El pasado jueves 13 de diciembre, la Legislatura porteña aprobó la ley 2.736 que regula la reurbanización de la Villa 31 y 31 bis, Barrio Padre Carlos Mugica. El proyecto, elaborado por el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contó con 36 votos afirmativos, 13 negativos y 11 abstenciones.

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo Porteño y no contó con el consenso del barrio, como si sucedió con la presentación del proyecto anterior del dictamen de la Villa 31 y 31 bis, elaborado participativamente por sus habitantes y cajoneado hasta el hartazgo por Cambiemos, junto con los proyectos de reurbanización de la Villa 20 y la Villa Rodrigo Bueno.

El proyecto representó un fracaso político de la Secretaría de Integración Social y Urbana a cargo del proceso de la elaboración de la ley. Ya sea por su incompetencia o intencionalidad, lograron ejecutar el peor escenario posible: fogonear la pelea entre vecinos y vecinas, fomentando la falsa premisa de que aquellos que se oponen a su proyecto están en contra de la urbanización. El hecho de cuestionar un proyecto tejido entre cuatro paredes, a espaldas al barrio, no atenta contra el derecho al acceso a la vivienda por el cual tanto han luchado los y las vecinas. Una infinita distancia diferencia impulsar reuniones informativas sobre algunos puntos del dictamen (las actividades realizadas por la Secretaría) de la participación real.

Sobre los aspectos técnicos de la ley aprobada, en los puntos más relevantes genera mucha incertidumbre. No aporta claridad sobre el monto del pago de las tierras, sobre la resolución de la problemática entre inquilinxs y propietarios, el pago de los servicios, los valores de la hipotecas que van a tener que asumir los y las vecinas y la posibilidad de que terceros puedan cancelarlas, habilitando el negociado inmobiliario.

El Gobierno de la Ciudad solicita acompañar una ley plagada de grises, sabiendo que aquello que no está explícita y claramente garantizado en favor de los sectores más postergados, más vulnerados, es terreno fértil para la ambición voraz e incontenible del mercado inmobiliario.

Un poco de historia

La histórica lucha de la 31 se remonta a las victorias organizadas sobre las topadoras de la dictadura cívico-militar y el contrataque del neoliberalismo noventoso, de la mano del ex intendente Domínguez. Pero ese pasado siempre vivo, y que talló a fuego los genes de lucha de las siguientes generaciones, lleva a repasar los acontecimientos más recientes.

A principios de este año, luego de la aprobación del nuevo trazado de la Autopista Illia, se produjo un desalojo violento a cargo de las fuerzas represivas con el objetivo de echar a vecinos y vecinas del sector Cristo Obrero. Mediante la fuerza de los palos, de los gases y de las extorsiones, impusieron un “se van o se van” a las familias afectadas. Temible primer antecedente para los procesos de relocalización.

Este gobierno que se autoproclama orgullosamente dialoguista y se vanagloria de escuchar a los vecinos y las vecinas, podría decir en qué momento algunx de ellos o ellas dijo “lo que necesitamos después de años de abandono del Estado es una autopista pasando por nuestra cabeza, por mi casa”. Por ahora, nadie salió a proclamarlo.

Estas prácticas violentas, por fuera de la ley, son el resultado de los procesos urbanos regidos por las corporaciones y las grandes constructoras que buscan imponer su agenda de ganancias a costa de los sectores populares. Son aquellos que generan las leyes del mercado (siempre a su favor y en lucrosa sociedad con los funcionarios) que angurrientos y voraces desean ocupar los terrenos que legítimamente poseen los y las vecinas. Ya no sólo a través de las fuerza de las topadoras, sino permitiendo el negociado inmobiliario en los sectores donde se debe garantizar la vivienda social.

Algunas preguntas más: ¿a qué institución educativa le consultaron sobre la multimillonaria construcción del Ministerio de Educación en la villa (en el sector destinado para las nuevas viviendas)? Resulta contradictorio cuando los bachilleratos populares están batallando por su permanencia en el barrio, cuando a los apoyos escolares los desoyeron ante el simple pedido de mesas para los y las pibas que todos los días van a hacer la tarea.

El diálogo real se construye con simples preguntas a quienes su vida va afectar las políticas públicas: ¿qué necesitan? ¿Qué es lo primordial? ¿Cómo se hace en conjunto? No es imponer necesidades externas, exógenas, de intereses nefastos con olor a negociado y agendas electoralista; y, por sobre todo, negando los saberes populares y la organización vecinal.

Los pasos a seguir

La aprobación de una ley no consensuada es el fracaso de la gestión política de la Secretaría, no de la pelea en unidad de la que es insignia la Villa 31. Por eso, todos y todas las vecinas confían en la lucha para lograr la conformación de una Mesa de Gestión Participativa (M.G.P.) en la que se incluya no sólo al sistema político (consejerxs y delegadxs), sino a todos y todas las vecinas del barrio, a la Mesa de Urbanización Participativa, a las instituciones educativas, a las organizaciones sociales, logrando resoluciones que sean de carácter vinculante. Sólo de una mesa de trabajo abierta a todxs lxs habitantes del barrio y a quienes realizan actividades en él, se puede garantizar que se concrete una urbanización real, popular y vecinal.

Es el momento preciso de llamar enfáticamente por la unidad de todas las villas, los asentamientos, personas en situación de “hotelados”, en situación de calle, a las víctimas de los desalojos sistemáticos, y de todos los sectores populares, para exigir, de una vez por todas, la ciudad que se merecen y que tienen derecho de vivir.

*Militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) e integrante de la Mesa de urbanización participativa – Villa 31 y 31 bis

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El presupuesto del “déficit cero” consiguió media sanción en Diputados, con el aval del PJ. Puertas afuera, las fuerzas policiales reprimían a diestra y siniestra en las inmediaciones de un Congreso que vive vallado, ante las exigencias de un pueblo que soporta cada vez menos el saqueo planificado comandado por el FMI. Hablamos con economistas, referentes de movimientos sociales, dirigentes sindicales y militantes sobre la “ley de leyes” que recorta en todo menos en pagos de la deuda y militarización.

El oficialismo logró la media sanción del Presupuesto 2019 con 138 a favor, 103 en contra y 8 abstenciones. De los votos positivos, 21 fueron aportados por el “peronismo razonable”, encabezado por el senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto, jefe del interbloque Argentina Federal en la Cámara de Senadores. Las 8 abstenciones provinieron todas del PJ. Evolución Radical, de Martin Lousteau, aportó con 3 votos más.

Para lograrlo, tuvo que realizar ciertas concesiones que no tocaron lo sustancial del proyecto, un ajuste en todas las áreas sensibles para las mayorías populares.

Este presupuesto, orquestado por el Fondo Monetario Internacional, impulsado por Cambiemos y respaldado por buena parte de los gobernadores y de legisladores de la oposición, tiene una orientación clara: menos dinero para salud, educación y trabajo, más para fuerzas de seguridad, inteligencia y pago de deuda. En ese marco, hablamos con actores de diferentes sectores, en algunos casos desde la misma movilización e incluso que acampaban desde la noche anterior.

Francisco Cantamutto, economista, investigador e integrante de la Sociedad de Economía Crítica (SEC) de Argentina y Uruguay.

-¿Cuáles fueron las concesiones del oficialismo para lograr los votos necesarios?

– Uno de los temas más polémicos era que el macrismo pretendía que el Poder Ejecutivo pudiera reestructurar deuda sin pasar por el Congreso. Con esto vulneraría incluso a la propia Constitución. Con este punto se dio marcha atrás. También querían prohibir que quienes reciben la pensión universal de adulto mayor puedan trabajar, y se logró que se quitara esa prohibición. Al mismo tiempo, se propone un refuerzo presupuestario de unos 500 millones de pesos para Conicet y el Inta, tratando de apaciguar el recorte en el sector de educación e investigación. Además, para meterse en el bolsillo a sectores de las provincias, echó para atrás la idea de aplicar un impuesto sobre espumantes para lo cual logró concitar cierto favor de las provincias cuyanas.

También volvió para atrás con el plus que se paga en la Patagonia a asignaciones, jubilaciones y pensiones, para conseguir el apoyo de los sectores de la región. Se volvió para atrás, poniendo un tope a las retenciones de las exportaciones de biodiesel y bioetanol, que promueve el favor a las provincias de la liga bioenergética. Todos estos elementos se suman además a un último que tiene que ver con el envío de un fondo de compensaciones a provincias y municipios de 6.500 millones, que se propone que esto debería compensar sólo en parte la quita de los subsidios al transporte. Sólo en parte porque la quita de los subsidios eran 43 mil millones y este fondo son solo 6.500 millones. Sin embargo, con este fondo logró el apoyo de distintos sectores de las provincias, específicamente del peronismo federal, el sector de Lousteau de Evolución y algunos monobloques particulares.

-¿Por qué?

– Como se señaló al principio, lo central del presupuesto de ajuste en favor del pago de la deuda y los intereses se sostienen. Los lineamientos centrales no fueron alterados. Ahora bien, empiezan a aparecer dudas de cómo va a lograr recaudar el gobierno para poder sostener este presupuesto. Los préstamos negociados con el FMI cubren sólo las necesidades financieras, no el déficit primario, del cual Dujovne se jactó la semana pasada de haber logrado ajustar más de lo prometido.

