Este artículo sostiene tres ideas: primero que la polarización conllevó a una forma de politización intensa; segundo que el esquema binario sigue y va a seguir estando presente en la mayoría de los debates públicos; tercero: que polarización no debería significar fanatismo ni falta a la verdad.

Este artículo se origina sobre todo en los discursos públicos que circularon durante la última semana, a partir de la desaparición del submarino ARA San Juan. Este penoso episodio ratifica una vez más que el tamaño de la mal llamada ‘grieta’ es tan profundo, que amenaza con devorarse cualquier tema.

Vale pensar qué tienen en común temáticas tan disímiles como: la dirección del seleccionado nacional de fútbol, la desaparición de un submarino de la Armada, la muerte de Santiago Maldonado, o la última serie televisiva de Pablo Echarri. Lo que tienen en común es que todas estas temáticas se han codificado en el espacio público bajo el esquema polarizador y binario que hegemoniza los análisis en nuestro país.

Por un lado puede parecer que hablar de la ‘grieta’ suene ya a lugar común. A esta altura es evidente que cualquier temática política que tiene arraigo en la masividad termina jalonada, o bien por las simpatías macristas, o bien por las afinidades opositoras, dentro de las cuales el kirchnerismo aparece como principal espacio. Pero hay un aspecto tal vez poco enfatizado sobre esa ‘grieta’: la polarización es una forma de politizar temas que durante algunas etapas no convocaron pasiones políticas.

Esto es exactamente lo que ocurre en una sociedad polarizada: cualquier tema de la actualidad es leído bajo las simpatías o enemistades respecto de proyectos políticos en pugna. Eso es lo que ocurrió en la Venezuela de Chávez, por ejemplo. Es cierto que esta afirmación suele llevar a otro equívoco: pensar que antes de estos procesos la sociedad ‘no estaba politizada’. Gran error, al menos para el caso argentino. ¿Alguien puede decir que previo a la asunción de Néstor Kirchner la argentina era una sociedad ‘despolitizada’? Sería un sinsentido.

Pero lo que sí ocurrió durante el kirchnerismo, sobre todo luego de la inflexión nacional-popular iniciada en 2008 –al decir de Maristella Svampa–, fue una politización intensa de la vida social. Esto hizo que muchos aspectos de la vida cotidiana que antes no caían en la politización para las mayorías, ahora si lo hicieran y, además, que lo hagan en un esquema férreamente dividido en dos partes enfrentadas. Es decir entonces que durante los últimos años asistimos a una polarización y a una politización intensas, donde cualquier tema fue interpretado desde las preferencias políticas.

Comúnmente quienes defendemos una mirada democrática y de izquierda promovemos la participación activa de la sociedad en los temas públicos, y celebramos la politización en todos los casos. Esto es así porque hace tiempo que reivindicamos que todo hecho es político incluso los hechos privados, como nos viene enseñando el feminismo desde hace décadas.

El problema entonces no está en que los temas ‘se politicen’, porque eso implicaría pensar que de antemano ‘no son políticos’. Pero sí es un problema que cualquier evento de cualquier naturaleza sea la excusa para exacerbar la defensa de un proyecto político, sin ningún análisis medianamente honesto del asunto.

ARA San Juan y/o Santiago Maldonado

La profundidad del agua y las desapariciones terminaron siendo los trágicos hilos conductores de dos terribles episodios que vivimos como sociedad recientemente. Varias preguntas nos asaltan: ¿44 miembros de la Armada argentina valen menos, igual o más que un militante solidario con la causa mapuche? ¿Sobre qué zonas del tejido nacional retumba nuestra sensibilidad? Querer que el rigor de la justicia revele la verdad sobre la muerte de Maldonado, ¿es contradictorio con reclamar la aparición con vida de los/as submarinistas? ¿O más bien es momento de ‘pagar con la misma moneda’, y de burlarse de los familiares de los/as 44 como lo hizo Elisa Carrió con la familia Maldonado mientras éste se encontraba desaparecido?

El jueves al mediodía el impresentable conductor radial Ángel ‘baby’ Etchecopar dijo en pocas palabras que la culpa de la desaparición del submarino era del gobierno anterior por haber puesto a una ‘montonera como Nilda Garré’ a destruir el ejército. Además, estableció un paralelismo con Santiago Maldonado, sosteniendo que la sociedad no debió ocuparse de un “lumpen que se fumó un porro y le tiró piedras a la gendarmería” (la referencia es textual), sino de tener fuerzas armadas bien equipadas.

Probablemente Etchecopar, cuya bajeza no deja de sorprendernos, no sepa que la aprobación final para que el ARA San Juan vuelva a navegar fue oficializada por el actual gobierno en 2016. Posiblemente tampoco conozca que en mayo de este año fue precisamente Nilda Garré quien en su actual rol de diputada nacional, le advirtió al jefe de gabinete Marcos Peña que “el submarino San Juan necesita una carena desde hace tiempo y se la deberá hacer pronto si no se quiere tener incidentes de navegación”. Lo que sí es seguro es que de haber contado con toda esa información, este sujeto hubiese pensado y dicho lo mismo. Esto ocurre cuando el fanatismo político y el odio clasista obnubilan toda capacidad de raciocinio.

Pero no hay nada en la politización de una sociedad, siquiera en la polarización de la misma, que obligue a la ceguera o a la idiotez. Se puede debatir en forma fervorosa, se pueden defender posiciones con vehemencia y se puede inclusive habilitar lugar a las pasiones políticas por sobre la razón. Pero dejar de lado cualquier indicio de verdad en función de defender (o atacar) a cualquiera que nos rememore un proyecto político con el cual no coincidimos, es una forma decadente de totalitarismo ideológico.

Este comportamiento obcecado y necio no sería tan problemático si se circunscribiera solamente a algún que otro conductor radial. Esta forma de intervenir en el debate se aprecia en la opinión de miles de ‘micro fascistas’ cotidianos (al decir de Ezequiel Adamovsky), que destilan su odio en redes sociales, en programas radiales, en foros de diarios en línea, etc.

La dignidad frente al revanchismo

La segunda idea tiene que ver con el devenir de este escenario que se describe. Lo más probable es que todo esto vaya a profundizarse. Un primer golpe de vista a nuestros consumos culturales lo confirma: el formato de poner a dos personajes con posiciones encontradas, para regodearse en el griterío y la agresión que pueda alcanzar su contrapunto, es un factor común en televisión y radio. Lo vemos en programas de farándula, de fútbol o de política. Lo vemos en debates públicos en locales partidarios y en la universidad: juntemos a dos que opinen distinto y esperemos que la escalada de hostilidades enamore a la audiencia.

Si esto es tan así tal vez sea hora, antes que seguir denunciando la grieta, de aceptar que en cierto modo amamos la polarización y, más aún, que militamos por una politización intensa de la sociedad. Ese tipo de politización conlleva riesgos: los afectos, las amistades y la familia pueden quedar del otro lado de la línea trazada por nuestras opiniones.

Pero atención, nuevamente recordemos que el debate no significa obcecamiento; que la defensa de las ideas –aún en modo intenso– no es igual a la necedad, y que la pasión de la política bien puede convivir con visos de verdad e inteligencia. Que exista polarización no está mal, si evitamos que lleve a defensas ciegas de cualquier cosa que ponga en duda nuestro campo de ideas.

Pero, ¿estamos a la altura de semejante desafío? Quiénes sino las Madres de Plaza de Mayo podían con su testimonio mostrarnos una vez más el camino posible: “como Madres conocemos el desgarro de la espera y la incertidumbre que no tiene fin. Reciban nuestro saludo y sentido acompañamiento en la tragedia que están padeciendo”. El texto corresponde a Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y se dirige a las familias de los/as submarinistas.

Claro, se trata también de una de las organizaciones que desde el primer momento exigió justicia por Santiago Maldonado. Se trata de una de las reservas éticas más valiosas de nuestra polarizada sociedad.

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La ola judicial desatada en las últimas semanas incluyo a sindicalistas, barrabravas y funcionarios del gobierno anterior. ¿Es afán de justicia o revanchismo político?

Apenas asumió como presidente en diciembre de 2015, Mauricio Macri tomó una serie abultada de medidas que iban desde la eliminación a las retenciones al agro, hasta la eliminación de las restricciones cambiarias, pasando por la nominación de jueces en la Corte Suprema, entre otras. En su momento, fue tan sustancioso el paquete de medidas que el periodista Luis Bruschtein habló de una Blitzkrieg macrista, para dar cuenta del tipo de ‘guerra relámpago’ que el gobierno desataba.

Hoy, a casi dos años de dicho torbellino inicial, el gobierno nuevamente aprovecha el respaldo que obtuvo en las elecciones para desatar una nueva ola de iniciativas: políticas, económicas y judiciales. Precisamente nos referimos a una actuación en el amplio sentido del término: no solamente porque acciona sino porque también busca representar y montar innegables ‘puestas en escenas’, para alimentar aquello para lo cual acaba de ser mandatado por las urnas. De todos los aspectos de esta Blitzkrieg, en esta columna vamos a enfocar en el judicial.

El escenario que organiza y promueve el gobierno, con repercusión inmediata en la agenda de los jueces, está construido sobre dos grandes tópicos: las mafias y la corrupción. En los últimos meses se dieron las detenciones de, entre otros, el ‘Rey’ de la Salada, el ‘Pata’ Medina y ‘Bebote’ Álvarez, por parte del tándem de los mafiosos, y de Roberto Baratta, Julio De Vido y Amado Boudou, por el equipo de los corruptos.

Ante estas detenciones, los posicionamientos cayeron en una encerrona propia de la polarización política: quien critica al gobierno parecería estar avalando la gestión de De Vido en Planificación o las maniobras de la UOCRA de La Plata; por el contrario, quien celebra estas detenciones sería un dictatorial fascista que no respeta el Estado de derecho. Pero antes que caer en la defensa o en la condena de personajes que en general tienen poco que ver con la vida de la mayorías, conviene poner en perspectiva los casos, analizar el contexto y sacar algunas conclusiones comparativas, para entender si estas detenciones forman parte de un saneamiento de la justicia, o si se trata en cambio de un revanchismo político hacia el gobierno anterior.

Los mafiosos

Primero vamos con los mafiosos. Si tomamos solo a modo de ejemplo los casos del ‘Pata’ Medina por la corporación sindical, y del ‘Bebote’ Álvarez por las barrabravas, veremos que ambos se encargaron de construir una trayectoria pública tan siniestra, que casi brindaron las pruebas para su procesamiento. Nada hace pensar que uno y otro estén exentos de delitos graves, como el de extorsión. El entramado corrupto de aprietes y coimas del sindicalista de La Plata es conocido por cualquiera con paso por la capital bonaerense. En tal caso, enhorabuena que dichos personajes enfrenten un procesamiento judicial. Ahora bien, ¿qué hace pensar que el gobierno (o la justicia) orientan este accionar a ‘limpiar’ el sindicalismo de mafiosos, y no simplemente a sacarse de encima un personaje no alineado con sus políticas? Si pensamos que el sindicalista preferido del gobierno fue el ‘Momo’ Venegas, todo indica que se trata más de lo segundo que de lo primero.

