Por Andrés Musacchio* / Foto Salvador Battalla

La problemática debe pensarse diferenciado dos niveles entrelazados pero parcialmente independientes: la crisis económica y la crisis de la deuda. El primero es la consecuencia de la política económica seguida en los últimos cuatro años. Si bien al comienzo del gobierno de Macri era perceptible un paulatino estancamiento y la reaparición de algunos problemas estructurales, el giro en la política económica significo una clara ruptura frente al pasado inmediato. El retorno de una política neoliberal, en su forma “financiarizada periférica” provocaron una grave depresión, una burbuja especulativa y una aceleración de la fuga de capitales, un problema estructural del país. Los ajustes que se fueron introduciendo sólo agravaron el panorama.

Simultáneamente, se tomaron créditos de manera descontrolada y sin vínculo con un modelo productivo. La financiación de los crecientes déficit del Estado, el reconocimiento pleno de deudas dudosas como las de los fondos buitres, el pago de deudas interestatales con créditos externos, la esterilización de moneda con títulos públicos, la bicicleta financiera a crédito y, finalmente, la financiación de la enorme fuga de capitales, provocaron una explosión de la deuda interna y externa. Solamente la deuda del gobierno central saltó del 52,6 al 88,8% del PBI entre 2015 y 2019. Según un informe del Fondo Monetario internacional del mes de marzo, el Estado central contabilizaba a finales de 2019 una deuda de 323.000 millones de dólares. De ellos, un 41% corresponde a acreedores privados, 14 al FMI y 9% a otros acreedores oficiales, siendo el 36% restante con agencias públicas.

Luego de un análisis de situación y de postergar algunos pagos (algo que ya Macri había iniciado con su “reperfilamiento), casi desde el inicio de 2020 el Ministerio de Economía trabaja contra reloj para negociar el conjunto de pasivos. Contra la opinión de algunos expertos, que sugerían sentar a todos los acreedores a una mesa común, se decidió negociar separadamente con el FMI, los acreedores privados y el Club de París (CP) -que incluye a los acreedores institucionales de los países desarrollados-.

Con el FMI se mantienen contactos regulares y, aunque desde ambas partes se han producido varios guiños, aún no se ha comunicado avances significativos. Con el CP se avecina una ríspida negociación, que recién está despuntando. A los acreedores privados se les ofreció una opción de reestructuración de deuda que abarca una porción significativa de los pasivos.

¿La deuda es realmente impagable?

Los principales acreedores y muchos economistas ortodoxos sostienen que la situación de la deuda argentina dista de ser dramática, pues no implica un problema de solvencia sino de liquidez. Los atrasos en los pagos y las reticencias a hacer los ajustes correspondientes habrían asustado a los mercados financieros, que interrumpieron sus créditos al país. El buen comportamiento sería una sencilla solución.

Tres argumentos desafían esta visión. En primer lugar, ya a comienzos de 2018, mucho antes de la interrupción de algunos pagos, el crédito se había interrumpido. Por ese motivo, el FMI asistió de urgencia al gobierno de Macri con el crédito más grande de su historia. Paralelamente los capitales financieros salían ordenadamente, pues el gobierno usaba ese crédito para atender las necesidades del mercado de divisas. Aunque los estatutos del FMI no permiten el uso masivo de sus créditos para estabilizar el mercado cambiario, en este caso sus autoridades tuvieron una política contemplativa. Tampoco se analizó prolijamente si el Poder Ejecutivo podía firmar un acuerdo sin autorización del Congreso, problema que hoy se dirime en tribunales y podría derivar en la ilegalidad de lo actuado.

El FMI, un actor al que no le cabe la sospecha de ser lobbysta de los deudores, advertía ya en su comunicado de prensa del 19 de febrero de 2020 que:

“sobre la base del análisis de la sostenibilidad de la deuda de julio de 2019, el personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible (…) El superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible. En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad.”

Un mes después, la Directora del Fondo, Kristalina Giorgieva, reforzaba la idea sosteniendo, en otro comunicado de prensa oficial, que:

“El análisis del equipo técnico muestra que, teniendo en cuenta la capacidad de servir deuda y el peso actual de la deuda del país, será necesario un alivio substancial de los acreedores privados para restablecer la sostenibilidad con alta probabilidad de la deuda. Alentamos a un proceso de negociación colaborativo entre Argentina y sus acreedores privados con el objetivo de alcanzar un acuerdo que conlleve una alta participación.”

El soporte de tales declaraciones es el Technical Assistance Report 20/83, de marzo de 2020, que hace un exhaustivo análisis de la situación macroeconómica del país y de la sustentabilidad de la deuda.

También el gobierno argentino, en su propuesta a los acreedores privados, expone un conjunto de indicadores básicos que detallan las dificultades para sostener el servicio de la deuda. Entre ellos, destaca para los próximos años necesidades fiscales que oscilan entre el 17 y el 22% del PBI sólo para el servicio de la deuda (niveles cercanos a los de 2001), intereses que superan el 20% del gasto público, así como insuficientes reservas de divisas en poder del Banco Central.

Los economistas ortodoxos, los acreedores privados y algunos políticos y periodistas insisten en la idea de que en lugar de renegociar la deuda, es preciso un drástico ajuste fiscal y de consumo en la población, tal como ocurrió en países como Grecia, España y Portugal o, en tiempos no muy lejanos, la propia Argentina. Sin embargo, en su propuesta, el gobierno muestra convincentemente que el camino del ajuste ya se hizo y fue tan doloroso como inefectivo. El gasto público del gobierno central se redujo entre 2015 y 2019 de un 25,3% del PBI a un 21,9. Neta de intereses de la deuda, la reducción fue del 24,0% al 18,6% del PBI en el mismo lapso. La caída del PBI de 2,5% en 2018 y 2,1% en 2019 es otra muestra del severo ajuste. También los indicadores sociales son contundentes: los salarios reales cayeron entre 2017 y 2019 un 13%, las jubilaciones mínimas un 21%, el salario promedio medido en dólares un 42% y la tasa de desempleo creció 2,3 puntos porcentuales, llegando al 10,6% de la población económicamente activa. Las personas bajo la línea de pobreza son ahora un 6,8% más, alcanzando al 35,4% de la población. Con el despliegue del Covid-19 estos indicadores se han profundizado aún más.

Queda claro que bajo esas condiciones no hay margen político ni social para un ajuste mayor. Sin él, es imposible generar recursos para el pago de la deuda. Pero incluso una profundización del ajuste (la política de los dos últimos años del macrismo), la depresión y la consiguiente caída de la recaudación, tampoco permitirían servir la deuda. Por eso, la renegociación es el único camino posible.

¿Qué y cómo se negocia?

Como hemos dicho, tres frentes se encuentran abiertos en materia de deuda externa (la inflada deuda interna resulta un capítulo aparte). Con el FMI, el principal acreedor, se marcha a paso lento, a la espera de que los otros dos frentes estén solucionados. La relación se perfila en una tensa cordialidad, establecida a partir de un cambio de percepción de la problemática por parte de las nuevas autoridades del fondo, de la evaluación que muestra la no sustentabilidad de la deuda y de un cuidado extremo por parte del gobierno de no quebrar ningún puente con acciones bruscas unilaterales. Esto último quedó demostrado con el pago de 320 millones de dólares de intereses a comienzos de mayo, a pesar de que se había comunicado hace tiempo que por el momento no estaba previsto realizar erogaciones vinculadas a la deuda.

El nudo gordiano del problema es, en este momento, la deuda en moneda extranjera con los acreedores privados. Para ello, el 17 de abril el gobierno presentó una propuesta que abarca casi 65.000 millones de dólares, en parte compuesto por títulos emitidos en los últimos cuatro años, pero también bonos del canje anterior. El ofrecimiento incluye una moratoria de tres años, una extensión de los plazos, una pequeña quita del capital de 5,4% y un fuerte recorte de intereses, mayor al 60%, que, de todas formas, siguen siendo un 2,5% positivos, en un mercado con tasas virtualmente nulas. Los bonistas rechazaron la propuesta y el plazo del canje se extendió hasta el 22 de mayo. El problema es que, desde la perspectiva de la sustentabilidad, la oferta no deja demasiado margen para la negociación. En ese sentido, el gobierno parece estar pagando el precio de una estrategia poco agresiva, que apuntaba a generar confianza.

¿Y con el Club de París cómo andamos?

En lo que respecta a los acreedores oficiales, el panorama resulta, por el momento, poco alentador. Algunas informaciones de primera fuente dan cuenta de una posición extremadamente dura por parte de algunos de los integrantes del bloque acreedor, aunque diferencias internas entre los socios dejan la puerta abierta a un mínima chance.

Las deudas con el CP no son demasiado elevadas, pues luego de la renegociación de 2014 buena parte de los pasivos fue cancelada. Lo que más incomoda es la cláusula por la que se fijan los intereses futuros en un 9%, algo tan desmedido como perjudicial en los otros frentes. Por eso, un acuerdo razonable fortalecería notablemente el poder de negociación argentino con los acreedores privados.