El Gobierno pretendió de alguna manera cazar a algunos poderosos ganadores del modelo y tuvo que dar marcha atrás debido a las presiones que recibió. Por ejemplo, si bien preveía poder aumentar las retenciones a las exportaciones, tuvo que poner un tope máximo del 30% para la soja y del 12% a los demás productos. Al mismo tiempo pretendió hacer un aumento al mínimo no imponible para bienes personales y luego aplicar una tasa progresiva que no alcanza al 1%.

Al mismo tiempo está el debate que se dio en el coloquio de IDEA, la semana anterior, sobre permitir o no el ajuste por inflación de los balances para la aplicación del impuesto a las ganancias. El gobierno se niega a aplicar este ajuste de manera tal de aumentar la recaudación, las empresas están presionando para lograr conseguir este ajuste y pagar menos de impuesto a las ganancias. Lo que sí quedó fuera de la aplicación de este impuesto fue todo lo que tiene que ver con viáticos, y se sostuvo la exención a cooperativas y mutuales que es un sector muy importante de la economía en término de cantidad de empresas y empleo, no necesariamente por el valor de su representación corporativa.

Finalmente está la posibilidad de volver a permitirle a cañeros y tabacaleros tener monotributo social, posibilidad que se le había quitado al conjunto de la pequeña producción agraria.

De conjunto, más allá de la aprobación total o no, hay dudas respecto sobre la viabilidad en la ejecución. Esta depende de la posibilidad de recaudar para cubrir estas responsabilidades fiscales, porque los préstamos del FMI solo cubren las necesidades financieras, no de funcionamiento. Esto necesariamente ajusta en los rubros anteriormente mencionados, y también es muy importante en lo que tiene que ver con gasto de inversión pública. Esto es particularmente relevante en el 2019, que es un año de elecciones, y el gobierno necesita promover algún tipo de reactivación que le permita demostrar buenos resultados. Llamativamente el presupuesto prevé una caída del 0,5% del PBI en año electoral. Si comparamos con anteriores ejemplos, elecciones presidenciales como las de 89 y la del 99, se dieron en contexto de caída del nivel de actividad y el resultado no fue favorable para la fuerza oficialista.

El gobierno pretende que el ajuste más fuerte se dé en la primera parte del año y luego haya cierta reactivación, para la cual, entre otras cosas, debería caer la tasa de interés a mitad del año que viene. Esto es algo que viene demandando el conjunto del radicalismo apurando los tiempos, sobre todo porque muchas elecciones provinciales son antes que la nacional. Ahí hay tire y afloje en la propia coalición del gobierno.

De conjunto, el gobierno busca mostrar señales positivas con la aprobación del presupuesto, hacia el FMI. Buscando viabilizar la llegada de estos préstamos y para poder mostrar ante los operadores empresariales cierta previsibilidad que le garantice la posibilidad de cierta reactivación. Para las mayorías populares no hay nada positivo que se pueda esperar de esta discusión, como se puede ver. Hay cierta vuelta atrás de algunas medidas que eran definitivamente retardatarias, pero no hay buenas expectativas en torno al conjunto del proyecto. Con este presupuesto no hay posibilidad de una mejoría para las mayorías.

Economía Feminista

Este presupuesto de ajuste es incompatible con achicar brechas de género. En una estructura desigual en el cual el 36% de las trabajadoras están precarizadas, 1 de cada 5 jóvenes menores de 29 años está desempleada, las mujeres son 7 de cada 10 personas con los menores ingresos y la brecha salarial es del 28%, está claro que ante los recortes y la recesión las mujeres son quienes más se ven afectadas.

El presupuesto que se vota hoy es un proyecto del FMI y de los mercados, en donde el interés central está puesto en los acreedores externos, en donde no se encuentra delineado un plan productivo y en donde lxs trabajadorxs perdemos.

Francisco Gelman, delegado de jóvenes científicxs precadizadxs (JCP Bs. As.)

En ciencia y técnica, el presupuesto de 2019 representa una profundización del ajuste que venía perjudicando al sector. El efecto acumulado de los últimos cuatro años suma un 30% de recorte, que afecta directamente las actividades de investigación desarrolladas, porque se descarga sobre la planta de trabajadores y trabajadoras, y sobre los insumos necesarios para sus tareas.

Desde 2016, el ajuste viene implicando sistemáticamente despidos encubiertos (en puestos de trabajo que siempre sufrieron precarización, como los de becarias y becarios y algunos administrativos y administrativas), atrasos salariales gravísimos y la interrupción de líneas de investigación por el desfinanciamiento de institutos y proyectos. Si, dentro de la función CyT, el Conicet es comparativamente el organismo menos perjudicado (y lo está, por cierto: postergaciones indefinidas en los ingresos a planta, salarios a la altura de la línea de pobreza, reducción del número de becas, centros de investigación sin fondos), ello se debe a la acérrima resistencia que sus trabajadores y trabajadoras supieron ejercer, en movilización continua y con varias ocupaciones del organismo y del ex Ministerio en los últimos años.

Jorge Yabkowski, Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa)

El Presupuesto de salud 2019 tiene un doble impacto sobre la salud pública. El primero es la disminución general de salarios y jubilaciones que plantea en términos reales y que implica, por un lado, peores condiciones de vida de la población como determinante social básico de la salud colectiva y, por otro lado, la disminución en sí del presupuesto destinado a la atención sanitaria. El Presupuesto 2019, a diferencia de otros presupuestos, tiene la marca de un ajuste puro del Fondo Monetario, lo cual hace que el impacto directo sobre el conjunto de los programas de atención no pueda disimularlo.

La disminución salarial va a tener un efecto sobre la cobertura de guardias, lugares críticos, lugares de frontera, medicina rural, todos aquellos lugares que necesitan indispensablemente del apoyo y el estímulo del Estado para ampliar y mantener una cobertura. Por otro lado, la transferencia a las provincias que mantienen o sostienen el 80% de la atención sanitaria o un poco más, también se va a ver disminuido. Entonces, no se puede analizar solamente la disminución salarial neta y de las condiciones de vida de la población sino también la disminución de la transferencia a las provincias.

El impacto sobre el Ministerio de Salud y el conjunto de los programas que son responsabilidad de Nación, como el de HIV, enfermedades infecciosas, enfermedades tropicales y otros, se van a ver netamente disminuidos entre un 15 y 20 por ciento que depende del nivel inflacionario porque por ahora algunos mantienen nominalmente un aumento del 20, 25, 18 o 30 por ciento según el programa, pero todos están por debajo de la pauta inflacionaria que no va a bajar del 42 o 45 por ciento, por lo que la disminución neta la vamos a poder saber apenas tengamos claridad sobre la inflación anual.

Por otro lado, los costos netos de atención sanitaria van a aumentar en función de que buena parte de sus insumos están dolarizados y la producción de medicamentos cartelizada, con una baja incidencia de la producción pública. Esto hará que hospitales y centros de salud gasten relativamente más en insumos y tengan trabajadores con peores salarios, lo que se traduce en peores ofertas de atención gratuita para el conjunto de la población.

En definitiva, el presupuesto de Salud es parte de la estrategia del gran capital, a través de su gobierno que es Cambiemos, de cargar la crisis en las espaldas de los trabajadores y del pueblo en general. Permitir una acumulación de capital y un pago de la deuda externa fraudulenta a los organismos financieros internacionales y deudores internacionales, sacrificando el nivel de vida del pueblo. No es nada nuevo, es lo que sufrimos en los 90, en la ola neoliberal del Consenso de Washington que ahora retorna bajo las formas pseudodemocráticas del parlamentarismo que maneja Cambiemos o la forma ya ultra reaccionarias como Bolsonaro en Brasil pero que en definitiva tienen el mismo contenido: restricción de derechos, ataques al conjunto de los sectores populares y un favorecimiento desbocado al gran capital.

La represión y el presupuesto del ajuste que se justifica en la TV

“Tenemos los documentos internos del gobierno de cómo va a ser la votación”. Con esta frase, Marcelo Bonelli, periodista económico de TN abría el programa “A dos voces” a las 22.03. Y con eso sellaba su complicidad con el macrismo y por lo tanto, con el presupuesto del ajuste incluso antes de conocerse el resultado.

La tesis del gobierno sostiene que “grupos de violentos”, “sectores radicalizados del kirchnerismo y la izquierda” provocaron la represión. Argumentos defendidos en el programa de TV de la corporación mediática por una de las figuras más criticadas durante la jornada: Martín Ocampo, Ministro de Justicia y Seguridad de la C.A.B.A., a cargo del operativo.

Ocampo estuvo por la tarde en el Congreso de la Nación a pedido de algunos diputados y diputadas que exigieron la suspensión de la sesión ante el conocimiento de la represión estatal. En reunión con los jefes de los bloques parlamentarios de la Cámara Baja dijo que “las disposiciones en el marco del operativo”, fueron para “garantizar el funcionamiento del Congreso”, confirmando el carácter antipopular del proyecto de ley. Así lo afirmó en el programa de la noche, donde además habló de “espectáculo” y de “un sistema organizado” que “se trató de que el Congreso no funcionara, que no debata”, catalogando a quienes se movilizaron de tener “una actitud fascista”.