Gerónimo el ‘Momo’ Venegas fue el titular de la obra social de los trabajadores rurales (UATRE). Tras su fallecimiento este año, se desató una verdadera guerra entre sus herederos familiares y sus testaferros. Tanto así, que su hija hizo público que el padre tenía testaferros y denunció que éstos se negaban a entregarle la parte que le correspondía a ella como heredera. Es decir, se está vociferando públicamente la corrupción de Venegas. Si esto no alcanzara, se podría agregar la desidia o la complicidad con los patrones agrarios que Venegas tuvo, al hacer la vista gorda con los casos de trabajo esclavo en campos de grandes empresarios afines al gobierno, como el flamante Ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere (quien además aún tiene una causa abierta por administración fraudulenta). Es decir que si el gobierno viene a barrer con las mafias sindicales, es injustificable que condene al Pata Medina mientras celebraba el accionar del ‘Momo’ Venegas.

Con el mundo de las barrabravas ocurre en modo similar. ¿Con qué parámetro el gobierno se ufana de atacar a las mafias futbolísticas, si precisamente uno de sus delfines judiciales es el ‘Tano’ Angelici, presidente de Boca Juniors? Angelici, además de ser denunciado por la propia Elisa Carrió como apretador, lobbista y traficante de influencias en el Poder Judicial, tiene un vínculo estrechísimo con la barrabrava de su club. Precisamente en un audio filtrado, el barrabrava de Boca Rafael Di Zeo confesaba sobre el ‘Tano’: “el pacto con ese hombre es a muerte”.

En definitiva, barrabravas y sindicalistas mafiosos los había afines al gobierno anterior como los hay hoy aliados al gobierno de Cambiemos.

Los corruptos

Respecto de los corruptos el panorama es semejante. El fresco impresionista de la corrupción que dejó la escena del convento de López no puede confundir a nadie: en doce años de gobiernos kirchneristas evidentemente hubo altos funcionarios implicados en casos graves de corrupción. Enhorabuena si tienen que enfrentar una justicia imparcial que pueda determinar en qué grado cometieron ilícitos y qué pena les corresponde por ello. Si esas acciones formaron parte de iniciativas individuales o de una red de complicidades políticas más generales, también queda aún por determinarse. Aún así, es imperioso distinguir cuando se trata de causas judiciales que indagan en actos de enriquecimiento fraudulento, como las causas Los Sauces y Hotesur que pesan sobre la ex presidenta, o si se trata de causas que apuntan a judicializar políticas públicas que simplemente no gozan de la simpatía política de otro sector, como la del Memorándum de entendimiento con Irán o la del Dólar futuro.

Pero aunque todas esas causas sean sopesadas, nada indica que el gobierno actual tenga un afán de transparencia como para enjuiciar al gobierno anterior desde un pedestal impoluto. En una excelente nota publicada por Ezequiel Adamovsky en Revista Anfibia días atrás, donde se propone debatir la corrupción a fondo, se brindan detalles de las innúmeras irregularidades, causas y hechos de corrupción que salpican al actual gobierno. Solo por mencionar una, al menos debería llamar la atención de algún juez que el presidente haya decidido por decreto que los familiares de los funcionarios puedan blanquear dinero, y que luego se haya conocido que su hermano Gianfranco blanqueó 35 mil millones de dólares.

Esto resulta más llamativo aún teniendo en cuenta que Gianfranco Macri siempre fue un socio menor en todas las sociedades familiares, y que el Mauricio declaró tener ‘apenas’ 82 millones de pesos. ¿Cómo es que esta supuestamente renovada justicia, que tendría como objetivo ahora sí atacar la corrupción, no está al menos sospechando que el hermano del presidente sea directamente su testaferro? ¿Cómo se explica sino, que un socio menor declare tener tantos millones más que el socio mayor de la familia? Que no se esté al menos investigando llama la atención.

¿Justicia legítima u oficialista?

Otro aspecto particular relacionado con el raid judicial lo constituye el método de la prisión preventiva: es decir tener preso a alguien sin condena. Este mecanismo se aplicó tanto a Julio De Vido como a Amado Boudou. La posibilidad de fuga y la capacidad de entorpecer el proceso judicial (destruyendo pruebas o amenazando a testigos, por ejemplo), son los motivos que justificarían aplicar la prisión preventiva.

Nadie niega que De Vido y Boudou hayan sido personajes poderosos, sin embargo su poder actual parece magro. Más aún, en la causa por la cual está preso De Vido no existe prueba testimonial: la única prueba es documental y, más aún, ésta fue presentada por el propio acusado, quien a su vez siempre se presentó a declarar cuando le fue requerido. Pero supongamos que esto no es así, y que De Vido y Boudou siguen teniendo la capacidad de fugarse o de obstaculizar el proceso: ¿qué quedaba entonces para la vice presidenta Gabriela Michetti, quien se mantuvo en su cargo durante todo el proceso en el cual fue investigada por la aparición irregular de bolsos con dinero en su domicilio?

¿Amado Boudou, quien hoy no tiene ningún cargo público, conserva entonces más poder que la actual vice presidenta? No parece creíble. Como señaló Pablo Stefanoni parafraseando al teorema de Baglini, pareciera ser que para los jueces argentinos la capacidad de obstruir investigaciones aumenta cuando alguien pierde el poder.

Tan asimétrica es la vara de los jueces para dictar la prisión preventiva a ex funcionarios kirchneristas, pero para negarla a los actuales funcionarios, que hasta periodistas insospechados de cualquier simpatía con el kirchnerismo -como Ernesto Tenembaum-, se mostraron escandalizados al respecto.

En suma, el análisis comparativo del accionar de la justicia, considerando casos y personajes del actual y del anterior gobierno, no muestra signos alentadores. Más bien refuerza cinco conclusiones preocupantes. Uno: que estas detenciones responden, sino a decisiones directas de la Casa Rosada, sin dudas sí a deseos explícitos del presidente. Dos: que sin perjuicio de las pruebas en contra de los detenidos, la temporalidad de sus detenciones responde a la vocación de los jueces de congraciarse con el gobierno. Tres: que lejos de mostrar independencia del poder judicial se sigue investigando menos a quien más cerca del gobierno está. Cuatro: que estos tres elementos anteriores lesionan gravemente la división de poderes. Y cinco: que el raid judicial analizado, antes que velar por la transparencia y la república, selecciona presuntos delincuentes según su filiación partidaria.

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El pasado jueves se llevó a cabo el segundo encuentro del ciclo “¿Depresión Postpaso?” en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Entre otros tópicos, la naturaleza democrática y la consolidación hegemónica del gobierno, fueron debatidas por Ana Natalucci, Fernando Rosso y Claudio Katz.

El segundo encuentro del ciclo “¿Depresión postpaso?” tuvo lugar el pasado jueves, y profundizó los debates que se habían presentado en el encuentro anterior, que contó con la presencia de Mabel Thwaites Rey y Pablo Semán. Las intervenciones sobrevolaron temáticas como la presencia o no de una hegemonía por parte del gobierno, el carácter democrático o anti democrático del mismo y los lugares del peronismo, del kirchnerismo y de la izquierda, en la estructuración de las oposiciones al gobierno.

¿Una nueva hegemonía?

Según Claudio Katz, la relativa estabilidad que logró el gobierno se debe en primer lugar a algunos datos económicos alentadores, aunque de carácter muy coyuntural. En segundo lugar, a una estrategia apuntalada desde un sector importante del poder judicial y de los medios de comunicación masivos, plegados a la propaganda gubernamental.

Sin embargo, el economista del EDI sugirió no dejarse llevar por un clima ‘instalado por la derecha’ que indicaría que hay macrismo para rato, sino observar la enorme capacidad de movilización y resistencia que enfrenta el gobierno: “Tenemos que evaluar esta coyuntura en el marco de la gran resistencia popular que limitó el alcance del ajuste”, aclaró.

Respecto del carácter hegemónico del proyecto de gobierno, Katz reconoce que están poniendo los cimientos de una hegemonía, pero advierte que su destino depende de las próximas batallas sociales, antes que de los resultados de octubre: “Si Cambiemos derrota la resistencia popular, podrá avanzar con un ajuste brutal”.

En una línea similar, Fernando Rosso alertó acerca del triunfalismo del gobierno: “Se parece a cuando el kirchnerismo estaba subido al caballo del 54%, y esas cosas finalmente las pagó caro”. Para el director de La Izquierda Diario, también hay que destacar que el gobierno se vio obligado a ser gradualista, “Lo que no quiere decir que no haya avanzado el ajuste”, y señaló que ya se están implementando acuerdos de flexibilización laboral como el de Vaca Muerta.

Sin embargo, para Rosso el gobierno está lejos de mostrar una sólida hegemonía: “Tiendo a pensar más en un empate hegemónico o en un empate catastrófico entre las clases dominantes y la clase trabajadora”.

Para Ana Natalucci tampoco asistimos a una nueva hegemonía, sino que “Hay un proceso hegemónico que empieza con la dictadura, eso tuvo algún tipo de leve impasse durante el kirchnerismo, pero no es hoy una hegemonía distinta a la que prima desde el `76”. Sin embargo, la investigadora del CONICET sí considera que, a diferencia de lo que ocurrió durante el kirchnerismo, este gobierno expresa un acuerdo sólido entre los sectores dominantes.

Nueva derecha, kirchnerismo y peronismo

Katz sostuvo que el gobierno incorpora elementos de la nueva derecha, como “La tecnología del engaño y la retórica new age”, pero que también viene gobernando con elementos tradicionales como la UCR y Elisa Carrió. Por ello, concluyó que si bien combina elementos de la nueva y de la vieja derecha, ésta última termina primando porque Macri “Acumula el grueso de sus votos con demagogia electoral y gasto público”.

Respecto al carácter democrático del gobierno, sí advirtió enfáticamente que este gobierno no expresa a una derecha democrática, y que la desaparición forzada de Santiago Maldonado así lo demuestra. En lo que refiere al kirchnerismo, reconoce que éste no se desplomó y que Cristina Kirchner es hoy la principal figura de la oposición. Sin embargo, advierte que “No se perfila ahora como una fuerza ascendente capaz de frenar al macrismo, ni de permitir una vuelta en el 2019”.

Rosso coincidió en este último punto, y advirtió que la crisis del peronismo puede significar una oportunidad para la acumulación política desde el campo de la izquierda. Además, indicó que las frustraciones respecto de este gobierno, muchas veces omiten una mirada crítica sobre el kirchnerismo, en particular sobre su último ciclo, en el cual se fueron tomando medidas más conservadoras. Al igual que Katz, impugnó el carácter democrático del gobierno en virtud de las represiones y de la desaparición de Maldonado.

Por su parte Ana Natalucci discrepó con los otros expositores, y sostuvo que sí se trata de una derecha democrática, en el sentido de que por primera vez este tipo de proyectos llega al poder por los votos. Sostuvo que la represión no es suficiente para impugnar el carácter democrático de un gobierno, y comparó con los casos de “Cristina Kirchner y de Dilma Roussef, quienes también reprimían”.

Natalucci no observa enormes novedades en la gestión actual, teniendo en cuenta que muchas de las políticas que Cambiemos está llevando adelante a nivel nacional, ya las venía implementando en la Ciudad de Buenos Aires desde 2007.

Respecto del kirchnerismo, coincide con Rosso en que Cambiemos emerge muy ligado a la frustración final del gobierno de CFK, que luego de años anunciando un proceso de movilidad social “Llegó a un estancamiento económico que no pudo resolver ni económica, ni políticamente”. Aún así, destaca que el kirchnerismo sigue siendo la principal fuerza de la oposición, pero que tiene un enorme escollo al intentar seducir a sectores que no responden a su propia base. A la vez, advierte que si bien el peronismo está en crisis, es una fuerza con gran capacidad de hacer emerger nuevos dirigentes, “Con lo cual no lo ‘mataría’ tan rápido”.

