Por César Saravia y Camila Parodi | Foto: Salvador Meléndez*

En 2001, lxs salvadoreñxs recibieron el nuevo año con la noticia de que a partir del 1 de enero, el dólar, sería moneda oficial junto al “colón”. Con el tiempo, el dólar se impuso como la única en circulación, concretando así el sueño de las élites empresariales y la ortodoxia económica. Ese mismo año, apenas unos días después, El Salvador sufrió el primero de dos terremotos en cosa de un mes.  Al sacudón económico que representaba la dolarización, le vino acompañado un sacudón de la tierra, que se cobró varias vidas y dejó millones en pérdidas materiales.

Ese mismo año, unos meses después, y a más de 7 mil kilómetros hacia el Sur, en Argentina, la fantasía de la convertibilidad se desplomaba, provocando una de las crisis económicas y sociales más crudas de la historia democrática del país. Hoy, 22 años después de aquellos acontecimientos, El Salvador y Argentina vuelven a encontrar puntos en común, con la discusión sobre la dolarización, instalada desde hace unos meses por la candidatura de ultraderecha en el contexto electoral. 

Se trata de dos países muy distintos y con contextos y realidades poco comparables. Pero es necesario entender la experiencia de los países que vivieron este proceso, para quienes intentan vender como exitosa y simple una medida que tiene una profunda complejidad económica y social. Por eso charlamos con Lorena Valle Cuéllar, quien es feminista y economista y se especializa en macroeconomía y política económica. 

¿Nos podrías contar un poco en qué contexto se da y qué buscaba la dolarización cuando se implementó en El Salvador? 

Hay una columna muy famosa del economista Carlos Acevedo, que fue presidente del Banco Central de El Salvador, que se llama “Dolarizados por la ideología y un diputado ebrio” donde plantea, prácticamente, que la dolarización fue una política improvisada. Yo coincido parcialmente con eso, porque si bien la forma en que se implementó fue apresurada, los votos para aprobarlo fueron literalmente un canje entre el PCN (histórico partido de derecha) que tenía al diputado Francisco Merino al borde de un juicio por conducir borracho y dispararle a una policía, y Arena (entonces gobernante). Digamos que fue un “madrugón” como lo conocemos en El Salvador. Además no hay evidencia, por ejemplo, de estudios previos ni de análisis que el Banco Central de Reserva haya realizado para garantizar la viabilidad técnica financiera de esta medida. En ese sentido, en términos operativos y técnicos sí me parece que fue una decisión súbita que tomó por sorpresa a la población. Un día nos despertamos y la portada del diario de mayor circulación del país decía “Good morning El Salvador”, y estábamos oficialmente dolarizados. 

Pero haciendo un poco de análisis de economía política y tomando como referencia a otros estudiosos de la economía política de El Salvador, como Álex Segovia, la dolarización venía siendo una aspiración de política económica de la derecha desde hacía muchos años. Precisamente desde el 95, con el gobierno de Cristiani, que es el gobierno bisagra para pasar de la guerra a la paz, ya se venían dando conversaciones e intenciones por parte de quien era el ministro de Economía, que era gran fan de la dolarización. Pero hubo todo un estira y encoge en esas discusiones sobre si la implementaban o no porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no estaban muy de acuerdo. Entonces, a lo largo de los 90 digamos que se da un debate a puertas cerradas que solo ciertos economistas o historiadores logran identificar sobre si dolarizar o no, o si implementar un “currency board” o caja de convertibilidad, que es como lo que se hizo en Argentina. Hasta que finalmente en 2001 se lleva finalmente a cabo. 