“La policía se dedicó a detener a quienes estaban generando disturbios”, dijo Ocampo en TN, quien informó que se está investigando un vehículo que es propiedad de la Garganta Poderosa, lo que confirma que las detenciones, acontecidas a más de 15 cuadras del Congreso, no fueron azarosas sino que hubo una vigilancia y persecución premeditada. “Debemos determinar cuál es la relación que tenía esa camioneta con los procedimientos de violencia”, agregó, para justificar la detención de cuatro integrantes de la agrupación villera, pero sin informar cuáles son los cargos ni porqué se les investiga.

Marianela “Pini” Navarro, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)

Los movimientos sociales, junto con los distintos gremios, nos movilizamos al Congreso Nacional para rechazar el Presupuesto del Ajuste que está ideado a la medida de los intereses de los organismos internacionales de crédito. Lo rechazamos porque representa un brutal ajuste sobre temas centrales para la clase trabajadora como la salud, la educación y el trabajo. También hemos presentado el proyecto de ley de emergencia alimentaria que no está contemplado en el proyecto presentado por el oficialismo.

Consideramos que los diputados que convalidaron este proyecto son cómplices del ajuste para el conjunto del pueblo trabajador y por lo tanto vamos a anunciar un plan de lucha de los movimiento sociales a partir del mes de noviembre que incluye la navidad de los pobres en las puertas de los supermercados.

Repudiamos la represión que se desarrolló en las puertas del Congreso Nacional. Un plan previsto por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich que sólo mantiene el objetivo de desmovilizar a los sectores populares que rechazan el plan económico del gobierno nacional y los gobernadores.

Esteban Marcioni, militante del Frente Popular Darío Santillán

Desataron un escenario represivo donde hubo una cacería de manifestantes, de compañeros y compañeras, persiguiendo a quienes estaban movilizados hasta prácticamente 40 cuadras, 4 km del lugar donde se desarrolló la represión y que dejó un saldo de casi 30 detenidos y cientos de heridos por parte de la represión de la policía.

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Asumiendo la defensa de las empresas proveedoras de servicios el Presidente-Gerente Mauricio Macri manifestó: “Las empresas distribuidoras están invirtiendo como no lo hacían desde hace años y en los próximos 5 van a mejorar la distribución”.

Mientras tanto, el miércoles concretaron el envío de un proyecto al Senado, eliminando impuestos a los servicios que puedan estar cobrando provincias o municipios. Se llama “Ley de transparencia en la facturación de servicios públicos esenciales”. Más de 13 provincias le respondieron que no cobraban ningún impuesto específico a los servicios, pero el oficialismo avanzó igual.

El proyecto presentado plantea para la luz, el agua y el gas que “las facturas de los servicios esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado”. De esta forma anularía, de aprobarse, cualquier otro impuesto. Solo establece dos excepciones: IVA e Ingresos Brutos. Curiosamente, en las fundamentaciones de la ley, el macrismo sostiene que busca “garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa” y tiene como objetivo “evitar distorsiones en la información y el monto a abonar, producido por conceptos ajenos a la prestación”.

La gobernadora Vidal se adelantó al Proyecto y anunció “rebajas” como un gran gesto del Gobierno para “aliviar” los padecimientos de los bonaerenses. Más allá de ser insignificante por el escaso porcentaje que implican los descuentos en relación a las tarifas exorbitantes, además trascendió que se trata de impuestos que no se cobraron durante dos años por una medida judicial y que la administración de Vidal apeló para poder cobrárselo a los bonaerenses a partir de enero.

Al mismo tiempo, el gobierno nacional autorizó a las distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas a aplicar un incremento del 16,7% para el tubo de 10 kilos, que ahora llegará a las familias a un precio final de 216 pesos, tras acumular en el año un alza del 61,3%.

Este incremento golpeará a las zonas del Gran Buenos Aires o Gran Córdoba donde todavía no hay red de gas natural y a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones en las que tampoco hay ese servicio.

Convocadas por las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y el Movimiento 21F, que encabeza el gremio de Camioneros y la Multisectorial contra el tarifazo, y que acompañaron otros gremios, organizaciones políticas y sociales, miles de personas marcharon el jueves 12 del Congreso al Obelisco y le reclamaron al gobierno nacional que suspenda por un año los aumentos en los servicios públicos y que se retrotraigan las tarifas a los valores de diciembre pasado.

“Lo de la Casa Rosada de hoy fue una farsa y tan grande que hay que pagarla en cuotas. Los voceros del Gobierno aclararon que no se mueve nada de los tarifazos, lo único que cambiaron es la forma de pagarlo, lo que significa una transferencia enorme de recursos de los trabajadores a estos grupos económicos que en dos años han aplicado un tarifazo del 1.000 % mientras los salarios aumentaron el 67 %”, sumó el legislador porteño Gabriel Solano (PO-FIT).

El documento de la Multisectorial contra el tarifazo leído en el Obelisco, además de los reclamos, detalla que los tarifazos no solo engordan las ganancias de los grandes grupos empresarios sino también las de los funcionarios “Aranguren, Caputo y Dujovne en guaridas fiscales”. El hit del verano (Andate Macri lpqtp) volvió a estallar en la multitud.

Conflicto docente

Con una gran adhesión de toda la comunidad educativa se desarrolló en la ciudad de Neuquén la “Marcha de los Guardapolvos” organizada por ATEN. Compuesta de dos columnas, una que salió desde el aeropuerto y la otra desde el Parque Industrial, y confluyeron en Casa de Gobierno.

Durante el extenso recorrido de las marchas, muchas escuelas se fueron sumando a las columnas, junto a padres y madres que quieren ver a sus hijos en las aulas, pero con docentes bien pagos, con edificios en condiciones y con partidas presupuestarias que garanticen una educación de calidad. El conflicto suma 25 días de huelga.

La “nueva” propuesta salarial que realizó el Gobierno de Vidal el viernes 13 consta de un aumento escalonado en tres cuotas, la primera del 5 % en enero, la segunda del 3 % en abril y un 2 % en junio, con una suma de $ 3.000 por presentismo. A diferencia de propuestas anteriores, esta vez el aumento del 10 % ofrecido es semestral, para volver a discutir nuevamente en julio.

Los gremios docentes anunciaron su rechazo y realizaron un paro y movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires el miércoles. La medida contó con la adhesión del 90 % de la docencia bonaerense.

Por otra parte, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, les pidió a los docentes a través de un programa de TV que digan de dónde recortar gastos para poder darles el aumento de salario a maestras, profesores, bibliotecarixs y preceptores. Estas son las 5 medidas sugeridas desde Alternativa Docente en SUTEBA Multicolor:

1. Elimine los más de 20.000 millones que usted destina a subsidiar a la Iglesia y a las empresas de la enseñanza privada. Junto a eso: Usted y todos sus funcionarios políticos y legisladores deben dejar de enviar sus hijos a costosas escuelas privadas y los manden a la escuela pública.
2. Deje de pagar la deuda y a los bonistas extranjeros (solo en intereses su gobierno paga este año más de 28.000 millones).
3. Ponga un impuesto especial a las corporaciones, pooles de siembra, la banca, megamineras y especuladores de la Bolsa, no al salario que no es “ganancia”.
4. Que como gobernadora, todos sus ministros, funcionarios políticos y diputados ganen como una docente o que ganemos todxs como diputado.
5. Destine el aumento del 33% al 37% en la recaudación de impuestos para salarios, educación y salud. Lo mismo con los 40.000 millones de pesos extra que recibe este año por el Pacto Fiscal.

Movimientos populares piden que se destine el 25 % de la obra pública y compre social a cooperativas

En el marco de una jornada de reclamo para que no se cierren planes sociales y para que no se estigmatice a las y los trabajadores de la economía popular, se organizó una feria en la Plaza de los Congresos en la que se visibilizó la labor de todo un sector del pueblo que produce sus propias formas de sobrevivir en el marco del tarifazo y la inflación generalizada.

“Vinimos para expresarle al Congreso, a la opinión pública y al Gobierno que la economía popular trabaja, produce, organiza su forma de vida y que no somos vagos ni planeros. Generamos una forma de abordar la difícil situación que sucede en el territorio con los tarifazos, la inflación y aumentos de insumos”, expresó Gildo Onorato, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Fueron más de 500 stands y puestos para mostrar la producción, charlas, promotores de salud, trabajo comunitario y social, cooperativas de viviendas que montaron réplicas de sus construcciones.

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), afirmó en un comunicado: “Con el nuevo programa ´Hacemos Futuro´ el gobierno pretende eliminar los puestos de trabajo que se regían bajo el programa ´Ellas Hacen´ y ´Argentina Trabaja´, para transformarlos en capacitaciones. Pero desde hace un tiempo venimos denunciando que el achicamiento en presupuesto de educación, el cierre de cursos, la eliminación de sedes de FINES, las paritarias a la baja y el cesanteo a profesores, hacen imposible que el sistema educativo actual absorba a las miles de personas que cobran estos programas”.

El Frente Popular Darío Santillán, el FPDS Corriente Nacional, la Corriente Juana Azurduy, Surcos, el Movimiento Mulcs e Izquierda Latinoamericana Socialista agregaron que el Ministerio de Trabajo pretende eliminar los programas laborales que dependen de su cartera y de los cuales dependen miles de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular.

