió en dos oportunidades las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), pero las y los obreros decidieron votar igual y ratificar el mandato de la lista encabezada por Rafael Vargas, que se impuso por casi el 90%.

Tras la intervención del gremio de Canillitas, el Gobierno de Mauricio Macri tiene en la mira al SOEAIL. Las maniobras del trío conformado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el gobernador Gerardo Morales y el empresario genocida Carlos Pedro Blaquier buscan acabar con una de las organizaciones más combativas de Jujuy para imponer salarios de hambre, despedir a discreción y flexibilizar las condiciones de trabajo del sector.

Triaca inició su ofensiva interventora a mediados de junio, cuando suspendió las elecciones del SOEAIL y dejó con mandato vencido a la Comisión Directiva del gremio, encabezada por Rafael Vargas.

Fue entonces que los trabajadores convocaron a una asamblea, prorrogaron el mandato de sus autoridades y ratificaron a la Junta Electoral, que fijó el 6 de julio como nueva fecha para los comicios internos.

Las decisiones de la asamblea fueron desconocidas por la cartera de Triaca, pero la Junta Electoral decidió avanzar igual con la votación al entender que el ministro actuaba con un “afilado autoritarismo que no tiene nada que ver con el principio de legalidad” del organismo a su cargo.

A pesar de todos los obstáculos que puso la empresa para que el acto democrático no se desarrollara, más del 53% de las y los obreros azucareros pudieron llegar a las urnas para darle un contundente triunfo de la Lista Gris de Vargas, que obtuvo el 89,5% de los votos.

“Llevábamos más de dos semanas sin autoridades, con todo lo que eso significa, sobre todo para los 11.000 afiliados que tiene nuestra obra social. Es preocupante cómo el gobierno provincial y el de la nación dejan a todas esas personas en el aire, muchas de las cuales necesitan atención médica, derivaciones, intervenciones y medicación de VIH u oncológica”, dijo el secretario general del SOEAIL.

Vargas explicó que la embestida contra el gremio tiene que ver, por un lado, con el hecho de haberse “constituido como querellante en los casos de delitos de lesa humanidad que involucran a Blaquier”. El dueño del mayor ingenio del país fue la pata civil de la “Noche del Apagón”, cuando la dictadura secuestró a cuatrocientas personas en las localidades de Libertador, Calilegua y El Talar con los camiones y las listas negras aportadas por Ledesma. Desde 1976, 33 de esas víctimas continúan desaparecidas. El empresario fue imputado en 2012, pero tres años más tarde la Cámara Nacional de Casación Penal le otorgó “la falta de mérito”.

El otro motivo de los ataques al SOEAIL son las negociaciones salariales, luego de un 2016 en el que las y los trabajadores lograron resistir la feroz represión de Morales, la judicialización y las multas que le impusieron al gremio por más de 2 millones de pesos.

“Hoy estamos en plena paritaria y la patronal pretende dar un 20% de aumento en negro. Esto no sólo pasa en el Ingenio Ledesma, sino también en La Esperanza, El Tabacal y San Isidro, donde tenemos más de sesenta despedidos. Hay problemas en cada uno de los ingenios azucareros de Jujuy y Salta, y la pelea es dura porque la patronal tiene el poder político, la Justicia y el Ministerio de Trabajo para echar por tierra todas las mejoras salariales y condiciones de trabajo que hemos conseguido en los últimos años”, remarcó el dirigente.

Sobre una posible intervención, Vargas sostuvo que el SOEAIL continúa en “estado de alerta”, con una “permanencia pacífica día y noche” en la sede del gremio. El objetivo es evitar el mismo atropello que sufrieron los canillitas y otros trabajadores organizados del país.

“La unidad es el único camino posible para vencer el miedo que aplica el Gobierno junto a la patronal”, aseguró al referirse a la situación que se vive en su provincia desde que asumió Morales y encarceló a Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur.

“Ver a una referente como Milagro detenida de una forma totalmente arbitraria, sin garantías constitucionales, genera mucho miedo. Los dirigentes sociales, los que defienden a un sindicato, son los principales blancos de los gobernantes”.

