Por Redacción Marcha / Foto: Archivo

La familia de Alfredo Cuellar enfrenta una nueva amenaza de desalojo forzoso en la Ciudad de Buenos Aires. Con una orden judicial ya dictada y habiendo recibido dos notificaciones, se encuentran bajo el riesgo inminente de ser expulsados de su vivienda en Raulet 62 en el barrio de Parque Patricios, donde la familia reside hace más 50 años.

La medida fue firmada por el Juez Ramiro Güiraldes, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 35, en el marco de la causa “Basset Úrsula Cristina contra Alfredo Severo Cuellar y otros s/Desalojo (Expte N° 53.952/2022).

La oficial de Justicia se niega a recibir a Cuellar y a informarle la fecha concreta del lanzamiento, lo que mantiene a la familia en una situación de incertidumbre absoluta: “Tengo el desalojo en puerta,“No tengo el día exacto, pero que en cualquier momento pueden caer” asegura el padre de la China. En la casa vive Alfredo con sus hijas y sus nietos, niñas y niños que asisten a la escuela pública y para quienes el desalojo no sólo signifciaría la pérdida del techo familiar, sino también la interrupción de su vida escolar y su entorno comunitario.

La situación judicial de Alfredo está profundamente atravesada por el hostigamiento y la persecución política que sufre desde hace más de una década, cuando comenzó a denunciar el asesinato de su hija Florencia “La China” Cuellar, a manos del Servicio Penitenciario Federal.

“¿Cuál es el motivo por el que tengo que seguir resistiendo?”, se pregunta Alfredo, al tiempo que denuncia que quienes buscan desalojarlo no pueden acreditar la propiedad del inmueble.También pone en duda la autenticidad de la documentación presentada en la causa: “En realidad no es así”, afirma. El reclamo es tan básico como ser escuchado por quienes toman las decisiones y que se respeten los derechos de las infancias que viven en la casa: “Si al menos me pueden aguantar hasta que terminen el colegio mis nietos”.

Una asamblea contra el desalojo

El miércoles 15 por la tarde noche en las calles de Parque Patricios se realizó una asamblea contra el desalojo de Alfredo y su familia por parte del poder judicial y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Bajo la consigna “La calle no es un lugar para vivir”, vecinos y personas solidarias con su lucha analizaron diferentes estrategias para resistir y enfrentar esta nueva situación de persecución y despojo que ya tuvo episodios previos.

“La policía entró a mi domicilio y rompió recuerdos que tenía de mi hija”. Con este relato Alfredo contó que, a pesar de no haber sido escuchado para argumentar sobre su situación de vivienda ni haber visto los documentos que acrediten el motivo por el que pretenden expulsarlo a él y a su familia de la casa que habita hace décadas, la Policía de la Ciudad irrumpió en la morada, los amenazó aun en la presencia de niñeces y destruyó bienes y mobiliario. Pero sobre todo “rompieron fotos de mi hija que eran de una muestra”, aseguró.

“No estamos todas, faltan las presas”

Alfredo Cuellar es un padre que reclama por el esclarecimiento de la muerte de su hija, “la China”, asesinada el 23 de diciembre de 2012 en la Unidad Penitenciaria IV de Ezeiza. En estos años, y a pesar de haberse entrevistado con altos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, nunca recibió la confirmación de parte de la fuerza de custodia de las causas de la muerte de su hija; incluso pretendieron obligarlo a firmar que fue un suicidio.

Alfredo se convirtió, a regañadientes, en un luchador contra la violencia institucional y por los Derechos Humanos. Fue secuestrado, sus hijos perseguidos por la justicia y la policía, y ahora enfrenta una nueva amenaza por desalojo contra su lucha en la búsqueda de memoria y verdad. Fue en mayo de 2013 cuando fue secuestrado, en Parque Patricios, por cuatro sujetos que lo introdujeron a un auto y le proporcionaron golpes a la altura de los riñones -lo cual le ocasionó escoriaciones en los vasos- y lo amenazaron con tirarlo al Riachuelo y hacerlo desaparecer si no se dejaba de joder con el asunto de la China.

Sus denuncias además causaron que, en septiembre de 2013, el jefe de la Unidad IV, prefecto Juan Montenegro, fuera desplazado de su cargo y pasado a disponibilidad por maltratos a partir de un informe de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. El alejamiento de Montenegro fue dispuesto por el entonces director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, tras indicarse que, durante la visita de un grupo de jueces encabezados por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, “se constataron rastros de maltrato en al menos dos internas materializados en golpes, suministro excesivo de fármacos psiquiátricos y aislamientos en celdas individuales”. Fue una evidencia de las torturas.

Desde entonces, siempre estuvo acompañado de la solidaridad de muchas personas, familiares y amistades de víctimas de la violencia institucional y los abusos de poder. “Las pibas que mueren en las cárceles son las que luchan, las que protestan, las que constantemente están reclamando por sus derechos. Las eliminan porque es una forma de reafirmar quiénes son los que mandan. Y esto también es represión en democracia”, dice.

Entre 2009 y 2012 fueron halladas sin vida nueve mujeres en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. Entonces, era la cantidad total de las muertes de mujeres en prisiones federales. Seis de ellas fueron “colgadas”, dos asfixiadas y de una no se conocen detalles de su muerte. Ninguno de los fallecimientos fue esclarecido. Alfredo Cuellar puso cuerpo y voz a la búsqueda por verdad y sobre todo memoria de todas ellas y generó dos hitos de proclama en el ala más combativa del movimiento de mujeres y feminista del país: “Ni una menos también en las cárceles” y el “No estamos todas, faltan las presas”. Así es.

Archivo: https://marcha.org.ar/tag/china-cuellar/

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Por Ludmila Ferrer y Laura Salomé Canteros / Foto: Rocío Prim

Militantes feministas se acercaron este mediodía a la jefatura de Gobierno porteño, en el barrio de Barracas, para hacer un pañuelazo y presentar un pedido de información sobre una supuesta línea 0800 VIDA que conectaría a personas gestantes que quieren continuar su embarazo con ONGs antiderechos. Además, solicitaron una audiencia con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Salud, Fernán Quirós.

