Por Nacho Saffarano

Este artículo surge a partir de las declaraciones de la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en las cuales confesaba que las fuerzas de seguridad se encontraban realizando “patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social”. Estas declaraciones, realizadas en el marco de una conferencia virtual de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Nación, despertaron una serie de reacciones que podemos dividir en tres bloques:

1 – rechazo de la oposición mayoritaria, comandada por Juntos por el Cambio y particularmente por la antecesora de Frederic, la sinvergüenza de Patricia Bullrich, tristemente célebre por encarcelar tuiteros durante su gestión.

2-  repudio del oficialismo ante el cinismo de la oposición, y una combinación de silencio y apoyo en voz baja a las declaraciones de Frederic, teniendo en cuenta la excepcionalidad del momento que estamos atravesando.

3- una tercera voz que expresaba preocupación ante las declaraciones de la Ministra y rechazo a los fundadores de la Doctrina Chocobar; con muy poco rebote mediático, trabajada por organizaciones sociales, sectores de la izquierda, y un pequeño grupo de intelectuales.

Frederic estuvo rápida de reflejos y pidió disculpas por la desafortunada declaración, manifestando que lo que hacían – vaya a saber uno qué fuerza y qué personas – era un rastrillaje sobre el contenido público de las redes sociales, y no una búsqueda a publicaciones de particulares. Al día de hoy, ya tenemos al primer imputado, acusado por el delito a la intimidación pública. Un pibe de 21 años, de Balcarce, que luego de haber sido rechazado para ser beneficiario del IFE, tuiteó “¿sigue en pie lo del saqueo, no?”. No está de más aclarar, si bien no es el objeto de análisis aquí, que toda esta actuación es ilegal, en tanto contraria lo dispuesto por los incisos 2 y 3 del artículo 4°, de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.

Todo lo líquido se desvanece en las redes

En un artículo anterior, decíamos que uno de los principales riesgos que corríamos al ensalzar el accionar de las fuerzas policiales y quitar el ojo sobre el necesario contralor de sus actividades, era la legitimación de un giro autoritario, una vez que la situación de la pandemia esté controlada. Pocas certezas tenemos en cómo va a ser el día después de que termine “todo esto”. Una de esas es que la enorme mayoría social, va a ser más pobre. Y con un sistema penal preparado para perseguir a los marginados, este no debe ser un dato menor. Esta es la razón por la cual, más allá de la declaración ligada a la coyuntura que hace Frederic, el campo popular debería ponerse a estudiar y debatir cuánta libertad estamos dispuestos a perder, hasta donde puede vigilar el Estado.

Hay dos buenas razones para preocuparse. La primera, es la alta legitimidad popular con la que cuentan los discursos punitivos en estos tiempos. Cuando los principales referentes de Juntos por el Cambio salen a criticar a Frederic, no lo hacen porque piensen que esté mal las políticas de control tecnológico sobre la población o porque su base social la rechaza, sino porque precisan polarizar, distinguirse y nada más. Tal vez su preocupación sea que puedan imputar a alguno de sus trolls. Pero no, las Fuerzas de Seguridad, el sistema penal en su conjunto, no olvidan su carácter de clase, por lo que los trolls-center podrán seguir operando tranquilos, sabiendo que no son pibes de un barrio popular de Balcarce.

En una entrevista reciente, el abogado e investigador Esteban Rodríguez Alzueta, habla sobre el peligro de una sociedad con miedo. El miedo al contagio del Covid-19, a la muerte golpeando la puerta de una casa en Nordelta y de una casilla en la 1.11.14 al mismo tiempo, unificó reclamos y exigencias. Ese miedo que lleva a desconfiar todo el tiempo del que tenemos adelante en la fila de la verdulería, del que no usa barbijo, que nos lleva a denunciar compulsivamente. El miedo es el mejor amigo de la punición, la vía de acceso para una batería de medidas represivas. Y una vez que el compendio normativo-punitivo se logra instalar, así sea en este caso como una medida excepcional para combatir una situación de crisis, las voluntades estatales para dejar de utilizarlas, casi nunca existe.

La segunda razón para preocuparse, es la internacionalización de las prácticas de vigilancia digital, las cuales se agudizaron con la pandemia, principalmente con los datos de geolocalización para seguir de cerca a quienes sean portadores del virus. Insistimos que en nombre de la situación de emergencia, no es posible defender cualquier actividad tecnológica. Sobre todo con el riesgo que existe de que la recopilación de datos personales, pueda ser utilizada con fines extra-sanitarios. Una vez más, cuando las fuerzas de seguridad y control toman más atribuciones que las normales, la tarea es tener un control doble sobre las mismas

La combinación de una sociedad con miedo, y un desarrollo tecnológico capaz de penetrar cualquier capa de privacidad, nos deja muy cerca de los postulados fundamentales de “Vigilancia líquida”, un ensayo de Zygmunt Bauman y David Lyon, que recupera la idea del banóptico: un sistema de control que no necesita de un vigilante físico, donde los individuos son quienes entregan su información por voluntad propia; la cual podrá ser utilizada para diseñar perfiles, clasificar y etiquetar. Aquí ya no es necesario el “mantener adentro” como imaginaron Bentham y Foucalt al panóptico, sino que ahora a partir de la entrega de datos, se logra “mantener lejos” a los grupos que cada sociedad determina como peligrosos ¿A cuánto estamos de una app que marque donde se encuentran los contagiados de Covid 19?