Sin embargo, aunque tres de los países más grandes verían con moderado interés o prescindencia la reapertura de las negociaciones, un ala más dura exige condiciones iniciales de difícil cumplimiento. Se pretendería que se acuerde primero con los acreedores privados y con el FMI, que se establezca un programa monitoreado con reformas estructurales sustantivas como apertura, equilibrio fiscal austero, mayor transparencia y combate contra la corrupción. Así, resulta muy difícil pensar en una solución; incluso en una negociación. Pero en última instancia todo se resume en estrategias y política. En ese sentido, algunos canales pueden abrirse y torcer el rumbo.

Pensando una estrategia más áspera

A nuestro juicio, la intensión de mostrarse confiable se plasmó en una estrategia excesivamente técnica y cautelosa. Resulta indispensable recuperar la iniciativa política y avanzar de forma más frontal. Argentina tiene poco que perder, pues aunque firme nuevos compromisos, el mercado financiero permanecerá cerrado por mucho tiempo.

¿Con qué mecanismos de presión cuenta Argentina? En primer lugar, la coyuntura internacional compleja es un apoyo nada despreciable. El crecimiento del fenómeno global de endeudamiento y el crecimiento de las cesaciones de pago recientes juegan a favor. Una crisis de la deuda es hoy una posibilidad mucho más concreta, incluso que en 2008. Si un deudor grande, como Argentina, se declara en bancarrota, la crisis se volverá aún más palpable. El Covid-19 agravó el problema e impulsó al Fondo a acciones concretas de reestructuración y apoyo, aunque aún limitadas a pequeños deudores. Pero eso abre una nueva puerta.

También algunos grupos de economistas, entre ellos uno motorizado por el Premio Nobel Joseph Stiglitz, se han manifestado claramente a favor de la renegociación de una deuda que es a todas luces impagable.

Algunas organizaciones no gubernamentales europeas y latinoamericanas también están conversando con funcionarios de gobierno, tratando de ofrecer su expertise y su capacidad de mediación para que las negociaciones lleguen a buen puerto.

Algunos miembros del Club demuestran su interés por conocer cómo actuará China en las reestructuraciones de deuda. El país asiático se ha convertido en un nuevo actor de peso en las finanzas internacionales, pero aún no se ha estrenado en estas lides. Por eso, otros actores desean tener un caso testigo que de pautas a futuro. Aunque en principio Argentina no tiene a dicho país como un acreedor inmediato de gran porte, no sería descabellado intentar sumarlo para generar ese caso testigo. La estrategia, algo arriesgada, aflojaría especialmente en el Club una parte de las resistencias.

En el caso de que las negociaciones se estanquen, podría incluso intentarse una vieja opción utilizada por Indonesia en 1969. En aquel momento, las dificultades entre los acreedores para conciliar sus propias estrategias económicas y políticas se destrabó recurriendo a un mediador, que elaboró una propuesta aceptable para todas las partes. El resultado fue un acuerdo que permitió resolver el problema. En el caso actual, la estrategia argentina de negociar por bloques y la situación geopolítica muy diferente complican la utilización de tal alternativa. Sin embargo, la potencial crisis económica internacional y la eventual incorporación de China a la mesa de negociaciones podrían generar un contexto favorable.

Resolver los problemas de fondo

Mientras se plantean nuevos escenarios, sería importante avanzar también en la determinación de las responsabilidades penales y de la legalidad de los créditos tomados en los últimos cuatro años. Probablemente los resultados de tal investigación tengan poco efecto concreto en los acuerdos con los acreedores, pero obligarían a futuros gobernantes a actuar con mayor responsabilidad. Si los acreedores exigen transparencia, sería interesante poner el foco sobre las redes de corrupción locales y los lazos con los grupos externos y con funcionarios de organismos internacionales. La vieja investigación del Juez Ballesteros sobre la deuda contraída por la dictadura amerita un nuevo proceso, pero evitando que prescriban las acciones como ocurrió en aquel entonces.

De la misma forma, es preciso evitar la gestación de nuevas burbujas especulativas financieras. Esto exige, claro, una compleja política económica y productiva. El comienzo es la estricta revisión de la liberalización financiera y la libre movilidad de capitales. Habitualmente se afirma que, de esa manera, Argentina bloquearía la llegada de las inversiones necesarias para el desarrollo. Dos argumentos contradicen tal afirmación. En primer lugar, se trata de golpear al proceso de financiarización, pero dejando espacio al desarrollo de proyectos productivos. El segundo argumento es más relevante: en el último medio siglo, la salida de recursos (por la vía del pago del servicio de la deuda, la fuga de capitales, las remisiones de utilidades especialmente del capital financiero y por quienes explotan masivamente recursos naturales, regalías y otros conceptos) fueron muy superiores a los ingresos. Es decir, Argentina es un exportador neto de excedentes y su problema fundamental es cómo retenerlos más que cómo atraer recursos externos. Por eso, un estricto control de capitales orientado hacia la movilización y hacia la reinversión interna es el primer gran paso para resolver a largo plazo la cuestión de la deuda.

*Investigador UBA-CONICET. Artículo publicado originalmente en el Instituto Tricontinental de Investigación Social

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Por Francisco Cantamutto | Ilustración de Serko

Los resultados de las elecciones primarias del 11 de agosto abrieron una nueva etapa en el escenario de la economía política en Argentina. Más allá del candidato que resultó más votado, lo que impactó fue el nivel de rechazo a la propuesta de modelo de país de Cambiemos, que en caso de ganar había prometido con total claridad profundizar.

Lo que el resultado avizoraba, más allá del apoyo mayoritario al Frente de Todos, era el final anticipado del experimento neoliberal, que se basó de manera creciente en la especulación de corto plazo. La insostenibilidad estructural de este esquema ha sido abordada largamente en varias columnas.

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Su propio cortoplacismo hace que cualquier presión externa desestabilice a este esquema. En ese sentido, los resultados del 11 de agosto pusieron un llamado de atención a las posibilidades de darle continuidad más allá de diciembre. Como profecía autocumplida, esto lo que hizo fue acelerar los tiempos de salida. Desde las PASO a esta parte, el Banco Central ha perdido alrededor de 9000 millones de dólares de reservas tratando de solventar la salida de los grandes operadores del mercado.

Un movimiento inicial del tipo de cambio que lo situó de 45 pesos a alrededor de 60 (si bien ha habido movimientos a la baja, no han logrado una reducción significativa) obligó al Banco Central a vender reservas, de acuerdo a lo pactado con el FMI, y mantener las tasas de interés en el elevado nivel de casi 75 por ciento. Ante el mínimo vaivén político se hace más evidente que el modelo de especulación construido por Cambiemos ha llegado a su fin.

La culpa la tiene el Gobierno

Las ambivalentes respuestas del Gobierno ante este escenario han sido primero, culpar al pueblo por las elecciones que toma, y segundo, a las declaraciones de su principal candidato opositor, aún no electo, Alberto Fernández.

A los pocos días tuvo que retroceder en su discurso para proponer un paquete de medidas compensatorias que ya ha quedado claro que resulta mínimo frente a los ingresos perdidos, no solo a lo largo de los tres años y medio, sino inclusive de las últimas tres semanas.

En este contexto de permanente tensión cambiaria donde cada gesto, cada movimiento, cada tweet puede desestabilizar al conjunto de la economía, la incertidumbre sobre no solamente el tipo de cambio, sino el conjunto del sistema de precios, traba las cadenas de pago y de abastecimiento, al no poder establecer precios de referencia. Esto es trasladado por las grandes empresas a las pequeñas.

El sector PyME, que ya venía atravesando una crisis fruto del tarifazo y la caída de la demanda interna, se ve además presionado por las dificultades para el cobro y las presiones para el pago. Cada vez que tienen que hacerse de capital de trabajo de corto plazo tienen que enfrentar tasas de descuento de los cheques de más del 130%. Esto lo hace virtualmente insostenible y alimenta la crisis que estábamos viviendo desde antes de las PASO y que no fue ni es resultado de las elecciones.

Los anuncios de Lacunza

Con este escenario, el día de ayer el nuevo Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció un conjunto de medidas acusando de irresponsables a la oposición, lo que es una confesión de la insostenibilidad de la deuda a corto y mediano plazo. El eufemismo del “reperfilamiento” esconde una reestructuración compulsiva de la deuda. La deuda a muy corto plazo (las Lecaps y las LETES) es cambiada a deuda de mediano plazo; se atrasa unos meses y se llama a la negociación a los tenedores de deuda de mediano plazo.

En este contexto, el llamado a debatir en el Congreso, que no fue consultado para la toma de deuda, excepto en aquel fatídico 2016, obliga a negociar en los términos del mayor acreedor de la Argentina en este momento: el FMI, que tiene en el país una misión técnica para evaluar el cumplimiento de las metas de ajuste en la Argentina.

La propuesta de esta reestructuración, que sigue pautas semejantes a las de otras experiencias internacionales como la de Ucrania o la de Portugal, lo que busca es cambiar a un nuevo tipo de acuerdos de facilidades extendidas. Lo que hacen es extender los plazos de pago, de manera tal de permitir al país continuar pagando tal y como se propone el principal candidato opositor, Alberto Fernández.

