Por Francisco Cantamutto / Fotos: ANRed

Entre los tantos aspectos que se discuten hoy en día en torno a la economía a nivel global está el problema de las deudas que, según el Instituto Internacional de Finanzas, triplican el PBI mundial. En particular, según lo revisó el FMI en un informe reciente, la deuda de los Estados alcanzó al PBI mundial. Esto significa que hay una gigantesca maquinaria funcionando que redistribuye la producción del mundo en favor de los acreedores.

Esto ha generado la interpretación de que la salida de la crisis de la pandemia va a arrastrar durante muchos años el problema de los pagos de la deuda. Aunque no se vea una cesación de pagos generalizada, y en la medida en que los Estados tengan que estar pagando los intereses y servicios de la deuda, van a contar con menos recursos para poder lidiar con las necesidades de invertir en garantizar los derechos de la población.

A nivel internacional, a lo largo de la pandemia, el FMI puso alrededor del 12% de su capacidad prestable a disposición para 87 países. En total, les prestó aproximadamente el doble de lo que puso a disposición para la Argentina de Cambiemos en el 2018. Ciertamente, no parece una gran cifra. Al mismo tiempo, ofreció alivio de deudas, es decir, condonación de deuda a 29 países muy pobres y endeudados. A esos países se les perdonó deuda por poco más de 700 millones de dólares, una cifra que no tiene ningún peso en la economía global.

¿Qué más hizo el FMI en la pandemia? Recientemente creo un fondo para financiar vacunas y algunos otros gastos ligados a la cuestión sanitaria. ¿Cuánto puso a disposición para este fondo? 50 mil millones de dólares, que es un poco menos que lo que le habilitó a la Argentina de Cambiemos en 2018. Además de esto, en coordinación con el Banco Mundial y el G20, creó una iniciativa de suspensión de los servicios de la deuda durante unos meses para generar el espacio fiscal a los Estados. 73 países del mundo podían entrar a esta iniciativa que fue prorrogada en varias ocasiones y actualmente está vigente hasta finales de este año.

De los 73 países, solamente 46 aceptaron entrar a la iniciativa ante la urgencia de dejar de pagar parte de estos fondos. ¿Por qué no todos aceptaron esta alternativa? Básicamente, porque no contemplaba al conjunto de los acreedores oficiales. Por ejemplo, no estaba coordinada la acción con China, que es el principal Estado prestamista a nivel mundial, pero tampoco contemplaba al funcionamiento del mercado financiero internacional. En la medida en que un país declaraba tener problemas financieros para pagar la deuda, las agencias de riesgo le bajaban la calificación y esto hacía que le resultara más caro tomar crédito en el mercado internacional. Es decir, a cualquier país de ingresos medianos llegar a declarar que tenía problemas financieros para entrar en esta iniciativa le podía crear más problemas que soluciones, de manera tal que muchos no recurrieron a esta iniciativa a pesar de necesitar aprovecharla.

Desde diferentes foros multilaterales y organismos se han planteado estas mismas críticas: la falta de contemplación de países de ingresos medios; la falta de un horizonte en la suspensión de servicios de un plazo largo que no sea prorrateado cada pocos meses; la falta de alivios reales de deuda para países fuera de un núcleo reducido de países pobres, pequeños y muy endeudados; la falta de consideración a los sobrecargos que se le imputan a los países por pedir prestado por encima de su cuota, algo que afecta en particular a la Argentina. El informe 2020 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la agencia de la ONU destinada al análisis de los procesos de desarrollo, ya aclaraba estas mismas críticas, sugiriendo la creación de una agencia calificadora de riesgo a nivel internacional.

En este marco general, la iniciativa más fuerte del FMI para lidiar con la pandemia fue la aprobación, en agosto, de la emisión de los Derechos Especiales de Giro, que vendría a ser la moneda de reserva del FMI, solventada por las monedas fuertes que garantizan el sistema financiero internacional.

La emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente a 650 mil millones de dólares, la más grande de la historia del Fondo, se repartió según la participación accionaria de los países que son parte del mismo. De esta manera, un grupo de 40 países desarrollados recibieron dos terceras partes de la emisión. Muchos de estos países ya habían hecho sus propias emisiones en dólares y en euros y no necesitaban de los derechos especiales de giro y así lo hicieron saber. Es decir, la mayor parte de este paquete fue a países que declaraban no necesitarlo. El restante tercio se repartió entre 150 países de ingresos medios, medios bajos y bajos, quienes sí estaban requiriendo gran parte de estos derechos. De manera que esta emisión para proveer liquidez no se destinó prioritariamente a aquellos países que más la necesitaban.

Entre esos países está la Argentina, que tiene el 0,67% del capital accionario del FMI y recibió una cuota de derechos especiales de giro equivalente a eso: cerca de 4.334 millones de dólares. Estos derechos que llegaron por una ventana en septiembre, y empezaron a irse por la otra ventana para pagarle al propio FMI. De hecho, en la misma semana en que Alberto Fernández hablaba de “deudicidio” ante la Asamblea General de Naciones Unidas, se le pagaba al FMI un primer vencimiento por unos 1.880 millones de dólares. Se prevén otros dos pagos más antes de fin de año, que consumirían prácticamente todo lo que resta de esos Derechos Especiales de Giro recibidos. A pesar de que el Fondo dice que los derechos especiales entregados pueden ser usados libremente, al mismo tiempo demanda cobrar, obligando a la Argentina a hacer un malabar contable para devolverle lo que recibió apenas días atrás.

En este marco de contradicciones, el presidente Alberto Fernández declaró en su discurso en la ONU la existencia de una suerte de “deudicidio”. A buena hora que se reconoce la situación que  está atravesando no solo la Argentina, sino un conjunto de países de todo el mundo. En esa idea de “deudicidio” se contienen varias más, que forman parte una discusión más amplia y generalizada: la necesidad de una agencia calificadora multilateral, la necesidad de contemplar los problemas de países de ingresos medios, de ampliar en plazos y alcances las iniciativas de suspensión de los pagos y de alivio de la deuda.

Al mismo tiempo, Alberto Fernández pidió que se tuvieran en cuenta los principios rectores aprobados en la propia ONU sobre la reestructuración de deudas soberanas. Estos ponen sobre la mesa la necesidad de contemplar los derechos humanos en la reestructuración, que sea compatible con la realización de nuestras condiciones de vida. En ese sentido, lo que hay presente es un llamado a reconstruir la institucionalidad vigente, de acuerdo al tono del discurso.

La última de las propuestas que hizo el Presidente tuvo que ver con considerar un posible canje de deuda por Acción Climática, algo que viene impulsando en distintos foros de manera sistemática la Argentina. Sobre esta última idea aún faltan precisiones, no solo en el discurso, sino en el debate general. En principio, aprovechando el acuerdo sobre la crisis climática vigente, el gobierno argentino estaría proponiendo realizar alguna especie de canje de los títulos de deuda o las acreencias en general por inversiones en materia de mitigación o adaptación al cambio climático.

En ese caso, los acreedores deberían aceptar financiar en parte estas inversiones, para lo cual algún tipo de prerrogativa estarían exigiendo. Quizás el antecedente más cercano para pensar este paralelo, según nos propuso la investigadora y docente Karina Forcinito, es las negociaciones que tuvieron lugar en lo que terminó siendo el Plan Brady. En esa oportunidad se les reconoció a los bonistas a valor nominal una deuda que tenía bajo valor real en el mercado y la posibilidad de ser canjeada por capital accionario en las privatizaciones. De todas maneras, sobre este aspecto faltan precisiones para elaborar.

Lo que es llamativo, que se mencionó en la Asamblea General de la ONU, tiene que ver con que no fue la Argentina sola quien se pronunció en relación a estos problemas. Al menos España, Colombia, Bolivia, Sri Lanka, México y Togo, son algunas de los países que se pronunciaron en favor de alguno de los aspectos señalados en el mismo discurso de Alberto Fernández, explicitando que se trata de un problema general el de la deuda. En un sentido semejante se expresó Antonio Guterres, Secretario General de la UNCTAD, en la 15ª apertura de sesiones del organismo. Concretamente, enfatizó la necesidad de redistribuir los DEG emitidos, ampliar las iniciativas de suspensión de pagos, así como los alivios de deuda, e involucrar a los acreedores privados en la solución.

Una alternativa que no ha sido explorada hasta el momento, al menos no en la diplomacia explícita, ha sido justamente reunirse con aquellos países que son deudores en el mundo y que requieren de soluciones coordinadas. La sola posibilidad de confluencia de países deudores es una amenaza fuerte que a  los acreedores en general no les resulta para nada gratificante. De hecho, en gran medida, este fue el resultado de las confluencias del consenso de Cartagena, del cual participó activamente Argentina durante la década de los 80. En aquel entonces, sin llegar a proponer un club de deudores, se propuso tener un marco común de negociación. Este solo hecho encendió todas las luces de alarma de los Estados y los acreedores privados, obligando o forzando a acelerar las tratativas antes que tener negociaciones coordinadas.

En aquel entonces, ese rol lo asumió el FMI bajo los preceptos de las ideas neoliberales, forzando a las reformas estructurales que conocimos. La idea de coordinar un club de países deudores, intercambiando información técnica, conocimientos, estrategias de negociación y, por qué no, la amenaza de cesación de pago coordinada, pondría a los acreedores realmente contra las cuerdas. Es una oportunidad única que la Argentina no está explorando.

La Argentina necesita enfatizar como estrategias de apalancamiento político tanto la cercanía con otros países deudores como la movilización social. Si la discusión queda reducida a un problema técnico, va a ser siempre bajo las reglas del Fondo y de los países acreedores. La movilización social podría ser una estrategia política de presión. Ese es un camino que debería, en lugar de denostarse, ponerse sobre la mesa de manera urgente, discutiendo la posibilidad de tener una quita con el Fondo, algo que no está prohibido en los estatutos y sobre lo cual no hay ningún privilegio real que pueda alegar el FMI.

No está de más insistir una vez más que la negociación de un nuevo acuerdo implica validar una operación ilegítima, cuestionada en su legalidad y en su carácter político. Por eso, desde la Autoconvocatoria con el Pago de la Deuda se insiste en que se detengan los pagos e investigue.

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Por Francisco Cantamutto

En el caso de nuestro país, el neoliberalismo vernáculo suele insistir con que se cobran demasiados impuestos, sin embargo si uno mira la presión tributaria total en Argentina no alcanza al 29%. Economías de ingresos medios y altos como as nucleadas en la OCDE muestran en cambio una presión total del 34,4%. Incluso Brasil, una economía vecina, tiene una presión total del 33%. Es decir, no se cobran demasiados impuestos.

