En dos días cierra la inscripción de las alianzas electorales. Casi todos los espacios políticos aún no definieron si irán a internas y cruzan fuertes acusaciones entre sí. Qué se juega cada espacio, y cómo esto representa las demandas actuales.

En apenas horas se terminará de develar el primer gran misterio en relación a la instancia electoral de este año: de qué modo se conforman las alianzas políticas para disputar las legislativas y si habrá o no internas en cada espacio. Restará esperar unos diez días más aún para conocer el segundo gran misterio: los nombres de las y los candidatos.

Si bien todos los espacios políticos fueron mostrando algunas cartas, midiendo candidatas/os y sugiriendo alianzas, lo cierto es que absolutamente nada parece estar definido a dos días del cierre de las listas.

No Cambiemos la polarización

La alianza Cambiemos tiene frente a sí un dilema político: la aritmética le indica que casi en cualquier escenario mejorará su presencia legislativa. Resulta que las y los legisladores que renuevan sus bancas en esta elección pertenecen en su mayoría al Frente para la Victoria y al Frente Renovador, por lo que es esperable que cualquier performance del partido de gobierno lo deje mejor parado aún en cuanto a bancas.

No obstante, el propio gobierno sabe que la política no es solo aritmética, y que una derrota electoral –aún si lograra aumentar sus bancas-, implicaría un serio golpe en cuanto a la legitimidad del presidente. Claro que de todos modos una derrota de Macri tampoco puede asegurar una clausura de las proyecciones de Cambiemos allende 2017.

En la historia reciente de nuestro país hemos presenciado partidos gobernantes que, habiendo perdido las primeras legislativas que enfrentaron, luego perdieron la subsiguiente batalla electoral ejecutiva, como ocurrió durante la segunda presidencia de Menem; o como en el caso de la Alianza, que siquiera pudo terminar su mandato. Pero también hay antecedentes, como el del FpV, que perdió las legislativas de 2009 en la provincia de Buenos Aires (el distrito más importante), y no obstante logró la reelección dos años después.

Esto sugiere que ni la derrota del oficialismo en estas elecciones asegura el certificado de defunción para Cambiemos, ni un triunfo en ellas garantiza la consolidación de una hegemonía duradera. Por todo esto, desde el gobierno saben que la aritmética y la política se deben conjugar de la mejor manera en esta contienda, pero también en los dos años restantes.

Posiblemente un buen desempeño electoral permita renovar los aires en Casa Rosada y avanzar con los puntos relegados del ajuste implementado desde diciembre de 2015. Lo que no se le puede negar al gobierno es que, aún después de dos años a cargo de la primera magistratura, tenga reparos en trasparentar planes de mayor contracción de derechos y beneficios una vez traspasada la elección: el pedido del ejecutivo para que el programa Fútbol para todos continúe hasta pasado el 22 de octubre de este año, lo demuestra claramente.

¿Que florezcan mil Florencios?

En los campos del peronismo y del kirchnerismo se juegan varios elementos. Claramente la insistencia de Florencio Randazzo por ir a unas primarias con otros candidatos del PJ o del FpV no tiene tanto que ver con los resultados de esta contienda, sino con una estrategia de largo aliento con miras a las ejecutivas de 2019.

De otro modo no se entiende como Randazzo, que rechazó ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires por considerarlo un puesto menor, ahora quiera ejercer el cargo de Senador nacional. Es evidente que la idea del chivilcoyano es mostrarse como la renovación del postkirchnerismo, calibrando en modo ecuánime dos estilos enfrentados: el del ‘vamos a volver’ y el del ‘cambio’. Al reconocer a CFK como una estadista importante, pero no como la líder natural actual del espacio panperonista, el randazzismo polariza con el ala kirchnerista que sí se encolumna de plano tras la imagen de Cristina.

En las próximas 48 horas se resolverá seguramente si este espacio habilita las internas, si termina consensuando una lista de unidad, o si se le niega la interna al ex ministro del Interior y Transporte. Lo más llamativo sería que este escenario no se dirima por la capacidad de síntesis de sus referentes, sino por la vía judicial. En realidad, que el kirchnerismo le niegue las primarias al randazzismo -y que éste tenga que acudir a la justicia-, no sería tan dramático como que quien termine por dirimir esa disputa sea el juez Juan Manuel Culotta: egresado del colegio Cardenal Newman, con vínculos con Mauricio Macri demostrados por la periodista de Página/12 Irina Hauser, y quien por presión del presidente se encuentra actualmente a cargo del juzgado electoral Nº 1 de La Plata.

