Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad de la Nación, marzo de 2018

Si bien en cuatro años el macrismo rompió récords en materia de muertes a manos de las fuerzas de seguridad, los casos de gatillo fácil y las muertes en lugares de detención son crímenes históricos que han empeorado desde 1983 a la fecha.

Por Ignacio Marchini | Fotos: Colaboración

Desde el retorno de la democracia, 7093 personas han muerto en manos del aparato represivo estatal, en su mayoría mientras estaban detenidas o fusiladas en supuestos enfrentamientos. De este total, 1833 corresponden al gobierno de Cambiemos, es decir, un 26% de los casos en sólo 4 años, el peor promedio de 1983 a la fecha. Siempre y cuando se considere que la “limpieza social” es un problema que el Estado debe erradicar y no profundizar.

Estos datos se desprenden del último Informe Anual de la Situación Represiva Nacional de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), presentado el viernes pasado en Plaza de Mayo. El espacio público más icónico de la Ciudad de Buenos Aires estuvo atravesado durante horas de familiares, amigos, amigas y militantes que mediante remeras y carteles recordaban a las personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad. Pero, sobre todo, exigían Justicia al Estado que desde hace muchos años o no juzga a los ejecutores de sus hijos o, cuando lo hace, les aplica penas ridículamente leves, mediante la manipulación de las figuras penales para obtener condenas más benevolentes. Desde la Coordinadora estiman que solo 1 de cada 10 casos de gatillo fácil llegan a juicio.

Acompañando a los familiares y militantes se encontraban lxs históricxs referentes y abogadxs de la CORREPI María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, Gabriel Solano y Néstor Pitrola del oficialismo del Partido Obrero (PO), Norita Cortiñas de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Sergio Maldonado, entre otrxs representantes de la política y la lucha por los Derechos Humanos. Ante largas filas de familiares, militantes y amigxs se proyectaron las cifras del Informe 2019. Las estadísticas no fueron sorprendentes, si se tiene en cuenta lo que fueron las políticas de seguridad y de Derechos Humanos en estos 4 años de macrismo, que desarrollamos en otra nota anterior.

De 1 muerto cada 30 horas en promedio durante los 12 años de kirchnerismo (el más alto hasta 2016), el macrismo finalizó hace una semana 1435 días de gobierno con un promedio de un muerto cada 19 horas, la primera vez en los últimos 36 años de democracia que se supera la barrera de un muerto por día. El distrito más violento es por mucha diferencia la provincia de Buenos Aires, donde se concentran más de la mitad del total de los casos, seguida muy lejos por Santa Fe con un 9,39%.

Los abultados resultados de la política represiva del macrismo impresionan. El informe, sin embargo, indica algo mucho más trágico: el problema solo empeora desde 1983 a la fecha. De un muerto cada 311 horas en promedio al cierre del gobierno de Alfonsín (julio del ‘89) llegamos a la salida del gobierno de Cambiemos con un muerto cada 18.8 horas. En todas las gestiones entre esos años, el crecimiento fue sostenido: 1 muerto cada 131 horas fue el promedio de Carlos Saúl Menem, seguido de un pico de un muerto cada 36 horas durante el gobierno de De la Rúa y “Chacho” Álvarez, con el récord absoluto de 39 muertes en dos días en el marco de la brutal represión para contener la crisis política, económica y social de diciembre de 2001. En los sucesivos fugaces mandatos de Puerta, Rodríguez Sáa y Duhalde, entre los 3 promedian un muerto cada 46 horas y el cierre de 12 años de kirchnerismo fue de un muerto cada 30,05 horas, correspondiéndole a la suma de los gobiernos de Néstor y Cristina más de la mitad de los casos desde 1983.

Vale decir que el archivo de casos de la CORREPI no es un trabajo exento de errores y omisiones, debido en gran parte a la enorme invisibilización de los casos de violencia policial e institucional, sobre todo contra los sectores más vulnerables, y por la falta de estadísticas oficiales confiables.

Los sospechosos de siempre

Las características de las víctimas son bastante homogéneas: la mayoría son varones jóvenes de barrios populares. El sexo, la edad y la condición socioeconómica son factores claves para que la policía y los jueces determinen el grado de peligrosidad de un individuo. Quienes se llevan la peor parte son los jóvenes de bajos recursos. Del total de casos de gatillo fácil, el 43% tenía 25 años o menos. Y usamos el masculino porque son mayoritarios los casos de varones asesinados por el aparato estatal (9 de cada 10), además de conformar más del 90% de la población carcelaria en todo el país.

Si bien es una problemática con una fuerte impronta masculina, el informe evolucionó y se complejizó a lo largo de los años en base a las exigencias políticas de los movimientos y partidos en cada momento histórico, como es el enfoque desde una perspectiva feminista, que generó que se empezaran a registrar en un apartado los casos de violencia estatal imbricada con la violencia machista y patriarcal. Desde 1992 a la fecha, se registran 647 casos de mujeres, travestis y mujeres trans asesinadas por el aparato represivo estatal, de los cuales 381 fueron, además, femicidios, travesticidios o transfemicidios, respectivamente. De esos 381 casos, el 87% fueron cometidos intrafuerza de seguridad o por alguien del entorno familiar.

El encierro es una doble condena

A las condiciones de vida inhumanas que hay en las cárceles, comisarías y lugares de detención, enormemente empeoradas por lo sobrepasado que se encuentra el servicio penitenciario (según un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la sobrepoblación actual en la provincia de Buenos Aires es del 137%), hay que sumar la enorme cantidad de muertes bajo custodia, que representan la mitad del total de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad desde 1983 a la fecha.

En las cárceles federales, con capacidad para 12 mil personas, hay más de 14 mil presxs, mientras que en las cárceles bonaerenses hay más de 50 mil, cuando la capacidad instalada apenas supera los 30 mil lugares. Estos datos se desprenden del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.

Santiago Maldonado

Uno de los concurrentes a la presentación del informe fue Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, el joven artesano anarquista desaparecido durante más de dos meses en el marco de una represión de la Gendarmería a integrantes de una comunidad mapuche en la Patagonia, que apareció muerto en el Río Chubut el 17 de octubre de 2017. La causa que investiga los hechos que llevaron a la muerte de Santiago estuvo plagada de obstrucciones tanto del Poder Judicial como de las fuerzas de seguridad intervinientes, así como del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Poder Ejecutivo. Aún hoy hay muchas preguntas sin responder y la familia de Santiago sigue luchando por esclarecer cómo murió.

En diálogo con Marcha, Sergio explicó por qué decidió acompañar la presentación del Informe: “También estuve participando el año pasado, porque no es que haya que dejar de venir porque cambió el gobierno, todo lo contrario. Acá debería haber gente que está en el nuevo gobierno y que estuvo acompañando en años anteriores”. En relación a las estadísticas que se desprenden del archivo, Sergio valoró que “no puede ser que maten un pibe cada 19 horas, hay que exigirle al nuevo gobierno que esto pare. Quisiera ser optimista y decir que no haya ninguno más, pero la realidad es que va a seguir habiendo por ahora pero por lo menos que vayan bajando”.

Sergio valoró que en el discurso de asunción de Alberto Fernández se mencionara tantas veces la frase Nunca Más, aunque considera que hay que seguir presionando gobierne quien gobierne. “A la tarde la nueva Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dijo que no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana, repitiendo la misma frase que Patricia Bullrich, así que la verdad que hasta ahora no veo ningún cambio. Van muy pocos días de gobierno, lo sé, pero ya hay que empezar a marcar esas similitudes porque no quiero que pase lo mismo que pasó en estos cuatro años de macrismo”.