Pero no solo esto. Además, los impuestos que se cobran son sumamente regresivos. Al peso central que tiene el IVA, debe reconocerse como se sabe, que lo paga tanto quien compra un paquete de fideos como un sache de leche. En cambio los impuestos a los ingresos personales en Argentina pagan la tasa máxima de 35% mientras que en países como los de Europa esta tasa oscila que entre 40 y el 55% pero lo que es más importante, en el caso del impuesto más progresivo al que apunta no son los sectores de la izquierda si no la heterodoxia progresista mundial como Thomas Piketty, Branko Milanovic o el Nobel Joseph Stiglitz, son impuestos que apuntan al patrimonio.

En ese sentido el impuesto que corresponde en la Argentina es el impuesto a bienes personales. Este impuesto venía recaudando cerca del 1,3% de los recursos tributarios totales. A partir de la reforma de 2016, en la ley ómnibus que incluyó el blanqueo, ese peso pasó a ser el 0,5% de los recursos tributarios totales, es decir, la nada misma. Entonces cuando se piensa en una redistribución progresiva, este impuesto que es el que realmente pesa, no tiene casi ningún tipo injerencia en la Argentina. Nuestro país carece además de un impuesto serio a la herencia.

Por si todo esto fuera poco, no puede dejar de señalarse que toda la recaudación se basa en la declaración de valores fiscales que no solamente que está subdeclarado y subregistrado de manera generalizada y esto es un dato conocido, sino que además los sectores de mayor poder adquisitivo poseen toda una ingeniería especializada en las formas de eludir y evadir impuestos,  para lo cual contratan costosos estudios jurídicos y contables que les permitan hacerlo dentro de los márgenes que la ley le permite.

El punto con la reducción hecha por Macri es importante porque no solamente entonces que la contribución extraordinaria ayude a paliar necesidades fiscales del momento ligadas a la pandemia, supone una reparación al mismo tiempo del enriquecimiento producido por la reducción de impuestos que hizo el gobierno de Cambiemos. Es decir, esta contribución recauda parte de lo que se les permitió acumular a estos sectores de altos ingresos durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos. En ese sentido más que una quita de lo ganado por el propio esfuerzo, sería una recomposición de lo donado por el poder político.

Es muy importante tener esto presente porque en la medida en que el gobierno de Cambiemos  quitó instrumentos de recaudación, no solo por la reducción de este impuesto, que como señalamos es pequeño, sino por rebajas en los derechos de exportación y otra serie de rebajas tributarias, facilitó el discurso que fomentó la toma de deuda para financiar el déficit. Ahora bien, esta misma deuda qué es emitida para financiar ese déficit generado en el no pago de impuestos, es el que luego los mismos sectores enriquecidos compran.

Esto quiere decir que en la misma medida en que no se recauda y se emite deuda para financiar esa falta de recaudación, esos bonos son comprados por los mismos que no pagaron los impuestos. Es decir, disponían de los recursos para poder pagar el impuesto.

Según datos del investigador Gustavo García Zanotti en base a información de AFIP, el 80% de las fortunas de las personas que pagarían el impuesto, se encuentran exterior y la mitad de ellos son títulos públicos, es decir, son bonos de deuda pública emitidos para financiar los impuestos que no pagaron. Solo el 1,5% de esas fortunas tiene que ver con acciones o titularidad de empresas, es decir, la idea de que este impuesto impediría un proceso de inversión no tiene nada que ver con la realidad concreta de los declarantes.

La desigualdad en la redistribución del ingreso en la Argentina se agrandó en los últimos años, tanto en el gobierno de Cambiemos como en el presente año de pandemia. De hecho, es el tercer país de América Latina donde más creció la desigualdad según datos dela CEPAL. Esto hace que este impuesto no solo sea una recomposición de lo donado por el gobierno anterior, sino además una necesaria medida para reducir la desigualdad qué es éticamente repudiable, pero además es macroeconómicamente insostenible. Los recursos que estos sectores logran atesorar por la vía de estas clases de exenciones fiscales, no son destinados a la producción sino al atesoramiento y la especulación, como prueba lo que ya señalamos de la compra de títulos de deuda pública.

En ese sentido esta contribución, según señaló el investigador Nicolás Dvoskin, lo que permitirían es retraer, quitar, recursos disponibles por parte de los más ricos para el atesoramiento, esto quiere decir, quitarían presión hacia los títulos públicos y las cotizaciones diversas del dólar. Es decir, podrían reducir la brecha cambiaria que ente momento tantos problemas está generando. La medida podría ayudar a generar mayor estabilidad macroeconómica.

Desde el ángulo de las críticas es certero lo apuntado por sectores de la izquierda, centralmente en dos ejes. Primero la insuficiencia de esta contribución que debería ser un impuesto estable y al mismo tiempo alcanzar a otros sectores como la banca o empresa que han estado generando ganancias durante esta etapa de la pandemia. Por él por el lado de los gastos, el centro de las críticas está en que  un cuarto de los recursos se van a destinar a la exploración y explotación de gas por la vía de IEASA, una empresa estatal, aunque el principal destinatario será YPF. En la medida en que YPF es una empresa con participación mayoritaria del Estado, esto significaría que a través del Estado se financiaría la exploración y explotación de gas. Pero el 49% restante del capital accionario, hay parte que cotiza en bolsa y que incluyen transacciones de, por ejemplo, el gigante Blackrock, que es el acreedor que más duro jugó en la negociación de la deuda.

Por otro lado en relación a la propia actividad a la cual se destina, el principal yacimiento que se está explotando ahora YPF es Vaca Muerta. En este sentido se estaría financiando intensificar la búsqueda de este tipo de yacimientos que se extraen a través de la técnica del fracking que ya se ha demostrado que es social y ecológicamente insostenible. Por si esto fuera poco, al destinar recursos a mantener y profundizar la extracción de gas en estos yacimientos, se incumplen los acuerdos firmados en París para la mitigación del cambio climático hacia una transición energética justa y equitativa.

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Por Francisco Cantamutto | Fotode Leo Crovetto

Como todo este agitado 2020, el cierre del año nos promete nuevamente tener un final para agarrarse de la silla. Esta semana llegó la primera visita formal del Fondo Monetario Internacional, tras un mes de acercamientos preliminares, para negociar con el gobierno de Alberto Fernández la posible nueva vía para resolver la deuda dejada por el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que tras haber tenido dificultades para pasar la reforma previsional, y no haber podido ni siquiera tratar la reforma laboral en diciembre de 2017, el programa del gobierno de Macri entró en problemas, los cuales se hicieron más evidentes a partir del anuncio del posible movimiento de la tasa de interés en EE.UU. A partir de abril de 2018 se generaron una serie de corridas bancarias y movimientos de crisis financiera que hicieron que el resto del mandato se cumpliera en medio de la turbulencia total del mercado cambiario y financiero, con fuerte impacto en la situación económica y social.

Todos los indicadores relevantes empeoraron: aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, caída del salario real, aumento del desempleo, pérdida de calidad del empleo e incluso caída de la actividad. Este es el saldo que nos dejó el gobierno de Macri, y el cual financió el acuerdo del Fondo que se firmó en un trámite exprés sin mandato administrativo, sin estudios de prefactibilidad del Banco Central y sin tratamiento del Congreso. Todos estos datos son relevantes porque hablan de la vulneración de los mecanismos de control democrático instituidos por la Constitución y las leyes correspondientes.

El préstamo, luego ampliado en septiembre de 2018, habilitó un acuerdo del tipo stand by de 57 mil millones de dólares, de los cuales se giraron unos 44 mil. Recordemos que tras las derrotas en las PASO de agosto de 2019, el FMI dejó de girar el dinero correspondiente por entender que ya no era viable. Sin embargo, durante todo ese período financió una corrida de capitales. Esto es relevante y quedó demostrado en el estudio que presentó en mayo el Banco Central. La deuda tomada y, en particular, la deuda tomada con el FMI, fue para financiar centralmente la fuga de capitales y el atesoramiento de un puñado de personas y empresas. Esto significa que el carácter de la deuda tomada con el FMI, en particular, vulnera el propio estatuto del Fondo, que señala que no se pueden financiar corridas cambiarias, además de haber prestado casi mil por ciento por encima de la cuota asignada a la Argentina para préstamos, y con las reticencias del staff técnico y los directores del board desde Europa. Claramente se trataba del apoyo desde EE.UU. al gobierno de Macri, tal como relevó en declaraciones recientes el flamante electo director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver Carone, apostaron  a un gobierno que perdió.

El financiamiento de la fuga de capitales dio por resultado una socialización de la deuda, cuyos beneficios fueron netamente privados. Vale señalar que el otro fundamento de la deuda tiene que ver con el déficit fiscal que tiene que afrontar el gobierno, originado por la desgravación fiscal a los más ricos. En el gobierno de Mauricio Macri se redujeron las retenciones a las exportaciones, además de eliminar impuestos de bajo peso fiscal pero claramente indicativos del sesgo clasista, como la reducción de los aranceles a la importación de autos de alta gama. Con esta esta desgravación, los sectores poderosos se enriquecieron aún más y la cobertura de la diferencia fiscal pesó sobre todes nosotres.

Ese tipo de acuerdo stand by implicaba una vigilancia macroeconómica del FMI sobre el gobierno. Una vez que en septiembre de 2019 le soltó la mano a Macri, el Fondo expresó que la deuda heredada no era sostenible. A inicios de 2020 acompañó la negociación del gobierno argentino con los acreedores privados, a los cuales el FMI les pedía hacer algún tipo de recorte o concesión, si hacerse cargo ellos mismos de hacerlo.

Ahora viene la renegociación del acuerdo, cuyos vencimientos empiezan a pesar a partir del año que viene. Según las declaraciones del Ministro de Economía, Martín Guzmán, la idea sería pasar de un acuerdo stand by que dura de 1 a 3 años, a uno de facilidades extendidas, que dura de 4 a 10 años, en la misma lógica que la reestructuración con los acreedores privados. Esto libera el horizonte en el cortísimo plazo pero hace pesar la carga en los próximos mandatos presidenciales, y de ninguna manera cuestiona el carácter ilegal y fraudulento de las operaciones.

El pasaje a un acuerdo de facilidades extendidas implica, además del control macroeconómico y los pedidos de ajuste que ya están haciendo viables a través del Presupuesto 2021, el pedido de reformas estructurales puntuales. El primer puntapié parece ser el cambio de fórmula para el cálculo de los aumentos previsionales, lo cual anticipa que puede ser una línea de trabajo. Otra puede ser la reforma laboral. Mirando todo esto, y la actuación del Fondo en Ecuador, pareciera que además de este tipo de reformas se puede esperar un carácter aún más regresivo de la estructura tributaria, incluso reformando más profundamente el sistema previsional.

