Por Vivian Palmbaum

Fueron 72 años lo que tardó en llegar la justicia para el Pueblo Pilagá, con una sentencia que recae en el Estado argentino como responsable de la Masacre de Rincón Bomba ocurrida en 1947. Por primera vez se reconoce el delito de crimen de Lesa Humanidad contra una comunidad originaria y establece un resarcimiento que va más allá de lo económico. Entrevistamos a la abogada Paula Mercedes Alvarado que se hizo cargo de llevar adelante la demanda, casi en soledad, en representación de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá.

El fallo dictado por el Dr. Fernando Carabajal, Juez Federal Subrogante, sienta un precedente, tal como lo expresó Paula Alvarado: “Este fallo es inédito, porque es el reconocimiento de un hecho específico como Lesa Humanidad y esto implica la imprescriptibilidad del crimen y la imprescriptibilidad en una causa civil. Esto es único, con el tinte adicional que es el reconocimiento a un pueblo indígena. Una sentencia única de este tipo en Argentina, por el reconocimiento a un pueblo indígena y es un hecho inédito a nivel latinoamericano también. La sentencia y las reparaciones integrales que marca también son inéditas en su tipo”.

Salir del silencio

La historia de la Masacre de Rincón Bomba, en la provincia de Formosa, fue reconstruida y quedó probada por la justicia. Un hecho de dolor que también salió del silencio para las y los Pilagá.

Paula Alvarado es la abogada que se hizo cargo de la causa en 2013. Entrevistada por Marcha, contó cómo el inicio de este proceso impactó en la propia comunidad Pilagá. “Tuve la suerte de quedarme en las comunidades y conocer a muchos sobrevivientes de la Masacre, que hoy  ya no están vivos. Ellos me contaron que hay un antes y un después. Antes no se podía hablar de la Masacre, los hechos estaban medio ocultos, nadie sabía nada, solo que algo pasó ahí, pero no se hablaba del tema. Después de la presentación de la demanda se empieza a hablar del tema pero no de los responsables”.

Casi en soledad, se atrevió a tomar una causa que ni siquiera los organismos de Derechos Humanos habían tomado. Alvarado cuenta que el tema le llega casi de casualidad. Un jueves en una ronda de las Madres conoció a Valeria Mapelman, que había hecho el documental Octubre Pilagá.  “Me cuenta la situación de desconcierto que tenía la Federación, no conocían la demanda judicial, ellos habían firmado un poder y nunca más supieron nada, no sabían dónde estaba la causa, ni que pasaba, ni sobre que era”.

Demanda y justicia

La Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, inició en el año 2005 una acción penal y una demanda civil contra el Estado Nacional.

La causa civil se inició por indemnización de daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de verdad histórica, a favor del pueblo de la etnia Pilagá por la “Matanza de Rincón Bomba, acaecida entre el 10 y 30 de octubre de 1947, en territorio nacional de Formosa, por la cantidad de pesos que el señor juez se sirva a presupuestar de acuerdo a los antecedentes existentes, más los intereses de tasa activa que cobre el Banco Nación”, se expresa en la demanda inicial de 2005.

Apenas 14 años después llega una sentencia que hace un poco de justicia frente a lo irreparable: “Las víctimas se han encontrado solas frente a un Estado que se ha mostrado impávido frente al reclamo de justicia de los pueblos originarios, que no solo debieron esperar décadas para que los hechos pudieran ser investigados y exhibidos, sino que aún ahora siguen siendo ignorados en su reclamo de ser visualizados y reconocidos”, se expresa en este fallo histórico.

Además, expresa que “No hay dudas que la situación de los pueblos originarios se halla entre aquellas áreas de mayor vulnerabilidad que, en consecuencia, mayor exigencia plantean a los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se agigantan en el caso del Estado Argentino atento que los derechos de las comunidades originarias se hallan también contenidas en el propio texto constitucional nacional”.

No solamente se reconoce un delito de genocidio que es imprescriptible, sino que además de la reparación patrimonial a favor de la Federación, el Estado debe ejecutar un plan de inversiones públicas a fin de promover el desarrollo de la etnia Pilagá.

Contexto político

Un poco más de un año había transcurrido de la asunción de lo que fuera el primer gobierno de Juan Domingo Perón cuando ocurrió esta Masacre. Mientras el general adulaba a los conquistadores, tal como muestra el documental, también recurrió a sus metodologías y les ofrecía mano de obra barata a los terratenientes, como Patrón Costas que reclamaban por mayores beneficios. Una fórmula que ya conocemos.

La Masacre de Rincón Bomba ocurrió en octubre de 1947 en la provincia de Formosa, que dejó a la comunidad Pilagá diezmada y reducida. Cientos de indígenas pertenecientes al Pueblo Pilagá fueron asesinados en Ayo La Bomba, un paraje ubicado en Las Lomitas, provincia de Formosa, bajo las órdenes de Gendarmería Nacional. Quienes lograron escapar fueron perseguidos y perseguidas, sus niñas, niños y ancianos torturados y las mujeres abusadas. Después del ataque ni siquiera pudieron volver a enterrar a sus muertos, muchos de los cuales están en fosas comunes y otros ni siquiera saben donde se encuentran.