El CELS advierte sobre un intento de intervención del sindicato de Ledesma

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) participó el jueves 6 de julio como veedor del proceso electoral del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA). En su web, el organismo publicó un artículo en el que denuncia “amenazas a la organización de los trabajadores”, describe que existe “un contexto de criminalización de la protesta y de la organización social en la provincia” y advierte que el Ministerio de Trabajo de la Nación podría intentar una intervención del SOEAIL.

La organización advierte que “frente al mandato cumplido de los dirigentes y las elecciones suspendidas de manera indefinida, el Ministerio podría ordenar la intervención del sindicato en virtud de una supuesta acefalía creada por sus propias demoras en resolver el expediente”, y recuerda que “así actuó recientemente en los casos de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera, del sindicato de judiciales de Mendoza y de vigiladores privados, utilizando el argumento de las “irregularidades eleccionarias”.

En el artículo se ocupan además de la situación de la obra social del SOEAIL, refiriendo que “la empresa Ledesma dejó de retener el porcentaje que corresponde a la obra social, con el propósito de desfinanciarla, y amenazó con solicitar a la Superintendencia de Servicios de Salud que ordene la intervención inmediata de la obra social”. Y agregan: “El conflicto se profundiza, además, en un contexto de negociación de paritarias a nivel nacional”.

A modo de conclusión, el CELS señala: “Los trabajadores del ingenio Ledesma vienen sufriendo distintos mecanismos de criminalización de la protesta y de la organización social”, y recuerda que “durante una protesta en el contexto de la negociación de paritarias de 2016, 80 trabajadores fueron heridos con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes por las fuerzas de seguridad provinciales. Luego, el gobernador Gerardo Morales activó la actuación de la justicia penal y contravencional contra el sindicato y contra su secretario general, Rafael Vargas. El sindicato fue multado y ocho dirigentes sindicales, dos asesores legales del sindicato y seis trabajadores fueron criminalizados”.

Ingenio La Esperanza (San Pedro-jujuy)

Con una masiva concurrencia, la Asamblea General convocada el miércoles 19 de julio por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro, Jujuy, (SOEA-CTA), dispuso un paro por tiempo indeterminado a partir del lunes pasado, en respaldo de sus demandas salariales y laborales.

“Fue, y lo sigue siendo, notable la gran preocupación de los trabajadores y la familia azucarera por todos los incumplimientos que se vienen produciendo desde que el Gobierno se hizo cargo del Ingenio La Esperanza”, afirma un comunicado gremial.
“Una vez más la familia dijo presente y es una clara muestra de que nadie nos va a pasar por encima, ni nadie quiere que se queden afuera más de 400 compañeros”, subraya la nota del sindicato enrolado en la Federación Azucarera Regional (FAR-CTA).

El malestar del sector de los trabajadores del ingenio azucarero está motivado por la falta de certezas respecto del futuro y por el reciente desplante que sufrieron por parte del titular de la cartera de Desarrollo Económico y Producción, según expresó Sergio Juárez, Secretario General del sindicato.

En ese sentido, detalló que el funcionario tuvo tiempo suficiente para llevarles algunas respuestas a las inquietudes planteadas (aguinaldo, indumentaria, etc.) durante la primera reunión y sin embargo no hay novedades al respecto. “Pasamos a un cuarto intermedio para el miércoles y tras cambiar el horario a último momento no se presentó. No se dignó a levantar el teléfono para avisarnos. Es una falta de respeto”, expresó.

Además, Sergio Juárez y Néstor Bautista, Secretario General y Secretario Gremial del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro, Jujuy, respectivamente, fueron citados al Centro Judicial de San Pedro de Jujuy el pasado 14 de julio, para tomar conocimiento de que la causa por la que fueron imputados, “Instigación a cometer delitos”, es llevada a juicio oral y público, lo que podría representar, bajo los términos del artículo 209 del Código Penal Argentino, de 2 a 6 años de prisión”, anuncia un comunicado gremial.

Despidos en el ingenio San Isidro (Salta)

El avance de las empresas contra las y los empleados azucareros del noroeste argentino parece ser contundente. A las presiones que se viven por estas horas en el Ingenio Ledesma y la situación crítica del Ingenio El Tabacal, se le suma el intento de cesantear personal en el ingenio San Isidro.