El FMI enfrenta su propia corresponsabilidad, tanto en la crisis que sufre Argentina como en la situación de crisis de deuda a nivel global que el propio Fondo reconoce. Sin embargo, para las periferias sigue avanzado en una agenda que tiene que ver con ajuste y reformas estructurales, mientras endulzan los oídos de los países acreedores hablando de reformas tributarias progresivas o la necesidad de mantener algún tipo de resguardo sobre la arquitectura financiera internacional.

En el curso de esta semana sabremos más sobre cuál es la agenda precisa del acuerdo que sigue. Es imposible dejar de señalar que el acuerdo del FMI con la Argentina tiene vicios de legitimidad desde el origen y puede calificarse perfectamente de deuda odiosa, tal como se registró en el foro de denuncias contra la deuda, organizado por la Autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y su auditoría.

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Por Agustín Bontempo, Francisco Cantamutto e Ignacio Marchini

El gobierno del Frente de Todos heredó una situación crítica, con un arrastre de al menos dos años de caída del nivel de actividad pero, sobre todo, de crisis en el frente externo. A desgano, y sin mucha convicción, los funcionarios del gobierno de Cambiemos tuvieron que aplicar distintos tipos de restricciones al acceso a divisas (lo que se conoce como controles de cambios) para poder contener lo que se convirtió en un fenómeno de brutal impacto: la fuga o atesoramiento de divisas. En la medida en que estos controles fueron impuestos por el gobierno anterior, las medidas tomadas la semana pasada deben leerse como un perfeccionamiento y no un “giro”, como plantearon algunos sectores de la prensa.

Esta intensificación se debió a que, en el contexto de esta crisis económica que ahora tiene escala mundial, la salida de divisas del país ha tenido cierta continuidad, y si bien se logró retrasar el pago de la deuda, la salida por importaciones y atesoramiento mantenían su curso. El gobierno decidió que al límite de 200 dólares mensuales por persona que estaba vigente, se lo combine no solamente con el ahorro sino también con las compras al exterior, por lo que quien haga una compra al exterior va descontando de ese saldo mensual. En el caso de exceder ese valor, se distribuye en los meses subsiguientes hasta cubrir el total.

Esta medida para contener la compra tiene que ver con una práctica que se había generalizado en los últimos meses de lo que se llamó los “coleros digitales”. Eso quiere decir que, en medio de una crisis que solo tiene paragón reciente con la del 2002, mes a mes más personas estaban comprando dólares (casi 5 millones de personas) para venderlas luego en el mercado ilegal, lo que se conoce como el “dólar blue”. Debido a la diferencia entre el blue y el oficial, mucha gente podía sacar hasta una diferencia de 6000 pesos por operación. Esto no aporta absolutamente nada a la economía nacional y permite generar unos ingresos basados en una operación de tipo financiera especulativa, la cual no es cuestionable para quienes intentan obtener algún rendimiento mínimo pero ciertamente desde el punto de vista macroeconómico carece de sentido.

Algunas personas que realizaban esta operación tenían ingresos declarados por niveles de pobreza o incluso indigencia, lo que demuestra que forman parte de un esquema piramidal donde alguien utilizaba su cuenta o subcontrataba la cuenta para comprar los 200 dólares y pagarle una parte de la comisión del rendimiento obtenido en el mercado ilegal. Para frenar esto, el gobierno incorporó, además de este límite más restrictivo, una nueva percepción adelantada de impuestos por un 35% que se suma al 30% del impuesto PAIS ya vigente. No es un nuevo impuesto sino que se trata de una percepción adelantada que quienes pagan monotributo, impuesto a las ganancias o impuesto a los bienes personales, lo ven descontado en el momento de tener que pagar estos impuestos. De esta manera, además, el fisco adelanta recaudación. Quienes no pagan ninguno de estos impuestos, se les devuelve este valor luego de transcurrido un período fiscal.

Esto sube el precio que se paga en el momento y achica la diferencia con el valor que se paga en el paralelo, con lo cual la diferencia por comprar en el oficial y vender en el ilegal es mínima y no justifica el esfuerzo, al retrasar la devolución de esta percepción adelantada.

El primer efecto de esto fue una incertidumbre grande, que obligó a bancos y a distintos actores del sistema económico a readecuar estrategias y pensar qué es lo que se venía. Sin embargo, tampoco la brecha con el dólar paralelo se incrementó tanto, era un efecto que, al menos desde el oficialismo, indican que era esperado. La lógica sería ahora reducir la cantidad de compras del sistema financiero. Al ritmo que venían comprándose las divisas por atesoramiento de personas humanas, esto hubiera significado una salida total de recursos de alrededor de 10 u 11 mil millones de dólares en todo el año. Esos fondos no estarían disponibles en el Banco Central, que cuenta con alrededor de 7 mil millones de dólares.

De no poner algún tipo de restricción, debería haber activado el SWAP con China que paga tasas bastante altas de alrededor del 7% o hacer lo que hizo en el 2016 Alfonso Prat Gay y generar una devaluación que adecuara el precio del dólar oficial respecto del paralelo, lo cual hubiera generado un impacto devaluatorio e inflacionario muy severo que hubiera generado un efecto aún peor. Las medidas puestas en marcha afectan a sectores medios con cierta capacidad de ahorro y políticamente puede tener cierto costo pero la alternativa devaluatoria era aún más costosa: generar una devaluación que impacta de lleno no solamente en estos sectores sino también en los más pobres.

La medida, en este sentido, es positiva y debe ser entendida para controlar un recurso escaso para la economía argentina que debe ser contenido y para comenzar a desmontar la idea de que todo el mundo tiene que poder comprar dólares, cuando esto es una ficción.

Bajo el esquema de restricciones actualmente operativo no. Con lo cual no necesariamente era el frente más peligroso. Las importaciones o los pagos de deuda, por ejemplo, generan salidas bastante contundentes en el corto y en el mediano plazo.

Ahora bien, aceptando que no se trata del problema central en este momento y con las restricciones actualmente vigentes, no puede dejar de señalarse que el atesoramiento a nivel general sí es un factor de salida de divisas sustancial. Argentina de manera sistemática genera excedente de divisas por la vía comercial que son filtrados por la vía del pago de intereses, pago de utilidades y atesoramiento, además de los déficits sectoriales en la balanza de servicios y en toda la industria de mediana y alta complejidad.

Frente a esto hay que señalar que la derecha ha montado una campaña de acoso sistemático que pretende establecer que la Argentina estaría yendo hacia una especie de “economía planificada”. Esto hay que ponerlo en cuestión de manera severa. Los controles de capitales en situaciones de riesgo e inestabilidad están siendo aceptados incluso por el staff del FMI. No se trata de ninguna manera de una medida radical o extrema y el oficialismo ha dejado en claro que los están aplicando ante una situación muy particular y no como una convicción política de mediano o largo plazo. Lo que ocurre es que detrás del imaginario del dólar en el país se entrelazan un montón de significados que aluden a las crisis y ayudan a que esta interpretación caótica se generalice.

Sin ser un caos, sí está claro que la Argentina sigue aplicando controles o restricciones sin ir a tocar los intereses de los grandes factores de poder. Si se querían eliminar los mecanismos de salida de divisas, bien se podría haber actuado sobre la cúpula de fugadores compuesta tanto por personas físicas como por personas jurídicas, cuyos datos están disponibles a partir de los informes del Banco Central. También se podría haber discutido el pago mismo de la deuda externa, en lugar de solamente patear para adelante los plazos; o se podrían haber aplicado controles más severos al comercio exterior para restringir importaciones que puedan considerarse suntuarias o innecesarias.

¿Y el impuesto a las grandes fortunas?

La semana pasada finalmente se inició el debate en el Congreso por el impuesto a las grandes fortunas. Este impuesto se puso en debate en el mes de abril con diferentes niveles de radicalidad, según sea la propuesta que mostraba el oficialismo o aquellas que venían impulsando diferentes organizaciones sociales y políticas.

El proyecto se viene a instalar en un país que durante los cuatro años de gestión macrista se fugaron alrededor de 90 mil millones dólares a manos de algunos sectores que incluso en pandemia han seguido ganando. Son Paolo Rocca, dueño de Techint, Alejandro Bulgheroni, dueño de Panamerican Energy, Gregorio Pérez Companc, dueño de Molinos Río de La Plata, Alberto Roemmers, dueño del laboratorio homónimo o el más mediático Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre.

Sería injusto atribuirle toda la fuga de capitales a estas personas, pero sí han acumulado riquezas a fuerza de favores mientras la mayoría de la población perdía su poder adquisitivo mes a mes, incluyendo aquellas millones de personas que se sumergían en la pobreza.

Si la crisis se agudiza y no hay dinero para costearla, con todo el escenario antes expuesto alguien debe pagarla. Y es allí donde se instala este impuesto o, como lo denominó el gobierno, “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

La propuesta, que hemos abordado en un artículo reciente, tiene diversas particularidades, pero en líneas generales alcanza a aquellas personas (y no a sus empresas) que posean bienes de por al menos 200 millones de pesos aquí o en el exterior, con una escala impositiva que aumenta mientras mayor sea la riqueza. Se supone que alcanzaría a más de 12 mil personas y pretende recaudar algo más de 3 mil millones de dólares, que estarán destinados a cubrir diversas necesidades: insumos para enfrentar la pandemia, viviendas, salarios y subsidios de pequeñas y medianas empresas, incentivos educativos y energía, entre otras.

¿Es este impuesto una punta de lanza?

La respuesta es incierta. La pandemia vino a profundizar la desigualdad que existe en nuestro país y a poner en valor real cuáles son los sectores realmente esenciales. En ese marco, este impuesto es una necesidad que debe ser empujada por el conjunto de la población para que se apruebe en el Congreso y así poder paliar un poco los efectos de la crisis actual.

Sin embargo, en sí mismo sólo puede ser un momento de nuestra historia o, desde otro enfoque, un hito. El debate sobre la acumulación de riquezas en unas pocas manos mientras la inmensa mayoría de la población, cada vez con más frecuencia, ve la distancia que hay entre sus salarios y el cumplimiento de sus necesidades, siendo la vivienda digna y propia una de sus mayores expresiones, nos convoca a la reflexión de que es necesario repensar todo el sistema impositivo argentino. No es posible que Paolo Rocca, con sus 8 mil millones de dólares, pague el mismo impuesto por un litro de leche que aquellas personas que viven de un IFE de 10 mil pesos mensuales.

Si el debate por este impuesto y su aprobación abren la posibilidad a una transformación estructural, podemos pensar en un país más igualitario. Para eso, por supuesto, es necesario el involucramiento de la sociedad para ir a la conquista de sus derechos.

También podés escuchar nuestro podcast, donde charlamos del tema. 