¿Vuelven los fondos buitres?

Este movimiento de reestructuración de deuda lo que está haciendo es, primero, blanquear la incapacidad de pago. Y en segundo lugar, y al mismo tiempo, está abriendo la puerta a un nuevo momento crítico en el cual la presencia de fondos buitres puede volver a someter a la Argentina a un proceso de litigio cruento y cuyo final no es claro, dado el antecedente de los pagos en 2016.

El tenedor del 55 por ciento del capital en Lecaps (letras capitalizables) es el fondo Templeton, que había apostado cual ruleta a la Argentina bajo las gestiones del entonces Ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo. Este fondo buitre ha participado de otras salidas negociadas de reestructuración de deuda, como la de Ucrania. Su presencia permite suponer que van a aumentar las concesiones y los procesos litigiosos sobre la Argentina y su posible salida.

El Gobierno lo que busca es hacer corresponsable al conjunto de la oposición política en la gestión de la reestructuración de la deuda, condicionando la agenda del gobierno que siga, cualquiera sea. De esta manera se busca continuar trabando políticas alternativas.

Esto lo que va a hacer es continuar intensificando la presión sobre el tipo de cambio y sobre las reservas, elevando la inestabilidad, generando mayor incertidumbre y alimentando la recesión, haciendo que sea muy largo llegar hasta el recambio presidencial en diciembre. El apoyo del FMI no puede darse por descontado, debido a los antecedentes de la crisis del 2001, en el cual el organismo acompañó en las sucesivas reestructuraciones, incluso en noviembre de 2001, para soltar la mano un mes después y favorecer el estallido final de la crisis de la Convertibilidad.

En esto contexto, el FMI le ha dado a la Argentina la mitad de sus fondos prestables y una cesación de pagos del país pondría en aprietos, ya no solo técnicos y políticos al organismo, como ocurrió en 2001, sino incluso financieros, porque dificultaría el pago de sus propios funcionarios. Esto que parece ilógico puede ser producto de las presiones que está recibiendo por parte de Estados Unidos, que continúa interesado en profundizar el modelo de Cambiemos, sea con Mauricio Macri a la cabeza u otra figura. Pero con las mismas lógicas económicas detrás.

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Por Reverso* | Foto de YPF

Días atrás, el usuario “Sushiplanero” posteó en Facebook un mensaje en el que señala que por “culpa” del precandidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, la Argentina “deberá pagar US$ 3.000 millones por la expropiación de YPF”.

Sin embargo, esa afirmación no puede ser probada, puesto que trata sobre un proceso judicial en marcha ante los tribunales de Nueva York, en el que actualmente se discute la jurisdicción en el que debería ser tratado. La cifra, en tanto, no fue confirmada oficialmente por ninguno de los organismos nacionales públicos encargados de la defensa de la Argentina, ni tampoco fue reclamada formalmente por el fondo Burford Capital, quien inició la demanda.

A continuación, un repaso por los principales aspectos del juicio, los fundamentos de la demanda, la defensa argentina y la respuesta del entorno del precandidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos.

El disparador

El post de “Sushiplanero” cuenta con más de 83 mil compartidos y 1.500 mensajes, y fue publicado el 24 de junio último. “Axel Kicillof quiere ser Gobernador. Hagámosle acordar a la gente, quién es Kicillof y que gracias a él, Argentina deberá pagar US$ 3.000 millones por la expropiación de YPF, que según él, ‘no nos iba a costar un peso’. Caradura”, reza el mensaje viral (para más precisiones sobre esta afirmación, también se puede consultar esta nota).

“Sushiplanero” es una cuenta con 18.800 seguidores en Facebook, cuyo nombre real no se conoce, y que manifiesta en sus posteos apoyo al actual Gobierno, aunque en algunos casos incurre en la difusión de desinformación, como puede verse aquí.

La publicación se realizó en medio del proceso judicial que el fondo Burford Capital mantiene en Nueva York contra el Estado argentino por la estatización de YPF y la posterior quiebra de dos empresas del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

El proceso se sustancia en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, bajo las órdenes de Loretta Preska, la jueza que reemplazó a Thomas Griesa, conocido en nuestro país por llevar adelante el reclamo de los denominados “fondos buitre” contra la Argentina.

En diferentes medios de comunicación se consignó que, de perder el litigio, el país estaría obligado a desembolsar US$ 3.000 millones como compensación a Burford. Sin embargo, esa cifra no fue confirmada por ninguno de los organismos argentinos que intervienen en la defensa jurídica de los intereses del país, ni tampoco fue solicitada formalmente por los demandantes, según pudo comprobar Reverso.

¿Por qué Burford Capital?

Burford es lo que se denomina un hedge fund o fondo de cobertura, que se dedica a la compra de los derechos de litigio de empresas quebradas de todo el mundo y luego inicia juicios por sumas mucho mayores. En otras palabras, funciona a nivel judicial del mismo modo que los llamados “fondos buitre” lo hacen con la compra de títulos de deuda de alto riesgo.

Concretamente, este fondo compró el proceso de quiebra de dos empresas del Grupo Petersen: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que poseían acciones por el 25% de YPF, compradas a la petrolera española Repsol en dos operaciones en 2008 y 2011.

Los Eskenazi adquirieron las acciones a través de préstamos de bancos internacionales, y se comprometieron a pagar con el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera. En su estrategia de defensa ante la Justicia de los Estados Unidos, la Argentina considera “fraudulenta” esta operación, por lo que alega que no debería continuarse con el litigio.

El pago de los créditos se vio interrumpido con la estatización del 51% de las acciones de YPF, que fueron expropiadas por el Estado argentino a la española Repsol. A partir de entonces, la administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra de las empresas de los Eskenazi, que no pudieron afrontar sus deudas con los bancos extranjeros.

La quiebra de las dos compañías del Grupo Petersen recayó en el Juzgado Mercantil N° 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar. Quien compró esa posibilidad fue Burford Capital, ya conocido en nuestro país porque también intervino, con la misma lógica, en el caso de Marsans, la antigua propietaria de Aerolíneas Argentinas.

Consultados al respecto, voceros del Grupo Petersen señalaron que con la estatización “se modificaron las condiciones con las que el grupo había entrado y devolvía los créditos, y al no poder hacerlo, muchas acciones se las quedaron los bancos acreedores, y por otra parte quedaron un montón de créditos impagos, por eso las empresas se presentan en quiebra en Madrid”.

El juicio

La demanda principal del hedge fund se sostiene en que según el Artículo 7° del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol. Además, se alega perjuicio porque tras entrar en la compañía (los primeros interventores fueron los entonces viceministro de Economía, Kicillof, y ministro de Planificación Federal, Julio de Vido), el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que desencadenó en que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.

Burford Capital utiliza como argumento la intervención de Kicillof ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, y Minería, Energía y Combustibles del Senado, el 17 de abril de 2012, cuando se debatía la expropiación de YPF (versión taquigráfica completa).

Entonces, Kicillof, que se desempeñaba como viceministro de Economía, se refirió al artículo 7° del estatuto de la compañía, al señalar que “en ese leonino estatuto interno que dijeron que si alguien osaba poner un pie, como al propio Estado… Porque créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’” (acá se puede ver un fragmento de la exposición).

En defensa de esta posición, Santiago Pérez Teruel, abogado que forma parte del equipo de Kicillof, indicó respecto al reclamo sobre el artículo 7° que “lo que decidió el Congreso fue aplicar la Constitución, que es superior al estatuto privado de la empresa, y lo que correspondía hacer era el proceso constitucional vigente de expropiación. Esta decisión se toma porque hay un interés público comprometido, que, en este caso, era el control de una empresa que es clave para el desarrollo estratégico del país”, señaló.

En ese contexto, Pérez Teruel sostuvo que “se está discutiendo si se aplica una regulación comercial o si el Estado tiene capacidad soberana para expropiar un bien cuya utilidad reporta un beneficio para los argentinos”.

Respecto de la prohibición del giro de dividendos, el abogado respondió que “la decisión de repartir dividendos o no en una empresa la tiene la mayoría. Un socio minoritario no puede decidir que se repartan los dividendos”. Y aclaró que “en lo que se estaría agraviando Petersen es en la imposibilidad de cumplir compromisos privados respecto de los cuales el Estado nacional ni YPF tienen que ver. Si apalancaron la compra de acciones con un contrato privado con un banco, es un riesgo empresario que corrieron ellos”. 

La defensa argentina

La estrategia de defensa de la Argentina, encabezada por la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Bernardo Saravia Frías, tiene varias aristas, que podría simplificarse en dos puntos centrales: la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue “fraudulenta”; y la jurisdicción donde deben zanjarse este tipo de conflictos es la argentina, porque aquí está radicada la empresa YPF.

Este último punto fue rechazado el 24 de junio último por la Corte Suprema de Estados Unidos, que confirmó la jurisdicción neoyorquina. Sin embargo, el 11 de julio último la jueza Preska decidió evaluar la cuestión ante un nuevo pedido de la defensa del país, rechazando una moción de Burford para iniciar prontamente el juicio. 

