Por Ana Paula Marangoni e Ignacio Marchini | Foto: Adrián Escandar

El gobierno de Cambiemos pasará a la historia como uno de los más regresivos en materia de derechos humanos y como uno de los más violentos y sádicos en materia de represión de las fuerzas de seguridad. Con Patricia Bullrich a la cabeza del Ministerio de Seguridad de la Nación, una de las pocas del “mejor equipo de los últimos 50 años” que llegó a terminar su mandato, las fuerzas represivas alcanzaron niveles inéditos de violencia desde el retorno de la democracia.

No es una casualidad que el enorme ajuste económico llevado a cabo por el macrismo se haya visto acompañado por un crecimiento sin precedentes de casos de gatillo fácil y muertes en lugares de detención, torturas por parte de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, causas armadas y criminalización de la protesta social. Como señalan desde hace muchos años en la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), el uso de la represión estatal para garantizar las políticas de todos los gobiernos es constitutivo de cualquier sociedad dividida en clases. Para la Coordinadora, el nivel de violencia policial de cada momento histórico se explica por dos grandes motivos: la situación económico-social y las características del gobierno de turno.

En el caso de Cambiemos, el ajuste económico en todas las áreas de políticas públicas y sociales, con su consecuente empeoramiento en las condiciones de vida de la mayoría de la población, llevó indefectiblemente a un aumento en el descontento y la conflictividad social. Nada más violento que la desigualdad. En relación a las características específicas del gobierno saliente, el uso demagógico del “voto bala” y el “voto cárcel”, junto a una defensa a ultranza del accionar de las fuerzas de seguridad por parte de funcionarios jerárquicos del gobierno, llevaron a un crecimiento desembozado de los casos de gatillo fácil y muerte en los lugares de detención.

Algunos datos para tomar noción de qué nos deja el macrismo a nivel nacional: del promedio de un muerto cada 30 horas en mano de las fuerzas de seguridad durante los 12 años de kirchnerismo, se pasó a un muerto cada 21 horas, contando hasta el 12 de febrero de 2019, según datos del archivo de casos de la CORREPI 2018. El archivo con los casos de 2019 será presentado el viernes 13 de diciembre y, según anticiparon desde la Coordinadora, la situación empeoró. Sin contar este último año, de los 6536 casos de gatillo fácil de 1983 a la fecha, 1303 le corresponden a Cambiemos. Es decir, 1 de cada 5 muertos desde el retorno de la democracia en sólo 3 años. 

La doctrina de las “nuevas amenazas”

La adscripción del macrismo a la doctrina de las “nuevas amenazas”, elaborada por el Comando Sur de Estados Unidos, con el pleno respaldo del Estado bélico de Israel, es fundamental para entender el vuelco en materia de “seguridad interna” en estos cuatro años. Relaciones que exceden ampliamente lo teórico y se tradujeron, por ejemplo, en compras de hasta 2 mil millones de dólares en armamento de guerra a EE.UU. y software de espionaje al Estado sionista. Todo en aras de “la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, como expresara incansablemente Patricia Bullrich a lo largo su gestión. Lucha que, además, fracasó estrepitosamente, si tenemos en cuenta que “en los últimos años hubo efectivamente más incautaciones, más detenidos, más condenados y, sin embargo, hay un aumento de la circulación de sustancias en el territorio”, como explicara al portal Chequeado Mariana Souto Zabaleta, especialista en políticas de drogas del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). Más allá del error de por sí que representa encarar el problema de las adicciones y el narcotráfico desde una perspectiva punitivista, “se habría incrementado la oferta de pasta base-paco en casi un 50% y la de éxtasis en más del 100%”, agregó la especialista.

La doctrina digitada por Estados Unidos coloca a la “seguridad nacional y el orden público” como los principales bienes a ser protegidos, por encima de la vida de cualquier persona, usando la lucha contra “el terrorismo y las amenazas internas” como excusa. De este manera, el terrorista es una amenaza que nunca es discernible del todo, y puede ir desde un comando mapuche entrenado por Irán y Venezuela hasta un jubilado que reclama porque le aumenten la mínima, según el enemigo de turno que se necesite construir mediáticamente.

Esta noción tiene efectos nefastos en la concepción de la seguridad interior, con un recrudecimiento de la represión policial y con la habilitación a las Fuerzas Armadas de actuar en tareas internas y de espionaje a organizaciones civiles, políticas y sociales. Una doctrina que ha tenido efectos desastrosos en América Latina, como evidencian los casos de los Estados militares de Colombia o México, por nombrar algunos, con un incremento enorme de la violencia hacia las poblaciones civiles. Si a eso sumamos la profundización de la militarización de todas la fuerzas, incluidas las policiales, y el aumento de efectivos, el Estado policial se erige como regulador de la vida, dejando de lado sus funciones sociales.

Un ejemplar despliegue de la capacidad represiva del Estado argentino se dio durante la Cumbre del G20 que tuvo lugar en Buenos Aires el año pasado, con tanques, camiones blindados y armamento militar para intimidar a la población. Fueron significativos también los recortes en Educación y Ciencia destinados a engrosar el presupuesto en materia de Defensa y la compra de pistolas Taser (catalogadas como elementos de tortura según la ONU) para equipar a las fuerzas de seguridad en aeropuertos, subtes y trenes, entre otras decisiones políticas en pos de militarizar a las fuerzas represivas nacionales.

Milagro, Santiago, Rafael y Juan Pablo

Hay cuatro casos testigos que ejemplifican con claridad la política de seguridad y persecución del macrismo.

El 1 de agosto de 2017, otro crimen por parte de las fuerzas de (in)seguridad conmocionó a la sociedad. En medio de una feroz represión por parte de Gendarmería en la Lof Cushamen, de Chubut, Santiago Maldonado, que se encontraba acompañando a lxs mapuches en resistencia, desapareció, para aparecer muerto 78 días después, luego de idas y vueltas mediáticas, del encubrimiento por parte de las fuerzas de seguridad, de las autoridades de la justicia y de los funcionarios responsables, hasta llegar a Patricia Bullrich.