Las y los sobrevivientes fueron reducidos y obligados a permanecer en colonias como Colonia Aborigen Bartolomé de Las Casas o Comunidad Indígena Muñiz, forzados a realizar trabajo casi esclavo para los grandes terratenientes de la zona en ingenios, algodonales y obrajes. Sus niñas y niños les fueron arrebatados e internados en un orfanato, el Internado Infantil José de San Martín, donde recibieron educación religiosa.

Conquista y dominación

La conquista y dominación de América organizó las Reducciones que funcionaron como campos de concentración para las comunidades originarias. Un espacio donde se organizó la recaudación de los tributos, la mano de obra indígena y su evangelización, cuya creación cambió el patrón de asentamiento de las poblaciones nativas y forzó la reorganización de su estructura política, tal como puede leerse en distintos textos que abordan la temática. Un modo también de expropiarles la tierra que ellas y ellos habitaban. La Masacre de Rincón Bomba no escapa a esta lógica en pleno siglo XX. El Bartolomé de las Casas y Muñiz funcionaban como reservorio de mano de obra. Una Reducción desde donde el Ministerio de Trabajo mandaba trabajadores y trabajadoras.

La noticia del fallo  recorrió casi todos los medios: el Estado fue encontrado responsable del genocidio del Pueblo Pilagá. Una sentencia que constituye una novedad en el campo del derecho sobre nuestra historia manchada con la sangre de los pueblos originarios. Por primera vez se reconoce al Estado responsable del genocidio de una comunidad originaria. La conquista con el sometimiento, el dominio y el asesinato son parte de nuestra triste historia. Desde Cristóbal Colón en adelante, exterminio, usurpación, depredación y apropiación de recursos son los instrumentos que llegan hasta nuestros días.

Leer más: 

Un genocidio silenciado: 71 años de la Masacre de Rincón Bomba en Formosa

Octubre Pilagá 

Sentencia judicial

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Se cumplen cien años del llamado “último malón indígena”. El Estado inventó que la Masacre de Fortín Yunká fue perpetrada por el Pueblo Pilagá de Formosa. Nada se dirá de la venganza, de las muertes indígenas ni del rencor que continúa vigente tras aquel hecho. Un siglo después, la idea de enemigo interno se reactualiza en distintos puntos del país para seguir justificando la represión sobre esos cuerpos.

Inventar un enemigo, señalarlo para reprimirlo y marcar para siempre la historia a través de su circulación en los libros escolares, discursos oficiales, materiales turísticos y medios de comunicación. Así fue la invención del último malón indígena y las consecuencias represivas futuras hacia el pueblo Pilagá.

Año 1919. Formosa era territorio nacional. Una línea de fortines marcaba las fronteras.  El Fortín Yunká estaba ubicado en el centro norte de la ahora provincia. Vivían siete soldados, algunas mujeres e hijos e hijas. El fortín sufrió un ataque el 19 de marzo de ese año. El Sargento 1º Fernando Leyes, seis soldados a su cargo y sus familias aparecieron muertos. Y de inmediato, se desplegó una maquinaria de violencia feroz que se perpetúa hasta estos días.

Unos días después, las tropas enfurecidas -a cargo del Teniente Narciso Del Valle y el capitán Enrique Gil Boy- asesinaron a mansalva familias pilagá y apresaron al Caquice Garcete, uno de los líderes más importantes del Pueblo Pilagá. De esa masacre feroz quedan pocos registros.

Los militares necesitaban venganza y culpables. ¿Habían sido los Pilagá? Quizás ni se lo preguntaron. No importaba saber la verdad, quién había sido ni por qué. Lo importante era el castigo. Y que el castigo sea público. Había que vengarse y que “los indios” supieran cuáles eran las reprimendas.

Se suponía que las campañas militares al Chaco habían terminado dos años antes, en 1917. Era mentira. Aquél había sido sólo un discurso, porque las fuerzas militares de las Campañas al “Desierto verde” seguirán operando hasta 1938. Así lo relatan los propios militares en sus partes.

Fortín Yunka pasó a la historia como el último malón. Así se puede leer en la una guía YPF como reseña turística. La idea que los Pilagá habían sido los perpetradores se fue repitiendo en diarios y libros escolares.

Sin embargo, sólo hace falta ir al monolito que recuerda a los caídos para ver que los militares no mencionan a los Pilagá en sus placas.

Gendarmería

Poner punto final al malón es uno de los argumentos históricos que se esgrimieron para avanzar sobre los cuerpos y los territorios indígenas. Para fundamentar una maquinaria genocida que permitiera la violenta anexión de territorios al incipiente Estado-Nación.

Cinco años después de Yunká -en 1924-, el Regimiento de Gendarmería de Línea también participó (junto a la policía territoriana del Chaco) de la Masacre de Napalpí, una represión a una protesta indígena por las condiciones de vida en la Reducción de Napalpí en la que se fusilaron a cientos de indígenas qom y moqoit.

Ese Regimiento es el antecesor de la Gendarmería Nacional, que actuó en muy diversos lugares del país destilando un odio profundo a esas otredades indígenas.

