Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia de Perú de una forma similar a cómo lo hicieron sus pares Mauricio Macri en Argentina y Sebastián Piñera en Chile. Los tres empresarios con un gabinete plegado de economistas, “técnicos independientes” y más de un conflicto de interés a la hora de gobernar.

Hace dos semanas asumió la presidencia del Perú el empresario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien triunfó estrechamente por sobre Keiko Fujimori, hija del encarcelado ex dictador del país. Las expectativas de los grupos económicos están sobre este empresario de 77 años, educado en Londres y Estados Unidos y estrechamente ligado al mundo de las finanzas y los negocios internacionales. Si bien tiene experiencia política como ministro de Energía y Minas de Fernando Belaúnde, ministro de Economía de Alejandro Toledo y presidente del Consejo de ministros del mismo, su mayor experiencia está en el mundo privado. Por ejemplo, fue miembro del directorio de importantes compañías como la hoy privatizada Compañía de Acero del Pacífico (CAP), Magma Cooper, Edelno SA, Toyota, Sidedurgica Argentina, ROC Taiwan Fund, CS First Boston, Tenaris, Southern Peru Copper Corporation y Ternium Inc.

Pero PPK no es el único empresario en llegar al poder en América Latina. De hecho, su equipo ministerial tiene un inmenso parecido con los de los también empresarios Mauricio Macri en Argentina y Sebastián Piñera en Chile. Los tres se presentaron como los “mejores equipos de la historia”, plegado de “técnicos independientes” y con una característica ineludible: su profunda correspondencia con el poder económico.

En los tres gabinetes han primado economistas, gestores de intereses, ex CEOs y hombres, en su gran mayoría. El de Piñera es el único gobierno terminado, con más de un conflicto de interés entremedio y con varios miembros de su equipo hoy procesados por la Justicia. Macri lleva apenas 8 meses, pero ya enfrenta cuestionamientos por la dificultad de sus ministros de compatibilizar su trabajo político con sus intereses económicos.

El gabinete “de lujo” de PPK

De 19 ministros, 9 son empresarios y solo hay 5 mujeres. Al nombrarlos, el presidente les pidió que evitaran los conflictos de intereses.

El líder del equipo es Fernando Zavala, presidente del consejo de ministros. Su tarea es ser el operador político del gobierno, encargado de negociar con un parlamento de mayoría fujimorista. Economista de 45 años, fue viceministro de Kuczynski cuando este lideraba la cartera de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo. Pasó a dirigir el ministerio cuando el actual presidente pasó al cargo que hoy ocupa Zavala. Durante el fujimorismo, fue gerente general del Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

Antes de ser nombrado, era CEO de la compañía cervecera Backus y Johnston, monopólica en el mercado de la cerveza en el vecino país. Zavala también ha sido miembro del directorio de varias empresas: Interbank, Alicorp, Inmobiliaria IDE, Cervecería San Juan, Banco Falabella y Enersur.

El ministerio de Economía será comandado por Alfredo Thorne, economista con experiencia en JP Morgan Chase -el banco más grande del mundo-, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue también director de la AFP Prima entre 2012 y 2015. Desde su posición deberá regular el funcionamiento de empresas aseguradoras, como la misma que dirigió.

En el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social estará la polémica abogada Cayatena Aljovín, ex funcionaria de los gobiernos de Fujimori y Alan García y actual vicepresidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), el principal gremio empresarial del país. Desde Perú reclaman su nula experiencia en políticas sociales y es sindicada como el caso más gráfico, de todo el gabinete, de la “puerta giratoria”, principalmente por su trabajo como directora general en la empresa lobbista española Llorente y Cuenca. 

En el ministerio de la Producción estará Bruno Guiffra, economista y conductor del programa “Mundo Empresarial”. Socio fundador y director ejecutivo de Promotick, que brinda servicios de marketing a empresas.

En Energía y Minas el elegido por PPK es Gonzalo Tamayo, economista y ex gerente de Macroconsult, una consultora de negocios que tiene entre sus clientes a la Sociedad Nacional de Industrias, Sociedad Nacional de Minería y empresas mineras como Yanacocha, Volcan y Glencore. Las mismas con las que se tendrá que relacionar desde su nuevo cargo.

En Agricultura estará José Manuel Hernández, ex gerente general y fundador de la empresa hidroeléctrica Pucamarca. La compañía tiene un permiso para realizar estudios de aprovechamiento hídrico para un proyecto de central hidroeléctrica, autorización que corre por cuenta de su ministerio.

También hay algunos que regresan a ocupar puestos ministeriales que tuvieron en gobiernos anteriores. El empresario Eduardo Ferreyros, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo de Alejandro Toledo vuelve a ocupar el mismo cargo. Cuando lo dejó, pasó a ser gerente de COMEX, gremio de grandes exportadores privados. Al igual que Ana María Romero-Lozada, quien regresa al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pese a su cuestionada gestión durante el gobierno de Toledo.

“El mejor equipo en 50 años” de Mauricio Macri

Cuando el empresario Mauricio Macri anunció su gabinete en diciembre pasado, la descripción fue casi la misma que la de PPK. Empresarios, ex CEOs de grandes empresas multinacionales y de un perfil “técnico”. No por nada se le caracterizó inmediatamente como una “CEOcracia”. El presidente destacó las credenciales de los ministros. “Es el mejor equipo en 50 años”, dijo. La distribución de género es similar a la de PPK: sólo 4 mujeres entre 24 hombres.

Quien la ha tenido más difícil hasta ahora en estos 8 meses de gobierno es sin duda Juan José Aranguren, ministro de Energía. Hasta ahora mantiene acciones en Shell, empresa multinacional petrolera de la que fue presidente en su filial argentina y en la que trabajó 37 años.

Aranguren ha liderado la polémica política del “tarifazo”: aumentos de hasta 1000% en las tarifas de gas, agua y electricidad a la población bajo el argumento de que los precios estaban demasiado subsidiados por la anterior administración kirchnerista. Una de las principales benefactoras del tarifazo ha sido precisamente Shell, que mantiene millonarios contratos con el Estado argentino. La política del gobierno ha sido aplicar el aumento del precio a las personas, pero ha mantenido el subsidio a las grandes empresas.

En el resto de los ministerios también priman los empresarios de perfil “técnico”. En Hacienda está Alfonso Prat-Gay, con pasado en el banco JP Morgan en Buenos Aires, Nueva York y Londres.

En la cartera de Producción está Francisco Cabrera, quien fuera director ejecutivo del diario La Nación y con experiencia en Hewlett Packard, el grupo Roberts/HSBC y fundador del fondo de pensiones Máxima, una Administradora de Fondos y Jubilaciones de Pensiones (AFJP). En los 90, el presidente Carlos Menem instauró el sistema de capitalización individual en las pensiones, operadas por empresas privadas. Se trata de un sistema similar a las AFP en Chile. Fueron estatizadas por Cristina Fernández en 2008.

En transportes nombró al economista Guillermo Dietrich, cuya familia es dueña de la mayor concesionaria de autos en el país.

Ricardo Buryaile, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas es ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. En la cancillería está Susana Malcorra, quien trabajó 14 años en el área comercial de IBM y fue directora general de Telecom Argentina. Hoy postula a la secretaría general de Naciones Unidas.

En Interior está Rogelio Frigerio, ex secretario de Programación Económica durante el gobierno de Carlos Menem, época no bien recordada por la inmensa mayoría de los argentinos. Hasta antes de su nombramiento, era presidente del Banco Ciudad.

Otros que aparecen en el Ejecutivo son el Gustavo Lopetegui, ex CEO de LAN como secretario de Coordinación de Políticas Públicas.

A 8 meses de gobierno, el equipo de Macri ha sufrido masivas movilizaciones por las duras políticas de ajuste contra la población, que entre otras cosas, han provocado el aumento de pobreza en más de 2 millones de personas solo en estos ocho meses. Algunas explicaciones desde el Ejecutivo han sido que están “aprendiendo sobre la marcha” y la “pesada herencia” de 12 años de gobiernos kirchneristas.