“No es momento de esperar. Es momento de organizar la bronca y salir a las calles para parar el ajuste del gobierno”, concluyó Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán.

Este 1° de mayo los trabajadores y las trabajadoras de la Economía Popular marcharán desde Constitución hasta el Monumento al Trabajo. En dicha jornada se planteará la idea de construir una herramienta gremial unificada para nuclear a todo el sector. Previamente, la dirigencia de los movimientos participará el 27 de abril de un acto en el microestadio de Ferro junto a las principales organizaciones sindicales para continuar enfrentando el ajuste y exigir trabajo digno para todos en unidad.

Continúa el conflicto en Carrefour

El rechazo de los trabajadores de Carrefour al acuerdo final que habían rubricado Armando Cavalieri, en la cartera a cargo de Jorge Triaca, con el responsable legal de Carrefour, abre un signo de interrogación sobre el futuro del entendimiento. Ahora, el Ministerio de Trabajo decidió habilitar la instancia de Conciliación Obligatoria por 15 días.
Desde Trabajo dijeron que el acuerdo, a pesar del descontento en los locales, sigue su curso hacia la homologación, y no se ve ni afectado ni interrumpido por la Conciliación Obligatoria. Sin embargo, el sábado mismo quedó demostrado que Cavalieri no logra garantizar el manejo de la paz social, algo que había firmado el viernes 13, por lo que se abre un interrogante sobre el futuro de la pactado.

“En caso de que se homologue, vamos a recurrir a la justicia penal”, destacó el equipo jurídico de Ramón Muerza, secretario de Organización. Sostienen que lesiona derechos adquiridos, que la ley indica que algún representante de los trabajadores de la empresa debería haber estado presente en las negociaciones y que es inconstitucional.

También están redactando la carta documento a la AFIP, por su obligación para garantizar los aportes, una dirigida a la ANSES, para que evite el desfinanciamiento del organismo que implica lo pactado, y otra a la Procuración del Tesoro, en virtud de su rol de contralor de los actos administrativos de Gobierno.

Además, los supermercados regionales agrupados en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación (Fasa), la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam) y los supermercados chinos se quejaron del acuerdo al que arribó Carrefour que le permite reducir el 50% de sus aportes patronales y reclamaron un trato igualitario.

Cargill recibe la solidaridad de ATE

Los trabajadores de Cargill de las plantas Villa Gobernador Gálvez de Santa Fe y Bahía Blanca iban a trabajar como todos los días y se encontraron con las puertas de las fábricas cerradas. La empresa decretó un nuevo Lock out alegando que no están dadas las condiciones para operar de forma segura, suspendiendo a todo el personal sin goce de haberes hasta el 30 de abril.

En las puertas de Cargill se hizo presente la solidaridad de los trabajadores de ATE. Allí el secretario general, Hugo Godoy, advirtió que en los últimos meses se registraron más de 4.000 despidos en distintas reparticiones del Estado.
“Hoy (23.4) se materializan 330 despidos en Agroindustria y hay nuevas amenazas en el Senasa y en el Inta”, advirtió Godoy, y recordó que la semana pasada hubo más de 200 despidos en la Dirección Nacional de Discapacidad. “Echan trabajadores y mientras tanto hay 100.000 pensiones por discapacidad paradas en los cajones de los funcionarios”.

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El mismo día que el presidente anunciaba la baja en el índice de pobreza, distintas organizaciones sociales y sindicales se movilizaron en dos acciones distintas por el sostenimiento de planes sociales y políticas de empleo genuino.

El gobierno de Mauricio Macri quiso anunciar una buena noticia de su gestión de gobierno. El dato, en términos concretos, dice que 1.900.00 personas dejaron de ser pobres y 600.000 salieron de la línea de indigencia en el segundo semestre de 2017. De todas formas, un dato preocupante reflejado en La Nación, refiera a que aún “El 39,7% de los chicos menores de 14 años son pobres”.

¿Bajó la tasa de pobreza durante 2017? Sí.

¿Es comparable este 25,7% con el 32,2% de abril de 2016? No. Macri intenta disimular el salto que pegó cuando asumió.

¿Es comparable con 2015? Tampoco. Distintas series.

¿Es una baja sostenida? Los datos INDEC de 2018 sugieren que no.

— Alejandro Bercovich (@aleberco) March 28, 2018

El presidente señaló que crecieron el empleo registrado, la industria y los créditos pero lo cierto es que los trabajadores y trabajadoras informales, “en negro”, o no registrados subieron del 33,6% al 34,2% (INDEC). Además, se refiere a que la desocupación bajó en general, pero para las mujeres aumentó del 8,4 al 8,7%. De esta forma se esconde la feminización de la pobreza.

Macri realizó el anuncio acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Entre las hipótesis, se la nombra como una posible candidata para la vicepresidencia en caso de que Cambiemos apueste a la triple reelección de Macri, Larreta y Vidal. También el ministro Jorge Triaca, de la cartera de Trabajo, acompañó la “buena noticia”; el gesto responde a la buena “performance” del ministro en el cierre de paritarias por debajo del 15%, como exige el gobierno.

Jornada de movilizaciones

Mientras el gobierno anunciaba el retroceso de la pobreza, dos movilizaciones se preparaban en el centro de la Ciudad para desmentir esas cifras y denunciar los anuncios, porque los recortes en las políticas sociales y asistenciales, como las medidas económicas implementadas por el gobierno, no solo no resuelven la pobreza sino que, por el contrario, se incrementan familias sin trabajo y la demanda en los comedores populares.
Dos semanas atrás, bajo la consigna “Sin trabajo no hay futuro”, distintas organizaciones sociales rechazaron la propuesta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, referida a la eliminación de los programas sociales “Ellas Hacen”, “Desde el Barrio” y “Argentina Trabaja”, con la idea de amparar a todos los y las beneficiarias en un nuevo programa llamado “Hacemos Futuro”.

“Sí al trabajo, no al ajuste”

En el día de ayer, se desarrollaron dos movilizaciones con un similar objetivo: denunciar las políticas del gobierno y reclamar por trabajo digno y genuino para los sectores populares.

Desde las 11 de la mañana, y convocada por el “Triunvirato Piquetero” (CTEP, la CCC y Barrios de Pie) se comenzaron a agrupar trabajadores y trabajadoras de la economía popular de toda la región metropolitana con el lema “Sí al trabajo, no al ajuste” para marchar hacia el Ministerio de Trabajo. Esta acción se replicó en las delegaciones en todo el país y como señalan las y los organizadores, en CABA fue acompañada “por representantes de la Juventud Sindical, ATE, CTA, SUTEBA, La Corriente Federal, AEFIP, Polo Obrero, MST, FPDS y FOL”, mostrando un importante arco de unidad en las calles con el objetivo de “exigir al gobierno que cumpla su palabra de no recortar los programas de trabajo que dejarían sin sustento a miles de familias de los sectores más vulnerables del país”.

El acto en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo contó con la participación y la palabra de todas las organizaciones presentes. Según expresó Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la CTEP en el cierre, fue la primera vez que hay más voceras que voceros.

Entre las organizaciones que acompañaron la movilización y fueron parte del cierre, Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán saludo la jornada de lucha y advirtió que “vendrán muchas más si este gobierno sigue insistiendo en hacer oído sordos a los reclamos de todos y todas los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”. “Hoy volvimos a salir a la calle en unidad, como debe de ser, para denunciar a este gobierno, y su modelo de ajuste” explicó y detalló que el gobierno busca “eliminar los Programas de Trabajo Autogestivo, cuando todos y todas sabemos que es una fuente laboral para miles de personas”. “Estamos convencidos que sin trabajo no hay futuro”, concluyó.

Castro, por su parte, en el cierre del acto denunció que “hoy el presidente Macri va a plantear que bajó 2 puntos la pobreza, no le creemos nada. Si bajó la pobreza en este país es porque subió la indigencia, que no sean miserables, que no nos mientan en la cara”. Además adelantó que de no resolverse las situaciones denunciadas, en la segunda semana de abril se realizará una “jornada nacional de lucha” junto a las organizaciones sindicales.

No al recorte salarial. Apertura de los programas de trabajo

Aunque algunos medios de comunicación masiva intentaron instalar la idea del caos de tránsito en la ciudad, lo que aconteció es que no solo hubo demandas al gobierno nacional, sino que alrededor de 4 mil personas nucleadas en las organizaciones y cooperativas de trabajadores y trabajadoras precarizadas de la ciudad, llevaron adelante una intensa jornada contra las políticas del gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

Es así, que desde las 7.30 se desarrolló un corte parcial en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes, convocado por MTR Votamos luchar, Movimiento Barrios de Pie, Frente Salvador Herrera y la Agrupación Germán Abdala de la CTA-A, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Polo Obrero, Agrupación Clasista Lucha y Trabajo, Movimiento Resistencia Popular, Agrupación Villera Piquetera y la Federación de Organizaciones de Bases (FOB), para visualizar la compleja situación que atraviesa el sector. Sebastián Zubizarreta, del FOL, aseguró que “Por tercer año consecutivo, el gobierno porteño pretende reducir los salarios de nuestros compañeros y compañeras de por sí precarios, que van de 4 mil a 8 mil pesos, es decir que además son salarios que están por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”. Esto, en respuesta a la propuesta del 15% en cuotas para el sector, representando una suma muy insuficiente.