Pedido de audiencia y pañuelazo en Uspallata

“Estuvimos hoy a las doce del mediodía en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para entregar una nota de pedido de audiencia al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Salud, Fernán Quirós, manifestando la preocupación por el 0800 Vida, que difundió en redes Cynhtia Hotton”, contó Agustina Vidales Agüero, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“Si no tenemos respuesta, vamos a insistir, vamos a llevar otra nota la semana que viene y así hasta que nos reciban. Esta es una primera acción, van a seguir otras”, aseguró Vidales Agüero.  

El pedido de audiencia está firmado por la Campaña y por las Redes federales de Docentes y de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y está integrada por miles de firmas y el acompañamiento de decenas de colectivas y organizaciones que acompañaron la sanción de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

Se basa, según consta en la nota, en “la preocupación de la ciudadanía ante la promoción y ejecución de una línea telefónica denominada 0800 vida, con el fin de implementar la Ley 27.611, conocida como Ley de los 1.000 días, para la atención integral del embarazo y de la primera infancia en los hospitales públicos de la Ciudad”. Es además un pedido de información oficial sobre el convenio anunciado en redes y medios que involucra el Ministerio de Salud porteño y el Consejo Económico y Social, encabezado por Hotton.

“Esta es una movida política por las elecciones”, refirió la militante feminista acerca del 0800 promocionado por la vocera antiderechos. “Es un intento mediático pero hay que salir a pararlo”, convocó.

De qué se trata el 0800 antiderechos

El pasado 6 de abril, Hotton publicó en sus redes sociales un video junto a Quirós en el que celebraba que para el cumplimiento de la llamada Ley de los 1.000 Días, los hospitales públicos de la Ciudad tendrían cartelería con una línea telefónica para asistir a personas que quieran seguir adelante con su embarazo y se encuentren en una situación vulnerable.

Sin embargo, el 0800 que figura en los afiches pertenece a la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, creada en 2018 al calor del debate por la legalización del aborto y gestionada principalmente por la organización Fundación Vida en Familia. La Red cuenta también con el apoyo de otras organizaciones antiderechos como ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas), lobbista en contra de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Esta línea telefónica, según el sitio web de la Red, busca asistir a mujeres con “embarazos inesperados” porque “el 85% de las mujeres que tienen un embarazo inesperado al recibir acompañamiento y contención deciden continuar con su embarazo”. Entre los servicios que ofrece se encuentran: “acompañamiento social y emocional”; “asesoramiento médico y legal” y “contención psicológica y espiritual”.

La iniciativa en la memoria militante

No es nueva ni poco conocida por quienes militan el territorio de la ciudad de Buenos Aires, la estrategia primero macrista y luego larretista, de tercerizar en organizaciones no gubernamentales antiderechos o religiosas obligaciones que son institucionales.

“Las docentes recordamos que intentaron brindar una capacitación con madres sobre la fortaleza de estar embarazadas”, declaró Renata Vismara, integrante de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto. “También intentaron hace años brindar talleres de Educación Sexual Integral con profesoras que eran de religión evangelista”, agregó.

“Esto es una estrategia electoral”, coincidió, Carolina Comaleras, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, quien recordó que en años anteriores, a partir de la presión feminista se logró desarticular un precedente a esta iniciativa: “es el mismo 0800 de un convenio similar con firma del ex secretario de la SENAF, Gabriel Castelli, y el Ministerio de Desarrollo Social de la CABA, a cargo de Carolina Stanley, que otorgaba un monto muy importante de dinero a esta misma red de contención”.

11 años atrás, Hotton ya intentaba controlar los cuerpos hablando sobre “mujeres con embarazos en conflicto”; y basaba sus intervenciones parlamentarias afirmando que su posicionamiento político contrario al derecho a la soberanía sobre el cuerpo territorio no está basado en su “fe religiosa” y exigió “respeto” ya que estaba hablando “desligada de sus convicciones”. Era en noviembre de 2011, mientras se acordaba de forma transversal y federal avanzar con el debate rumbo a la que es hoy la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Es la forma que encontraba Cynthia Hotton para oponerse a uno de los debates más democratizadores no solo de la política, disciplina de la que cobra hace más de 20 años, sino también de la sociedad.

“Todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que se enfrentan a un embarazo inesperado saben que pueden continuar con el embarazo”, retomó Comaleras, “el Ministerio de Salud de la Nación, el organismo de implementación de la 27.611 reúne todos los requisitos para brindarles apoyo y herramientas. No es necesaria una red de contención como quieren simular”, finalizó.

Justamente, la semana pasada, con la frase “las docentes también abortamos”, la Red de Docentes de la CABA informó en redes sociales que avanzó junto a la principal obra social de la ciudad, en la apertura del Consultorio IVE para sus afiliadas y afiliades en el sanatorio Julio Méndez, en cumplimiento de la Ley 27.610 y a través de las consultas en el mail: consultorioive@obsba.org.ar 

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Por Jenny Durán

Cynthia Hotton es una operadora política del campo religioso, más precisamente, del culto evangelista que explotó en Argentina a partir de la década de los 90´, con la presencia de pastores en los recién privatizados canales de televisión y la implantación de las iglesias pentecostales en barrios populares.

Hotton logró ser una referente del conservadurismo religioso desde su ingreso a la Cámara de Diputados en 2007. Su iniciación a la política partidaria lo hace de la mano del partido Recrear de López Murphy, partido con el cual, su padre, Arturo Hotton, con fuerte raigambre en la comunidad religiosa, miembro de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y diplomático de carrera, se postuló como candidato a vice gobernador en 2003, con Hernán Lombardi como gobernador.

Desde ese mismo partido, Cynthia Hotton fue candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en 2003 y 2005 sin mover el amperímetro. Hasta que es propuesta como candidata a diputada nacional por CABA en las elecciones de 2007 en alianza con el PRO. Federico Pinedo fue quien encabezó la lista, que para cumplir con la ley de cupo, tenía que ser secundado por  una mujer. Además, fue una elección con fuertes figuras femeninas como candidatas a primeras mandatarias: Elisa Carrió y Cristina Fernández de Kirchner, quien resultó electa por primera vez como presidenta, duplicando en votos a su adversaria.