Según informaron desde el gremio, en el marco de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Salta, la multinacional peruana Grupo Gloria, dueña de la firma, anunció que habrá 30 despidos de personal efectivo de San Isidro, más la cesantía de 31 trabajadores eventuales.

El secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros de San Isidro, (SOEASI), Mariano Cuenca, anunció como respuesta un paro total de actividades para los días 6, 10, 13 y 17 de julio.

En 2014 y 2015 el sindicato del ingenio San Isidro evitó dos intentos de recortar el plantel de trabajadores. De acuerdo a lo que rememora el Soeasi, en aquel momento la compañía pretendió acabar con una centena de empleados en la calle, lo cual fue impedido por la movilización de los trabajadores, acompañada por la comunidad.

El ingenio San Isidro es una de las industrias del rubro que produce más bioetanol que ha resultado en una variante combustible económica y pretendidamente menos nociva para el ambiente. El gobierno de la nación le ha otorgado importancia a través del Plan Belgrano, que expresamente afirma la relevancia de potenciar la elaboración y venta del derivado de la caña. El proceso para generar el combustible está subsidiado por el Estado.

Paralelamente con esa situación promisoria, el documento del sindicato indica que la empresa recientemente erogó 90 millones de pesos en adquisición de nueva maquinaria. Pese a esos síntomas de solvencia económica, pretenden otorgar un 18% de aumento salarial y reabrir negociaciones recién en 2019. Los trabajadores solicitan que sus salarios trepen a 23.000 pesos por lo cual realizaron paros con asistencia a los lugares de trabajo los días 6, 10, 13 y 17 de julio.

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Desde el 16 de marzo y hasta el 24 de marzo, los pueblos originarios se han largado a la caminata por la ruta nacional N°9 con el objetivo de llevar su reclamo a la casa de gobierno de la capital jujeña. Si bien no fueron recibidos, presentaron una carta abierta para el gobierno y la sociedad.

La caminata fue de siete días: pasaron por las comunidades indígenas de Puna y Quebrada, donde fueron recibidos por distintas personas que abrazaban su causa y les brindaban hospedaje para descansar unas horas, así como alimentos y refrigerios. En cada pueblo al que entraban pedían permiso a la madre tierra, la pachamama, ofreciéndole hoja de coca, tabaco y alcohol; símbolos ancestrales de espiritualidad y respeto con la naturaleza. También realizaron constantes asambleas en cada comunidad a lo largo de la caminata para decidir cómo se continuaba día a día.

La Asamblea de los Pueblos Libres (como han decidido proclamarse, para diferenciarse de los indígenas que continúan sometidos y dominados por pequeños y grandes opresores locales y mundiales) del pueblito de Purmamarca, conocido por sus cerros de siete colores, determinó que el martes 21 de marzo harían un corte de ruta informativo para informar el motivo de la larga caminata. El corte se dio durante la mañana y tuvo una enorme repercusión, algo que los caminantes buscaban al saber que la única noticia que circulaba en Jujuy era la de que el Gobernador jujeño Gerardo Morales inauguraba la realización de “el plan Belgrano”, un tren que pretende llevar “el oro blanco” (el litio jujeño) al extranjero.

El corte de ruta ayudó a que se expandiera con más fuerza la protesta, a la que denominaron “marcha indígena” o “el malón indígena”, una marca histórica del pueblo jujeño.

El día 23, llegaron a la capital, a San Salvador de Jujuy. Con el mismo respeto que realza su cosmovisión andina, pidieron permiso a la mamita tierra, ofreciéndole los elementos necesarios que ella necesita para abrazar y fortalecer a sus hijos e hijas.

Más de cincuenta comunidades indígenas de Puna y Quebrada jujeña entraron a la ciudad agitando su máximo orgullo milenario: la wipala. Al sonido de instrumentos autóctonos y canciones al ritmo de coplas fusionadas con redoblantes, las y los caminantes expresaron un total descontento con el gobierno provincial, que va de la mano con el nacional. Sus pancartas, al igual que su petitorio, denunciaban la Mega Minería a cielo abierto, causante de sequías, derroche de agua, contaminación de ríos, aguas subterráneas, suelo y aire.