Conjurar la depresión

Tras las exposiciones, varios/as asistentes tomaron la palabra para coincidir o marcar contrapuntos respecto de las posiciones de los/as panelistas. Los balances retrospectivos sobre el kirchnerismo y el rol de las izquierdas en el nuevo ciclo abierto en el país, primaron. A la vez, y en consonancia con lo ocurrido durante el primer encuentro, volvió a rondar la posibilidad de establecer una inteligencia común entre diversas fuerzas de la izquierda, que dialogue con otros campos políticos que se disponen a enfrentar al gobierno.

En suma, la vitalización de las resistencias sociales, que obligaron al macrismo a un gradualismo que no esperaba, y la perspectiva de unificar ‘inteligencias’ amplias para detener los avances conservadores del actual proyecto, terminaron por conjurar los aspectos ‘depresivos’ del escenario Postpaso.

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El fantasma de la derecha que gana elecciones está asolando a la izquierda y al progresismo. Aquí se presentan tres ejes para comprender el comportamiento electoral.

Un fantasma recorre a la izquierda y al progresismo de Argentina: el fantasma de la derecha que gana elecciones. Como con toda aparición espectral, tras las PASO se multiplicaron los ámbitos dedicados a conjurarla. Es por ello que proliferan ahora dossiers de revistas, espacios de reflexión intelectual y jornadas de debate periodístico, donde la pregunta central es la misma: ¿qué dejaron las PASO en relación al escenario político? El seminario impulsado por Marcelo Leiras en la Universidad de San Andrés, que comenzó hace unas semanas, y el ciclo denominado ‘¿Depresión post-paso?’, que dará comienzo el próximo jueves en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, son dos muestras de este renovado interés por desentrañar las claves del presente político.

La pregunta central viene a cuenta sin dudas de la buena performance del gobierno nacional durante las primarias de agosto. Estas elecciones, si bien no implicaron un triunfo abrumador ni homogéneo a nivel nacional de Cambiemos, tampoco significaron un voto castigo al gobierno de Mauricio Macri: incluso más, éste logró mejorar su actuación en algunos distritos clave, como La Matanza.

El primer indicio fantasmal había tenido lugar sin dudas en el balotaje de 2015: allí, había llamado la atención cómo logró imponerse Macri, en tanto que el país no atravesaba una crisis económica (aunque sí un moderado estancamiento), por lo que el bolsillo más bien sugería apostar a la continuidad antes que al cambio. Pero la sorpresa que dejan las PASO es aún mayor a la del balotaje, por dos grandes motivos: el primero, que ahora el gobierno se re valida luego de haber aplicado un programa económico que empeoró las condiciones materiales de vida de las mayorías sociales –esto dicho por los propios funcionarios del gobierno–. El segundo, que tomando el distrito más numeroso en términos electorales, el gobierno perdió por muy pocos votos incluso llevando a un candidato casi desconocido, el cual a la vez se enfrentó a la candidata más competitiva de la oposición.

Con todo esto entonces, es natural que preguntas acerca de cómo vota la gente, qué piensa el electorado, o si ‘se le cree a la televisión o a la heladera’ al momento de votar, proliferen. Evidentemente, la maximización económica en el corto plazo no explica la arquitectura actual del voto. En las líneas que siguen se exponen brevemente tres ejes para interpretar las simpatías hacia el macrismo, más allá de la racionalidad económica. El primero es el eje participación / representación; el segundo es el eje éxito individual / fracaso estatal; el tercero es el eje sentido común previo / sentido común actual.

En todo votas vos

Respecto del eje participación / representación, Esteban de Gori escribió en Panamá Revista, que el macrismo logró movilizar una sensibilidad construida durante los años kirchneristas, que llamó de la ‘individualidad silenciosa’. Frente a la extrema gramática politizadora del kirchnerismo, la figura del individuo anónimo, que reivindica la despolitización y que cuida su ‘quintita’, es el locus con el cual el gobierno nacional logró conectar.

Si bien el kirchnerismo no se caracterizó por promover un tipo de democracia participativa, sí difundió un discurso público densamente politizado: el lugar de la militancia, la ‘lucha contra las corporaciones’, etc. Fueras o no parte activa de esas querellas, la narrativa política permeaba tu vida cotidianamente. El macrismo busca las simpatías en el terreno contrario. Claro que esto no es una novedad: el discurso de la ‘no política’ y del individuo por encima del colectivo, forman parte de una conocida estrategia discursiva de los sectores liberales.

Pero evidentemente un conjunto muy importante de la población no logró sentirse interpelada en forma positiva por la politización que ofrecía el kirchnerismo, y optó por el contrario por apostar a un escenario mucho más delegativo. Tal vez en lugar de optar por un proyecto que apela a ‘la fuerza de la gente’, las mayorías prefieran ahora uno donde los políticos profesionales estén ‘haciendo lo que hay que hacer’. Es bueno recordar que cuando Macri asumió como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, también hizo un fuerte acento en el ‘hacer’, el cual tácitamente buscaba contraponerse al ‘decir’ de otros proyectos. Por esos años la comunicación política del gobierno macrista se centraba en una enorme letra H. La H como símbolo de la mudez, del silencio, como quien reivindica el hacer frente a la vocinglería de los políticos tradicionales.

En suma, ‘vótennos que nosotros vamos a resolver los problemas’ es el argumento que subyace a dicha comunicación política. Siquiera se trata del ya algo delegativo ‘pinta tu aldea y pintarás el mundo’ tolstoiano, sino más bien con un especie de ‘pinta tu aldea y la gestión pintará el mundo’. Y muy probablemente esa propuesta de representación se muestre seductora para un importante conjunto de la población, que verdaderamente piensa que los asuntos de la res pública deben quedar en manos de profesionales.

El trabajo es de nosotros, las gestiones son ajenas

Ya durante la década de 1990 las usinas de pensamiento neoliberal instalaron lo que Martín Retamozo llamó una ‘subjetividad culpógena’, para explicar el fenómeno de la masiva desocupación. Con ello, estar desocupado/a no era responsabilidad de un programa de privatizaciones y ajuste fiscal, sino de individuos no del todo capacitados para competir en el mercado laboral; es probable que ese imaginario no haya sido del todo superado.

Actualmente aún es común oír personas que, cuando atraviesan períodos de bonanza en su condición laboral, lo adjudica a sus propios méritos individuales; del mismo modo, cuando sobrevienen épocas de desempleo, esto es explicado desde las propias incapacidades individuales. Esto podría dar respuesta a quienes se preguntan desconcertados ¿cómo puede ser que la gente vote a este gobierno, si aumentó la desocupación?

Los condicionantes estructurales de la formación de empleo, como por ejemplo si las políticas públicas promueven la especulación financiera (como el actual incentivo a la inversión en LEBACS), o por el contrario apuntan a subsidiar la instalación de empleo productivo, no son tenidos en consideración.

Esta mirada tiene su contracara en aquellos ámbitos que supuestamente excederían a mi competencia personal. Así, el éxito de un gobierno se mediría en tanto logró o no realizar asuntos que escapan al individuo: creación de autopistas, mejoramiento de las políticas educativas, reducción del narcotráfico, etc. Desde esta mirada, que empalma de lleno con el eje anterior sobre la representación, el rol de los que gobiernan es resolver los problemas que no dependen de la acción de la gente. Algo así como que si un individuo no tiene trabajo, puede salir más temprano a buscarlo, pedir menos sueldo o hacer un curso de capacitación para mejorar sus chances de conseguirlo. Pero seguramente no puede hacer las cloacas que le faltan a su barrio, ni pavimentar las calles dañadas.

Es por esto que el votante tal vez no castiga ni premia en forma exacerbada al gobierno en función de su suerte laboral, pero sí en relación a cómo observa aquello que aparece como responsabilidad del Estado. Precisamente los ejes simbólicos que postuló el macrismo recientemente, tienen que ver con esos factores: obra pública, lucha contra el narcotráfico, purgar a la policía.

El sentido común no nació con el macrismo

El tercer eje muestra una serie de sentidos comunes instalados que operan al momento de la opción electoral. Algunas de las grandes medidas políticas que indignan a la izquierda y al progresismo, tal vez no generan rechazo alguno en las mayorías. Se puede tomar por caso el aumento de las tarifas energéticas. Aunque hayan implicado un empeoramiento objetivo de las condiciones de vida, más aún de las personas de sectores populares, muchos justifican los aumentos por considerar que se trataba de tarifas demasiado bajas.

En realidad, no hace falta ser un reproductor autómata del sentido común de las clases dominantes, para pensar que nos genere ruido que el consumo mensual de energía eléctrica de una familia cueste apenas un poco más que el diario del domingo. Por ello, la comparación de los costos de los servicios de energía con otros bienes de consumo, no ayuda a desentrañar la justeza o la arbitrariedad de los aumentos. En realidad, los elementos que podrían llevar a cuestionar los aumentos deberían provenir de un análisis profundo de la matriz energética en nuestro país.

Quizás si la mayoría de las personas supiera que la energía está distribuida en forma absolutamente inequitativa, las opiniones sobre el tarifazo tomarían otra tonalidad. El excelente trabajo del Observatorio Petrolero Sur muestra con videos y animaciones, en forma pedagógica y entretenida, cómo el consumo energético en hogares representa apenas un 27,5% del total de la energía consumida; o cómo un solo Shopping Center consume el equivalente a 80 manzanas de un barrio residencial. O respecto del gas, cómo la mitad de los consumidores no está conectada a la red de gas, lo que hace que deban pagar un gas envasado hasta 10 veces más caro que el gas de red.

Si esta información fuera difundida y trabajada en espacios de la sociedad, como escuelas, universidades, clubes de barrio, etc., la publicidad reciente del gobierno nacional que llama a ‘abrigarse en casa para que no le falte gas a nadie’, resultaría por sí misma una afrenta a la inteligencia colectiva. Si a esta información se le sumara la difusión de las ganancias siderales que tienen las empresas concesionarias de energía, tal vez la indignación de las y los consumidores sería mayor ante un tarifazo.

Comprensión y autocrítica

En una nota reciente en Panamá Revista, Pablo Semán sostuvo que lo que no se advirtió respecto del macrismo, es que el escenario económico no se iba a imponer al imaginario cultural: “justo en el país de la batalla cultural permanente vinimos a olvidar que el sentido de la crisis económica se construye y que la discusión política de estos dos últimos años la vino ganando el gobierno”.

Revisar los tres ejes aquí presentados, permite reafirmar lo que sostiene Semán, en la medida que se trata precisamente de elementos de un sentido común que empalma de lleno con las aspiraciones gubernamentales, o mejor dicho: se trata de un gobierno que comprendió como movilizar las aspiraciones culturales que ya estaban presentes en un sector muy importante (quizás mayoritario) de la sociedad.

Claro que esta constatación, no nos debe llevar a condenar o impugnar cerradamente los razonamientos que justifican las medidas del gobierno, sino antes bien a superarlos. Tal como advierte Ezequiel Adamovsky en Revista Anfibia sobre el microfascismo, no hay peor postura que demonizar a quien lo ejerce. Esta demonización, además, nos puede llevar a una lectura esquizofrénica de la sociedad: cuando las mayorías sociales votan a gobiernos progresistas se trata de un pueblo empoderado y consciente, mientras que cuando votan a la derecha pasan a ser una masa manipulada por los medios que reproduce el sentido común. Claro que las sociedades cambian, y que sus horizontes culturales se pueden ir modificando; pero desde luego que no se pueden dar giros tan copernicanos con dos años de diferencia.