En suma, mientras Randazzo mide sus perspectivas presidenciales a futuro, la que más parecería tener para perder en esta instancia es CFK. Más allá de las abrumadoras denuncias de corrupción que pesan en su contra, y que deberán despejarse en el plano judicial, los registros históricos hasta este año indican que dejó su cargo de gobierno con la mayoría de los indicadores macroeconómicos saneados y con una plaza de mayo desbordante de seguidores/as. Es por eso que un traspié electoral en este año, puede significar un retroceso tanto para sus hipotéticas aspiraciones a futuro, como para la imagen que aún perdura de su pasado en la gestión en importantes capas de la población.

El Frente Renovador

A partir del protagonismo de dos mujeres, Margarita Stolbizer y Victoria Donda, el espacio que lidera Sergio Massa tiene por delante el desafío de revalidar su condición de potencial ‘tercera vía’. Si fuese cierto que la sociedad está harta de la llamada ‘grieta’, y contemplando que la estrategia de Cambiemos es profundizarla aún más de cara a los comicios, entonces el buen desempeño de Massa debería estar asegurado; pero nada indica que las y los argentinos estemos deseosos de tomar ‘anchas avenidas del medio’, si es que existieran y, más aún, si es que el ex intendente de Tigre genuinamente las representara.

La actitud de su bancada respecto de los proyectos de ley del oficialismo, salvo honrosas excepciones, siempre estuvo más cerca del seguidismo a la política de Macri que de la oposición frontal.

La incorporación de la titular del GEN a este espacio apunta a refrescar en clave moralista un armado que nunca gozó de excelente salud en cuanto a sus fuentes de financiamiento, y a sus vínculos con los poderes concentrados, inclusive foráneos: fue el Argenleaks de Santiago O`Donnel el que reveló la promiscuidad de los diálogos de Massa con la embajada de los Estados Unidos.

Así entonces como Cambiemos se asegura la apelación a la reserva moral anticorrupción construida en torno a la imagen de Elisa Carrió, lo mismo intenta hacer el Frente Renovador poniendo en primer plano a la segunda dirigente política más cortejada por los grandes medios de comunicación.

Por otra parte, con la incorporación al Frente Renovador de Libres del Sur, este grupo deja su pasado guevarista para pasar a jugar en las grandes ligas de los partidos con dos dígitos de intención de votos, seguramente a partir de un acuerdo electoral que le deje grandes chances de incrementar cargos y asesores.

Que se doble pero que no se rompa

Casi todos los actores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) coinciden en que una ruptura de este espacio significaría un suicidio político. Es innegable que, al menos en el plano electoral, el FIT es la principal referencia de izquierda en nuestro país. Sin embargo, para cualquiera que siga aunque desde lejos sus debates, también es claro que las fuerzas que lo integran no ahorran en descalificativos entre sí, muchas veces protagonizando escaladas casi infinitas de acusaciones cruzadas.

La principal disputa actual en relación con la elección viene a cuenta de la posibilidad o no de que haya internas en el FIT, posición sostenida por el PTS. Mientras tanto, el Partido Obrero e Izquierda Socialista rechazan ir a internas y proponen armar una lista de unidad. Desde luego entonces que el orden de los y las candidatas en la hipotética lista de unidad es el principal debate irresuelto en el FIT.

Algunos sondeos presentados en esta misma columna semanas atrás, le auguraban al FIT un buen desempeño en estas elecciones, sobre todo en Capital Federal, Mendoza y Buenos Aires. Si bien es claro que estos grupos apuestan a acumular votos a partir de su referencia general de izquierda pura, también es probable que su faena electoral dependa de quién encabece los listados. Algunas figuras del FIT, como la abogada de Derechos Humanos Myriam Bregman, parecen estar interpretando un mejorado libreto al momento de comunicar sus propuestas. Esto la coloca a Bregman como una de las figuras más convocantes de este Frente, al menos en el plano metropolitano de Buenos Aires.