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Por Francisco Cantamutto | Foto de German Romeo Pena

Argentina continúa los acercamientos con los grandes fondos de inversión, principales acreedores privados del país bajo legislación extranjera. Organizados en tres grandes grupos, mostraron cierta rispidez con el gobierno argentino la semana anterior, como parte de una estrategia de confrontar para luego acercar. En esta nueva ronda de negociaciones, la cuarta desde que el Ministro de Economía, Martín Guzmán, lanzó la primera propuesta, se ha vuelto a flexibilizar la oferta oficial, acercándose aún más a lo que piden los acreedores: un Valor Presente Neto (VPN) por arriba de los 50 dólares cada 100 nominales, un 20% más que la primera oferta.

Este acercamiento no ha sido aún rubricado pero se realiza en el contexto de una Argentina que, habiendo pasado los plazos formales de pago del ultimo vencimiento, se encuentra en un default técnico que aún no ha generado mayores problemas porque, en tanto siguen las negociaciones, los acreedores aún no han pedido el adelanto de los pagos de los títulos en mora.

La tensión hay que situarla, además, en la continuidad de la crisis mundial; hace poco se hicieron públicos una serie de pronósticos bastante terribles sobre la economía global. Tanto las predicciones del Banco Mundial (BM) como del Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostican una caída muy severa de la actividad económica mundial para el 2020. El BM indica que, en 150 años de registro, es la primera vez que una crisis involucra a casi la totalidad de los países del mundo. Desde el punto de vista de la intensidad, se está hablando de la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial y una de las más graves de la historia, con la particularidad de ser la primera crisis cuyo detonante principal es una pandemia. En ese sentido, las perspectivas de recuperación para 2021 no son certeras porque nunca ocurrió que la economía capitalista moderna debiera recuperarse de una crisis disparada por una enfermedad mundial.

Es importante señalar que a los efectos de la interrupción del comercio y el desarmado de múltiples cadenas de valor, hay que agregar una caída de la inversión mundial que se estima del 40% para este año y posiblemente un 10% más el año que viene. Esto se debe a que, por un lado, las expectativas de negocios se ven interrumpidas y la incertidumbre hace que las empresas tiendan a quedarse las ganancias obtenidas, de por sí vulneradas por la crisis, en lugar de reinvertirlas.

Todo esto es relevante porque la oferta que está negociando en este momento el gobierno argentino puede resultar una guía para la reestructuración de deudas a nivel mundial. La situación es muy crítica, ya que los niveles de deuda respecto del PBI mundial alcanzaron el año pasado el 322%, siendo las deudas estatales bastante significativas. Esto, que reconocen los organismos multilaterales de crédito, ha generado la propuesta de suspender los pagos para destinar los fondos a afrontar la crisis económica y sanitaria.

Desde ya que esto no alcanza pero da cuenta de la situación crítica en la cual se está negociando. Si la Argentina no cierra un acuerdo con los acreedores privados, aun así podría seguir negociando en una situación de no ruptura, con pésimas condiciones. En caso de romper, esto significaría la posible degradación de deudas no solo de Argentina sino de países en una situación semejante, lo cual podría redundar en una caída de las cotizaciones de los fondos de los acreedores.

Todo lo anterior impacta sobre los términos concretos de la oferta argentina, tanto en la tasa de interés, como en los plazos de mora y las posibles quitas de capital. Largo se ha discutido la posibilidad de incluir lo que se conocen como “endulzantes”, ligados a aumentos del PBI o de las exportaciones. Pero en un mundo sumido en una crisis de duración incierta, donde se ha interrumpido el comercio internacional y la inversión mundial, resulta sospechoso que ésta puede ser la manera de recuperar la economía y lograr un acuerdo de pago sustentable.

La situación es muy delicada y se juega a contrarreloj. Entre otros resultados, llegar a un acuerdo con los acreedores podría conducir a profundizar el modelo extractivista con el fin de aumentar las exportaciones, estrechando los vínculos con el agronegocio y la megamineria, o disminuir las capacidades del gobierno en la toma de decisiones respecto de medidas económicas o políticas públicas.

La crisis ha profundizado múltiples necesidades sociales, a las cuales no se les podrían destinar recursos debido a estar asignados al pago de la deuda. Implicaría, además, desmontar las regulaciones de las cuentas externas que han permitido que la crisis no sea más severa, como los controles de capitales que han impedido que la fuga de divisas hacia el exterior fuera aún peor. Esto se midió durante la última semana por la vía de la calificación de riesgo, que mantuvo a la economía argentina como mercado emergente en lugar de rebajarla a economía de frontera. Son tecnicismos que expresan la presión que se ejerce sobre la soberanía argentina en la disputa por poder o no aplicar medidas que solucionen sus problemas sociales.

Aún no sabemos con certeza los términos de un posible acuerdo. En caso de lograrlo, vale señalar que esperan en la fila el FMI y el Club de Paris, con deudas importantes desde el punto de vista de los efectos sistémicos, mientras que nuestra economía aún necesita paliativos para no caer todavía más profundo. Desde este lugar, entendemos que, tal como propone la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, es necesario detener los pagos e iniciar una auditoria no solo contable y legal, sino integral. Con estos elementos se detendría la continuidad de este ilícito pero además se le podría dar una guía distinta al sistema económico mundial, poniendo sobre la mesa la importancia de los pactos internacionales firmados en defensa de los Derechos Humanos que, en el caso de Argentina, y a diferencia de los acuerdos económicos, tienen rasgo constitucional.

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Por Iván Barrera y Francisco Cantamutto

El contexto post Cambiemos presenta un panorama en el que la palabra crisis no resulta nada nuevo ni fundante. La economía al 10 de diciembre presentaba un decrecimiento sostenido de cuatro años, la moneda sistemáticamente devaluada y nulas posibilidades de acceso al crédito internacional a partir de una economía mega endeudada, pisando el default, por la emisión indiscriminada de bonos y el oneroso acuerdo con el FMI.  El gobierno encabezado por Alberto Fernández fue siempre claro con esta situación y puso como prioridad uno de la agenda del Ministro de Economía, Martín Guzmán, la renegociación de la deuda con bonistas y el FMI.

Sin embargo, a la crisis económica y social se le sumo la crisis global que trajo la pandemia del Covid-19. Es en este contexto de aislamiento social en el que Martín Guzmán se acerca a los tenedores de bonos con el objetivo de lograr un último acuerdo antes de llegar al default.

Luego de la conferencia de prensa del día jueves, el viernes, en el horario que cerraron los mercados centrales, se hizo pública la propuesta de canje de bonos del gobierno. La oferta está centrada en alrededor de un 20% de la deuda pública total, la que se debe a acreedores privados bajo legislación extranjera, es decir, el tramo de la deuda cuya disputa se resuelve en tribunales extranjeros. Este tramo es el más sensible. En caso de no lograr un arreglo, se somete su resolución a las decisiones del exterior y siempre está la posibilidad de que se aplique la ley del país donde se está juzgando y bajo los designios de un juez con intereses espurios o con interpretaciones que no tienen en cuenta las realidades de los países involucrados, como ocurrió con el famoso Thomas Griesa, durante el conflicto con los fondos buitres en el mandato de Cristina Fernández.

Este tramo de la deuda no incluye la que está bajo legislación nacional, es decir, que se resuelve en tribunales locales, no incluye la deuda con los organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial ni la deuda con otros Estados o grupos de acreedores, como el Club de Paris. Esta deuda se arrastra desde la dictadura, fue renegociada por Kicillof en el 2014 y, debido a la falta de pagos en la gestión Macri, aumentó la tasa de interés a niveles impagables. La propuesta de canje realizada por Guzmán se trata de 21 bonos. 17 de ellos fueron emitidos durante los últimos 4 años y 2 están ligados al canje de deuda del 2005. La oferta es que estos bonos sean reestructurados por otros 10 nuevos, la mitad con legislación en sede de Nueva York y la otra mitad en Londres. Están denominados en euros y en dólares, es decir que no solo se resuelven en el exterior, sino que se pagan en moneda extranjera, con tasas de interés bastante por debajo de lo que se venían pagando, la mayoría de ellos arrancando en 0,5% o 0,6% y aumentando paulatinamente hasta alcanzar un máximo de 4,5%. Como seguramente se coloquen por debajo del valor nominal, esto hace que la tasa real sea motivo de discusión y no los sabremos con certeza hasta conocer la oferta final.

Estos bonos incluyen distintos intereses según los tramos de vencimiento. Todos tienen en común que se dejan de pagar durante 3 años, es decir, se empezarían a pagar cuando esté finalizando el mandato actual de Alberto Fernández y durante los siguientes 3 años tienen una carga baja de paga. La quita fuerte aplica sobre los intereses y no hay quita fuerte en el monto total de capital, con algunos donde directamente no hay quita.

El problema es que del otro lado del mostrador existen acreedores que incluyen fondos de inversión, algunos de ellos que se los puede caracterizar claramente de “buitres”, como son Black Rock, Templeton o Greylock, viejos conocidos de la Argentina , que manejan activos que superan, combinadas entre sí, más de 30 PBI de nuestro país. Por supuesto, este peso lo han hecho sentir en la negociación y, según dijo Alejandro Bercovich, han tenido conversaciones con el ministro Guzmán antes de que se haga pública la propuesta, donde señalaban que estaban en condiciones de esperar que haya otro gobierno afín a sus intereses o incluso sacar al Ministro de Economía en caso de que no les gustara la propuesta. Algún negociador de los fondos llegó a decir que “hacía falta mayor sacrificio”.

En este marco, la negociación de la deuda dejó claro que al menos 3 grandes grupos de acreedores dijeron no estar dispuestos a aceptar esta oferta, a pesar de lo tibio del recorte en el capital y las distintas combinaciones plausibles. Cabe destacar que todos los fondos que estuvieron negociando los bonos en estos últimos días ganarían por el lado del valor actual, es decir, se los pagarían por encima de lo que valen en el mercado. Esto motivó que la primera reacción sea una suba en el valor de los bonos porque se los está tomando a un valor mayor al que estaban cotizando.

Más allá de la discusión sobre la quita total real que deberá contarse al final, aquí vale señalar que se le está otorgando a los fondos de inversión, en un contexto de crisis generalizada, la garantía de que van a cobrar estos bonos de alta probabilidad de impago, aun cuando sea una mora de tres años debido a la magnitud de la crisis que es mundial y la ola de quiebras que se está esperando, no deja de ser un seguro de cobro bastante interesante que revaloriza sus carteras. Claro que si del otro lado siempre van a exigir más de los que deben, de lo que es posible, era de esperar que se fueran a negar a cualquier tipo de oferta, incluso cuando sea una que no les exija una pérdida de capital relevante o significativa.

El apoyo del FMI no debe leerse solo como una nueva lavada de cara del organismo, sino como un interés real de reestructurar una deuda como ejemplo para prevenir otras cesaciones de pagos de otros países altamente endeudados. En ese sentido, la negociación de Argentina podría hacer ceñir en el mundo para ofrecer vías de salida para resolver una crisis que de otra manera sería de una magnitud aún superior.