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Por Ignacio Marchini | Foto de Pi Chon

Desde que asumió Cambiemos, la cifra de asesinatos por parte de las fuerzas represivas pasó de un muerto cada 28 horas en 2015 a un muerto cada 21 horas a principios de 2019, récord en materia de violencia estatal. Las muertes abarcan varias modalidades, desde los más conocidos como casos de “gatillo fácil”, hasta las muertes en lugares de detención, que representan casi la mitad de la totalidad de los asesinatos de las fuerzas represivas, con torturas previas en varios casos. Estos números se desprenden del informe que prepara todos los años la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Por si esta situación no fuera de por sí alarmante, las proyecciones del informe 2019 son aún peores: en el último año de mandato de Macri se superó el muerto cada 21 horas. Según María del Carmen Verdú, referente de la CORREPI y abogada antirrepresiva, “estamos peor que el año pasado. Estuvimos haciendo un esfuerzo sobrehumano para llegar a tener alguna cifra parcial para mitad de año y no llegamos. Es enorme la cantidad de casos. Nos están llegando dos o tres por día”.

El aumento exponencial de casos se debe a la profundización sin antecedentes de todas las modalidades de la represión estatal. Es notable que entre las primeras medidas oficiales del gobierno de Cambiemos, apenas asumió, se encuentran el Protocolo antipiquetes, la declaración de emergencia nacional en seguridad ciudadana y la militarización masiva de las barriadas populares. Si a esto se suman los proyectos de reforma de los códigos penal y procesal penal y la creación de la Policía de la Ciudad (que mató casi dos personas por mes), se completa el andamiaje legal y militar que busca sustentar el objetivo principal del macrismo: la reestructuración profunda y a largo plazo de la relación entre el Capital y el trabajo.

El aumento de uniformados en las calles, sumado al incremento cada vez mayor del poder de fuego, sólo podían desembocar en los resultados plasmados en el informe: el macrismo es el gobierno más represor desde el retorno de la democracia, teniendo en su haber 1 de cada 5 muertos en manos de las fuerzas de seguridad de 1983 a la fecha.

Para Verdú, esto no se debe a su política en materia de seguridad, sino más bien a la falta de ella: “no ha habido una política de seguridad ni de derechos humanos ni nada que se le parezca, sino una política represiva absolutamente desembozada. Por una parte, se asentó en lo que ya existía, todas las herramientas que el Estado argentino dispone desde siempre, e incrementadas paulatinamente de 1983 para acá, para reprimir la protesta social y para imponer el control sobre los barrios más vulnerables, sobre los más jóvenes, sobre las disidencias sexuales y de género, sobre trabajadores y trabajadoras migrantes”. El macrismo le deja al próximo gobierno nuevas herramientas, de la misma manera que las que implementó el kirchnerismo le fueron legadas al macrismo.

La falta de una política en materia de derechos humanos explica por qué se ha deteriorado tanto la concepción del derecho a la vida con la llegada de Cambiemos. La resolución 956 del año pasado, que autorizaba el uso de las armas de fuego de las fuerzas represivas contra personas desarmadas y en huida, cristalizó en el papel lo que sucedía en los hechos al amparo de la “doctrina Chocobar”, nombrada en honor al policía Luis Chocobar que asesinó a un ladrón por la espalda y fue felicitado por el Presidente en persona.

La situación en las cárceles también empeoró. Según informes oficiales a nivel federal de la Procuración Penitenciaria, y a nivel provincial de la Comisión Provincial por la Memoria, se duplicaron las muertes en lugares de detención en los últimos 3 años y medio.

Toda esta escalada en violencia estatal es posible gracias a la profundización de la impunidad a niveles también inauditos. Para la referente de la CORREPI, “a partir del explicito apoyo del gobierno a las fuerzas de seguridad, y las amenazas a jueces y fiscales que se atrevan a sacar los pies del plato, la andanada de causas cerradas, sin siquiera llegar a juicio, o de absoluciones en juicios, es impresionante. A esta altura del partido, celebramos cuando logramos llegar a juicio con una calificación mínima como homicidio en exceso del cumplimiento del deber”.

Los tres casos testigo: Santiago, Rafael y Juan Pablo

La CORREPI caracteriza al Estado, desde la asunción del macrismo, como un “Estado de excepción”. Esto quiere decir, según la definición del filósofo italiano Giorgio Agamben, que se encuentran suspendidos los derechos y garantías constitucionales, decisión que un gobierno toma ante una catástrofe o una invasión extranjera. Para María del Carmen Verdú, “el momento en que entramos en ese Estado de excepción fue la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ese hecho constituyó el quiebre en materia represiva porque es una desaparición forzada en el marco de la represión a un conflicto social, por el derecho a las tierras originarias”.

A partir de ese momento se disparó la escalada represiva, cerrando 2017 como el año con más asesinatos a manos de las fuerzas represivas, con 451 casos. Poco tiempo después de la desaparición de Santiago, el prefecto Pintos asesinaba por la espalda a Rafael Nahuel. Menos de un mes después, el policía Luis Chocobar hacía lo propio con Juan Pablo Kukoc.

Por qué mata la policía

Todos los gobiernos usan las fuerzas de seguridad para el control y el disciplinamiento social. La consigna fundacional de la CORREPI “no es un policía, es toda la institución” explicita que gobierne quien gobierne, mientras perdure una sociedad dividida en clases, la represión estatal va a ser necesaria para poder garantizar el cumplimiento de las políticas y programas de cualquier gobierno.

Según Verdú, la mayor o menor intensidad de la política represiva estatal se debe a dos factores fundamentales: “por un lado, tenés las propias características del gobierno. Un gobierno que hace campaña, como es el caso de Cambiemos, con el ‘voto bala’ y el ‘voto cárcel’, utiliza a la violencia estatal no sólo para implementar sus políticas sino como herramienta de propaganda”.

“El segundo elemento que determina la mayor o menor incidencia de la represión en un momento histórico determinado es la situación económica-social. Cuando todo el mundo está contento, no es mucho el riesgo que tenes de tener gente protestando y tener que salir a reprimir”.

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Tercerizar la violencia

El gobierno de Cambiemos, a diferencia de sus antecesores, abandonó toda pretensión de salvaguardar la imagen de las fuerzas represivas, apelando a una reivindicación explicita y una defensa a ultranza del accionar policial. Esta diferencia es sustancial con el kirchnerismo, que utilizó muchísimo más la tercerización de la represión que la represión de uniforme. “Cuando lo matan a Mariano Ferreyra”, explicó Verdú, “Cristina Fernández se pudo sentar a sacar una foto tomando el té con la mamá de Mariano, mientras decía ‘qué barbaridad lo que hizo Pedraza’ justamente por esto”.

El caso de Mariano Ferreyra es uno de los mejores exponentes del uso de la “tercerización de la violencia” por parte de los gobiernos. El Tribunal Oral de la Nación Nº21 condenó como participes necesarios a dos comisarios de la Policía Federal. Como explicó la referente de la CORREPI, “en los videos se ve que la patota llega sobre el terraplén junto con la Policía Federal. La policía les dice cuándo bajar. Hacen el ataque y, cuando los corren los militantes del Partido Obrero, ahí se les cruzan los patrulleros en el medio, que estaban esperando abajo, y la patota se escabulle por entre las filas de la Federal. Por eso no se pudo secuestrar ningún arma. Se pudo probar que se usaron cuatro armas distintas porque los compañeros fueron heridos con balas de cuatro armas diferentes”.