Pero la vocación de cada partido por colocar a sus propias figuras evidentemente no cede lugar a este tipo de valoraciones. Es así que durante las últimas horas la amenaza de una ‘ruptura del FIT’ en caso de no llegar a un acuerdo por el orden en las listas, estuvo en boca de todos. Es por esta reciente situación que el FIT se juega mucho entonces en esta elección. El desmembramiento del espacio sería una mala señal ante el electorado, aunque la no renovación de sus figuras también podría serlo. En definitiva, solo los tres partidos integrantes de este Frente sabrán hasta donde tensar los acuerdos en función de evitar o no la ruptura.

Escuchando (parcialmente) a la sociedad

Más allá de que hubo algunas fuerzas que plantearon ejes programáticos en estos meses (bajar los precios, en los casos de Massa y CFK), o reducir la jornada laboral (en el caso del PTS), todos los espacios electorales de envergadura parecen estar jaqueados por las disputas personalistas y hacer campaña desde mensajes vacíos de contenido. Así, las candidaturas personales se anteponen al debate de ideas; pero antes que condenar ideológicamente esta realidad, se podría pensar que tal vez responde a una demanda genuina de la sociedad actual.

Lo que no parece responder a demanda alguna de la sociedad, es el nivel de fragmentación y de hostilidad interna que al menos las fuerzas opositoras muestran. Si uno observa las opiniones de las personas no organizadas, tanto de simpatizantes del kirchnerismo como de la izquierda, parece oírse un clamor por que se dejen de lado los internismos y las pretensiones personales, y que se anteponga a ello la unidad necesaria para enfrentar al gobierno.

En los próximos días restará ver, no solamente si existen o no internas en estos espacios, sino también en qué términos se dan esas internas: si se trata de un debate fraterno de ideas, o si se pasa a un grado de hostilidades en donde la confrontación con el gobierno termine por quedar en segundo plano. Este enigma será develado durante la campaña y allí sabremos si los partidos hacen oídos sordos –o no-, a lo que dicta la calle.

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En un contexto de evidentes maniobras de desinformación desde los medios hegemónicos, personas detenidas en los penales y familiares de víctimas de la violencia institucional en las calles instalan un rechazo a ser escuchado en el Congreso: ¡no a la reforma de la ley 24.660!

A la par de que se multiplican las acciones de solidaridad y las huelgas de hambre en diferentes unidades penitenciarias, familiares de personas detenidas y víctimas de violencia institucional, organismos de Derechos Humanos y organizaciones y cooperativas de personas liberadas realizaron ayer en horas de la tarde una marcha en inmediaciones al Congreso de la Nación en rechazo a la reforma de la Ley 24.660 de ejecución penal.

La iniciativa parlamentaria pretende modificar parcialmente la Ley 24.660, reúne los proyectos del diputado Luis Petri (Cambiemos) y de la diputada Mónica Litza (Frente Renovador), tiene media sanción de la Cámara de Diputados y hoy se trataría en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Senadores. Elimina el régimen de progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de las personas condenadas y lo reduce a su mínima expresión para el resto. Plantea la imposibilidad para determinados delitos del acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida.

Según esta reforma la lista de delitos se amplía a la ya existente incluyendo todo homicidio simple o agravado, todos los delitos contra la integridad sexual (exceptuando el abuso simple, difusión de pornografía, sustracción de mayores para menoscabar su integridad sexual y grooming), secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo si se causa intencionalmente la muerte, infracciones a la ley de drogas, trata de personas, delitos económicos, condenas por ley antiterrorista, contrabando, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude contra la administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas.

El debate, interesadamente desinformado mediante una campaña llevada adelante fundamentalmente por operadores políticos y opinadores de la derecha en los medios de comunicación hegemónicos, fue instalado tras el femicidio que habría cometido Sebastián Wagner sobre Micaela García en Entre Ríos. Por eso, los días anteriores a la marcha de ayer, familiares, sobrevivientes de la violencia institucional y referentes de la lucha antirrepresiva instalaron una mesa frente al Congreso donde informaron sus argumentos en contra de cara a la sociedad.