No es novedad que el Derecho corre de atrás, a veces a kilómetros, a la realidad. Frente a un desarrollo tecnológico que no para, con la propagación de datos personales e información que se entiende como “privada”, es fundamental una legislación ajustada a estos nuevos tiempos, que principalmente, limite las posibilidades de intromisión del Estado en los datos y metadatos de los individuos; que los ciudadanos sean capaces de conocer que se hace con su datos y de poder controlar, tanto al Estado como a las empresas privadas.

Parece una pelea contra molinos de viento. Y lo es. Que pueda fusilarte hasta la Cruz Roja, no implica que no haya que combatirla.

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Una reflexión urgente sobre los femicidios cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad

Por Luciana Mignoli, Laura Guarinoni, María Florencia Alcaraz, Sandra Míguez y Laura Salomé Canteros

Mientras miles de mujeres, lesbianas, travestis y trans, e integrantes de los distintos colectivos de género nos movilizamos en reclamo de políticas públicas que den respuestas concretas a los problemas que venimos denunciando, las muertes se suceden, agravadas por la vulneración de derechos de niñas, niños, adolescentes, que quedan huérfanas no solo de madre, sino de la protección del Estado, al igual que otras personas del entorno familiar que asumen el cuidado y la responsabilidad de resguardar esa vidas, sin la asistencia pública de políticas de género, como la Ley Brisa entre otros recursos que debieran estar disponibles en forma inmediata. Esa celeridad que se le reclama al Estado, también es la que se exige cuando se pide que de manera inmediata se aparte a hombres violentos cuando son integrantes de alguno de los poderes, entre ellos a miembros de las fuerzas de seguridad.

A fines de 2016, Miriam Romina Ibarra y Lidia Milessi fueron asesinadas en la ciudad de Paraná, por Orlando Aníbal Ojeda, un prefecto de 46 años sobre el cual se había asentado denuncias por violencia y se le había impuesto una orden de restricción perimetral. Ojeda, de 46 años, ex pareja de Miriam y Lidia, terminó con la vida de ambas mujeres con su arma reglamentaria calibre 9 mm de la Prefectura Naval Argentina, delegación Paraná, para lo cual atravesó toda la ciudad para dirigirse al domicilio de cada una de las mujeres. Lidia Milessi tenía 45 años, era profesora de inglés y madre de tres hijos, de quien Ojeda era el progenitor, falleció cuando era trasladada al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná. Miriam Romina Ibarra tenía 35 años, y era suboficial de la Policía de Entre Ríos. Madre de dos hijos, también era una de las ex parejas del prefecto. Fue asesinada de un tiro delante de uno de sus dos hijos y falleció en el acto. Tras asesinarla, Ojeda también le disparó por la espalda a un vecino de la víctima, Guillermo Suárez, de 27 años, que tuvo que ser internado de urgencia. Aun cuando Ojeda había sido denunciado por violencia de género, la Prefectura Naval no le había retirado el arma reglamentaria con que asesinó a ambas mujeres.

Según un informe de Chequeado.com, al menos 6% de los femicidios fueron cometidos por efectivos de seguridad y defensa. El sitio da cuenta del caso del policía bonaerense Danilo Acevedo, acusado de haber matado a su ex pareja, Laura Gutiérrez, para señalar que no se tratan de situaciones excepcionales. Y añade que de acuerdo a los datos estadísticos de la Corte Suprema en 2018 hubo 278 femicidios ese año, por los cuales hay 276 acusados, y al menos 18 de ellos pertenecían a una fuerza de seguridad o de defensa, es decir un 6,5%. No obstante, podría tratarse de un subregistro, y la cantidad de casos que involucran a representantes de las fuerzas de seguridad y defensa, pueden ser más, ya que en muchas ocasiones no se registra la ocupación que tienen los victimarios, lo que implicaría que el porcentaje de femicidas vinculados a una fuerza de seguridad es seguramente superior.

