Se acerca un nuevo 24 de marzo y se dará en el contexto de una creciente política en contra de los sectores populares, con las peores prácticas por parte del Estado. Más que nunca, llenemos las calles y las plazas contra la impunidad de ayer y de hoy.

Las movilizaciones populares del 24 de marzo en todo el país, y en particular la marcha a Plaza de Mayo organizada en la Ciudad de Buenos Aires por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ), sintetizan hace décadas las luchas contra la represión de ayer y de hoy. La coyuntura actual, signada por el mayor avance de la represión estatal en los últimos 35 años, nos convoca a todos y todas a construir una jornada nacional de movilizaciones masivas, que exprese la decisión del campo popular de enfrentar unido, más allá de la diversidad de identidad o tradición política, un gobierno que reivindica expresamente la dictadura cívico-militar-eclesiástica, fusila en los barrios, tortura en las cárceles y persigue y encarcela luchadores y luchadoras.

El 24 de marzo del año pasado, la consigna central de la marcha de Congreso a Plaza de Mayo fue, obligadamente, “Son 30.000 – Fue genocidio”. Es que, por primera vez en muchos años, debimos responder reiterados actos y declaraciones del gobierno de Cambiemos que pusieron en cuestión la cantidad de desaparecidos/as, para luego avanzar hacia una explícita y sistemática reivindicación del terrorismo de Estado y de sus protagonistas civiles y militares.

Ese escenario, ya inédito, resultó un simple preludio de lo que seguiría, con el intento de la Corte Suprema de beneficiar a los genocidas con el 2×1 y su efectivización a través del reparto a manos llenas de arrestos domiciliarios a casi un centenar de represores procesados y condenados en reiteradas ocasiones, con el caso del chacal Etchecolatz, ahora felizmente revertido gracias a la lucha organizada, como ejemplo paradigmático.

A mediados del año pasado, la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel marcaron el inicio de una etapa superior de la avanzada represiva que caracteriza al gobierno de Cambiemos. Escuchamos a la ministra Patricia Bullrich, a la vicepresidenta Gabriela Michetti y al presidente Mauricio Macri decir cosas como “No voy a tirar un gendarme por la ventana”, “La versión de las fuerzas es versión de verdad”, “El beneficio de la duda es siempre para las fuerzas” o “Hay que volver a la lógica de que la voz de Alto significa que te entregás”. Estas declaraciones oficiales tuvieron inmediato acatamiento de las fuerzas de seguridad, como se vio el 1º de septiembre en CABA, con 31 detenidos y detenidas; en Córdoba, cuando la Marcha contra el Gatillo Fácil esa misma semana fue seguida por el allanamiento simultáneo a 11 locales de organizaciones populares, y, naturalmente, en la lógica bélica de los operativos conjuntos para reprimir las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires el 11, 13, 14 y 18 de diciembre.

En el mismo cuadro es necesario incluir el “Informe sobre la RAM”, publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación junto a los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén, con tantas inexactitudes y mentiras que daría risa si no conociéramos el objetivo buscado: deslegitimar las luchas en todo el mundo por la liberación de los pueblos y demonizar a quienes las protagonizan o son solidarios y solidarias con ellas.
Así como el poder judicial rápidamente se acomodó a la orden de aliviar la situación de los genocidas con los indultos “a goteo” de las domiciliarias, también jueces y fiscales se sumaron a la ofensiva. En cada una de las detenciones masivas en movilizaciones empezó a intervenir la justicia federal, mucho más eficaz para prolongar las detenciones y agravar las imputaciones, con una nueva lógica persecutoria, que utiliza todos los recursos tecnológicos disponibles para invadir la privacidad de las personas y violentar el derecho a la libre expresión.

Llegamos al punto más alto –por ahora- en materia de represión al conflicto y la protesta social hace unas semanas, con los fallos de la Cámara Federal en las causas del 14 y el 18 de diciembre. En ambas, los jueces Farah e Irurzun instalaron la tesis de que personas comunes y corrientes deben permanecer presas aunque estén acusadas por leves delitos excarcelables porque “de estar en libertad, podrían obstaculizar el proceso”, claro que sin explicar cómo ni con qué recursos lo harían. Así, de los cinco compañeros que permanecían presos desde el 14 de diciembre, sólo liberaron a dos trabajadores precarizados en situación de calle, porque quedaron contra las cuerdas sin nada de qué acusarlos, pero otros tres manifestantes continuarán presos hasta que sean juzgados. Dado que sólo se los acusa por atentado a la autoridad, con pena mínima de seis meses y máxima de dos años, es probable que permanezcan en prisión más tiempo que la pena que eventualmente podrían recibir si se los condena. Y en la causa del 18 de diciembre, ordenaron la nueva detención de los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Ponce, también acusados por delitos por los que nadie debería ir preventivamente preso, lesiones en riña y, nuevamente, atentado a la autoridad.

Siguen en pie las persecuciones al militante del PSTU Sebastián Romero por usar un fuego de artificio y contra los compañeros Nadia Paris y Fermín Martínez de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Neuquén, y Bariloche se habilitó con un fallo judicial amañado el irregular pedido de extradición del lonko Facundo Jones Huala a Chile, que ahora será analizado por la Corte Suprema.