La Ley Nacional 24.660 es la que regula la vida de las personas privadas de libertad, ya sean las condiciones de alojamiento como el acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a la recreación y los diferentes pasos que se deben dar para que una persona recobre la libertad. La lista de delitos que se incluye en ella es muy amplia y por eso no se comprende cuál fue el criterio para realizar la restricción que propone la reforma ya que se incluye, por ejemplo, las condenas por delitos no violentos como el tráfico de drogas a pequeña escala.

Quienes tienen posibilidades no reinciden

Para Julián Axat, Director del Programa Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal (MPF), “la modificación de la ley avanza sobre los derechos de los presos que es lo que la ley precisamente consagra” y afectaría “los derechos a la progresividad en la salud, el trabajo, la educación y a recuperar la libertad”.

“La reforma otorgaría más facultades arbitrarias y represivas al Servicio Penitenciario”, afirma Ayelén Stroker desde el Frente Sin Reversa, espacio para visibilizar la lucha antirrepresiva contra esta reforma y otras hermanadas como la pretensión de imputar de delitos a niños y niñas, “se agravan ilegítimamente las condiciones de detención y se da mayor grado de decisión a los órganos técnicos de custodia dentro del SP”. Y agregó, “la única herramienta hoy para defender los derechos en la cárcel es el habeas corpus y la pregunta es, con esta modificación, el habeas corpus, ¿quién lo va a definir, el mismo Servicio Penitenciario? Si esta reforma se concreta no va a haber quien denuncie los abusos”.

Para la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), el proyecto de modificación es ineficaz y acarrea graves problemas de implementación. “El proyecto contraviene los estándares constitucionales de resocialización y reinserción social reconocidos tanto por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y previstos como finalidad de las penas de prisión en las “Reglas Mandela”, que constituyen la normativa de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos”. El organismo afirma además que “el agravamiento de las condiciones de cumplimiento de las penas” y “el endurecimiento de la legislación penal y el incremento de la población reclusa” no conducen a mayor seguridad.

Para la PPN es importante avanzar hacia “una justicia fortalecida y no fortaleciendo la administración penitenciaria”, “una fuerza de seguridad, regido por una ley orgánica de la última dictadura militar, cuya democratización es una deuda pendiente del Estado argentino”. En este sentido, aseguran que poner el foco en ampliar las facultades de intervención de la administración penitenciaria es “un error irreparable”. “La clave no es retroceder en este punto sino fortalecer a la justicia con procesos de ejecución orales, ágiles, que cuenten con equipos interdisciplinarios que den apoyo a las decisiones judiciales”, agregan. Por otro lado, la sobrepoblación de las cárceles y las violencias que conlleva el hacinamiento son contrarias a la “resocialización”.

Para Axat, “estos intentos de reforma intentan violar el principio de progresividad constitucional son intentos demagógico punitivos que lo que hacen es discriminar por determinados delitos a determinadas personas violando la igualdad ante la ley y cercenando derechos”.

Para Stroker, “se está haciendo esto y no se está recurriendo a bases de análisis de las consecuencias de este tipo de medidas. Quedó demostrado que la lógica punitiva no ha funcionado” y que “a las cárceles abarrotadas se van a agregar condiciones de mayor hacinamiento que las actuales”. Para la activista “el trasfondo es el negocio de la cárcel, de quien la maneja” y por eso esta reforma “profundiza las problemáticas que ya existen”.

El debate sobre los delitos sexuales

El tratamiento en el Congreso de la modificación a la Ley Nacional de ejecución penal se da evidenciando maniobras de sectores regresivos tras el dolor social por el femicidio de Micaela. Y bajo el debate maniqueo se esconde la profundización y la oportunidad de avanzar en lo que se construyó en materia de Derechos Humanos en el territorio. Delitos sexuales que, por otro lado, aún nos encuentra tratando de conceptualizar que son manifestaciones violentas del poder dentro de una sociedad machista y heteropatriarcal, ejecutadas por una persona pero de responsabilidad de todo el cuerpo social.

O en palabras de antropóloga feminista Rita Segato, que en una entrevista radial pareció sorprender a la hegemonía masculina del periodismo comercial, “el violador no es un ser anómalo, en él irrumpen determinados valores que están en toda la sociedad, entonces nos espantamos y el violador se transforma en el chivo expiatorio de toda la sociedad, pero él fue el actor, el protagonista, de una acción que es de toda la sociedad”.