Julián Alfie, coordinador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), indicó a este medio, que una parte importante de los femicidios de este registro son cometidos con armas de fuego, y en este sentido los datos que brinda la Corte de Justicia, indica que de los 61 femicidios realizados con armas de fuego, en 11 casos estas eran reglamentarias, es decir de las fuerzas de seguridad. Esto indica entonces que un 18% de los casos de femicidios fueron cometidos con armas de fuego (el arma más utilizada es el arma blanca, en el 28% de los casos, seguidos por la fuerza física, el 27% de las veces y luego las armas de fuego, que representan el 23% de los casos). También existe un registro llevado adelante por la CORREPI, que indica que desde el advenimiento de la democracia, ha habido 349 víctimas mujeres, travestis y mujeres trans a manos de las fuerzas estatales. El archivo de casos de la organización antirepresiva registra 312 casos de muertes “intrafuerza o intrafamilia”, entre ellos, el 95 por ciento se tratan de femicidios.

La situación ha motivado que la senadora Sigrid Kunath impulsara el proyecto de “desarme de agentes violentos”, que fue aprobada por unanimidad y cuenta con media sanción en esa Cámara. La norma dispone que los jueces deberán ordenar el retiro del arma reglamentaria cuando se trate de causas de violencia de género en los que estén denunciados efectivos de las fuerzas de seguridad federales, además de suspender el permiso de tenencia durante el proceso. Resta ahora que la Cámara de Diputados dé sanción definitiva a dicho proyecto para que sea Ley.

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Memoria feminista para Giuliana, Susana y Nicolás: cuando el femicidio desarma una familia

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Mientras se sigue discutiendo el #Presupuesto2019 dentro de un Congreso blindado y alejado de la gente de a pie, afuera se engrosa la lista de al menos 26 detenidas y detenidos por la Policía Federal y la Policía de la Ciudad. Hay intentos mediáticos de hacer pasar como azarosas las detenciones, sin embargo quienes detuvieron violentamente pertenecen a medios de comunicación y organizaciones sociales y sindicales activas contra el vaciamiento y el hambre que propone el Gobierno de Cambiemos y sus aliados en los recintos.

Afuera y adentro. Así funcionan las cosas cuando los poderes combinan un Congreso vallado y que sesiona de espaldas a la gente y una fuerza de seguridad que reprime a quienes se acercan a decir (a cuestionar) que el #Presupesto2019 está teñido por los acuerdos con el #FMI.

Ya lo sabemos: se trata de una ecuación perfecta que conocemos por cíclica y constante en la Argentina: mayor endeudamiento, recorte de subsidios, aumento de impuestos, servicios, productos básicos; es decir: hambre y pobreza para quienes menos tienen. Si a eso le sumamos las desiguales inversiones destinadas a Cultura, Salud y Educación respecto del Ministerio de Seguridad, la ecuación cierra por todos lados: a mayor ajuste se necesita mayor represión.

Las detenidas y los detenidos que los medios hegemónicos y les trolls de redes sociales intentan señalar como “infiltradxs”, “perturbadores”, o como detenciones realizadas al azar no pueden sostenerse en el tiempo: la lista incluye a compañeras y compañeros de La Garganta Poderosa (organización villera con medio de comunicación propio que logró la condena de 6 prefectos en septiembre pasado y a quienes Patricia Bulrich intentó inculpar por narcotráfico); Télam (quien le torció el brazo a la Justicia con las reincorporaciones de esta semana), del acampe en Moreno (donde se resiste luego de que murieran Sandra y Rubén por una explosión de gas en una escuela); de Astilleros y CTA, organizaciones de trabajadoras y trabajadores que resisten el vaciamiento. Uno solo del total, Brian Gabriel Rojas, fue distinguido como vendedor ambulante, es decir, que estaba de paso. Las y los demás fueron detenidos entre 15 y 20 cuadras del Congreso, cerca de la avenida 9 de Julio y Carlos Calvo.

Las y los nombramos y responsabilizamos a las fuerzas de seguridad (Policía Federal y de la Ciudad) por las detenciones arbitrarias y selectivas, no azarosas: Florencia García, Ivana Segura, José Montiel, Gerardo Rodríguez, Carlos Armúa, Facundo Nahuel Vera, Facundo Ezequiel Herves, Vanesa Martino, Paola Rojas, Héctor Hipólito Demo, Lucas Zunino, Gonzalo Matías  Zamudio, Fabricio Bacca, Francisco Pandolfi, Ignacio Levy, Gustavo Muñoz, Horacio Javier Lezcano, Alfredo Epúmer Colman, Sebastián Zapata, Eduardo Lima, María Amelia González, Marcos Rodríguez, Gabriel Ignacio Rodríguez, Maximiliano Del Oro, Alexis Loboso, Adrián Vidal, Enrique Elías.

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Mientras la coyuntura económica parece empoderar la protesta social como solución al conflicto de intereses que impone el actual gobierno, el avance del modelo represivo se va imponiendo.

La noticias se agolpan y los análisis se disparan entre la densa nube de humo donde el ritmo de la coyuntura se impone tangencialmente desde una agenda mediática y política signada por el estado de shock y lejos de la pendiente de una estrategia que puede entenderse en el tiempo mucho más allá de esa famosa “grieta” que parecería condensar y desvelar la información de los tiempos que corren, aun desde los medios alternativos y comunitarios. No se trata de vivir en Corea del centro. Se trata de que Corea es inviable como modelo de humanidad.