En este recurso de “forum non conveniens”, el país alega que “los demandantes no pueden demandar a la Argentina en este Tribunal porque el control de las disputas de ley argentina que surjan de los estatutos de una corporación argentina deben ser llevadas a la jurisdicción donde la corporación mantiene su domicilio social, que en este caso es la Ciudad de Buenos Aires, Argentina” (ver página 19 del alegato de defensa, en inglés).

En otro punto fuerte de la defensa, la Argentina alega que el juicio debe sustanciarse en el país porque “las reclamaciones y las defensas afirmativas presentadas en este documento también se basan abrumadoramente en conductas y acciones que tuvieron lugar en la Argentina y requieren la evaluación de las leyes argentinas y las acciones del gobierno argentino. Además, varios testigos clave están encarcelados en la Argentina o de lo contrario no pueden viajar a los Estados Unidos, y la mayoría de los documentos relevantes se encuentran en Argentina y están escritos en español” (página 21 del alegato). 

¿Por qué resulta clave este párrafo? Porque introduce a la principal y más polémica carta de defensa del país: la Argentina sugiere que la compra de las acciones por parte de la familia Eskenazi fue “ilegal” y llega a sugerir que tienen alguna conexión con funcionarios argentinos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (a quienes refiere cuando señala sobre “testigos encarcelados”).

En ese punto, afirman que “fuentes periodísticas argentinas informaron que una cantidad significativa de dinero recibido por la Provincia de Santa Cruz en regalías de petróleo y la privatización de YPF en 1993, que más tarde ´desapareció´ (los llamados “Fondos de Santa Cruz”) en su lugar podrían haber sido utilizados para facilitar y pagar el acuerdo Repsol-Petersen” (página 24 de alegato).

Más allá de este punto, la Procuración del Tesoro, a través del estudio Skaden, Arps, Slate, Meagher & Flom de Estados Unidos, sostiene que el Grupo Petersen y Repsol “celebraron un conjunto altamente dudoso de acuerdos falsos para adquirir sus acciones de YPF, basadas en una transacción de autosuficiencia que usó de forma inadmisible el capital propio de YPF para permitir que los demandantes ‘compren’ sus acciones y ‘reembolsen’ a Repsol. Debido a la naturaleza impropia de los Acuerdos Repsol-Petersen (que causaron daños al Gobierno y al Pueblo argentino), deben anularse ab initio y, por lo tanto, los demandantes no tienen legitimidad para demandar a la Argentina” (página 27 del alegato).

Para la defensa, el Grupo Petersen compró las acciones sin riesgo alguno, ya que pagaría los créditos con los dividendos de la compañía, los cuales tenía asegurados porque gracias a la posición mayoritaria que contaba en sociedad con Repsol, habían decidido distribuirse el 90% de las ganancias. 

“Para garantizar que Petersen pueda pagar los ‘préstamos’ que recibió de Repsol, Petersen y Repsol también acordaron incorrectamente que distribuirían como dividendos el 90% de las ganancias de YPF, en lugar de reinvertir esas ganancias en YPF, y además acordaron pagar una cantidad adicional como dividendo especial de $ 850 millones, independientemente de las ganancias reales” (página 24 del alegato). 

Voceros del grupo Petersen se defendieron al sostener que “la operación está registrada en la SEC de Estados Unidos (la Comisión de Bolsa y Valores), en la Bolsa de España, tiene el aval de los bancos internacionales… Tendría que haber una conspiración internacional, pasó por muchos filtros”.

*Autor: José Giménez | Agencia DIB. Edición: Juan José Domínguez y Laura Zommer

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Con el respaldo de varios senadores del Frente para la Victoria, la Cámara Alta sancionó la ley que le permite al Gobierno de Macri pagarle a los hodouts y tomar una deuda por USD 12.500 millones.

El último día del mes de marzo, cuando el presidente Mauricio Macri aterrizó en los Estados Unidos, el Congreso argentino ya había convertido en ley el proyecto para habilitar el pago a los fondos buitre. A las 0.54 del jueves 31, con una abultada mayoría, los senadores convalidaron el acuerdo para pagarle a los holdouts con una deuda de más de 12 mil millones de dólares a partir de la derogación de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano. Con ese dato relevante, Macri empezó a buscar inversores en territorio norteamericano.

Divide y reinarás

De 72 miembros que tiene el Senado, 54 votaron a favor y tan sólo 16 en contra. El Gobierno nacional, finalizada esta batalla legislativa, logró una victoria doble. Por un lado, demostró virtudes para seducir adversarios. Por otra parte, hundió en el lodo de las internas al debilitado Frente para la Victoria. Aunque resulte incompresible, la alianza Cambiemos se benefició, en esta oportunidad, por la pesada herencia kirchnerista.

En la Cámara Alta el proyecto de “Normalización de la Deuda Pública y Recuperación del Crédito” contó con el apoyo de los tres partidos que integran la alianza oficialista (PRO, UCR y Coalición Cívica), y sus circunstanciales aliados del Frente Renovador, el Peronismo Federal, el GEN, otros partidos provinciales, y el espacio UNA. Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, se declaró en contra pero no estuvo en el recinto cuando culminó la sesión especial. Lo más sobresaliente de la jornada, en tanto, fueron los 26 representantes integrantes del opositor FpV que levantaron la mano a la hora de votar. Con esa postura, un sector del peronismo liberó la zona para pagarles a los carroñeros e inaugurar una nueva etapa de endeudamiento para el país.

La senadora Sigrid Elisabeth Kunath, que tiene una foto de Cristina Fernández en su perfil de twitter, votó el acuerdo que habilita el pago a los fondos buitres. Y también lo hizo el senador Pedro Guastavino, amigo y compañero de Néstor Kirchner desde los años 70. Con estos dos ejemplos, as distorsiones dentro del Frente para la Victoria retumban y exponen una sangría de dirigentes tan irreversible como inevitable.

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, el jefe del bloque kirchnerista en la gestión de CFK, jugó fuerte y largó una declaración arriesgada. “Néstor Kirchner les pagaría a los holdouts”, y así se animó a interpretar un supuesto comportamiento del fallecido ex mandatario. “Recuperé la capacidad de decir lo que pienso”, sentenció Pichetto cuando expuso en el recinto. Con esos argumentos, el rionegrino debilitó la brecha en la pulseada que tuvo con el sector más duro de la bancada. Esas declaraciones, montadas sobre incomprobables elucubraciones, le sirvieron para convencer a Liliana Fellner (Jujuy) y Graciela De la Rosa (Formosa), quienes –supuestamente– se oponían en la previa.

El dividido comportamiento del FpV responde a la falta de conducción. También, surge por el pedido de los gobernadores peronistas que se alinearon con el Poder Ejecutivo. Según ellos, condicionados y absorbidos por la posibilidad de pedir créditos externos en los mercados internacionales. “Nosotros entendemos que tal vez no es el mejor proyecto, pero lo vamos a acompañar”, había adelantado a Marcha el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet (FpV). Sus representantes entrerrianos, Kunath y Guastavino, le hicieron caso. Gustavo Bordet, delfín de Sergio Urribarri, su antecesor en el cargo, se despegó de la estructura partidaria y agitó la grieta. La misma postura adoptó su par de Chaco, Domingo Peppo, quién se distanció del ex Jefe de Gabinete K, Jorge Capitanich, el hombre que lo respaldó para que se consagrara en las últimas elecciones provinciales. Los legisladores chaqueños, también, aplicaron la obediencia debida y acataron la orden que llegaba desde su provincia. Pero con una particularidad, Eduardo Aguilar y María Inés Pilatti Vergara respondieron a la línea que bajó Jorge Capitanich y se rebelaron a la orden de Peppo. En cambio, Ángel Rozas, titular del bloque radical y último orador, puso el voto afirmativo que partió desde esas tierras.

Cuando esta norma tuvo media sanción en Diputados, en el artículo “El kirchnerismo buitre, otro signo de un cambio irreversible”, adelantábamos: “Aunque tenga los números a favor, la construcción de una resistencia antibuitre en el Parlamento se diluye. Condicionados por las provincias que los eligieron, los senadores conviven con las presiones de las clases dominantes territoriales y las exigencias de sus representados, quienes se identifican con los empoderados de CFK. Sus votantes, mientras aguardan por la reaparición de La Jefa con encuentros sueltos en plazas y parques, dilatan su repliegue y el ansiado contrataque. Con migraciones y divisiones constantes, parafraseando el slogan camporista, el kirchnerismo vive un cambio #irreversible”.

Y si bien no nos equivocábamos en la lectura, más que un acierto adivinatorio se trata de una línea evidente que viene trazando el kirchnerismo.

Más que definiciones estrictas, lo que surgen son preguntas para seguir buscando respuestas: ¿Se trata del famoso péndulo peronista que permite llegar al poder a una u otra tendencia sin solución de continuidad? ¿Es  que el gobierno actual trabaja con las continuidades kirchneristas que no hubiera podido sostener sucesor alguno de Cristina Fernández? ¿O será que quienes pregonaban ayer por la Patria, estatización de YPF a la cabeza, hoy transformaron eso de que “La Patria es el otro” en un regalo para el siempre acechante país del Norte?