Por otro lado, su complejidad nos lleva a oscilar entre varias certezas: los abusos y las violaciones son mucho más frecuentes en los ámbitos intrafamiliares que en la calle y no son producto de la inseguridad; son de los delitos que menor índice de condena tienen ya que para muchos operadores de justicia siguen siendo de índole “personal” y de la “intimidad”, individualizando y trasladando el eje sobre las sobrevivientes, a quienes no se les cree y muchas veces terminan siendo investigadas. Y más cuando son personalidades públicas. Y más cuando amigos del poder como el cura pedófilo Julio César Grassi.

Por otro lado, los “violadores” -o gozadores del ejercicio del poder y la dominación- en alta probabilidad reinciden, o sea que el efecto del encierro, eje de este falso debate, es casi nulo en relación a la modificación de sus conductas. A esto se suma que el interés del violador es dar un mensaje a través de su acto de violencia sobre el cuerpo de -generalmente- las mujeres. Además, en caso de existir un imaginario de fantasía sobre las cárceles, tampoco reciben un “tratamiento” particular para lograr la tan mentada “resocialización”.

Por eso, volviendo a Segato, “un sistema de justicia que piensa que la cárcel es la solución al problema de la violencia es un sistema de justicia absurdo”. O en palabras de la abogada Ana Clara Piechestein que con contundencia anticipó las intenciones de los sectores regresivos discutiendo que más de “esta cárcel”, no es la respuesta ante las violencias sociales profundas: “es posible y necesario forzar un cuestionamiento amplio de todas las instancias del Estado en relación con el problema de los abusos sexuales y femicidios que ocurren en la Argentina”. “El uso de la cárcel como respuesta automática no puede ser sostenido sin revisar cómo opera y qué implicancias tiene”.

Hoy desde las 11 continúan las disertaciones en el Senado y será el día en que se escuchen las voces en contra de este intento de reforma que bien merece el debate social informado. Se expondrán los argumentos de quienes a la postre serán las y los afectados en sus derechos en caso de que se logre la la sanción de la Ley 24.660.

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Análisis sobre el proyecto de reforma de la ley de ejecución penal.

Este martes 27 de Septiembre se discutió en la comisión de Derecho Penal de la Cámara de Diputados dos proyectos modificatorios de la ley 24.660, de ejecución penal que fueron presentados por el PRO y el Frente Renovador y otro proyecto de unificación de ambos. Entre ambos bloques, que constituyen la mayoría, quisieron expedirse con un dictamen que no contemplaba ninguna discusión previa. Un pedido de diversos bloques pospuso el dictamen para permitir abrir un debate en donde se escuchen las voces de diversas organizaciones y colectivos de trabajo carcelario, cooperativas de liberados, familiares, sindicatos y organismos de derechos humanos.

En la gacetilla publicada esta semana por la Red de Cooperativas de Liberadxs y organizaciones en contexto de encierro, se advierte sobre una información que no apareció consignada en ningún medio de comunicación. En Diputados se están tratando varios proyectos para la ley 24.660 que determina sobre la ejecución de la pena que deben cumplir las personas en contexto de encierro, es decir como cumplirá la pena privativa de la libertad aquellas personas con esta condena.

Tal como afirman las organizaciones de la Red, los proyectos presentan un grave retroceso porque fortalecen las potestades del poder administrador, favoreciendo el gobierno de la cárcel de manera arbitraria y discrecional a la voluntad administrativa, mediante el uso de un sistema de premios y castigos, en lo que ellos consideran una restricción abusiva del ejercicio de derechos. La Red afirma que con estos proyectos además se estaría violando el principio de progresividad en tanto impone condiciones más gravosas en la ejecución de la pena y al ejercicio de derechos constitucionalmente consagrados que no pueden ser limitados o restringidos por medio de leyes de jerarquía inferior.

En los proyectos de reforma se sujeta la concesión de las salidas transitorias y el cumplimiento de etapas de la resocialización a una valoración de las personas que estarían sujetas a un nuevo proceso, en donde ya no importaría el esfuerzo personal de una persona detenida, su evolución en el tratamiento penitenciario, ni las calificaciones de conducta y concepto que alcance con base en su comportamiento intramuros.