¿Por qué entonces el gobierno hizo esta oferta, en este contexto de crisis global, con un salvataje que da garantías a los fondos especuladores? Una de las razones tiene que ver con mantener el programa como si la crisis no hubiera ocurrido, algo que se puede deslizar de las palabras del ministro Guzmán que dice que “la oferta es la misma que antes del estallido de la crisis”. Por otro lado, también puede pensarse que, previendo que los fondos buitres no vayan a aceptar en cualquier situación, el gobierno vaya al default pero habiendo demostrado la intención de pago con el apoyo de la comunidad internacional y del FMI, lo cual haría una cesación de pagos muy distinta a la del 2001. ¿Qué significaría esto para nuestro país? No demasiados cambios, es un poco lo que estamos viviendo ahora y es lo que declaró el ministro Guzmán en El Cohete a la luna el pasado domingo también. La situación de falta de acceso a dólares es exactamente la misma que la que estamos viviendo ahora.

Se vienen 20 días de negociación de los bonos que van a ser muy duros en materia de amenazas, desinformación y tergiversaciones de manos de la prensa amiga y los propios fondos que tienen control no solo de la economía sino de gran parte del aparato mediático. Ante ello, debe señalarse que el gobierno está proponiendo un ahorro fiscal de la mano de regularizar una deuda de dudosa legitimidad. Algunas organizaciones seguimos entendiendo que es necesario paralizar el pago de la deuda en este momento para poder auditarla.

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Por Francisco Cantamutto / Fotos Silvina Salinas

Día tras día aparecen nuevos informes que indican una situación de creciente vulnerabilidad, contrarias a las noticias que hace un mes atrás pretendían que se trataba de un problema menor que no requería medidas, cambio que ha forzado que incluso líderes que se oponían a actuar, como Boris Johnson en Gran Bretaña, retrotraigan sus dichos y avancen en medidas que profundizan la crisis económica.

El bloqueo del comercio internacional para evitar el flujo de contagios se replica hacia dentro de los países. El transporte limitado y el cierre de puestos de trabajo generó una fuerte parálisis en la economía mundial, donde las estimaciones cambian semana a semana pero todo indica que va a ser la peor caída de la actividad económica mundial desde la crisis del 30, con una pérdida masiva de puestos de trabajo. Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), cerca de 25 millones de personas perderían su empleo. Para América Latina y El Caribe, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) estimó que alrededor uno de cada tres personas de nuestra región vamos a estar en la pobreza. Esto va de la mano de la precarización del trabajo y una serie de medidas que los distintos gobiernos están tratando de tomar para contener la crisis de distinta manera.

Pesan sobre ellas diferentes condiciones estructurales, según el país. No es lo mismo aquellos donde el Estado aún mantenía ciertas capacidades de previsión social que hacen que, ante esta situación, puedan llegar económicamente a las personas que dejan de trabajar o que cuentan con sistemas de salud mejor preparados para la pandemia. Aquellos países más afectados por las políticas neoliberales, como España o Italia que, tras la crisis del 2008 y el ajuste de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) han sufrido más los efectos de la enfermedad.

Estas condiciones estructurales e históricas se conjugan con las voluntades políticas de los gobiernos. Por caso, tanto en Estados Unidos como en el más cercano Brasil, el interés por precarizar el trabajo a futuro obliga a sostener la lógica de asistencia a los puestos trabajos, incluso en este escenario. Al no tener el amparo del seguro social ante la posibilidad de enfermarse, aumenta el número de infecciones que a su vez produce que la gente no pueda asistir al trabajo debido a la enfermedad en sí. Una cadena que no tiene ningún sentido, salvo sostener la explotación capitalista a costa de sangre y muertes de quienes vivimos del trabajo asalariado.

En este contexto caótico, es importante señalar no solamente los determinantes estructurales sino el hecho de que la crisis estaba gestada antes de la aparición del coronavirus. La retracción del comercio, la ralentización del crecimiento mundial y la disminución de los flujos de capitales eran algo que venía ocurriendo desde hace unos años a esta parte. El estallido lo aceleró. De hecho, más de 70 mil millones de dólares salieron de los países llamados “emergentes” en los primeros tres meses del año. Esta salida masiva de los países de la periferia produce una desestabilización de las economías, en general muy abiertas por las propias lógicas de las políticas neoliberales, lo cual produce, al mismo tiempo, una mayor precariedad y caída del producto bruto. Esto hace prever que va a haber una fuerte seguidilla de crisis de deudas soberanas, no solo en la periferia sino en los países centrales, lo cual probablemente venga acompañado de una crisis de pagos, incluso en las empresas.

De 2008 a esta parte, por las políticas de relajamiento monetario que hicieron que las tasas de interés fueran muy bajas, las grandes empresas tomaron masivamente deuda para especular en mercados secundarios en la recompra de sus propias acciones u de otras, algo que se conoce como financiarización. Con la retracción de los capitales y los flujos negativos, lo que puede pasar es que haya una crisis generalizada tanto de deuda pública como de deuda privada. Sobre la primera, se han expresado actores como el FMI, recomendando condonar deudas de los países muy pobres, o el Papa Francisco, que recientemente habló de la necesidad de reestructurar las deudas. En el mismo sentido hablaron los líderes latinoamericanos del Grupo de Puebla que señalaron la necesidad de reestructurar por completo las deudas externas.

En este contexto es que la economía argentina, que venía de una profunda crisis legada de las medidas tomadas por el gobierno de Cambiemos, se enfrenta a una crisis de esta dimensión casi sin recursos. La inflación ha continuado su marcha con un repunte en marzo y la recesión que ya se preveía se va intensificar, no se sabe hasta qué punto. Con el paquete de medidas orientado sobre todo a sostener el empleo y llegar a la población más vulnerable a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el gobierno ha tratado de tener una política activa que emule lo que se ha hecho en otros países del mundo con políticas a favor de sostener la economía, en medio de una cerrazón producto de la cuarentena preventiva.

Cabe señalar que aun los fondos no han llegado a las personas más perjudicadas y deberían estar llegando esta misma semana, demorados por una serie de requisitos para inscribirse que han generado varias inconsistencias, como que personas que viven en un mismo grupo familiar o jubiladxs con la mínima o quien tenga un vehículo no demasiado viejo que utiliza para trabajar, no lo puedan cobrar. Se trata de, quizás, no lxs más perjudicados pero en una línea levemente superior, lo que genera situaciones tan específicas que hace que no sean alcanzadxs. En ese sentido, hubiera sido mejor, como proponen algunos expertos como Rubén Lo Vuolo o Corina Rodríguez Enríquez, un ingreso universal sin condición de empleo que hubiera llegado a todos lados con independencia de la condición de origen, eliminando con esto controles y recaudos.

Asimismo, los créditos a las Pymes para pagar salarios han sido bloqueados por los bancos, a los cuales no se les ha aplicado, hasta ahora, presión, en vistas a la renegociación de la deuda externa que sigue su curso, con la presentación de una propuesta para los bonistas el día de hoy. Toda la deuda pública con legislación local, salvo algunos bonos específicos, y en especial los que tiene el ANSES y el Banco Central, han sido reperfilados hasta finales de este año. Sobre los bonos extranjeros, es difícil predecir qué va a suceder, desarrollándose la negociación en un marco de incertidumbre muy fuerte. Con este panorama, el gobierno no quiere aun enfrentarse a los bancos y no tomó decisiones más fuertes sobre este sector, como forzarlos a ejecutar los créditos o, directamente, tomar parte de los fondos que no prestan.

El gobierno, además, emitió un decreto que impide los despidos, el cual ha sido vulnerado por una multitud de grandes multinacionales que nada tienen que ver con la crisis que pueden estar sufriendo las Pymes. Están aprovechando la situación para regimentar hacia abajo las condiciones de trabajo, sea reduciendo salarios a la mitad como hicieron varias cadenas alimenticias, despidiendo y recontratando bajo condiciones más precarias, o transformando el trabajo con formas más desreguladas como el teletrabajo, que no contempla los derechos vinculantes a la actividad. Es, de conjunto, un escenario inestable en el cual se están disputando, en este mismo momento, cuál va a ser el sentido de la salida.

Uno de los problemas centrales de la economía argentina antes del estallido de la pandemia y ligado al gobierno de Cambiemos es el crecimiento exponencial de la deuda pública en los últimos 4 años. No solo creció sino que cambió su composición, siendo ahora mayoritariamente en moneda extranjera y bajo legislación extranjera con acreedores privados. Estos puntos son significativos porque, a diferencia de la composición de la deuda durante el kirchnerismo, implican negociaciones distintas.

La deuda con vencimiento bajo legislación local fue prorrateada hasta finales de este año. Del total de la deuda bajo legislación extranjera, unos 68 mil millones de dólares fueron prestados por privados y el resto por organismos multilaterales de crédito. La negociación con los organismos todavía no es del todo clara pero no resulta urgente para Argentina. Sobre la negociación con los privados, el Ministro Guzmán presentó ayer una oferta que contiene una quita del 5,4% del capital y el 62% de los intereses, con 3 años de gracia para empezar a pagar.

En el contexto actual, donde los bonos cotizan a alrededor de un tercio de su valor, esta quita es bastante liviana y no implica un enfrentamiento con el capital. El hecho de prorratear los plazos de pago, lo cual Guzmán defendió desde el principio, es consistente con un escenario de crisis donde es poco previsible que se pueda pagar antes. Es una oferta muy amigable y aun así parece que no llegaron a un acuerdo con los acreedores. Esto, por supuesto, tiene que ver con que la mayoría son los famosos “fondos buitres” que tienen más del 35% de los bonos, lo cual les da poder de veto para bloquear cualquier oferta.

En un contexto de urgencia de recursos y la necesidad de resolver algunos problemas estructurales, la oferta realizada por el Ministro de Economía llama la atención, puesto que era la oportunidad para avanzar hacia un esquema más profundo de revisión de los términos del endeudamiento argentino. Si los bonistas efectivamente logran bloquear esta alternativa, va a ser más actual que nunca la discusión sobre detener los pagos de la deuda y proceder a una auditoria.

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Por Francisco Cantamutto | Foto de Reuters

Vale recordar que el mundo viene de más de una década de bajo crecimiento, bajo intercambio comercial y elevada financiarización que se expresa tanto en la creciente especulación sobre los precios de los bienes así como en las deudas de Estados y empresas, que se suman al endeudamiento de las familias que ya arrastraban desde antes. Esto se combina en una auténtica bomba de inestabilidad. De hecho, eso es lo que hizo el coronavirus. Hacer estallar una bomba que estaba apagada pero cada vez más cargada de pólvora.

