El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, encabezado por Carolina Stanley, propuso la eliminación de los programas sociales “Ellas Hacen”, “Desde el Barrio” y “Argentina Trabaja”, con la idea de amparar a todos los y las beneficiarias en un nuevo programa llamado “Hacemos Futuro”. Los movimientos sociales denuncian que buscan desfinanciarlos y romper con la organización colectiva.

La propuesta tiene como principal modificación que la contraprestación que den los y las beneficiarias del nuevo programa sea educativa y no laboral, como venía siendo con los proyectos anteriores. Un requisito excluyente para poder acceder a la remuneración que otorga el Estado es el de la “Educación Formal Obligatoria”, es decir, es necesario que la o el beneficiado acredite que se encuentra inscripto y cursando en alguna institución educativa reconocida por el Estado. El objetivo es “empoderar a las personas en situación de vulnerabilidad social, promoviendo su progresiva autonomía económica y potenciando sus posibilidades de inserción laboral e integración social”. Por lo menos así figura en la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social.

La medida generó mucho repudio en los movimientos sociales, que consideran que la resolución firmada por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley y el secretario de Economía Social, Matías Kelly, constituye un claro ataque contra sus organizaciones y un intento de avasallar su autonomía. Por lo menos así lo consignaron dirigentes de las principales centrales de trabajadores de la economía popular, como Juan Grabois de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Daniel Menéndez de Barrios de Pie o Emilio Pérsico del Movimiento Evita. Los dos primeros agregaron, además, que es una medida revanchista por haber aportado cerca de la mitad de los concurrentes a la movilización del 21F convocada por el dirigente camionero Hugo Moyano.

Ante esta medida adoptada por el gobierno nacional, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el FPDS – Corriente Nacional, la Izquierda Latinoamericana Socialista, la Corriente Surcos y la Corriente Popular Juana Azurduy cortaron el día de ayer el cruce de las avenidas Corrientes y Callao de la Capital Federal a las 7 de la mañana. Horas más tarde movilizaron hacia el Obelisco.

En diálogo con Marcha Cristóbal Cervera, militante del FPDS, explicó qué implicaría esta reformulación: “Este nuevo programa viene a anular todo lo que representaba “Argentina Trabaja”, que nos permitía a las organizaciones sociales generar fuentes de trabajo, sobretodo en lugares donde la descomposición del tejido social en los últimos dos años se pronunció abruptamente. No entendemos la lógica de capacitar a los beneficiarios porque estos ya se capacitan. No sólo con el trabajo, porque eso capacita en sí, sino además con las unidades educativas como los bachilleratos populares, construidos por nosotros mismos”.

La lógica de Cambiemos resulta contradictoria. Por un lado, exigen la capacitación formal de los y las beneficiarias del plan en instituciones educativas y, por el otro, cierran escuelas, desfinancian la educación pública y desamparan a los bachilleratos populares (que en la actualidad representan un tercio de la oferta educativa de jóvenes y adultxs en la Ciudad de Buenos Aires). Por lo menos así lo considera Dina Sánchez, vocera del FPDS. “Le miente a la gente diciendo que se trata de capacitarnos y de poder estudiar, si nosotros dentro de la cooperativa ya estamos capacitados y estudiamos. Muchas compañeras y compañeros terminamos el secundario en los bachilleratos populares de los movimientos sociales. Si tanto quiere que estudiemos, ¿por qué quieren cerrar los bachilleratos populares? ¿Por qué cerraron escuelas públicas?”.

La historia del oficialismo con las “reformas” en concepto de planes sociales no es nueva. Todavía fresco está el fracaso en que derivó el programa “Empalme”, lanzado con bombos y platillos en un acto por el Día del Trabajador del año pasado. Al presidente Mauricio Macri lo acompañaba el ahora difunto Gerónimo “Momo” Venegas, del gremio de peones rurales (Uatre). La idea era reconvertir a las y los beneficiarios de los planes sociales en empleados del sector privado, insertándolxs en el mercado laboral mediante pasantías de 3 meses en empresas privadas que eventualmente derivarían en trabajos formales. Más allá del beneficio extraordinario que esto implicaba para las empresas, que podían acceder a mano de obra barata (ya que el Estado seguía aportando los 4000 pesos por beneficiado/a en concepto de pago parcial del salario), los números tampoco acompañaron. La propuesta era reconvertir unos 400 mil planes sociales en empleo en el sector privado. 4 meses más tarde, sólo 78 personas habían accedido al mercado laboral formal. Incluso con los cálculos más optimistas del Ministerio de Trabajo de la Nación, que estimó unos 6.814 beneficiados/as, el objetivo quedó notoriamente trunco.

De por sí, la idea de la obligatoriedad educativa suena progresista. Sin embargo, hay problemas con este planteo que Felipa Azurduy, vocera del Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional (FPDS-CN), se encargó de aclarar. “Este gobierno ahora cambia el acceso a los proyectos, haciendo obligatorio el estudio. No nos parece que esté mal pero directamente nos cierran las obras que estábamos haciendo en los barrios. No nos van a bajar más materiales para las obras, como las veredas o pinturas en salitas, escuelas. Ahora sostenemos huertas y viveros para poder mantener los comedores donde se alimentan niños y personas adultas, para que puedan tener un plato de comida. Con la obligatoriedad educativa pasaríamos a recibir una beca y no trabajaríamos”.