Hotton llevó su agenda a la política como una “misión religiosa”. Su gestión en la Cámara de Diputados fue inaugurada con un proyecto de declaración de interés del Festival “Sí a la Vida Buenos Aires 2008”, a cargo del predicador evangelista Luis Palau –con quien empezó a predicar Hotton padre a sus 19 años- en la que estuvo presente el entonces jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri.

El periodo en que se desempeñó como legisladora comprende un momento político con  importantes debates de proyectos que conforman el relato kirchnerista. Votó negativamente la reglamentación de la resolución 125, la estatización de Aerolíneas Argentinas y la creación del Sistema Integrado de Pensiones de Argentina (SIPA) -que convierte los fondos provisionales en públicos-. Es más, se la vio marchando a favor de las AFJP en el momento del anuncio del proyecto, junto a “autoconvocados” acompañados por algunos representantes de la llamada mesa de enlace.

Siempre empecinada con su cruzada es en pos de “una familia con mamá y papá” y lo biológico como factor unívoco de la sexualidad se le escuchó decir “Soy mujer con ovarios. Soy femenina, soy natural, orgullosamente mujer y agradecida a Dios por ello”.  En tanto que una de las iniciativas que la tiene como firmante declara al “útero de la mujer y sus órganos como ambiente protegido” para garantizar la reproducción de la especie. 

En su rol de diputada, Hotton se erigió como representante del lobby de sectores conservadores de las iglesias. Se posicionó contra el proyecto de muerte digna y fertilización asistida con argumentos más terrenales que religiosos en base a  la noción de que se es persona desde la concepción y quiénes tienen derechos sobre la vida. Sus declaraciones se basan en interpretaciones sobre pactos internacionales, que los propios representantes de los organismos de Derechos Humanos y juristas locales se encargaron de aclarar y corregir en diversos debates en base al carácter jurídico de la persona, la autonomía y el consentimiento informado, entre otros atributos que contemplan los tratados de derechos humanos.

En su performance como legisladora demostró ser una antiderechos de toda la cancha. Se abstuvo cuando se votó la Ley de marco regulatorio a las empresas de medicina privada; estuvo ausente –aunque sí participó de la sesión- cuando se votó el Régimen para personas empleadas de casas particulares. Votó negativamente el desafuero del genocida Patti. Votó contra la jerarquización del Banco Nacional de Datos Genéticos que determinó su ámbito de actuación como organismo autónomo y autárquico; contra de la modificación de la Ley 25.323 para cobrar en igual término las indemnizaciones laborales en caso de trabajo no registrado, se pronunció en contra del informe “Papel Prensa, la verdad”.

Lobby y rosca de la derecha 

Por desacuerdos con el macrismo en la incorporación a las listas de candidatos de su culto decidió en 2009 apartarse del bloque PRO y creó el unipersonal “Valores para mi país”. La no pertenencia al bloque PRO le permitió jugar más abiertamente con otros bloques y empezar a hablar de la necesidad del pluripartidismo, una estrategia en función de acercarse a otros sectores del Congreso. Es conocida la relación con Julio Cobos durante el “no positivo” del entonces vicepresidente, corrieron maratones juntos, lo promovió en sus apariciones mediáticas como presidente en 2011, elección en la que CFK acuñó el 54 %.

En 2010 presentó el proyecto de “Libertad Religiosa”, a partir del cual se crea el Registro Nacional de Confesiones Religiosas para iglesias y comunidades de fe. Con este proyecto, Hotton, lleva a la Cámara de Diputados a diferentes representantes de confederaciones religiosas, en un intento de demostrar su poder de convocatoria de estas entidades en el ámbito político. Esta iniciativa nunca prosperó. 

También hizo tándem con Liliana Negre de Alonso, senadora del Opus Dei, amiga del ex obispo castrense Antonio Basseoto, quien en un acto en el Senado dijo directamente “nuestros enemigos son la ONU, la OEA, el Parlamento y la Comisión Europea… tenemos que verlos como enfermos a los que hay que extirparles el cáncer”. Tándem que marca la alianza de las iglesias a favor de la “familia cristiana”. El símbolo y basamento natural de la sociedad que históricamente fue defendido por el catolicismo, encontró una coalición más amplia que va a movilizar a distintos sectores confesionales.

Sin embargo, el estilo Hotton no es tan agresivo ni directo, es más acomodaticio según quienes sean sus interlocutores. Aprendió durante su mandato como diputada que debía ser cuidadosa con su prédica religiosa en algunos escenarios. En sus primeros años de mandato sí empuñaba la doctrina: “La política necesita compasión y los evangélicos tenemos mucha para dar”. 

Durante su discurso en la sesión para ratificar la medida 125 recurrió a una reflexión bíblica para pedirle a las y los diputados que no se aparten de la ley de Dios: “Dios le dio un simple consejo que voy a leer…¨Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que te mandé. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra¨. Luego fue bajando su tono devoto. “No digo que soy evangélica en el recinto pero todos lo saben, pero por ejemplo yo tengo muy buen diálogo con todos los diputados”. 

Redentora

Una mujer que se formó desde chica entre la política, la carrera diplomática y la superestructura religiosa plantea que su espacio es apartidario, desideologizado, quiere ser puente, diálogo, traer a la política valores y principalmente unir a quienes estén a favor de la vida y la familia tradicional. Hotton tomó como caballito de batalla la agenda social para ir en contra de leyes y derechos ciudadanos desde los propios dispositivos de la producción de derechos: la política y la movilización.

“…La única forma para sacar adelante la situación del país es aportar valores cristianos. Porque creemos que la solución a la decencia de la Argentina necesita que nos movilicemos… Yo me veo en donde Dios me ponga”, dice en un reportaje tras haber mostrado una depreciada performance en 2019 cuando compitió como vicepresidenta en las elecciones presidenciales -junto al carapintada Gómez Centurión- sacando un 1,71% de los sufragios totales.