Por otra parte, antes que enojarnos con los modos en que las mayorías interpretan las ofertas electorales, es preciso recuperar la advertencia –nuevamente– de Adamovsky para el caso de los microfascismo: “sólo saldremos proponiendo un horizonte colectivo que sea mejor”.

Además de dicha propuesta, seguramente haga falta también una autocrítica profunda sobre cómo se llegó hasta este escenario. Tomando el caso de las tarifas de energía, ¿hubo un trabajo pedagógico, profundo y sostenido (tanto desde el gobierno anterior, como desde actores democráticos de la sociedad) que difundiera –y transformara– las inequidades de la matriz energética? Evidentemente no.

El sentido común de nuestra sociedad, al igual que otras resultantes sociales, se configura a partir de una disputa de sentidos y de poderes. En esa disputa, los elementos regresivos o progresivos avanzan y retroceden en función de aciertos y errores, tanto de los sectores concentrados de la economía y del poder, como del propio campo de las izquierdas y el progresismo. Comprender esos errores y mejorar nuestra puntería a futuro, probablemente sea una mejor idea que impugnar los elementos del sentido común que consideramos reaccionarios.

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El debate público que se generó en torno a la desaparición forzada de Maldonado reproduce la polarización que viene tiñendo el mapa político nacional. Nuestra historia como sociedad exige estar a la altura de semejante hecho, dramático para la vida en sociedad.

Cuando un caso toma tanta relevancia pública como lo hizo la desaparición forzada de Santiago Maldonado, los análisis políticos, periodísticos y el debate en el llano de la sociedad, abundan. Esto no sería malo en sí mismo sino, más bien muy saludable, si no fuera porque las coordenadas generales del debate parecen mostrar a una parte de la sociedad con prioridades preocupantes. Ocurre que actualmente el caso de Santiago Maldonado está siendo codificado a través del esquema binario entre gobierno y oposición. Así, se corre el riesgo de perder los mínimos recaudos de buen sentido para el tratamiento de una problemática tan honda para la vida en sociedad.

En efecto, las fibras profundas del cuerpo social se ven afectadas cuando, nuevamente en el discurso público, aparecen conceptos como ‘desaparición forzada’, ‘extremistas’, ‘vínculos terrorista’, y otros semejantes. Recogiendo los trazos del debate público, resulta muy notorio que la ausencia de Maldonado está llevando a una deriva preocupante: ¿Estamos debatiendo la desaparición forzada de un joven, en el contexto de una represión estatal, desde un antagonismo político partidario? O dicho en los términos de la propia narrativa del periodismo hegemónico: ¿Santiago Maldonado cayó en la mal llamada ‘grieta’?

Pareciera haber distintos modos de posicionarse ante la ‘querella por Santiago’. Un gran grupo de la sociedad pone en primer plano la necesidad de encontrar en modo urgente con vida al joven desaparecido, a quien vieron por última vez –según los testigos– cuando era subido a camiones de la Gendarmería en plena represión a una comunidad mapuche. En este grupo se argumenta que, sea por determinantes estructurales del Estado o por una direccionalidad política concreta para este caso, el gobierno nacional como comando político a cargo de la gestión del Estado es el responsable de esclarecer el hecho.

Este grupo está unificado en cuanto a un vértice: la preocupación sobre el paradero de Santiago y la responsabilidad indelegable del gobierno nacional. En otros aspectos, algunos sectores parecen no poder mencionar la desaparición de Maldonado sin recordar también otras desapariciones en democracia, como las de Julio López y Luciano Arruga (luego encontrado asesinado); en este sector se percibe que la denuncia exclusiva del caso de Santiago puede embellecer demasiado al pasado reciente. Otro subgrupo, dentro del primer gran conjunto mencionado, tiende a relativizar otros casos de desapariciones en democracia, y focaliza en el caso de Santiago Maldonado casi como si, y como espejo invertido respecto del subgrupo anterior, enumerar otros casos fuera un acto de igualación entre el actual y el anterior gobierno.

Claro que este panorama generaliza el escenario, y que también hay posiciones menos dogmáticas en ambos grupos. Es probable que, dentro de la oposición no kirchnerista al macrismo, haya una preocupación genuina por no hacer tabula rasa sobre algunos eventos preocupantes para la vida democrática que tuvieron lugar durante los anteriores años de gobierno, como el tan mentado caso de Julio López o la desaparición de Luciano González tras una represión en 2009 en Corcovado, Chubut, o la desaparición de Daniel Solano, en Choele Choel, Río Negro, luego de haber reclamado por condiciones dignas de trabajo a la patronal.

Dentro de la oposición al macrismo menos crítica con el kirchnerismo, o directamente kirchnerista, la respuesta oficialista de antaño ante casos de desaparición de personas es la que marcaría la diferencia clara respecto del actual gobierno. Hubiera o no responsabilidad política del gobierno nacional en los casos López o González, se señala que en casi todos los casos las autoridades se plegaron al reclamo familiar. El argumento aquí muestra que, a diferencia de lo que ocurre con el actual gobierno, en los casos anteriores no se buscó deslegitimar el reclamo o estigmatizar a los/as docentes que problematizaban el caso en las aulas. La decisión política del gobierno nacional de habilitar un número telefónico para recibir denuncias de casos donde la desaparición de Santiago sea debatida en las aulas aparece como otro elemento diferenciador.

Del otro lado de la ‘grieta’

Pero hay otro gran conjunto de la sociedad que plantea otra perspectiva respecto del caso Santiago Maldonado. Existe, aunque tal vez en forma minoritaria, un grupo que parece deslindar de responsabilidad política ex ante al gobierno nacional, pero que denuncia la desaparición del joven como evento inaceptable y exige su esclarecimiento. Este grupo identifica que la acusación al gobierno nacional tiene como objetivo ‘dañar al macrismo’, lo cual sería ‘politizar’ el tema. Este grupo es el que menos peso público ha tenido en los debates, pero verdaderamente existe, y reactualiza la pregunta acerca del carácter democrático del proyecto hoy en el poder tan mentada desde el interesante artículo de José Natanson en Página/12.

En este grupo, la genuina preocupación por la desaparición de Santiago bien parecería combinarse con una excesiva ‘presunción de inocencia’ respecto del gobierno nacional. Aunque esta hipótesis se debilitó luego de que el Comandante Mayor, Diego Conrado Héctor Balari, quien dirigió la represión a la comunidad mapuche el día que desapareció Santiago, admitió que actuaron bajo ‘órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad’.

Finalmente, existe un grupo de personas entre las que hay periodistas, dirigentes políticos y personas de a pie, que a la pregunta acerca de ¿dónde está Santiago Maldonado?, profieren en forma automática una serie de contra preguntas. Responder a una pregunta con otra pregunta puede implicar varias intenciones: evasión, vocación retórica, ímpetu dialéctico. Cuando se continúa tirando del hilo del intercambio con quienes anidan en este grupo, rápidamente dos de esas intenciones quedan echadas por tierra: solo queda la evasión. El único ímpetu genuino de parte de este grupo de negacionistas es despreciar el caso de Santiago, y hacer una defensa cerrada del gobierno actual. Esta defensa viene en general acompañada de un odio visceral por todo lo que se asemeje a kirchnerismo o a peronismo no domesticado por el macrismo (como aquel del ‘Momo’ Venegas y de las 62 organizaciones sindicales peronistas).

Cuando, en el mejor de los casos, este grupo responde en forma afirmativa, lo hace profiriendo una serie de slogans acusatorios tales como: ‘los mapuches son indios chilenos’; ‘los mapuches tienen armas como serruchos, hachas y cuchillos’ (Infobae dixit); ‘los mapuches responden a un plan de Inglaterra para copar la Patagonia’. Cualquier persona que tenga un conocimiento mínimo de la historia americana, o apenas del artículo 75 de la Constitución Nacional, debería encontrar ridícula a la primera acusación, mientras que basta con pasar una tarde en cualquier pueblo a 60kms de la Capital Federal para reconocer, en las ‘armas’ aludidas en la segunda denuncia, a los más rudimentarios elementos de la vida rural. Sobre la tercera denuncia basta con señalar que quienes la formulan jamás mencionan el Estado paralelo montado en la zona del Lago Escondido por el magnate inglés –e íntimo amigo del presidente Macri– Joe Lewis, por lo que su preocupación por la soberanía nacional invita a la duda.

También dentro de este grupo hay quienes responden a la pregunta por Santiago con la enumeración de casos de los más disímiles, tanto que siquiera es posible encontrar un hilo conductor entre ellos: ¿Y Nisman? ¿Y Lázaro Báez? Cuando se advierte este nivel de bajeza discursiva, es difícil discernir si estamos frente a un grupo de perversos o de desquiciados. Aun si se quisiera poner en debate al kirchnerismo, ¿en qué medida –si estamos debatiendo colectivamente lo que implica una desaparición forzada en democracia– entrarían a tallar con un mínimo de sentido casos tan inconexos como la muerte no esclarecida de un fiscal, y la presunta corrupción en la obra pública?

De ser esas sus preocupaciones, no se explica cómo las diatribas contra Lázaro Báez no incluyen también al menos un interrogante sobre los actuales 600 millones de pesos en negro que el hermano del Presidente blanqueó. Cabe recordar que se trata de un hermano con un puesto menor al del Presidente en todas las sociedades familiares que comparten, y que recientemente Macri declaró ‘apenas’ 80 millones de patrimonio. Evidentemente, no es mantener a la República a salvo de la corrupción lo que preocupa al grupo de los negacionistas. Este grupo, en realidad, está más preocupado por reinsertar el caso de Santiago Maldonado en la ‘grieta’ entre kirchnerismo y macrismo, que por esclarecer el paradero del joven desaparecido, o que por velar por el erario público.

Es evidente que este último subgrupo es que el merece mayor atención, y el que despierta las más acuciantes alarmas. Por un lado, por despreciar una desaparición forzada. Por otro lado, por las maneras desopilantemente trágicas de desprestigiar cualquier escenario que ponga en tela de juicio al gobierno de sus simpatías. Tal vez el anonimato de las ‘redes sociales’ sea el caldo de cultivo ideal para semejantes opiniones desvariadas. Pero en reiterados espacios públicos no virtuales –como en las aulas escolares y universitarias– también viene tomando fuerza este preocupante discurso.

Una querella política, más allá de la polarización          

No es el objetivo de esta columna priorizar los juicios de valor sobre los grupos que se describen, sino aportar elementos para comprender qué estructura sus posturas. En definitiva, lo que hay detrás de cada modo de posicionarse ante la querella por Santiago es un modo de habitar un lugar en un campo político del todo polarizado. Nos enoje, nos guste o nos indigne, así es como nuestra sociedad está codificando el debate. En términos globales esta polarización se da entre un gran grupo opositor al gobierno nacional (donde el kirchnerismo es hegemónico), y otro grupo oficialista.

Nuestra opinión es que, aunque las responsabilidades estatales puedan llevarnos a establecer semejanzas entre cualquier partido que haya gobernado el Estado y afrontado desapariciones forzadas, es fundamental complementar esas responsabilidades con la observación particular del accionar gubernamental ex post. Si ante una desaparición enunciamos únicamente la responsabilidad general que le cabe al gobierno por ser el comando del Estado, estamos omitiendo otros aspectos relevantes, sobre todo para quienes consideramos que el ejercicio del poder no se reduce al gobierno del Estado, sino que existen una serie de actores de poder que se pueden acoplar, distanciar o enfrentar al gobierno del Estado en determinadas coyunturas.