En el documental y libro Octubre Pilagá, Valeria Mapelman recupera con claridad cómo casi treinta años después del ataque, la Gendarmería Nacional perpetró la masacre de La Bomba, en cercanías de Las Lomitas, a unos 200 kilómetros de Fortín Leyes (nombre que tiene hoy el antiguo Fortín Yunká) con ansias de venganza.

El 10 de octubre de 1947 comenzó la feroz represión que extendió durante días. Durante las persecuciones, entraron a la Reducción de Indios Francisco Muñiz -donde estaban sometidas familias wichí bajo el control y sometimiento del Estado Nacional- y la mención a la venganza por Yunká también estuvo en las voces gendarmes.

En la actualidad, se puede mencionar -entre muchas otras y en distintos lugares del país- la voraz represión sobre la Comunidad Potae Napocna Navogoh, La Primavera, Formosa, que en 2010 se encargó de “liberar” la Ruta Provincial Nº 86. La avanzada de la Gendarmería Nacional junto a la policía formoseña terminó con el asesinato del anciano qom Roberto López, varias viviendas incendiadas y ocultamiento de la documentación luego de la represión.

El 1º de agosto de 2017 la Gendarmería Nacional ingresó de modo ilegal al Pu Lof en Resistencia de Cushamen en Chubut y reprimió violentamente. Ese día, en ese marco, desapareció Santiago Maldonado, que estaba acompañando a la comunidad mapuche en el corte de ruta. El 17 de octubre fue hallado muerto en el Río Chubut.

A partir de la desaparición de Maldonado, se construyó una campaña mediática para blindar la acción del gobierno obstinado en proteger a la Gendarmería Nacional en su responsabilidad por el asesinato. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, desligó instantáneamente a la fuerza de seguridad. Lo mismo hizo tras el asesinato de Rafael Nahuel con la Prefectura. Expresó públicamente el apoyo al accionar de las fuerzas para desalojar el territorio. Poco después, sus palabras fueron avaladas por la vicepresidenta Gabriela Michetti y por el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Genocidio vigente

Si para las campañas militares se necesitó construir al indígena como malonero y salvaje, ahora se lo reinventa como parte de una organización terrorista armada que ocupa ilegítimamente rutas y territorios. No importa dónde. El tema es que no se junten, no reclamen. Porque miedo del malón sigue vivo. En el norte y en el sur. Y la represalia está de guardia.

En Las Lomitas, último bastión del ejército en Formosa, existía hasta hace poco años una escuela infantil de la Gendarmería Nacional. Se llamaba “Agrupación Yunka”. Allí se reunían a niños y niñas para regar esa sed de venganza. Diversos procesos educativos dentro de las fuerzas que siempre van a hablar de esa versión de Yunká. Que van a permitir justificar cualquier represión.

Atrás quedó la verdad, enterrada. Lo que circuló fue el discurso hegemónico y la versión instalada. Los Pilagá, los supuestos asesinos de Yunká, siempre estarán en riesgo.

Ese resentimiento no sólo flotó en la Masacre de La Bomba, sino que siguió en el aire en las amenazas a las comunidades de Oñedié y Penqolé, dos recuperaciones territoriales que el Estado nunca termina de reconocer. Y que la Gendarmería Nacional se ocupa de “amenizar” con hostiles rondas nocturnas.

Nuestro país se constituyó sobre un genocidio indígena que aún no es reconocido ni por el Estado ni por la sociedad. Pervive no sólo el racismo brutal, sino también el sutil, el casi imperceptible, que lleva a desconocer estos hechos históricos y sus consecuencias que siguen vigentes.

No conocer muchos de los modos que adquirió el disciplinamiento de los pueblos originarios implica participar en la reproducción de silencios y olvidos. Porque una de las maneras en las que el Estado consigue reproducir estas prácticas sociales genocidas es justamente invisibilizando sus violencias.

Mientras no se reconozcan las represiones indígenas como parte de un proceso genocida, la muerte seguirá merodeando de noche a las comunidades indígenas. Como lo hace la Gendarmería Nacional en Formosa.

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El 10 de octubre de 1947, cientos de indígenas pilagá fueron asesinados en un paraje cercano a Las Lomitas, Formosa. Las y los persiguieron, violaron, fusilaron, apilaron y quemaron. No era ni la primera ni la última vez que la Gendarmería protagonizaba una represión indígena. Pero el “problema” es siempre el mismo: la concentración pública de sujetos indígenas es una invitación a la represión.

“Les dimos corchazos para que tengan”, celebra un gendarme. Otro, tira piedras. El otro, esconde un hacha. Y otros, quizás, un cuerpo. Escenas que infunden terror pero que están muy lejos de ser inaugurales o casuales.

La desaparición forzada de Santiago Maldonado durante la feroz represión en el territorio mapuche del Pu Lof en Resistencia en Cushamen, Chubut, puso en primer plano la violenta relación de la Gendarmería Nacional con las comunidades indígenas.