Con su remachada prédica de los valores como la honestidad y la transparencia, vuelve a acercarse al PRO en un año electoral. Hoy insiste con una línea 0800 para “acompañamiento a la mujer con embarazo inesperado” a través de un Consejo Social que cerró con Rodríguez Larreta. Esta política de tercerización emula un proyecto de ley de la diputada María Casselles que acompañó con su firma en 2008, para crear un “Centro de Atención Telefónica y web SI A LA VIDA” con el fin de convencer a mujeres y niñas que continúen el embarazo.

De la mano de proyectos que no solo limitan, avasallan derechos y hacen utilización espuria de leyes, aparece en espacios institucionales para tener un escenario desde dónde competir electoralmente. Hotton le da a Larreta algo a cambio: una plataforma de organizaciones de fe, con quienes opera desde hace muchos años, acuñando su papel de redentora de la práctica política terrenal y corrompida.

En el acto de anuncio del Consejo Social de CABA, el pasado 10 de marzo, el autoproclamado presidenciable, Horacio Rodríguez Larreta presenta a Hotton como outsider de la política, límpida, transparente: “Ustedes siguen propagando la fe y los valores de la familia en cada rincón de la Ciudad y el país, dando cátedra de sus valores, de su cercanía, de su honestidad, de su altruismo para dar todo por el otro sin esperar nada a cambio”. Ni outsider, ni transparente, ni altruista, con la mirada puesta en el supuesto voto evangélico, los valores que proclaman con este acuerdo es la tercerización de las políticas públicas en ONGs que llevan adelante acciones de beneficencia a cambio de la adherencia a un dogma moral. Nada de garantía de derechos. Un pacto liberal que echa por tierra cualquier responsabilidad del Estado.

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“El objeto artesanal guarda impresas,

real o metafóricamente,

las huellas digitales del que lo hizo”

Octavio Paz

Los artesanos y artesanas de la calle Defensa, del barrio porteño de San Telmo, siguen sin poder trabajar. Se cumplieron más de dos meses desde que el Gobierno de la Ciudad los desalojó, policía mediante, de la histórica feria. Cerca de 300 familias se quedaron sin esa fuente de sustento.

El patrón de los adoquines de la calle Defensa se ve interrumpido por carteles que recuerdan que hace no mucho tiempo hubo un puesto en ese lugar. Lo que alguna vez fue la histórica feria de San Telmo se ha convertido en un desfiladero de policías y funcionarios públicos. Los y las artesanas, que durante más de 10 años llenaron de vitalidad las calles del barrio porteño, no se resignan a aceptar la decisión unilateral del Gobierno de la Ciudad y también se les puede ver por todos lados: marchando todos los domingos, fiscalizando los puestos afectados, llenando de música el ambiente, haciendo intervenciones artísticas. Exigiendo, de todas las maneras posibles, que las y los dejen volver a trabajar.

El conflicto surgió el 13 de enero de este año, cuando a los y las artesanas de la cooperativa El Adoquín, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Gobierno de la Ciudad (GCBA) les ofreció 220 permisos de trabajo sobre la calle Defensa al 700. El reconocimiento del trabajo artesanal como una actividad comercial legítima es un derecho que vienen reclamando desde que la feria de San Telmo se estableció hace 12 años. Lo que no les dijeron a las y los miembros de El Adoquín es que los permisos obtenidos eran sobre los lugares de trabajo de los y las artesanas de Defensa al 700, que se encontraban por fuera de la cooperativa y del arreglo. El Gobierno de la Ciudad pretendía que las y los miembros de la cooperativa usurparan el lugar de otros trabajadores y trabajadoras. Engañados, pero con la dignidad intacta, las y los trabajadores de la calle Defensa al 800, 900 y 1000 se rehusaron a ocupar los puestos de otros compañeros y compañeras. La cooperativa se fracturó y buena parte de sus integrantes se retiraron y formaron Artesanxs Unidxs de la calle Defensa.

Desde ese domingo, las cuatro cuadras de la calle Defensa, entre Chile y Carlos Calvo, se encuentran ocupadas por fuerzas policiales que amenazan e impiden trabajar a artesanos/as, artistas y músicos/as. Las únicas personas habilitadas se encuentran sobre la calle Chile, esquina Defensa, custodiadas por fuerzas policiales y un patrullero. Se trata de quienes se quedaron en la cooperativa El Adoquín, presidida por Gabriela Olguín, escrachada en numerosos carteles a lo largo de las calles, acusada de traidora y de que era plenamente consciente del acuerdo que había firmado.

Confianza legítima

86 artesanos y artesanas de la calle Defensa al 700, que nunca formaron parte de la cooperativa, presentaron una acción de amparo contra el GCBA ante el Juzgado N°1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. El pedido es claro: la nulidad de la disposición N°10/DGFER del 9 de enero, es decir, la resolución del Gobierno de la Ciudad, dictada por el Director General de Ferias, Carlos Gabriel Kuasñosky Somozala, que otorgó los 220 permisos precarios sobre la calle Defensa entre el 701 y el 799.

El 31 de enero, la primera jueza actuante, Patricia G. López Vergara, tuvo definiciones contundentes en relación al conflicto. Defendió la noción de espacio público como el lugar de “lo común, de la cultura y la política común”, un “lugar de materialización de las relaciones sociales y la expresión colectiva”. Su concepción de las calles y las plazas como un punto de encuentro nodal en la construcción de la identidad ciudadana y de la expresión comunitaria respalda el reclamo de los y las artesanas, que defienden no solamente su lugar de trabajo, sino también la identidad cultural del barrio de San Telmo y el ejercicio pleno del derecho a la Ciudad.

Además de remarcar la acuciante necesidad de trabajar en un contexto de asfixia económica en todo el país (desde el 13 de enero que la mayoría de los y las trabajadoras de la feria no pueden vender sus artesanías), la jueza López Vergara instó al Gobierno de la Ciudad a brindar una solución real al conflicto, apelando al principio jurídico de “confianza legítima”. Marcha dialogó al respecto con el defensor público Ramiro Dos Santos, de la Defensoría General adjunta Nº5, encargado de presentar el amparo en el que se sumaron las y los 117 artesanos que integran Artesanxs Unidxs de la calle Defensa, quienes durante 12 años trabajaron entre Defensa al 800 y el 1000.