Las chaquetas rojas de Piñera

Era el uniforme distintivo para mostrar que los ministros salían terreno. El empresario Sebastián Piñera inició su mandato en Chile con las clásicas chaquetas rojas para su gabinete y el pendrive para iniciar el trabajo de la que llamó, la “nueva forma de gobernar”.

Pionero empresario presidente de la región, su gestión dejó varias joyas para recordar. Al igual que su amigo Mauricio Macri y que PPK, el gabinete estaba plegado de empresarios y “técnicos independientes”: Alfredo Moreno (que pasaría después a representar a Empresas Penta en el escándalo de financiamiento irregular de la política) en Cancillería, Felipe Larraín en Hacienda, Juan Andrés Fontaine en Economía, Teodoro Ribera en Justicia ,Joaquín Lavín en Educación y Desarrollo Social, Laurence Golborne en Obras Públicas, Energía y Minería, Magdalena Matte en Vivienda, etc.

Durante el transcurso de los 4 años de gestión, Piñera se vio obligado a cambiar su equipo varias veces al conocerse casos de conflicto de interés. El más recordado se dio a mitad de gobierno, cuando plagó su equipo de “políticos de trayectoria” como Pablo Longueira, Evelyn Matthei y Andrés Chadwick.

Algunos resultados de su equipo de excelencia son, por ejemplo, lo que el propio ex presidente llamó “el mejor Censo de la historia”, que terminó en un descalabro de proporciones e incluso debieron descartarse sus resultados.

Terminado el mandato, son varios funcionarios piñeristas que hoy enfrentan la justicia por distinta causas, como Laurence Golborne, Pablo Wagner y Ena von Baer por el financiamiento irregular de la política y Pablo Longueira por acusaciones de cohecho en la tramitación de la Ley de Pesca.

Publicado originalmente en El Desconcierto.

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“La única lucha que se pierde es la que se abandona. No más lucro”. El frontis de la Universidad Andrés Bello, en el centro de Santiago, es adornado por un enorme lienzo que replica esa frase. A su lado, una ilustración de una familia encadenada a billetes, ante la atenta mirada de otros hombres sin rostro cruzados de brazos.

En 2006, hace 10 años. estalló la llamada “revolución pinguina” en colegios y escuelas por todo Chile. Miles de jóvenes secundarios salieron a las calles a mostrarle al mundo y a la clase política que detrás del “exitoso” modelo neoliberal de la Concertación, ese de los centros comerciales, las modernas autopistas concesionadas y los tratados de libre comercio con medio mundo, se escondía una profunda desigualdad y creciente precarización de derechos sociales. Las y los estudiantes comenzaron cuestionando problemáticas superficiales de la educación para abrirse poco a poco a los problemas reales del pueblo chileno, para formar así el primer gran movimiento social tras la dictadura, para tomar todo ese descontento hasta entonces oculto y volcarlo a la calle.

El conflicto 2006-2008 terminó con una imagen que marcaría el futuro del movimiento. En el palacio de La Moneda, el gobierno y parlamentarios de derecha tomados de las manos, alzando los brazos por el acuerdo llegado para una reforma educacional. La casta política en pleno. Pero como todo en el Chile post dictadura, donde no hay cambio estructural sin la aprobación de los herederos de Pinochet, los cambios fueron mínimos.

En 2011, los jóvenes volvieron a salir a las calles, esta vez los universitarios liderados por los hoy diputados Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, entre otros. Fueron meses de movilización que volvieron a poner a Chile a ojos del mundo y al gobierno de derecha del empresario Sebastián Piñera en entredicho. Gratuidad universal en educación superior, fin al lucro en todos los planteles educativos y democratización eran las principales demandas que llegaron a tener un 80% de apoyo en la ciudadanía. Pero la movilización no podía durar para siempre. Después de todo un año de desgaste, los siguientes representaron para muchos un retroceso en términos de convocatoria, de relato y de resultados. La discusión se “parlamentarizó” y los voceros estudiantiles pasaban a increpar a legisladores en el Congreso mientras se perdía el apoyo en las calles.

Desde 2006 que el tema educación está en la palestra pública. Tres gobiernos han pasado, uno de Sebastián Piñera y dos de la “socialista” Michelle Bachelet. Proyectos de ley se han enviado al Congreso y grandes acuerdos se han generado. Se ha debatidos sobre cómo fortalecer la educación pública, sobre la subvención preferencial, la ley general de educación, la ley de calidad y equidad, desmunicipalización etc. Variadas reformas para reorganizar el sistema educativo, pero siempre manteniendo protegido el negocio de los privados en el sistema.

Ni siquiera la gratuidad universal anunciada por el gobierno a fines del año pasado es suficiente. Promesa de campaña de Bachelet, ha sido en la práctica otra política cruzada del más puro neoliberalismo: el 60% más pobre de la población puede acceder a la “gratuidad”, que funciona como una beca que financia al estudiante y no a la institución. La misma lógica de siempre: financiamiento a la demanda y no a la oferta.

En estos 10 años de conflicto educacional, se han cerrado más de mil escuelas públicas en todo el país, mientras se abren cada vez más privadas y se consolidan los poderosos grupos empresariales en educación. Subsidios, becas, licitaciones, etc, el negocio de los privados aumenta por donde se le mire.

De vuelta a la ofensiva

En medio escándalos de corrupción, golpes de la derecha y un gobierno desorientado e improvisando reformas que suenan bien pero que continúan la herencia del modelo, se anunció para fines de junio el envío al Congreso del proyecto de reforma a la educación superior. Pero las y los estudiantes decidieron no quedarse esperando y pasaron nuevamente a la ofensiva. A fines de mayo, un grupo irrumpió en pleno palacio presidencial para anunciarle al gobierno y a toda la casta política que habían fracasado y que Chile se cansó de esperar. Volvieron los videos, los hashtag y, por supuesto, las movilizaciones. Escuelas y universidades empezaron a aparecer en toma o en paro y las masivas manifestaciones volvieron copar portadas de los diarios.

Retomando esos elementos que le dieron convocatoria y masividad en 2011, las y los estudiantes han entendido que el mejor lugar donde pueden estar como movimiento social es en la calle. Esto, como era de esperarse, ha tenido respuesta con la represión del Estado y el excesivo uso de fuerza de Carabineros. El caso del presidente del Instituto Nacional, detenido y obligado a desnudarse mientras lo golpeaban, emociona por la crudeza de su relato.

Pero también han tenido respuesta a la represión. En la toma del Liceo Manuel de Salas, esperaron a Carabineros con mesas y sillas en el patio, para tomarle pruebas a los efectivos policiales.

El pedido de los estudiantes es el aumento de la matrícula de la educación superior estatal, que se disminuya progresivamente la de las privadas que no cumplen con estándares mínimos de calidad; término total y efectivo al lucro; someter a las instituciones a estrictos procedimientos de administración, democracia interna, transparencia en uso de recursos; fin a los créditos universitarios y condonación de la deuda y gratuidad garantizada como un derecho financiado a través de aportes directos a las instituciones y no con becas individuales.

En todos estos años, las y los estudiantes han madurado sus demandas. Hoy entienden, por ejemplo, la necesidad de una educación no sexista y multicultural, y que una universidad pública no puede someter a sus trabajadores a precarias condiciones laborales como lo es el subcontrato o tercerización laboral.

Pero esta vez es con una particularidad. No son las federaciones universitarias tradicionales las que lideran el movimiento. No son dirigentes estudiantiles de la Universidad de Chile ni de la Católica. Son de las privadas, esas instituciones que representan uno de los mayores negocios de la sociedad chilena y que agrupa al 85% de la matrícula de los estudiantes universitarios.

La ofensiva de las privadas ha estado comandada, por ejemplo, por la Universidad Andrés Bello (UNAB), perteneciente al grupo Laureate y que mantiene a casi la totalidad de sus carreras en paro. Las tomas en distintas facultades de la Universidad Diego Portales (UDP) también ha dado cuenta del nuevo impétu de los estudiantes tras años de pasividad. “Al fin y al cabo, cada vez más las estatales se están elitizando. La mayoría de la gente de la clase media y media baja no se va a las privadas por opción sino por obligación. Son ambas clases las que no tienen una buena educación desde la base, desde la cuna, viéndose obligados a ir a las universidades privadas. Un factor importantísimo para activar la participación de las privadas fueron los movimientos históricos estudiantiles. La mayoría de los compañeros que hoy nos encontramos movilizados, somos los mismos que nos encontrábamos movilizados en 2006 y 2011, por lo tanto esta concientización viene de ahí; y pudimos converger hoy en un punto de unión con las demás universidades”, dijo Fabián Ceballos, vocero de la UNAB a El Desconcierto.