Más allá de esta concepción asistencialista sobre el desarrollo social, que resulta contraproducente con el deseo de “empoderamiento” expresado por la cartera de Stanley, para Azurduy esta reforma tiene otras consecuencias negativas. “La estrategia del gobierno es fragmentar a las organizaciones. Van llamando a cada una de las compañeras individualmente para convencerlas de que dejen de estudiar. Ofrecen capacitaciones de oficios y, una vez capacitada, te ponen en una bolsa de empleo y te llaman para ofrecerte trabajo. Hoy por hoy vos ves cómo aumentan los despidos y te prometen trabajo a futuro, es sospechoso. Además te dicen que tenes que anotarte para cursar en una escuela de adultos pero no hay vacantes. Y al mes, si no estás inscripto en ningún lado, te dejan de pagar”.

Peligran los puestos de trabajo de 260.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Las organizaciones sociales exigen una mesa de diálogo con la ministra Carolina Stanley, donde den respuestas a los reclamos de la economía popular. “No vamos a permitir que este gobierno de derecha siga avanzando sobre nuestros derechos. Sin trabajo no hay futuro”, afirmó Dina Sánchez, vocera del FPDS.

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El miércoles 29 de noviembre la Cámara de Senadores de la Provincia aprobó el proyecto de prórroga por tres años de la ley de expropiación del Centro Social y Cultural Olga Vázquez de La Plata. Se trata de un paso más para lograr el reconocimiento de este espacio recuperado desde hace más de 14 años.

Este logro, según afirman sus integrantes, fue posible por la solidaridad de distintos sectores de la comunidad platense. En un contexto en el que se vulneran cada vez más derechos, de avance represivo, y de ataque a los espacios culturales autogestivos, esta victoria parece un respiro para seguir soñando con la construcción de otro mundo posible.

El Olga, como se lo llama cariñosamente hace tantos años, no constituye sólo un espacio de actividades culturales. El carácter que enmarca la participación política de las distintas organizaciones sociales, agrupaciones que desarrollan actividades barriales, estudiantes secundarios/as y universitarios organizados/as, organismos de derechos humanos, agrupaciones feministas, entre otros, dan vida a un espacio que vive por peso propio.

Allí conviven distintos emprendimientos autogestivos que generan trabajo para más de 50 personas bajo lógicas de trabajo sin patrón y asamblearias: cocina, herrería, costurería, imprenta, entre otras. Funciona una cooperativa de consumo popular, la biblioteca “H.G. Oesterheld” y la biblioteca popular para niños y niñas. Además, con la noción de construir un espacio donde se puedan plasmar las voces de distintos sectores pocas veces visibilizados, se construyó  una radio comunitaria. De esta manera “Radionauta 106.3” nació en 2011 y en la actualidad es un medio que pone de relieve el trabajo colectivo en vías a una comunicación popular. Hoy funcionan más 60 talleres culturales por año a precios accesibles, que coordinan con otros espacios culturales y que desarrollan actividades con niños/as y jóvenes en los barrios de la ciudad.

“Agradecemos a todxs quienes apoyaron esta lucha durante el año, a las organizaciones populares, a lxs artistas que siempre estuvieron para organizar recitales y festivales, talleristas, medios y comunicadorxs populares, vecinxs, espacios culturales platenses y de la provincia, trabajadorxs de la cultura, gremios, a lxs abogadxs populares que llevan adelante la parte legal, y a todxs quienes habitamos, transitamos y/o participamos de algunas de las actividades que se desarrollan en el Olga”, afirman desde el Centro Cultural en un comunicado.

Si bien la prórroga de la expropiación implica un avance, la situación de fondo no se resuelve. El proyecto aprobado otorga una nueva prórroga, en este caso por tres años, de la ley 13764 de expropiación de 2007 y ya prorrogada anteriormente en 2012. Por ello, refuerzan desde el comunicado: “Ahora tenemos que exigir la expropiación definitiva del inmueble, es decir que se implemente la ley. Para ello el estado provincial tiene que destinar los fondos para el pago de la expropiación. Tanto el bloque oficialista como la gestión del municipio se comprometieron a que en conjunto se llegue a una resolución sin tener que encontrarnos dentro de tres años con la misma situación. Desde el Olga les tomamos la palabra, pero sabemos que sólo con la lucha activa en las calles y en unidad concretaremos esos objetivos”. En consonancia con esto, Felipa Azurduy, cooperativista e integrante del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, una de las organizaciones sociales que participan de la gestión del Centro Cultural explicó: “Lo logramos luego de un largo proceso de lucha que incluyó movilización y gestiones. Pero el logro final se dio por presión en la calle, no por el dialogo con funcionarios. La aprobaron por la fuerza. No fue porque se pusieron una mano en el corazón sino porque sabían que estábamos afuera en la calle”.

La renuencia del poder político a expropiar el Olga se vincula con que es “un espacio molesto para el poder, porque proponemos otro mundo posible, pero además porque no pueden hacer negocio con nosotros y nosotras”, según explicó Pablo, integrante de la Asamblea. Efectivamente el Olga se encuentra en la calle 60 de la ciudad de La Plata, un lugar muy céntrico que desde sus comienzos siempre tuvo la mirada de los negocios inmobiliarios que van colmando de edificios la capital. Por otra parte, explica Salvador, “vienen las barriadas a reunirse en el centro platense, eso molesta, ver migrantes, trabajadores y trabajadoras transitando y organizándose aquí es algo chocante para la gente del centro”.

Tres años para seguir construyendo. Una pequeña victoria en medio de un mundo que se cae a pedazos por el avance casi sin freno del capitalismo voraz. Un logro importante en una lucha que continúa hasta la expropiación definitiva, como afirma Pablo: “Queremos asegurarnos de que el Olga siga siendo un lugar de todxs y abierto al futuro. Seguiremos luchando por la expropiación definitiva sin descanso. Respiramos un poco y volvemos a gritar bien fuerte: ` El Olga es nuestro la lucha que lo parió`”.

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