Finalizaron las audiencias testimoniales en el Juicio oral y público por la responsabilidad de los siete policías implicados en la desaparición y homicidio de Daniel Solano. Conversamos con Leandro Aparicio, uno de los abogados querellantes.

Las audiencias contra los siete policías comenzaron el 22 de febrero en los Tribunales de General Roca, provincia de Río Negro, ayer hubo indagatorias y la semana que viene serán los alegatos.

Daniel Solano era el trabajador que había llegado desde su Salta natal por tercer año consecutivo a trabajar en la cosecha de manzanas para Agrocosecha, una falsa cooperativa que tercerizaba su trabajo para la multinacional Univeg Expofrut en Lamarque, Río Negro. Daniel había reclamado por el mísero pago del viernes y el sábado siguiente, 5 de noviembre de 2011, al menos siete policías lo sacaron del boliche Macuba, lo golpearon, y lo llevaron inconsciente en dos autos.

El 19 de octubre de 2012, la Cámara Criminal Tercera de General Roca los había procesado con prisiones preventivas: a Sandro Berthe, Pablo Bender y Juan Francisco Barrera por “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”; a Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Alberto Quidel y Diego Vicente, como partícipes primarios de “privación ilegal de la libertad y homicidio agravado” y al oficial inspector Héctor César Martínez en carácter de partícipe secundario de los delitos de “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”. Sin embargo, estuvieron detenidos menos de cuatro años y hoy continúan en actividad y portando armas.

En el camino, su padre, Gualberto Solano, llegó a los pocos días y se quedó soportando el frío y esperando por una justicia que le fue esquiva: murió el 3 de abril pasado.

En la localidad de General Roca (Fiske Menuco, como la llaman sus habitantes), conversamos con Leandro Aparicio, uno de los abogados que lleva adelante la causa, sobre las novedades de las audiencias y las expectativas en que el poder judicial esté a la altura de las circunstancias.

–¿Qué balance hacen después de todos estos meses de audiencias?

Entiendo que ya hemos puesto toda la carne al asador;  habló el 95% de los testigos que han visto específicamente la sacada de Daniel del boliche hasta la camioneta, que eso es invariablemente lo que nos han dicho que tenemos que hacer referencia al objeto del juicio. Al revés que la Cenicienta, que termina a las 12 de la noche, nosotros empezamos después de las 12 de la noche para la Fiscalía y para el Juzgado; o sea que nosotros no podemos mirar para atrás: no podemos mirar para AgroCosecha, para las gamelas ni para ExpoFrut, tampoco el encubrimiento policial: en este juicio únicamente se ventila que en el homicidio están imputados esos siete policías, las otras causas están todas paralizadas.

Con lo que pudimos filmar en las audiencias, podemos tener una instancia internacional en la comisión para probar lo que está pasando acá, una cosa que no sólo diga y que quede muerta en un expediente. Así que por un lado estamos satisfechos de que se haya probado y ratificado lo que se dijo en primera instancia, por lo que se permitió detener en 2012 a estas siete personas, que sólo estuvieron detenidas tres años y medio, y que, no olvidemos, son policías, tienen armas y cobran sueldo.

–¿Cuáles consideran que fueron los testimonios más relevantes?

–El de Susana Solano, hermana de Daniel, fue muy importante, porque ella relata el rol de la empresa, de los patrones de Daniel, que la trajeron a ella desde Córdoba, que le dieron la plata, que le pusieron los abogados, hasta que llegó Sergio Heredia (el otro abogado, oriundo de Salta) y se pudrió todo: los echaron de la casa y no les dieron más apoyo.

Pudimos ver el rol de Martínez, que comandaba la brigada que investigó al principio, que estuvo detenido y está imputado y que sacó a Daniel del boliche, que le decía a Susana: “Todas las pruebas que te lleguen a dar me las tenés que dar a mí”.

El día que vinieron a declarar desde Salta Maira y Romina, primas de Daniel, fue también muy fuerte porque Barrera, otro de los imputados, las miró, se les burló, y al fotógrafo y periodista Gustavo Figueroa lo amenazó de muerte.

La satisfacción que tenemos es que probamos todo. Llegamos hasta donde pudimos con el cuerpo, el Jagüel (donde según testigos habían arrojado el cuerpo de Daniel) fue adulterado: tenemos los dos videos de agosto de 2015 y luego de 2018 y un pozo que estaba tapado, atado con alambre, pero no podía entrar nadie, estaba totalmente alterado… así que nos queda seguir insistiendo con eso. En la última conversación que tuvimos, el padre de Cristian (Bonin), Gualberto, Sergio y yo, nos dividimos en comisiones. Gualberto dijo que no quería venir acá, le dolía mucho venir al juicio, tener a estos tipos en frente, ver sus caras. Entonces él y Cristian se iban a hacer cargo del Jagüel y nosotros íbamos a estar acá en el juicio. No se pudo dar, fue muy duro que se muera Gualberto en el camino.

–¿Cómo sigue el Juicio y qué planes tienen a futuro como querella?

–Quedan los alegatos, que van a ser largos, pueden durar 3 o 5 días. Tampoco sabemos cuánto tiempo nos darán para hablar por día. Y después de esta sentencia, quedan las otras causas que ya veremos la estrategia. Por lo pronto lo que vamos a hacer después va a ser el tema del Jagüel, vaciarlo. Y después tenemos ya los resortes para denunciar a la provincia de Río Negro, aunque hagan cosas para desgastarnos.

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El viernes pasado la sentencia fue unánime y Jorge Villegas fue encontrado culpable de homicidio. Dialogamos con la abogada de la familia de Pablo y la Coordinadora Antirrepresiva 13 de enero.