Para Carolina Figueroa, presidenta de la federación de la UDP, las privadas “somos la promesa incumplida de este sistema.Este tipo de instituciones poseen casi nula regulación: lucran, no existe democracia, cierran carreras porque se les acabó el negocio y a nadie le importa”.

Precisamente la UNAB y la UDP son dos de las universidades que tienen la mayor cantidad de alumnos estudiando con el polémico Crédito con Aval del Estado (CAE), que se ha transformado en el ícono del endeudamiento y precarización de estudiantes chilenos. Y pese a ser cuestionado desde hace años, sigue más vigente que nunca. El presupuesto para el año 2016 en materia Educación incluye el gasto de más de 600 mil millones de pesos chilenos en la compra de títulos y valores correspondientes al CAE. Es decir, para que funcione el crédito. Se trata del 35,2% de todo el presupuesto en educación. La “gratuidad” del gobierno ocupa el 29,5”.

“Si a esto se le suma la posibilidad de que el CAE vaya directamente asociado a la gratuidad, hay señales claras de que por más que haya educación gratuita se mantiene la presencia de los bancos y la idea de que los estudiantes son consumidores de un producto y que el Estado solo va a avalar el consumo de este producto”, dijo la vocera Confech Marta Matamala a El Mostrador.

Un estudio de la Fundación Sol llamado “Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE” da cuenta de cómo el polémico crédito creado por Ricardo Lagos -a quien toda la casta pide de nuevo como presidente en 2018-, ha significado el endeudamiento de más de 600 mil estudiantes y una danza de millones para la banca privada.

Si bien en 10 años la cifra de estudiantes se dobló, estos se concentran principalmente en instituciones pertenecientes a 4 grupos educacionales. A la cabeza está Laureate International, que ha recibido casi 600 mil millones de pesos chilenos, más de 800 mil dólares. La política de financiamiento asociada al CAE, es un ejemplo de cómo es posible utilizar lo que otrora eran derechos sociales con un doble propósito mercantilizador: por un lado, otorgar financiamiento estable, por medio de la demanda a las universidades privadas, incluso aquellas que están siendo investigadas por lucro. Y por otro lado, subvencionar estatalmente el negocio bancario, ofreciendo estudiantes provenientes de hogares de bajos ingresos al endeudamiento bancario bajo garantías estatales insólitas para cualquier negocio”, dice Alexander Paez, uno de los creadores del estudio.

A días de que termine el plazo que el propio gobierno se puso para el envío de la reforma y a 10 años de iniciado el conflicto estudiantil, este parece estar lejos de cerrarse.

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En marzo, empresas salmoneras vertieron 9 mil toneladas de peces muertos en el mar de Chiloé. Con zona de catástrofe declarada, familias chilotas por completo se han unido para exigir responsables de la crisis ambiental que se vive. Mientras, el gobierno envía a la policía y ofrece míseros en bonos, en sintonía con 40 años de políticas neoliberales que garantizan las ganancias de las transnacionales.

Cada cierto tiempo, Chile se remece con experiencias de movimientos sociales provenientes de las regiones. Fue Freirina, con la protesta contra Agrosuper, fue Magallanes con el precio del gas y fue Aysén, abandonado continuamente por los gobiernos centrales. Hoy, nuevamente desde el sur del país, la isla grande de Chiloé es la que se levanta.

Y lo hace otra vez debido a las consecuencias catastróficas que ha traído para el medio ambiente y las comunidades la confluencia del extractivismo marítimo transnacional con el Estado Neoliberal que ha regido en Chile en los últimos 40 años.

La historia es así: Chile es el segundo productor mundial de salmón. Introducidos en los mares chilenos en 1976, en pocos años el país se transformó en una potencia del rubro. La explotación industrial del salmón fue entregada al capital transnacional, con el Estado respaldando financiera y logísticamente el desarrollo de la industria salmonera, a través de infraestructura de acceso a la zona, estudios de universidades públicas, proyectos hidroeléctricos y leyes que minimizaban toda fiscalización del extractivismo marítimo.

Distribuidos por distintos centros de cultivos en la región de Los Lagos, la creciente industria del salmón descubrió lo rentable que era el negocio, pues la mantención de los peces era con harina de pescado que se consigue en la misma zona. Poco importó que el 70% no es consumido y se acumula en el fondo del mar junto a las fecas de los salmones. O que el tratamiento con antibióticos promueva la eutrofización, el aumento de de nutrientes y temperatura en las aguas. Así, se generan micro algas, que vuelven el agua turbia, consumen el oxígeno del agua y pueden provocar la muerte de otras especias marítimas.

Ya en enero de este año, el gobierno de Chile anunció la aparición de marea roja en Quellón, al sur de la isla grande de Chiloé. Se trata de un tipo de florecimiento de algas, ligados a cambios de temperatura, salinidiad y cantidad de nutrientes en el mar. Si bien no afecta a los peces, puede llegar a ser tóxica para el ser humano. En febrero, el florecimiento de otra micro alga no tóxica para el humano ocasionó la muerte por asfixia de 40 mil toneladas de salmones.

Entonces, desde la industria culparon al fenómeno del niño y los cambios de temperaturas de las aguas. Y la Armada chilena y las autoridades marítimas se cuadraron nuevamente con ellos: autorizaron a 6 empresas salmoneras vertir 9 mil toneladas de peces muertos a 70 millas de las costas de Chiloé. Los pescadores de la zona denunciaron inmediatamente que la nula fiscalización, que la cantidad superaba con creces lo permitido y que no se realizaba a 70 millas, sino mucho más cerca de la costa.

Solo semanas después, la marea roja se extendía considerablemente y el gobierno decretó zona de catástrofe en la zona. Al impedir todo tipo de pesca, se paralizó la principal fuente de trabajo de la zona. Y la industria, una vez más, culpaba al fenómeno del niño.

Billetera fácil para las transnacionales

El pueblo chilote se levantó en su conjunto. Cortaron los accesos a la isla, paralizaron trabajos y estudios para apoyar a los pescadores artesanales. La situación propició el surgimiento de un movimiento social en la zona y la marea roja se transformó solo en la punta del iceberg. Agrupados en distintas asambleas según ciudades, demandaron al gobierno una investigación que explique las verdaderas causas de la crisis medioambiental que se vive en la zona y si existe responsabilidad de la industria salmonera.

Exigieron también, una indemnización y bonos permanentes para los afectados de la crisis y el apoyo estatal a la pesca artesanal. En 2007 se vivió la última gran crisis salmonera, por la aparición del virus ISA en la industria, esa vez producto de estrés producto de la sobreexplotación de salmones, fueron afectados por la enfermedad. Las ganancias de las empresas se redujeron en un 50% en solo un año. Entonces, el gobierno de Michelle Bachelet reaccionó: tramitó un crédito de 450 millones de dólares para la industria salmonera.

Quien tramitó ese salvataje a los empresarios fue Felipe Sandoval, quien fuera también Subsecretario de Pesca durante el gobierno de Ricardo Lagos. Hoy, Sandoval es presidente de SalmonChile, el gremio de las industrias salmoneras. Es uno de los casos más grotescos de las puerta giratoria entre el mundo estatal y el privado -característico del Chile postdictadura-: Pasó de fiscalizar a las empresas salmoneras, a ser el representante del empresariado salmonero.