En ese marco, alrededor de las 11 hs. las organizaciones y las y los cooperativistas se movilizaron al Ministerio de Espacios Públicos para exigir la apertura de programas de trabajo, además de que “Se pueda cumplir la Ley de Basura Cero en la Ciudad de Buenos Aires que desde su aprobación no llega a los barrios más humildes”, aseveró Zubizarreta.

Además, se entregó un petitorio con propuestas de trabajo, incluyendo ampliación de las cuadrillas de recolección de residuos, creación de puntos verdes, capacitaciones, entre otros puntos, con el fin de abrir mayores puestos de trabajo, además de abordar un tema complejo en los barrios más humildes en relación a los residuos.

Finalmente, Zubizarreta aseguró que “Rechazamos el discurso del gobierno de la ciudad que dice que ya no hay posibilidades de ampliarlos programas de trabajo, ya que es  el distrito con mayor presupuesto del país, donde no hay emergencia o dificultad presupuestaria y donde estamos hablando que se cumplan leyes existentes”.

El gobierno recibió las propuestas en lo que será, sin duda, una etapa más de un año complejo y de profundas exigencias por los sectores populares, cada vez más golpeados por el ajuste de Cambiemos.

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Ayer se llevó adelante el Migrantazo, impulsado por la campaña Migrar No Es Delito, bajo la consigna “Migrar es un derecho humano, la salud y la educación también”. Se exige la anulación de un decreto presidencial por considerarse xenófobo y estigmatizante.

A eso de las 15hs en la Plaza de los Dos Congresos. Escondidos entre colectivos estacionados y multitudes docentes en desconcentración, se empezaban a juntar las y los participantes de lo que sería la segunda jornada de lucha organizada por la campaña “Migrar No Es Delito”. Hacía poco más de un mes que en esa misma plaza había tenido lugar su lanzamiento público. Migrantes latinos de todo el continente, fundían el reclamo por la derogación del decreto presidencial 70/2017 que permite al Estado argentino tomar medidas judiciales express para la deportación de población migrante de manera arbitraria.

El miércoles pasado en la mutual Sentimiento del barrio de Chacarita, se realizó una reunión abierta de casi un centenar de personas para conversar sobre la reciente propuesta discriminatoria impartida por sectores del radicalismo, integrantes del frente Cambiemos. Gerardo Morales abrió la discusión sobre arancelar la salud para la población migrante, por lo menos en la provincia de Jujuy donde oficia de gobernador. Posteriormente el diputado nacional por el mismo partido, Luis Petri, presentó un proyecto de ley en el congreso nacional para arancelar tanto la salud como la educación a nivel país. Más allá de que finalmente el polémico proyecto de ley no prosperó, el debate ya se encontraba abierto. De la reunión convocada nació la necesidad de expresarse, de movilizarse.

“Teniamos que desmentir los argumentos que el gobierno utilizó. El trabajador migrante, humilde, que vive en los barrios, que viene a trabajar, que sostiene la agricultura, la economía de su familia, que trabaja precarizado, no es el que se está choreando la plata. Nosotros y nosotras tenemos todos los derechos de percibir los servicios sociales, de salud y educación porque también somos parte de la población que aporta al mantenimiento de esos servicios. En eso el gobierno está perdido, quiere culpar a gente que no tiene que culpar, quiere quitarle recursos a quien no hay que quitarle recursos. Es lo que venimos viendo en varios ámbitos de la sociedad”, nos expresó Pablo Cossio, integrante de origen chileno del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM)

Migrantazo

Pasadas las 16 hs, comenzó el evento programado. Se formó un semicírculo entre las principales columnas de organizaciones como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Polo Obrero, Barrios de Pie. “En el fondo lo que quieren hacer es que una persona tenga que pagar por utilizar los servicios públicos en la Argentina, ir en contra del sistema universal de salud. Es nada más y nada menos que la privatización del sistema, primero vamos a empezar pagando nosotros, después lo vamos a hacer todos”, afirmó Juan, trabajador boliviano, micrófono en mano delante de la multitud. En diálogo con él, nos comentó jocoso “En la campaña estamos expresados casi todos los países latinoamericanos, creo que nos falta Guyana Francesa, nada mas. Las asambleas son buenísimas porque hay tonos de todos lados”. Además, agregó que “Nosotros empezamos a plantearnos de otra forma, estamos hablando de la necesidad de un paro migrante, el pedir que no nos discriminen, el acusar al otro de ser malo, realmente no funcionó. Mirá, todo lo que nosotros hacemos acá, todo lo que servimos, todo lo que aportamos en esta economía, en esta sociedad, eso se tiene que reconocer. Queremos ser parte de la discusión sobre la política migratoria”.

En una de las última intervenciones nos habló Chana del movimiento centroamericano “2 de Marzo”, organización formada a partir del asesinato de la militante feminista e indigenista Berta Cáceres en Honduras. Ella conforma el espacio “Ni una migrante menos” al interior del BTM: “Entendimos que hay una gran feminización de la migración a nivel latinoamericano y nosotras sufrimos bastante toda la discriminación y xenofobia, siendo nosotras las que estando a cargo de los cuidados, tenemos que acudir los hospitales públicos y las escuelas con nuestros hijos. Muchas compañeras no se están animando a ir a los hospitales por la situación discriminatoria, otras de interactuar con las docentes y directivos de los colegios”. Y sentenció que “Todo apunta a desorganizarnos como migrantes. No nos quieren echar, nosotros somos una parte importante de la producción nacional, nos quieren precarizar. Es un paquete neoliberal”.

Cerrado el evento, las columnas se desplegaron en una vuelta a toda la plaza Congreso, se marchó agridulce. Se sentía la alegría de ver como la cosa estaba creciendo, tomando voz y forma, haciéndose cada vez más grande. A veces las coincidencias atacan, será que cuando estamos hablando de una cosa, en realidad estamos hablando de todo. Esa misma tarde se sentenció la extradición a Chile del mapuche Fernando Jones Huala, en fin. Seguimos hablando de fronteras.

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El último sábado, el gobierno de la ciudad impulsó un desalojo en Villa 31 a punta de represión y topadoras. Sin políticas claras de vivienda, se reviven los peores sucesos de la historia villera.

Está claro que el gobierno que encabeza Horacio Rodriguez Larreta no tiene ninguna intención de resolver los problemas habitacionales que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que afectan principalmente a los sectores de más bajos recursos. Aumento sostenido de la indigencia, crecimiento exponencial de personas viviendo en villas y asentamientos, mientras que, por otro lado, el negocio inmobiliario en poder de pocas manos se consolida. Esta línea política de Cambiemos existe desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri en la ciudad.

Sin embargo, las cosas pueden ir aún peor. El sábado 24 de febrero, casi 100 efectivos de la Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina, se asentaron en la manzana 12 de Villa 31 ya que el gobierno iba a desalojar a una familia de su vivienda. Los motivos esgrimidos por los funcionarios es que la vivienda estaba en riesgo de derrumbe. Si esto es así, cabe preguntarse algunas cosas: ¿Por qué no le dieron una vivienda transitoria a la familia hasta arreglar la suya? ¿Por qué no había una orden judicial para efectuar el desalojo? ¿Qué tenían que hacer las fuerzas de seguridad allí si estaban hablando de un riesgo para la familia?

Concretamente, la vivienda a desalojar se encontraba justo donde el gobierno quiere modificar el trazado de la Autopista Illia (una propuesta sin consenso vecinal) y la familia que allí vivía no estaba de acuerdo con tener que mudarse de la zona. Conclusión: lejos del diálogo, al no aceptar la propuesta del gobierno, se la imponen por la fuerza. Esa es la razón por la que las fuerzas de seguridad estaban allí alojadas, defendiendo la decisión de Horacio Rodriguez Larreta quien había firmado un decreto administrativo en lugar de que haya una orden judicial correspondiente.

Como si esto fuera poco, mientras la familia negociaba con el gobierno a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana (responsable de la intervención estatal en el barrio) luego del desalojo, ya estaban las topadoras derribando la vivienda cuando todavía no había ningún acuerdo firmado. Frente a este contexto, cientos de vecinos y organizaciones se acercaron a la zona y la policía (también dueña del control político del lugar), reprimió con gases causando un herido del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que debió ser hospitalizado porque su visión estaba comprometida.

La ecuación es simple. El gobierno de la ciudad no quiere cumplir con la Ley 3343/09 de urbanización de Villa 31, que está por cumplir 10 años desde su sanción y nunca pudo avanzar en su reglamentación. Por el contrario, impone a la fuerza su proyecto para cambiar el trazado de la Autopista Illia, vendiendo un supuesto proceso de integración urbana que solo existe en los medios de comunicación afines al gobierno. La tarea se lleva adelante con el puño de las fuerzas de seguridad y con los métodos tan nefastos que han pasado la historia del viejo barrio de Retiro: con desalojos forzosos y topadoras.