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Tras una maratónica jornada, Diputados aprobó el pre-acuerdo del gobierno con los fondos buitres.

Tras más de 20 horas de debate, finalmente triunfó la habilidad política de Cambiemos por sobre las razones y argumentos. Diputados aprobó el miércoles el pre-acuerdo del gobierno con los fondos buitres, por 165 votos afirmativos y 86 en contra.

Sin importar lo que se dijera –porque no había argumentos serios a favor del acuerdo, sólo consignas– los acuerdos alcanzados tras bambalinas fueron la regla. No sólo dieron resultado las extensas negociaciones del Gerente de la Nación con los gobernadores y lo urdido por el ex Ucedé y actual presidente de la cámara de Diputados, Emilio Monzó. También surtieron efecto los arreglos sospechados de cohecho entre Diego Bossio y Nicolás Massot (heredero de los dueños del diario de extrema derecha La Nueva Provincia), que parecen haber costado algo más que “cinco sanguchitos de miga y tres mates fríos”, según se supo por el diálogo de whatsapp entre ambos diputados. Además de este arreglo, que ya está siendo investigado por el presunto delito, la negociación requirió conseguir el apoyo del Frente Renovador, que pretendió hacer valer sus votos, tratando de simular desacuerdos irrelevantes. Cambiemos mostró que sabe hacer política de poker y rosca.

Votaron a favor entre otros (el detalle está aquí): la alianza Cambiemos (89 votos propios), el interbloque del Frente Renovador (33 votos), 17 del Bloque Peronista liderado por Bossio, 5 votos del FAP (4 socialistas y 1 del GEN) y 6 nuevos fugados del Frente para la Victoria. En contra, se expresaron el resto del kirchnerismo (77 votos), Libres del Sur (3 votos), el Frente de Izquierda (4 votos), y Alcira Argumendo por Proyecto Sur. Se ausentaron los sindicalistas Héctor Daer y Facundo Moyano, y el ex gobernador Felipe Solá.

Como señalamos, poco importó lo dicho. El gobierno amenazó expresamente la votación, al señalar que no había “plan B”, y si no se conseguía el acuerdo, la alternativa era la hiperinflación. El plan completo de Cambiemos depende de una nueva ola de endeudamiento, que hasta ahora se ha dado a tasas de interés carísimas: 7,8% en dólares al año en los bonos emitidos en diciembre, 9,5% en los bonos emitidos por la provincia de Buenos Aires la semana pasada. Según el ministro Prat Gay, resultado de los acuerdos, la tasa bajaría entre 1,5% y 2%. Según nuestros cálculos, esto implicaría que el Estado debería emitir nueva deuda por el equivalente a dos PBI completos para amortizar el costo del arreglo, estimado en 11.648 millones de dólares. Al aceptar el acuerdo, la mayor parte de Diputados se hizo socio del programa de ajuste social de Cambiemos y su lógica de endeudamiento, conformando un auténtico “partido de la deuda”.

La incómoda posición del kirchnerismo residió en buscar mostrar lo excesivo de este acuerdo frente a la gestión propia. Es real que el gobierno kirchnerista mejoró la gestión financiera de la deuda, al pasar a pesos y volver intra-estatal la deuda, pero no es menos cierto que se convalidó así la peligrosa idea de que era correcto pagar cualquier deuda, y que incluso esto se podía hacer sin sacrificio social. Los 192.000 millones de dólares pagados, los acuerdos con el Club de París, el CIADI del Banco Mundial, el pago el FMI, los canjes de 2005, 2010 y 2013, así como la declaración de “interés público” del pago de la deuda (Ley de “pago soberano”) atestiguan este problema. Por eso no fue creíble su intento de último minuto por llamar a una consulta popular sobre este acuerdo: porque el propio Kirchner se negó a escuchar los casi dos millones de votos expresados por no pagar la deuda en la consulta de la CTA de 2003.

Pero no por ello deja de ser cierto que este acuerdo expresa una versión menos sostenible de la gestión de deuda, tal como explicó en la sesión el ex ministro Kicillof. No hay garantía alguna sobre posibles nuevos juicios: ni del 93% que ya ingresó en canjes previos, ni del cerca del 3% de holdouts que no están en negociación en el preacuerdo. Tampoco se entiende cómo no llevaría a nuevos juicios el tratamiento desigual en el propio acuerdo entre diferentes fondos buitres, donde Paul Singer se ve claramente beneficiado por su capacidad de lobby y litigio. Tampoco se explica por qué se les paga ganancias que llegan al 3.184%. Tampoco se entiende por qué se derogan las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, pero no la que declara de orden público la resolución de la ONU sobre la reestructuración de deuda soberana: ésta última es la única que de hecho abre la posibilidad de nuevos juicios.

Penosamente, la mayor parte de los legisladores expresaron su apoyo sin haber leído en detalle el proyecto. Argumentos muy pobres –como el de Margarita Stolbizer– remitían a la mala gestión del kirchnerismo, como si eso habilitara a peores arreglos. Votos vergonzosos, pero votos al fin. Un Congreso advenedizo, con muchos legisladores que votaron las mismas leyes que ahora derogaron, mostró el escaso compromiso con las decisiones que toman. Los abogados Barcesat, Corti y Cholvis han presentado una denuncia contra el presidente Macri, su gabinete y los legisladores que votaron el acuerdo por traición a la patria y defraudación de las arcas públicas. El fiscal federal Federico Delgado y el juez federal Sebastián Casanello tomaron la denuncia, y ya han pedido información para darle curso.

El trámite ahora sigue en el Senado, donde el kirchnerismo tiene mayoría propia. Pero también es cierto que la mayor parte de los senadores responde a los gobernadores, actualmente en negociación con Macri por fondos de coparticipación. Si el Senado hace modificaciones, el proyecto vuelve a Diputados y se demora para los planes oficiales. El gobierno busca no sólo lograr la aprobación antes del 14 de abril –requerida por el juez Griesa– sino antes de la visita de Obama a fines de marzo. La visita del presidente estadounidense no es casual, viene a apoyar a Macri, considerado cabeza de playa en el actual “giro a la derecha” en la región, y el Gerente de la Nación quiere mostrar resultados.

En una entrevista reciente con Morales Solá, entre otros exabruptos, Macri confesó que Obama actuó en su favor “generando un clima de opinión favorable” y que además –en un gesto de osada provocación– piensa enviar a capacitar fuerzas de seguridad con agentes estadounidenses y franceses (ver minuto 39:14 aquí). Macri piensa festejar el 40 aniversario del golpe renovando aquel programa: ajuste, endeudamiento, represión y silenciamiento. Urge una oposición frontal y coordinada contra el gobierno.

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El debate por el acuerdo con los fondos buitres dejó al desnudo las internas y disputas que atraviesa el Frente para la Victoria. En total, 6 diputados y diputadas votaron junto al macrismo y otros sectores de la oposición. Uno de ellos lo hizo después de abandonar el bloque parlamentario. Con deserciones, traiciones, falta de disciplina partidaria y un pase de facturas constante, el kirchnerismo atraviesa un fenómeno de divisiones y deslealtades, tan inevitable como irreversible.

Los votos

El martes de 15 de marzo, a las 12.26, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, anunció que con 147 diputados presentes arrancaba la sesión especial para analizar el proyecto del Poder Ejecutivo de “Normalización de la Deuda Pública y Recuperación del Crédito”. La iniciativa del gobierno nacional, con aval parlamentario, permitirá convalidar al acuerdo para pagarle a los fondos buitres, con una deuda de más de 12 mil millones de dólares, a partir de la derogación de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano.

El quórum para habilitar la sesión se lograba con 129 miembros en el recinto, y esa misma cantidad se requería para aprobar la norma. A Monzó, efectivo operador del PRO, le sobraron 18 legisladores y legisladoras para iniciar el debate. El primero en sentarse en su banca fue el socialista Hermes Binner. Luego, ingresaron al recinto los miembros del Bloque Justicialista que encabeza Diego Bossio. Minutos después apareció el Frente Renovador de Sergio Massa.

Al mediodía, con esas presencias opositoras, y con esos gestos, el macrismo comenzaba a saborear un triunfo que sobrevendría 20 horas después, tras una jornada maratónica que culminaría con un resultado final de 165 votos a favor y 86 en contra, tal como quedó registrado en el tablero del parlamento, clavado en las 8.35hs del miércoles 16 de marzo. En esa misma pantalla luminosa también figuraba la cantidad total del cuerpo, con 252 presentes y 5 ausentes. Sin embargo, lo que no reflejaba el cartel electrónico era la débil y precaria unidad del Frente para la Victoria en el Congreso, que ya no convivía con una grieta interna sino con una implosión incontrolable que dividía al bloque.

Con Maurice Closs, Silvia Risko Jorge Franco, Ramón Bernabey, Myriam Gallardo y Graciela Caselles, devenidos en aliados circunstanciales, la restauración neoliberal se aseguraba endeudar al país bajo el argumento del equilibrio fiscal y las futuras inversiones, tal como lo explica la inoxidable obra “Los Vendepatria. Las pruebas de una traición”, de su líder histórico, el ex presidente Juan Domingo Perón. En esas reflexiones, editadas hace casi medio siglo, en Caracas, Venezuela, Perón advierte que “el capital extranjero aparece como una especia de ungüento curalotodo que se ofrece gratuitamente para curar nuestros males”.