Este es sólo uno de varios otros casos. Durante el conflicto en Gualeguaychú y Fray Bentos (Uruguay) por la instalación de las plantas de celulosa que eran contaminantes, los desalojos estuvieron a cargo de Camioneros, gremio dirigido por Hugo Moyano, que seguía en buenos términos con Cristina Fernández en ese momento. “A los docentes de Santa Cruz los cagaron a palos patotas del PJ. A los pibitos de la FUBA, cuando quisieron designar al rector vinculado a la dictadura, fue la patota de APUBA (Asociación del Personal No docente de la Universidad de Buenos Aires) quien los atacó, sindicato que dirige Jorge Anró. Fue sistemático el uso de grupos de choque para que no se enchastre la policía las manos. No es nada nuevo, la Liga Patriótica lo hacía para el conservadurismo en 1919”, graficó la abogada.

¿Empate?

El proyecto neoliberal de la coalición de Cambiemos no logró del todo su cometido. Si bien hubo varios retrocesos importantes en materia de derechos adquiridos, como fue la reforma previsional en diciembre de 2017, todavía no pudieron avanzar a fondo con la reforma laboral, más allá de algunas reformas parciales. Que las primeras medidas del gobierno en enero de 2016 estuvieran vinculadas a profundizar la represión estatal evidencia que estaban dispuestos a pagar el costo de sangre, sea cual sea, con el fin de someter, de una vez por todas, a la clase trabajadora. Los resultados, mientras se aproxima el fin del gobierno macrista, son desastrosos.

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Por Ana Paula Marangoni | Foto: La Retaguardia

El documental comienza con la imagen de la Avenida General Paz, a la altura de la bajada de Emilio Castro. En ese punto, la avenida divide los barrios de Liniers y Mataderos, en Capital Federal, con Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza. La cámara nos hace contemplar en un espacio estrecho (como si estuviéramos ahí, en ese paso de alta velocidad que no tiene cruces) el paso fugaz de los autos. La vista no logra focalizarse. Los vehículos parecen meteoritos sobre el cemento que cuando creímos ver, ya fueron reemplazados por otros.

Para quienes no conocen el lugar ni la historia de Luciano, esa imagen vertiginosa de autos a toda velocidad narra lo que fueron sus últimos momentos. Los policías lo llevaron a ese lugar, en la madrugada del primero de febrero de 2009, y lo obligaron a cruzar esa misma avenida, en ese tramo sin cruce alguno, contra su vida, contra su esperanza, contra los instintos de cualquier ser humano.

Pero todo eso se supo cinco años y ocho meses después, un 17 de octubre de 2014, cuando a partir de un cotejamiento de huellas se descubrió que Luciano había sido enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.

Por eso, el documental que recupera registros de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, lleva el título de una pregunta que obligadamente debió transformarse, desde “¿Dónde está mi hermano?” hasta el título actual. De algún modo, el film acompaña el recorrido que fueron haciendo Familiares y Amigos de Luciano Arruga, antes y después de ese momento bisagra en que Luciano dejó de ser un desaparecido en democracia pero se hicieron más contundentes la crueldad e impunidad policial.

La película nos acerca a Luciano, a las calles de su barrio en Lomas del Mirador, a su mamá Moni y a su hermana Vanesa. Nos ayuda a dimensionar la lucha por la justicia que pudieron sostener colectivamente a lo largo de tantos años. Emociona y conmueve el registro de Vanesa haciéndole frente a fiscales y jueces, cuando la acompañaban apenas algunxs amigxs y organismos locales de DD.HH., como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), exigiéndoles que hicieran algo por la causa. Conmueve todavía más ver a la mamá y a la hermana de Luciano declarando delante del oficial Julio Diego Torales, principal sospechoso del secuestro, tortura, asesinato y desaparición de Luciano.

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Ese camino incansable implicó logros colectivos impensados por parte de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Uno de ellos es la expropiación del ex destacamento donde detuvieron a Luciano y a otros pibes del barrio, y la transformación de ese lugar en un espacio de vida. Ahí, donde lo tuvieron detenido ilegalmente, donde lo golpearon, donde estuvo por última vez antes de ser asesinado, hoy hay una biblioteca con un mural de Julio López, se dan talleres, abren ese espacio para que los pibes de los barrios 12 de Octubre y Santos Vega tengan un lugar de contención.

El documental nos cuenta también algo sobre la indiferencia de vecinas y vecinos de Lomas del Mirador (un barrio de chalecitos donde los pibes de 12 de Octubre y la Santos Vega son la representación del chorro, del falopero, del pibe que la gente de clase media y alta quiere sacarse de encima); indiferencia que hizo posible la instalación del destacamento, con la falsa promesa de traer seguridad al barrio. La recuperación del destacamento implicó lidiar con el prejuicio de las y los vecinos de la zona.

Actualmente, desde hace 11 años, todos los 31 de enero se realizan marchas o festivales por Luciano Arruga, con una convocatoria desbordante y con la presencia de familiares de víctimas de Gatillo Fácil de todo el país. Continuarán los encuentros, los abrazos, las lágrimas y esa fuerza que se saca de donde ya no se tiene cuando la lucha es colectiva.

Mientras tanto, la película, que se proyectó en el BAFICI de este año y obtuvo distintos galardones, podrá ser vista en salas de cine próximamente.

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Por Ana Paula Marangoni / Foto por Colectivo SADO

Corre el año 2012 en la ciudad de Neuquén cuando Matías Casas se despide de su novia, sentado en su moto. El momento se interrumpe cuando se ve obligado a arrancar entre disparos, perseguido por el policía Héctor David Méndez. Seis años después, en la provincia de Tucumán, Facundo está paseando con un amigo en una moto, cuando Mauro Díaz Cáceres junto con otros policías empiezan a perseguirlos y a disparar contra ellos.

Matías tenía 19 años. Facundo, apenas 12. Ambos estaban paseando, divirtiéndose, con su novia o sus amigos. No estaban lastimando a nadie ni estaban armados; no estaban ni cerca de representar una amenaza.

Ambos perdieron la vida a la madrugada.

Matías y Facundo eran de barrios humildes, donde la policía se siente con un especial derecho a matar. Facu era del barrio La Bombilla; Mati, de Cuenca XV. Ser un pibe de barrio te convierte automáticamente en sospechoso. A lo largo del país, el patrón se repite. Jóvenes y niños con el estigma de vivir en un barrio popular, son asesinados, golpeados, torturados o violentados por la policía. La bala que mata llega a toda velocidad; el Poder Judicial, en cambio, encuentra todos los vericuetos para jamás llegar.

Detrás de los titulares mediáticos que, en el mejor de los casos, conmueven a la población por unos días o apenas un par de minutos (lo que dura el flash informativo), están las historias de vida interrumpidas de esos jóvenes, y las de sus familias, que nunca más volverán a ser iguales.

Los crímenes cometidos por fuerzas de seguridad son los más difíciles de demostrar porque siempre los mismos oficiales, fiscales y jueces que deberían investigar y juzgar a los sospechosos, son quienes los encubren. A esto se suman las amenazas y las difamaciones que transforman la vida de los familiares en un infierno; mientras hacen su duelo tienen que luchar para que se haga justicia, desoír las mentiras y continuar con su batalla contra la impunidad.