Una violencia que se inscribe en un continuo histórico en donde la reunión de sujetos indígenas en el espacio público reactiva rápidamente la necesidad de poner punto final al “malón”. Esa fue una de las justificaciones históricas que se esgrimieron para fundamentar la violenta anexión de territorios indígenas a través de las avanzadas cívico-militares conocidas como “Campañas al Desierto”. Un despliegue enorme de mecanismos represivos que impactan sobre los cuerpos y los territorios indígenas que vienen aprehendidos y sostenidos desde el siglo XIX.

La Gendarmería Nacional protagonizó distintas represiones indígenas a lo largo de la historia. En 1924, una protesta indígena por las condiciones de hacimiento en la Reducción de Napalpí fue reprimida por la policía del Territorio Nacional del Chaco y por el Regimiento de Gendarmería de Línea (luego reconvertido Gendarmería Nacional) dejando un saldo de cientos de indígenas qom y mocoví asesinados.

En la actualidad, se puede mencionar -entre muchas otras y en distintos lugares del país- la voraz represión sobre la Comunidad Potae Napocna Navogoh, La Primavera, Formosa, que en 2010 se encargó de “liberar” la Ruta Provincial Nº 86. Allí –al igual que hace dos meses en Cushamen- la comunidad qom sostenía un corte de la ruta en defensa de su territorio y sus derechos. La avanzada de la Gendarmería junto a la policía formoseña terminó con el asesinato del anciano qom Roberto López, varias viviendas incendiadas y ocultamiento de la documentación luego de la represión.

En Napalpí, Potae Napocna Navogoh o Cushamen, los y las indígenas se habían reunido. Y el delito es reunirse. Cambian las fechas y el color político del gobierno de turno. Pero los imaginarios que se actualizan en las fuerzas represivas del Estado permanecen intactos: La concentración pública de sujetos indígenas es leída como una invitación a la represión sobre esos cuerpos. Y eso fue lo que pasó hace 70 años en Formosa, en una de las masacres más silenciadas de la historia argentina.

La Bomba

Tonkiet era un hombre que -según los ancianos sobrevivientes- “sanaba con su palabra”. Su llegada a fines de septiembre de 1947 a un paraje llamado La Bomba, cercano a Las Lomitas, circuló rápidamente por el montaraz paisaje formoseño.

Ese era su legítimo nombre en lengua pilagá, aunque luego fue conocido por su nombre español: Luciano Córdoba. Y en torno a él, cientos de familias se congregaron para participar de un encuentro sagrado. Con el correr de los días, fueron cientos o quizá miles de personas quienes se reunieron a orilla del madrejón y formaron un solo cuerpo colectivo, ancestral y espiritual.

Dicen que el persistente sonido de tambores y alabanzas en lengua originaria se escuchaba a varios kilómetros de distancia. Y también dicen que la multitudinaria reunión fue leída como una amenaza para civiles y militares que vigilaban el entonces territorio nacional. La Gendarmería Nacional fue la que intimó a las familias a abandonar esa concentración espontánea.

Pero los caciques, ancianas y ancianos allí reunidos no se dispersaron: era una reunión sagrada, estaban en su territorio ancestral y entendían que no significaban amenaza alguna.

Sin mediar ningún intento de entendimiento, la negación fue rápidamente asumida como un acto de rebeldía. Y en la tarde del 10 de octubre de 1947, la Gendarmería Nacional desplegó toda la ferocidad de la violencia represiva del Estado. Su delito fue reunirse.

La emboscada fue fatal: por un lado, un avión con ametralladora perseguía desde el aire; mientras que la cacería por tierra abarcó distancias de más de cien kilómetros y varios días de persecución.

El minucioso y respetuoso documental “Octubre Pilagá. Relatos sobre el Silencio”, de Valeria Mapelman, recupera la memoria oral de los sobrevivientes y saca a la luz, entre otros, los delitos sexuales cometidos contra mujeres y niñas. La violencia de género en el marco de un proceso genocida entendida como mecanismo de tortura y silenciamiento.

Allí, también se recuerda en forma colectiva cómo fue ese proceso genocida que incluye matanzas, sometimiento, traslados forzosos y desmembramiento familiar, tal como se especifica en el concepto de genocidio que la Asamblea General de las Naciones Unidas elaboraría un año después de esta masacre para analizar los crímenes del nazismo.

Quienes lograron sobrevivir, fueron capturados por los gendarmes y enviados a trabajar en “reducciones indígenas” en condiciones de semiesclavitud y bajo el control de la misma Gendarmería Nacional que llevó adelante la masacre.

Morir sin justicia

Qadeite era una niña cuando comenzó la masacre. Aquel fatídico 10 de octubre de 1947 huyó junto a su madre y su pequeño hermano. Se escondió en el monte. Pasó hambre. Escuchó inmóvil el paso de las tropas que con una jauría a cuestas avanzaban por el territorio en busca de futuros fusilamientos.

A muchos “se los tragó el monte”. El hambre y las heridas los llevó a engrosar la cantidad de muertos. Nombres e historias que ni siquiera forman parte de un listado oficial. Nombres e historias que el Estado decidió deliberadamente ocultar. Víctimas de una maquinaria genocida que aún hoy no es reconocida.

Qadeite relataba que la encontraron junto a su familia y otro grupo de personas que también estaba escapando. Y luego los llevaron a las reducciones de Francisco Muñiz y Bartolomé de las Casas.