Haciendo escuela

Cualquier persona con algo de sensibilidad, coherencia y especialmente comprensión, debe lamentar el agresivo desalojo ocurrido en Villa 31. Sin embargo, lo que nadie debería sentir es sorpresa.

Hay algunos acontecimientos en relación al accionar del gobierno porteño cuando de sectores vulnerables se trata. Todos y todas recordarán la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), que perseguía, violentaba y desalojaba a personas en situación de calle, con métodos escalofriantes como la quema de pertenencias o el traslado de las personas en camiones a algún sitio fuera de los límites de la General Paz.

También las medidas que el gobierno nacional fue impulsando, como la posibilidad de utilizar las neopicanas Taser (repudiado, combatido y vencido por la presión popular) o la estigmatización de las y los villeros como chivo expiatorio de los problemas de inseguridad. Pero siguiendo con este eje, las topadoras ya han sido utilizadas hace no mucho tiempo.

Como mencionábamos algunos párrafos atrás, la crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires se acentúa constantemente. Uno de los hitos más emblemáticos de los últimos años ha sido el nacimiento del Barrio Papa Francisco, en la zona de Lugano. Aquel lugar que apareció como un símbolo de las pésimas políticas habitacionales y la desesperación por vivir dignamente, tuvo su final cuando el por entonces gobierno porteño que encabezaba Mauricio Macri en asociación con el Secretario de Seguridad del gobierno kirchnerista, Sergio Berni, reprimieron y desalojaron a niños, niñas y familias enteras con el repetido método de las topadoras.

Cabe recordar, por si algún desprevenido, que la Constitución Nacional que es la ley suprema, garantiza el derecho a la vivienda digna, priorizando a los sectores más críticos. Aún más, la Constitución porteña y varias leyes van el mismo sentido.

Una breve reseña de una triste reedición

A la conciencia de las y los habitantes de Villa 31 hay algo que le impacta más que un desalojo. Mientras se llevaba adelante el “procedimiento”, eran muchas las personas preocupadas por sufrir el mismo avasallamiento. Y esto no es casual porque el barrio ubicado en la zona de Retiro ha sufrido los peores embates por parte del Estado a lo largo de su historia.

Cuando transcurría la última dictadura cívico-militar-clerical, el ahora Barrio Padre Mugica sufrió los más feroces desalojos imaginables. Al inicio del gobierno de facto, vivían alrededor de 50 mil personas. La gestión del dictador Osvaldo Cacciatore al frente del gobierno porteño, llevó la cifra a menos de 40 familias viviendo en el barrio. Esto se hizo a fuerza de represión, desalojos y topadoras. Tan parecido a la actualidad que estremece.

Por supuesto, en aquellos años y como ahora, la organización social y política del barrio logró enfrentar los atropellos aunque costó la muerte y desaparición de decenas de vecinos y vecinas. Pero se mantuvo y salió adelante con el tiempo.

Algunos años después, ya en democracia y bajo las alas del neoliberalismo, fue la gestión de Jorge “Topadora” Dominguez (el intendente de la gestión menemista) la primera que reeditó los métodos del ejército en el poder. Vaya paradoja, para llevar adelante las obras de la Autopista Illia, el gobierno justicialista reprimió y desalojó vecinos y vecinas a punta de topadoras. La Autopista Illia, con 25 años de diferencia, la excusa del Estado para oprimir a los sectores más marginales, empobrecidos por sus propias políticas, sea el gobierno que sea.

Entonces

Por su puesto que nos interesan los acontecimientos vividos el último fin de semana. Pero el objetivo central de este artículo es que todos y todas podamos trazar una línea histórica para entender cual es el la condición de clase del Estado, sea gobernado por dictadores o cualquiera de las variantes democráticas. Por supuesto, no es lo mismo. Ni intentaríamos asemejar taxativamente un gobierno elegido por voto popular con uno detentando el poder del Estado por la fuerza. Pero con sus matices y abismos de diferencia, el Estado siempre tuvo una política excluyente hacia algunos sectores y, cuando fue necesario, aplicó métodos lamentables.

El desalojo del sábado sienta un precedente importante para un proceso que está abierto. La Villa 31 de Retiro no está urbanizada, el nuevo trazado de la Autopista Illia no está construido. La historia de un barrio sumergido en el terror de las topadoras recorre nuevamente las conciencias de las y los vecinos. Como en cualquier momento histórico, solo la organización podrá dar una respuesta certera.

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Bajo la consigna “Migrar no es delito, migrar es un Derecho Humano”, el martes se lanzó la campaña nacional Migrar No Es Delito, impulsada por diferentes organizaciones y con el fin de impulsar la derogación del Decreto N.º 70/2017 así como también impulsar la promoción de igualdad de derechos para las y los ciudadanos que habiten territorio argentino. Además, hablamos con Pablo Cossio, del Bloque de Trabajadores Migrantes (BTM), bloque chileno.

Hace algunos días, durante su gira europea en búsqueda de inversiones, el presidente Mauricio Macri esbozó una frase poco feliz y que desnuda su plena subordinación al gran capital: “Yo creo que la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea es natural porque en Sudamerica somos todos descendientes de europeos”. El trasfondo de esta frase contiene la ya conocida marginación y exclusión del gobierno hacia los pueblos originarios, la riqueza mestiza de Africa e incluso la gran participación de las mujeres y colectivos disidentes a lo largo de la historia de la Patria Grande. Más aún, la frase justifica el orgullo blanco de Macri.

Esta situación no se da en un contexto que nos sea indiferente. Porque mientras el presidente y el gobierno que él preside se arrodilla ante las potencias europeas, en Argentina se avanza contra los derechos de las personas migrantes. Tan es así que el 30 de enero de 2017 se sancionó el Decreto N.º 70/2017 que modifica sustancialmente la Ley de Migraciones N.º 25.871, flexibilizando derechos ciudadanos esenciales, como ya lo exponíamos en otra oportunidad.

La campaña Migrar No es Delito viene a instalarse en este lugar. Según dice su comunicado, “Nosotros, nosotras, los migrantes y refugiados, extranjeros mal llamados ‘invasores silenciosos’, no estamos en Argentina para competir, quitar o usurpar, venimos a trabajar, estudiar y vivir dignamente. Cruzamos fronteras internacionales forzados por graves violaciones a los Derechos Humanos en nuestros países”. Esta frase es esencial para pensar en un cambio de paradigma en relación a las y los migrantes y su rol social.

En lineas generales, el DNU presidencial apunta a estigmatizar a las y los extranjeros cargándolos con el estigma del narcotráfico, una práctica común hacia los sectores populares, como ya hemos advertido en otra oportunidad. Medidas judiciales express, deportaciones arbitrarias, limitaciones en garantías ciudadanas, son algunas de las consecuencias de esta norma.

“Por ello, las organizaciones migrantes de la Argentina lanzamos la campaña ‘Migrar no es delito’ para denunciar y desmentir las falsedades que desde el gobierno han lanzado contra las y los migrantes”, sintetiza el comunicado.

“¿Qué pasaría en la Argentina si todos los migrantes paran, si 2 millones de personas paran?”

En el marco de la jornada, Marcha entrevistó a Pablo Cossio, integrante del Bloque de Trabajadores Migrantes.

-¿De qué se trata la jornada de hoy?

-La actividad es el lanzamiento de la campaña migrar no es delito, que es una campaña que estamos articulando con varias organizaciones migrantes. Entre ellas el FOL, AMUNRA, CAREF, el Bloque de Trabajadores Migrantes y varias organizaciones. Es una campaña que empezamos a armar hace muy poco.

La campaña nace con la necesidad de salir a denunciar conjuntamente con las organizaciones migrantes el DNU que se firmó en 2017, el 30 de enero. Nos juntamos hoy porque se cumple un año del decreto.

La necesidad de la campaña es porque a un año de su firma, nosotros balanceamos que vino a perjudicar mucho la vida de las y los migrantes en la Argentina. Con este decreto han dicho que salia con la necesidad y urgencia de combatir la delincuencia y el narcotráfico en la Argentina, relacionándola directamente a la migración. Eso fue una alerta para todas las organizaciones, porque viene básicamente a criminalizarnos, a dificultar los proceso de defensa frente a la justicia. Por ejemplo, el decreto facilita la deportación para cualquier migrante que sea acusado por un delito menor. Ahora que estamos en esta concentración, si viene una represión y nos llevan presos, los migrantes podemos ser deportados con los tiempos judiciales muy reducidos, sin los tiempos que podría tener cualquier argentino. La ley anteriormente nos defendía como a cualquier persona, pero con este decreto los migrantes tenemos un montón de limitaciones judiciales, como tener que presentar la defensa en tres días, cosa que es absolutamente absurdo porque en tres días uno no puede presentar una defensa articuladamente. Entonces, la idea de la campaña es salir a informar las consecuencias del decreto, luchar por su anulación.

En el campo de la lucha contra este decreto y en términos más judiciales, se presentó hace casi seis meses un amparo en la justicia denunciando que es inconstitucional porque viola varios de los derechos que la Constitución le da a los migrantes. Esa medida fue impulsada principalmente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Argentina de Refugiados y Exiliados (CAREF) y la idea de esta campaña es que agrupe a estas entidades más institucionales y acompañarlas con la movilización social. Nosotros creemos que los migrantes son sujetos y sujetas políticas que necesitamos empoderarnos, necesitamos tener voz inclusive dentro de las organizaciones en Argentina porque siempre somos una parte de la sociedad bastante relegada y que se nos desconoce todo el aporte económico, político y cultural que podemos hacer. Creo que ese es otro de los ejes importantes de la campaña, salir a mostrar todos los aportes que hacemos los migrantes.