La policía y sus cómplices hacen todo lo que tienen a su alcance para convertir a esos niños y jóvenes en peligrosos delincuentes. Apelan a los discursos del odio, al odio de clase, a la construcción de un estereotipo deshumanizado. Para los familiares, la pérdida de su ser querido es apenas el comienzo de una cadena de situaciones traumáticas y dolorosas. Se trata de una herida que nunca se cierra.

La historia de Facundo

Para Malvina, su tía, “Facu era un chico al que le gustaba jugar al fútbol. Soñaba con hacer un comedor y sacar a su pachona (NdR: su abuela) del barrio”.

La tarde del 7 de marzo “él estaba feliz, jugaba. Salió a saludar a todos sus amigos como nunca”. Esa noche se fue a lo de un amigo. Las noticias no tardaron en llegar: “como a las 3 de la mañana, le avisan a mi hermana que Facu había tenido un accidente”.

La mamá de Facundo llegó al hospital Padilla con otra de sus hermanas. Allí, un médico le dijo que “para Dios no hay nada imposible”. Por un momento, sintió esperanza. Pero cuando entró a la sala, lo vio envuelto en una bolsa negra. Su hijo ya estaba muerto. Y los médicos le habían mentido. Tampoco les dijeron la causa de su muerte. Nadie en el hospital les dijo que Facu no había muerto por un accidente. Sólo un hombre se les acercó y les dijo la verdad: un policía le había disparado en la cabeza.

Desde los primeros días hasta la fecha, cuando la familia sale a pedir justicia, la policía los amenaza, intentando hacerlos callar. Para que no se lo tomaran a la ligera, mataron al perro de Facu. A pesar de todo, su familia sigue adelante.

Según le contó Malvina a Marcha, la policía los respeta cada vez menos en el barrio. Lo que experimentan cotidianamente en La Bombilla y otros barrios periféricos de Tucumán es que pase lo que pase, siempre se encubre a la policía. Para la familia de Facu “esa preferencia nos hace ver que la vida de un ser humano no vale nada”.

Croquis del asesinato y encubrimiento

Las cámaras de seguridad captaron gran parte de lo sucedido. A la una y media de la madrugada, cinco motos se desplazaron desde Avenida Soldati y Honduras hasta el cruce del pasaje Río de Janeiro y la Avenida Avellaneda. En una de esas motos viajaba Facu con un amigo. Los policías motorizados comenzaron a perseguirlos a muy corta distancia. Allí, en esa última coordenada, Mauro Díaz Cáceres le disparó a Facundo en la cabeza, dejándolo mortalmente herido. Nicolás Montes de Oca y los otros policías que participaron de la persecución hicieron al menos 12 disparos hacia los menores con sus armas reglamentarias, en plena calle.

Las mismas cámaras filmaron al oficial Díaz Cáceres colocando vainas de balas a las 2 de la madrugada, para luego poder simular que hubo un enfrentamiento con armas de fuego.

La fiscal de la causa pidió la detención y prisión preventiva de los oficiales involucrados, acusándolos de homicidio agravado. Pero los jueces Rougués y Maggio rechazaron en tres oportunidades la solicitud. Tanto Díaz Cáceres como los demás policías actualmente están libres y continúan ejerciendo dentro la fuerza.

Su familia continúa exigiendo justicia.

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¿Quién era Matías?

Matías tenía 19 años y trabajaba con su papá, Cesar, atendiendo al público en una forrajería. Con mucho esfuerzo se había comprado una moto, una 110 que le prometía la felicidad de sentir el viento frío en la cara, de llegar más rápido a la casa de su novia o de alguno de sus tantos amigos. O simplemente de pasear por las calles de la ciudad de Neuquén.

César, su papá, desempolvó de su memoria algunos de los tantos recuerdos que atesora sobre su hijo: “Matías era la alegría de la casa. Después de la pérdida de él la familia se quebró. Él le daba mucha vida a las reuniones familiares, era pura risa. Era una persona muy especial, muy buena y muy dulce. Como papá no tengo nada que reprocharle. Cuando le aconsejaba algo, siempre me tomaba en cuenta.  Para mí siempre fue muy especial la relación que teníamos, era muy buena. Incluso habíamos salido un par de veces a pescar juntos. Pudimos compartir su niñez, su adolescencia, y su juventud alcancé a vivirla un poco.”

¿Qué pasó el 22 de julio?

La cuenca VX, donde comienza el episodio del asesinato de Matías, es un barrio donde, por esos tiempos, habían muchos conflictos. Matías había tenido una discusión con el hijo de Héctor David Méndez, policía de la Brigada de Investigaciones. El hijo de Méndez regresó a su casa y le contó a su padre la discusión. Sin mediación de ningún tipo, el oficial salió de su casa con su arma reglamentaria en búsqueda de Matías.

Era la una y media de la mañana. Matías tenía todavía su moto nueva encendida. Se estaba despidiendo de su novia cuando Méndez preguntó por su nombre. Ante la respuesta, comenzó a disparar hacia ellos. Matías arrancó con la moto para proteger a su novia del agresor. Méndez continuó disparándole a Matías hasta que dos balas impactaron en su cuerpo.

Mati, herido gravemente, logró hacer 8 cuadras hasta que se desplomó en el piso. A Méndez no le alcanzó con dispararle. Lo siguió desde una camioneta con un amigo. Para cuando llegó al lugar donde estaba el joven, ya estaban en el lugar los policías de la Comisaría 18. Méndez saludó a sus colegas, los que le permitieron acercarse para golpearlo y patearle la cabeza mientras agonizaba en el suelo. Como si todo fuera muy normal, el agresor, él único armado, se despidió de los demás policías y se fue con toda tranquilidad a su casa.

Matías fue llevado al hospital y falleció entre las 8 y media y las nueve de la mañana por la cantidad de hemorragias internas que le provocaron los disparos.

Los policías de la comisaría 18 continuaron encubriendo el caso, robándole el teléfono a Matías. Esta comisaría es altamente cuestionada en Neuquén. En el mes de diciembre del mismo año, otro oficial de la misma comisaría, Claudio Salas, mató a Braian Hernández, de apenas 14 años.

Justicia por Matías y Braian

El papá de Matías contó cómo comenzaron a organizarse: “a medida que empezamos a averiguar lo que había pasado y a saber lo que había ocurrido por gente que vio lo que pasó, comenzamos a marchar junto a sus amigos y a pedir justicia”.

“Cuando en diciembre, apenas 5 meses después, matan a Braian Hernández, nos unimos las dos familias para pelear por las causas. A Braian, de 14 años, lo mataron los policías de la comisaría 18, en el mismo barrio donde asesinaron a Matías, con un tiro en la nuca”.

Primero disparar y después preguntar

Frente a la pregunta sobre cómo es la relación de los jóvenes y la policía en la actualidad, César comentó a Marcha con claridad y contundencia que “la problemática siempre es la misma: es la criminalización de las personas de los barrios. En nuestro caso, en la primera versión oficial, la policía dijo que Matías había amenazado a la familia de Méndez con un arma de fuego. Obviamente, ni el arma apareció ni los dichos fueron probados durante el juicio. Luego del juicio sentenciaron a Méndez a cadena perpetua. Pero después los jueces bajaron la condena del oficial a veinte años”.