Mientras falsos testigos arrojaban la hipótesis de que Santiago estaba vivo en distintas localidades, la Gendarmería se ocupaba de ocultar evidencias a la vez que negaba tener conocimiento alguno de Santiago. Ocultaron las fotos de la represión donde se lo podía identificar (y, por lo tanto, descartar la hipótesis de que no hubiera desaparecido en el contexto de la represión), lavaron la camioneta que se utilizó en el operativo (la que negaron haber usado pero que aparece en videos y fotos del operativo), violaron los precintos y obstaculizaron desde el comienzo la investigación, con el aval del primer juez a cargo de la cusa, Guido Otranto, que en ningún momento ordenó apartar de la investigación a la misma fuerza sospechada de matar y ocultar el cuerpo de Santiago. 

La causa tuvo enormes cabos sueltos desde el comienzo. Uno de los más llamativos fue que, al día siguiente de su desaparición, Ariel Garci, amigo de Santiago, lo llamó a su teléfono, que estaba activo e incluso fue atendido durante 22 segundos sin emisión de voz alguna. Esto es inexplicable, incluso abonando la hipótesis oficial de que Santiago se haya ahogado y hubiera estado todo ese tiempo bajo el río. Incluso, luego de que declarara, su identidad fue dada a conocer, exponiendo su vida y negándole el derecho a protección como testigo.

A los 78 días de su desaparición, el 17 de octubre de 2017, el cuerpo apareció en el mismo río donde fue tantas veces buscado, absolutamente intacto. A pesar del fallo del juez Lleral, en el que se aseguraba que Santiago había muerto naturalmente, intentando cruzar el río, la querella pidió reabrir la causa, debido a la cantidad de  inconsistencias encontradas en la autopsia realizada. Las objeciones se basan en distintas evidencias que impiden sostener que Santiago permaneció los 78 días en el río, y que apuntan a la hipótesis de que fue secuestrado por Gendarmería, y que ya sin vida su cuerpo fue escondido conservado a bajas temperaturas y luego “plantado” en el lugar de la represión. Algunas de estas evidencias son la presencia de polen (incompatibles con la cantidad de días sumergido), y el estado de conservación del cuerpo y del DNI, en relación con la temperatura del río y la exposición al agua en el tiempo.

La ministra de (in)seguridad Bullrich aseguró el pacto de impunidad con las fuerzas, a través de una frase que quedaría entre las más lamentables de nuestra historia: “no voy a cometer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana”. Así dejaba en claro su decisión política de proteger a las fuerzas incluso aunque cometieran los crímenes más aberrantes. Gendarmería despidió de sus funciones a la ministra, obsequiándole un sable con esta frase, que es hoy el macabro recordatorio del crimen de Santiago y una muestra de lealtad preocupante. Hoy en día no hay un solo preso por la represión, la muerte y la desaparición forzada de Santiago durante 78 días. Y todas las inconsistencias de la investigación continúan sin explicación.

Al caso de Santiago, que tomó repercusión nacional e internacional, debemos agregar el asesinato por la espalda del mapuche Rafael Nahuel a manos del prefecto Javier Pintos, actualmente en libertad, durante una toma de tierras. Incluso la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, se encargó de avalar el accionar de la Prefectura Nacional diciendo que lxs mapuches se encontraban armados, algo que fue completamente desmentido por las pericias que además demostraron que se le disparó por la espalda, en plena huída.

Lo mismo sucedió con el policía Chocobar que asesinó al ladrón Juan Pablo Kukoc por la espalda y huyendo. La respuesta del gobierno fue felicitarlo en persona por el Presidente Mauricio Macri, algo absolutamente inédito en democracia, y que pinta de cuerpo completo lo que fueron estos 4 años en materia represiva. Es por eso que la actuación de la policía se dijo estar regida por la “doctrina Chocobar”.

Mientras tanto, el Poder Judicial avaló sistemáticamente la persecución de quienes se enfrentaron al proyecto neoliberal de Cambiemos, a través de la criminalización de referentes sociales y manifestantes, con el fin de limitar la acción colectiva. El caso de Milagro Sala, presa sin condena hace ya casi cuatro años, fue señero e inaugural en el accionar del Poder Judicial asociado al poder político y sus conveniencias. Una detención arbitraria y sin garantías constitucionales mínimas, sin respeto a la presunción de inocencia y la libertad durante el proceso penal, que ha llegado a desoír incluso un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al respecto del caso.

La política de hacer olvidar

Cuesta reconocerle al presidente saliente alguna de sus promesas cumplidas. Pero hay una que lastimosamente cumplió. Si algo caracterizó los dichos de Mauricio Macri fue la tajante división entre los discursos armados (torpes, vacíos y plagados de balbuceos y tartamudeos) diferenciados de aquellas afirmaciones fuera de guión (por lo general, rotundas y vergonzosas), políticamente incorrectas y dotadas de una honestidad brutal. 

Las primeras afirmaciones permitían conocer la estrategia comunicativa de Cambiemos y el esfuerzo de un mandatario que nunca lograba darle el tono de actuación justo a las palabras previstas. Las segundas ponían en evidencia los hiatos elegidos, develando pensamientos en alta voz, que debían ser reducidos a medida que Macri pasaba de ser un jefe de gobierno al Presidente de la Nación.

Por eso, en 2014, cuando a Mauricio Macri le faltaba un año para asumir como presidente, era más fácil toparse con exabruptos públicos. Allí prometió, en diálogo con La Nación, acabar con el “curro de los derechos humanos”, sincero, sin mediación de couchers ni focus groups.

Y efectivamente, desde que asumió, se ocupó de ejercer la fuerza contraria al trabajo histórico que realizaron los distintos organismos de Derechos Humanos desde el retorno de la democracia. Cambiemos trabajó arduamente en la política de hacer olvidar. La política de la desmemoria, similar a la decisión de cambiar en los billetes las imágenes de próceres por animales, involucró medidas judiciales, beneficios para genocidas, dilación de los procesos judiciales por Crímenes de Lesa Humanidad, recortes presupuestarios sostenidos en DDHH y el histórico fallo de la Corte Suprema durante 2017 de aplicar la reducción de penas (conocida como 2×1) a genocidas, que debió retroceder y fue revocado en 2018, frente a los masivos repudios y movilizaciones. 