La “Teoría del Shock”, descripta por la periodista canadiense Naomi Klein en un libro y una película, fue diseñada en la Escuela de Chicago por el economista Milton Friedman, quien se basó en los experimentos mediante tortura de la CIA. Básicamente, dice lo que dicen hace siglos los chinos: crisis es oportunidad. Pa chorear. Según la Teoría del Shock, dictaduras, crisis económicas, desastres naturales y otras calamidades humanas de confusión, miedo y caos, son el caldo de cultivo propicio para reformas capitalistas que favorezcan a empresas y mercados.

Las dos grandes referencias con las que se intenta comprar la política económica de Cambiemos, dictadura y menemismo, fueron un calco de las primeras experimentaciones de esta teoría por los Chicago Boys en América Latina. Primero en la dictadura de Pinochet en Chile en los años setenta y luego en el gobierno democrático de Víctor Paz Estenssoro en Bolivia a principios de los ochenta. Modelo exportado, según Klein, a lugares tan disímiles como la Polonia de Lech Walessa o la Rusia de Boris Yelstin.

Una estrategia a largo plazo

En este marco, el gradualismo esbozado por el gobierno de Cambiemos no es parte de una estrategia para aminorar los costos sociales de sus políticas, sino una consecuencia del límite que imponen las condiciones de vida alcanzadas por la población durante el kircherismo y la resistencia de las organizaciones sociales y otros numerosos grupos que, afianzados en la experiencia del –llamémoslo– 2001, siguen una línea histórica más ancha y larga que la actual coyuntura donde se califica de crisis la eventual disconformidad con la baja de calidad de vida de la población dentro del modelo que iguala consumo con extractivismo y eso que las cumpas zapatistas llaman cuarta guerra mundial. Una guerra contra los pueblos.

No es casual ni un deseo de “pobreza cero” que la tijereta del ajuste fiscal todavía no haya afectado los planes sociales, particularmente aquellos ligados a los movimientos y organizaciones sociales propensos a la protesta. En un frágil equilibrio entre la construcción de ese “otro mundo posible” de cooperativas autogestivas, aprendizajes antripatriarcales y de organización humana o consumo, nuevas formas de vida neorural o empoderamiento comunitario en las cada vez más castigadas periferias urbanas, reclamos de todo tipo al Estado y la sociedad, y esa tensa relación con la “política” partidaria o institucional, entre otras cosas; las organizaciones sociales han visto irrumpir en su agenda palabras como “autodefensa” o “abogado” en una clima de creciente represión estatal y estigmatización de una sociedad “engorrada”, al decir de los cumpas del colectivo Juguetes Perdidos.

Con el marco referencial ya desgastado en la marabunta de informaciones, tanto a nivel nacional como continental, de casos como el de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel, las represiones se suceden desde los subtes porteños a los comunicadores villeros, y por supuesto: los pueblos originarios, campesinos, movimientos antriextractivistas y sindicales del interior. Amén de sus aliados anarco o eco terroristas, o el “verso” de los derechos humanos. Otro gradualismo que se impone desde ya comprobados experimentos gringos donde la referencia a la última dictadura militar en la Argentina queda corta frente a la referencia real del actual gobierno de Cambiemos en la experiencia colombiana que la semana pasada pareció confirmar su éxito los numerosos votos en las elecciones del partido del ex presidente Álvaro Uribe Velez, referencia a nivel latinoamericano e internacional de “Seguridad Democrática”. Todo en un marco donde el supuesto “Acuerdo de Paz” con los grupos armados colombianos, o la buena elección de “la izquierda”, no ha podido frenar la escalada de asesinato de líderes sociales en todo el país.

Despejando la nube de los rutilantes casos que día a día pueblan los medios alternativos y que son la contracara de la “inseguridad” creada por los medios hegemónicos, la estrategia represiva del Estado enmarcada en un plan global capitalista no es novedad, sino un devenir lógico del plan de los de arriba. Ese 1% que de alguna manera parece imponer su bienestar sobre el resto de la población.

Al igual que el consumo y el extractivismo, su contraparte, la represión estatal, no muestra una “grieta” en los gobiernos de la última democracia argentina, sino apenas una ajuste de “sintonía fina” con el límite que marca, aunque parezca mentira, la resistencia popular de ese 10 o 15, quizás 30% de la población que se niega a que su destino sea marcado por el plan de ese 1%.

El destino es truculento, por cierto. Solo que cuesta visibilizar sus causas y consecuencias para gran parte de la sociedad. En medio de loables reivindicaciones sociales y culturales, el kircherismo no supo o no quiso ver y mostrar esa pendiente de largo plazo. Se fomentaron el consumo, la megaminería, la soja y la sofisticación de las herramientas legales y técnicas de represión. La Ley Antiterrorista y la salida de la Gendarmería a las calles son apenas un par de ejemplos.