“Hay una cuestión técnica que se llama ‘confianza legítima’, que es que cuando durante muchos años el Estado reconoció o permitió una actividad, no puede de un día para el otro desconocerla. Eso pasó en las cuadras del 800, 900 y 1000. Después de más de 10 años de estar trabajando ahí, de un día para el otro los desalojaron violentamente. A esto se suman las normas de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que protegen el derecho a la cultura, a las actividades culturales, a la identidad cultural de los barrios. Todas esas manifestaciones culturales y artísticas están protegidas por la Constitución”.

Las dos presentaciones son complementarias, ambos abogados buscan lo mismo: que les den permiso para trabajar a los artesanos, artesanas y manualistas que están hace 12 años. La causa ahora se encuentra en manos de la jueza Romina Tesone, titular del Juzgado Nº1 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, que sigue una línea muy similar a la jueza López Vergara y que dictaminó hace dos semanas que el Gobierno de la Ciudad tiene que plantear una propuesta superadora para que todas y todos los artesanos puedan trabajar.

Desde el gobierno se niegan a revisar la disposición que dio origen al problema, los permisos para la cooperativa El Adoquín. “Por lo pronto, estamos en una etapa de conciliación, tratando de acercar las partes y que el Gobierno haga alguna propuesta superadora. Los artesanos no quieren tener permiso en cualquier lado. Quieren los permisos donde venían trabajando, donde ya los conocen, donde ya se organizaron. Les ofrecieron a algunos otras cuadras pero esa solución no es aceptable porque no respeta su historia.”, puntualizó Dos Santos.

Para dimensionar la falta de voluntad del Gobierno, una de las propuestas es trasladar a los y las artesanas que rompieron con El Adoquín al pasaje San Lorenzo, que está cortado a mitad de cuadra y que tiene una afluencia de gente infinitamente menor que la calle Defensa. Para solucionar este problema, proponen poner unas vallas “que obliguen a la gente a meterse al pasaje”. Como si fueran ganado.

Desnudar un santo para vestir otro

Luciana, ex integrante de la cooperativa El Adoquín, trabaja la vitrofusión desde hace más de 10 años y con su trabajo y el de su pareja mantienen a sus dos hijos. Es sólo una de las cerca de 300 familias que se quedaron sin esa fuente de ingreso. El agotamiento de haberse levantado a las 6 de la mañana, como cada domingo desde hace 2 meses, se hace evidente en sus ojos. La fatiga y la tristeza, productos de un Estado hostil que cercena su derecho a trabajar, no le impiden aplaudir y esbozar una sonrisa ante cada banda musical que toca en apoyo a su lucha y a la de tantos otros y otras. Mientras hace de guía por las calles de San Telmo, narra por centésima vez la serie de eventos que llevaron a la situación actual.

“Nosotros ya contamos que somos más de 90 que estamos fuera de El Adoquín. Al gobierno le planteamos que como se fueron más de 100 personas (contando las que están de vacaciones o haciendo temporada en otros lados), que los de El Adoquín se queden en Chile, que les alcanza para la cantidad de gente que quedó dentro de la cooperativa. Que dejen liberado Defensa al 700, que se queden quienes estaban originalmente, y que a nosotros nos dejen trabajar entre Defensa al 800 y el 950”.

En un primer momento, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decía que esa cuadra (la del 700) no se podía legalizar. Al darle los permisos a la cooperativa se contradijo, demostrando que sí era posible. Por lo que queda la duda de por qué ciertas personas son legalizables y ciertas no. Desde la organización Artesanxs Unidxs de la calle Defensa, de la cual es parte Luciana, piden que los y las integrantes de El Adoquín resignen su derecho sobre la calle Defensa, ya que acusan a la conducción de la cooperativa de haber firmado un acuerdo sin el consentimiento de las bases ni de las partes involucradas y que fue el que originó todo el conflicto.

“Nosotros tratamos de presionar mediante la CTEP, de la cual El Adoquín es parte. Tuvimos una reunión muy trucha con Juan Grabois (referente de la CTEP y del Frente Patria Grande) que, muy astuto, nos citó en un bar, nos escuchó a todos, nos dijo que nos iba a dar una respuesta en 24hs. Nos contestó con una carta diciéndonos que las cooperativas de la CTEP son autónomas, que él no se puede meter en eso, que cree que el acuerdo está mal pero que lo deja en manos del ‘Gringo’ Castro”, narró Luciana. Esteban “Gringo” Castro es el Secretario General de la CTEP y respaldó públicamente, durante la marcha contra los tarifazos del 26 de febrero, el acuerdo logrado entre el Gobierno de la Ciudad y la cooperativa El Adoquín.

“Cuando llamamos al ‘Gringo’ Castro, que ya a esta altura no queríamos saber nada con la CTEP, no nos contestó la llamada. Castro fue uno de los que ayudó a negociar el acuerdo”, puntualizó la artesana. Antes se habían contactado con Rafael Klejzer, Secretario General de la CTEP Capital. Klejzer reconoció hace poco más de dos semanas en la AM 530 que “si el acuerdo deja afuera a la mitad de los laburantes, entonces no es un acuerdo feliz”. Esperanzados/as por sus declaraciones, la desilusión fue mayúscula cuando la respuesta de él fue proponer una reunión con Gabriela Olguín. “Ahora estamos sólo en la vía judicial. Hay dos juezas que nos reconocen y le piden soluciones rápidas al gobierno, lo cual lo vemos como algo muy positivo. Nadie quería una reunión con Olguín que fue la que hizo este acuerdo”, explicó Luciana.

Por su parte, Gabriela Olguín, Presidenta de El Adoquín, se negó a dar declaraciones a Marcha.