Solo por aportar algunos indicadores, según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en 2018 se registraron sólo 17 fallos a represores, el menor número desde 2010. Esto se vio acompañado con el sostenido aumento de sentencias a prisión domiciliaria para condenas por crímenes de lesa humanidad.

El fantasma de la teoría de los dos demonios volvió a cobrar vida. Previamente al lamentable fallo, el ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, expresó categóricamente en 2016 que en Argentina no hubo 30 mil desaparecidxs. Mauricio Macri, lejos de repudiar los dichos del funcionario, optó por sostener el libreto de la ambigüedad, afirmando que él no tenía idea si habían sido 9 mil o 30 mil, desligándose de la obligación de tener una postura clara en relación al pasado reciente y opinando como si fuera un ciudadano común, al margen de su investidura presidencial, estrategia reiterada en muchas oportunidades.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo continuaron durante estos cuatro años realizando sus rondas, a pesar de las afrentas a su lucha por la justicia, y a la necesidad de que la memoria sea una política de Estado contra sus crímenes del pasado, contra el horror y contra el olvido. El jueves 5 de diciembre se despidieron de este gobierno que permitió reavivar el dolor de lo vivido, realizando la N°39 Marcha de la Resistencia y ampliando el concepto de DDHH. Porque un gobierno que no respeta la vida, no sólo agita los peores infiernos del pasado, también lo instala en el presente, cuando es indiferente al hambre, a la pobreza, a la miseria, consecuencias inevitables de sus políticas, de lo que hicieron y lo que decidieron no hacer.

La agenda urgente

La coalición de derecha saliente deja un panorama desastroso en materia de derechos humanos y garantías constitucionales. Dentro del enorme trabajo que deberá encarar el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, y que las movilizaciones de las organizaciones políticas y sociales deberá garantizar, hay un puñado de ellas que, desde la CORREPI, califican como urgentes. 

La primera y principal es la derogación de la Resolución 956/2018 que habilita el uso del arma reglamentaria de las fuerzas de seguridad en cualquier circunstancia. Es decir, la legalización de la Doctrina Chocobar. También exigen el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Bulacio, que ordenó “la derogación de todas las facultades normadas y la eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante”. Es decir, el cese de las detenciones arbitrarias que se multiplicaron escandalosamente durante el macrismo.

El fin de los programas de reconocimiento facial, la derogación de la Resolución 845/2019 que “sistematiza y masifica la intercepción y detención de personas ‘para identificar’ en las estaciones de trenes”, el hostigamiento a las personas que se sustentan con changas en la vida pública, son algunos otros de los puntos del entramado legal que deja el macrismo que es urgente desarmar, con la principal amenaza del proyecto de reforma del Código Penal, que “incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta y consagra la impunidad de los represores” y del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil “que contempla la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes”.

En cuatro años, el gobierno de Mauricio Macri, por su política anti derechos y por su cinismo hacia el hambre y las necesidades básicas de la población, demostró ser un gobierno en contra de la vida. Con más de 40 % de pobreza, y con un endeudamiento millonario, se va, pero nos deja en un estado de emergencia que será difícil de revertir. Por eso, intentamos recuperar la memoria para decirle a los gobiernos neoliberales #NuncaMás.

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Con la ciudad de Buenos Aires sitiada, comenzó la Cumbre del G20, protagonizada por los líderes responsables del hambre y la miseria en el mundo. En las calles y desafiando la militarización del gobierno nacional, miles de personas se manifestaron contra las políticas que sacuden a los pueblos de la región.

La Cumbre del G20 tiene casi 20 años, aunque desde 2008 se toma con mayor relevancia por los gobiernos miembros, transformando esta reunión mundial con características técnico- económicas en un modelo estratégico, sumando la participación de los Jefes de Estado que la componen. En 2018 tocó Argentina, en el marco de una crisis económica mundial en que se ponen de manifiesto las diferencias entre las principales potencias económicas, dejando de lado el objetivo de avanzar en soluciones para los pueblos del mundo (si es que alguna vez existió tal objetivo).

La novela de Trump subiendo y bajando reuniones, argumentando contra la “economía depredadora china” algunas horas después de que Macri alcanzara acuerdos bilaterales con el gigante asiático, son algunos de los ejemplos que ilustran esta Cumbre, de forma tal que su fracaso está anticipado. Aunque bien sirvió como show mediático digno de una forma de hacer política que pretende a la ciudadanía como mera espectadora. Porque en lo concreto, nuevamente y como en la OMC, no habrá acuerdos entre imperios dominantes. Mientras, en la variante local, la crisis del sistema capitalista y del gobierno se manifiesta hace mucho con el descalabro económico que recae sobre la clase trabajadora y desocupada con ajustes presupuestarios, aumentos de precios, pérdida del poder adquisitivo, desempleo y precarización y, por supuesto, represión a las y los que luchan y levantan voces disidentes.

El plantón de Donald Trump a Mauricio Macri en la gala de presentación, el papelón del acuerdo con China repudiado irónicamente por el presidente de los Estados Unidos, la demora de Gabriela Michetti en recibir al presidente de Francia, Emmanuel Macron, son más que errores de protocolo, ponen de manifiesto el “juego sucio” de la Cancillería argentina y las diferencias al interior del bloque gobernante a una semana de que el Ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, haya tenido que renunciar por el fracaso en la seguridad de…un partido de fútbol. La crisis es económica, pero también política y evidente.

G20: ¡Go home!

Ante esta Cumbre la estrategia del gobierno de Cambiemos fue clara: generalización del miedo a través de los medios/ empresas hegemónicas de comunicación; detenciones, persecuciones, intervención de líneas y campañas contra las organizaciones sociales, medios populares y organismos de Derechos Humanos; estigmatización de la lucha anarquista; el cierre de la causa sobre la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, junto al desfile de los millones de dólares invertidos en artillería militar. Estas decisiones políticas se complementaron de forma tal que la represión con gases y balas a la marcha -a la que intentan acostumbrar durante los últimos años- no fuera necesaria.