Ahora, en su segundo mandato, Bachelet le respondió a los pescadores enviándoles a Carabineros para que los repriman y ofreció un mísero bono de 100 mil pesos chilenos (145 dólares). “Este no es un gobierno de billetera fácil”, dijo el ministro de Interior Jorge Burgos. Esa misma semana, en el marco del caso “Milicogate”, se supo que el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Manuel Fuente-Alba, tenía un patrimonio superior a los 4 millones de dólares, que esa misma cifra se gastó en bebidas alcohólicas durante su gestión y que un cabo gastó 3 mil 480 millones de dólares provenientes de la Ley Reservada del Cobre -que traspasa ingresos de exportación del cobre al Ejército- en una noche jugando a las tragamonedas en el casino.

Lamentablemente, una simple mirada a la industria salmonera y sus redes de poder parecen descartar desde ya que se les vaya  responsabilizar de la crisis. Luksic, Angelini, Matte, Solari, Piñera, todas las grandes familias empresariales del país están de una u otra forma ligadas al rubro.

El conflicto en Chiloé ha bajado de intensidad. El gobierno empezó a pagar el bono sin llegar a acuerdo con las comunidades, negoció con cada ciudad por separado y poco a poco desactiva la movilización. Pero pasada la coyuntura, queda el ejemplo de miles de familias chilotas que le dijeron enrostraron en su cara al Estado Neoliberal chileno la responsabilidad que tiene en la catástrofe medio ambiental que vive Chiloé.

No es solo fenómeno del niño, aunque sin duda juega un factor. Pero también lo son 40 años de manejo irresponsable, de un capitalismo extractivista que avasalla con todo a su paso y de gobiernos que demuestran que administran un modelo donde el capital está siempre por sobre la humanidad.

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Informe interno de la policía chilena detalla el increíble nivel de militarización que se vive en la Araucanía por el conflicto mapuche. Cerca de mil 400 oficiales desplegados en la zona, con armas de guerra y aviones no tripulados.

El pasado jueves 17 de marzo, el General Director de Carabineros de Chile, Bruno Villalobos, fue citado a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que estudia los actos de Gobierno en relación a la situación de inseguridad que se vive en la Región de la Araucanía. La misión era conocer la visión de la policía sobre el conflicto y el problema histórico que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche.

Los datos entregados por el general de la policía reflejan lo que las comunidades han venido denunciando hace meses: la creciente militarización de la Araucanía. Pero no es solo eso. Se reconoce abiertamente que el despliegue de los más de mil carabineros en la zona están principalmente abocados a proteger a las grandes forestales, pertenecientes los dos de los grupos económicos más poderosos del país.

“Es grotesco que hagan un informe así, pero refleja muy bien lo que pasa en la realidad. Esto es un estado de guerra“, dice el ex sacerdote jesuita Luis García-Huidobro.

Protección para las forestales

“Hechos asociados a la violencia rural” es el nombre del informe que presentó Villalobos en la comisión. Su exposición se basó en dicha información actualizada hasta el 12 de marzo y contempla lo realizado por Carabineros entre los años 2014 y 2016. Desplegados en las regiones del Bío Bío, Araucanía y Los Ríos, Carabineros tiene 1.389 oficiales en la zona, con 50 vehículos blindados y 93 semiblindados para cumplir la labor.

El informe detalla que en las tres regiones existen 77 faenas forestales. 47 en Los Ríos -de 134.887 hectáreas-, 7 en la Araucanía -8.216 hectáreas- y 23 en el Bío Bío, específicamente en la Provincia de Arauco, con 29.479 hectáreas. De estas faenas, el informe dice directamente que 15 de ellas están con medidas de protección de parte de Carabineros. De esas, 9 pertenecen a Forestal Mininco, la administradora del patrimonio forestal de la familia Matte, uno de los conglomerados más influyentes del país.

El grupo Matte es el tercero más rico de Chile. Eliodoro Matte, la cabeza del grupo, tiene una fortuna que supera los 2 mil 500 millones de dólares, es financista y ex presidente del influyente Centro de Estudios Públicos (CEP) y recientemente renunció a la presidencia de CMPC, la matriz que orquesta las empresas de la familia, debido al bullado caso de colusión de la industria del papel higénico.

La siguiente forestal con mayor protección es Arauco, con 3 faenas custodiadas por Carabineros. Perteneciente al grupo Angelini, otro de los más poderosos del país con negocios en el sector de combustibles (Copec, Abastible y Metrogas), energía (Guacolda), minería (Isla Riesco) y pesca (Corpesca), entre otros. Ha sumado en los últimos años un amplio historial de irregularidades: daño ambiental en río Cruces de 2004, donde tuvieron que responder por la muerte de cisnes de cuello negro; la investigación que hoy lleva adelante la Fiscalía por el Caso Corpesca, en el que se le acusa a la empresa -controladora del 30% de la pesca industrial del país- de pagar a políticos para obtener un beneficio en la hoy polémica Ley Longueira y que ya tiene al senador Jaime Orpis de la UDI desaforado por cohecho; y las acusaciones de financiamiento irregular de la política, con las informaciones que han aparecido en el marco del caso SQM sobre el pago con boletas falsas de más de 200 millones de pesos Copec y Celulosa Arauco a sociedad Asesorías y Negocios Spa, la empresa del polémico operador político de la coalición gobernante Nueva Mayoría, Giorgio Martelli.

Aviones, drones, radares

El último punto que toca el informe se llama “Estrategias relevantes desarrolladas en la zona”. Ahí separan las institucionales, como la incorporación de 10 comunas al Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, creación de nuevas prefecturas y comisarías y el aumento de un 65% en la dotación de policías desde 2005.

En cuanto a las estrategias operativas, el informe es drástico: aumento de patrullaje, presencia activa y visible en zonas conflictivas, controles de identidad, acciones de inteligencia y la implementación de nuevas tecnologías para maximizar la actividad policial. En este último punto se detalla: “Implementación de sistemas georeferenciados, que permitan focalizar las acciones delictivas y mediante análisis criminal mejorar la prevención; adquisición de Drone para mejorar operaciones y obtener información; evaluación de aviones no tripulados para patrullajes aéreos en las zonas de mayor vulnerabilidad, evaluación de radares de detección temprana, para medidas de protección e instalaciones de faenas forestales e implementación de teléfonos satelitales”.

Estado de guerra

Para el miembro del Consejo de Observadores del Proceso Constituyente, el abogado Salvador Millaleo, estos datos solo reflejan el fracaso del Estado a la hora de tratar el tema mapuche. “Están destinando esfuerzos, recursos financieros y humanos para reprimir, vigilar, castigar y no resolver los problemas de fondo que están en la raíz del conflicto”, dice.

“Más que informe de violencia rural, habría que llamarle informe de ocupación militar“, afirma García-Huidobro, quien enfatiza en que el documento desestima la tesis del gobierno de que el despliegue de carabineros es para enfrentar a pequeños grupos de delincuentes. “Si tienes 1400 efectivos con armamento de guerra, eso es para ocupar un pueblo, no para ladrones de caballos. Es un ejército de 1400 policías“, agrega.

Sin embargo, el ex jesuita recalca que no se habla del armamento que está ocupando Carabineros. Se suma a las denuncias que han habido en los últimos meses, con la utilización de fusiles de asalto M4 -principal arma utilizada por el Ejército de Estados Unidos- y subametralladoras UZI y MP5

Otro punto que recalca García Huidobro es el quiebre con la llegada de Jorge Burgos al ministerio del Interior. Antes, Rodrigo Peñailillo estaba en un proceso de negociación con las empresas forestales, que habría quedado en nada con la llegada del demócrata cristiano al palacio de La Moneda. “Con Burgos empezó la compra de autos blindados y el tema de los fusiles de asalto”.

Por su parte, Millaleo pone el énfasis en la desproporcionada protección a las grandes forestales: “Se destinan recursos para proteger ciertas instituciones como las forestales, que pertenecen a los grandes grupos económicos, mientras el resto del país sufre los problemas de inseguridad y delincuencia”.

“Hay un desnivel de inversión basado en un diagnóstico errado de la problemática indígena. Es más bencina para el fuego, nada más que eso, esto solo genera más tensiones, más conflictos”, agrega.

“El Estado ya renunció al intento de restitución territorial como solución del conflicto. Ahora solo hay política de ocupación militar”, dice García-Huidobro.