Solo que Cristina nunca se hubiera sacado la foto con Álvaro Uribe Vélez hablando de “Seguridad Democrática”. Macri, sí.

Plan Argentina

Son muchas las relaciones del gobierno de Cambiemos con este terrateniente colombiano que en los ochenta era sindicado como uno de los más buscados narcotraficantes por la DEA y a principios de siglo, a contracorriente del inicio de los llamados “gobiernos progresistas” en América Latina, imponía en Colombia el desgastado Consenso de Washington con una estructura narcoparamilitar que provocó uno de los mayores genocidios y desplazamientos territoriales contemporáneos.

En ocho años, logró superar la marca de Pinochet en cuanto a desapariciones y asesinatos políticos, instaurando modalidades como los “falsos positivos” y logrando un certero cerco mediático y militar sobre las ciudades para avanzar en los territorios sobre poblaciones y recursos naturales. Y todo en democracia. Y sin mosquearse. Hoy, a pesar de la comprobadas denuncias en la justicia colombiana de esta complicidad entre terror paramilitar, gobierno y estrategia empresaria multinacional (de las cuales el candidato Gustavo Petro fue un impulsor), Uribe es uno de los máximos referentes de la política colombiana y también latinoamericana.

El modelo de represión y despojo colombiano se ha exportado con variantes locales, por ejemplo, a México, donde las cifras de desparecidos, masacres, judicializados y otros “errores” del sistema capitalista dejan pasmados a cualquier estadista de la última dictadura militar en Argentina.

Las organizaciones criminales con las que lidiamos van más allá del narcotráfico o el terrorismo, sino que tejen una densa red que incluye negocios lícitos e ilícitos cuyos dueños son ese 1% de la población a donde apuntan las políticas de Cambiemos.

Desde las abiertas alusiones de Macri al modelo de “Seguridad Democrática” de Uribe, la declaración del ex presidente colombiano como ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el poco divulgado escándalo de la vinculación de grupos paramilitares con el entrenamiento de la Policía Metropolitana poco antes de la represión del Borda a través de cuentas offshore de los Panama Papers, o la formación de funcionarios del ministerios de Seguridad en las Cooperativas Convivir que desde el gobierno de Uribe en Medellín sirvieron como entrenamiento y financiamiento de grupos paramilitares acusados por la Justicia colombiana de las peores masacres en el norte del país.

Parte de esta estrategia es la creación de ese famoso “enemigo interno” que todavía por estos sures suena a chiste a pesar del esfuerzo mediático. La poca clara visibilización de carteles del narcotráfico que no sean estrictamente el de las fuerzas policiales volcadas al gatillo fácil, o grupos guerrilleros que tengan más consistencia que el poco feliz invento de ese mito llamado RAM, atenta contra ese sustento social a la represión a lo Plan Colombia. Mientras tanto se siguen imponiendo bases militares norteamericanas, se empoderan los servicios de inteligencia, la estigmatización mediática de ciertos actores (chorros, piqueteros, extremistas ecológicos, jipis anarquistas, los ladrones o las “locas” de los derechos humanos…) Y la sociedad se va engorrando acorde con el Plan Colombia para Argentina.

Una estrategia que duele en el barrio

Para aquellos pocos y pocas que tienen claro el esquema de terror narcoparamilitar de Colombia o México (Paraguay u Honduras) cuesta imaginar que la estrategia paramilitar de Uribe y los Estados Unidos no solo contó con la complicidad de fuerzas de seguridad, funcionarios, empresarios, jueces y periodistas, sino también de muchos “ciudadanos” y “ciudadanas” de todo tipo. Más allá de la posibilidad de ganar dos salarios mínimos en una país hambreado, muchos de los “soldaditos” o paramilitares colombianos que se desmovilizaron con el acuerdo de Justicia y Paz impuesto por Uribe mucho antes y con mejores condiciones que las FARC o el ELN, veían en la masacre de los pueblos y pueblas supuestamente ligados a “la guerrilla” o el “atraso económico” una justificación social y ética.