En esta última funcionó también el Internado para Niños José de San Martín, que manejaba un grupo de monjas y un capellán, institución destinada a impartir instrucción católica, disciplina y “pautas para el trabajo”. A sus ochenta y tantos años, Qadeite aún recordaba con angustia la imagen de su mamá forcejeando con las monjas para evitar que se llevaran a su hermanito.

“Cuando escapamos (de la Reducción) fuimos a lo de un señor que siembra algodón y ahí quedó toda la familia. Y ya después fuimos de un sembrado a otro. Toda la vida fue un peregrinar de un patrón de otro, de una cosecha a otro. Nunca más fuimos libres”.

Más de sesenta años después, eso contaba Qadeite a escasos kilómetros del epicentro de la matanza. Terreno donde no hace falta agudizar demasiado la visión para observar los pozos que indican las fosas comunes ni rasgar demasiado el polvo para que salgan a superficie los restos de las víctimas masacradas.

Una mujer tierna y valiente, que les cantaba a sus bisnietas mientras tejía sus yicas, que de a poco pudo recomponer los relatos del horror, y que tenía clarísima la ferocidad y la violencia de un Estado que nunca –ni siquiera- le pidió perdón.

Su hija, Noolé (o Cipriana Palomo, según el documento) es titular del Consejo de Mujeres de Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, una organización que reúne distintas comunidades de la provincia de Formosa y logró el reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Qadeite falleció en septiembre de 2015, unos meses después de la partida de Setkoki´en (Melitón Dominguez), otro activo sobreviviente de la masacre.

El año pasado fue el turno de Salqoe (Pedro Palavecino), un anciano que siempre instaba a seguir en la lucha por la verdad y la justicia. “Falta seguir, porque muchos no saben. Y porque todavía duele”, decía.

Y hace un mes murió Ni´daciye (Solano Caballero) que en diciembre del año pasado llegó hasta la Ciudad de Buenos Aires desde su Formosa natal para dar testimonio.

“Tengo 97 años y no olvido. Yo no olvido esta causa. ¿Por qué? Porque ahí está la sangre, ahí están los huesos, ahí en la tierra. Este es mi dolor. No es chiquito. Es grande, está arriba este dolor para mí. Pero estoy contento de llegar acá, a ustedes. Pero la justicia tiene que ser grande, porque pasaron muchos años”.

En 2005, la Federación Pilagá denunció al Estado por esta masacre. Inició un juicio civil y otro penal. Los ancianos y ancianas sobrevivientes van muriendo en el olvido y sin respuestas del Estado.

Nora Cortiñas junto a Ni´daciye en diciembre de 2015. Foto: Luciana Mignoli

Genocidios de segunda

Este 10 de octubre a las 17 hs, la Federación realizará un acto por la conmemoración de los 70 años de esta masacre en la comunidad indígena de Oñedié, Ruta 28 Norte en intersección con la Ruta Nacional 81, Las Lomitas. Entre otras cosas, se inaugurará un memorial en honor a las víctimas y sobrevivientes de la masacre, realizado por el artista plástico Ulises González, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina.

¿Cuántos organismos de derechos humanos les mandarán sus adhesiones? ¿Cuántas figuras públicas acompañarán este día al Pueblo Pilagá? ¿Cuántos medios de comunicación destinarán amplias coberturas a esta masacre impune? ¿En cuántas escuelas recordarán este hecho histórico? ¿Y por qué hay dolores que conmueven más que otros?

Porque hasta tanto no comprendamos que esa víctima indígena se me parece, hasta tanto no podamos sentir el dolor de esas comunidades como propio, hasta tanto no nos conmueva cada conflicto y cada represión, ese proceso social genocida sigue vigente.

Un genocidio indígena sobre el cual se constituyó este Estado Nación que cree haber “bajado de los barcos” y aún hoy sigue negando que sometió a la población originaria a campos de concentración, violaciones sistemáticas, reparto forzado, trabajo semiesclavo, separación familiar, expulsión de territorios, cambio de nombres, imposición de la religión católica y eliminación física.

Porque participamos –sin siquiera saberlo- de dinámicas de circulación de estos discursos que permitieron perpetrar un genocidio, que se sostuvieron a lo largo de los años y que, desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, han tenido un salto exponencial de racismo.

El genocidio no sólo opera a través de las fuerzas militares, sino que lo hace a través del discurso dominante, del sentido común, de los medios de comunicación, de los libros de historia, de los museos, de los actos escolares.

Reconocer, asumir y trabajar ese genocidio originario nos permitirá entender cómo se construyen y legitiman las demandas actuales; y por qué aún hoy la reunión de sujetos indígenas en el espacio público sigue permitiendo desplegar toda la fuerza de los aparatos represivos del Estado ante la latencia de un malón que siempre se actualiza.

Por eso, en el 70º aniversario de una de las masacres crueles del siglo XX, Qadeite, Salqoe, Setkoki´en, Ni´daciye y todo el Pueblo Pilagá merecen que nunca deje de exigirse memoria, verdad y justicia por las víctimas y sobrevivientes de Rincón Bomba.

(*) Luciana Mignoli es periodista e integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina.