“No somos ilegales, queremos trabajar dignamente”

Después de 8 domingos sin trabajar, y ante la evidente dilatación por parte del Gobierno con el objetivo de que se agoten y se marchen de San Telmo, lxs Artesanxs Unidxs de la calle Defensa convocan este domingo 10 de marzo a marchar desde las 12 del mediodía en la calle Defensa al 1000 “por nuestro lugar de trabajo, por la dignidad de nuestro reclamo, porque la calle es de quien la trabaja, porque el arte es cultura y la cultura es identidad colectiva”.

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Hace un mes que cerca de 400 familias están sin poder trabajar en la feria de la calle Defensa en San Telmo. El conflicto surgió a partir de un acuerdo firmado por el Gobierno de la Ciudad y El Adoquín, una cooperativa de trabajo que integra la CTEP. Dejaron fuera del arreglo más de 120 puestos.

Paños vacíos y turistas preguntando por la mítica feria. Una marcha de resistencia que recorre Defensa y el color de siempre, el del barrio, olvidado. Una juntada de firmas que crece como la solidaridad con las y los feriantes. Una familia venezolana que se acerca a Humberto, el trabajador que amablemente nos contó el proceso de lucha que llevan por el reconocimiento de la cultura popular.

El desalojo y la represión policial del último domingo a los y las artesanas de la histórica Feria de San Telmo fue la cara más visible (y violenta) de un conflicto de largo arrastre. Cerca de 400 familias se quedaron sin trabajo desde hace un mes, dejando vacío un espacio que ocupan, sobre la calle Defensa entre el 700 y el 1000, hace más de 10 años. Todo a partir de un arreglo que varios y varias trabajadoras denuncian espurio.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) firmó un acuerdo con la cooperativa de trabajo El Adoquín, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Hace varios años que vienen habiendo negociaciones (con amenazas de desalojos y denuncias en el medio) para legalizar a los cientos de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que hace más de 10 años ofrecen sus productos manufacturados en la feria del barrio porteño de San Telmo, sobre la calle Defensa, a lo largo de las cuatro cuadras entre las calles Carlos Calvo y Humberto Primo.

Este acuerdo pareció lograrse el 11 de enero de este año, cuando en una asamblea de la cooperativa El Adoquín, la presidenta Gabriela Olguín anunció que después de 12 largos años de lucha, el Gobierno de la Ciudad les había legalizado, otorgándoles un permiso oficial para poner sus puestos y reconociendo sus derechos como trabajadores y trabajadoras de la vía publica. El acuerdo no había sido discutido en asamblea pero en principio parecía un enorme triunfo de los y las artesanas de San Telmo.

El conflicto surgió cuando los y las trabajadoras que integraban la cooperativa fueron a ubicarse a los puestos designados en la calle Defensa al 700. Allí se encontraron con que los y las artesanas de esa cuadra no sólo no estaban de acuerdo con el arreglo, sino que tampoco habían arreglado su reubicación, como les habían dicho a las y los integrantes de El Adoquín. Ese sector de trabajadoras y trabajadores de Defensa al 700 se encontraban por fuera de la cooperativa, aunque organizados y organizadas hace más de 10 años. Incluso presentaron un proyecto para su legalización en la Legislatura porteña.

Luciana es ex integrante de la cooperativa El Adoquín. Se dedica a la vitrofusión y junto con su compañero Marcial, que trabaja el cuero, viven de su trabajo artesanal desde hace casi 10 años. Trabajo con el cual mantienen a sus dos hijos. Una de las tantas familias que se quedó sin fuente de sustento a partir de este arreglo. En diálogo con Marcha, Luciana contó los detalles de este acuerdo inconsulto. “Fue una trampa, nos dijeron que ellos (lxs trabajadorxs de Defensa al 700) iban a ser reubicados y que estaban de acuerdo. En ese momento se fracturó El Adoquín, ya que varios de nosotros no queremos poner nuestro puesto de trabajo en el lugar de otro trabajador. Los pocos que quedaron dentro de la cooperativa pusieron sus puestos sobre la calle Chile”.

Hasta este momento la situación sigue así. Lxs trabajadorxs del 700 presentaron un amparo. Quienes se fueron de la cooperativa estuvieron visibilizando el conflicto, además de presentar un escrito pidiendo la nulidad de ese acuerdo que no tiene respaldo mayoritario y que fue acordado por la cúpula de la cooperativa que comanda Olguín. “Quisimos armar y nos mandan a la policía. Nos prohíben armar en nuestras cuadras y en la cuadra de Defensa al 700 está prohibido armar tanto para los artesanos que estaban ahí originalmente como para los integrantes del Adoquín”, agregó Luciana, por lo que la mayoría de los y las artesanas se encuentran sin poder trabajar desde el domingo 13 de enero.

“Venimos a San Telmo cada domingo, venimos desde provincia, desde todo el país para sumar al patrimonio cultural del barrio y a buscar nuestro sustento ofreciendo lo que sabemos hacer”, nos cuenta Humberto, que hace más de 10 años vende platería mapuche a quienes pasen por el barrio. Está a cargo de la planilla de firmas y relata a quienes se acercan cómo es el conflicto. “Realizamos un montón de peticiones para que se nos incluya, cuando esto pasó el Gobierno nos vetó dejándonos afuera”, dice un cartel a su lado, “reclamamos la restitución de nuestro lugar de trabajo. No somos ilegales”.

El acuerdo

Ex integrantes de la cooperativa denuncian que la decisión de firmar el acuerdo fue de Gabriela Olguín, presidenta de El Adoquín, sin llamar a asamblea ni consultar a las bases. En declaraciones al diario La Nación, Olguín sostuvo que “no tenemos ninguna condena con los otros trabajadores que aún no se han sindicalizado. El acuerdo no implica que se desaloje a otros trabajadores, por eso no estamos trabajando en Defensa, todavía, somos respetuosos de eso. Estamos conversando con ellos para que se integren”.

