Por Francis Lopes y Laura Salomé Canteros. Foto: Julianite Calcagno. Cobertura #NosotresSim en Brasil 

La primera vez que el Senado Nacional de Brasil tuvo un baño para las mujeres fue en 2016. Para ese entonces, la institución tenía 56 años de existencia. 56 años de exclusión y barreras que mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries y negrxs lucharon por romper y derribar a fuerza de trabajo colectivo para llegar al poder. En ese mismo año, la primera mujer presidenta de la historia del país, Dilma Rousseff, fue expulsada del Ejecutivo en otro capítulo de los golpes parlamentarios de América Latina. Como si hubiera tenido que pagar una deuda por todos los avances concretados a lo largo de los años. Fue preámbulo del ascenso de la derecha fascista y misógina junto al femicidio político, en marzo de 2018, de Marielle Franco.

La violencia, simbólica pero también física, es una de las problemáticas de vulneración de derechos políticos rumbo a las elecciones del próximo domingo en Brasil. Es una consecuencia del fascismo en el poder y contando con los recursos del Estado y del Poder Ejecutivo que tiene a Jair Bolsonaro al frente. Además, evidencia que la llamada “segunda ola progresista” debe enfrentarse a escenarios más que complejos en toda la región: polarización de los debates y desinformación, concentración de los medios de comunicación, militarización de los territorios, criminalización de las juventudes y destrucción de los bienes comunes.

El miedo no es una sensación. Es el producto de un conjunto de esas prácticas que se ponen a disposición para generar un clima determinado en un espacio y tienen su correlato en los cuerpos de quienes allí habitan. Eso pasa actualmente en el país más grande de Sudamérica, en el contexto de una elección determinante en la historia democrática local y regional. Incluso estas formas tienen una categoría y una forma de denominación aquí. Se les llama “políticas de muerte”, tal como se puede leer en los panfletos y escuchar en los discursos de les candidates de las distintas organizaciones políticas y sociales que apoyan al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva para un tercer mandato en la presidencia.

Se percibe en el aire, se ve en mayor o menor medida dependiendo del lugar y lo muestran los números. Según una encuesta de DataFolha, dada a conocer el pasado 16 de septiembre, el 79 por ciento de las personas teme ser agredida físicamente por su posición política. La muestra consistió en encuestar a 2100 personas mayores de 16 años de todo el territorio nacional entre el 3 y el 13 de agosto.

Un estudio de la Universidad Federal de Río de Janeiro calculó 1209 ataques a políticos ocurridos desde enero de 2019, el primer mes del gobierno de Bolsonaro, hasta junio de este año. Solo en 2022, 45 líderes políticos fueron víctimas de homicidio. En total, estimaron que los casos de violencia política crecieron en un 335 por ciento en los últimos tres años. Se identificaron 214 registros en el primer semestre de 2022, mientras que el país tenía 47 casos en el mismo período de 2019, año en que se inició el estudio.

Los resultados no parecen ser casuales. El desafío también está en comunicar los hechos sin caer en la pedagogía de la violencia o la crueldad. Generar relatos que echen por tierra la posibilidad de celebrar a un torturador como Carlos Alberto Brilhante Ustra, que estuvo a cargo de centros clandestinos de detención durante la última dictadura y fue celebrado por Bolsonaro en el discurso que dio en 2016 cuando el Parlamento echó a Rousseff de la presidencia por una “pedalada fiscal” una decisión de política económica común en todos los gobiernos.

El problema con la cuantificación de los “casos” es la despersonalización de las historias. Generar una distancia tal que no lleve a la acción. Detrás de cada número, hay una persona. Una historia de un militante, de una señora o de unx candidatx, así como detrás de cada acción violenta hay un mensaje dirigido a la propia persona atacada, a su círculo afectivo y militante y al resto de la sociedad. Porque los sueños personales son también colectivos.

Son varias las historias que resonaron en los medios de comunicación desde que la campaña se intensificó, entre junio y julio de este año. Uno de ellos, fue el de Marcelo Arruda, un petista que celebraba su cumpleaños en Foz de Iguazú cuando fue asesinado a tiros por el policía criminal bolsonarista Jorge Guaranho.