El coronavirus y las medidas de cuarentena lo que hacen es quitar demanda de la economía, frenando la tasa de actividad. Este freno impacta aún más sobre aquellxs que no tienen trabajos estables sino que viven con lo que ganan en el día a día. En el caso de los países centrales esto incluye un montón de gente, siendo los y las migrantes particularmente vulnerables. En la periferia, como es nuestro caso, dependiendo del país, entre un 30 y hasta un 70 por ciento de las personas tienen trabajos informales sin relación de dependencia.

Estas personas deben optar entre sostener su economía o sostener su salud. El desguace del Estado de bienestar de las últimas décadas hace que todos los países estén menos preparados para hacer frente a la pandemia porque los sistemas de salud están más desmantelados, con menos camas y menos medicamentos y con trabajos más precarizados, por lo que no se logra mantener los ingresos sin ir a trabajar.

Fruto de esta caída de la demanda y de la necesidad previsible de moverse hacia activos seguros para protegerse de la caída, los precios internacionales de los bienes se están desplomando, tanto por la pérdida de demanda como por la fuga de los capitales especulativos que habían inflado sus precios y ahora se retiran a activos más seguros. Esto produjo el desplome de los precios de las commodities, por ejemplo, y, al mismo tiempo, el aumento de las tensiones entre los países que empiezan a cerrar sus fronteras y a competir por mercados. Estos dos fenómenos se conjugan en el caso del petróleo. Eso ha hecho que su precio cayera, produciendo una verdadera debacle en las economías mundiales.

Los distintos gobiernos del mundo se enfrentan a la necesidad de actuar para que los efectos de la crisis económica no excedan a los de la propia pandemia. Un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) habla de que se van a perder entre 5 y 25 millones de puestos de trabajo en el mundo, superando a la crisis del 2008. Por si fuera poco, la crisis se va a desarrollar en el marco de una prolongada recesión.

Las respuestas de los gobiernos de los países centrales atravesaron una primera fase ambigua con respuestas poco claras. En el caso de Estados Unidos, la respuesta fue bajar la tasa de interés, utilizando un mecanismo semejante al de la crisis de 2008, que resultó inefectivo para reactivar la economía y además sembró las bases de la crisis actual.

En los últimos días, los distintos países, entre los que se encuentran Italia, España, Francia, Alemania, Inglaterra y el propio Estados Unidos, han comenzado a lanzar paquetes con un contenido, si se quiere, más keynesiano, con el objetivo de tratar de aumentar la demanda que es lo que está alicaída, en vez de seguir sosteniendo rebajas monetarias. Esto implica aplazamientos en el pago de impuestos, moratorias en las deudas con los organismos oficiales, incentivos fiscales directos sobre algunos sectores productivos, el pago de asignaciones o beneficios tanto a quienes trabajan como a quienes no trabajan; todos mecanismos para mantener el poder adquisitivo y preservar los trabajos, de manera que cuando se pase la fase de aislamiento se pueda reactivar la economía. Que la economía mundial va a caer no hay dudas. La pregunta es cuánto.

La única certeza en este escenario es la incertidumbre absoluta sobre lo que se viene. No hay claridad sobre cómo se va a subsanar este elemento y el problema es que estas medidas para reactivar la demanda se enfrentan a este escenario desfavorable pero además a que en este momento la mayor parte de las producciones se estructuran a través de cadenas globales de valor en un contexto donde se están cerrando las fronteras. Esto quiere decir que puede llegar a crecer la demanda y que no encuentre oferta que la pueda abastecer.

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¿Qué pasa con Argentina?

Nuestro país viene de una crisis de estancamiento, inflación, caída de los salarios y mayor pobreza, producto de las medidas tomadas por la gestión anterior. El gobierno de Alberto Fernández, que estaba tratando de renegociar la deuda para poner en marcha un plan de reactivación, ha reaccionado con cierta celeridad a esta crisis. No solo respecto a las medidas preventivas del contagio, sino en relación al paquete económico que puso en marcha, semejante al descripto más arriba que se aplicó en todo el mundo, por un monto total de alrededor del 2% del PBI. Eso se encuentra en línea o por debajo de lo que han hecho otros Estados pero en nuestro caso no hay recursos debido a que no se ha resuelto el problema central del endeudamiento.

En este plano, el programa de reactivación que ha propuesto el gobierno tiene la idea de sostener los ingresos de la gente y para eso ha arreglado con empresas evitar los despidos a cambio de exenciones en moratorias para los pagos de impuestos y haberes de distinta clase. Ha generado un bono para quienes cobran las Asignaciones Universales por Hijo (AUH), jubilaciones y pensiones. Se pusieron precios máximos para 50 productos y se han dado ciertos alivios en relación con las deudas con el ANSES, extendiendo los plazos. Por otra parte, se pusieron en marcha los Programas de Recuperación Productiva (REPRO) y distintas medidas de impulso e incentivos para sostener la actividad. Una llamativa laguna es que no se imponga ningún aporte particular al paquete por parte del sistema financiero, que podría, por ejemplo, lanzar una moratoria o reducir la tasa de interés. Asimismo, éste sería el contexto adecuado para avanzar en la imposición tributaria sobre las grandes fortunas

El paquete de medidas que se ha dado a conocer pone en pausa el problema central de negociación de la deuda. Ante la reinante incertidumbre, los precios de los bonos de la Argentina se han desplomado y el Riesgo País ha superado la barrera de los 4000 puntos, lo que coloca al país en una situación de default ya que sería imposible financiarse con las tasas de interés actuales. Pero a diferencia de lo que ocurría hace unos meses atrás, esta situación ahora es mundial. Al volverse un problema global, nuestro país se encuentra con un escenario donde ni los grandes actores económicos saben cómo reaccionar.

Esto podría dar pie a que algunos fondos buitres aprovechen para comprar más bonos y especular y bloquear aún más la negociación pero a la vez reduce tanto el precio de los bonos argentinos que hace que quitas de capital de muy alto porcentaje sean necesarias para poder negociar. Si los bonos están cotizando por debajo del 30%, como ocurrió en el día de anteayer, esto significa que incluso con una quita del orden del 65 o 70% estos actores estarían obteniendo ganancias de capital. La estrategia de agresividad puede ganar lugar en este contexto.

Queda la duda si será suficiente este paquete de medidas para contener la situación de quienes viven de changas, con trabajos informales, y no necesariamente con el bono de 3000 mil pesos podrán sostenerse. El desmonte de las protecciones sociales hace que se distribuyan beneficios de modo segmentado. Por ejemplo, no está claro qué beneficio recibirá la población que trabaja precarizada como monotributista. A pesar del gran avance que fue la creación de la AUH, es muy difícil contener a estos sectores que se exponen día a día a condiciones ultra precarias de trabajo y a ser contagiados no solo por el coronavirus sino también por otras pandemias como la del dengue que está muy presente en la Argentina.

Qué pasará con este sector social no está claro, ya que las enormes restricciones a la movilidad producto de la cuarentena total ahondan este panorama. Al mismo tiempo, surge la duda de qué va a ocurrir con las tareas de cuidado en este escenario: si habrá un reparto más equilibrado de estas tareas no remuneradas entre varones y mujeres o nuevamente va a recaer sobre estas últimas, con todo lo que ello acarrea no solo con la exposición de la salud en cuanto al contagio sino en relación a la sobrecarga de tareas y las ansiedades y la posible depresión vinculada a los riesgos de esta actividad. Esto es parte de la discusión que una economía distinta tiene que poner sobre la mesa. La crisis del coronavirus no es que bloqueó un proceso positivo que venía dándose, sino que de hecho se monta sobre una serie de desigualdades e inequidades muy fuertes que la crisis exacerbó.

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Por Agustín Bontempo

La deuda externa argentina es una de las cargas más pesadas que cae sobre la población a lo largo de nuestra historia. Esta situación ha tenido vaivenes, con el colapso reciente que nos deja como herencia el gobierno de Mauricio Macri que, entre otras cosas, tomó la deuda más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

A diferencia de la deuda preexistente al macrismo que demandaba también su investigación, en este caso es evidente a los ojos de cualquier ciudadano. Al mismo tiempo que ingresaban los prestamos del organismo financiero, miles de millones de dolares se fugaban del país amparados por las facilidades que le otorgaba el gobierno de turno. Mientras, crecía una herencia que condenaba a la miseria a millones de argentinos y argentinas que se sumarían a la ya vergonzosa cifra de pobreza e indigencia que azota a nuestro país.

En ese sentido, el debate sobre qué hacer con la deuda externa está sobre la mesa. El gobierno reconoce la inviabilidad de la deuda, denuncia los mecanismos a través de los cuales se hizo posible contraerla e incluso se atreve a denunciar su ilegalidad e ilegitimidad, llegando a citar las bases y condiciones del propio FMI. Sin embargo, estos posicionamientos y la búsqueda de apoyo internacional tienen el objetivo de pagar la deuda pero buscando mejores condiciones para la negociación, orientando recursos indispensables para el desarrollo de la economía nacional y la inversión en servicios públicos a costa de una deuda odiosa que siembra más y más problemas.

Sin embargo, la situación tuvo una sustancial modificación en la coyuntura mundial: la propagación del coronavirus. Independientemente de cómo están abordando la situación los países (especialmente los más afectados), existieron medidas drásticas que movieron el tablero económico. Tal es así que en las últimas semanas todo el comercio internacional se vio trastocado por la pandemia, sumando jornadas negativas para las bolsas de todo el mundo, además de la delicada situación que se abrió luego de la falta de acuerdo en la cumbre de la OPEP, que generó un derrumbe en el precio del petroleo.

En ese marco, el gobierno debe renegociar la deuda. Francisco Cantamutto, economista e integrante de un nutrido grupo de especialistas que circularon una declaración en torno a la deuda, afirma que “el gobierno declaró la cantidad de bonos a reestructurar: 68 mil millones de dolares en jurisdicción extranjera. Básicamente en manos de tenedores privados que, de acuerdo a las leyes votadas, irá a renegociar Guzmán como la persona mandatada. Pero el road show que iba a empezar en estos días fue suspendido por el coronavirus y por lo tanto va a realizarse a través del contacto virtual. No obstante, se está avanzando en la negociación con un esquema que aunque no se sabe el detalle de la propuesta, va a constar de reducción en tasa de interés, montos y/o extensión de plazos”.

La negociación no se hará exenta de la participación de los buitres tenedores de bonos argentinos. Sin embargo, el escenario parece tornarse algo más favorable para la Argentina. Según Cantamutto, “el número que están hablando es de una reducción del 50%, considerando que los bonos están cotizando entre 35 y 40%, los tenedores podrían estar teniendo una ganancia capital”. Además, afirma que “muchos de los fondos buitres ya presentes estaban esperando si los bonos estaban por debajo del 35% para salir a comprar y repetir la lógica del juicio prolongado pero para eso necesitaban que el valor fuera muy bajo. Sin embargo, la situación del Coronavirus que acaba de estallar cambió la realidad porque al desplomarse las bolsas del mundo, incluso los papeles argentinos empiezan a ser más creíbles que otras tenencias, otros bienes”.