El único objetivo que el gobierno conservaba al presidir la Cumbre se centró en mostrar una ciudad sin violencias y sin hambre. Es así que días atrás la habían “limpiado” de las miles de personas en situación de calle y a continuación, en su -otra vez- escueto discurso, Macri agradeció a las y los ciudadanos por haber dejado la ciudad como lo había solicitado. Este, era su último recurso ante la falta de acuerdo político internacional, celebrar que casi por primera vez la Cumbre de los más poderosos sucediera sin “conflictos”. Era, también, la manera de reivindicar los millones invertidos ante la presencia de Lagarde. Con una ciudad sitiada, ocupada por un operativo de seguridad que tuvo el objetivo de mostrar a la sociedad el abuso de poder al que nos acostumbró el macrismo (y que seguramente sea el sello en la historia reciente); y que fue solo comparable con la dictadura militar, porque mientras que para la guerra de Malvinas de 1982 se enviaron a 22 mil soldados, para la realización de la Cumbre fueron 23 mil los oficiales que blindaron la ciudad. A eso se suma la operación mediática que intentó atemorizar a la población, donde hasta la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se atrevió a “mandarnos de vacaciones”, para vaciar el centro urbano.

Sin embargo, y a pesar de, quienes luchan estuvieron en las calles respondiendo a las amenazas con más organización y cuidado. En una tarde radiante, se realizó una gran movilización para repudiar la presencia del G20 y las políticas que representa. La marcha recorrió la ciudad de Buenos Aires, desde la Av.9 de Julio y San Juan hasta el Congreso, bajo la consigna: “Fuera G20/ FMI. Por las soberanías política, ambiental, cultural y económica de nuestros pueblos y nuestros cuerpos”, y estuvo integrada por miles de personas, integrantes de organizaciones sociales, movimientos populares y feministas, partidos políticos de izquierda, sindicatos y organismos de Derechos Humanos.

Mientras en el Centro Costa Salguero se realizaba la “foto de familia” del G20 con quienes son mal llamados “líderes del mundo”, en el centro de una militarizada ciudad de Buenos Aires, las columnas, los bombos y la mística colorida de la organización popular y la resistencia a toda forma de colonialismo, decía presente en las calles. Les militantes estuvieron presentes para, con creatividad y alegría, decirle al G20 que las políticas que favorecen a las corporaciones no son bienvenidas. Incluso, como en los Encuentros Nacionales de Mujeres, la desconcentración sirvió para caminar las calles de la ciudad al grito de “fuera yuta, fuera”. No faltaron en las columnas la presencia de delegaciones regionales e internacionales como finalización a la semana de Acción que culminó con la Fuera G20, representando luchas como la mapuche, contra el fascismo de Bolsonaro en Brasil o por una “Palestina libre”.

En la mañana de hoy, algunos medios que ofician como voceros de los poderosos, se atrevieron a afirmar que “la paz reinó” durante la marcha por la falta de las y los anarquistas. También, sostuvieron que eso fue, en parte, por el acuerdo con las organizaciones sociales y de izquierda sostenida con el gobierno. Sin embargo, por todo lo dicho la ecuación es evidente, no hubo conflictos, caos, ni infiltrados/as porque el gobierno decidió mostrar su cara “pacífica” ante el mundo que mira el show del G20. Los movimientos y partidos nunca deben olvidar que la represión es la decisión política de quienes gobiernan y tienen el control de las armas y no de quienes se manifiestan. La construcción del enemigo interno, como el pueblo mapuche y las y los anarquistas es parte de este intento de división de la lucha.

Nos quieren sumisas y de “feriado”

Paradójico, en el país de los más de 30 Encuentros (Pluri)Nacionales de Mujeres (Lesbianas, Travestis y Trans), del “Ni una menos”, del “Paro de Mujeres” y lxs millones reclamando “Aborto legal ya”; y mientras las feministas marchaban visibles con sus consignas en cada columna de la marcha contra el G20/ FMI, Juliana Awada, recibía a quienes llamó “los cónyuges” (sic), o sea, las acompañantes de los primeros mandatarios cristalizando de esta forma la mirada del gobierno de Cambiemos sobre las mujeres: la de ser adornos, con vestidos millonarios pero apelando a la “igualdad de oportunidades” y al “diálogo entre culturas” para cooptar las banderas del movimiento de cambio más poderoso del mundo y que durante la Semana de Acción Global logró ser uno de los más críticos.

El día anterior a la marcha había finalizado, con diferentes actividades alrededor del Congreso, la “Cumbre de los Pueblos”, dentro de la Semana de Acción Global “Fuera G20/ FMI”, ocasión en que más de cien organizaciones sociales y políticas y los movimientos populares y feministas debatieron sobre las alternativas al capitalismo en su versión neoliberal y compartieron estrategias para la lucha conjunta más allá de las fronteras formales que pretenden separar las opresiones que nos hermanan, sobre todo en Nuestra América. Con intensa participación, la Cumbre de Los Pueblos se celebró en las calles para debatir la agenda compartida: Soberanía Alimentaria y las problemáticas de la tierra, el Foro Feminista en donde se realizó entre otras cosas el Tribunal Ético Feminista a las políticas del G20 y una Gran Asamblea; en la Carpa de la Confluencia Contra el G20 donde se debatieron estrategias de resistencia y se compartió la situación territorial de las organizaciones nacionales e internacionales presentes.

Una gran jornada que terminó con “Fiesta”, porque los pueblos celebramos nuestros encuentros con alegría. Y como toda celebración, también fue política. Desde el escenario frente al Congreso de la Nación, el jueves pasado por la noche, se invitó a marchar al día siguiente y se repudió el feriado obligado. Por ejemplo, las Kumbia Queers dijeron: “El de mañana no es un feriado, a no confundir un feriado con un Estado de sitio”. Y luego cantaron un tema dedicado a la represión sobre lxs que luchan que lleva adelante la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Mientas, cientas de personas bailaban, quizá como respiro. Porque se sabe, esto recién comienza y solo podemos vencer.