Los votantes

“A mí me pagan para venir a laburar acá. Y este tema lo tenemos que resolver”, dijo el diputado por Misiones, Maurice Closs, cuando fue consultado por Marcha acerca del quórum en los días previos a la sesión. De esa manera, el ex gobernador descartaba bloquear el debate y exponía diferencias con el Jefe de su espacio, el experimentado Héctor Recalde. Sin embargo, el objetivo principal del misionero era despegarse de la línea que bajaba la agrupación La Cámpora. “Que el quórum lo consiga Paul Singer”, había lanzado Andrés Larroque, referente de la organización que conduce Máximo Kirchner. En concreto, Maurice Closs, Silvia Risko y Jorge Franco, fueron los representantes de la provincia mesopotámica que rompieron el acuerdo de su partido y votaron junto al oficialismo.

Casualmente Closs, junto al ex titular de la Anses, Diego Bossio, se convirtieron en la postal de un cambio tan inesperado como irreversible. Ambos, que habían sido elegidos para ocupar algún Ministerio ante un posible triunfo electoral de la formula Scioli-Zannini, ahora salieron a respaldar una controvertida medida de la alianza Cambiemos. A Bossio le adjudican, a partir de la publicación de un mensaje por whatsapp, haber canjeado su posición por impunidad, más allá de los conocidos sanguchitos o los mates fríos. Al otro, beneficios para su región.

El cordobés Ramón Bernabey, a contrareloj anunció que también dejaba el kirchnerismo para crear el monobloque “Brigadier General Juan Bautista Bustos”. Su partida desembocó en un fenómeno inalterable, el FpV baja su marca, suaviza su intervención, deja de gravitar, y solo se sostiene en la mística que inspiran la figura de Néstor Kirchner y el liderazgo de Cristina Fernández. Por ahora cuenta con un total de 80 diputados, pero indefectiblemente el número se achicará con el correr de las semanas.

Otra postura cambiante se expuso con la diputada tucumana Myriam Gallardo, que responde al actual gobernador Juan Manzur. Cuando ganó las elecciones en 2015, el ex Ministro de Salud fue acusado de fraude por el actual presidente Mauricio Macri y debió soportar duras acusaciones en su contra, principalmente por su rival y actual integrante del gabinete nacional, José Cano. “Hubo irregularidades”, cargó Macri en aquella instancia y puso en duda los comicios provinciales, en un contexto de movilizaciones callejeras que exigían claridad en las urnas y evidenciaban una crisis institucional. “Quieren generar un clima de violencia”, le respondió Manzur. A pocos meses de esos hechos, todas esas imputaciones cruzadas quedaron en el olvido y por eso Gallardo, del FpV, por sugerencia de su conductor, también se pronunció a favor del acuerdo con los buitres. Los otros tres diputados tucumanos que componen esa fuerza, lo rechazaron.

Un camino similar, y exótico, transitó la sanjuanina Graciela Caselles que responde a José Luis Gioja, uno de los hombres apuntados para conducir el PJ Nacional. La postura de Caselles sorprendió a propios y extraños porque confrontó con su propio padrino político, ya que Gioja se opuso a la hora de la votación. Ese acto de indisciplina, impactará en un futuro reacomodamiento de los congresales cuyanos.

En total, los que rechazaron el proyecto fueron 74 diputados del Frente para la Victoria, 4 legisladores del Frente de Izquierda y 3 de Libres del Sur. También lo hicieron Alcira Argumedo, Carlos Heller, Juan Manuel Pereyra, Oscar “Cachi” Martínez y Omar Plaini.

Ahora las expectativas sobre el devenir de la deuda y el pacto con los buitres se tramitan en la Cámara de Senadores, donde la bancada del FpV tiene mayoría, con 40 de 72 miembros. El ex Jefe de Gabinete K, Juan Manuel Abal Medina, al igual que su superior, Miguel Angel Pichetto, pidieron contribuir “a la gobernabilidad”, en un claro guiño al ejecutivo.

Aunque tenga los números a favor, la construcción de una resistencia antibuitre en el Parlamento se diluye. Condicionados por las provincias que los eligieron, los senadores conviven con las presiones de las clases dominantes territoriales y las exigencias de sus representados, quienes se identifican con los empoderados de CFK. Sus votantes, mientras aguardan por la reaparición de La Jefa con encuentros sueltos en plazas y parques, dilatan su repliegue y el ansiado contrataque. Con migraciones y divisiones constantes, parafraseando el slogan camporista, el kirchnerismo vive un cambio #irreversible.

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El viernes pasado, el ministro Prat Gay presentó ante la comisión de Presupuesto y Hacienda la propuesta oficial de arreglo con los buitres. Una entrega sin reparos.

Continuando el camino del Gerente de la Nación, que abrió las sesiones ordinarias del Congreso el martes, el ministro Prat Gay fue el viernes a presentar el pre-acuerdo con los fondos buitres a la comisión de Presupuesto y Hacienda. La propuesta, que se difundió en la edición matutina del diario La Nación antes de ingresar al Congreso, va en línea con lo que ya conocíamos del pre-acuerdo negociado en Nueva York. El gobierno abiertamente pidió por un tratamiento veloz, que permita tener dictámenes –por mayoría y minoría– para tratarlo en pleno del Congreso esta misma semana. Un apuro evidente para poder cumplir con la exigencia del juez Griesa de tener el acuerdo cerrado antes del 14 de abril, para que el acuerdo tenga validez.

El borrador de proyecto tiene 17 puntos, que incluyen la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y la habilitación para emitir nueva deuda por 15.000 millones de dólares. Como ya explicamos, la derogación de las leyes apunta a un acuerdo político amplio, que el gobierno se está esforzando en conseguir (la actividad de Marcos Peña en este sentido es frenética). El Frente Renovador ha hecho críticas tibias para poder obtener algo a cambio en la negociación: al igual que el resto de los gobernadores peronistas, están interesados en conseguir fondos de la co-participación para sus alicaídas finanzas. El Frente para la Victoria tampoco tomó posición contundente, disponiéndose a negociar. El Frente de Izquierda, en cambio, ya expresó su repudio.

La presencia del ministro en la comisión tuvo su momento mediático ante los cruces con su predecesor en el cargo y actual diputado, Axel Kicillof. Más allá de las chicanas, el intercambio puso de soslayo algunas continuidades reales. Prat Gay defendió el acuerdo como “una cuestión de Estado”, lo que se acerca de manera evidente a la declaración del pago de deuda como de “interés público”, tal como figura en la Ley de Pago Soberano del kirchnerismo. Se trata, en efecto, de una auténtica política de Estado, de continuidad que excede a las fuerzas políticas en el gobierno, garantizando los intereses de los acreedores por encima de los vaivenes nacionales. Tal como Prat Gay retrucó a Kicillof, la gestión de este último convalidó los pagos al Club de París, a REPSOL y los juicios ante el CIADI. El actual acuerdo de Cambiemos es apenas una versión menos camuflada de este mismo rumbo.

En efecto, el “equipo Cambiemos” no tiene reparos en dar cuenta de su intención de gobernar para unos pocos poderosos. El Financial Times –genuino representante mediático del poder financiero estadounidense– editorializó que este arreglo se trataba de una conquista de los fondos buitres. En esa nota, se explicó que estos operadores estarían obteniendo ganancias que van de 846% hasta 3.186% del capital invertido, un negocio formidable que no tiene nada que ver con los supuestos recortes que promociona Prat Gay. Los fondos buitres están obteniendo ganancias siderales por este arreglo, que percibirán en efectivo. Una bicoca de 11.648 millones de dólares, que se obtendrían mediante nuevos bonos, que pagan el 7,5% de interés anual –por los que se pide autorización al Congreso. Es la emisión de deuda más grande de un país periférico en los últimos 20 años. El remanente por el que se pide autorización tiene que ver con otros fondos que aún no entran al arreglo (en Nueva York, Alemania y Japón, principalmente). Es decir, la farsa no termina aquí, sino que las entregas continuarán.

Según el ministro, se espera que tras arreglar con estos fondos, Argentina podrá endeudarse al 6% de interés, lo que representaría un punto y medio menos que lo que paga actualmente. Esto resulta interesante, porque nos explica cuál es el beneficio esperado de este arreglo, que sería el endeudamiento más barato. Ahora bien, para que los intereses ahorrados superen el costo de este arreglo, habría que emitir nueva deuda por… ¡778.933 millones de dólares! Esto es aproximadamente (usamos el último dato oficial conocido) el triple de la deuda pública actual, o diez veces la deuda pública externa. O, puesto de otra manera, es cerca de dos PBI completos de Argentina. Una auténtica locura: la única manera de “amortizar” el arreglo con los buitres sería endeudarnos hasta la médula.