En un fallo unánime, la Cámara Tercera determinó que Jorge Villegas, el policía que disparó desde muy corta distancia y asesinó a Pablo tuviera una pena de prisión perpetua por “Homicidio calificado por la calidad del autor y por la utilización de arma de fuego” y  la “inhabilitación especial por el termino de diez años para ejercer cargos en fuerzas públicas policiales y-o de seguridad”, según puede leerse en la sentencia.

Victoria Naffa es la abogada de la familia de Pablo y representó a su madre, María del Carmen Ñancufil, como querellante. Marcha conversó con ella para conocer algunas impresiones de la sentencia: “No podemos decir que estamos contentos o felices por el resultado, porque no estaríamos acá si no hubiesen matado a Pablo. Pero sí estamos conformes porque se sentó un precedente importante en la provincia de Río Negro. Es el primer caso que se condena a perpetua en esta primera instancia de juicio oral”, explicó Naffa.

Por su parte, desde la “Coordinadora Antirrepresiva 13 de enero – Fiske Menuco”, quienes vienen trabajando en conjunto con la familia y sosteniendo la lucha codo a codo, agregaron en una detallada crónica: “El fallo reconoce que Villegas asesinó a Pablo en cumplimiento de sus funciones (‘En el caso de autos, resultó acreditado que Villegas, aun encontrándose en uso de licencia, utilizó el arma reglamentaria provista por la institución policial de la provincia para dar muerte a Pablo Vera´)”. Se trata de otro precedente importante para la oscura historia policial de la provincia de Río Negro, ya que “el Estado Rionegrino obliga con sus leyes a que los policías porten el arma las 24 horas,  y a que hagan uso de ese arma cuando lo consideren oportuno”. “Por lo que pese a estar de licencia, a la hora del día, a la portación o no de un uniforme, cuando un policía mata, el que apunta es el Estado”, concluyen desde el informe.

Una bala y una policía que teje complicidades

Recordemos que el 25 de septiembre de 2014, a las 6 de la mañana, el policía Villegas había matado de un tiro en la nuca a Pablo, de 23 años. Su justificación inicial fue que Pablo estaba adentro de su auto e intentaba robarlo. Después de más de un año se pudo llegar a este juicio. En el medio, hubo miles de trabas para poder acusarlo, cientos de mentiras, decenas de encubridores vestidos de uniformes, y una familia que nunca bajó los brazos, más allá de amenazas, encarcelamientos y torturas. “Si no encaramos esto no había nadie que lo hiciera, mi vieja está muy triste pero quiere llegar hasta el final. El miedo siempre está pero llegamos a esta instancia por Pablo”, le habían dicho los hermanos a Marcha.

Por eso este fallo es importante para la familia y quienes acompañaron, pero también apuntó al corazón de una Provincia que cuenta con policías avalados por la justicia y por parte de la sociedad: por ejemplo, es uno de los pocos lugares donde se han presenciado marchas a favor de policías acusados de asesinato, tanto en este caso por las calles de General Roca, como en el caso del trabajador desaparecido en noviembre de 2011 en Choele Choel, Daniel Solano. Por todo esto, afirma la abogada Naffa: “En este sentido este fallo rompe de alguna manera con este mensaje de impunidad y con este entramado policial-judicial en hechos que involucran violación a derechos humanos por parte de efectivos policiales”.

Respecto de la prisión de Villegas, Naffia explicó que “el Juzgado dispuso la detención, pero dejó su instrumentalización a la Jefatura de la Provincia de Río Negro, quien dispuso que Villegas se alojara en el establecimiento del COER, un espacio gobernado por la propia policía, que no es una unidad de detención y donde sin duda alguna se le dará un alojamiento de privilegio”. En ese sentido, opina: “Esperemos que se normalice la situación y se le de el tratamiento que corresponde”.

Una familia que no bajó los brazos

La familia de Pablo salió desde un principio, con las herramientas que tenía, a decir en la calle y frente a los Tribunales su verdad. Contó después con el apoyo de la Coordinadora 13 de enero y con tantas compañeras y compañeros que se fueron sumando al reclamo. En ese marco, también estuvieron acompañando Leo Santillán, hermano de Darío Santillán, asesinado por la policía el 26 de junio de 2002, y Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, secuestrado y asesinado por la policía bonaerense en 2007. Y, por supuesto, la inmensa Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, junto a cada causa que la convoque.

También recordó que la familia tuvo que atravesar por estigmatizaciones, dilaciones por parte de la Justicia e incluso torturas por parte del poder policial, “y cómo el Poder Judicial se encargó de judicializar su reclamo y dejar impune la represión y las torturas”. Por eso, afirma: “Es difícil en este contexto salir a luchar contra todo ese aparato, y eso hace que la perpetua lograda sea realmente valiosa para futuras luchas”.

Todas las voces de encargaron de poner este “pequeño triunfo” en perspectiva. De recordar que estos son casos con nombres y apellidos, en este caso Pablo Alejandro Vera, pero que representan las batallas cotidianas que familiares, amigos y amigas, militantes, coordinadoras antirrepresivas y organizaciones de derechos humanos enfrentan cada vez que un policía mata a un pibe o una piba con su arma reglamentaria y el poder que le otorga el Estado.

Recordemos que, hace unos días, la misma familia de Pablo nos había expresado: “Hacemos todo esto para que no se vuelva a matar a los pibes o que si pasa salgan a pedir justicia y para que no los ensucien más”. Se trata de sentar precedentes, de seguir construyendo juntas y juntos y de, como dicen desde la Coordinadora 13 de enero: “Sabiéndonos parte de esta correlación de fuerzas y de que podemos cambiar la historia, no callaremos”.

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