Mientras tanto, no hay un solo gendarme preso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, sino varios ascendidos; no hay un solo prefecto imputado siquiera por fusilar por la espalda a Rafael Nahuel; no hay un solo policía identificado como autor de los disparos que se cobraron cinco ojos de trabajadores el 18 de diciembre último.

Sobre la base del impresionante aumento de la militarización de los barrios y el crecimiento de las muertes por gatillo fácil y en lugares de detención, a principios de este año, de la mano del “caso Chocobar”, el gobierno nacional dio un nuevo salto, con el protagonismo de la ministra de Seguridad, apoyada por el ministro de Justicia y el jefe de Gabinete, y rápidamente asumido por el presidente Macri, quien, horas después del procesamiento del policía Luis Chocobar por matar por la espalda a una persona desarmada, lo recibió en Casa de Gobierno, lo abrazó y le dijo: “Necesitamos más policías como usted, es un héroe”.

Con esa frase, y la posterior conferencia de prensa en la que Bullrich enunció la “nueva doctrina” de la inversión de prueba para la policía, el gobierno de Mauricio Macri hizo pública la orden a las fuerzas de seguridad: disparen, que acá estamos para bancarlos.
En cuestión de horas se vio que la directiva fue comprendida y acatada. Al día siguiente, el frente del local de CORREPI amaneció con un grafiti provocador, “Aguante Chocobar”, y se produjeron varios fusilamientos policiales en diferentes lugares de la zona metropolitana, como Quilmes y Monte Grande.

Cuando parecía que ya no había espacio para que el gobierno avanzara más en esta línea, el fusilamiento policial de Facundo Ferreyra, un niño de 12 años, en Tucumán, dio el pie para que nuevamente se impulsara el gatillo fácil desde el gobierno nacional. “Si el policía disparó por la espalda es un detalle”, dijo Patricia Bullrich sobre el pibe, cuyo cráneo fue atravesado por una bala 9 mm que entró por la nuca y salió por la frente. Casi al mismo tiempo, la “doctrina Chocobar” se expresó de la manera más brutal en San Juan, con el linchamiento de Cristian Cortez, de 18 años, asesinado a golpes por un grupo de personas que aplicaron por mano propia la política oficial porque el chico trató de robar un celular.

Enfrentamos así un gobierno que reivindica el genocidio y premia a sus protagonistas, mientras decreta la pena de muerte a punta de reglamentaria en los barrios, contra las y los más vulnerables, y criminaliza y persigue militantes y organizaciones del campo popular. Ambas aristas de esta política represiva responden a la necesidad de dar eficacia al disciplinamiento y control social necesarios para avanzar en el conjunto de su política antiobrera y pro-patronal, hacia la reformulación profunda de las relaciones capitalistas que Macri y sus socios quieren imponer a largo plazo.

Por eso este 24 de marzo, como nunca, llenemos las calles y las plazas, con las banderas de las y los 30.000 y de las y los caídos en las luchas populares, con el reclamo de la libertad para las y los que luchan, con la exigencia de cárcel común y efectiva a los genocidas de ayer y a los represores de hoy, y que el mundo nos escuche gritar que Macri es impunidad, ajuste, saqueo y represión, y acá hay un pueblo que lucha y se organiza.

*Militante de Correpi y Poder Popular.

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En junio empezó el segundo semestre del gobierno de Cambiemos. Tras el ajuste y la ola de despidos, los números de la economía son alarmantes. Mientras trabajadores/as y movimientos sociales se movilizan, ¿qué ocurre con la imagen del gobierno?

En las últimas semanas la consultora Tendencias Económicas señaló que durante el primer cuatrimestre del año, 140 mil personas fueron despedidas y casi 40 mil suspendidas en sus lugares de trabajo. Si a ello sumamos el ajuste en las tarifas de los principales servicios públicos, el cocktail de la conflictividad podría volverse explosivo.

Pero no solamente en la microeconomía diaria de las personas los números no cierran. El pasado domingo el periodista de Página/12 Horacio Verbitsky publicó una compilación de datos elaborada por Guillermo Makin, del Centro Latinoamericano de la Universidad de Cambridge, donde se da cuenta de la sangría macroeconómica que venimos atravesando en estos seis meses: prácticamente todos los indicadores centrales (consumo, actividad industrial, exportaciones, etc.) muestran números negativos.

Este escenario obligó a la vicepresidenta Gabriela Michetti a demarcarse del mito del segundo semestre creado por el gobierno nacional, que pretendía instalar que el 30 de junio sería un parte-aguas donde dejaríamos atrás el período especial, producto de la ‘salida del populismo’, para pasar al paraíso de las inversiones y la reactivación económica. Ante la opacidad del escenario por venir, Michetti sinceró ante un diario salteño que “una mejora en el bolsillo de la gente vendría recién en 2017”.