Antes de ese episodio, el 15 de junio, un dron había lanzado veneno sobre el público que esperaba el acto de Lula, en Uberlândia, Mina Gerais. El 7 de julio lanzaron una bomba casera con heces al público en un acto de Lula, en Río de Janeiro. A principios de septiembre, un hombre se grabó a sí mismo mientras le negaba un plato de comida a una señora en situación de calle por declararse votante del PT. En Rio Grande do Sul, un empresario bolsonarista persiguió y chocó con su camioneta a la candidata por el PT: Cleres Maria Cavalheiro Revelante.

En los últimos días, Guilherme Boulos, candidato a diputado federal por el PSOL, fue interceptado por un grupo de bolsonaristas en un acto propio en San Pablo. La policía intentó detenerlo en lugar de a sus atacantes. El diputado nacional del PT y candidato a renovar su banca Paulo Guedes fue atacado a tiros por un integrante de la Policía Militar, Dhiego Souto de Jesús, de 30 años. El policía disparó tres veces contra él y otras personas en un mitín que realizaron en Minas Gerais. “Acabo de sufrir un ataque. Bolsonarista disparó tres tiros contra el auto en el que estaba, durante una caravana en Mina Gerais. ¿Hasta dónde llega este odio?”, escribió Souto de Jesús en sus redes sociales.

En este contexto, el Sindicato de Periodistas de San Pablo reportó casi tres millones de posteos con contenido ofensivo y agresivo contra comunicadorxs (2.865.845 en un estudio realizado por Reporteros Sin Fronteras, el Laboratorio de Estudios Sobre Imagen y Cibercultura de la Universidad Federal de Espírito Santo). El presidente Jair Bolsonaro fue el principal agresor hacia la prensa en 2021, con 147 casos registrados, lo que equivale al 34,2 por ciento de las agresiones. 

Las mujeres son el 40 por ciento de las víctimas de ataques a periodistas en Brasil. El 55,7 por ciento de los ataques hacia ellas se originan o repercuten en internet, y el 25,7 por ciento están relacionados con la cobertura electoral.

Mientras que la consigna dentro del PT y de los partidos aliados es no responder a las agresiones, en julio el Comité Brasileño de Defensores de Derechos Humanos, que agrupa a 45 organizaciones y movimientos sociales, publicó una guía básica para ayudar a combatir y denunciar estos hechos. El documento “Guía Práctica: Protección de la Violencia Política para Defensores de Derechos Humanos” se divide en tres ejes: percepción, protección y rendición de cuentas, y es útil tanto para candidates como para las personas que sufran este tipo de actos.

Por su parte, las centrales sindicales brasileñas se reunieron con las autoridades del Tribunal Superior Electoral (TSE) para solicitarle que tome todas las medidas de seguridad necesarias este domingo. Estuvieron la Central Única de los Trabajadores (CUT), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Central de Trabajadores de Brasil (CTB) y se sumaron la Nueva Central Sindical de Trabajadores (NCST) y la Central de Sindicatos Brasileños (CSB). “Es dramático que tengamos que enfrentar este tipo de retrocesos en el patrón de relaciones políticas cuando concebimos que el respeto y la tolerancia son la base para el libre ejercicio del derecho de opinión y elección del voto”, dice el documento que entregaron.

Según la encuesta ya mencionada de Datafolha, este contexto podría alejar de las urnas al 9 por ciento de la población brasileña en los comicios del 2 de octubre. Sin embargo, los espacios y las muestras de resistencias se pueden encontrar y ver hasta en la tierra bolsonarista de Río de Janeiro. En la Roda de Samba Pedra do Sal -un sitio histórico y religioso, cuna de la samba que supo ser una aldea quilombo, ubicado en Saúde, en la zona del puerto de Río- en donde entre bailes, tocadas, fiestas y cervezas les candidates hacen campaña, te llenan de calcos de ellxs mismxs y de Lula. Ahí, por ejemplo, a cambio de la caipiriña, existe la “caipiLula”. La gente lleva las calcos pegadas en el cuerpo o en la ropa, así caminan por la calle, van y vuelven de trabajar. Es la rebeldía hecha campaña.

En las grandes ciudades, la resistencia popular se transformó en campaña en las calles y cada acto es político electoral. Al miedo de los asesinatos políticos producto del odio fascista, activistas, militantes y ciudadanía empática, responden con la reconciliación con la representación partidaria. Un pacto de época para derrotar al fascismo y un mensaje de pueblos que se resisten a ser mero electorados para convertirse en sujetos activos de las transformaciones. Solo de esa forma habrá reconstrucción. También democracia.