El cuento es más viejo que las guerras por religiones. Ese 1% nunca se mancha de sangre. Enfrentan pueblos y pueblas. No solo los líderes paramilitares colombianos se cansaron de desplegar justificaciones éticas y patrióticas a su vandalismo poco antes de ser extraditados como narcotraficantes y no por crímenes de lesa humanidad al principal país consumidor de cocaína. Muchos de los “soldaditos” explicaron cómo la suya era una afronta “patriótica” contra la guerrilla y sus cómplices que impedían el desarrollo del país. Un esfuerzo que nadie iba a reconocer más allá de la catarata de subsidios y planes que el gobierno les dio por encima de las víctimas (desplazados o madres del dolor)

Esa visión de “desarrollo” que justifica la “represión” a quienes quieran impedirlo (“terroristas antidemocráticos”) no es exclusividad del gobierno de Cambiemos, ni el aparato empresario y financiero que lo sustenta, ni de los medios hegemónicos. Está en los barrios, en la familia, que poco a poco empieza a justificar los linchamientos, el gatillo fácil, el renacer del “algo habrán hecho” y otras variantes del “engorramiento social”. Entre ellas, el importante aumento de la población involucrada en tareas se “seguridad”, ya sea con un arma o en las crecientes estructuras de servicios de inteligencia (mal no sea en el papel de vecina indignada llamando al 911). Eso sin contar la complicidad por omisión, desinterés o falta de conciencia del estrecho margen de los muros donde solo van a caber los elegidos de ese 1% beneficiario de las políticas del gobierno.

Frente al forzado gradualismo económico, surge un gradualismo represivo que servirá como “cláusula gatillo” o solución última para impedir que la protesta social se imponga como única solución democrática, o no, a la agenda económica del actual gobierno.

Mientras tanto las doñas siguen manteniendo los comedores y copas de leche, creando cooperativas textiles que compiten con la producción esclavista de la primera dama, yendo a buscar a los pibes a las comisarías o las morgues, sacándolos de la droga o el empleo militar, aguantando la violencia machista, sosteniendo manifestaciones y organizaciones, haciendo trámites en el Anses, y viendo una tele que definitivamente es de otro planeta.

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El gobierno encabezado por María Eugenia Vidal anunció hace unos días que casi ochocientos oficiales de los cuerpos de Caballería y de Infantería se sumarán al patrullaje de puntos estratégicos del Conurbano. ¿Por qué vende tan bien la seguridad? ¿Quiénes pagan los costos? ¿Se puede seguir hablando de seguridad? O ¿entendemos que la seguridad es otra cosa diferente a protección? ¿Ha cambiado el concepto de seguridad?

Ha llegado la hora de otros conceptos, tales como “imposición” “zona caliente” “lucha”, “represión”, “desprotección”; en detrimento de otros como “convivencia”,  “respeto” e “igualdad de trato”. El gobierno encabezado por María Eugenia Vidal acaba de anunciar que casi ochocientos oficiales de los cuerpos de Caballería y de Infantería se sumarán al patrullaje de puntos estratégicos del Conurbano, Mar del Plata y Bahía Blanca. Según se anuncia, el objetivo será saturar zonas particularmente calientes,  tales como centros comerciales a cielo abierto y esquinas peligrosas. Se anuncia que la estrategia ha sido copiada de países como Francia e Israel. La otra pata del plan es el lanzamiento de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), un grupo especial de 160 policías especialmente seleccionados y entrenados durante los últimos cinco meses para que actúen como grupo de acción rápida ante crisis.

Nada nuevo

La utilización de las fuerzas de seguridad como herramienta de control de las barriadas periféricas se vuelve a repetir. La lista de tropiezos del gobierno provincial en la materia es infinita y digna de recordar.  Desde aquella frase de Ruckauf en el año 2000, “meta bala a un delincuente”, hasta la última de las medidas citadas se puede rastrear, lo que podría denominarse,  la cronología de un fracaso.

La política de mano dura fue ensayada en demasiadas ocasiones. Así, las leyes provinciales N° 12.405, N° 12.543, N° 13.183 y otras, limitando excarcelaciones, restringiendo beneficios procesales, debilitando estándares del debido proceso y/o los Planes de Seguridad I a V, ejecutados desde 2008 a 2013 por el gobierno sciolistas y que consistía también en reincorporar personal retirado y “saturar” de policías y gendarmes las calles, son la evidencia que dicha estrategias no funcionan. Los conceptos de  “seguridad ciudadana” y “mano dura” son un oxímoron.

Esta política de seguridad en los últimos veinte años condujo a triplicar las tasas de encierro. Los informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación y Comisión provincial por la Memoria, tomando datos del Ministerio de Justicia de la Nación, coinciden en afirmar que el Servicio Penitenciario Bonaerense ha pasado de alojar 10.424 personas desde fines del año 1997 a la escalofriante cifra de 34.096 personas a fines de 2015. Cabe recordar que esa cantidad de personas se halla alojadas en las 20.732 plazas de los 56 establecimientos penitenciarios y las 7 alcaidías departamentales, lo cual implica un 60 % de sobrepoblación. El cuadro se completa con la mención de las horrorosas condiciones de detención que sufren los internos, tales como hacinamiento, falta de comida, medicamentos, carencias de contacto familiar, traslados inmotivados, utilización del sistema de buzones y demás. Muestra de ello ha sido que en el año 2015 la Procuración Penitenciaria de la Nación registró 18.557 hechos de agravamiento en condiciones de detención y que dieron origen a 3.916 habeas corpus. También el Registro Nacional de casos de torturas y Malos tratos (RNCT) relevó 2.514 hechos de tortura y malos tratos padecidos por 596 víctimas. Dato a tener en cuenta es la cifra de muerte de internos. Según informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación en el año 2015 fallecieron 145 personas, de los cuales el 65 % fue por enfermedades curables no asistidas.