*Original en eldesconcierto.cl

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Millones de brasileños salieron a las calles el domingo para pedir la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff. Brasil atraviesa una de las crisis económicas y políticas más importante de los últimos años, que puede remover las bases de los gobiernos progresistas del PT. El caso Petrobras, la gestión “neoliberal” de Dilma, el factor Lula y un acuerdo tácito con los sectores empresariales como claves para entender el conflicto.

“Cayó Cristina, cambió el Congreso en Venezuela, perdió Evo, y ¿quién caerá ahora? ¡Dilma!”, gritó uno de los organizadores de la multitudinaria movilización que se vivió el domingo en Brasil. Se estima que cerca de tres millones de brasileños salieron a las calles en más de 200 ciudades del país para exigir la renuncia de la actual mandataria y condenar la implicación del ex presidente Lula da Silva en el caso de corrupción de Lava Jato.

La actual crisis que atraviesa el Partido de los Trabajadores (PT) tiene los ojos del continente puestos sobre Brasil, sobre todo luego de las recientes derrotas electorales en Argentina, Venezuela y Bolivia. La derecha del continente sabe que la crisis del gobierno de Dilma es la ocasión perfecta para lanzar toda la artillería contra el proceso iniciado por Lula hace 13 años.

Aquí presentamos algunas claves para entender la actual coyuntura política brasileña:

1- Operación Lava Jato

En marzo de 2014 se hizo pública la operación Lava Jato (lavado de autos), con la detención de 24 personas. La policía Federal de Curitiba había descubierto un año antes una red de lavado de dinero que operaba en Brasilia y San Pablo. A partir de entonces, la investigación judicial fue creciendo hasta estallar la red de corrupción de Petrobras, la empresa petrolera brasileña más grande del país.

La estatal brasileña, aplicando una política de licitación de grandes obras a empresas constructoras brasileñas -creada por Dilma cuando era ministra de Energía- desvió sistemáticamente cerca del 3% de cada transacción en sobornos a políticos y empresarios. A su vez, ese dinero era transferido a una red de empresas de “fachada” y cuentas bancarias en el extranjero. La Fiscalía estima que entre 2004 y 2012 se desviaron cerca de 10.000 millones de reales.

El caso Petrobras extendió sus redes hacia la política brasileña, ya que gran parte de los partidos habrían recibido financiamiento ligado a la red de corrupción. El PT, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido Progresista (PP) han sido involucrados, además de los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Socialdemocracia Brasileña-PSDB), Fernando Collor de Melo (Partido del Trabajo de Brasil-PTB), Lula da Silva (PT) y la actual mandataria.

2- Segundo mandato de Dilma: crisis económica y ajuste

Dilma no la ha tenido nada fácil en este segundo período presidencial. Más allá del impeachment o juicio político con que la derecha pretende destituirla, Brasil vive una de sus peores crisis económicas y políticas en años.

El analista internacional Atilio Boron escribió hace unos días: “Dilma entregó todos los resortes fundamentales del Estado a los personeros de la derecha, error garrafal que empezó tibiamente con Lula y adquirió una dimensión torrencial en el segundo mandato de Dilma”.

El segundo mandato de Rousseff ha estado marcado por las alianzas con sectores de derecha, explicado desde el oficialismo por la falta de mayoría parlamentaria del PT. Pero esto ha estado acompañado de una política económica de ajuste, ligado al modelo neoliberal que el PT dice enfrentar.

La designación de Joaquim Levy, un economista ortodoxo, como ministro de Hacienda, fue un golpe a los sectores más progresistas del PT, decisión con la que la mandataria pretendía “ordenar las cuentas” ante la baja de precio de materias primas que ha afectado a la economía local. En tanto, la inflación se mantiene cercana al 9% y desde mediados del año pasado el país entró en déficit.

Las políticas de ajuste promovidas por Rousseff -eliminación de ministerios, puestos de trabajo en el sector público y recortes presupuestarios que incluso han afectado los planes sociales- han tenido efectos: 6,9% de desempleo -más de 8 millones de personas-, el 75% menores de 24 años. Los 40 millones de brasileños que salieron de la pobreza durante el mandato de Lula contrastan con las nuevas cifras: un estudio estima que más de tres millones de familias perderán su condición de clase media de aquí a dos años.

Los índices de popularidad de la mandataria apenas llegan al 11% y su principal partido aliado, el PMDB, ha operado en contra del PT en el Congreso. De hecho, el pasado sábado en un congreso partidario, Michel Temer, vicepresidente del gobierno y líder del PMDB, anunció que en un plazo de 30 días definirán si continúan su alianza con el PT.

Una salida del PMDB dejaría solo a un PT que necesitaba dicha confluencia en el Congreso y abriría la puerta para que avance el impeachment contra Dilma. El partido de centro -implicado también en los escándalos de corrupción- tiene seis de los 31 ministros de gobierno y a 67 parlamentarios de la Cámara de Diputados.

3- El factor Lula

Ex sindicalista metalúrgico que se convirtió en presidente, la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva estuvo caracterizada por la salida de la pobreza de millones de familias, marcos históricos de crecimiento económico -el PIB llegó a ser el séptimo del mundo- y un aumento de salario mínimo superior al 50%.

Todas políticas que convirtieron a Lula en uno de los líderes más populares de la región.

Su mediática llamada a declarar de la semana pasada en el marco del caso Petrobras, con 200 policías llegando hasta su casa, tiene antecedentes políticos inmediatos. Esa misma semana, el ex presidente había anunciado su postulación para retomar la presidencia en 2018. Pese a que se sabía que estaba ligado a Petrobras y que sería llamado a declarar, su “detención express” fue una sorpresa. El senador Delcídio do Amaral del PT declaró ante el Ministerio Público que tanto Lula como Dilma intentaron obstaculizar las investigaciones de la justicia.

Pero el ex mandatario fue llevado a declarar por acusaciones de corrupción, aceptación de coimas y tráfico de influencias, gracias a una jugada jurídico-política cuestionada por varios especialistas del derecho y que permitió que todas las cámaras de televisión captaran el operativo de Lula rodeado de policías, siendo que formalmente no estaba detenido.

En ese testimonio, según reveló O Globo, el líder del PT reconoció que miembros del Instituto Lula podrían haber pedido dinero a las empresas investigadas. “No es parte de mi vida política, o sea, desde que estaba en el sindicato tomé una decisión de no pedir nada a nadie porque eso significaría ser vulnerable ante ellos”, dijo en la ocasión, consultado sobre él pidió dinero a alguna empresa involucrada.

Por otro lado, el miércoles pasado el Ministerio Público de San Pablo pidió la prisión preventiva contra Lula. Aunque llama la atención los argumentos desligados por los abogados: dicen que sería muy fácil para él, en calidad de ex presidente, salir del país, que la prisión es necesaria para garantizar el orden público, de que incita a la violencia de sus seguidores en sus actos públicos y que “la conducta de Lula hoy dejaría muy avergonzados Marx y Hegel”.

4- El acuerdo con la élite brasileña

“Es lamentable que un líder histórico como Lula haya dejado de ser del pueblo para aliarse con las élites, gobernar con ellas y recibir por eso mismo cuantiosas comisiones y regalos”, dijo Luciana Genro, miembro de la Dirección Nacional del PSOL.

Pese a la retórica anti neoliberal, su apoyo popular y políticas sociales, hoy los ojos están puestos sobre el PT y su cercanía con el empresariado brasileño, reflejados en la relación con las empresas constructoras involucradas en caso Petrobras. El proceso brasileño liderado por el PT ha sido en ese sentido más similar al kirchnerismo argentino que a otros procesos latinoamericanos más profundos como el venezolano o boliviano.

Con el riesgo de hacer un reduccionismo de lo hecho por el PT, la actual coyuntura obliga a mirar a esos aspectos que la izquierda latinoamericana prefiere obviar: la continuidad macroeconómica de Lula con respecto a su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, reflejado en el régimen objetivo de inflación, libre flotación del cambio autonomía del Banco Central, ampliación de derechos a acreedores, ajuste fiscal para pago de la deuda, despolitización de la política económica, privatización del sector productivo y creciente traslado al sector privado de las previsiones, la salud y la educación son algunos de los elementos a los que hoy es necesario mirar.