Luciana cuenta otra versión de los hechos. “El domingo 13 de enero empezamos a darnos cuenta de cómo había sido el arreglo. Hasta ese momento pensábamos que era una trampa del Gobierno para que ocupáramos el lugar de otros trabajadores. Cuando fuimos nos dimos cuenta de que no, que la cúpula de El Adoquín sí estaba al tanto de lo que sucedía y que pensaban que nosotros igual íbamos a ocupar el espacio. Hasta el Gobierno nos preguntaba si nosotros dábamos el ok para que “limpien” la calle para que nos establezcamos nosotros. Por supuesto que dijimos que no”.

“Olguín dice que trató de hablar muchas veces con ellos para incluirlos en el acuerdo. Lo que ella omite es que mediante ese acuerdo pretendía que de la cuadra que ellos ocupan y por la que luchan hace más de 10 años, les pretendía dar 30 puestos. Ellos son más de 150. Los demás fíjense donde pueden ser reubicados en las propuestas del Gobierno en otras ferias”, agregó la trabajadora.

El Adoquín había conseguido 220 puestos. Varixs no se habían unido a la cooperativa porque decían que El Adoquín iba a terminar estafándolos. “Nos usaron políticamente. Los acompañamos, estuvimos ahí para llegar al acuerdo y cuando llegamos resulta que firmaron algo que no nos consultaron, sin asamblea de por medio. Ese día vaciamos las cuadras pacíficamente, sin ninguna resistencia”, explicó Luciana.

Los Anticuarios

“No nos vamos nada, que nos echen a patadas”. Era un domingo atípico en San Telmo. Hace un mes lo es. La marcha que llevaba la bandera de “Artesanos unidos de la calle Defensa en lucha. Unidos” recorría las cuadras donde el desalojo mostraba paños vacíos en resistencia. Las y los turistas filmaban, parecían ya acostumbrados a un país de conflictos latentes. Las y los trabajadores de la cultura popular se detienen sobre el 1000, a poco de llegar a la Plaza Dorrego, y tiran amablemente unos panfletos en dos anticuarios: “Calvaresi” y “Alberto Roldán”.

Otra arista del conflicto viene por parte de los anticuarios, históricos ocupantes de esas cuadras que detentan el mayor poder de negociación con el Gobierno de la Ciudad. Según Luciana, “quieren hacer un proyecto inmobiliario de food trucks en la zona del 800, 900 y 1000 de la calle Defensa. Este conflicto empezó hace más de 4 meses, nos empezaron a poner vallas en distintas cuadras de la calle. Se suponía que era provisorio”.

Los anticuarios trabajan allí desde que arrancó el mercado de pulgas en 1970. Hace años que vienen exigiendo que retiren a los y las artesanas de la zona, argumentando que obstruían los negocios y bajaban las ventas, además de generar el rechazo del público. Para Norberto Medrano, presidente de la Asociación de Anticuarios y Amigos de San Telmo, a partir del desalojo violento ahora “todos podremos vivir en armonía y trabajar en paz”.

El proyecto de extranjerizar la zona no sólo perjudica a los y las artesanas que perdieron su puesto de trabajo, sino que implica un golpe doble tanto para los comerciantes de la zona, que vieron bajar sus ventas un 60%, como para la cultura popular del barrio de San Telmo. La feria forma parte de la esencia del barrio hace más de 10 años.

Según la ex trabajadora de la cooperativa, el enfrentamiento no es tal. “Nosotros trabajamos y vivimos de nuestros productos. Siempre propusimos una convivencia pacífica y que trabajemos todos, incluso los anticuarios. Los comercios normales están de nuestro lado porque saben que llevamos gente. Nos conocen en todos lados, la gente pregunta por la feria de artesanos de San Telmo y esta gente nos quiere sacar diciendo que somos manteros. Es cuestión de clase. Los que están ahí son los que siempre quieren estar ahí y no quieren compartir ese espacio con otra parte de la sociedad”.

Respuestas de la comunidad

Ante el desamparado del Estado, los y las artesanas están visibilizando el conflicto. En la web www.tvsantelmo.com.ar puede verse su trabajo, en el programa Ferias y Mercados, donde se visualiza la economía social. Lxs artesanxs piden el apoyo de la comunidad no sólo por ellos y ellas, sino en defensa de la cultura popular.

En plena recesión, con tarifas que aumentan periódicamente hasta precios impagables, un mes sin trabajar es un golpe letal para la economía de cualquier familia. Si a eso se suma la violencia policial y el abandono estatal, la situación se vuelve sinceramente angustiante. “Cuando quisimos armar el último domingo nos tiraron gas pimientas, nos atacaron. Nadie vino a negociar con nosotros. Lo bueno es que tuvo mucha repercusión, nos llaman de otros medios, nos llaman de otras ferias. Y sale a la luz el acuerdo nefasto que firmaron”, desarrolló Luciana. Y concluyó: “Nosotros tenemos códigos, tenemos dignidad y sostenemos a nuestras familias de lo que hacemos con nuestras manos”.

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El último sábado, el gobierno de la ciudad impulsó un desalojo en Villa 31 a punta de represión y topadoras. Sin políticas claras de vivienda, se reviven los peores sucesos de la historia villera.

Está claro que el gobierno que encabeza Horacio Rodriguez Larreta no tiene ninguna intención de resolver los problemas habitacionales que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que afectan principalmente a los sectores de más bajos recursos. Aumento sostenido de la indigencia, crecimiento exponencial de personas viviendo en villas y asentamientos, mientras que, por otro lado, el negocio inmobiliario en poder de pocas manos se consolida. Esta línea política de Cambiemos existe desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri en la ciudad.

Sin embargo, las cosas pueden ir aún peor. El sábado 24 de febrero, casi 100 efectivos de la Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina, se asentaron en la manzana 12 de Villa 31 ya que el gobierno iba a desalojar a una familia de su vivienda. Los motivos esgrimidos por los funcionarios es que la vivienda estaba en riesgo de derrumbe. Si esto es así, cabe preguntarse algunas cosas: ¿Por qué no le dieron una vivienda transitoria a la familia hasta arreglar la suya? ¿Por qué no había una orden judicial para efectuar el desalojo? ¿Qué tenían que hacer las fuerzas de seguridad allí si estaban hablando de un riesgo para la familia?