Pero en suma, y más allá de la posición de cada quien en el campo polarizado del debate, ningún abordaje serio ni sustancioso sobre este tema es posible cuando se coloca al esclarecimiento de una desaparición forzada en democracia por debajo de las aspiraciones coyunturales de determinado grupo político. Mucho menos si se lo hace esgrimiendo supuestos argumentos que, en definitiva, no son más que un compendio de slogans sin ningún asidero histórico, y que solamente construyen mitos racistas y xenófobos acerca de los pueblos, sea el mapuche, el chileno o el tehuelche.

Ante estos escenarios, la obligación del gobierno nacional es encontrar con vida a Santiago Maldonado. La obligación de nuestra sociedad es no rebajar el nombre de Santiago a una ‘grieta’ alimentada por el odio revanchista ni por las especulaciones electorales.

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En vísperas electorales los análisis o las reseñas sobre lo que dijeron las urnas abundan. En la siguiente nota buscamos aclarar algunos puntos centrales que deja la jornada del domingo, más allá del resultado en provincia de Buenos Aires.

El panorama global

En primer lugar es importante aclarar que la asistencia a las urnas sigue siendo fluida y cuantiosa en el electorado nacional. Casi un %78 del padrón fue a votar en este caso, lo que representa incluso un incremento respecto de la asistencia de las primarias de 2015, donde el guarismo rondó los %74. Estos números son similares a los de las asistencias en países vecinos donde el voto es obligatorio, como Brasil, Bolivia y Uruguay, aunque en este último en general la asistencia supera el %90.

Como conclusión general, observando la panorámica que deja el país, es evidente que la polarización entre el macrismo y el kirchnerismo es la que domina el espectro electoral. Esta polarización se presenta con fuerza en distritos significativos, como las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe, y en otros distritos de menor cuantía electoral como Chaco, Misiones o La Pampa. Hay dos distritos significativos por su volumen electoral que se muestran claramente alineados al gobierno nacional: Capital Federal y Córdoba; en éste último es probable que el kirchnerismo pueda mejorar su performance si dedica mayores esfuerzos proselitistas, aunque la tendencia general parece difícil de revertirse de acá a octubre.

También hay que destacar la modificación del mapa nacional respecto de tendencias que se venían manteniendo por largos períodos de tiempo. Nos referimos a provincias como San Luis, Santa Fe, Santa Cruz y La Pampa, por ejemplo, donde no solamente fueron derrotados los oficialismos, sino que perdieron partidos políticos que habían ganado consecutivamente varias elecciones del pasado reciente. Con excepción de Santa Fe, donde se impuso el kirchnerismo, el resto de los ‘triunfos sorpresa’ quedaron del lado del macrismo.

Pero las sorpresas a nivel nacional no solamente se expresaron en triunfos. Es importante prestar atención a algunos desempeños que, aunque no se cristalizaron en victorias, marcan avances significativos y novedosos. El caso de la provincia del Chaco es significativo al respecto: si bien el peronismo retuvo la provincia, retrocedió más de 15 puntos porcentuales respecto de su desempeño en las PASO de 2015; si bien Cambiemos mantuvo sus 37 puntos, al igual que en 2015, la merma del peronismo acerca al macrismo a la cima electoral.

En Jujuy, por ejemplo, el Frente de Izquierda casi duplicó su desempeño de 2015, y alcanzó ahora un destacado %12,5. Estos números nos hablan de movimientos subterráneos, que no se han expresado en triunfos ni ‘batacazos’, pero a los que hay que prestar atención para identificar cuáles pueden indicar tendencias de mediano y largo plazo, y cuáles son apenas desempeños aislados con pocas chances de repitencia.

Otra conclusión general que devuelve la imagen nacional es el debilitamiento de la ‘tercera vía’ encarnada en figuras como Sergio Massa o Florencio Randazzo. Aún juntos, y en el lugar donde mejor se mueven (la provincia de Buenos Aires), no superan el %20 de los votos, lo que significa -sobre todo para el ex intendente de Tigre-, una merma en su desempeño.

Metamorfosis del mapa político

Estos datos refuerzan la idea de que Cambiemos dejó hace tiempo de ser un fenómeno porteño, y hoy se consolida como el espacio político con mayor proyección nacional. Además, a diferencia del kirchnerismo, tiene menor dependencia respecto de su líder. Como sostiene el politólogo Julio Burdman en un artículo de la Revista Anfibia, los datos del domingo parecen mostrar que Cambiemos está dejando de ser una alianza electoral, para pasar a ser un partido único, con proyección, programas y presencia nacional.

A nivel de los candidatos, es cierto que Esteban Bullrich no hubiera logrado tantos votos sin el protagonismo de Vidal en la campaña, pero no es tan fácil asegurar que cualquier otro candidato kirchnerista lo hubiese hecho si recibía la bendición de Cristina. Es cierto que cerca de CFK hay dirigentes con buena imagen y con caudal de votos propios, como por ejemplo Agustín Rossi en Santa Fe. Pero Cambiemos ha logrado consolidar dos elementos: por un lado una ‘marca’ electoral exitosa y que parece no haber alcanzado su techo. Esta marca, aunque apela a la ‘novedad’ también logró funcionar con candidatos que vienen con larga trayectoria en política: no solamente con casos como el de Carrió, en San Luis, por ejemplo, Claudio Poggi le ganó a los Rodríguez Saá. Poggi es un antiguo aliado a la familia peronista gobernante, pero que enmarcado en Cambiemos logró pegar un salto y poner en vilo la hegemonía del justicialismo.

En segundo lugar, Cambiemos cuenta con una serie de dirigentes con buena imagen en el electorado, como Rodríguez Larreta, Vidal, además de la ya mencionada Elisa Carrió. También es evidente que la candidata porteña podría en un futuro representar un problema para el gobierno, en caso de que decida apostar a un protagonismo individual desmedido. Pero mientras se mantenga dentro del espacio que la acaba de consagrar, el partido de gobierno puede ostentar un puñado de candidatos que gozan de buena salud electoral.

Por el contrario, en el caso del kirchnerismo la dependencia respecto de CFK sigue siendo muy grande. Sin embargo, con una campaña en la que casi no desplegó publicidad en la vía pública, y con una enorme maquinaria mediática en su contra, Cristina sigue vigente en el distrito más poblado del país; y si logra seducir a parte del electorado peronista que eligió a Massa o a Randazzo en las primarias, tiene altas posibilidades de triunfar en octubre.

En este punto es importante destacar que es la propia estrategia del gobierno la que va a llevar a los comicios de octubre a un punto de máximo riesgo: es que Cambiemos buscó transformar la elección en una valoración entre el pasado y el futuro. Es curioso, mientras algunos actores importantes del gobierno, por caso la vice presidenta, se encargan de decir que las elecciones de medio término no sirven para nada, al mismo tiempo el gobierno apela a transformarlas en una gesta decisiva para definir el futuro de la nación. Hay allí una contradicción.

Pero no es problema para el gobierno sembrar contradicciones: el propio manejo espurio del escrutinio con fines mediáticos, y el actual retaceo de un porcentaje de votos que podría incluso dar vuelta el resultado en la provincia de Buenos Aires, contradice la imagen de la transparencia y la defensa de la república, supuestos vicios del populismo de los cuales Cambiemos había venido a librarnos.

Por último, es importante remarcar que el gobierno apostó y apostará a ‘presidencializar’ la elección. Incluso más: el actual empate virtual en el distrito más importante del país le otorga al gobierno más elementos para transformar una simple elección general legislativa, en prácticamente una instancia de balotaje presidencial.

Esta estrategia se enmarca en la ofensiva polarizadora que el gobierno viene encarando desde que los números de la economía no responden: esto está, una vez más, muy lejos del ‘unir a los argentinos’ prometido en la campaña. Esta vocación de dramatizar y presidencializar la elección le sirve al gobierno, pero también al kirchnerismo. Por el contrario le es sumamente perjudicial a todo aquel que plantee una tercera vía respecto de la polarización. De esa forma se explican los magros resultados de Massa y Randazzo, y es por ello también que se puede augurar que, en octubre, una parte significativa de los votantes de éstos últimos va a terminar cayendo de uno o de otro lado de la mal llamada ‘grieta’.

Respecto del desempeño de la izquierda, pueden observarse luces y sombras. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores sigue siendo la principal referencia de la izquierda, y muestra un crecimiento porcentual en la foto a nivel nacional: provincias como Chaco, Jujuy y Mendoza apuntalan este crecimiento. Sin embargo, en los distritos más poblados como la provincia de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, su desempeño no mejora. Desde el lunes a la mañana las y los referentes se encargaron de destacar que su fuerza creció un %30 a nivel nacional respecto de 2015: pasando de 700 mil a 900 mil votos. Esto es una verdad objetiva, aunque oculta que en 2015 esta fuerza había sufrido una merma en su faena electoral respecto de 2013, año en donde cosechó más de un millón de votos en las elecciones generales. Es consabido que en las instancias legislativas el desempeño electoral de la izquierda argentina es mejor que en las ejecutivas; pero aún con ese parámetro, el Frente de Izquierda sacó menos votos ahora que en aquel último desempeño legislativo de 2013.

¿Fin o re-estructuración del bipartidismo?

Desde el lunes a la mañana, la principal preocupación tanto de Macri como de Cristina es entonces seducir esas voluntades intermedias, que rondan el %30 del padrón, para que en octubre vuelvan a encuadrarse en el marco de la polarización. En la provincia de Buenos Aires, entonces, el empate refuerza la grieta y fortalece al gobierno por un lado y a Cristina como principal figura opositora por el otro. Esto implica que el escenario se encuentra aún abierto.

Mientras Cambiemos se consolida como partido a nivel nacional, con un mensaje, una campaña y candidatos encuadrados en una estrategia dirigida desde la Casa Rosada, la conformación de Unidad Ciudadana le sigue dando a Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de renovar al panperonismo. De aquí a octubre nos esperan dos meses en donde se polarizará al máximo la campaña, en función de terminar deglutiendo al tercio que quedó fuera del ‘voto grieta’.

Todas las opciones alternativas a la división binaria entre macrismo y kirchnerismo, tanto las que se expresan por izquierda como las que elijen diversas versiones del peronismo no kirchnerista, enfrentarán un escenario por demás complicado para seducir voluntades ‘independientes’ de la polarización. Pero más importante que esta polarización puntual en esta campaña, es identificar cuáles de estas dinámicas están dejando de ser minorías circunstanciales, para pasar a ser tendencias de mediano plazo.

Si se confirma la consolidación de Cambiemos como estructura partidaria unificada a nivel nacional, y si Cristina logra dirigir al pan peronismo desde la Unidad Ciudadana, entonces es probable que la polarización tenga mucho para decir no solo de aquí a octubre, sino por varios años más. Si eso ocurriera, no estaríamos asistiendo al fin del bipartidismo en Argentina, sino a una metamorfosis del mismo: nuevamente dos partidos polarizan las voluntades mayoritarias, pero ahora con nuevos ropajes político-ideológicos.

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Además de poner el foco en la inauguración de obra pública y el decomiso de drogas, el gobierno nacional implementó medidas destinadas a fortalecer la demanda. ¿Las necesidades económicas torcieron los planes originales del oficialismo?