En ese sentido, la idea de esta campaña es llegar a organizar el paro migrante del 30 de marzo, que organizamos ya el año pasado. Salir con esta campaña con mucha más fuerza que la que tuvimos el año pasado y preguntarnos: ¿qué pasaría en la Argentina si todos los migrantes paran, si 2 millones de personas paran? Bueno, se vería afectada la economía del país. Es básicamente eso, visibilizar nuestro aporte y luchar contra este decreto que nos viene a criminalizar

– Pienso en un paralelismo con el Ni Una Menos, el Paro Internacional de Mujeres, como un sector determinado tiene tanta influencia en la economía, en la política y en la sociedad en general y como se vive la doble opresión hacia las mujeres y colectivos disidentes y que se reproduce aquí también ¿Se percibe esto?

-Ser migrante es un derecho humano. Por ejemplo, en el bloque de trabajadores migrantes hace un tiempo las compañeras formaron el espacio de Ni Una Migrante Menos, justamente para visibilizar esto. Es decir, somos trabajadores, trabajadoras, somos migrantes y además las compañeras son mujeres, tienen muchas más opresiones siendo mujeres y migrantes. La idea nuestra, y de hecho le copiamos la idea de Ni Una Migrante Menos lo del paro, es justamente esto: somos un sector de la sociedad bastante oprimido, bastante precarizado, ¿qué pasaría si nosotros paramos? En ese sentido, las organizaciones que conforman hoy en día la campaña y las organizaciones migrantes que queremos acercar la mayoría de la base de esas organizaciones son migrantes, son compañeras que se organizan en los barrios. De hecho nosotros cuando empezamos a articular con el FOL fue esa gran sorpresa, recorrer los barrios y ver que son compañeras organizadas. Y son compañeras que están tratando de organizarse para tener una mejor vida. En esa linea, nos encontramos a cada rato con esa doble opresión o triple, porque las compañeras son oprimidas por ser trabajadoras, mujeres y migrantes.

-¿Cómo se preparan para el paro del 30 de marzo y con qué proyección?

-Hoy es el lanzamiento de la campaña. Vamos a seguir con una agitación por redes sociales, medios, una cuestión de viralizar la campaña, organizar el paro migrante el 30 de marzo, con la idea de salir con mucha fuerza y tratar de hacerlo a nivel nacional, articulando con las organizaciones que tengan estructura a nivel nacional. Y perspectivas internacionales también. Cuando le pusimos el nombre “Migrar No Es Delito” nos dimos cuenta que hay organizaciones con el mismo nombre en otros lugares del mundo. El año pasado logramos articular este paro con organizaciones de Bolivia y Chile. La idea es salir con más fuerza porque la organización migrante es algo relativamente nuevo, siempre ha estado más abocado a lo institucional o de la sociedad civil, incluso en términos legales y creo que la propuesta novedosa de esta campaña es salir a visibilizar a las y los migrantes como sujetos políticos que tienen derechos y conquistas históricas que hay que mantenerlas, que estas políticas como el decreto no las haga retroceder. Ahí hacemos el llamado los trabajadores argentinos, a las trabajadoras y organizaciones a sumarse a esta campaña y encarar este proceso de ajuste que nos está afectando a todos.

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Este jueves 6 de abril marca un hito en la gestión macrista. El paro nacional es la medida más contundente que recibirá el Gobierno como parte de un largo mes que fue récord en la masividad de las movilizaciones contra su ajuste.

Mal que le pese, la movilización del 1 de abril a su favor no logró eclipsar a la presencia callejera de medidas sectoriales de los 30 días anteriores (por ejemplo a la docente del 6 de marzo). Tampoco funcionaron las múltiples instancias, amenazas y hasta migajas (para los dirigentes) para quebrar la medida de fuerza.

Por eso, desde la medianoche (en que se escriben estas líneas), ya se siente el efecto del que, se prevee, sea un paro de alto acatamiento en fábricas, establecimientos que prestan servicios, organismos públicos, escuelas, facultades y transportes.

Unidos por el espanto

El malestar social no arrecia. Los despidos, las suspensiones, las paritarias que el Gobierno aspira a cerrar por debajo del 20%, la caída notoria en la actividad económica y especialmente la industria, los tarifazos, son medidas que explican que haya un millón y medio de nuevos pobres en el país -según cifras de la UCA-. Se adicionan ciertos posicionamientos regresivos en ciertos temas sensibles (edad de punibilidad, el número de desaparecidos, etc), los episodios de beneficios a empresas familiares y socios, etc. Estas condiciones actuaron como una masilla política. Los dirigentes sindicales con perspectivas políticas que no aciertan construir una oposición unificada dentro del Congreso (massismo, peronismo, kirchnerismo), se vieron empujados a encarar el plano sindical de esa manera.

Esa frágil unidad no logró ser quebrada por las maniobras del macrismo tales como amenazas de reformas en las elecciones gremiales, diatribas contra las “mafias”, señalamiento del carácter político del paro, entre otros. Pero no se trató de la falta de vocación conciliadora de la dirigencia de la central. Recordemos que Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato que la conduce, planteó la necesidad del paro “para descomprimir” la situación.

Se trata de una situación que palpó esa dirigencia cuando otro de los integrantes del triunvirato cometió un furcio el martes 7 de marzo. Ante una multitud que escuchaba (desconfiada y expectante) las peripecias de los oradores para no ponerle fecha al paro, prometió que el mismo sería “antes de fin de año”, para luego corregirse e indicar que sería a “fin de mes”. La bronca que había convocado a esa masa enorme de laburantes (entre 300 y 500 mil) llegó a un límite insostenible, que algunos sectores del sindicalismo de base y combativo canalizaron al copar el palco y hacer volar el añoso atril por el aire.

Gritos o susurros

Esa presión de las bases atraviesa prácticamente todos los sindicatos y sectores. Si bien la apertura importadora y la apreciación cambiaria afecta a algunos sectores más que a otros, tal como en su momento hicieron la “tablita” de Martinez de Hoz o la convertibilidad, la crisis económica impacta en prácticamente todos. Si alguna excepción podría haber en el sector agropecuario, basta recordar que se trata de una actividad con altos índices de informalidad y salarios muy relegados. Y como buena presión, incide sobre las estructuras que las contiene. Así sean estructuras sindicales tradicionales y con escasas prácticas de democracia interna. Aparecen voces que expresan esas presiones, sin necesariamente sostener nuevos modelos (ni ser nuevos referentes), como Francisco “Barba” Gutierrez de la UOM, o Hugo Yasky de la CTA “de los trabajadores”. Incluso su oratoria refleja una notoria falta de actualización que los coloque discutiendo con trabajadores/as que viven en el siglo XXI.

Precisamente estos referentes son algunos de los que representan un sindicalismo identificado con el kirchnerismo y con discursos de resistencia a un modelo económico que a todas luces perjudica a los trabajadores y trabajadoras. Son quienes más tienen para ganar en su posicionamiento contra el ajuste. Sin embargo, quiénes los conocen hace más tiempo saben que lo principal en su posicionamiento no es ser, sino parecer. Lo que diferencia la simple prédica antiajuste de un verdadero plan de lucha es la continuidad, organizada para tener cada vez mayores efectos, y apropiada, discutida y definida por las bases.

Nada de esto domina la escena. Si no cabe esperarse ese cuadro entre los sindicatos conciliadores, tampoco sucede entre los más confrontativos. El esquema de paro “dominguero” se encarga de no repetir exabruptos de base como los del 7M, ni posibilitar tomar cabal conciencia de la fuerza que se despliega cuando la clase trabajadora toma medidas de lucha de conjunto. Parece ser la condición que aceptan esas conducciones supuestamente confrontativas, que rehuyen de apostar, a nivel general, a movilizaciones, concentraciones y piquetes durante el paro. Esa convocatoria “por televisión” abre grietas a la presión patronal, dispuesta a pagar remises, organizar recorridos de autos o incluso de hacer campaña por las “eco bicis”, con tal de que el paro no haga mella la asistencia.

Pero las calles no estarán tan vacías

Ante este panorama poco prometedor, que solo alcanza para presionar parcialmente a la burocracia conciliadora, se le contrapondrán dignas pinceladas de resistencia real. Algunos sindicatos como Aceiteros impulsan concentraciones en las puertas de las plantas para garantizar el paro. La combativa comisión interna de la línea 60 hará una asamblea en la cabecera de la línea, con el mismo fin. El sindicato de prensa SIPREBA adhirió junto con su federación a nivel nacional FATPREN, con medidas en los principales medios. En la mayor urbe del país, habrá concentraciones por la madrugada en el norte y oeste del conurbano bonaerense en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste, en los emblemáticos puentes Pueyrredón, Saavedra, la Noria y Constituyentes (donde habrá un piquete con eje que visibilizará reclamos contra el ajuste en Ciencia y Técnica) en la CABA, y también la ciudad de La Plata.