Crédito de la imagen de portada: Fotografía publicada en el libro de Valeria Mapelman (2015), Octubre Pilagá. Memorias y archivos de la masacre de La Bomba, Buenos Aires: Tren En Movimiento Ediciones, tomada de El último alzamiento, Revista de Gendarmería Nacional (1992).

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El miércoles 27 de septiembre, el Senado de la Nación vivió una jornada histórica, ya que se prorrogó la ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas e impide los desalojos de las mismas. En vísperas de la sesión, representantes de Pueblos Originarios y diversas organizaciones sociales que acompañan sus reclamos, montaron una carpa frente el Congreso. Crónica de un día de lucha.

Sesión especial

Pese al frío y la lluvia incesante, la carpa se nutrió de referentes indígenas que arribaron desde Comunidades situadas en distintos puntos del país.

Promediando las 17 – y antes de ingresar a la mesa de labor parlamentaria por este mismo tema- se hizo presente en el lugar la senadora nacional por Río Negro, Magdalena Odarda, quien preside la comisión especial de Pueblos Originarios. Odarda saludó a los presentes y manifestó que se tratará de “Una sesión especial, para tratar la prórroga. Hasta el momento no ha llegado texto de modificación de la ley. Logramos la votación electrónica para que se sepa cómo se vota, que no sea a mano alzada, ya que sino después nadie se hace cargo de lo que vota”.

Freno a los desalojos

Presente en la carpa, Miriam Liempe, del Pueblo Mapuche y Secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma bonaerense, expresó que los Pueblos Originarios estaban “en alerta y preocupados” por lo que podía pasar con la prórroga. “Esta ley sería para que estos desalojos no sigan adelante. Hace mucho tiempo nosotros venimos pidiendo que el relevamiento se cumpla y que se haga con la participación de los pueblos. Queremos que se visibilice la lucha. En términos de burocracia, siempre los tiempos son desfavorables a los pueblos. Nosotros somos pueblos empobrecidos, nos cuesta más organizarnos y también en los territorios tenemos muchas debilidades, estamos desfavorecidos en fuerzas de todo tipo. Hay focos de problemas actualmente en todos los territorios. Por eso en cada lugar estamos fortaleciéndonos y buscando alianzas en las provincias. Si esta ley no se prorroga habrá muchísimos problemas, es fundamental la prórroga”.

“Un acto de estricta justicia”

En las horas previas, además de la expresión –vía twitter- favorable del Jefe de Gabinete Marcos Peña, se conoció la adhesión explícita a la prórroga, por parte de numerosos senadores nacionales, incluyendo un texto de opinión publicado este 26 de septiembre en la agencia oficial Télam, de la senadora nacional por la UCR de Jujuy, Silvia del Rosario Giacoppo, quien enfatizó que “Está claro que es urgente y necesario que el Congreso Nacional de tratamiento a una nueva prórroga de esta Ley ya que no se ha avanzado, desde su sanción, con la necesaria celeridad en la regularización de los dominios de las tierras de las comunidades. Esta norma es, sin dudas, un acto de estricta justicia y reparación histórica para los pueblos originarios de nuestro país pero diferentes incumplimientos estatales retrasaron el ejercicio efectivo del derecho a las tierras de las comunidades ¿Se va a avanzar, entonces, en la solución de fondo? Por supuesto. Se va a debatir en el Senado en la próxima sesión y lo vamos a resolver porque hay una emergencia con este tema”.

También el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, presidido por el qarashe Félix Díaz, emitió un comunicado señalando que “Ninguna Comunidad corre riesgo de desalojo por el vencimiento de la Ley, está garantizada la continuidad de dicha ley al menos por dos años más, tiempo en el que trabajaremos conjuntamente, por una solución de raíz como la Ley de Propiedad Comunitaria, que nos otorgara la titularidad definitiva de nuestros territorios”.

Optimismo

Por su parte, el padre José Auletta, coordinador de la Región NOA del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), organización que encabezó una fuerte campaña nacional en favor de la prórroga, llegó al acampe tras participar de numerosas etapas previas de diálogo con senadores y diputados, y se mostró optimista al resaltar que “gracias a la movilización de las Comunidades, que viene desde hace mucho tiempo, se logrará que la prórroga sea una realidad. Es importante que se satisfagan y cumplan los derechos indígenas, comenzando por el territorio, ya que sin tierra no hay vida”.

En tanto, el joven Marcelo, perteneciente al Pueblo Kolla y miembro de la Comunidad Rodero, de Humahuaca (Jujuy), reslató que “Vinimos a Buenos Aires para participar del acampe en apoyo a la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Acá estamos para apoyar con toda fuerza una prórroga que es sumamente importante para la provincia, esperando que los legisladores estén a la altura. En la provincia de Jujuy además tenemos una ley de servidumbre administrativa, donde toda la provincia está sujeta a servidumbre y con el aval del Estado todas las empresas pueden venir a realizar emprendimientos sin consulta previa a las comunidades; esto se da porque el 90% de las comunidades no tiene título”.