La nación Qolla no calló y se hizo ver y sentir en cada uno de sus legítimos derechos que son, a su vez, los derechos de todas y todos: los derechos de la vida, el agua y la armonía equilibrada con la naturaleza.

Frente a la casa de gobierno, se plantaron a pesar de las ordenanzas anti protesta y dijeron a viva voz: “Esta plaza es nuestra. Nuestros abuelos la fundaron y aquí nos quedaremos para que se nos escuche y nos vean, para que todos sepan que en la tierra de los 15000 años de historia las cosas no están tan bien como la muestran los gobernantes. Nos están matando y sacándonos de nuestros territorios, están comerciando nuestras tierras. No tenemos agua, tiran misiles antilluvia las minerías para sacar el litio. Si nos sacan nuestra mamacocha (agua), nos sacan la vida”. Un grito a viva voz por parte de quienes son los guardianes milenarios de nuestra casa.

El acto finalizó por la tarde. Ningún funcionario político gubernamental recibió a los caminantes, pero sí abundaba los policías del Gobernador Morales, quienes rodeaban el césped de la plaza para que ningún “indio protestón” se acostara o la pisara.

Ante este escenario irrespetuoso por parte del gobierno, la asamblea elaboró una carta abierta  para el gobernador y la sociedad en general. Invitaron a todas y todos los presentes a sumarse a la asamblea provincial que se realizará en abril, donde se reúnen los pueblos libres para continuar con este camino de lucha y resistencia uniendo a todos los seres que defienden la vida y son atropellados por políticas de esclavitud y destitución.

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Cien mil docentes marcharon en todo el país durante el que hubiera sido el primer día de clases. Mientras tanto, el Presidente inauguró el inicio del ciclo lectivo trunco en la provincia de Jujuy, donde ya se siente local. La palabra de un docente y la mirada de muchas y muchos más.

Es difícil poner en palabras lo que se sintió hoy en las calles de la Argentina, particularmente, y en nuestro caso, en el centro de Buenos Aires, donde se convocó la comunidad educativa no sólo para reclamar por la apertura de paritarias o defender la educación pública, sino para pararle la mano al gobierno de Cambiemos. Más que hablar de una movilización masiva, podríamos decir que fue contundente: con 70 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires, la marcha se extendía desde el Palacio Pizurno, en la calle Paraguay, hasta Congreso; esto es más de 10 cuadras repletas de gente, de familias, de trabajadoras y de trabajadores.

Movilización contundente decíamos ¿Por qué? ¿Solo por su número? Creemos que hace mucho no se veía una movilización tan terminante no solo en la cuestión cuantitativa, sino en la cuestión cualitativa. Creemos que en esto no es menor el rol que jugaron los gobiernos nacional y provinciales: desde el rechazo del ministro de Educación, Esteban Bullrich, a realizar la legítima apertura de paritarias, hasta las amenazas de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires de descontar los días de paro. Si a esto le sumamos el constante intento por deslegitimar la lucha docente con los grandes multimedios a la cabeza y el ejército de trolls que operan en la redes sociales, el resultado fue contrario, ya que el 85% de las y los docentes se plegaron al paro en todo el país.

Mientras el Presidente Macri intentaba tapar el sol con la mano, haciendo una puesta en escena de inauguración del ciclo lectivo en la provincia de Jujuy -donde el acatamiento a la huelga fue del 95%, por lo que superó la media nacional-, la que gobierna su aliado radical, Gerardo Morales, y donde elige presentarse cada vez que quiere huir del rechazo que se genera en CABA. Ese mismo rechazo que se vislumbró en las calles, en una movilización unitaria de todos los gremios docentes, tanto de privados como públicos, de organizaciones sociales, sectores estudiantiles y otros sectores de la clase trabajadora. En ese sentido, uno de los momentos más emotivos fue cuando la larga fila pasó por el Hotel recuperado Bauen, que ya es un símbolo, donde sus trabajadores y trabajadoras se asomaron por las ventanas, aplaudieron, saludaron, y cantaron con nosotras y nosotros mientras nos reconocíamos mutuamente.