A instancias del SUTNA, también habrá una concentración en el Obelisco cerca del mediodía, buscando mostrar la vocación por movilizar. A la misma concurrirán docentes universitarios (AGD UBA), de escuelas (Ademys), investigadores/as (JCP) y otros.

Distintas organizaciones de desocupados/as y precarizados/as también expresarán en la calle su repudio al ajuste en los planes de trabajo, entregas de mercadería a comedores, y otras demandas, como la CCC, el Polo Obrero, FPDS o un frente de lucha constituido por las organizaciones FOL, CCRS, MTDAV, MTRDD, M8A, AB-VC. Este frente incluso protagonizará una movilización al capítulo latinoamericano del Foro Económico Mundial, que reunirá a representantes de empresas multinacionales y organismos multinacionales.

En varias provincias, otras movilizaciones tendrán lugar, impulsadas especialmente por sindicatos docentes, universitarios y estatales, principalmente de la CTA Autónoma. En algunos casos incluso saltando las internas que enfrentan a gremios alineados con Yasky (sean docentes enrolados/as en la CTERA o fracciones de ATE) y otros alineados con el degenarismo (como en Neuquén y Río Negro). En Córdoba, serán las CGTs locales las que le pondrán movilizaciones a la jornada. Una excepción especial será Comodoro Rivadavia, donde el paro será parcial para continuar asistiendo a las personas damnificadas por las inundaciones. De todas formas, otras ciudad como Tucumán también tomarán recaudos para evitar complicar afectados/as por las lluvias.

Una jornada atípica

El discurso que se pretende instalar contra las movilizaciones no impedirá que se exprese en la calle otra forma, incipiente aún, de encarar las luchas contra el ajuste.

No es el primer paro ante las políticas económicas de un gobierno. Pero lo novedoso es que se realiza en el marco de una CGT más unificada que en el gobierno anterior, en la que además se expresa una disputa de fracciones al interior de las cúpulas sindicales. Y que también se mueve al calor de una presión de las bases que también, con sus disputas, busca abrirse un cauce y configurarse en un actor político propio (o actriz, quizás logre también superar la histórica presencia mayoritaria masculina en esos espacios de dirección, si se lo propone).

* Militante de la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas.

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Luego de la intensa y masiva semana en materia de movilizaciones, en lo que fue una sucesión de reclamos en el ámbito de la educación, el trabajo y el paro internacional de mujeres, marzo sigue sin darle tregua al gobierno y no sin razones. Las demandas de las y los trabajadores se hacen carne y se viven en la cotidianeidad.

Avanzaba la jornada de lucha y los más de 300 cortes en todo el país. Alrededor de las 11, y tras provocaciones de parte de las fuerzas represivas que pretendían no permitir el acceso de las cuatro columnas que ingresaban por el sur del conurbano bonaerense, el Puente Pueyrredón volvió a ser de las y los integrantes de los movimientos sociales. Así, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán, avanzaron sosteniendo el corte y dando paso a la organización del almuerzo popular.

Mientras, en el Acceso Oeste y en el corte de la zona norte sobre la Panamericana, la Gendarmería seguía amenazando con reprimir a quienes protagonizaban la protesta social y política. Los cortes y las movilizaciones se hicieron sentir en ciudades como Mar del Plata, Clorinda, Tucumán, Resistencia y en Alto Valle de Neuquén.

A la vez que se repetía en vivo la clase de organización y lucha de los movimientos sociales, los medios hegemónicos repetían la desinformación y la apología de la violencia sobre las y los más vulnerables. “Los cortes mandan”, decía un zócalo en correspondiente rojo; “Les regalaron el Puente”, concluía una conductora de renombre en piso; “Las fuerzas de seguridad absolutamente pasivas”, decía una cronista pidiendo el desalojo a través de la represión viendo pasar a miles por el Puente; “Han enviado mujeres con chicos en todos los cortes”, decía un opinador que pretende dirigir desde un estudio de TV el país, a los jueces y los movimientos sociales.

Relatos de una jornada de lucha

Fabiana es integrante de la Javier Barrionuevo, de Esteban Echeverría, al sur del conurbano bonaerense. Dice que se acercó a la jornada de lucha “por la implementación de la ley de emergencia social”, para que “no haya despidos y que haya más programas”. Agregó que “todo lo que está sucediendo” afecta de forma directa en la calidad de vida de los niños y las niñas en los barrios: “se empiezan a sentir las necesidades, los padres se quedaron sin trabajo, no tienen para la comida, entonces los chicos se acercan a los comedores, almuerzan y participan en las murgas”.

“Estamos por la mejora de los sueldos, la canasta familiar y el aumento del Argentina Trabaja”, relató Alicia, integrante del MTL, “para mas empleo”, resumió, “son varias cosas por las que estamos luchando. En los barrios la situación es bien precaria, yo vivo en un asentamiento que lucha por que el municipio lo reconozca”.

La jornada de lucha de los movimientos sociales ante la precarización de la vida, se organizó ya que las y los trabajadores de la Economía Popular están en la primera línea de afectados por el rumbo económico del gobierno de Cambiemos. Millones que perciben ingresos por debajo del salario mínimo y que ven agravadas sus condiciones de subsistencia por el aumento de la inflación y los sucesivos tarifazos a los servicios. Se exigió, entre varios reclamos, uno fuerte: la implementación de la Ley de Emergencia Social, la posibilidad de conformar un Registro de Trabajadores/as del sector y la implementación de un Salario Social Complementario que daría “respiro hacia abajo” como lo plantean algunas vocerías de las organizaciones. Esto dependerá de varios factores, entre ellos la conformación (en proceso) de un Consejo de la Economía Popular con representación de ambos lados (organizaciones populares y Estado) para monitorear la implementación de la ley.

La Boca se movió por la Emergencia Social

En sintonía con la masiva jornada realizada en el Puente Pueyrredon, en el barrio de La Boca se llevó adelante un corte del puente Nicolás Avellaneda, acompañado por ollas populares impulsadas por diversas organizaciones sociales y sindicales. De la actividad participaron el Frente Popular Darío Santillán, , la Organización Social y Política Los Pibes, el MP La Dignidad, entre otros.

Rosana, de la OsyP Los Pibes afirmó que el reclamo “Afecta a todos, trabajadores formales y también las y los excluidos. Buscamos una forma en la economía social”. Y Agregó que en el contexto político actual “Se nos está haciendo imposible sobrevivir. Esa cuestión de solamente trabajar para poder pagar nuestros impuestos. Queremos que nuestros chicos puedan estudiar, queremos tener una vivienda digna. Somos muchas organizaciones y copperativas que se van sumando al reclamos”.

Por su parte, Jesica, que integra el FPDS, destacó que “Estamos exigiendo que se implemente la Ley de Emergencia Social. Somos millones de trabajadores que estamos bajo el nivel del salario mínimo”.

Por su parte, las organizaciones que integran la Mesa 19 y 20 de la CTEP formularon un pliego de peticiones adicionales que están afectando a las y los trabajadores de la economía popular. La implementación de la Ley de Emergencia Social, reivindicación común y transversal de todos los sectores se suma la necesidad que cese la persecución y criminalización de la protesta social, Cese del ajuste y los incumplimientos del Ministerio de Trabajo, que sistemáticamente obstaculizan el acceso a los programas sociales, suspensión de los desalojos en la CABA y reapertura de la operatoria Ley 341 que permite la autogestión comunitaria de la vivienda, cese del ahogo económico sobre los medios comunitarios a través del incumplimiento en el pago de deudas atrasadas de la ENACOM. Cese de los incumplimientos del Ministerio de Desarrollo que obstaculiza la llegada de alimentos a merenderos y comedores populares.

Además de las organizaciones convocantes, decenas de vecinos y vecinas de la zona estuvieron participando activamente de la jornada.

Un reclamo en contexto

La masiva jornada de ayer se dio un día después del acampe que se desarrolló en la Avenida 9 de Julio, a la altura del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Allí, diversas organizaciones como el MTD Anibal verón, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Frente Arde Rojo (FAR), Corriente Clasista René Salamanca, entre otras, expresaron diversas demandas de las y los trabajadores: salario mínimo igual de 13 mil pesos de acuerdo con la canasta básica, apertura de programas de trabajo, impulso a las cooperativas, entre otros. Razones que engrosan lo evidente, el Paro General.

Marianela Navarro, referente del FOL, señaló que “Le hemos presentado al gobierno numerosos programas y proyectos para generar empleo y aumentar nuestros ingresos y sin embargo hasta el día de hoy no solo que no hay una respuesta concreta, en este sentido, sino que además se han caído numerosos programas de empleo en distintas provincias del país”.

Celia, del barrio Paraná en Florencio Varela, también integrante del FOL, comentó que “Le damos de comer a 60 personas, todos los días. Y todos los días se suman más personas, familias con chicos, gente que por primera vez pisa un comedor, y van porque no tienen, o se quedaron sin trabajo. Hasta hace un tiempo venían 30, ahora el doble”.

La medida se extendió hasta el día de hoy, en lo que fue la continuidad de planes de lucha que la clase trabajadora seguirá llevando adelante, mientras la precarización de las vidas sea la única garantía que otorga el gobierno.

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