Cuando el ministro habla de que es la única vía para frenar el ajuste, simplemente está chantajeando. Aunque los perfiles de vencimiento de esta nueva deuda van de los 5 a los 30 años, los pagos de intereses anuales consumirán fondos públicos que deberán quitarse de otros usos, llevando, de manera directa, al ajuste. Dado que el gobierno entiende que la presión fiscal argentina es excesiva, no se pueden prever incrementos de la tributación: ¿a qué tasa debería crecer el país para que el Estado tenga fondos para pagar esta deuda sin ajustar? A una tasa mayor a la que promete por intereses, es decir, por encima del 7,5% anual, lo cual constituiría una auténtica proeza en el marco global recesivo actual. Si el país no crece a esas tasas y el Estado no aumenta la recaudación, no queda otra salida que el ajuste. Es decir, arreglar con los buitres significa más ajuste.

El argumento de que la deuda se utilizará para invertir en infraestructura es simplemente una pantalla para negociar con los gobernadores. La inversión pública, salvo por contados insumos, se paga en pesos, por lo que la deuda en dólares no es necesaria para financiarla. Y, de cualquier modo, está por verse que los mercados estén dispuestos a prestar más fondos después de la gigantesca emisión de bonos para pagarle a los buitres.

Argentina no tiene por qué aceptar este arreglo. No traerá ningún beneficio económico al país, aunque sí suculentas ganancias a los peores actores del sistema financiero internacional. Argentina no se cae del mundo por no aceptar este acuerdo, más bien cae al abismo en caso de aceptarlo. La deuda que se reclama es ilegal, ilegítima y usurera. El fallo de Griesa es cuestionable por todos sus ángulos: Argentina no tiene por qué aceptarlo como válido. Detener los pagos y auditar es el camino: no sólo por legítimo y legal, sino por económico.

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Macri dio inicio a las sesiones ordinarias del Congreso, y adelantó el pedido de aval para el pre-acuerdo con los fondos buitres.

Luego del anuncio informal de pre-acuerdo, el mediador Pollack y el ministro argentino Prat Gay confirmaron la semana pasada los términos de la negociación. Según el ministro de la JP Morgan y el Gerente de la Nación, se termina así el prolongado conflicto y el país verá llover crédito barato. “Mucho se habló del acuerdo con los holdouts. Ahora dependerá del Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto que lleva 15 años. Confío en que va a primar la responsabilidad sobre la retórica”, explicó Macri en el Congreso. Sin embargo, sus afirmaciones son fruto de la imaginación o simples falsedades.

¿El conflicto lleva 15 años?

En el 2001 se declaró el default de la mitad de la deuda pública, dando inicio a una serie de prolongadas negociaciones que llevaron adelante Duhalde, Kirchner y Fernández a través de sus equipos. En el curso de esas negociaciones, se pagó por adelantado al FMI y a otros organismos internacionales de crédito, se arregló con el Club de París, se aceptaron los reclamos ante el CIADI del Banco Mundial. En todos estos casos se pagó toda la deuda, más intereses caídos, punitorios y costas de juicios.

Pero además, se realizó el mega-canje en 2005, reabierto en 2010 y en 2013, regularizando así el 93% de la deuda originalmente defaulteada. Para esto, se realizó una quita de capital, pero se reconocieron todos los intereses caídos, capitalizándolos (integrándolos al principal de la deuda) con excelentes rendimientos financieros, y en algunos casos con premios atados al crecimiento del PBI. La enorme parte de estos bonos canjeados habían sido comprados tras el default por debajo de su valor (algunas compras se hicieron al 20% del valor nominal), por lo que se trató de un excelente negocio para los acreedores.

La presidenta Cristina Fernández aseguró –acertadamente- que su gobierno era un “pagador serial”, dispuesto a asociar a los acreedores en el crecimiento del país. En tal brío, la última información oficial indica que el país pagó 192.000 millones de dólares durante la “década larga” kirchnerista. La orientación general fue: abonar deuda a privados, en especial, deuda en moneda extranjera, colocando deuda en el mercado interno, en especial, dentro del propio Estado. Este cambio tiene la ventaja de un manejo más fácil (el Estado negociando consigo mismo), pero de ninguna forma resolvió el problema de fondo. Tanto así, que una de las primeras medidas de Macri fue canjear bonos intransferibles en manos del Banco Central por títulos negociables, que vendió a 5 bancos extranjeros a precio vil (pagaron la mitad de su valor) y pagando el elevadísimo interés del 7,8% anual. El cambio, aun si valorado positivamente, era superficial.

En estos 15 años, los sucesivos gobiernos se esforzaron denodadamente por cumplir con el capital financiero mundial, pagando y negociando hasta el único límite de la sustentabilidad: pagar “sólo” hasta donde se pudiera pagar.

Cambiamos, empeoramos

La negociación macrista fue una concesión entre pares. Enviar a negociar a JP Morgan-Prat Gay y a Deutsche-Caputo con viejos camaradas no podía tener un resultado diferente. Desesperados por obtener fondos para su programa de ajuste –que está llevando la economía a una recesión-, abiertamente aceptaron cualquier reclamo. La quita promocionada del 25% se trata de una estafa: la deuda en negociación fue adquirida por la séptima parte de su valor, representando este pago una descomunal ganancia para los buitres.

No en vano, finalmente aceptaron la oferta NML Capital y Aurelius, los fondos buitres administrados por Paul Singer, beneficiarios de las sentencias del juez Griesa. Con ellos y los fondos que ya habían aceptado, quedaría regularizado el 85% de los holdouts, que son un 7% de la deuda total defaulteada en 2001. Este dato es muy relevante, porque entonces aún queda un 1% de acreedores sin acordar, que bien podrá iniciar nuevos juicios al país para obtener más concesiones. Desconocemos aún si el 93% que canjeó su deuda antes no abrirá también reclamos para obtener las ventajas, encontrando su propio Griesa que interprete la ley según lo que convenga al acreedor.

El pre-acuerdo incluye una cláusula política. Se trata del pedido de derogación de la ley Cerrojo (N° 26.017) y la mal llamada de Pago Soberano (N° 26.984). La primera está de hecho suspendida desde 2013, pero en su texto señala que no podrían ofrecerse mejores condiciones a los acreedores que las del canje 2005. La segunda, aunque declara de interés público el pago de deuda, obstaculiza los pagos y la jurisdicción extranjera (aunque no los prohíbe). Ninguna es un problema real para el arreglo, pues ambas se pueden sortear: la preocupación es política. Sabiendo que este pre-acuerdo implicará un cuantioso pago en efectivo (un total de 6.500 millones de dólares, según el propio gobierno) en el marco de un programa de un brutal ajuste social, es esperable que tarde o temprano desate una reacción popular. Los buitres quieren asegurarse el apoyo de toda la camarilla política ante este acuerdo, no sólo el gobierno; tal es el motivo de este requisito.

El gobierno de Cambiemos –como reverso del kirchnerismo- nos quiere convencer que, en efecto, el discurso previo era un enfrentamiento real, y que llegó la hora de suavizar las cosas. Que si cedemos en todas las demandas, lloverán fondos para el país. Además de lo falso del diagnóstico sobre lo pasado, la idea de que nuevos fondos llegarán y que además serán baratos es la expresión del más puro deseo, sin ningún aval real. No se ha ofrecido ningún dato que muestre: 1) que los intereses que pagará el país vayan a bajar (la emisión de bonos de enero fracasó en este sentido); 2) si esa potencial baja de intereses será mayor que el costo de pagar este arreglo; 3) si esos posibles fondos tienen alguna beneficio para el pueblo, o seguirán financiando más pagos al capital (o sea, deuda para la deuda).

Es prioritario y urgente bloquear la aprobación de este acuerdo en el Congreso, y repudiarlo en las calles. Este negocio entre camaradas no traerá nada bueno para el pueblo argentino. Hay que reactivar la comisión de investigación, con participación de las organizaciones sociales.

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Trascendió por anuncios informales que los fondos buitres más litigiosos habrían arreglado con Argentina. ¿Capítulos finales de la entrega del país?

Tal como explicábamos hace poco, el gobierno de Macri lanzó una campaña de arreglo con los fondos buitres en litigio en las cortes de Nueva York. Se busca conseguir el acuerdo con estos houldouts a toda costa, abiertamente reconociendo la posibilidad de ceder ante cualquier reclamo. Es un paso clave para el nuevo gobierno, pues según sus propias declaraciones, es el instrumento para reanudar la relación del país con los mercados de crédito internacionales. En buen criollo, retomar el camino de la deuda. El programa de salvaje ajuste que está llevando adelante el gobierno requiere de fuentes de financiamiento para evitar una crisis fiscal y económica generalizada.

En este marco, el ministro Prat Gay –antiguo funcionario de la banca JP Morgan- había anunciado sin mayores precisiones una oferta de pago por 6.500 millones de dólares. Este monto está envuelto en múltiples imprecisiones.  Por un lado, se presentó esta propuesta como una quita frente a una deuda total en litigio de 9.000 millones de dólares, pero hasta ahora se ha negociado con acreedores por menos de 5.000 millones. Prat Gay señaló que para pagar a estos acreedores, emitiría deuda por 15.000 millones. Esta cifra sigue por debajo de los 20-30.000 millones que el mismo ministro señalara como el total de holdouts previamente. En síntesis, no sabemos cuánta es la deuda sin arreglo, cuánta la que está en litigio, con qué proporción se está arreglando ni cuánto nos costará.