Y el gobierno de Dilma siguió ese camino. Una profundización neodesarrollista con tasas de interés bajas, intervención en el mercado cambiario para una devaluación gradual del real y la actual fase de austeridad, como respuesta al estancamiento global de la economía.

Un acuerdo tácito con la burguesía que, para Atilio Boron, tiene consecuencias claras: “Si tratas de apaciguar a la derecha, terminarás siendo devorado por ella”.

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“Historia de un oso” logró el Oscar a Mejor Cortometraje Animado. Se trata de una emotiva historia de una familia separada por fuerzas represivas, basada en la historia del ex secretario de Salvador Allende y abuelo del director durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El 11 de septiembre de 1973 se produjo el Golpe de Estado en Chile, que puso fin al gobierno socialista de Salvador Allende e inició un largo período de 17 años de dictadura militar e instauración de un modelo económico neoliberal que continúa pesando hasta hoy sobre millones de chilenos. Un día después del golpe -el 12 de septiembre-, Leopoldo Osorio, ex secretario de Allende y concejal por la comuna de Maipú de Santiago, fue detenido por las fuerzas represivas del régimen. Tal como miles de otros militantes y no militantes, tanto en Chile como en el resto de las dictaduras que se vivieron en América Latina, Osorio tuvo que dejar su familia y partir al exilio.

Durante la noche del pasado domingo, en la premiación de los Oscars, el cortometraje “Historia de un oso” logró la estatuilla a “Mejor Cortometraje Animado”. Dirigido por Gabriel Osorio, cuenta la historia de un padre de familia de osos que es separado de su esposa e hijo y forzado a trabajar en un circo. La alusión y referencia es directa: es la historia de su abuelo Leopoldo, detenido hace más de 40 años por los agentes de Pinochet.

En el corto, el “padre Oso”, trabaja en la calle con su Diorama, con el que espera en una esquina que alguien conozca su historia a cambio de una moneda. Es la historia de un padre de familia sacado de su hogar, detenido, enajaulado, torturado y forzado a trabajar en un circo junto a otros animales.

La animación no solo se convirtió en el primer trabajo cinematográfico chileno en ganar un premio Oscar -y el primer latinoamericano en su categoría- sino que además lo hizo con un presupuesto ínfimo, imponiéndose sobre gigantes de la industria como Pixar.

La productora “Punkrobot” demoró 4 años en que la obra viera finalmente la luz. Y el resultado ha sido reconocido ampliamente, por lograr en solo 10 minutos combinar una emocionante historia de exilio, persecución y represión con una increíble propuesta estética que incluye diversas técnicas de animación, stop motion y animación 3D.

Al recibir el premio, el realizador Gabriel Osorio recordó al inspirador de la historia: “Quiero dedicarle este logro a mi abuelo, quien inspiró esta historia y a todas las personas que, como él, han sufrido el exilio. Realmente esperamos que esto nunca más vuelva a ocurrir”.

El abuelo oso

Leopoldo Osorio era militante del Partido Socialista chileno en la época de la Unidad Popular (1970-1973). El 11 de septiembre, al enterarse que se producía el Golpe de Estado, resguardó a su familia y partió a Maipú, su comuna en la ciudad de Santiago de Chile.

Recorrió poblaciones y sindicatos para constatar en persona la situación. Al día siguiente fue detenido y torturado junto a otros militantes socialistas de la comuna. Finalmente fue trasladado a la Cárcel Pública de Santiago, donde compartió con otros presos comunes las condiciones de hacinamiento y tortura. “Mi circo fue la cárcer pública”, dijo Osorio ayer a un medio chileno, en referencia al cortometraje de su nieto.

Es parte de la lista de 100 presos políticos que llegaron a la Penitenciaria de Santiago. Fue condenado por la Justicia Militar de la época a 10 años de presidio. Finalmente logra salir del país e inicia un largo exilio en el que recorrió distintos países, hasta radicarse en Inglaterra. Tras el término de la dictadura, vuelve a Chile en 1991. Pero el daño estaba hecho: su hijo -el padre de Gabriel- había fallecido mientras se encontraba fuera del país. “Él estaba vivo, pero invisible”, dijo en una entrevista Gabriel Osorio sobre sus recuerdos de la época.

Pero hoy festeja que el mundo celebre a su hijo y se emocione con su historia. “Mi nieto me llamó y me dijo: ‘Abuelo, ¿qué le parece? La verdad, me emocioné mucho. Mi mujer murió hace muy poco y todas estas emociones me vinieron juntas”, dijo Leopoldo, en referencia a su compañera Nelly Fernández, fallecida hace un mes tras 60 años juntos. Hoy, a sus 86 años, el “Oso” que ganó el Oscar reside en su natal Maipú y está a la espera de la llegada de su nieto para celebrar el galardón.

Revisa acá el cortometraje completo:

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El Papa culmina este martes una histórica visita a Cuba y continúa viaje rumbo a Estados Unidos. Un periplo que carga con todo el simbolismo del proceso de restablecimiento de relaciones entre ambos países, del que ha tenido un rol de mediador. Lo que pensaba Bergoglio del socialismo cubano y el rol actual que ocupa Francisco.

“Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus potencialidades, como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos y de toda América, y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero. El mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de Tercera Guerra Mundial por etapas que estamos viviendo”.

Así finalizaba su discurso el papa Francisco durante la ceremonia de bienvenida que lo recibió al llegar a Cuba el sábado pasado. En su estadía en la isla, citó a José Martí, llamó a la paz en Colombia y saludó los acercamientos entre Cuba y EEUU.

No es casualidad que haya hecho coincidir sus viajes a estos países. El Papa tuvo un rol preponderante en el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que permitió que comenzaran a flamear ambas banderas, tanto en La Habana como en Washington, después de más cinco décadas.

En la misa que ofició en la mítica Plaza de la Revolución –con presencia en primera fila de Raúl Castro y Cristina Fernández-, Francisco se dio espacio para deslizar una frase que muchos leyeron como crítica al proceso cubano. Señaló que “el servicio nunca es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas”.

Claro que se guardó sus otras críticas, esas que reflejó en el pequeño libro de 1998 titulado “Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro”. Ahí, el entonces arzobispo de Buenos Aires señalaba que “el socialismo ha cometido un error antropológico al considerar al hombre sólo en su rol de parte en el entramado del cuerpo social (…) El bien de la persona queda subordinado al funcionamiento del mecanismo económico-social, perdiendo el hombre su opción autónoma”.

El libro, escrito a raíz del viaje de Juan Plablo II a la isla, termina con un llamado a que Cuba emprenda “un plan tendiente a transformar algunas estructuras y en especial sus políticas, para  sustituir regímenes corrompidos, dictatoriales o autoritarios por otros democráticos y participativos”.

Aleida Guevara, hija del Che, cuestionó que el Partido Comunista Cubano haya pedido a sus militantes asistir a la misa oficiada por Francisco. “Aquí hay libertad de credo y no tengo por qué ir”, dijo. Y también se refirió al rol de la Iglesia en la dictadura argentina: “La iglesia católica en gran medida fue cómplice de los asesinatos y la desaparición de más de 30 mil argentinos, esa es la realidad, entonces uno no puede cambiar la historia. Yo no sé dónde estaba el Papa en ese momento, qué hizo, realmente no lo sé, ni siquiera quiero indagar mucho para no decepcionarme, en este sentido le doy, digamos, la duda”.

Jorge Mario Bergoglio se ordenó como sacerdote en 1957 y en 1973 fue nombrado provincial de los jesuitas. Es entonces cuando se acerca a la Guardia de Hierro, una agrupación peronista de derecha inspirada en un grupo fascista rumano del mismo nombre. Aunque existen dudas si el actual Papa fue militante o no de la agrupación, sí hay certeza de que estuvo cercano. En 1974, nombra al frente de la Universidad de El Salvador a dos miembros de Guardia de Hierro: Francisco Piñón y Walter Romero. Desde esa casa de estudios forja una relación con el Almirante Emilio Massera, uno de los jefes de la dictadura militar. En 1977, la universidad le entregó el título de doctor honoris causa a Massera.