Y agregó: “este gobierno actual ve como natural la doctrina Chocobar y es la que van implementando para los chicos en los barrios: primero disparar y después preguntar. Hay que entender que es la mecánica con la que funciona el Estado. Y que los chicos de San Miguel del Monte no murieron de casualidad, fueron asesinados. Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda. Y tantos chicos más que terminan siendo asesinados por las distintas fuerzas de seguridad que representan al Estado, y que ante un hecho como el de Chocobar, tienen la venia del gobierno. Patricia Bullrich, la actual Ministra de Seguridad, legitima estos crímenes cuando le da al oficial su saludo y afirma que está bien el accionar de las fuerzas. Acá en Neuquén, como en todo el país, el accionar de la policía es lamentable.”

Los datos del horror

Según el último informe de la CORREPI, durante los 12 años de gobiernos kirchneristas el promedio de casos de gatillo fácil era de un asesinato cada treinta horas (llegando a un pico de uno cada veintiocho horas en 2015). Esta problemática, que ya expresaba datos alarmantes, se intensificó en el último gobierno. Durante el macrismo, en tan solo 3 años, la cifra aumentó exponencialmente pasando a ser de un muerto cada 21 horas. Más de mil trecientas personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019.

Comparando con los datos del último Censo, las estadísticas indican que “la represión se descarga de manera muy uniforme en todo el territorio nacional, con mínimas diferencias entre los distritos”. La provincia de Buenos Aires lidera el número de asesinatos por fuerzas represivas, con muy poca diferencia con las que le siguen: Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza. También muy parejo siguen La Pampa, Río Negro, C.A.B.A., Santiago del Estero y Córdoba, en ese orden.

El informe arroja también un dato que ejemplifica a la perfección uno de los roles esenciales de las fuerzas de seguridad: reprimir la protesta social. “Es de notar que los distritos que encabezan la lista son aquellos en los que de manera más brutal se viene aplicando el ajuste, y donde más ataques han sufrido las y los trabajadores con cierres de fábricas, congelamiento de salarios, paritarias a la baja y creciente desocupación”.

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Por Vivian Palmbaum | Foto: Leo Crovetto

Una nueva movilización fue convocada de manera urgente desde la Marcha Contra el Gatillo Fácil  por otro asesinato policial. En la Ciudad de Buenos Aires, desde la Plaza del Congreso a Plaza de Mayo, se marchó bajo la consigna “Cuando decimos nunca más es nunca más. Basta de Gatillo Fácil”.

Esta vez las víctimas fueron cuatro personas, de las cuales tres son niños. Danilo Sansone tenía 13 años, Gonzalo Domínguez 14, Camila López 13 y Carlos Aníbal Suárez 22 . Rocío, con apenas 13 años oscila entre la vida y la muerte.

Otra vez madres, padres y familiares se unieron y marcharon del Congreso a Plaza de Mayo para denunciar y repudiar la violencia estatal. La columna estuvo integrada además por organismos de derechos humanos, gremios, organizaciones sociales, movimientos populares y personas que se autoconvocaron. Marchar con la presencia de ese dolor, que está presente en cada rostro, que se siente, que no se apaga, para mostrar la fortaleza que encuentran en la unidad en el reclamo de justicia.

Alfredo Cuellar, el papá de Florencia “la China” Cuellar, asesinada en la cárcel de Ezeiza, afirmó que es un momento realmente importante para visibilizar la situación de lo que se está viviendo, “no solamente en esta ciudad sino en todo el territorio argentino”. Y agregó que “con la doctrina Chocobar la policía está trabajando de manera impune, asesinando hasta chicos y chicas de 13 y 14 años. Los matan por el solo hecho de matar. Nosotros salimos a repudiar la manera impune que tiene la policía, avalada por la Ministra de Seguridad, para nosotros asesina, Patricia Bullrich”.

Otra vez una tragedia causada por la policía. Mientras, el número de víctimas de gatillo fácil y violencia de las fuerzas de seguridad del Estado crece al mismo ritmo que aumenta el número de efectivos en las calles. Casi al mismo tiempo que sucedía la tragedia, Diego Cagliero era asesinado por un policía en Martín Coronado y un supuesto motochorro era ajusticiado por otro policía.

Mientras tanto, la Ministra de Seguridad a las pocas horas, como lo hace frente a cada acto de violencia de las fuerzas que dirige, deslegitimó la hipótesis de lo sucedido y lo vinculó con el caso de Luciano Arruga al afirmar que se trató de una “construcción”, lo mismo que expresó con Santiago Maldonado o con Rafael Nahuel.

Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga,  respondió desde la plaza a lo que consideró un acto de provocación: “la señora Bullrich se metió otra vez con Luciano. Encontré a mi hijo después de 5 años. A Santiago Maldonado lo encontraron en la misma fecha que a Luciano. Lo plantaron. Hace 10 años que estoy buscando una respuesta, que me la dé Bullrich ya que sabe. Que venga y dé la cara”.

Carta de las y los familiares

En una plaza que recibió a la multitud a oscuras, con sus luces estaban apagadas, se realizó el acto de cierre que se inició con la alusión y reconocimiento a Alejandro Cabrera Britos, luchador social y músico callejero que pocas horas antes había fallecido.

Desde la rabia y el dolor se leyó una carta dirigida a familiares de San Miguel del Monte y “para todo aquel que crea que el gatillo fácil es una política de Estado”. Una expresión de solidaridad y “fuerza para las y los familiares de Danilo, Gonzalo, Camila, Carlos y para que Rocío se recupere pronto”. “Decidimos salir nuevamente a las calles con mucha bronca y dolor por estas muertes y todas las muertes de todos los días”, continuó el texto.

“No nos olvidemos que nos matan un pibe cada 21 horas, seguimos denunciando las prácticas represivas en todas sus formas y contextos, denunciando al Estado y todas sus instituciones, al gobierno nacional, provincial y municipal. Gobierne quien gobierne el Estado nos mata, nos tortura y nos desaparece. No podemos dejar de decir que el gobierno de Macri, de Bullrich, de Maria Eugenia Vidal y todo su entorno mafioso y empresarial que quieren profundizar el hambre, las políticas de gatillo fácil, (…) bajar la edad de imputabilidad y todas las leyes para el exterminio del pobre, la clase trabajadora ocupada y desocupada, profundizar el hambre, garantizar la impunidad a los asesinos de nuestros familiares”, fue de lo más contundente de la carta.

Las palabras de Nora Cortiñas iluminaron el acto de cierre: “todos los días tenemos novedades, todos los días la señora Bullrich tiene improperios contra organismos de derechos humanos, contra los familiares de las víctimas, le decimos basta a Bullrich. Le decimos basta de matar al pueblo, basta de matar a los jóvenes”. Y cerró: “así como hicimos las Madres, vamos a seguir en la calle todos los días que sea necesario. Los desaparecidos, los caídos bajo las balas de la policía, los torturados aquí hoy presentes”.

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Por Redacción La tinta

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ratificó la condena a cadena perpetua a Lucas Gastón Chávez y Rubén Alfredo Leiva, efectivos de la Policía de Córdoba que asesinaron a sangre fría a Fernando Pellico. De esta manera queda firme la sentencia emitida en diciembre de 2016 por jurados populares y el Tribunal de la Cámara Octava del Crimen.