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Por Luiza Mançano – Foto: Midia Ninja

“¿Podrías soportar un poquito más?”, fue la pregunta de la magistrada brasileña Joana Ribeiro Zimmer a una niña de 11 años embarazada tras sufrir una violación. La historia, que tiene lugar en el estado de Santa Catarina, en la región sur del país, se hizo pública tras una filtración de The Intercept Brasil el último lunes, 20 de junio, en asociación con el portal feminista Catarinas.

El video divulgado es una grabación de la audiencia del 9 de mayo que debería autorizar la interrupción del embarazo de la niña. Decir que la jueza y la fiscal que conducen la sesión intentaron convencer a la niña a no interrumpir el embarazo sería decir poco. En realidad, la niña fue sujeta de una tortura más practicada por el poder judicial brasileño, como denuncian los movimientos feministas del país.

Finalmente, la niña violentada accedió a su derecho al aborto pero su historia evidencia el paradigma institucional antiderechos que dejará el desgobierno de Jair Bolsonaro en el país a tres meses de las elecciones presidenciales. El #AbortoLegal será un debate esencial en lo que viene.

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– ¿Tienes algún deseo especial para tu cumpleaños? Si tienes, pídelo. ¿Quieres elegir el nombre del bebé?

– No.

(…)

– ¿Crees que el padre del bebé aceptaría darlo en adopción? – pregunta, aludiendo al violador.

– No lo sé – dice la chica, en voz baja.

[Fragmento del diálogo filtrado en la audiencia y divulgado por The Intercept Brasil]

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La legislación brasileña establece la interrupción del embarazo en tres causales, dos de ellas garantizadas en la Constitución de 1940: cuando representa riesgo de vida para la persona embarazada sin límite de semanas o cuando resulta de una violación. La tercera causal fue incorporada en 2012, tras un fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) y se puede interrumpir el embarazo también en el caso de anencefalia, una anomalía congénita.

Según la ley, la interrupción del embarazo de la niña de 11 años – que en el momento de la violación tenía solo 10 – debería haber sido realizada en el hospital luego que ella y su madre buscaron el servicio de atención. Sin embargo, no fue lo que ocurrió, ya que la normativa interna del hospital recomienda la interrupción del embarazo en caso de violación solamente hasta la vigésima semana de gestación y se ignoró el riesgo a la vida de la niña.

Con el objetivo de posponer y luego negar el derecho a la interrupción del embarazo, una serie de irregularidades fue cometida por el Poder Judicial y la niña fue enviada a un albergue y apartada de su madre, a quien se le impidió cuidarla.

Acciones y movilización

La filtración de la historia desató una fuerte indignación en el país y rápidamente los movimientos feministas organizados en el Frente Nacional contra la Criminalización de las Mujeres y por la Legalización del Aborto (FNPLA) se movilizaron bajo la consigna “Niñas no madres” [Crianças não é mãe”, en portugués] para exigir la inmediata interrupción del embarazo para la niña, denunciando la violencia que sufre y que el embarazo representa un riesgo para su cuerpo.

En la ciudad de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina (donde se desarrolla la historia), organizaciones feministas realizaron un acto callejero el último martes, 21, y el FNPLA realizará una nueva acción este jueves, 23, esta vez en São Paulo, en frente a la sede del Ministerio Público Federal.
La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) y la Marcha Mundial de las Mujeres presentaron ante el Consejo Nacional de Justicia una queja disciplinaria contra la magistrada responsable por el caso. Las entidades sostienen que en su conducta la jueza cometió “asedio institucional, utilizó métodos de terror sicológico, promovió la revictimización y violó normas legales, derechos y garantías”.

Conservadurismo y embarazo infantil

Esta historia no representa algo único; el año pasado, a una niña de 14 años se le negó su derecho al aborto legal por violación en su ciudad y sólo se logró la interrupción del embarazo tras un viaje de siete horas a la capital de su estado, Minas Gerais, y un intenso acoso por parte de trabajadoras sociales, como reveló la Agencia Pública.