Quiénes y cómo se movilizan

Ciertamente las y los trabajadores formales, cooperativistas y movimientos sociales no se han sentado a esperar la llegada de la ‘primavera de julio’ que el gobierno venía prometiendo, sino que se han volcado a las calles en numerosas jornadas de protesta.

Solamente por mencionar los casos más rutilantes, las enormes jornadas de lucha que vienen protagonizando los trabajadores y trabajadoras de la salud en la provincia de Buenos Aires, los acampes de estatales en la provincia de Tierra del Fuego, y la toma de oficinas públicas y posterior acampe en la Plaza de Mayo por parte de cooperativistas de la Ciudad de Buenos Aires, funcionan como muestra del variado arco de luchas reivindicativas que el gobierno debe afrontar.

La reactivación de la conflictividad sindical, a nivel de cada rama pero también a nivel general en la confrontación in crescendo que el gobierno viene estableciendo con Hugo Moyano (conflicto por la Asociación del Fútbol Argentino incluido), marca otro foco de conflicto que desvela a Mauricio Macri y sus allegados.

También en relación a la crisis alimentaria es que el gobierno viene recibiendo una serie de golpes políticos significativos, como el muy difundido informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que consignó 1,5 millones de nuevos pobres desde la asunción de Cambiemos.

Es cierto que tras el veto a la Ley antidespidos las centrales sindicales no llamaron a un paro general, lo cual puede verse como un punto a favor del gobierno, aunque sí convocaron a una olla popular, con lo significativa que resulta la cuestión del hambre en nuestro país, y lo asociada que está a la crisis del 2001. Es en ese sentido que si el reclamo de los sindicatos vuelve a ser la alimentación antes que los aumentos salariales o la pérdida de empleo, puede significar un escenario crítico.

Esto se profundiza cuando organizaciones sociales llevan adelante piquetes, como el de la semana pasada, reclamando por mayor acceso a mercadería para sus comedores, en virtud de un aumento en las necesidades de los sectores más castigados. Por si fuera poco, sacerdotes que realizan trabajo diario en las villas de emergencia, como Eduardo De la Serna, reiteran en los medios una y otra vez que el paisaje social en estos barrios muestra un aumento de la pobreza y de las actividades ligadas a ella, como el cartoneo.

¿Una imagen no negativa?

A pesar de que asistimos entonces a un escenario de franca resistencia y conflictividad en las calles, los datos recientes brindados por las consultoras de opinión muestran un panorama ambivalente respecto del gobierno. Los dos extremos los marcan la consultora Poliarquía, que le asigna un 60% de apoyo a la gestión de Cambiemos, y Managment & Fit que brinda un 44%. En ese margen se mueven el resto de las consultoras, lo cual termina por redondear una media de 50% de imagen positiva.

Es cierto que, según como se interpreten estos datos, se puede estar ante una buena o una mala noticia para Macri. No sólo por la evidente división en dos mitades simétricas que presentan los sondeos entre apoyo y rechazo sino también porque, por un lado, estos números implican un descenso en la imagen positiva del presidente respecto de noviembre. Por otro lado, tras las medidas tomadas -reconocidas por el propio gobierno como ‘poco simpáticas para la gente’-, mantener el mismo caudal de aceptación que el expresado en las urnas seis meses atrás, podría ser visto como un triunfo.

En definitiva, como fuera que sea visto ese 50% de imagen positiva del presidente, no asoman figuras ni partidos opositores que capitalicen en forma homogénea el descontento social. De tal forma, aún con su imagen desgastada, Cambiemos podría llegar a las decisivas elecciones de 2017 a buen paso.

Disputar las calles y el sentido común

La semana pasada Álvaro García Linera dio una charla en Buenos Aires, donde volvió a enfatizar en la necesidad de disputar el sentido común de las mayorías. Por sentido común, el Vicepresidente de Bolivia alude a los preceptos lógicos y morales sobre los cuales las personas organizan lo que está bien y lo que está mal, lo correcto de lo incorrecto, lo deseable de lo indeseable. En su lectura, el acceso a niveles de gobierno y/o el mejoramiento de la situación económica de la población, deben ir acompañados de un nuevo sentido común, crítico de aquel que el liberalismo promueve y reproduce desde distintas trincheras como los medios de comunicación, las universidades, los lugares de trabajo, etc.

Claro que esta no es una preocupación nueva para el pensamiento político de izquierda, toda vez que ya desde principios de siglo XX Antonio Gramsci alertó acerca de la necesidad de trascender el sentido común, para construir núcleos de buen sentido, que contribuyan a la tarea socialista.

En nuestro caso, la conflictividad callejera protagonizada por los actores ya mencionados viene expresando una línea importante de asedio al gobierno. No obstante, en tanto estas fuerzas políticas y sectores organizados no logren revertir la consolidación del sentido común actual, a todas luces reproductor del statu quo, no será posible horadar la legitimidad del gobierno, ni construir una alternativa real de poder.

Sin dicha disputa, la hegemonía en las calles que actualmente ostenta el campo popular crítico al macrismo, puede terminar por reducirse a una lucha económica o social, dejando vastas y estratégicas trincheras desatendidas.

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