Detrás del pedido del Presidente de que “vayamos por el camino de sentarnos en una mesa a dialogar”. Detrás de esa frase que repite mientras las decisiones de decretos y de silencios suelen ser unilaterales, recordemos algunos números concretos que enmarcaron este día: el gobierno ofreció un aumento del 18%, cuando el año pasado el sector docente tuvo una paritaria que cerró en 32% mientras que la inflación fue del 40% o más. Este año se prevé un 30% más de aumento, casi el doble del ofrecimiento gubernamental. Por eso es que las y los trabajadores de la educación piden entre un 35 y 40% de aumento. Además, se suma la defensa de la educación pública, en el marco de un gobierno que ya conocemos desde hace años en CABA y que se dedicó sistemáticamente a vaciarla, en beneficio de una educación privada y de elite. La falta de materiales, el mantenimiento edilicio y cuestiones curriculares son, también, reclamos que se suman desde hace años.

Hoy no fue un día más, mañana y pasado tampoco lo serán. En nuestra propia vida escolar hemos tenido momentos que nos marcan. Pruebas de fuego, enseñanzas cotidianas que no tuvieron que ver con contenidos académicos, sino de valores para una vida digna.

Hoy las clases no las dieron las y los voluntarios que agitaron las redes pero no pudieron detener el grito multitudinario. Hoy las clases las dimos las y los docentes en la calles. No sólo en lo que se refiere a la educación, sino en la movida contundente de parar los abusos, decretos y arremetidas de un gobierno neoliberal que busca correr los límites cada día.

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Con una condena a tres años de prisión en suspenso por un escrache al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se sienta un precedente peligroso para la protesta social. La cronista, creadora de la campaña fotográfica “Todxs somos Milagro”, cuenta sobre su experiencia en la cárcel y reflexiona sobre el fallo.

La dirigente social de la Túpac Amaru, Milagro Sala, fue condenada ayer a tres años de prisión en suspenso por el delito de “daños agravados”. El Tribunal Oral Federal 1 de Jujuy se expidió en el juicio donde estaba imputada por instigar a un escrache contra Gerardo Morales en 2009, cuando era senador de la Provincia.

El escrache en cuestión se trató de “huevazos” cuando Morales realizaba una presentación en el Consejo Superior de Ciencias Económicas y si bien Milagro Sala no estuvo allí, un testigo no presencial –René Arellano– presentado por la querella fue la prueba que se presentó. Arellano afirmaba que Sala los había mandado a apretar a Morales.

Además de la dirigente, se condenó a la cooperativista cooperativista Graciela López a la pena de 3 años y al cooperativista Ramón Salvatierra 2 años, como “coautores de daños agravados materiales”. La pena incluye también la orden de que realicen tres horas de trabajo comunitario semanal, en la institución Cáritas, lo cual parece hasta ridículo cuando se trata de referentes de una organización social reconocida nacionalmente.

Luego del fallo, que sienta un precedente para la protesta social y para el derecho a cuestionar a funcionarios y funcionarias por parte de las organizaciones sociales, Majo Malvares nos acercó unas reflexiones. A partir de la campaña fotográfica por la liberación de Milagro, a la que se sumaron artistas, periodistas, políticos y políticas, pudo conocerla en la cárcel y charlar con ella sobre su situación judicial. Palabras con el zoom de una cámara fotográfica.

“Molesta que los negros se hayan podido organizar”

Estamos ante un claro fallo del poder político de la Alianza de Cambiemos. Un gobernador en ejercicio dirige a la Justicia en un fallo que lo favorece. Por otro lado, los jueces mandaron a Milagro Sala a realizar trabajo comunitario. Justo a una persona que dedicó su vida a  la gente, a la comunidad, a ayudar al otro… eso demuestra el alto nivel de impunidad y de incoherencia con que se manejaron en este caso.

Es un escándalo por donde se mire: la condenaron a 3 años de prisión por un escrache del cual nunca formó parte; por unos huevazos que nunca tiró y basándose en un único testigo que nunca estuvo en el aquel supuesto escrache (y que, además, encima es empleado del gobierno de Jujuy; es decir, empleado de Morales desde hace unos pocos meses).