El “Güere” fue baleado por la espalda el 25 de julio de 2014 en barrio Los Boulevares cuando se trasladaba en motocicleta junto con su primo Maximiliano Peralta tras cruzar un control policial. En primera instancia, la Policía adujo que se trató de un enfrentamiento, pero la familia siempre señaló que fue otro caso más de gatillo fácil. Durante el proceso quedó demostrado no sólo que no hubo intercambio de disparos entre los uniformados y los dos jóvenes que se trasladaban en motocicleta por la zona de Los Cortaderos, sino que además los policías quisieron -luego de balear por la espalda a Güere- plantar un arma al joven para dibujar la situación de fuego cruzado.

En la sentencia, el Alto Cuerpo expresó que “la prueba de cargo resulta contundente y destruye absolutamente las posiciones exculpatorias asumidas por los imputados”.

“Sin que las víctimas hubieran realizado comportamiento reprochable alguno, el imputado Chávez desenfundó su arma reglamentaria y efectuó una serie de disparos hacia las víctimas (aproximadamente 10), quienes iban de espalda y desarmadas (en una motocicleta). Uno de los proyectiles impactó en Peralta provocándole una lesión, en tanto otro impactó en Pellico y le provocó la muerte”, sintetizó la resolución.

La Sala Penal del TSJ remarcó que “las víctimas no estaban armadas y que no existió un enfrentamiento armado y, en consecuencia, que el impacto de bala que presenta la camioneta (policial) no fue provocado por ellas”.

La sentencia explica que se desprende del plexo probatorio que fue Chávez quien disparó mientras los damnificados se conducían de espalda. La Justicia también señaló que el imputado Leiva “oficiaba como jefe de móvil y era quien al momento del hecho tenía tanto la posibilidad jurídica (era su superior) como fáctica (dar orden de no disparar, bajarle el arma, sacarle el arma) de impedir dicha conducta ilícita que estaba llevando a cabo su subordinado, ya que se encontraba junto a él”.

“Leiva, siendo superior jerárquico, tenía la obligación de impedir que Chávez dispare, máxime cuando no existía ningún peligro ni riesgo para ellos ni para terceros, pues las víctimas no estaban armadas. Entonces, si una de las funciones que tiene el personal policial es evitar o impedir los delitos, claramente ha quedado demostrado que Leiva no cumplió con su deber, pues teniendo la posibilidad jurídica y material no lo hizo”, argumentó la Sala Penal, integrada por los vocales Sebastián López Peña, Aída Tarditti y María Marta Cáceres de Bollati.

El TSJ enfatizó que, desde un primer momento, los policías imputados intentaron hacer pasar el hecho como un “enfrentamiento armado”, es decir, que Chávez disparó para repeler la acción. “Para ello, se intentó buscar un arma para implantarles a las víctimas y se trató de hacer pasar el disparo en el móvil como producido por los damnificados, todo lo que se fue desvirtuando con el devenir de la investigación”, concluyó.

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La reglamentación con respecto al uso de armas de fuego en las Fuerzas de Seguridad, que habilita a disparar a quien huye sigue cosechando críticas, ya no sólo de los organismos de DDHH sino también de Elisa Carrió. Ivonne Kukoc, madre del joven asesinado por el policía Luis Chocobar dijo que quieren aplicar la pena de muerte en Argentina y pidió la renuncia de Bullrich.

En los últimos meses, Ivonne conoció muchas madres y padres que, como ella, perdieron a sus hijos en manos del gatillo fácil. En ellas y ellos encontró la fuerza para seguir adelante y exigir justicia para que Chocobar, el policía local de Avellaneda que asesinó a su hijo Juan Pablo Kukoc vaya preso. En ese reclamo

pone toda su energía.

Mientras, el gobierno nacional hizo ley lo que empezó a llamarse la “doctrina Chocobar”, cuando honró al policía que disparó por la espalda al joven Kukoc. La Resolución 956/18 cambia la reglamentación para el uso de armas del fuego para las fuerzas de seguridad y amplía las posibilidades de disparar a quienes consideren “sospechosos”. El repudio creció y sigue creciendo y en las últimas horas de ayer, la justicia hizo lugar a un amparo presentado por varias personas referentes de Derechos Humanos, decretando como inconstitucional e inaplicable el reglamento en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, conversamos con Ivonne en el barrio de la Boca, a pocas cuadras del lugar donde fue asesinado su hijo, para conocer su opinión tras “el cambio de doctrina” de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

–¿Qué pensás de la decisión del gobierno de permitir que los policías federales disparen sin dar la voz de alto?

-Es gravísimo. Es una decisión horrible. Yo creo que ven a la gente como animales y quieren matar pibes pobres como si fueran perros. Lo que no se dan cuenta es que esta medida lo único que va a generar es más violencia. El rol de la policía es detener a quien comete un delito y ponerlo a disposición de la justicia, no tener licencia para matar a discreción. De esta manera lo que buscan es legalizar la pena de muerte en Argentina.

–La Ministra de seguridad, Patricia Bullrich, dijo que la doctrina anterior despreciaba a los uniformados y que esta los resguarda.

-La verdad es que la Ministra tendría que renunciar. Este no es trabajo para ella. Se trata de una funcionaria que festeja muertes. La solución a los delitos, a la inseguridad no puede ser matar pobres y negritos. Si hay pibes y pibas que roban, deben ser detenidos. Pero la solución estructural es la que falta.

–En estos meses te encontraste con madres y padres que han perdido a sus hijos e hijas en casos de gatillo fácil. ¿Qué aprendiste de ellos?

-Ante tanto dolor, nos encontramos y nos acompañamos. En este tiempo aprendí que la justicia se gana en las calles. A nuestros hijos se lo llevo el gatillo fácil, policías que actuaron siguiendo generalmente órdenes políticas y que tienen protección de los poderosos. Imaginate la protección que tienen, que al asesino de mi hijo lo recibió con honores el Presidente, aunque está acusado de homicidio.
La única manera de lograr justicia, es estar organizados y juntos. Y la fortaleza de encontrarnos y saber que vamos a pelear hasta el final.

– ¿Cómo se sigue día a día, después de perder un hijo?

-Es muy duro. Porque no se murió. Lo mataron. Y todos los días se me vienen a la cabeza las mismas imágenes: Juan Pablo tirado en la calle, Chocobar disparándole hasta matarlo. A mi hijo lo mataron como un perro. Y eso yo no se lo deseo a nadie. Hay un vacío que siento que nunca más se va a llenar. Pero acá hay que sacar fuerzas de donde sea. Por Juan Pablo y por todos los pibes y pibas que tienen derecho a la vida. Ellos quieren instalar la pena de muerta. Y nosotros tenemos la obligación de defender el derecho a la vida. Para todos los seres humanos.

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Días antes de la Cumbre del G20, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dictó una resolución que amplía los casos en que se permite el uso de armas de fuego por los integrantes de las fuerzas represivas federales. Ante esto, el vocero oficial del ministerio aclaró que era una medida extraordinaria para garantizar la seguridad de los visitantes extranjeros; sin embargo, la Resolución 956/2018 fue publicada en el Boletín Oficial.

La Resolución fue fuertemente repudiada por organismos de Derechos Humanos y de la lucha antirrepresiva, problemática que se llevó la vida de una persona cada 23 horas en el año 2017, y este año se estima que será superior. Todas pobres y sin acceso a la mal llamada justicia. “El gatillo fácil es ley”, tituló CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, a la declaración que publicó apenas se conoció la reforma. “La norma hoy publicada en el Boletín Oficial habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas”, afirman. “Esos intentos de justificar el tiro por la espalda o la nuca contra una persona desarmada, hoy, Cambiemos mediante, son ley en Argentina”, agrega el comunicado.