El señalamiento que hace Cantamutto no está al margen de las condiciones generales que se manifiestan al inicio del presente artículo. En la Declaración Pública titulada “La deuda pública externa es impagable y en buena parte odiosa”, firmada además de Cantamutto, por diversos profesionales y especialistas como Claudio Katz, Claudio Lozano, Alejandro Bercovich y Alejandra Roffinelli, entre otros y otras, afirma que “aún en una exitosa “negociación”, el pago de la deuda se constituye en una gravosa obligación a costo del sacrifico social. Pagar la deuda, hoy o más adelante, supone pérdidas de derechos sociales y ajustes fiscales en desmedro de los más necesitados, con un impacto mayor en las mujeres y las disidencias”.

Luego de cuatro años donde se profundizó la vulnerabilidad de sectores medios y populares de la población, estos ejes no son mera retórica. La principal deuda está con el pueblo. En ese sentido, la declaración asegura que “avanzar en pagos de la deuda, aun con quitas de capital e intereses y corrimientos de los plazos de los vencimientos, supone volver a endeudarse para seguir pagando. Los pagos, aún menguados, demorarán la reactivación de la economía y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social afectada por la elevada inflación y la recesión. Incluso, más allá de cualquier negociación, nada asegura que en poco tiempo el país retome una nueva crisis de deuda, más aún cuando hay serios indicios que la economía global podría deslizarse hacia una nueva recesión, lo que perjudicaría nuestras exportaciones y por lo tanto el ingreso de dólares”.

Contemplando este escenario, Cantamutto sentencia que “la caída de las bolsas en general lo que hace es que todos los papeles valgan menos y al generar una corrida de esa calidad afecta incluso a los especuladores con la deuda. En ese marco es posible que Guzmán consiga alguna mejora en la maduración de los bonos pero no obstante esto podría implicar continuar la lógica de pagos. Frente a esto es que surge la necesidad de ir por una política más radical y en base a eso, la declaración”.

Por la suspensión del pago y auditoria de la deuda

Así como manifestábamos la posición del gobierno entorno al pago de la deuda, también hay otros espacios políticos que proponen una alternativa. En ese marco se encuadra la “Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda”, un amplio espacio que nuclea organizaciones sociales y políticas que va desde la izquierda hasta algunos sectores vinculados e incluso integrados al gobierno actual.

En una reciente declaración del espacio, afirman que “la prioridad debe ser otra: garantizar nuestros derechos y necesidades básicas. Por eso planteamos suspender todo pago e iniciar una investigación integral y participativa de los reclamos. Cuestionar el origen y uso de la deuda y del acuerdo con el FMI, conocer las responsabilidades y los beneficiarios, denunciar su carácter fraudulento y su funcionamiento como mecanismo de dominación, antes de negociar su pago, es una necesidad para cualquier decisión soberana”. Además, asegura que “suspender los pagos, mientras se investiga, es necesario para no convalidar el fraude y para poder reactivar la economía, generar empleo, salarios dignos, educación, salud, vivienda y oportunidades. La exigencia para la sostenibilidad de la deuda pública, la imperiosa necesidad de acumular divisas para su pago, implica la aplicación de políticas de saqueo, contaminación, exclusión y pérdida de derechos laborales y sociales”.

Con esta base, la campaña viene desarrollando diversos espacios de difusión y debate sobre las posibilidades concretas de impulsar la suspensión del pago y su investigación. Por ejemplo, el último jueves, hubo una conferencia de prensa en la sede del Banco Central (BCRA) y decenas de mesas de difusión esparcidas por diferentes puntos del país. Esto se suma a diversas actividades que se vienen impulsando como la proyección del documental Fondo, de Alejandro Bercovich, charlas-debates, entre otras.

En la misma sintonía que la Autoconvocatoria, la Declaración Pública a la que hacíamos mención debate contra las posiciones apocalípticas y asegura: “¿Qué puede suceder si frente a la intransigencia de los fondos el gobierno tome una acción soberana y declara su propio default? Esto significaría suspender unilateralmente los pagos e iniciar una investigación integral. Se dice que quedaríamos aislados financiera, comercial y políticamente. ¿Acaso no estamos sin acceso a los mercados ´voluntarios´ de crédito desde marzo del 2018? ¿China o Brasil dejarían de comprarnos y vendernos? ¿El FMI, la OCDE, el G20 o la OMC nos expulsarían de sus filas? Nada de esto sucedió antes ni sucedería ahora”.

A continuación, transcribimos la Declaración Pública completa.

La deuda pública externa es impagable y en buena parte odiosa

Quienes firmamos esta declaración, profesionales, investigadores/as y docentes, todos/as del área de las ciencias económicas, queremos manifestar nuestra preocupación por el elevado endeudamiento público de la Argentina y el curso que está siguiendo la negociación. Somos conscientes que ello supone un gran condicionante de la política económica, que se constituye en una hipoteca que afecta a la mayoría empobrecida de la población. Tanto desde el Gobierno como desde el FMI se sostiene que la deuda no es sustentable, que no existe capacidad actual de cancelación y por ende se sugiere un proceso de renegociación que involucra posponer cancelaciones de deuda al FMI y a los prestamistas privados, en algunos casos estirando vencimientos y en otros, generando quita de intereses y de capital. En cualquier caso, aún en una exitosa “negociación”, el pago de la deuda se constituye en una gravosa obligación a costo del sacrifico social. Pagar la deuda, hoy o más adelante, supone pérdidas de derechos sociales y ajustes fiscales en desmedro de los más necesitados, con un impacto mayor en las mujeres y las disidencias. Es un resultado que escamotea a los grandes beneficiarios del endeudamiento, o sea, del uso de los dineros desembolsados por los prestamistas, sean privados o el propio FMI.

El Presidente de la Nación sostuvo, en la inauguración del periodo legislativo, que el destino de los fondos desembolsados entre 2015-2019 está en estudio en el Banco Central, lo que debería abonar para una tarea de la bicameral de la deuda y más aún para una comisión con participación popular de auditoría de la deuda. Se estima que gran parte de los desembolsos del FMI tuvieron como destino “fuga de capitales”, sea por pagos de intereses de deuda, remesas de utilidades al exterior o constitución de activos externos de residentes locales. Resulta así que un mínimo de esos recursos fue constituido como reservas internacionales. Esclarecer esta cuestión no es un tema menor, ya que podría accionarse judicialmente contra los responsables directos e indirectos de esta verdadera estafa al pueblo argentino. Sostenemos que hay responsabilidades en funcionarios nacionales intervinientes en la suscripción de diferentes modalidades de endeudamiento, también de los prestamistas externos, conocedores de la no sustentabilidad de la deuda pública del país. Es un argumento insoslayable al momento de definir a la deuda pública de la Argentina como Deuda Odiosa, ya que no satisfizo necesidades de la sociedad y tanto el prestatario como el prestador eran conscientes de la incapacidad de pago en los términos en que se asumieron los préstamos.

Avanzar en pagos de la deuda, aun con quitas de capital e intereses y corrimientos de los plazos de los vencimientos, supone volver a endeudarse para seguir pagando. Los pagos, aún menguados, demorarán la reactivación de la economía y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social afectada por la elevada inflación y la recesión. Incluso, más allá de cualquier negociación, nada asegura que en poco tiempo el país retome una nueva crisis de deuda, más aún cuando hay serios indicios que la economía global podría deslizarse hacia una nueva recesión, lo que perjudicaría nuestras exportaciones y por lo tanto el ingreso de dólares. Así un nuevo rescate del Fondo sería inevitable y colocaría a la Argentina en el rumbo de Grecia, con renovados ajustes tras ajustes que profundizarían la recesión, debilitarían la recaudación fiscal mientras crecerían el desempleo y la pobreza. También puede ocurrir que los poderosos fondos de inversión no acepten quitas importantes de deuda y exijan cobrar algo en efectivo, reducir poco o nada la carga de intereses y conocer el acuerdo con el Fondo antes que firmar su propio acuerdo. En este caso serían los propios fondos los que provocarían el default. Si así fuera la economía se dislocaría, el dólar blue estaría por las nubes y el precio de los bonos se derrumbaría.

Por el contrario ¿qué puede suceder si frente a la intransigencia de los fondos el gobierno tome una acción soberana y declara su propio default? Esto significaría suspender unilateralmente los pagos e iniciar una investigación integral. Se dice que quedaríamos aislados financiera, comercial y políticamente. ¿Acaso no estamos sin acceso a los mercados “voluntarios” de crédito desde marzo del 2018? ¿China o Brasil dejarían de comprarnos y vendernos? ¿El FMI, la OCDE, el G20 o la OMC nos expulsarían de sus filas? Nada de esto sucedió antes ni sucedería ahora.

Por lo antedicho proponemos:

1. Que la Deuda Pública de la Argentina sea investigada, auditada de manera integral e independiente, con participación popular, para lo cual los organismos estatales deben estar al servicio de esa Auditoria Popular. Así lo ha establecido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2012. En ese camino puede abonar la investigación en curso en el BCRA, para nutrir la bicameral y la participación popular.
2. Que al tiempo que se investiga la deuda, se suspendan los pagos, contemplando una diferenciación entre los prestadores. Especialmente aquellos vinculados a la política de seguridad social. Aludimos a los títulos en poder de ANSES y otros ámbitos del Estado, a quienes deberá establecerse un régimen particular para evitar el colapso de la política social y/o de seguridad social.
3. Que en la deuda con el FMI, sustentada en las consideraciones políticas de los principales accionistas del Fondo para otorgar el préstamo, en particular EE.UU., debe discutirse la legalidad de la actuación del Fondo y por lo tanto proponer la nulidad de lo actuado, claro, con las responsabilidades de los funcionarios y entidades involucradas en el accionar. Argentina debe denunciar al FMI ante la ONU por los incumplimientos de su Carta Orgánica.
4. Que se organice un Censo de tenedores de títulos, con detalle de las operaciones de compra, relativas a los valores de adquisición y cruzando la información con entes de recaudación tributaria en diferentes países. Se busca evitar la legitimación de acciones especulativas y de evasión fiscal. Ello incluye investigar en detalle la fuga de capitales.
5. Que es necesario derogar la Ley de Entidades Financieras vigente desde los tiempos de la dictadura y fuente de todas las maniobras bancarias y las sociedades financieras. También sancionar una legislación contra los fondos buitres, en el camino de las acciones internacionales impulsadas en 2014/5 en el ámbito de Naciones Unidas.