Hace poco tiempo atrás, junto a Gimena (coautora de la campaña fotográfica Todxs Somos Milagro) tuvimos la oportunidad de visitar San Salvador Jujuy y estar junto a ella en el penal. Allí charlamos de todo: sobre los tiempos que se avecinan y de cómo habíamos retrocedido en este año de gestión macrista. La vi muy fuerte y con muchas ganas de salir a defender los derechos que tanto nos costó conquistar. También pudimos recorrer el Barrio Alto Comedero,  del cual hicimos registro fotográfico y audiovisual.

Y fue muy doloroso ver cómo han vaciado y destruido las obras de la Túpac Amaru en perjuicio de la población que allí habita. Destruir, por ejemplo, la pileta donde las niñas y los niños se divertían y pasaban el verano. Morales no sólo se metió con Milagro, sino que se metió con los niños y las niñas que disfrutaban esa pileta en estas fechas con las altas temperaturas de Jujuy. Es muy claro que lo que le molesta a este Gobierno es que los negros se hayan podido organizar y hagan respetar sus derechos.

Ayer me llegó una carta de Milagro en la cual entre, otras cosas, agradece el gran esfuerzo que todos estamos haciendo por lograr su libertad. Dicha carta termina con un “Hasta la Victoria Siempre”, en un gesto que la sigue reflejando: nunca la queja, siempre con la frente en alto y dándole para adelante.

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Hace tres días, más de veinte movimientos sociales, encabezados por la Túpac Amaru y nucleados en la Red de Organizaciones Sociales, sostienen un acampe frente a la gobernación jujeña. Exigen iniciar un diálogo para mantener las reivindicaciones conquistadas por las cooperativas de trabajo.

A días de asumir su mandato, el gobernador Gerardo Morales planteó, en relación con las organizaciones territoriales jujeñas, que “no va a dialogar con los violentos”, que solo recibiría a los integrantes de las distintas cooperativas “sin intermediarios”; y propuso un “plan de transparencia” a través de la bancarización de los planes sociales. En este marco, solicitó el arribo de efectivos de la Gendarmería Nacional para controlar la protesta social.

El traslado de más de 150 gendarmes desde Santiago del Estero para reforzar el operativo de seguridad llegó a los titulares de los diarios nacionales debido al fallecimiento de 43 de ellos en la ruta 34 –a la altura de Rosario de la Frontera– en Salta. Marcha dialogó con Milagro Salas sobre la situación de las organizaciones sociales que sostienen el acampe.

¿Cuáles son los motivos del acampe?

Desde el momento en que Gerardo Morales ganó las elecciones hemos pedido dos veces audiencia en diferentes ocasiones, y lamentablemente lo único que hemos recibido de su parte son actos de violencia verbal hacia las organizaciones sociales que conforman la red. Hemos recibido amenazas de que nos sacan las cooperativas, de que no se van a entregar los bolsones navideños, que nos sacan la ayuda extraordinaria. Y además, que se quieren bancarizar las cooperativas. Y la verdad es que, a nosotros, eso no nos asusta porque venimos trabajando con la factura electrónica, y para poder tener la factura electrónica hay que tener al día todos los impuestos, así que estamos acostumbrados.

Pero nosotros decimos: si nos bancarizan a las 26 organizaciones sociales que están acá, tienen que bancarizar a todas las organizaciones, no sólo controlarnos a nosotros. Lo que pensamos es que el control tiene que ser igual para todos. Porque en el transcurso de este último mes, ellos han armado más de 600 cooperativas y entonces la intención es clara: sacarnos las obras a nosotros para dárselas a ellos. Nosotros decimos que si ellos tienen compromisos con lo que dijeron en la campaña, que les den a quien sea; ahora, que nosotros no seamos los que tenemos que pagar ese costo. Que vean cómo y de dónde sacan fondos.

Nosotros no vamos a permitir que nos saquen las guarderías. Entre todas las organizaciones sociales hay cerca de 300; no vamos a permitir que nos hagan cerrar los centros de salud; no vamos a permitir que nos hagan cerrar los centros deportivos. Tanto la Túpac Amaru como otras organizaciones sociales también tenemos escuelas secundarias y terciarias, y también nos dijo que nos iba a sacar el pago de los maestros.