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Juventud sin futuro, #CambiemosESTAMIERDA es el nombre de la campaña que tiene por objeto plantear la emergencia juvenil en el país, en torno a distintos ejes como pobreza, trabajo, educación, represión estatal y violencia de género, problemáticas que afectan a la sociedad y más particularmente a las juventudes.

El jueves pasado se realizó la primera “noche de la juventud” frente al Congreso para visibilizar las problemáticas que atraviesan los y las jóvenes, pero también para mostrar las soluciones colectivas que se dan en distintos ámbitos; en las organizaciones sociales, en los barrios, sindicatos, secundarios, terciarios, clubes y centros culturales. El encuentro funcionó a la vez como un espacio de debate, en donde quienes padecen esta realidad son también quienes piensan colectivamente como enfrentarlas.

Juventud Sin Futuro
“Los jóvenes son el futuro” dicen. ¿De qué futuro hablan? Cada día es más difícil conseguir trabajo: El problema no es sólo la falta de él sino que, aquellos y aquellas que pueden acceder, suelen hacerlo en una situación precaria, atados a una falta de formación o capacitación que el Estado no garantiza. Si de formación hablamos, el 55% de los jóvenes no termina el secundario. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno? Cerrar escuelas, eliminar programas educativos como el plan “Conectar igualdad” que permitía a millones de chicos y chicas poder acceder a una computadora, crear reformas como “la escuela del futuro” que, sin consultar a estudiantes y docentes, buscan en los y las estudiantes mano de obra barata para grandes empresas.

En las barriadas populares la situación es aún peor: 1 de cada 2 adolescentes de entre 13 y 17 años vive en situación de pobreza. Como si ya no fuera suficiente la falta de vivienda, servicios y escuelas dignas, la policía persigue, tortura y mata a las pibas y pibes. En dos años de macrismo hubo 725 asesinatos por las fuerzas represivas, de los cuales el 70% tenía menos de 30 años. En cuanto a las jóvenes, a pesar de la intensificación de la lucha feminista en los últimos años, el gobierno sigue sin dar respuestas. Mientras, las estadísticas informan que en 2017 hubo 292 femicidios de los que la mitad fueron mujeres de menos de 30 años, o que en Argentina cada 3 horas nace un bebé de una niña de entre 10 y 14 años. La Educación Sexual Integral (ESI) no se reglamenta en las escuelas y se vaciaron programas que trabajaban problemáticas de género.

Éstas, entre otras, fueron los problemas planteados por los jóvenes en cientos de afiches de colores con los que empapelaron algunos barrios de la Capital.

La noche de la juventud
Cientos de jóvenes se reunieron frente al Congreso a denunciar su situación. La jornada fue organizada por los espacios de juventud de distintas organizaciones sociales: Agite Rebelión (del Frente Popular Darío Santillán), MP La Dignidad, Patria Grande, La Emergente, Cien Fuegos y Democracia Socialista.

A las 17hs se dio inicio con una radio abierta y distintos talleres de género, defensa personal, arreglo de bicicletas, serigrafía, mural móvil, esténcil y rap. En simultáneo la calle se convirtió en la canchita para el torneo de fútbol y las veredas en sede de una feria de la economía popular. Todo este despliegue fue en gran parte fruto de las actividades que se llevan a cabo en los distintos barrios, donde las y los jóvenes se organizan para generar espacios de cultura y deporte, donde aprenden y llevan adelante emprendimientos productivos. El mensaje fue claro: mientras el gobierno no genera políticas públicas, ellos y ellas se las ingenian para cumplir con sus expectativas.

Cayendo el sol se dio lugar a la discusión sobre tres ejes: violencia institucional, educación y trabajo. El primero se dio en el marco de un panel donde participaron abogados y abogadas y referentes de distintas asociaciones civiles, organizaciones y observatorios con el eje puesto en las violencias que el sistema ejerce en los territorios. Las exposiciones giraron en torno a una visión compartida en relación a cómo el Estado despliega estrategias de control sistemáticas en los barrios populares con el objetivo de perseguir, criminalizar, estigmatizar y eliminar el potencial creativo y rebelde de las juventudes, sea introduciendo el micro-tráfico en los barrios, el control de la vida de los pibes y las pibas por medio de las fuerzas represivas y las redes de trata, entre otras. Se compartieron también experiencias que supieron y saben dar respuestas cotidianas y de raíz por parte de las organizaciones sociales. Las posibilidades que construye el Estado como opciones de vida para las juventudes se reducen a 2 o 3 formas, las cuales se construyen en función de los intereses del mercado y no de los deseos, subjetividades y elecciones de los pibes y las pibas.

Los ejes educación y trabajo se discutieron en asambleas abiertas. En la asamblea de trabajo participaron trabajadores y trabajadoras de la economía popular, independientes y de distintas organizaciones, jóvenes de ATE juventud, Emergentes, y trabajadores y trabajadoras de diversos rubros, como el de la salud. Se compartieron las experiencias sobre cómo es trabajar en cada sector, cuáles son las problemáticas y los caminos recorridos en el surgimiento de espacios de resistencia a las medidas regresivas del gobierno de Cambiemos. Las intervenciones estuvieron atravesadas por los ataques que vienen sufriendo en el sector, como el recorte de programas laborales, los despidos, la precarización y la criminalización de la protesta.

Por otro lado, en la asamblea educativa se escuchó la voz de jóvenes de secundarios, terciarios, bachilleratos populares y universidades. Discutieron en torno a las luchas reivindicativas, haciendo énfasis en el repudio a la Unicaba y al cierre de los 29 institutos de formación docente. Se recalcó la importancia de una visión global de la lucha estudiantil, planteando que el macrismo tiene un proyecto educativo de conjunto y que no alcanza con resistir en cada espacio particular. A la vez, la lucha feminista fue eje transversal en las intervenciones, donde hubo acuerdo en la necesidad de articular sus diferentes demandas.