El acuerdo no es aun firme. Se trata de una indiscreción del abogado de los fondos buitres, Matthew McGill, que reconoció públicamente que NML Capital y Aurelius –los fondos administrados por Paul Singer- estarían de acuerdo con la oferta. Como se trata de los dos principales buitres en materia de juicios a la Argentina en las cortes de Nueva York, socios en la acción con el juez Griesa, esta noticia fue leída como el anticipo del cierre del problema. Con otros dos fondos que ya aceptaron, la negociación estaría casi cerrada, estando pendientes solo precisiones técnicas de la talla de los plazos y formas de pago. El mediador Daniel Pollack se enojó por este anuncio por fuera de la negociación formal, pero ninguna fuente desmintió los dichos.

Griesa debería levantar las cautelares que emitió en los últimos 4 años para permitir el arreglo. El juez demandó para ello que el gobierno logre el acuerdo del Congreso. Por eso, el jefe del bloque de diputados de PRO, Nicolás Massot, ya explicó que enviará en breve el proyecto para derogar las leyes que complican el pago. Se trata de la Ley Cerrojo (N° 26.017) de 2005, que prohibía la reapertura del canje de Kirchner de ese año, y la mal llamada Ley de Pago Soberano (N° 26.984) de 2014, que declaraba de interés público el pago de la deuda y comandaba a investigarla al mismo tiempo. La Ley Cerrojo se suspendió en dos ocasiones ya (2010 y 2013) para permitir el pago con acreedores que no entraron al canje en 2005. La comisión creada para investigar la deuda mediante la Ley de Pago Soberano no ha producido ningún efecto real. Al enviar la iniciativa al Congreso, el PRO busca compartir la responsabilidad por la deuda con las fuerzas políticas mayoritarias, una auténtica política de Estado contra el pueblo, de las que demandan los analistas ligados al empresariado. Gane quien gane, que no se toquen los fundamentos de la economía.

Se cerraría así, una vez más, la oportunidad de auditar la deuda y repudiar el pago. Investigar y repudiar es la única posible salida soberana al problema de la deuda. Una operación ilegal e ilegítima que no puede extenderse más en el tiempo. La política de pagos seriales no logró resolverla a pesar de haber puesto a disposición miles de millones de dólares: la voracidad del capital no tiene límites.

La propuesta de Macri representa un retroceso fuerte en la materia. Referentes de Scioli y Massa salieron a respaldar la decisión, dándonos la razón respecto al acuerdo común que tenían en esta materia. Se trata de rendirse ante las fracciones más predatorias del capital financiero, sin obtener nada a cambio. Si los capitales entran al país luego de esta operación, se tratará de nueva deuda para financiar el ajuste que se está llevando adelante: es decir, si esta operación tiene “éxito” será una derrota mayor para todo el pueblo, que se ve obligado a vivir en peores condiciones para pagar la deuda que no lo benefició en nada.

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Se anunció finalmente la oferta a los fondos buitres que ganaron en las Cortes de Nueva York. Ganancias considerables para la rapiña, falta de precisiones y olvido de la legalidad.

Acorde con el objetivo de volver a la ruta del endeudamiento privado externo sin ningún objetivo ulterior (la deuda por la deuda misma), el gobierno de Macri abocó sus esfuerzos a la cuestión de los holdouts litigantes, los famosos fondos buitres. Tras la deleznable operación de diciembre, cuando se cambiaron bonos intra-Estado por deuda con la banca extranjera, el “equipo” de Economía se dedicó a elaborar una propuesta para presentar en Nueva York. Bajo el comando del ministro de la JP Morgan, Prat Gay, y el secretario de la Deutsche, Caputo, se llegó a una nueva oferta para resolver este litigio.

De dónde veníamos

Recordemos que los llamados fondos buitres son entidades dedicadas a la compra de deuda con problemas de pago a previo vil, para litigar luego en tribunales del mundo para obtener el precio pleno, más intereses caídos y punitorios. Debido a lo costoso de asediar legalmente a un deudor por tantos años, esta operatoria sólo está disponible para actores con gran capacidad financiera y de lobby. Es decir: nada que ver con la imagen de los pobres bonistas engañados. Algunos de estos tenedores de deuda argentina lograron una serie de victorias en los tribunales de Nueva York, obteniendo fallos favorables en primera y segunda instancia, para ser desestimado como caso por la Corte Suprema de Estados Unidos. Estos fondos eran dueños del 1,3% de la deuda total, sobre un total de un 7% restante aún impago. El juez Thomas Griesa se volvió así la imagen icónica de lo más detestable del capitalismo financiero mundial, interpretando la ley de manera arbitraria para favorecer a acreedores espurios. Acceder a cumplir con esta sentencia en 2014 abría la puerta de reclamos de bonistas que entraron en previos canjes, lo que hubiera generado una debacle financiera para el país.

Por eso, el gobierno de Cristina Fernández reaccionó utilizando a estos buitres para su propia construcción política, alegando su carácter predatorio contra la soberanía nacional (el “Patria o Buitres”). Aunque es cierto que los buitres lo son, el gobierno omitió entonces su incansable esfuerzo por cumplir con reclamos equivalentes, igual de predatorios. La sola idea de ser “pagadores seriales” resultó incomprensible para quienes insistimos con el carácter ilegal e ilegítimo de la deuda. La derogación en dos oportunidades (2010 y 2013) para pagar a nuevos litigantes fue expresión de la voluntad de pago, enaltecida a interés público en la mal llamada Ley de pago soberano. La comisión encarga de investigar la deuda no sesionó, evitando cualquier investigación. El objetivo oficial de volver a los mercados de crédito encontraba escollos más por las formas que por desacuerdos de fondo. Los pedidos de los buitres resultaban excesivos pero no desorientados. En la campaña presidencial, los tres candidatos más votados coincidían en que el objetivo era volver a la ruta de la deuda “aprovechando el bajo nivel actual”: es decir, elogiando la gestión kirchnerista. No había desacuerdos en esto.

El gobierno para el capital financiero

El gobierno de Macri nunca explicó para qué quería tomar deuda: no tenemos noticias de inversiones a financiar con estos recursos. Aparentemente, se trata de tomar deuda sólo para eso… tomar deuda. Y pagar jugosas comisiones. Es ahí donde poner funcionarios de la banca en el Ministerio de Economía resulta una ventaja. La impronta gerencial del gobierno fue festejada en Davos, y también en Nueva York. Tras el negociado de diciembre, llegó ahora el anuncio de avance con los fondos buitres.

La oferta habla de un recorte del 25% sobre un valor total de 9.000 millones de dólares, incluyendo dos variantes, una para aquellos bonistas con sentencia firme (que pagaría mejor) y otra para aquellos que no la tienen. Sin embargo, según el especialista Héctor Giuliano, falta mucha información para comprender la oferta, incluyendo qué porcentaje de acreedores representarían este monto (dado que incluso el gobierno de Macri habló de otros valores). Con o sin recorte, se reconoce el derecho al cobro y se acaba con el litigio.

Dos fondos buitres (Montreux Partners y Dart Management) ya aceptaron el arreglo, pero otros cuatro aún no lo hicieron, entre ellos, dos de los que más dolores de cabeza han causado (Elliot Management, Aurelius Capital, Bracebridge Capital y Davidson-Kempner Capital Management). Según un informe de la agencia Bloomberg, estas diferentes voluntades tienen que ver con los montos en juego y las ganancias de cada fondo. El mediador designado por Griesa, Daniel Pollack, ha recibido con gran gusto la oferta, y se ha expresado muy favorable al arreglo.

Con el mediador, el gobierno estadounidense y el FMI apoyando la propuesta, aparentemente el arreglo sería posible. Para ello, el gobierno enviará la propuesta de pago al Congreso, porque éste deberá expedirse al derogar –nuevamente- la ley Cerrojo y también la ley de Pago Soberano. Además de su propia bancada, el PRO cuenta con el apoyo de la UCR, GEN y el Frente Renovador. El kirchnerismo se ve dividido en la estrategia de bloquear al gobierno –expresado por su jefe de bloque en Diputados, Héctor Recalde- o negociar para obtener concesiones –expresado por su jefe de bloque en Senadores, Miguel Pichetto-. Dado que en rigor la propuesta no contradice los fundamentos de la gestión kirchnerista, se trata sólo de una rencilla mediática. El antecesor de Caputo en la secretaría de Finanzas, y negociador del canje 2005, Guillermo Nielsen, calificó la oferta de “muy razonable”. Está por verse cómo se comporta entonces el bloque. En cambio, el Frente de Izquierda se expresó frontalmente en contra del arreglo, pidiendo la investigación.

Más allá de la espuma del potencial acuerdo, una vez más estamos ante la puerta de un nuevo desfalco a la nación. Se acepta la jurisdicción extranjera sobre reclamos cuya ilegalidad e ilegitimidad son comprobables, no sólo en la jurisprudencia local sino internacional. Hay que reclamar de inmediato el cese del pago y la auditoría de la deuda, con participación ciudadana.

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