Nosotros no vamos a dar un paso atrás, y no vamos  a permitir que nos saquen nada, por esto hemos pedido la audiencia.

¿Desde que comenzó el acampe y hasta ahora recibieron alguna respuesta?

No tenemos respuesta de nada, siguen violentándonos, diciendo que nosotros habíamos salido a cortar rutas y a saquear supermercados. Nada que ver. Por eso pedimos que no inventen y además quisiéramos recordarles que hace dos años, las organizaciones sociales que están acá fuimos a defender a los locales y comercios de la ciudad para que no fueran saqueados. Fuimos a defenderlos para que no les roben, en San Pedro, en Libertador, en Calilehua, en Monte Rico, entre otras localidades, y por supuesto acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Entonces cómo vamos ahora a querer organizar un saqueo… ¡eso es una locura!

Tiene obligaciones con nosotros y tiene que cumplirlas; así como nosotros tenemos obligaciones con el Estado y vamos a cumplirlas. Lo que sí, vuelvo a repetir: no vamos a permitir que nos vengan a sacar de la noche a la mañana todo lo que hemos logrado con la lucha en estos 16 años, con trabajo, con sacrificio, con acampes, con lucha en donde la policía muchas veces nos ha reprimido.

¿Qué significa el envío de 150 gendarmes que se trasladaban a la ciudad de Jujuy y qué se visibilizó a partir de la muerte de 43 hombres de estas fuerzas?

Primero, me solidarizo con la familia de cada uno de esos gendarmes. Lamentablemente, esto ha sido la imaginación de Gerardo Morales de inventar que la provincia estaba insegura y que por esto necesitaba urgente que vengan hombres para cuidar la provincia, no se sabe de qué. Acá en el acampe no hay piedra, no hay garrote, no hay capucha, no hay nada de lo que ellos quieren inculcarnos. En ningún lado se están cortando ruta, asi que la verdad es que se han pasado, han mentido de más.

Es más, en la localidad de San Pedro han despedido ya a personas, ha asumido un intendente radical y en el transcurso de la semana pasada y hoy han despedido 300 personas. Eso no es vivir en democracia. En la localidad de Monte Rico, donde también han ganado ellos, han despedido ya 200 personas, y están haciendo así en todas las localidades, cuando en la campaña habían prometido que no iban a despedir a nadie.

Lo que significan las 26 organizaciones sociales que están acá son 20 mil puestos de trabajo, no les podemos decir que van a ser despedidos.

¿Las 26 organizaciones que mencionás están articuladas de manera orgánica o es sólo por este acampe?

En Jujuy se ha creado la Red de Organizaciones Sociales, donde todos los compañeros están trabajando mancomunadamente. Se ha creadoporque por ahí a las organizaciones que somos las más grandes nos daban solo a nosotros. Y la Túpac Amaru considera que los compañeros que están con nosotros no son los únicos desocupados, sino que por ahí hay muchas otras organizaciones sociales que también tenían necesidad de tener trabajo, de comer, de tener un futuro mejor. Por eso comenzamos a hablar con los compañeros para hablar con las organizaciones sociales.

¿Y piensan sostener esta medida de lucha hasta obtener una respuesta?

Si, vamos a sostener la lucha, vamos a esperar que nos reciban hasta terminar esta semana. Si vemos que no pasa nada, la semana que viene vamos a empezar con la huelga de hambre, y estaremos hasta que nos reciban.

¿Qué perspectivas tienen desde la organización con la nueva gestión de gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial?

Yo creo que Macri tiene que cuidar lo que le heredó el kirchnerismo. Y lo que le heredó es trabajo, salud, educación, la Asignación Universal por Hijo, el plan Progresar, el Procrear, las pensiones… Todo lo que se adquirió durante los 12 años del kirchnerismo ellos tienen que garantizar que se sigan cumpliendo, y a su vez, cuidarse mucho con los famosos créditos que ya están pidiendo. Cristina les ha dejado un país sin deuda, y creo que si ellos duran 4 años o lo que sea que vayan a durar, tienen que dejar un país también sin deuda.

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