Las instancias de debate se cerraron con un panel final del espacio Juventud en Lucha, del cual participan decenas de organizaciones juveniles del país e internacionales. Se hizo hincapié en la necesidad de la unidad a nivel nacional y latinoamericano para resistir la avanzada de la derecha que se lleva a cabo en todo el continente.

La jornada terminó con un festival, a pura música, baile y alegría, pero sobre todo con la convicción de que las y los jóvenes no van a dejar que los dejen sin futuro.

Es necesario no dejar de mencionar que el sábado por la noche la violencia en los territorios se desplegó una vez más, ésta vez en la Villa 21/24, donde la Prefectura se llevó detenido a Roque, un joven periodista de La Garganta Poderosa, mientras intentaba grabar como estos persiguieron, golpearon y reprimieron a vecinos mientras entraban a una de las casas sin ninguna orden judicial. Junto con Roque detuvieron a su hermana, a quien pasearon por 80 minutos en un patrullero sin dar a los familiares su paradero, y a Pablo, un vecino del barrio. Por suerte, todos ellos se encuentran en libertad en este momento, gracias a la presión y el acompañamiento de las organizaciones y la amplia difusión que tuvo el hecho.

En el medio de la represión la Prefectura baleó la casa de Iván Navarro, uno de los testigos en el juicio por las torturas de esta fuerza represiva en el barrio. Un ejemplo más de la violencia estatal que criminaliza y estigmatiza a los y las jóvenes, un ejemplo más que refuerza la necesidad de juntarse, de gritar, de denunciar, de cambiar esta mierda.

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Por iniciativa de las organizaciones que componen el Consejo de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes se firmó un acta de acuerdo, con siete puntos, para proteger a las niñas, niños y adolescentes.

Las políticas públicas se vienen vaciando de contenido. Cada vez hay menos profesionales idóneos para la contención de los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, se realizan acuerdos corporativos que transfieren la concesión de los negocios vinculados al Cerro Catedral para su explotación. Entrega de los recursos más represión, la fórmula que se repite.

Fuerzas de (in)seguridad

En Bariloche, la violencia que ejercen las fuerzas de (in)seguridad contra las niñas, niños y adolescentes no es nueva y se profundiza. Hace pocos días, estudiantes de la Escuela Amuyén de Bariloche, en el km 7 de Pioneros, denunciaron que fueron agredidos mientras esperaban en la parada del colectivo.

Tal como consignan desde el Colectivo Al Margen, esta semana, por iniciativa de organizaciones sociales, se logró consensuar un acta de acuerdo de siete puntos destinados a terminar con la violencia institucional e implementar políticas públicas. El mismo se originó en la sesión ampliada del Consejo de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes que se realizó en la sede de la Fundación Gente Nueva del barrio Virgen Misionera. A esta institución concurren los y las adolescentes que denunciaron violencia institucional el viernes pasado a manos de personal policial de la comisaria 27 de Melipal.

El acuerdo compromete a la obligatoriedad de la identificación del personal policial, la apertura del Centro de Atención y Derivación de adolescentes demorados, la formación de la policía en perspectiva de derechos humanos, la presencia del ministro de Seguridad Pérez Esteban y el compromiso para la atención psicológica de los chicos que fueron golpeados, entre los más destacados. El acta lleva la firma de la Legisladora oficialista Silvia Paz, el Comisario de la regional tercera Daniel Bertazzo, el Comisario Ricardo Fuentes de la Jefatura Zona 1 de esta ciudad, el Defensor de Menores Javier Ospital, de Jimena Palópoli delegada del área de Derechos Humanos, Carlos Sánchez, Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad y la directora de la Senaf en Bariloche, Daiana Salussoglia; además de las organizaciones y demás miembros del Consejo de Infancia local.

Los padres de las y los jóvenes agredidos por el personal policial, que se encontraban presentes, enfatizaron sus quejas contra este accionar de las fuerzas de (in)seguridad, al tiempo que denunciaban que esta situación produjo que “sus hijos no estén viniendo a la escuela, ni quieran salir de su casa porque tienen miedo”. Al mismo tiempo, en la sesión del Consejo se destacó que se han reducido la cantidad de psicólogos. El efecto es la falta de contención en situaciones como la sucedida y tantas otras. La violencia institucional tiene como contenido concreto prácticas de estigmatización, represión y criminalización de las infancias y jóvenes de los sectores populares.

Allí, frente a los funcionarios de gobierno, organizaciones sociales, concejales y referentes gremiales se pronunciaron contra la ausencia de políticas públicas para los sectores más vulnerables. El 14 de mayo será la próxima sesión del Consejo de Infancia y fue convocado el titular de la cartera de Seguridad provincial Gastón Pérez Estevan y la titular de la Senaf Roxana Méndez para abordar la implementación del Centro de Atención y Derivación de Adolescentes.

Sombras de Bariloche

Bariloche es la ciudad más grande de la provincia de Rio Negro y con mayores denuncias por violencia institucional. Desde hace dos años la violencia institucional contra niñas, niños y adolescentes se viene incrementando, hasta con denuncias de torturas en comisarías, como la de la Comisaría 42 del Barrio 2 de Abril.

Tal es la violencia policial que a partir de la cantidad de casos que se vienen sucediendo,  desde el año pasado el Movimiento de Infancia implementó un Registro de Violencia Institucional para facilitar que las y los jóvenes y adolescentes puedan hacer denuncias en los barrios, ya que por temor no se animan a acercarse a la Fiscalía. La violencia institucional en los barrios de Bariloche tiene nombre: detenciones irregulares, torturas, hostigamiento por parte del personal policial. Algunos de los barrios donde denunciaron son Virgen Misionera, Nahuel Hue, San Francisco, Unión, Malvinas, Abedules, 28 de Abril, Villa Llanquihue y 10 de Diciembre.

Negocios corporativos

Mientras la policía reprime y hostiga a niñas, niños y jóvenes de los sectores populares, en Bariloche se cocinan negocios.