Concretamente, la vivienda a desalojar se encontraba justo donde el gobierno quiere modificar el trazado de la Autopista Illia (una propuesta sin consenso vecinal) y la familia que allí vivía no estaba de acuerdo con tener que mudarse de la zona. Conclusión: lejos del diálogo, al no aceptar la propuesta del gobierno, se la imponen por la fuerza. Esa es la razón por la que las fuerzas de seguridad estaban allí alojadas, defendiendo la decisión de Horacio Rodriguez Larreta quien había firmado un decreto administrativo en lugar de que haya una orden judicial correspondiente.

Como si esto fuera poco, mientras la familia negociaba con el gobierno a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana (responsable de la intervención estatal en el barrio) luego del desalojo, ya estaban las topadoras derribando la vivienda cuando todavía no había ningún acuerdo firmado. Frente a este contexto, cientos de vecinos y organizaciones se acercaron a la zona y la policía (también dueña del control político del lugar), reprimió con gases causando un herido del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que debió ser hospitalizado porque su visión estaba comprometida.

La ecuación es simple. El gobierno de la ciudad no quiere cumplir con la Ley 3343/09 de urbanización de Villa 31, que está por cumplir 10 años desde su sanción y nunca pudo avanzar en su reglamentación. Por el contrario, impone a la fuerza su proyecto para cambiar el trazado de la Autopista Illia, vendiendo un supuesto proceso de integración urbana que solo existe en los medios de comunicación afines al gobierno. La tarea se lleva adelante con el puño de las fuerzas de seguridad y con los métodos tan nefastos que han pasado la historia del viejo barrio de Retiro: con desalojos forzosos y topadoras.

Haciendo escuela

Cualquier persona con algo de sensibilidad, coherencia y especialmente comprensión, debe lamentar el agresivo desalojo ocurrido en Villa 31. Sin embargo, lo que nadie debería sentir es sorpresa.

Hay algunos acontecimientos en relación al accionar del gobierno porteño cuando de sectores vulnerables se trata. Todos y todas recordarán la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), que perseguía, violentaba y desalojaba a personas en situación de calle, con métodos escalofriantes como la quema de pertenencias o el traslado de las personas en camiones a algún sitio fuera de los límites de la General Paz.

También las medidas que el gobierno nacional fue impulsando, como la posibilidad de utilizar las neopicanas Taser (repudiado, combatido y vencido por la presión popular) o la estigmatización de las y los villeros como chivo expiatorio de los problemas de inseguridad. Pero siguiendo con este eje, las topadoras ya han sido utilizadas hace no mucho tiempo.

Como mencionábamos algunos párrafos atrás, la crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires se acentúa constantemente. Uno de los hitos más emblemáticos de los últimos años ha sido el nacimiento del Barrio Papa Francisco, en la zona de Lugano. Aquel lugar que apareció como un símbolo de las pésimas políticas habitacionales y la desesperación por vivir dignamente, tuvo su final cuando el por entonces gobierno porteño que encabezaba Mauricio Macri en asociación con el Secretario de Seguridad del gobierno kirchnerista, Sergio Berni, reprimieron y desalojaron a niños, niñas y familias enteras con el repetido método de las topadoras.

Cabe recordar, por si algún desprevenido, que la Constitución Nacional que es la ley suprema, garantiza el derecho a la vivienda digna, priorizando a los sectores más críticos. Aún más, la Constitución porteña y varias leyes van el mismo sentido.

Una breve reseña de una triste reedición

A la conciencia de las y los habitantes de Villa 31 hay algo que le impacta más que un desalojo. Mientras se llevaba adelante el “procedimiento”, eran muchas las personas preocupadas por sufrir el mismo avasallamiento. Y esto no es casual porque el barrio ubicado en la zona de Retiro ha sufrido los peores embates por parte del Estado a lo largo de su historia.

Cuando transcurría la última dictadura cívico-militar-clerical, el ahora Barrio Padre Mugica sufrió los más feroces desalojos imaginables. Al inicio del gobierno de facto, vivían alrededor de 50 mil personas. La gestión del dictador Osvaldo Cacciatore al frente del gobierno porteño, llevó la cifra a menos de 40 familias viviendo en el barrio. Esto se hizo a fuerza de represión, desalojos y topadoras. Tan parecido a la actualidad que estremece.

Por supuesto, en aquellos años y como ahora, la organización social y política del barrio logró enfrentar los atropellos aunque costó la muerte y desaparición de decenas de vecinos y vecinas. Pero se mantuvo y salió adelante con el tiempo.

Algunos años después, ya en democracia y bajo las alas del neoliberalismo, fue la gestión de Jorge “Topadora” Dominguez (el intendente de la gestión menemista) la primera que reeditó los métodos del ejército en el poder. Vaya paradoja, para llevar adelante las obras de la Autopista Illia, el gobierno justicialista reprimió y desalojó vecinos y vecinas a punta de topadoras. La Autopista Illia, con 25 años de diferencia, la excusa del Estado para oprimir a los sectores más marginales, empobrecidos por sus propias políticas, sea el gobierno que sea.

Entonces

Por su puesto que nos interesan los acontecimientos vividos el último fin de semana. Pero el objetivo central de este artículo es que todos y todas podamos trazar una línea histórica para entender cual es el la condición de clase del Estado, sea gobernado por dictadores o cualquiera de las variantes democráticas. Por supuesto, no es lo mismo. Ni intentaríamos asemejar taxativamente un gobierno elegido por voto popular con uno detentando el poder del Estado por la fuerza. Pero con sus matices y abismos de diferencia, el Estado siempre tuvo una política excluyente hacia algunos sectores y, cuando fue necesario, aplicó métodos lamentables.

El desalojo del sábado sienta un precedente importante para un proceso que está abierto. La Villa 31 de Retiro no está urbanizada, el nuevo trazado de la Autopista Illia no está construido. La historia de un barrio sumergido en el terror de las topadoras recorre nuevamente las conciencias de las y los vecinos. Como en cualquier momento histórico, solo la organización podrá dar una respuesta certera.

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