Antecedentes

La ley 26.160 fue sancionada en 2006. La primera prórroga se votó en diputados en 2009 con 138 votos a favor, tres en contra (MPN) y dos abstenciones. La media sanción de Senadores fue votada con unanimidad de las y los 45 senadores presentes. La segunda prórroga de la ley se votó en la Cámara de Senadores el 3 de julio de 2013 con la unanimidad de los 53 senadores y senadoras presentes. En Diputados fue votada el 26 de septiembre de 2013 con la unanimidad de las y los 191 legisladores presentes.

El debate y la lucha de los Pueblos Indígenas por la prórroga, se da un marco de creciente violencia contra las Comunidades, registrándose en este contexto la desaparición – hace dos meses- de Santiago Maldonado en el marco de un operativo represivo de Gendarmería Nacional en Pu Lof en resistencia Cushamen (Chubut), y la detención desde hace más de cinco meses del docente y referente wichí Agustín Santillán – junto a otros cuatro jóvenes de su Comunidad, detenciones denunciadas como parte de la persecución política que el gobernador de Formosa Gildo Insfrán impone en dicha provincia contra las voces críticas que denuncian los avasallamientos contra los derechos indígenas.

El miércoles 27 nuevamente la presión popular dio sus frutos. Este camino no concluye, pero marca una nueva etapa de avances.

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Una historia de violencias y de poder institucional en Formosa. La indiferencia de la sociedad y un interrogante, ¿los delitos sexuales se deben medir con la misma vara que el resto? Quienes luchan contra el abuso sexual infantil sostienen que  “hay un gran vacío de políticas públicas”.

En 2010, Hermenegildo Alarcón Gutiérrez violó a un niño de cinco años en un barrio de Clorinda, provincia de Formosa. La Justicia lo comprobó y lo condenó a 8 años de prisión. El 21 de marzo próximo – a seis años del hecho-, este hombre va a comenzar sus salidas transitorias porque en la cárcel mantuvo “perfil bajo y buena conducta”.

El niño, al que vamos a llamar “Pablo”, quedó inválido por un periodo de 5 meses e incontinencia por las heridas y el trauma de la violación. Aún hoy sigue con secuelas. La Justicia nunca le designó ningún/a abogado/a. La mamá de Pablo, Olga Insfrán, nunca fue indemnizada de modo alguno.

Olga cuenta atragantada de rabia que le llegó una citación del Juzgado de Formosa. En el papel, le avisan que le otorgarán las salidas transitorias al hombre que violó a su hijo, y que les marcó la vida para siempre. Ella vive en Clorinda, a más de 100 kilómetros. No sabe aún si podrá ir, cómo, y tampoco queda claro para qué. “Si ya le dieron las transitorias, yo no sé siquiera si puedo hacer algo, qué hacer, si hay tiempo”, dijo.

Suena lógica la duda, cuando quienes deberíamos sentirnos protegidos/as de pronto nos encontramos con evidencia que nos deja expuestas: la desinformación, la falta de alguien que explique cómo va la causa y qué significa cada cosa.

Ella nos explicó que nunca supo nada. “A mí me mandaban. Para allá, para acá. Yo hacía lo que me iban diciendo. Muchas veces mi hijo estuvo reunido con la psicóloga, a raíz de esas charlas se comprobó el hecho. Nunca me informaron que pasaba ahí dentro, a mí nunca me dijeron que lo habían condenado, por ejemplo. Nada. Nunca me reuní con ningún abogado, ni una sola vez”.

El día del hecho, Pablo estaba jugando en la vereda con las hermanas. Ella estaba adentro, haciendo las cosas que generalmente se hacen en una casa. Los chicos y chicas se oían desde adentro, eran varixs niñxs vecinxs. Un llanto desgarrador irrumpió la escena: era Pablo que lloraba en la vereda del vecino bañado en sangre de la cintura para abajo. “Me mordió el perro” gritaba. Olga salió disparada con su hijo en brazos, pidiendo ayuda. Le pidió a la vecina – esposa de Hermenegildo y dueña del perro que supuestamente había mordido a Pablo- que lo lleve al hospital. La señora se negó rotundamente.

Fue en el hospital que contradijeron la historia. Pablo no había sido mordido por ningún perro. Las heridas no habían sido provocadas por ninguna mordida.

El personal del hospital Cruz Felipe Arnedo radicó la denuncia en la Comisaría local, que tardó aproximadamente 12 horas en realizar el allanamiento en la casa de Hermenegildo, dando tiempo para ocultar las pruebas.

Así y todo, la justicia accionó y Hermenegildo Alarcón Gutiérrez fue acusado, procesado y condenado por “abuso sexual con acceso carnal” (*) contra Pablo, un niño de 5 años.

Condena versus secuelas

Marcha habló con Sebastián Cuattromo, presidente de “Adultxs por los derechos de la infancia”, una ONG que trabaja sobre la víctima y quienes acompañan; y la organización como método de lucha: “Nos gusta citar este proverbio para entender que es lo que hacemos y como pensamos: Para criar un niño hace falta una aldea.”