Solamente la semana pasada, antes de la Cumbre del G20 y con 24 hs. de diferencia, hubo dos asesinatos a manos de las fuerzas represivas. Uno en La Matanza y otro en Córdoba. Las víctimas pertenecían a los sectores más vulnerables. A las pocas horas de firmarse ya se conocía otro nuevo caso.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por abuso de autoridad, dado su carácter de funcionaria pública, ya que la decisión política de ampliar el uso de las armas vulnera principios constitucionales y tratados internacionales a los que el Estado argentino adhiere. Además, la Resolución del Ministerio de Seguridad no tiene la capacidad de modificar el Código Penal ni las disposiciones del sistema internacional de Derechos Humanos por lo que los integrantes de las fuerzas represivas que pretendan amparar su accionar bajo esta resolución no podrán invocarla en el proceso penal. Este sistema de jerarquías no se deroga por una Resolución siendo también una provocación más de parte del gobierno de Mauricio Macri y de la funcionaria. La Resolución nos vuelve a todas y todos sospechosos de haber cometido un delito. “La presunción de inocencia, principio rector que confiere el Código Penal pretende ser derogado y las fuerzas de seguridad parecen tener el derecho juzgar por lo que interpretan de lo que ven”, expresó Maria del Carmen Verdu.

En las últimas horas de ayer, la justicia hizo lugar a un amparo presentado por varias personas referentes de Derechos Humanos, decretando como inconstitucional e inaplicable el reglamento en la Ciudad de Buenos Aires. Será importante como sigue en las diferentes instancias judiciales así como también si se continúa la misma vía para el conjunto del país.

Cronología de la represión

Desde que se inauguró la etapa democrática los casos de gatillo fácil se vienen incrementando año a año. Ningún gobierno fue la excepción y tampoco fue capaz de contener a las fuerzas de seguridad.

El gobierno actual lleva el triste ranking de estar en primer lugar en el amparo del accionar ilegal de las fuerzas de seguridad. La construcción de un enemigo interno peligroso que necesita ser reprimido es la hipótesis necesaria para reprimir cualquier intento de resistir a una política que castiga a quienes menos tienen. Fue la misma lógica reglamentarista que se usó durante la última dictadura cívico-militar-clerical para perseguir, torturar, desaparecer y matar a luchadores y luchadoras populares y es la cristalización de la Doctrina Chocobar, la persecusión seguida de muerte de Santiago Maldonado o el fusilamiento de Rafael Nahuel.

La madre de Juan Pablo Kukoc, asesinado por el policía Luis Chocobar, expresó frente a esta Resolución que “Van a matar a los pibes pobres como perros, habilitaron la pena de muerte en Argentina”. Recordemos que Chocobar fue felicitado por el presidente Mauricio Macri por el asesinato y luego la justicia confirmó la autoría del hecho delictivo.

En una entrevista a María del Carmen Verdú (AM 830), referente de Correpi y reconocida por su intervención en defensa de los excesos de la fuerza de seguridad, fue consultada respecto de la Resolución. Allí expresó que “La única mirada que se puede tener como una persona de bien, es que esta Resolución habilita a dispararle a una persona desarmada, habilita a tirarle por la espalda, habilita a tirar en una serie de circunstancias. Como explica la Resolución, pueden ser otras las circunstancias, porque no se trata de una enumeración taxativa y lo que deja en la esfera de las propias fuerzas es determinar qué es una situación de peligro inminente o qué es el indicio o gesto inequívoco de peligro. Esa enumeración de distintas circunstancias es una especie de resúmen del menú de excusas habituales de policías, gendarmes, prefectos, etc. en los juicios: eso de pensó que tenía un arma. En el juicio del policía Otero, condenado hace un mes y pico a prisión perpetua, el policía dijo: ‘yo estaba seguro que estaban armados, porque le ví algo en la mano y era un celular con el que estaba jugando el más chico de los tres que estaba sentado en el asiento de atrás mientras los perseguía’”. Además, Verdú aseveró que “Carla Céspedes la policía exculpada escandalosamente después de fusilar a Ariel Santos cuando intentaba escapar en la moto, después de haber intentado robar un supermercado dijo que sintió que había una silueta a su lado -que en el video se ve claramente que no estaba- y que el muchacho hizo un movimiento con el brazo que le dio la impresión que iba a sacar un arma. Cuando lo fueron a ver, después que lo había acribillado no tenía nada en el bolsillo. No hay tal indefensión de los policías que argumenta Patricia Bullrich porque tenemos más de un muerto por día por gatillo fácil, hasta noviembre de 2017. Si voy a cuidar la sociedad pegando un tiro por la espalda al primero que se me cruza y me resulta sospechoso entonces definamos que es sociedad, porque por lo menos al segmento que sufre esta represión no se lo está cuidando. Facundo Ferreyra tenía 12 años, iba en una moto que no paró en un control policial, eso técnicamente es fuga, tiro por la nuca, aplauso medalla y beso a partir de esta resolución”.

Consultada respecto de la legalización de la doctrina Chocobar, expresó que “esta Resolución es convertir el gatillo fácil en ley, porque lo que Bullrich llamaba nuestra nueva doctrina (en relación al caso Chocobar) confrontaba en la caracterización con la justicia, pero esta Resolución lo que habilita es a sacar un arma. La gravedad de esta Resolución es que deroga toda resolución contraria y de pactos internacionales que le ponían un límite al accionar de las fuerzas de seguridad. Esta Resolución no es constitucional, pero nuestra doctrina permite invocarlo con el caso concreto y no antes, por eso estamos convocando a defendernos de esta verdadera legitimación del gatillo fácil en la calle con movilización con lucha organizada. Pasado mañana (por el jueves) vamos a estar en la calle con las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora con dos exigencias: el repudio y exigencia de anulación de esta Resolución y el repudio y exigencia de reapertura de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado”.

El contexto

Más allá de la Resolución en sí y todo lo que se viene exponiendo hasta el momento, es importante destacar la coyuntura en que se da.

La gestión macrista está claramente atravesada por el ajuste, los tarifazos, desempleo, inflación, entre algunos de los problemas que aquejan al pueblo trabajador. Esto es producto de un plan específico en términos políticos y económicos que tienen una gran impronta en relación a la sumisión del gobierno frente al capital extranjero. Por esta razón y teniendo en cuenta que la receta cierra con represión, es que la gestión de que encabeza Mauricio Macri pone de relieve la criminalización de la pobreza y la protesta social, como si de allí surgieran los responsables de la crisis por la que atraviesa el país.

Esta resolución se enmarca, además, en un presupuesto 2019 que se ajusta en las necesidades populares pero aumenta la inversión en fuerzas represivas y tecnología para Seguridad. El terreno se termina de allanar con una justicia cómplice que se hace la distraída como en el caso de Santiago Maldonado o demora en las investigaciones de los militantes de la CTEP asesinados días antes de la Cumbre del G20. Cuando le preguntamos a María del Carmen Verdú a qué se debe este plan, sentenció: “Todo esto se da en un contexto y objetivo claro: el plan de ajuste y represión del gobierno que se puede realizar con la orden a las fuerzas de seguridad de que vayan a fondo y garantizando impunidad”.

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Por Redacción Marcha / Cobertura Colaborativa

El pasado 27 de agosto se realizó la 4º Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Familiares de víctimas de la fuerzas represivas junto a organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron los casos de gatillo fácil y las políticas de represión a las y los pibes de los barrios populares.