La herencia peronista pesa en Bergoglio y en la construcción de un nuevo personaje en la escena política internacional: el papa Francisco I. Ese populismo no ideológico desde el cual critica al capitalismo y se desmarca de la Teología de la Liberación. Pregona un cristianismo preocupado por los pobres y no en las élites y los poderosos.

Más que sólo un líder espiritual, el Papa le saca provecho a ser jefe de Estado del Vaticano. Sus dichos de no juzgar a los homosexuales o las críticas contra el capitalismo por ser causante de pobreza y desigualdad causan revuelo en el mundo entero. Y su actual gira está llena de coyuntura y posicionamiento político.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado vaticano, adelantó en una entrevista que uno de los temas que tratará en la gira norteamericana será la migración. “(El papa) Se dirige a un país que tiene una larga historia de inmigración y también una larga historia de apertura, de acogida y de integración de las diversas oleadas de immigrantes que hasta ahí llegaron.  Me parece que todo esto puede verdaderamente constituir una base, un patrimonio social y cultural a partir de donde enfrentar también los desafíos actuales de la inmigración, y resolver los casos aún dolorosamente abiertos. Por eso, espero de verdad que este encuentro por parte del Papa -que lleva esta preocupación en su corazón-  con un país que ha conocido este fenómeno en su historia, pueda ofrecer las pautas para la solución de los problemas que actualmente se presentan desde esta perspectiva”, señaló.

La inmigración es el tema en boga, con las oleadas de inmigrantes de Siria, Medio Oriente y África hacia Europa y los dichos racistas del candidato presidencial republicano Donald Trump en EEUU.

No por nada el Papa ingresará a EEUU como un inmigrante, directamente desde Cuba. En el país del Norte, tendrá una agenda que incluye encuentros con Barack Obama, congresistas y, fiel a su estilo, se reunirá con inmigrantes no documentados, personas sin casa y una visita a una cárcel estatal.

Bergoglio llegará a un país en que el 25% de la población profesa el catolicismo y donde los sectores conservadores norteamericanos han criticado duramente al Papa, especialmente por la encíclica Laudato Sí contra el cambio climático. Pero Francisco tendrá facilidad para hacer llegar su mensaje a millones de personas. Todos sus discursos y eventos serán transmitidos en vivo e incluso tendrá un canal que lo seguirá las 24 horas.

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Luis Emilio Aybar Toledo es Investigador del Instituto de Investigación Cultural Juan Marinello y militante del Proyecto Nuestra América y de la Red de Educadores/as Populares. Desde Cuba, responde para Marcha las preguntas que guiaron la construcción del Especial sobre la actualidad en la isla. Una mirada aguda sobre la coyuntura y la proyección de la Revolución Cubana, en tiempos de cambio.

¿Cómo analizas la etapa que se abre con el VI Congreso del PCC? ¿Cuales son sus mayores efectos en la realidad cubana?

Los Lineamientos políticos y económicos aprobados en el VI Congreso del Partido constituyen el programa político de un nuevo modelo de sociedad que comienza a surgir en Cuba. Creo que ponerlo sólo en términos de continuidad impide notar el carácter refundacional y transicional de este programa. Los pasos que se han venido dando, los nuevos matices en la argumentación pública de los problemas y las soluciones del país, las percepciones acumuladas en el imaginario popular, permiten hablar del abandono paulatino de un modelo de sociedad y la construcción zigzagueante pero continua de otro. En el primer caso se trata de un modelo de sociedad que identificó la “socialización de todas las cosas”, con la “estatalización de todas las cosas”, cuyo carácter “no capitalista” radicó en oponerse de manera continuada a la “mercantilización de todas las cosas” propia del capitalismo. Este modelo permitió afianzar muchos de los elementos revolucionarios que aportaron los años 50 y 60 al tiempo que cerraba la puerta a la posibilidad de operar nuevas revoluciones dentro de la Revolución, y acumulaba fuerzas poderosas para la crisis inercial que hoy vivimos. La crisis ha ido horadando la legitimidad del propio poder establecido, y ha presionado hacia la realización de cambios. Estos cambios avanzan en direcciones como las siguientes: pluralización de los actores económicos, liberalización limitada de la economía, modernización tecnológica y gerencial de la empresa estatal según modelos capitalistas, ampliación significativa de la inserción económica internacional, y racionalización y descentralización de la gestión gubernamental. El carácter socialista de este proceso, de acuerdo con los planteamientos oficiales, radica en el hecho de que el Estado será el propietario de los medios fundamentales de producción, primará el plan y no el mercado en la regulación macroeconómica, y se continuará con la política social de la Revolución.

¿Esto cómo se expresó en la política internacional?

La política exterior se ha actualizado de acuerdo con las exigencias de las reformas, promoviendo relaciones novedosas con países con los que existen diferencias ideológicas relevantes, como Estados Unidos, México, Francia y la Unión Europea en general. Un pragmatismo, racionalidad y astucia en materia de política exterior necesarios para la situación cubana ha llegado finalmente, combinado con un ligero abandono del antiimperialismo universalista y proactivo que caracterizó la política exterior de épocas pasadas. Digamos que le han bajado la intensidad; el “particularismo” de la sobrevivencia ha escalado posiciones, y han consentido en integrarse, en algunos puntos, a los rituales, códigos, y formas característicos de los países “civilizados”. Pongo algunos ejemplos: el gobierno cubano no emitió ninguna nota oficial sobre las desapariciones de Ayotzinapa, pero sí sobre la masacre de Charlie Hebdó; antes solo se decía que la lista de países terroristas no debía existir, ahora se dice que es una lista “en la que nunca debimos estar”; Raúl opinó en la Cumbre de Las Américas que el Presidente Obama, pieza clave en el engranaje del imperialismo mundial, era un hombre honesto; y el 14 de agosto no dejaron a ningún cubano llevar carteles antiimperialistas ni gritar consignas frente a la embajada norteamericana. Estos elementos pudieran quedar como tácticas astutas de un gobierno que persigue determinados objetivos coyunturales, respaldadas por una hegemonía revolucionaria anticapitalista y antimperialista oxigenada a lo interno, con sus propios canales de expresión, pero al existir una identificación institucional entre la voz oficial y la voz pública en Cuba, y al limitarse la difusión de otras maneras de construir significados (aunque sean socialistas), terminan desarmándonos.

Las reformas en curso se dirigen a aquellos elementos que impiden la implementación eficaz en las diferentes instancias sociales de los objetivos rectores de la política gubernamental y partidista, no a aquellos elementos que obstaculizan la conexión de las bases con las decisiones y la constitución de una sociedad civil activa e influyente. Se busca descentralizar la gestión gubernamental pero incrementando las facultades de los órganos ejecutivos locales, no estimulando el empoderamiento popular. Se busca descentralizar el sistema empresarial, pero incrementando las potestades de los gerentes, no de las asambleas de trabajadores y sus sindicatos.

Así, al combinarse control político con liberalización económica, nacionalismo, regulación estatal y asistencialismo, las reformas esbozan un itinerario similar a las transiciones china y vietnamita. De hecho son países que todo el tiempo se ponen como ejemplo en los medios de prensa cubanos, como modelos de un socialismo exitoso. Se mira muy poco a experiencias latinoamericanas que aunque pequeñas han aportado visiones y prácticas alternativas, como el Movimiento de los Sin Tierra, el movimiento zapatista o el diseño del Estado comunal venezolano. El paradigma de socialismo autogestionario, democrático, antidogmático, ecologista y feminista radical que se ha desarrollado creativamente en América Latina en las últimas tres décadas, obviamente con la ganancia de la Revolución Cubana como experiencia histórica, tiene una influencia realmente periférica en nuestro país. No ha sido posible extender sus enseñanzas, debido a que pone en cuestión demasiadas rutinas y poderes establecidos. Y así, puedes llevar a consulta popular el programa político de la transición y la gente lo aprueba, en una mezcla de hábito, convencimiento, ganas de que la reunión no demore mucho para llegar a casa, y sobre todo, desconocimiento de que existen opciones más allá de la triada capitalismo/socialismo estatalista/combinación de ambos.