Sebastián se presenta como un adulto que fue víctima de abusos. “Te lo aclaro porque todo lo que nosotros y nosotras decimos y hacemos parte desde la experiencia personal. Teniendo en cuenta que del 20 al 25 por ciento de la población sufrió algún tipo de abuso de esta índole durante la infancia, y que la mayoría de los casos sucede en el ámbito intrafamiliar, lo que queremos es visibilizar, entendiendo esta pata fundamental para poder empezar el proceso de lucha. No puede quedar suscripto al ámbito familiar sino que es una cuestión social. Es en un espacio colectivo, donde poder compartir con otras y otros, cambia mucho la perspectiva, los sentires: te das cuenta que no estás solo/a, que no te pasó a vos sola, no estás loca, lo que nos pasó es común en otros/as”.

Cabe aclarar: no se conocen datos específicos de abusos en Argentina, pero hay estadísticas surgidas de la línea 137, donde se denuncian casos que se conocen o sospechan, y que van en aumento año a año.

Hablando de la historia de Pablo -sorprendido-, nos aclara que la mayoría de las veces los casos quedan impunes, si es que se logran denunciar. Sobre la llamada “reinserción” de violadores a la sociedad, opinó: “Nuestra experiencia nos dice que detrás de los abusadores hay muchas más víctimas. El abusador es un abusador primero de poder, se relaciona con la víctima como si ella fuera un objeto que puede tomar, y si, la mayoría son varones teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad patriarcal, machista y adulto-céntrica. Los abusadores vuelven a abusar”.

Consultado sobre el beneficio de las salidas transitorias, Sebastián opinó que uno de los problemas radica en que “hay un gran vacío de políticas públicas. En principio, la Justicia revictimiza y maltrata a las víctimas y a los familiares que llegan a esa instancia. Por ejemplo, que el acusado (y condenado en este caso) no vuelva a tener contacto con niños, pasa solo cuando el abusador es docente. No puede volver a ejercer el cargo. Eso surge a raíz de la modificación del Código Penal sobre la prescripción de los delitos de abusos, en 2015. Si no hubiese sido por la insistencia de las organizaciones esto hubiera seguido igual. Es un gran cambio, pero falta mucho, hay muchos vacíos”, concluyó.

Justicia patriarcal

Marcha se puso en contacto con el abogado Juan Ignacio Maurin, de la agrupación Mundanas, quienes también tiene un trabajo vinculado al abuso sexual infantil. “La condena que le dieron a este hombre fue de la más bajas, siendo 6 años la mínima y 15 años la máxima en casos de abuso sexual con acceso carnal, y pudiendo haber sido agravada -de 8 a 20- si se acreditaba, por ejemplo, un grave daño en la salud física o mental de la víctima. Cumpliendo poco más de 5 años de prisión podría acceder a la libertad condicional, por la reducida pena que recibió”.

Sobre la Ley y sus alcances, en 2013 se promulgaron algunas modificaciones en el Código Penal, Ley Nº 24.660. Una de ellas vinculada al beneficio de las salidas transitorias; unos de sus artículos establece que: “En los casos de las personas condenas por los delitos vinculados a (abuso sexual), antes de adoptar una decisión, el juez deberá tomar conocimiento directo del condenado y escucharlo si desea hacer alguna manifestación. También se requerirá un informe del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución y se notificará a la víctima o su representante legal, que será escuchada si desea hacer alguna manifestación. El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para presentar su propio informe”.

Le consultamos cuales son las causales de condena en estos casos, y explicó: “En caso de una violación así, fue un hecho muy puntual. Lo que queda en el olvido generalmente son los abusos sistemáticos, intrafamiliares, los abusos más ocultos que se establecen en una relación de confianza”.

La Justicia no tiene, en ningún tipo de delito, la obligación de poner un abogado para la víctima, es decir, para la persona querellante; pero sí para el acusado. Maurin detalló “esto tiene lógica cuando se trata de delitos contra la propiedad privada o de lesiones leves, por ejemplo, para evitar así el revanchismo entre particulares. Como el Estado tiene el monopolio del poder punitivo, es una garantía básica que el imputado cuente con una defensa técnica y gratuita. Considero que ciertos delitos como los sexuales y los de violencia machista, también justifican que el Estado acompañe a las víctimas y las haga partícipes reales en los procesos judiciales”. Esto deja al descubierto otras fallas en lo que respecta al accionar de la (in)Justicia: mide todos los delitos con la misma vara, desde el robo de un teléfono hasta el abuso sexual.

Entendemos que si el Estado invirtiera dinero en un/a abogado/a para alguien que denuncia por el robo de un bien a otra persona, es un gasto desproporcional para el Estado por un delito vinculado a la propiedad privada. Sin embargo, en situaciones como abusos sexuales y denuncias por violencias machistas, el Estado debería garantizar la defensa de la víctima, ya que se está poniendo en juego la integridad física, mental y la salud de las personas que denuncian, además de que los términos legales son ajenos a quien realiza la denuncia y se hace fundamental garantizar protección y acompañamiento a la querella.

Mientras tanto, la organización sigue siendo el camino para que la impunidad no sea, y la Justicia sea nuestra.

*Esta definición de la carátula del delito por el que fue acusado y condenado el violador, es una consecuencia del análisis entre el abogado y las periodistas de la nota, de acuerdo a las citaciones recibidas por la familia, ya que nunca fue informada ni documentada sobre la condena.

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