Bajo la consigna “Ni un pibe menos, Ni una piba menos, Ni una bala más. El Estado es responsable”, se llevó a cabo la 4° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, impulsada por familiares de víctimas y organismos de Derechos Humanos. La Marcha se realizó en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización volvió a recorrer Av. de Mayo desde Congreso a Plaza de Mayo donde concluyó con las voces de familiares relatando las historias de los pibes y las pibas.

Un Estado garante de la represión

Hace algunas semanas se conocía el caso de Cristopher “Bocha” Rego, quien fue asesinado por integrantes de la Prefectura Naval Argentina en el barrio de Parque Patricios. El hecho sacudió al barrio porteño por el resultado de un accionar cotidiano que es el amedrentamiento por parte de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el caso del “Bocha” Rego sirvió para recordar que el gatillo fácil es una política de Estado. Así lo revela el informe anual de la Coordinadora Contra la Represión (Correpi): “cada 23 horas hay un caso de gatillo fácil en la Argentina”. Este número escapa a las estadísticas frías. Concretamente, quiere decir que en nuestro país casos como los del “Bocha” Rego no son aislados ni responsabilidad de agentes irresponsables, sino que es resultado de un sistema usa sus fuerzas de seguridad como un mecanismo coercitivo letal, que no descansa en períodos democráticos.

A pesar de que esta situación es conocida por el conjunto de la sociedad, para el gobierno de Cambiemos no importan los Luciano Arruga ni los Kiki Lezcano, entre tantos otros. Esto es tan así que luego de respaldar el lamentable accionar de la Gendarmería en el caso de Santiago Maldonado o de la Prefectura en el crimen de Rafael Nahuel, la doctrina Chocobar impulsada por la ministra Patricia Bullrich y el presidente Mauricio Macri vuelve al centro de la escena, luego de que el policía que dio nombre a la doctrina fuera reinsertado en la policía. El envalentonamiento represivo es tal que, si bien el pedido fue rechazado, hasta el genocida Miguel Etchecolatz intentó volver a dicha institución. Por si fuera poco, pocas horas antes de la marcha se registró un nuevo caso de gatillo fácil en Rosario, donde una agente policial de civil baleó a Facundo Benítez, un joven de 18 años de Barrio Tablada.

La organización como respuesta

En contraste con una tarde casi primaveral, de espaldas al Congreso, familiares de víctimas de la violencia y el abuso de las fuerzas de seguridad se reunieron para movilizarse en esta 4º Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil que reunió a cientos de casos de gatillo fácil, violencia y abuso en las cárceles, causas armadas y criminalización de las disidencias sexuales. Un fugaz momento de alivio para darle visibilidad a las y los que diariamente engrosan las listas de víctimas de la represión del Estado. Con las imágenes de sus hijas e hijos colgadas de sus pechos, familiares de las víctimas protagonizaron la jornada.

Una de las personas presentes eras Isabel, madre de Facundo Jones Huala, quien a pocas horas de la nueva detención y pedido de extradición de su hijo expresó: “Facundo está en la Unidad 14 de Esquel. Lo detuvieron porque según la fiscal Little, que es antimapuche, hay peligro de fuga”. Además enfatizó que “hay persecución política hacia los mapuches. No sabemos qué va a pasar con Facundo pero más allá de eso también hay pedido de captura de Fausto Horacio Jones Huala y Lautaro González, que fueron los que bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel en la comunidad”. Hacía dos días que se había cumplido un nuevo aniversario del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel a manos de un prefecto que aún no ha sido procesado. El cálculo es sencillo: lo que está en disputa son las tierras y sus bienes comunes. Sacar a los defensores y defensoras de los territorios, a cualquier costo, es una necesidad.

“Soy el papá de Florencia la “China” Cuellar, una de las 9 mujeres asesinadas dentro de ese centro de exterminio mal llamado cárcel”, dijo Alfredo al tomar la palabra con la paciencia que siempre lo caracterizó. “Hoy estoy acá acompañando a todos los familiares de las víctimas del gatillo fácil porque creo que este es el momento en donde tenemos que salir a manifestarnos para que de una vez por todas este aparato represor del Estado deje de matar a todos nuestros seres queridos”. La “China”, su hija, fue asesinada en la cárcel de Ezeiza en el año 2012. Otra historia de violencia en contexto carcelario.

Mientras, la columna principal avanzaba al grito de “yo sabia que a los pibes los mató la policía”. No hay manera de que el paso del tiempo haga disminuir el dolor de estas pérdidas. Las madres cantan con la tristeza y los pañuelos que no se escapan de sus manos, pero año a año las fuerzas se renuevan al ver el dolor colectivizado. Un ejemplo es el de Dolores Singampa, la mamá de Ezequiel Demonti, quien es parte hace años de la organización. Su hijo fue asesinado en el año 2002. “Cuando mataron a Ezequiel había otro gobierno de derecha. Ahora hay una particularidad: estos son más represores, son los que menos quieren a los pobres, a los pibes de los barrios populares, de las villas. Hay una declaración de pena de muerte de parte del Presidente, la Ministra de Seguridad y la gobernadora Vidal, porque al felicitar a un policía, cuando mata a un pibe, están declarando la pena de muerte”, analizó Dolores.

Las madres organizadas coparon las calles. Y juntarse tiene un fin muy claro. Así lo expresó Emilia, la mamá de Pablo “Paly” Alcorta, asesinado en 2013 por Diego Ariel Tolaba, miembro de la Maldita Policía y actualmente en funciones en la Policía de la Ciudad. Para Emilia, juntarse es esencial para “hacernos visibles porque de a uno no nos dan bolilla, nos tiran para el costado como siempre, porque somos de la clase trabajadora, porque somos humildes. Por eso se creen que no tenemos derechos. Acá nos juntamos para que nos escuchen y porque la unión hace la fuerza. Entre todos vamos a poder conseguir justicia”.

Pero no sólo las madres, si bien eran mayoría, acudieron a recordar a hijos e hijas y a exigir justicia. Uno de lo presentes fue Leonardo Santillán quien, junto a su padre Alberto, estuvieron en la Plaza para recordar a su hermano e hijo Darío, víctima emblemática del gatillo fácil, asesinado en 2002 junto a Maximiliano Kosteki en la llamada Masacre de Avellaneda. A pesar del dolor indeleble, Leo hizo un balance positivo de esta cuarta marcha: “Participé de la 3era el año pasado y de ese tiempo a esta parte ha crecido la participación de la gente y la misma organización. Se han organizado más madres y es muy importante. Esto sirve para mantener vivas estas causas, porque en varios casos ya han dado veredicto y los policías terminan siendo absueltos”. Además, recordó a su hermano y dejó asentado qué estaría haciendo ahora: “Darío estaría luchando como estamos tantos hoy acá. Con los estudiantes, con los desocupados. Siempre en la calle. Él nos enseñó eso”.

Casi sobre el final llegó la infaltable Norita Cortiñas, llegada directamente desde el centro de salud donde había sido atendida. Allí leyó los 70 nombres de las víctimas de gatillo fácil y luego expresó: “Basta de matar pibes, tenemos muchas preocupaciones por la situación económica”. Y cerró de manera contundente: “No al gatillo fácil, no a perseguir a los pibes. Le digo a las madres que hay que luchar. ¡30.000 detenidos-desaparecidos presentes!”.

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