No hacía falta que se revelara el consejo de Jaime Durán Barba a los integrantes de Cambiemos –que eviten hablar de economía–, para descubrir que el aspecto económico muestra un fuerte déficit del gobierno nacional. Prácticamente todos los indicadores macroeconómicos son negativos para las mayorías, mientras que se muestran vigorosos para sectores minoritarios como el agro y el financiero. En otros segmentos la economía muestra ejemplos de crecimiento sin desarrollo: la venta de automotores, por caso, aumentó en un 32,4% respecto del primer cuatrimestre de 2016. Sin embargo, en marzo la producción nacional de automóviles cayó un 13,2%. Esto se explica por la rebaja en los precios de autos importados desde Brasil, donde la crisis económica es más fuerte aún que en nuestro país.

Además, mientras aumentan la pobreza y las personas en situación de calle, cae la inversión extranjera directa, precisamente aquella piedra basal desde la cual debería venir el crecimiento según la receta del gobierno. La reciente salida de Juan Procaccini del comando de la Agencia de Inversiones muestra el fracaso en la ‘lluvia de inversiones’ que el gobierno anunció.

Ante esta situación, la mayoría de los análisis sostiene que el gobierno apunta a poner en el centro de la campaña electoral algunos ejes políticos, como la lucha contra el narcotráfico y la realización de obra pública, mientras que deja a la economía en segundo plano. Esto es una realidad apenas parcial.

Es evidente que el gobierno prioriza comunicar aspectos que no responden al campo económico. Cuenta para ello con algunos elementos novedosos. Luego de casi un año y medio de gestión, sea por los tiempos burocráticos que demanda poner en marcha las obras, o por una renovada vocación de realizarlas, hoy se comienzan a comunicar las puestas en marcha de algunas obras públicas como el Metrobus de La Matanza, o la ampliación de la autovía Nº 8 hasta Pergamino. No sabemos aún si estas obras serán más o mejores que las realizadas por el kirchnerismo, pero las inauguraciones de obras de Cambiemos cuentan ahora con un aparato mediático de difusión imponente.

Respecto de la lucha contra el narcotráfico, algunos números oficiales indican que los decomisos han aumentado respecto de años anteriores: en los cinco primeros meses de 2017 se incautó más cocaína que en todo 2016. También hay que aclarar que según la SEDRONAR, el consumo de drogas ilícitas se duplicó entre 2010 y 2017. Pero lo que sin dudas también aumentó es la parafernalia mediática que muestra y televisa constantemente estos operativos, incluso los de menor cuantía.

No hace mucho se difundió con bombos y platillos un operativo anti drogas –supuestamente exitoso– en General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires. La policía informó que se allanaron cerca de diez viviendas, donde se incautaron apenas diez mil pesos y 1 kilogramo de marihuana. No hace falta ser un experto en narcotráfico para darse cuenta que ese tipo de operativos apunta casi exclusivamente a la venta, al menudeo, es decir al último y más débil eslabón de la cadena narco. Que en diez viviendas allanadas pueda ostentarse la exigua suma de diez mil pesos incautados, habla en última instancia de la modestia de los ‘narcos’ en cuestión. No obstante, es probable que estos operativos y las obras públicas mencionadas, generen simpatía en gran parte de la población.

No vives de política

Pero más allá de estos ejes políticos, sería un error creer que el gobierno es tan ingenuo como para depositar sus expectativas electorales únicamente en la simpatía con las medidas políticas televisadas. Por el contrario, y apremiado por la situación económica, sorprende ver que Cambiemos ha tomado una serie de medidas económicas destinadas a inyectar liquidez en la demanda, casi al estilo del denostado ‘populismo’. La promoción de descuentos del %50 del Banco Provincia en compras en supermercados, con un tope de reintegro de $1500, y la nueva línea de préstamos blandos para beneficiarias de la AUH, son muestras de esto.

En el primer caso es dinero que sale de las arcas de la provincia de Buenos Aires. En el segundo, estos créditos –que van de los $3000 a los $5000 pesos por hijo/a–, y que se devuelven en hasta veinticuatro cuotas, se financiarán con el fondo de sustentabilidad de la ANSES. Como se ve, muy lejos quedó en la práctica económica la crítica que el macrismo ejerció hacia el anterior gobierno, acerca de que el dinero de la ANSES debía ser utilizado ‘únicamente para los jubilados’.

Estas medidas sin dudas profundizarán el déficit fiscal, que lejos de disminuirse aumentó respecto del año anterior: las cifras de junio indican un 29,5% de crecimiento del déficit interanual entre 2017 y 2016. Pero ¿no forma parte del ABC de cualquier gobierno liberal el reducir el déficit fiscal? Y aún más, ¿no sería ello una meta obligada para Macri, luego del blanqueo de capitales récord?

Ignacio Fidanza analizó este escenario en el sitio web LaPolítica On Line y dejó una pregunta interesante para el gobierno, en clave electoral: “¿nos modernizamos en los años pares y nos volvemos populistas en los impares?”. Quizás llamar populista a un par de medidas económicas destinadas a fortalecer la demanda suene desmesurado, pero sin dudas estas iniciativas económicas se acercan más a un programa keynesiano que a uno liberal, contradiciendo –claro está– al resto de las medidas macroeconómicas tomadas, y al propio libreto oficial.

También es cierto que las imágenes de las largas filas en los supermercados de clientes necesitados de aprovechar el %50 de descuento, ponen en evidencia un escenario bastante crudo acerca de las necesidades básicas en la provincia de Buenos Aires, lo cual podría generar un efecto adverso al deseado por el gobierno; pero en este caso nuevamente la sociedad deberá elegir entre una imagen indeseada o un bolsillo aliviado.

Alguien podría pensar que durante el kirchnerismo, este tipo de políticas formaban parte de un keynesianismo programático o ideológico, mientras que en el caso de Cambiemos parece ser apenas un transitorio ‘keynesianismo de emergencia’. Pero esto último supone que el gobierno está pensando en un electorado en extremo cortoplacista al momento de dirimir sus simpatías; octubre tendrá la última palabra respecto del éxito o el fracaso de este y del resto de las políticas tomadas por el gobierno.

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Piqueteros y piqueteras, comerciantes de La Salada, falsas personas discapacitadas y hasta ancianas que fraguarían certificados de viudez: ante la precaria gestión de la economía, el gobierno apuesta a la estigmatización de sectores vulnerables como estrategia de campaña.

En el gobierno nacional parece creerse que si la próxima elección es entendida como un plebiscito de la gestión económica, los augurios serán negativos. Siquiera los sectores aliados del gobierno pueden sostener que los números de la economía estén mejor que en diciembre de 2015. La reciente entrevista del ministro Nicolás Dujovne con el periodista oficialista Marcelo Longobardi, quien le hizo un reproche por la situación de la economía, muestra que hasta las y los grandes comunicadores afines al gobierno reconocen que el cuadro macroeconómico no mejora.

La columna del economista Alejandro Bercovich, publicada días atrás en el diario BAE, demuestra cómo la falta de inversiones no tiene que ver con la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva al ruedo político, sino con las políticas tomadas por el gobierno que, entre otras cosas, llevó a la caída de la inversión extranjera directa respecto de 2015.

Ante este escenario, la única estrategia electoral posible para Cambiemos parece ser seguir construyendo una imagen tenebrosa del pasado, y una promesa a futuro. Respecto del pasado, la narrativa del ‘escenario catastrófico’ en el que supuestamente se vivía antes de diciembre de 2015 fue cediendo lugar a una hipotética vía hacia la catástrofe, ilustrada en la actual crisis política de Venezuela. Es decir, ya casi no se invita a la sociedad a pensar ‘lo mal que estábamos antes de este gobierno’, sino ‘lo mal que íbamos a estar si seguíamos bajo la égida del populismo’. Así, como en muchos discursos del gobierno actual, el dato empírico cedió lugar a la hipótesis.

Para alertar sobre el futuro, el gobierno nacional no tiene reparo en imitar la estrategia que el kirchnerismo implementó durante la campaña de 2015: advertir sobre las inconveniencias de un triunfo opositor.

Hace unos días, el historiador e investigador del CONICET, Ezequiel Adamovsky, publicó el libro El cambio y la impostura. Allí nos recuerda críticamente que el 06 de noviembre de 2015 el periódico El Cronista titulaba: “La campaña del miedo, a full: según Scioli ‘con Macri se vienen los aumentos de tarifas’”.

Si denunciar la posibilidad de aumentos de tarifas ante un triunfo de Macri fue tildado de ‘campaña del miedo’, ¿cómo debería llamarse a la seguidilla de titulares y columnas periodísticas que sostienen que mientras Cristina tenga chances electorales no ‘vendrán las inversiones’? La columna de Marcelo Bonelli en Clarín, y el off de record que le confió el ministro Caputo al respecto, permiten preguntárnoslo.

¿Quién dijo miedo?

Pero no solo de miedo al pasado y de expectativas de futuro se alimenta Cambiemos. Hay una gestión del presente, activa y prolífica, que le sirve al gobierno de método proselitista, y que no se relaciona con la zona económica. El desalojo de la feria La Salada, la represión al piquete del Frente Milagro Sala y la puesta en escena de decomisos de droga en barrios populares, también forman parte de la estrategia electoral de Mauricio Macri.

El ataque a las economías de los sectores populares, tan irregulares como las tiendas de primeras marcas de la Avenida Córdoba –por citar un caso de la Ciudad de Buenos Aires–, no tiene un objetivo económico. Se trata de reforzar un imaginario estigmatizante respecto de quienes hacen vida una economía paralela a la de las grandes avenidas; antes habían sido los vendedores libres o ‘manteros’. A diferencia de estos últimos, el ataque a La Salada ya no se justifica en que ‘obstaculiza la vía pública’ –ya que es una feria montada sobre tierras baldías–, sino en que allí radicaría un sector de la población ventajista, ilegal y asociado al anti-modelo del trabajador y la trabajadora honestos.

Es curioso que, aun desde esta división binaria, una rápida comparación entre el sacrificio laboral de quienes trabajan en La Salada y la trayectoria laboral del propio Presidente (acostumbrado a los negocios corruptos con el Estado, como se demostró en el caso de la realización de cloacas en Morón) dejaría a Mauricio Macri –y no a los vendedores de La Salada– del lado de los ventajistas. Pero la capacidad de proyectar imágenes del presente asociadas a estigmas y prejuicios seguramente pueda más que el análisis de la realidad concreta.

Respecto de los piquetes, tampoco es una novedad que el gobierno trabaja en reforzar un sentido común que condena la protesta social. Es probable entonces que las imágenes de la represión en la avenida 9 de julio le hagan acumular al gobierno más votos de los que le puedan hacer perder. Pero también debe haber pensado lo mismo Eduardo Duhalde en junio de 2002, cuando ordenó la Masacre de Avellaneda. Lo que no previó el ex gobernador bonaerense es que la ecuación se revertiría. Cuando las abrumadoras evidencias testimoniales forzaron a los grandes medios masivos a retractarse respecto de las versiones falsas sobre las muertes de Kosteki y Santillán, la gran mayoría de la sociedad pasó a condenar la brutalidad policial, y a sentir –sino empatía– al menos contemplación respecto de la injusticia cometida contra esos jóvenes piqueteros; Duhalde terminó adelantando las elecciones y su legitimidad se desplomó.