¿Hay salida?

Sin atender el problema de la falta de profesionalización por parte de la fuerza que ha llevado a una preocupante ineficiencia en materia de prevención y persecución del delito, una de las aristas más graves de  la denominada saturación policial han sido las constantes prácticas de abusos en el interior de estos barrios. Los mecanismos arbitrarios de interceptación en la vía pública por averiguación de antecedentes y/o identidad ha sido uno de los ejes fundamentales sobre el cual se ha estructurado una política de alto impacto en el recorte de libertades. El último informe del Comité contra la Tortura de la ONU del 10 de mayo de 2017 pone de resalto ello y afirma su preocupación por  la arbitrariedad con la cual actúan las fuerzas de seguridad en el marco de detenciones policiales sin orden judicial y particularmente de jóvenes y menores en situación de marginalidad social. Resalta el informe que el ámbito de las fuerzas de seguridad “arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”.

Por eso,  cuando hablamos de más policías en las calles o analizamos las políticas de seguridad,  y desde amplios sectores se las justifica, estamos diciendo las mismas palabras, pero los conceptos son diferentes. No estamos hablando del término tradicional de seguridad. Estamos hablando de una seguridad no inclusiva, sino que deja a decenas de miles afuera, “los otros”, a los de las barriada pobres. La libertad la llamamos con la misma palabras, pero vivimos en un trozo de hielo y estamos cada momento más aislados y temerosos de saltar a otro. También decimos igualdad, pero ahora es una igualdad relativa, “algunos son más iguales que otros” y decimos democracia porque ponemos un voto una vez cada tanto y no nos enteramos que nuestra democracia se parece bastante más a la democracia griega que dejaba  sin voz a las mujeres, los esclavos y los jóvenes. El concepto de seguridad también ha cambiado. Ahora la seguridad  es tener la tranquilidad de ir al mercado, llegar a casa para  prender el televisor sin enterarnos que por allí se siguen filtrando aquellas viejas estructuras que resisten marcharse y siguen reclamando más exclusión, mas razzias, mas encarcelados. A  todo ello llamamos seguridad.

Enlaces Sugeridos

Informe Anual 2015. La situación de los Derechos humanos en Cárceles Federales Argentinas. Procuración Penitenciaria de la Nación.

Informe Anual 2015. El sistema de la Crueldad IX. Sobre el Sistema de Encierro y las Políticas de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires.

Informe Anual 2016. El sistema de la Crueldad X. Sobre el Sistema de Encierro y las Políticas de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires.

WACQUANT, LOÍC, “Las Cárceles de la Misería”

Comité contra la Tortura. Observaciones finales sobre el quinto y sexto Informe Conjunto periódico de Argentina. Mayo de 2017.

http://www.lanacion.com.ar/2030047-las-patrullas-de-infanteria-empiezan-a-imponer-su-presencia-en-el-conurbano

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Al finalizar los festejos de carnaval en la ciudad de Bariloche, en los que participaron distintos sectores de la comunidad, jóvenes pertenecientes al barrio de El Alto fueron perseguidos y amedrentados por fuerzas policiales y de seguridad que se presentaron encapuchados para arrojarles gas pimienta, golpearlos y detener a uno de ellos.

San Carlos de Bariloche es una de las capitales de nuestra Patagonia que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años. De la mano del turismo, año a año se generan importantes recursos en la ciudad. Al mismo ritmo de crecimiento, también se expandió la población de los barrios periféricos llamados El Alto, ubicados en la ladera de las montañas, y donde se alojan las familias más carenciadas. Para los porteños la imagen puede ser la de una villa de emergencia de Buenos Aires, con más espacio, pero con las mismas condiciones de precariedad en viviendas, servicios, gran pobreza y vulneración de derechos.

En ese contexto, la organización social Al Margen viene dedicando su trabajo en los últimos diez años a la promoción de derechos e inclusión para los sectores más carecientes de esta sociedad tan desigual. Participan y forman parte del Foro de niñez y adolescencia y el trabajo con los chicos está dirigido a la promoción de derechos, la promoción en el acceso al arte, la cultura, talleres de oficios y educación popular para los pibes, que están afuera del sistema educativo formal y de los servicios de salud.

En entrevista con Marcha, Alejandro Palmas, vicepresidente del Consejo Municipal de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes e integrante del colectivo Al Margen, nos relató la situación de vulneración de derechos que sufrieron los jóvenes, quienes una vez más son estigmatizados por las fuerzas de inseguridad por su pertenencia a los sectores populares.