El colectivo que fue a hacer escuchar la voz de los de adentro, remarca que estos cambios se traducen en una militarización o fortalecimiento de las áreas de Seguridad (bajo el concepto de custodia y represión), por sobre las áreas de Tratamiento que debieran promover el trabajo de profesionales de la salud, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, programas de empleo genuino, oficios. Es decir, es el fortalecimiento de la faz represiva por sobre la resocializadora.

El tratamiento del proyecto de modificación de la ley 24.660, a pedido de distintos bloques, obligó a que se abra una instancia de debate y la convocatoria de organizaciones que trabajan al interior de la cárcel, cooperativas de liberados, familiares, sindicatos y organismos de derechos humanos que intentaron poner en discusión y lograr que los diputados comprendan que estos proyectos violan principios constitucionales, normativa internacional, y violentan el objetivo último de la Ley de Ejecución Penal, que como dice su artículo 1° es la reinserción social.

Es decir que se intentan volcar al interior de la cárcel las políticas policíacas y represivas que están en marcha de la mano de las políticas de seguridad de la Nación. En la realidad de la calle han significado junto con el desgobierno de las fuerzas de seguridad un aumento exponencial el delito, tanto en la CABA y sobretodo en el conurbano bonaerense. Cotidianamente asistimos a la detención inmotivada de personas solo por su aspecto, la represión policial que luego el gobierno tiene que salir a justificar, el incremento de los robos en los barrios y la instalación de una supuesta guerra contra el narcotráfico, cuyos beneficiarios no son los ciudadanos.

Mujeres en lucha

Por segunda vez en lo que va de este año, las mujeres del Complejo Federal IV de Ezeiza están realizando una Huelga de brazos caídos en reclamo del pago de sus 200 horas de trabajo. Las mujeres se encuentran realizando batucadas en los pabellones, reclamando por la jefa de trabajo, quien es la responsable del incumplimiento del pago efectivo de las horas de trabajo estipulado por ley para toda persona privada de su libertad en un Centro Penitenciario. Otra vez una huelga de brazos caídos, otra vez los cuerpos de las mujeres vulnerados.

Se entiende que la reducción de las horas de trabajo no solo vulnera e impide el acceso pleno al derecho al trabajo, sino que las consecuencias tienen efectos concretos en las vidas de las mujeres y sus familiares. La mayoría de ellas son los sostenes económicos de sus hijos y familiares, de su entorno vital en el afuera. Esta nueva avanzada del Servicio Penitenciario no es casual. Se enmarca dentro de la sistemática arbitrariedad y discrecionalidad de sus prácticas cotidianas, que se materializan en los obstáculos impuestos al acceso a la salud, a la educación, a la recreación.

Qué dice la Ley N° 24.660

Artículo 1º: “La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad”.

Foucault tenía razón: Vigilar y Castigar

Quizá nos dan hoy vergüenza nuestras prisiones. El siglo XIX se sentía orgulloso de las fortalezas que construía en los límites y a veces en el corazón de las ciudades. Aquellos muros, cerrojos y celdas figuraban una verdadera empresa de ortopedia social. A los que roban se los encarcela; a los que violan se los encarcela; a los que matan, también. ¿De dónde viene esta extraña práctica y el curioso proyecto de encerrar para corregir, que traen consigo los Códigos penales de la época moderna? ¿Una vieja herencia de las mazmorras de la Edad Media? Más bien una tecnología nueva: el desarrollo, del siglo XVI al XIX, de un verdadero conjunto de procedimientos para dividir en zonas, controlar, medir, encauzar a los individuos y hacerlos a la vez “dóciles y útiles”.

Vigilancia, ejercicios, maniobras, calificaciones, rangos y lugares, clasificaciones, exámenes, registros, una manera de someter los cuerpos, de dominar las multiplicidades humanas y de manipular sus fuerzas, se ha desarrollado en el curso de los siglos clásicos, en los hospitales, en el ejército, las escuelas, los colegios o los talleres: la disciplina. El siglo XIX inventó, sin duda, las libertades: pero les dio un subsuelo profundo y sólido — la sociedad disciplinaría de la que seguimos dependiendo.

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