Los casos de decomisos de droga sí aparecen como un punto que llama positivamente la atención en la agenda del gobierno actual, aunque no queda claro si se trata de una estrategia penal o comunicacional. Es decir, la construcción del ‘otro peligroso’ y de la ‘otra peligrosa’que lleva adelante el gobierno pareciera demostrar que, antes que impedir el flujo de droga, la preocupación pasa por estigmatizar a determinados territorios (como las villas de emergencia) y a determinados sujetos (migrantes, jóvenes).

De otra forma, no se explica por qué no caen presos ni son víctimas de mega operativos policiales televisados los jefes de las bandas de narcotraficantes que anidan en los barrios privados o sus cómplices en la justicia. Cualquier estudio serio sobre la actualidad del narcotráfico, como los de Carlos Del Frade, muestra que se trata de un crimen organizado incapaz de desplegarse sin la complicidad política, policial y judicial. Es decir que, si bien es evidente que las redes narco cuentan con elementos en barrios populares, centrar allí el problema es cortar el hilo por lo más delgado.

En la misma línea se pueden entender otras medidas recientes del gobierno, como la quita de pensiones por invalidez, o la baja en pensiones por viudez y en subsidios del plan PROGRESAR. Ante esta ofensiva de la gestión estatal por controlar y reducir el destino de sus fondos, cabe hacerse algunas preguntas: ¿Piensa el macrismo que revertirá el déficit fiscal –que creció respecto del año anterior– recuperando migajas de alguna que otra pensión mal asignada? ¿Es tan ingenuo el gobierno, que cree que saneará la economía revirtiendo microfugas de este tenor, que para la envergadura de un presupuesto nacional son ínfimas?

Es probable que la respuesta sea no. Se podría pensar, por caso, que sería más eficaz para sanear las cuentas públicas volver a gravar con impuestos a la actividad minera. Vale recordar que apenas asumió, Macri las eximió de impuestos. Lejos de cumplir con el acuerdo de aumentar el volumen de trabajo, la actividad minera desde entonces redujo en 5 mil sus puestos, según los datos del SIPA que difunde el Ministerio de Trabajo. La pregunta es entonces por qué el gobierno lleva a cabo estas medidas.

Al igual que con los/as vendedores/as de La Salada, estas medidas parecen tener por objetivo reforzar la construcción de estereotipos y estigmas de sujetos/as advenedizos/as, ventajistas y corruptos/as, a los/as cuales hay que combatir, para contraponerlos/as a una supuesta ‘mayoría silenciosa’ que trabajaba honestamente. Movilizar expectativas sociales bajo dicho esquema binario sí parece una buena estrategia de campaña para el gobierno.

Así, ancianas que se hacen pasar por viudas para cobrar pensiones en modo indebido, jóvenes beneficiarios del plan PROGRESAR que no habrían aprobado la cantidad de materias que el subsidio exige como contraprestación, y falsos discapacitados que cobran pensiones por invalidez, serían las imágenes arquetípicas de la ‘viveza criolla’ mal entendida, la cual el gobierno propone combatir.

Ni las grandes multinacionales evasoras, como el HSBC, ni los poderosos miembros de la Sociedad Rural con denuncias de trabajadores en situación de esclavitud, como Luis Etchevehere, ni las corporaciones que incrementan a pasos agigantados sus condiciones monopólicas, como se desprende de la nueva fusión entre Telecom (Fintech) y Cablevisión Holding (Clarín); por el contrario, el enemigo es el ciudadano y la ciudadana individual, de sectores vulnerables, que buscaría sacar ‘microventajas’ del Estado. Al respecto, el presidente Macri dijo en mayo de este año: “Estamos pasando de la Argentina del ‘atajo’ a la del trabajo”.

Apátrida es el otro

Pero si Mauricio Macri puede desplegar un conjunto de políticas destinadas a construir estereotipos de ‘ventajistas silvestres’ es porque se monta sobre un sentido común que se lo permite. La construcción de ese sentido común no puede achacársele únicamente al macrismo, porque lo precede.

En esta misma columna hemos insistido con una idea que sostiene el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera: el ciclo progresista en América Latina mejoró las condiciones materiales de importantes sectores de la población, que sin embargo no se politizaron críticamente en forma equivalente, lo que generó nuevas capas de consumidores/as de perfil ideológico conservador.

Claro que de ese resultado es responsable cada gobierno de turno, así también como los grupos de poder, la élites, los movimientos sociales, y todos los que compulsan por una cuota de poder social y político en el espacio público. Sin embargo, el sociólogo francés Pierre Bourdieu sostuvo que es el Estado el que detenta el poder de nominación, de manera tal que es también productor de las categorías sociales; esto le confiere al Estado una responsabilidad particular en la construcción de categorías, más aún cuando éstas refuerzan estereotipos negativos.

Aunque actualmente pueda ser ‘rentable’ en cuanto al otorgamiento de votos, reproducir una división binaria entre un ‘nosotros honesto’ y un ‘otro ventajista’ es repudiable, sobre todo cuando se asocia a éste último a los sectores más castigados por las políticas económicas, como las y los jubilados y las y los desocupados.

Ni qué decir de las y los jóvenes: el director de la consultora Adecco Argentina, Francisco Martínez, informó el mes pasado que el país registra un nivel de desempleo juvenil más alto que el de la media regional, y con tendencia creciente.

Quizás pedirle a una gestión de gobierno que confronte en modo directo con el sentido común de las mayorías en tiempos de campaña electoral pueda resultar ingenuo. Pero acumular votos exacerbando los aspectos más negativos del sentido común de la sociedad conlleva el riesgo de debilitar el tejido social. El gobierno debería sopesar este riesgo, tanto por la responsabilidad que le confiere estar a cargo de la primera magistratura, como por la necesaria convivencia democrática que es su responsabilidad garantizar.

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En dos días cierra la inscripción de las alianzas electorales. Casi todos los espacios políticos aún no definieron si irán a internas y cruzan fuertes acusaciones entre sí. Qué se juega cada espacio, y cómo esto representa las demandas actuales.

En apenas horas se terminará de develar el primer gran misterio en relación a la instancia electoral de este año: de qué modo se conforman las alianzas políticas para disputar las legislativas y si habrá o no internas en cada espacio. Restará esperar unos diez días más aún para conocer el segundo gran misterio: los nombres de las y los candidatos.

Si bien todos los espacios políticos fueron mostrando algunas cartas, midiendo candidatas/os y sugiriendo alianzas, lo cierto es que absolutamente nada parece estar definido a dos días del cierre de las listas.

No Cambiemos la polarización

La alianza Cambiemos tiene frente a sí un dilema político: la aritmética le indica que casi en cualquier escenario mejorará su presencia legislativa. Resulta que las y los legisladores que renuevan sus bancas en esta elección pertenecen en su mayoría al Frente para la Victoria y al Frente Renovador, por lo que es esperable que cualquier performance del partido de gobierno lo deje mejor parado aún en cuanto a bancas.

No obstante, el propio gobierno sabe que la política no es solo aritmética, y que una derrota electoral –aún si lograra aumentar sus bancas-, implicaría un serio golpe en cuanto a la legitimidad del presidente. Claro que de todos modos una derrota de Macri tampoco puede asegurar una clausura de las proyecciones de Cambiemos allende 2017.

En la historia reciente de nuestro país hemos presenciado partidos gobernantes que, habiendo perdido las primeras legislativas que enfrentaron, luego perdieron la subsiguiente batalla electoral ejecutiva, como ocurrió durante la segunda presidencia de Menem; o como en el caso de la Alianza, que siquiera pudo terminar su mandato. Pero también hay antecedentes, como el del FpV, que perdió las legislativas de 2009 en la provincia de Buenos Aires (el distrito más importante), y no obstante logró la reelección dos años después.

Esto sugiere que ni la derrota del oficialismo en estas elecciones asegura el certificado de defunción para Cambiemos, ni un triunfo en ellas garantiza la consolidación de una hegemonía duradera. Por todo esto, desde el gobierno saben que la aritmética y la política se deben conjugar de la mejor manera en esta contienda, pero también en los dos años restantes.

Posiblemente un buen desempeño electoral permita renovar los aires en Casa Rosada y avanzar con los puntos relegados del ajuste implementado desde diciembre de 2015. Lo que no se le puede negar al gobierno es que, aún después de dos años a cargo de la primera magistratura, tenga reparos en trasparentar planes de mayor contracción de derechos y beneficios una vez traspasada la elección: el pedido del ejecutivo para que el programa Fútbol para todos continúe hasta pasado el 22 de octubre de este año, lo demuestra claramente.

¿Que florezcan mil Florencios?

En los campos del peronismo y del kirchnerismo se juegan varios elementos. Claramente la insistencia de Florencio Randazzo por ir a unas primarias con otros candidatos del PJ o del FpV no tiene tanto que ver con los resultados de esta contienda, sino con una estrategia de largo aliento con miras a las ejecutivas de 2019.

De otro modo no se entiende como Randazzo, que rechazó ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires por considerarlo un puesto menor, ahora quiera ejercer el cargo de Senador nacional. Es evidente que la idea del chivilcoyano es mostrarse como la renovación del postkirchnerismo, calibrando en modo ecuánime dos estilos enfrentados: el del ‘vamos a volver’ y el del ‘cambio’. Al reconocer a CFK como una estadista importante, pero no como la líder natural actual del espacio panperonista, el randazzismo polariza con el ala kirchnerista que sí se encolumna de plano tras la imagen de Cristina.

En las próximas 48 horas se resolverá seguramente si este espacio habilita las internas, si termina consensuando una lista de unidad, o si se le niega la interna al ex ministro del Interior y Transporte. Lo más llamativo sería que este escenario no se dirima por la capacidad de síntesis de sus referentes, sino por la vía judicial. En realidad, que el kirchnerismo le niegue las primarias al randazzismo -y que éste tenga que acudir a la justicia-, no sería tan dramático como que quien termine por dirimir esa disputa sea el juez Juan Manuel Culotta: egresado del colegio Cardenal Newman, con vínculos con Mauricio Macri demostrados por la periodista de Página/12 Irina Hauser, y quien por presión del presidente se encuentra actualmente a cargo del juzgado electoral Nº 1 de La Plata.

En suma, mientras Randazzo mide sus perspectivas presidenciales a futuro, la que más parecería tener para perder en esta instancia es CFK. Más allá de las abrumadoras denuncias de corrupción que pesan en su contra, y que deberán despejarse en el plano judicial, los registros históricos hasta este año indican que dejó su cargo de gobierno con la mayoría de los indicadores macroeconómicos saneados y con una plaza de mayo desbordante de seguidores/as. Es por eso que un traspié electoral en este año, puede significar un retroceso tanto para sus hipotéticas aspiraciones a futuro, como para la imagen que aún perdura de su pasado en la gestión en importantes capas de la población.

El Frente Renovador

A partir del protagonismo de dos mujeres, Margarita Stolbizer y Victoria Donda, el espacio que lidera Sergio Massa tiene por delante el desafío de revalidar su condición de potencial ‘tercera vía’. Si fuese cierto que la sociedad está harta de la llamada ‘grieta’, y contemplando que la estrategia de Cambiemos es profundizarla aún más de cara a los comicios, entonces el buen desempeño de Massa debería estar asegurado; pero nada indica que las y los argentinos estemos deseosos de tomar ‘anchas avenidas del medio’, si es que existieran y, más aún, si es que el ex intendente de Tigre genuinamente las representara.

La actitud de su bancada respecto de los proyectos de ley del oficialismo, salvo honrosas excepciones, siempre estuvo más cerca del seguidismo a la política de Macri que de la oposición frontal.