En los medios locales se pudo leer una noticia que pasó prácticamente desapercibida a nivel nacional, y que muestra la misma lógica en los distintos lugares donde el Pro tiene diferentes alianzas de gobierno. Sin licitación previa se aprobó la extensión por 38 años del contrato de concesión sobre la explotación del cerro Catedral. A pesar de las 3354 firmas pidiendo el referendo y las irregularidades del proyecto se aprobó con la mayoría automática de Juntos Somos Bariloche (JSB) y el PRO. Vecinas y vecinos se hallan movilizados para juntar firmas que impulsen una consulta popular.

Este contrato de concesión del área Catedral a la empresa Catedral Alta Patagonia S.A. hasta el año 2056 beneficia no sólo con la concesión del área sino que además conlleva un megaemprendimiento inmobiliario que implica una transformación de la naturaleza en paisaje urbano. La llamada modernización llegó hasta las montañas para quedarse.

Mientras, en Bariloche se firma la paz con la policía para que no siga reprimiendo a las y los pibes, con un acuerdo donde uno de los puntos destacados y consensuados hasta por las cúpulas policiales es que los efectivos lleven identificación.

Las fuerzas de seguridad no paran de darnos ejemplos, que se han intensificado en los últimos dos años. En Rio Negro, la historia que compromete a las fuerzas lleva las marcas de nombres como Daniel Solano y Lucas Muños (en Bariloche) entre otros. El más reciente y triste ejemplo lleva el nombre de Rafael Nahuel, ajusticiado por la espalda por la prefectura en Villa Mascardi (Bariloche).

La zona patagónica se halla a merced de la voracidad de los negocios corporativos sin frenos y sin límites por parte de los estados nacionales, provinciales y municipales que se benefician con acuerdos que se hacen a espaldas del pueblo. Mientras tanto la fórmula sigue siendo la misma: represión, criminalización, meterle miedo a los sectores populares como único modo de seguir haciendo negocios. Las organizaciones y movimientos comunitarios parecen constituir el recurso para poder frenar las violencias institucionales cotidianas.

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La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, presentó hacia fines de diciembre el Archivo Antirrepresivo 2017[1] que elabora anualmente, y  que es categórico: “Cada 23 horas el Estado asesina una persona, en los 721 días de gobierno de la alianza Cambiemos se asesinaron 725 personas”. La represión del estado en la gestión de gobierno actual es la mayor desde el retorno a la democracia. Las principales víctimas: los y las jóvenes de los sectores populares.

Preliminares

Desde hace más de 20 años la Correpi elabora un Informe anual de la represión estatal que surge como una necesidad frente a la ausencia de datos oficiales y en respuesta a las afirmaciones arbitrarias del poder de turno que deslegitima e invisibiliza la represión estatal que ejerce contra las y los habitantes. El objetivo de este archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado.

Definiciones

El Archivo elaborado por la Correpi incluye “todo caso que implique la aplicación de política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima”.

En relación a los victimarios, están incluidos “todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, policía metropolitana, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas”.

Las categorías enumeradas son: gatillo fácil (fusilamientos); muertes de personas detenidas (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos, e incluyen, también, algunos casos de desapariciones); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas (es decir, los asesinatos cometidos en el marco de la represión selectiva a sectores organizados de la clase); muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el Estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias (que incluye la mayoría de la desapariciones). También desagregamos, sin perjuicio de la modalidad de la muerte, el total de desapariciones y de femicidios.

Cifras negras

Es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por torturas. Así se afirma en el informe, donde además se dice que: “muchos homicidios perpetrados desde el Estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos”.

Los fríos números hablan por sí mismos. En el actual período del gobierno nacional de Cambiemos,  que va desde diciembre de 2015 hasta la fecha, se anota el mayor pico represivo desde la recuperación de la democracia en el año 1983. En menos de dos años, el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados ya son responsables del 13,27% del total de muertes ocurridas desde diciembre de 1983 a manos del Estado. La progresión indica que el gobierno de Macri va en camino de batir todos los récords en materia represiva. El gráfico del muestreo represivo por gobiernos señala que, del total de casos que se contabilizan desde el retorno de la democracia, el 40% de las muertes corresponde a los dos períodos de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Se señala que sobre un total de 5462 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado, las policías provinciales son las responsables de la mayoría de los asesinatos: 3031 personas. Un gran responsable es el Servicio Penitenciario, por las muertes ocurridas en penales y lugares de detención, excluyendo a las comisarías.

Es necesario destacar que, tal como se señala en el informe, uno de los elementos novedosos del 2017 fue que desde el 1º de enero comenzó a operar la Policía de la Ciudad en la C.A.B.A., creada por Macri en el 2008, y que quedó constituida como una mega fuerza de 27.000 efectivos para un territorio que tiene menos de tres millones de habitantes, es decir, un policía cada 107 habitantes, ubicándola como líder mundial en presencia policial en las calles.

Gendarmería y Prefectura Nacional este año incrementaron su participación en los casos de gatillo fácil, tortura y represión en las movilizaciones y con protagonismo excluyente en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Los dos primeros muertos del gobierno Cambiemos suceden en una situación de represión del Estado legitimada y respaldada por las políticas oficiales.

Causas: caminar por el barrio y ser joven

La primera causa de muerte a manos del Estado se produce por caminar por el barrio o estar detenido. Del total de casos, el 39% corresponde a personas detenidas en comisarías por averiguación de antecedentes, contravenciones o faltas menores y no por acusaciones penales.

Una precisión abrumadora constituye la edad de las víctimas de gatillo fácil y muertes en lugares de detención, donde el 50% de víctimas son las y los jóvenes de hasta 25 años. Este dato está lejos de ser una casualidad y se suma a las políticas represivas sobre las y los más jóvenes de nuestra sociedad, principalmente de los sectores populares. No podemos olvidar que este año se  impulsó con mayor fuerza y se hicieron grandes intentos por la instalación mediática de la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, sin otras políticas de estado destinadas a ese segmento de la población.  Tal como se afirma en el archivo: “la selectividad de la represión apunta a la edad además de la clase. Así como son casuales los fusilamientos callejeros de jóvenes de sectores medios o altos, es también poco frecuente que sean personas mayores de 35 años los destinatario de las políticas represivas que sirven para implementar el control social”.