Nosotros y nosotras sostenemos que las medidas propuestas son la consecuencia lógica y coherente de haber declarado que la deuda es impagable e insostenible. Más aún, es odiosa. Que además está viciada de nulidad. No es legítima, ya que no ha sido autorizada por el Congreso Nacional.

Que constituyen una salida a la actual crisis, no exenta de problemas, pero basada en la defensa del interés nacional y de los intereses concretos de los/as trabajadores/as y los sectores más desprotegidos.

Buenos Aires, marzo de 2020.

Dr .Claudio Katz. Docente, investigador UBA-CONICET; Dr. Martín Schorr, IDAES/CONICET; Lic. Claudio Lozano, Coordinador de IPYPP (Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas); Lic. Gabriela Roffinelli, Coordinadora del Grupo de Trabajo Crisis y Economía Mundial de CLACSO, Docente UBA; Lic. Alejandro Bercovich, Periodista; Dr. Julio C. Gambina, SEPLA, UNR; Lic. Beverly Keene. Docente UBA; Dr. Enrique Elorza, Coordinador Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, UNSL; Lic. Andrea C. Haro Sly. UEDP-Tucumán; Lic. María Julia Eliosoff Ferrero. Economía Feminista, UNLP/SEC; Dr. Mariano Féliz. Investigador CONICET / UNLP / Sociedad de Economía Crítica (SEC); Dra. Agostina Costantino. Investigadora CONICET / UNS / SEC); Dr. Facundo Barrera. UNLP/CONICET/SEC; Lic. Sergio Arelovich, Docente UNR; Dra. Luciana Ghiotto. UNSAM-Conicet; Lic. Lucas Castiglioni, UNICEN, Tandil; Dr. Francisco Cantamutto. Investigador CONICET / UNS / SEC; Dr. Pablo Ernesto Pérez. Investigador CONICET / UNLP / SEC; Daniel Campione, UBA; Lic. Karina Forcinito. Docente investigadora UNLu/UNGS/UBA; Dr. Andrés Musacchio Idehesi-UBA/CONICET; Dr. Andrés Wainer. FLACSO/CONICET; Dr. Néstor Forero. Auditor Causa Olmos; Lic. Alejandro Marco del Pont, UNLP; Lic. Leonardo Pérez Esquivel. Auditor AGN: Lic. César Crocitto, UBA; Dr. Jesús Plaza y Guillermo Robledo, Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe; Eduardo Lucita, EDI; Lic. Demián García Orfanó, Del. ATE Min. de Economía; Lic. Rosario Escola, UBA; Dr. Jorge Francisco Cholvis. Lic. Luis Laferriere. UNER.

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Por Iván Barrea y Francisco Cantamutto

Enseñanzas del estallido

La noche del 23 de diciembre de 2001, en sus primeras horas como presidente interino de la Nación, Adolfo Rodríguez Saá anunciaba el cese del pago de la deuda frente a un Congreso que estallaba en aplausos. El mandato del Adolfo solo duraría 6 días más, la presión popular pudo más que el interinato otorgado por el Congreso y el Adolfo dejó el bastón presidencial, que terminaría en manos de Eduardo Duhalde. Sin embargo, el cese de pagos de la deuda externa se mantuvo hasta 2005, cuando se completó un masivo canje (el más grande hasta entonces en el mundo).

Ante una cesación de pagos, hay varios efectos que se desatan con inmediatez. El más destacable es el cierre del financiamiento externo, previa disparada de la tasa de interés y el riesgo país, indicador fetiche de expertos y no tanto. Pero, ¿para qué necesitamos financiarnos externamente? El factor principal en un momento como el fin de la Convertibilidad o los últimos años del macrismo es que se toma deuda para pagar deuda. La bicicleta gira y mientras nos preguntamos si fue primero el huevo o la gallina estamos tomando deuda para pagar la deuda que tomamos para pagar la otra deuda que no fue la primera ni la última. Según un artículo de la BBC allá por el 2015, la deuda defaulteada por Argentina en 2001 era la más grande de la historia. Es decir, el primer efecto de no pagar la deuda es dejar de tomar deuda para pagar la deuda que ya tenemos. O peor aún: no es necesario ajustar al pueblo para ahorrar el dinero que debemos pagar externamente.

Sin embargo, hay otros usos para el financiamiento externo. Por un lado, evitar la fuga de divisas que efectivamente fue el motor de endeudamiento de Macri: tomar deuda a mansalva para sostener un dólar estable, mientras inversionistas se benefician de las altas tasas de interés, superior al 70% durante los años cambiemitas. Claro que esto es solucionable con políticas restrictivas a la entrada y salida de capitales, contrarias a las que implementó el gobierno saliente. Por otro lado, el financiamiento es necesario cuando hay un desequilibrio en la balanza comercial, es decir, cuando se importa más de los que se exporta.

Sin entrar en detalles engorrosos, el default del 2001 decretado por Adolfo Rodríguez Saá correspondió con una de las épocas de mayor bonanza de la economía argentina. Entre 2003 y 2007, el PBI creció entre 8% y 9%, índices inéditos para la historia económica argentina. A su vez, este crecimiento fue acompañado de políticas redistributivas y de expansión del consumo interno mediante mayores ingresos y planes sociales ante un pueblo que juntaba sus propias cenizas. Si bien el boom sojero puede explicar gran parte de la expansión del PBI, fue la libre disponibilidad de reservas la que permitió establecer una política expansiva en lo social.

La expansión de la economía argentina entre 2003 y 2007 está indisociablemente vinculada a esta cesación de pagos, que involucró a la mitad de la deuda pública. La otra mitad había sido parcialmente regularizada a través de reestructuraciones en 2001, además de contar con la continuidad en los pagos a los organismos internacionales, algo que no se interrumpió en ningún momento. Además de la brutal pulverización de los salarios y la suba de los precios internacionales de los productos que exporta el país, la cesación parcial de pagos permitió liberar recursos externos y fiscales para impulsar la economía. De hecho, una vez reestructurada la deuda, el peso de los pagos de intereses comenzaría a presionar las cuentas externas y las finanzas públicas de modo incremental. Es decir, fue la cesación de pagos lo que ayudó al crecimiento, y no su reestructuración.

La deuda externa no es solo una promesa de pago. La deuda externa compromete la soberanía económica y política de un país, implica priorizar el uso de reservas y de ingresos impositivos para hacer frente a los acreedores y, sobre todo, implica postergar cualquier necesidad y urgencia ante la prioridad de hacer frente a las obligaciones internacionales.

¿Dónde estamos parados?

La economía post Cambiemos presenta un panorama alarmante. El irresponsable endeudamiento durante los cuatro años de Mauricio Macri, sumado a la complicidad del Fondo Monetario Internacional otorgando el monto más grande de deuda de la historia del organismo en un préstamo fraudulento, elevaron el peso de la deuda en el presupuesto a niveles insostenibles. Al asumir la gestión cambiemita, el peso de la deuda en el presupuesto nacional era de 8%. En 2020, el presupuesto estima que este número alcanzará el 20%. ¿Qué significa esto? Que cada $100 que gasta el Estado, $20 serán destinados para pagar solamente intereses de la deuda. Esta partida presupuestaria es mayor a las de salud, promoción y asistencia social, educación y cultura, ciencia y tecnología, trabajo, transporte, vivienda y agua potable juntas. A esto, hay que sumar que el cronograma de pagos es tan ajustado que se estima que con los compromisos de deuda establecidos a este momento, sería imposible que durante el segundo semestre se pueda hacer frente a esos pagos.

Otro aspecto a destacar es la imposibilidad de realizar roll-over, es decir, seguir tomando deuda para pagar deuda. Los niveles de riesgo país y de tasa de interés que maneja la economía argentina son muy similares a los de un posible default: no hay credibilidad de que, en caso de tomar deuda, la economía argentina haga frente a esos pagos, sumado al hecho de que el FMI ya hizo las veces de prestamista de última instancia y todo lo que venga después será catalogado de riesgo muy alto.

En este contexto quedan solo dos salidas. Una es reestructurar la deuda -bajo el control del FMI-, priorizando el extenuante calendario de pagos a costa de dilatar cualquier recomposición en los ingresos a partir de salarios, jubilaciones y planes, así como también cualquier reactivación económica del mercado interno y la industria. La otra opción que cada vez suena más fuerte en Balcarce 50 es anticipar que no se va a hacer frente a las obligaciones con los acreedores externos, activar medidas redistributivas y de recomposición del ingreso, aceitar la maquinaria productiva y prepararse para generar los ingresos necesarios para hacer frente a los acreedores.

Sin embargo, merced de una gigantesca maquinaria comunicacional, la declaración de la cesación de pagos aparece como un tema tabú. Su sola mención desata los pavores más atroces, incluso entre sectores populares o progresistas, que no tienen ningún vínculo directo con el negocio de la deuda externa. ¿Por qué este vínculo no podría discutirse, apareciendo como el único contrato que no puede vulnerarse? Existe una sensación de salto al vacío, innecesariamente riesgoso, que atrapa a grandes contingentes de organizaciones y referentes en un debate que ya tiene la cancha marcada: discutir la forma de pago, jamás la relación de deudor-acreedor. Llamativamente, como muestran estudios de miradas políticas opuestas (ver acá o acá), el default está lejos de ser una excepción en las finanzas mundiales y lejos, también, de ser un problema irresoluble o una traba para los países.

Hoy mismo Argentina enfrenta un alto nivel de intereses y costos financieros asociados, con lo cual el default no generaría un impacto superlativo en este punto, aun pudiendo encarecerse más. Si esto introduce dificultades en las grandes empresas internacionalizadas deberán ser motivo de un debate respecto de la orientación y propiedad de esas grandes empresas, que hoy están mayormente destinadas a la extracción de rentas ligadas a recursos naturales o favores estatales. Las posibles dificultades con el financiamiento para el desarrollo de ciertos organismos multilaterales debe poder discutirse recurriendo a otras fuentes en conflicto con la arquitectura financiera hegemónica: ¿o acaso no es pensable financiarse con otras bancas para el desarrollo? Finalmente, temerle a la agresiva agenda de los países centrales es una amenaza real, pero queda atrapada en la lógica del posibilismo en márgenes cada vez menores.

Un default eleva los problemas de los acreedores (incluyendo el FMI), que ven desvalorizado su activo y lo obliga a aceptar mayores concesiones. Esto puede llegar a ocasionarles problemas de flujos de fondos que aceleren sus decisiones. Además, les vuelve co-responsables en la atrocidad cometida con las políticas financiadas, con plena información de lo que hacían. La categoría de deuda odiosa aplica al caso: el default permitiría detener la fuga de recursos y proceder a una auditoría que determine los desfalcos cometidos.

Es necesario encarar un debate real sobre este yugo que se yergue ante nuestras espaldas.

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