La incorporación de la titular del GEN a este espacio apunta a refrescar en clave moralista un armado que nunca gozó de excelente salud en cuanto a sus fuentes de financiamiento, y a sus vínculos con los poderes concentrados, inclusive foráneos: fue el Argenleaks de Santiago O`Donnel el que reveló la promiscuidad de los diálogos de Massa con la embajada de los Estados Unidos.

Así entonces como Cambiemos se asegura la apelación a la reserva moral anticorrupción construida en torno a la imagen de Elisa Carrió, lo mismo intenta hacer el Frente Renovador poniendo en primer plano a la segunda dirigente política más cortejada por los grandes medios de comunicación.

Por otra parte, con la incorporación al Frente Renovador de Libres del Sur, este grupo deja su pasado guevarista para pasar a jugar en las grandes ligas de los partidos con dos dígitos de intención de votos, seguramente a partir de un acuerdo electoral que le deje grandes chances de incrementar cargos y asesores.

Que se doble pero que no se rompa

Casi todos los actores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) coinciden en que una ruptura de este espacio significaría un suicidio político. Es innegable que, al menos en el plano electoral, el FIT es la principal referencia de izquierda en nuestro país. Sin embargo, para cualquiera que siga aunque desde lejos sus debates, también es claro que las fuerzas que lo integran no ahorran en descalificativos entre sí, muchas veces protagonizando escaladas casi infinitas de acusaciones cruzadas.

La principal disputa actual en relación con la elección viene a cuenta de la posibilidad o no de que haya internas en el FIT, posición sostenida por el PTS. Mientras tanto, el Partido Obrero e Izquierda Socialista rechazan ir a internas y proponen armar una lista de unidad. Desde luego entonces que el orden de los y las candidatas en la hipotética lista de unidad es el principal debate irresuelto en el FIT.

Algunos sondeos presentados en esta misma columna semanas atrás, le auguraban al FIT un buen desempeño en estas elecciones, sobre todo en Capital Federal, Mendoza y Buenos Aires. Si bien es claro que estos grupos apuestan a acumular votos a partir de su referencia general de izquierda pura, también es probable que su faena electoral dependa de quién encabece los listados. Algunas figuras del FIT, como la abogada de Derechos Humanos Myriam Bregman, parecen estar interpretando un mejorado libreto al momento de comunicar sus propuestas. Esto la coloca a Bregman como una de las figuras más convocantes de este Frente, al menos en el plano metropolitano de Buenos Aires.

Pero la vocación de cada partido por colocar a sus propias figuras evidentemente no cede lugar a este tipo de valoraciones. Es así que durante las últimas horas la amenaza de una ‘ruptura del FIT’ en caso de no llegar a un acuerdo por el orden en las listas, estuvo en boca de todos. Es por esta reciente situación que el FIT se juega mucho entonces en esta elección. El desmembramiento del espacio sería una mala señal ante el electorado, aunque la no renovación de sus figuras también podría serlo. En definitiva, solo los tres partidos integrantes de este Frente sabrán hasta donde tensar los acuerdos en función de evitar o no la ruptura.

Escuchando (parcialmente) a la sociedad

Más allá de que hubo algunas fuerzas que plantearon ejes programáticos en estos meses (bajar los precios, en los casos de Massa y CFK), o reducir la jornada laboral (en el caso del PTS), todos los espacios electorales de envergadura parecen estar jaqueados por las disputas personalistas y hacer campaña desde mensajes vacíos de contenido. Así, las candidaturas personales se anteponen al debate de ideas; pero antes que condenar ideológicamente esta realidad, se podría pensar que tal vez responde a una demanda genuina de la sociedad actual.

Lo que no parece responder a demanda alguna de la sociedad, es el nivel de fragmentación y de hostilidad interna que al menos las fuerzas opositoras muestran. Si uno observa las opiniones de las personas no organizadas, tanto de simpatizantes del kirchnerismo como de la izquierda, parece oírse un clamor por que se dejen de lado los internismos y las pretensiones personales, y que se anteponga a ello la unidad necesaria para enfrentar al gobierno.

En los próximos días restará ver, no solamente si existen o no internas en estos espacios, sino también en qué términos se dan esas internas: si se trata de un debate fraterno de ideas, o si se pasa a un grado de hostilidades en donde la confrontación con el gobierno termine por quedar en segundo plano. Este enigma será develado durante la campaña y allí sabremos si los partidos hacen oídos sordos –o no-, a lo que dicta la calle.

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Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, el gobierno tuvo que retrotraer varias de sus medidas. ¿Qué elemento común hubo en todos esos casos? ¿Qué expresan y porqué tienen lugar esas derrotas parciales del ejecutivo?

Lo que dicta el andar del gobierno (y de la oposición)

Con todo este escenario, algunas preguntas y reflexiones se imponen. En primer lugar es evidente que el gobierno, una vez que da marcha atrás, pretender también capitalizar ese acto político, contraponiendo su actitud a la supuesta tozudez de su predecesora, Cristina Fernández.

No es una novedad que lejos de ‘unir a los argentinos’, Cambiemos ha asumido que su única chance de superar la prueba electoral de este año, es apostar nuevamente a la polarización con el kirchnerismo. Para eso, recrea un imaginario un tanto exagerado acerca de la terquedad que la gestión anterior de gobierno.

Así el reconocer supuestos errores busca ser capitalizado por el gobierno: ante la férrea política populista que negaría todo cuestionamiento, el ‘cambio’ implicaría también aprender de las equivocaciones propias.

No sabemos si en el electorado el impacto negativo por el descontento de las medidas que luego llevan a retracciones, es mayor que el posible sentido positivo que implicaría esta capacidad de ‘reconocer errores’. Probablemente las elecciones darán más material para subsanar este interrogante.

Pero hay otros elementos que sí es posible distinguir ahora mismo. Primero: que en absolutamente todos los casos en los cuales el gobierno dio marcha atrás, se trató de situaciones en las cuales Macri recibió críticas por parte de sus aliados de Cambiemos.

Debe notarse que todas las medidas que luego obligaron al presidente a dar marcha, habían sido cuestionadas por sectores de la UCR y/o de la Coalición Cívica, y principalmente por una figura insoslayable en la construcción de la hegemonía que representa Cambiemos: Elisa Carrió. El único caso que desmiente este argumento es el de la ley del 2×1, sobre la cual Carrió no se expresó explícitamente, pero sí la criticaron otros actores que son parte de Cambiemos.

Por otra parte, y como contrapartida que refuerza el argumento, se encuentra el caso de Milagro Salas: no hubo actores de Cambiemos, ni aliados, que hayan alzado su voz contra esta arbitraria detención. Es probable entonces que merecer el repudio de los organismos de derechos humanos más prestigiosos del mundo, no sea para Macri tan grave como recibir voces contrarias dentro de su propio espacio. Esto no es bueno ni malo en sí mismo, pero dennota una forma de construir hegemonía política.

Pero si se constata este escenario, entonces es necesario matizar el supuesto carácter conciliador y componedor que implicarían estas ‘marcha atrás’ del gobierno.

Lo que se observa en realidad, es que el gobierno no da marcha atrás cuando la oposición obstaculiza o critica una medida suya: lo hace cuando sus aliados se separan de su dirección política. Esto, en rigor, plantea un elemental dilema en la construcción de las alianzas.

Por otra parte, varios medios confirman que el gobierno nacional en cada uno de estos casos encargó encuestas de opinión para medir la repercusión de cada medida. Esos medios periodísticos confirman también que, respecto del fallo del 2×1, la proporción entre personas que repudiaban el fallo y quienes lo avalaban, era de 80 a 20 por ciento respectivamente.

No sabemos si Cambiemos cuenta con una encuesta de opinión que mida la simpatía respecto del encarcelamiento ilegítimo de Milagro Salas, pero cuesta creer que –con la enorme campaña de demonización mediática que recibió esta dirigente-, los guarismo sean en este caso tan favorables a cumplir con los reclamos de los sectores de derechos humanos.

Otro elemento que aparece en el análisis es el nivel o no de atomización en los reclamos. Tomando el ejemplo de los tarifazos, allí no hubo ninguna movilización masiva ni unificada para repudiarlos. Solamente ocurrieron protestas diseminadas territorialmente, y sin organizaciones que pudieran dirigirlas políticamente, ni unificar el reclamo.

Respecto del caso del 2×1, el ejemplo es diametralmente opuesto: los organismos históricos de derechos humanos se convirtieron rápidamente en el vector único e incuestionable para canalizar el descontento. Tanto así, que la enorme movilización del 10 de mayo contra el 2×1 reunió a sectores peronistas, kirchneristas, de izquierda trotskista e independiente, además de a referentes del Frente Renovador y la UCR.

Así, el sentido del reclamo expresó una legitimidad incuestionable, que desbordó de carácter partidario al reclamo. En este caso, fue la oposición la que, en los términos de Antonio Gramsci, logró una hegemonía transitoria en el reclamo: es decir, logró contener y volver legítima su política, inclusive para los grupos adversarios.

Por último, algo de todo esto también se explica en función de los acumulados sociales y políticos históricos que representa una sociedad. Es evidente que hoy el reclamo contra la impunidad a los genocidas de la última dictadura es un piso consolidado en la consciencia colectiva de nuestra sociedad.

Esto responde a varios motivos, que sería largo enumerar en este artículo. Pero la legitimidad histórica de los organismos de derechos humanos, las luchas incansables y sostenidas de cientos de organizaciones, movimientos y partidos por memoria verdad y justicia, sumadas indudablemente a una política de Estado tomada durante los últimos años que fortaleció el horizonte de justicia respecto de los delito de lesa humanidad, son algunos de los factores que permiten explicar este acumulado social.

Por ello, más allá de los designios de cada gobernante o de cada alianza en el poder, es evidente que será difícil retrotraerse de ciertos pisos de acuerdos democráticos que felizmente se han alcanzado.

No obstante, esta realidad muestra una contracara. La posibilidad de que el gobierno haya avanzado con los tarifazos siderales, también entonces podría alumbrar un déficit en cuanto a los niveles de acuerdos y de consciencias colectivas. La ilegítima prisión actual de Milagro Salas también alumbra un déficit al respecto.

Por otra parte, también este derrotero de medidas muestra que la apelación a la ‘independencia de la justicia’, es en el caso del gobierno apenas una excusa para explicar sus decisiones políticas. Si así fuera, ¿cómo se explicaría que el gobierno haya actuado de manera tan opuesta, tomando el fallo del 2×1 y el que condena a Milagro Salas, si en ambos casos se trató de decisiones de un poder independiente?

Lo que queda en claro es que el gobierno avanza decididamente sobre su programa político, económico y judicial. También es claro que necesita mantener su alianza con la UCR, con la CC y sobre todo con Elisa Carrió, en pos de llegar a las elecciones con chances de ganar. También es cierto que este gobierno es lo suficientemente flexible con su ideología, como para revertir parcialmente medidas tomadas, en caso que considere que eso le granjea simpatía social.

De parte de la oposición, el análisis muestra que la posibilidad de hacer retroceder al gobierno aumenta si el reclamo trasciende las fronteras de los grupos opositores, logrando permear a los aliados del gobierno. Por otra parte, y más allá de lograr dicha adhesión, también la oposición tiene mejores perspectivas para lograr sus demandas, cuando los reclamos son canalizados de manera unificada, con una dirección política clara y contundente. Lo acontecido con el repudio al fallo del 2×1 lo demuestra, al tiempo que recuerda la enorme vigencia de ciertas fronteras democráticas de nuestra sociedad.

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