Femicidios de Uniforme

Mujeres y mujeres trans asesinadas por el Estado constituye otro renglón destacado en el informe. En  cuanto a las muertes en relación al género, en el informe se consigna que si bien la población carcelaria es mayoritaria de hombres, “en un porcentaje importante los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal”. Los números indican 329 casos sobre un total de 541 víctimas mujeres y mujeres trans (desde 1992 en que se empiezan a contabilizar). El 20% del total de femicidios son cometidos por integrantes del aparato represivo estatal y agregan que esto pone en evidencia que el cruce entre violencia represiva estatal y violencia machista y patriarcal produce un incremento en estos casos.

El archivo que elabora la Correpi  es hoy la única fuente confiable para tener precisiones acerca de los casos de represión por parte del aparato del Estado. La caracterización de la represión y su interpretación es un valioso aporte,  con el esfuerzo de las y los trabajadores de esta organización,  que vienen haciendo una elaboración que hoy se vuelve necesaria. La coordinadora Correpi hoy es reconocida por su presencia en cada situación de vulneración de derechos por parte del Estado. Un informe que es necesario leer en detalle para tomar contacto con la cantidad de datos que aporta, que muestran que los casos son personas de carne y hueso que cotidianamente caminan por las calles de las barriadas, se hallan en situaciones de encierro, en su mayoría preventivo y sin causa que lo justifique, y que las principales víctimas del monopolio de la fuerza que detenta el Estado son jóvenes.

Podes ver el informe completo acá:

[1]  https://drive.google.com/file/d/1_c7czONI-4I1vcbF9QLZVKv3LP9ZeT1R/view

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 El viernes 2 de diciembre Plaza de Mayo, la emblemática plaza de la memoria, lucha y resistencia, se vio empapelada con los nombres y las fotos de numerosas personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado. En este marco, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó el Informe de la Situación Represiva Nacional del 2016.

El informe realizado por CORREPI muestra que desde 1983 hasta la fecha el número de asesinatos en manos de las fuerzas represivas estatal es de 4960. De ese total, el 47%, mediante la modalidad de gatillo fácil, mientras que el 39% se trata de personas privadas de su libertad que pueden haber muerto en cárceles o, inclusive, en patrulleros. El 49% de estas muertes se trata de jóvenes de entre 15 a 25 años, y el 27%, de 16 a 35 años. Esto nos lleva a pensar que ser joven y ser pobre es la primera causa para morir en manos del Estado. De esa totalidad, 481 son mujeres, y en 291 casos se trata de femicidios. En estas tres décadas, 70 personas murieron en movilizaciones o protestas sociales. Es decir, que los distintos gobiernos democráticos desde 1983 no logran superar las prácticas represivas que continúan persistiendo dentro del aparato de fuerza estatal.

La dictadura cívico-militar instaurada en el 1976 que ejerció el terrorismo de Estado más brutal de nuestra historia no sólo dejó genocidas libres –muchos de quienes fueron juzgados incluso ahora gozan con la impunidad del derecho a la prisión domiciliaria–, sino que también dejó a toda una estructura policial (“maldita policía”, como suele mencionarse) que continúa persiguiendo a las y los jóvenes en los barrios, en las calles, e incluso desapareciéndolos día a día; se trata de esa misma policía cómplice del narcotráfico y las redes de trata que se llevan a las jóvenes de sus casas. Por eso continuamos insistiendo en que no se trata sólo de un policía, sino que es toda la institución la que abala y representa los intereses de las clases altas.

Una realidad que empeora

Los datos son concretos: durante el casi primer año de gestión, el gobierno de Mauricio Macri lleva 259 muertes, una tendencia creciente de la represión en democracia, que se encuentra acompañada por distintas medidas impulsadas por el gobierno contra los sectores populares. De allí se desprende un dato alarmante: desde la asunción del gobierno de Cambiemos una persona es asesinada cada 25 horas, víctima de gatillo fácil por parte de las distintas fuerzas policiales, como Gendarmería, PSA, PFA, la Policía Bonaerense, Prefectura, etc.

A lo largo de estos 11 meses de gestión se instauraron en la agenda del gobierno diversas prácticas que permitieron acompañar el accionar violento de las fuerzas represivas y justificar el ajuste económico. Por ejemplo, el decreto de Emergencia en Seguridad y, en la misma línea, el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, conocido como “Protocolo Antipiquetes”. Ambas medidas no sólo llaman a las distintas fuerzas a llenar las calles de más cantidad de uniformados, sino que también viene acompañada de la criminalización de la protesta social y la censura de los medios de prensa. El accionar de diversos organismos populares y la masividad de las marchas impidió la eficacia del Protocolo Antipiquetes, que sólo se aplicó parcialmente en algunos sectores.

En este nuevo contexto, el gobierno macrista no distribuye los ingresos mirando al pueblo: porque no hay dinero existe una falta de trabajo, una suba de precios y de todos los servicios básicos, un recorte de presupuesto en políticas públicas, educación, vivienda y salud; pero a la hora de aumentar el presupuesto a las fuerzas de seguridad no escatima gastos.

La impunidad con la que cuenta la policía es siempre la misma, y sus prácticas no son aisladas, son más bien pensadas con un fin concreto el generar miedo, criminalizar a la juventud, criminalizar la pobreza produciendo, en colaboración con los medios masivos de comunicación, un estereotipo de pibe chorro, peligroso y que pretenden “erradicar” de la sociedad, encerrándolo en una cárcel o recurriendo a su asesinato.

Por eso desde las organizaciones sociales se continúa repudiando y denunciando el accionar de las fuerzas policiales, como también haciendo visible el encubrimiento de su accionar por parte de las autoridades tanto municipales como provinciales y poder jurídico. De eso se trató la Plaza poblada de gente y fotos y caras el pasado viernes… porque seguiremos en las calles dando a pelea con la lucha contra la impunidad y la represión, tanto de ayer como de hoy.

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