En 2020, grupos conservadores y la entonces ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos del gobierno de Jair Bolsonaro intentaron impedir la interrupción del embarazo de una niña de 10 años tras haber sido violada por su tío. Debido al acoso que sufrió en su ciudad, la niña viajó a Recife, capital de Pernambuco, en un trayecto de más de 1.700 km, para que pudiera acceder al procedimiento.  En esa ocasión, irrespetando lo que establece el Estatuto de la Niñez y Adolescencia (ECA), se dio a conocer el centro médico donde estaba ingresada y la interrupción del embarazo tuvo lugar pese a la presencia de grupos conservadores que rezaban y protestaban en el exterior del local.

Según un informe publicado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2020, se registraron 60.926 casos de violación, con 44.879 casos de violación de niñas y adolescentes. Datos preliminares del Ministerio de Salud dan cuenta de que aproximadamente 17.316 niñas y adolescentes de hasta 14 años tuvieron bebés en 2021, y se supone que haya un subregistro debido a la pandemia.

Mientras tanto, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y sus aliados en el Congreso brasileño siguen en una ofensiva para desmontar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales, ya sea a través de proyectos específicos o del desmantelamiento de la salud pública y la educación sexual en el país. 

En 2021, de los 26 proyectos tramitados en la Cámara de Diputados referentes a la interrupción del embarazo, 22 buscaban impedir u obstaculizar el aborto legal en los casos autorizados por la ley e incrementar la penalización de abortos realizados clandestinamente, señala un estudio realizado por el Centro de Estudios y Asesoramiento Feminista (Cfemea).

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Por Luiza Mançano, desde São Paulo | Fotos: Manuela Martinoya

Esta es la primera gran movilización desde el comienzo de la pandemia en el país en marzo de 2020. La movilización convocada por los frentes de izquierda Pueblo Sin Miedo y Brasil Popular, que aglutinan los principales movimientos populares del país reunió a miles de personas en las 27 capitales de los estados brasileños y en aproximadamente 100 ciudades más.

En uno de los momentos más críticos de la pandemia, ya que el país se aproxima al medio millón de muertes por Covid-19, los movimientos decidieron salir a calles para denunciar la ofensiva negacionista y presionar a los parlamentarios brasileños para que destapen el proceso de destitución de Bolsonaro. El análisis realizado por la Agencia Pública de Investigación Periodística señala que se remitieron 117 solicitudes de impeachment del mandatario al Congreso Nacional; en total, más de 500 organizaciones han firmado las peticiones oficiales.

En las calles, una de las principales reivindicaciones es la ampliación del plan de vacunación en el país y una ayuda de emergencia en el valor mínimo de R$ 600,00 [unos 140 dólares, que equivalen a un 54% del salario mínimo].

La movilización masiva reunió a integrantes de partidos de izquierda, diversos movimientos populares, como el movimiento negro, feminista, campesino, indígena, asociaciones populares, centrales sindicales y la ciudadanía en general.

Además de denunciar la intensa crisis en Brasil, política, social, económica y sanitaria, en las calles los movimientos expresaron la solidaridad internacionalista con los demás países latinoamericanos y sus banderas.

En la marcha realizada en la Avenida Paulista, principal centro financiero de la ciudad de São Paulo, la militante de la Marcha Mundial de las Mujeres, Sarah de Roure, recordó la lucha internacionalista de las mujeres populares en el continente.

“Nosotros, los que queremos la destitución de Bolsonaro, somos los mismos a que se llaman locos en Colombia, que estamos en huelga desde hace un mes, somos las mismas que en Chile ocuparon las calles y el parlamento, somos las mismas que legalizaron el aborto en Argentina”, expresó.

La militante aún destacó la organización comunitaria que en el último año ha sostenido la vida en Brasil, en contra de las políticas de muerte del gobierno. “Sabemos que estamos en un proceso de disputa política cotidiana, que nos llevará hacia la victoria. Una disputa que respondemos con organización comunitaria, porque si ellos recortan la ayuda de emergencia, nosotras respondemos con ollas comunitarias. Si aumenta el desempleo, organizamos redes de solidaridad, y así vamos a construir la victoria del pueblo de Brasil”.

La participación femenina en el mercado laboral en Brasil disminuyó un 53% en 2020, según los datos de la Encuesta Nacional por Muestreo de Hogares (PNAD, por sus siglas en portugués). Las mujeres negras corresponden a un 55% de las más afectadas por la reducción de ingresos y relatan dificultades para mantener gastos básicos como alquiler y tarifas de gas y electricidad.

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