¿Cómo caracterizas la tensión entre el cooperativismo y el cuentapropismo con la visión estatalista en este nuevo periodo?

Es en este contexto donde podemos entender las razones por las cuáles se le ha otorgado un papel residual al cooperativismo en las transformaciones económicas. Las cooperativas comparten con el llamado “cuentapropismo” (trabajadores individuales y empresas privadas), el rol de descargar al Estado de sectores que no es capaz de gestionar de manera eficiente. No se entienden como herramientas para generar una cultura del trabajo igualitaria y democrática. La mayor parte de ellas son empresas estatales convertidas en cooperativas, donde los asalariados se volvieron asociados de un día para otro y el antiguo director en su Presidente. No se dispuso de capacitaciones durante la conversión, de manera que los asociados no conocen el conjunto de sus derechos, o los han aprendido accidentadamente. Desde la perspectiva de la mayoría de los trabajadores, la cooperativa constituye sólo un medio para incrementar sus ingresos en comparación con el empleo estatal. Para el Estado, un medio para dinamizar la economía, aunque en ocasiones se menciona su carácter colectivo, democrático e inclusivo. La forma socialista por excelencia continúa siendo la empresa estatal. El peso de la empresa privada en la economía formal e informal se ha incrementado, pero en mi opinión la base de la transición no estará en este sector (al que siempre mantendrán a raya evitando su constitución como actor político), sino en las transformaciones paulatinas de la empresa estatal y su inserción en las cadenas productivas internacionales (vía inversión extranjera).

La tendencia global hacia la transición capitalista no constituye, sin embargo, un camino libre de disputas y reorientaciones, debido a la tensión permanente con la racionalidad “no capitalista” del modelo anterior, que conserva espacio institucional, y a las oportunidades que brindaría la prometida descentralización a una izquierda socialista emergente para estimular procesos de participación a nivel local, hacer trabajo político y formativo en las cooperativas, y ganar espacios institucionales y públicos para comunicar con la sociedad.

Este último camino (que solo parece fácil al escribirlo) es el que permitiría retomar el proyecto socialista cubano, no el retorno a un modelo estatalista, autoritario, dogmático, paternalista, e ineficaz, que ya hace muchos años dio todo lo que iba a dar. No se trata de que con Fidel todo iba bien y Raúl es el malo de la película. La alternativa no es entre transición capitalista de tipo chino-vietnamita y “dejarlo todo igual”, sino entre la mencionada transición y una radicalización de las fuerzas revolucionarias vigentes, que dinamice los acumulados históricos de la Revolución para superarla a ella misma, con las palancas del marxismo creador, la tradición anticapitalista y antiimperialista nacional, y los aportes de los movimientos anti-sistémicos latinoamericanos. Para ello necesitamos que esta izquierda crítica capaz de aglutinar en un solo cuerpo anticapitalismo, antimperialismo, latinoamericanismo, democratismo, ecologismo, feminismo, antirracismo y todos los perfiles de la emancipación, acabe de despegar.

¿Cómo entendés este proceso de deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos?

Defiendo la posición de que el 17 de diciembre tiene un carácter contradictorio para Cuba. Constituye la confirmación de la derrota de una táctica implementada por los Estados Unidos durante décadas para acabar con la Revolución Cubana, al tiempo que la confirmación de la vulnerabilidad del imaginario y las prácticas socialistas en nuestro país. El gobierno norteamericano sabe que el escenario nacional brinda ahora más oportunidades que nunca para incidir desde el intercambio cultural, la construcción de liderazgo ante el pueblo cubano, y la integración de las dos economías. El reconocimiento de su derrota histórica oculta el hecho de que han pasado del estancamiento y del dogma a la ofensiva, a la creatividad. Tienen a su favor la extensión dentro de Cuba de una imagen de los Estados Unidos como el lugar de la abundancia y la felicidad, la ampliación de las resortes propiamente capitalistas en la estrategia de desarrollo actual, y la desesperanza y desmovilización acumuladas que llevan a muchos a esperar que las soluciones vengan desde afuera: que quiten el bloqueo, que mejoren la internet, que inviertan en el país, que presionen para disminuir la censura, que traigan el desarrollo.

Creo que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos puede llegar a ser una táctica muy beneficiosa (nada más con la eliminación del bloqueo se podría respirar mucho mejor), pero me preocupa que venga en el mismo paquete del retroceso de la cultura revolucionaria y de una mayor integración de la política exterior cubana a la lógica instrumental de las relaciones internacionales en el mundo capitalista.

Las reformas sí plantean un incremento significativo del papel del mercado en el funcionamiento de la economía, con grandes afinidades con el llamado “socialismo de mercado” como horizonte. En los próximos años será un mercado con muchos límites, puesto que la planificación centralizada de corte soviético constituye todavía el mecanismo fundamental de regulación macroeconómica (incluye al comercio exterior); el gobierno sostiene que “nadie quedará desamparado” como uno de los slogans más importantes, lo que implica la continuación de la política social y una fuerte carga tributaria hacia la empresa estatal y privada; y los proyectos de inversión extranjera son aprobados de acuerdo a áreas de interés relacionadas con objetivos de desarrollo nacional.

El mercado ganará en importancia en la medida que se avance con el programa de descentralización empresarial proyectado, se incremente el papel de los capitales internacionales en el metabolismo social, y sobre todo, la ineficacia e ineficiencia propias de los mecanismos tradicionales de organización económica lleven a la clase dirigente a aceptarse a sí misma decisiones que hasta hoy no han formado parte de su cultura política.

En esta matriz es donde se inserta la promoción de vínculos económicos con los Estados Unidos, pero sólo como un punto más dentro de un camino que viene andándose desde el 2006. Claro que un vínculo más amplio con las empresas norteamericanas, como con el resto de los países, contribuirá al proceso descrito en el párrafo anterior, y servirá como testimonio del dinamismo y resolución que puede aportar el mercado, durante el lapso en que se logren atenuar sus efectos nocivos, que llegarán sin lugar a dudas.

¿Cuáles crees que son los pilares en los que se sostiene la Revolución y el pueblo cubano para afrontar esta nueva táctica de Estados Unidos?

En primer lugar, el gobierno cubano no va a entregar el país ni mucho menos. De todas las transiciones posibles, esta sería la última que ocurriría, porque se trata de un gobierno nacionalista con muchos rasgos de antiimperialismo, y Estados Unidos ha sido siempre el principal enemigo de la soberanía del país. Por tanto cuidarán mucho de esta relación, se manejarán de forma inteligente para lograr los objetivos prácticos sin hacer demasiadas concesiones y desarrollarán estrategias de seguridad acordes con las nuevas tácticas. Pudiéramos decir que la política gubernamental no nos sirve para impedir la transición capitalista y construir el socialismo, pero sí para defender al país de intereses hegemónicos como los de los Estados Unidos.

El otro pilar es el acumulado de imaginarios antiimperialistas en la población cubana, y la conciencia histórica de las intenciones geopolíticas norteñas. Estos imaginarios habitan un lugar bastante cognitivo desde hace un tiempo. Todos nos educamos en el antiimperialismo en la escuela y con los medios de comunicación, pero muchos se han cansado de que se le justifiquen los errores propios con factores ajenos, y han metido el discurso antiimperialista en el lejano saco del “teque político”, término popular para referirse a un discurso vacío y manipulador. Cada vez es más difícil en Cuba hablar con la gente común usando las palabras que he usado aquí. La deslegitimación del gobierno ha significado también la deslegitimación de las palabras y visiones revolucionarias, puesto que se construyó históricamente la identificación total del primero con las segundas, y nadie más ha podido decir masivamente algo distinto. De cualquier forma, existen todavía fuerzas conscientemente politizadas en un sentido antiimperialista entre los sectores incondicionales al gobierno y las voces críticas de izquierda, así como la posibilidad de activar aquellos acumulados en el debate público, y ante determinadas circunstancias catalizadoras.

Para mí, el pilar fundamental en todos los casos será retomar y radicalizar el proyecto socialista cubano. La mejor manera de resistir, es crear.

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