El último día del fin de semana largo se celebró carnaval en el velódromo de Bariloche. Al finalizar la última jornada, un grupo de 12 jóvenes de Unión, barrio de El Alto de Bariloche, tomó el colectivo 81 en la calle Onelli para volver a sus hogares. Allí también se subieron cinco policías que les pidieron a los pasajeros que les mostraran sus boletos. La situación generó malestar con los adolescentes, que además se negaron a que los hicieran bajar del vehículo, tras lo cual los policías descendieron. Cuando el colectivo llegó a la rotonda de entrada del barrio 2 de Abril, fue detenido por policías encapuchados que hicieron bajar a los adolescentes, les arrojaron gas pimienta, y luego fueron golpeados y trasladados a la comisaría del barrio, donde estuvieron detenidos por unas horas. Las fuerzas que actuaron pertenecen al Cuerpo de Operaciones Especiales de la Policía de Río Negro (C.O.E.R.). La hipótesis es que la policía local dio aviso al grupo comando cuando los pasajeros habían descendido del colectivo.

El rati horror show

Palmas continúa relatando que no es habitual que la policía pida documentos, pero lo que sí es frecuente es que los pibes de los barrios sean detenidos arbitrariamente, que les peguen, los maltraten, los bajen del colectivo o los manden a su barrio cuando están en el centro. La violencia policial hacia los pibes es reiterada en la zona.

En general, los casos toman trascendencia cuando los pibes tienen pertenencia a una organización, lo que permite que las situaciones pasen a la agenda pública.

En este caso, los jóvenes que fueron víctimas de esta violencia participan desde hace tres años en los Foros de jóvenes y adolescentes que se organizan desde el Consejo local de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. También son parte de las actividades que se realizan todos los años en el marco de la “Semana x los Derechos de Bariloche”.

Fueron los propios chicos los que con sus celulares filmaron y sacaron fotos, lo que permitió la identificación de uno de los efectivos policiales que fue rápidamente apartado para ser investigado.

Respecto del C.O.E.R., tal como puede leerse en la web: “El Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate de la Policía de Río Negro es el grupo de funcionarios policiales preparado física e intelectualmente en forma permanente, táctica y operativamente, para realizar acciones donde la capacidad de respuesta operativa de las unidades de orden público se han visto superada. Estos uniformados están preparados para intervenir en allanamientos de alto riesgo por hechos delictivos de distinta gravedad, narcotráfico, secuestros, capturas de evadidos, recupero de víctimas de la trata de personas”.

Nada se puede agregar.

Última parada

Cuando regresaron, los jóvenes comentaron en sus hogares lo sucedido, y también lo hicieron con los operadores territoriales en la promoción de derechos. Ellos convocaron a una reunión con las familias, que estaban atemorizadas, para tratar de impulsar la denuncia. Mientras se celebraba esta reunión, que había tomado alguna trascendencia, la policía local circulaba para amedrentarlos con gestos e impedir la denuncia, que finalmente se efectuó en la Fiscalía. Es de destacar que uno de los padres fue el que tomó coraje y se animó a ponerle su apellido a la denuncia, lo que alentó a las demás familias a seguirlo con la firma en la Fiscalía. A continuación también el Ministerio de Desarrollo Social Provincial decidió impulsar esta acción a nivel de gobierno, por la trascendencia que tomó, después de una negativa inicial. El impulso de la causa tomó tal magnitud que el Ministro de Seguridad Provincial tuvo que reunirse con el primer padre que había firmado la denuncia.

La sanción

Un efectivo policial pudo ser identificado y fue suspendido por estar involucrado en el procedimiento que derivó en la agresión a los 12 jóvenes del barrio Unión. El subcomisario de la Unidad Regional III, Manuel Poblete, informó que la medida es “provisoria” y aclaró que es independiente a la causa judicial en la que se investiga lo sucedido.

Consultado acerca de la intervención de Al Margen, Alejandro contó: “Nosotros estamos metidos en el tema de derechos de niño, niña y adolescentes y no podíamos quedar al margen de acompañar a estos pibes y poner en agenda la violencia institucional”.

Las repercusiones mediáticas

La noticia tuvo poca visibilidad en los medios y una disimil respuesta social, ya que mientras se estigmatizaba a los pibes diciendo: “por algo habrá intervenido la policía” la sociedad comenzaba a comprender con las imágenes del policía encapuchado agarrando por el cuello a un pibe. Al mismo tiempo, afirma A. Palmas, “se produjo una operación de prensa, donde se mostraba a los pibes apedreando a un patrullero, lo cual le daba alguna legitimidad al oscuro accionar de las fuerzas que debieran estar al servicio de la ley”. Y cierra: “Aún parecen estar arraigadas las prácticas que vienen de la oscura noche de la dictadura con persecución sometimiento y amedrentamiento”.

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