Digamos que fue todo un proceso 

A mí me gusta pensar a la dolarización como la cereza del postre del neoliberalismo y del Consenso de Washington. O sea, desde los 80 se venía construyendo en El Salvador, con el apoyo de organismos e instituciones financieras internacionales un modelo neoliberal. De hecho, Hausmann y Rodrick, dos economistas muy importantes en Latinoamérica y el mundo, plantearon que El Salvador fue el país reformista estrella después de Chile porque cada uno de los puntos los cumplió: reforma fiscal, reformas comerciales, tratados de libre comercio, privatización de electricidad, de la banca, de telecomunicaciones, reformas laborales que implicaron flexibilizaciones y de regulaciones en perjuicio de la clase trabajadora. Entonces todo eso se venía construyendo a la par de un flujo creciente de remesas que le permitió a El Salvador acumular una gran cantidad de divisas. Ese conjunto de reformas estructurales de estabilización de la economía, inmediatamente después de la guerra civil, de mantener niveles de inflación bajos y estables, todos los indicadores macroeconómicos fueron de cierta forma, de acuerdo con economistas como Alex Segovia, los que posibilitaron la dolarización. O sea, El Salvador se fue preparando por una década más o menos con este tipo de reformas y construyendo su “banana split”. La bolita del helado eran las reformas comerciales, la banana era la reformas laborales, la crema eran las privatizaciones, hasta que en 2001 le pone la cereza con la dolarización y culmina el proceso de construcción de un modelo que a la fecha sigue vigente y que no ha podido ser desmontado, ni siquiera en los diez años del gobierno del FMLN (de 2009 a 2019).

Podemos intuir que se trataba de una situación totalmente distinta a la actual de la Argentina, ¿no?

Exacto, es importante plantear que el momento en el que se encontraba El Salvador cuando dolarizó es radicalmente distinto al momento que está Argentina en la actualidad. Los economistas que a inicios finales de los 90 e inicios de los 2000 planteaban a la dolarización como una política, señalaban que esta debe ser una solución extrema solo aplicable en casos extremos. Podríamos argumentar que Argentina está al borde de una situación extrema, sin embargo, como plantean, por ejemplo los análisis que ha hecho Juan Martín Iani y sus colegas de FUNDAR, el proceso de dolarización requiere de una estabilización económica imprescindible, que es el mismo esfuerzo que se requiere para fortalecer la moneda nacional. Entonces por qué dolarizar si puedes, con las mismas herramientas, fortalecer la moneda nacional. 

Pero bueno, en El Salvador estábamos en una situación completamente distinta porque nosotros estábamos en una situación en términos macroeconómicos y políticos relativamente estables. Es decir, a los ojos de la comunidad internacional,  estábamos saliendo de una guerra con un exitoso acuerdo de paz y todo estaba bien. Y lo que es clave en este punto, que es un mensaje clave y contrario al proceso de Argentina, El Salvador si tenía una piscina (pileta) de dólares, pero Argentina no la tiene y ese es el gran problema que argumentan muchos economistas sobre por qué es inviable dolarizar: el Banco Central de Argentina tendría que incurrir en una gran cantidad de estrés financiero para poder cubrir con los requerimientos de reserva necesarios para convertir pesos a dólares. En El Salvador no teníamos ese problema, veníamos acumulando reservas. Incluso seguimos acumulando reservas por el creciente flujo de remesas que tenemos, que son más del 25% del PIB. Hoy por hoy Argentina no tiene esa situación, al contrario, no tiene las condiciones para dolarizar como sí las tuvo El Salvador. 

Tras más de 20 años de su implementación, ¿cuáles son los impactos que esta medida tuvo para la economía en general y específicamente en la vida de la gente?

Al dolarizar en El Salvador se prometieron una serie de medidas y a mí me gusta porque este es un tema que yo enseño a mis estudiantes de la universidad para desmenuzar las promesas y para ver si se cumplieron. La conclusión que les doy de entrada es que la dolarización en El Salvador no cumplió sus promesas. En primer lugar, nos dijeron que la dolarización iba a reducir los tipos de interés, porque al hacerlo íbamos a adoptar la política monetaria de los Estados Unidos y, por lo tanto, nuestros tipos de interés iban a ser iguales o similares a los de ellos, que suelen ser bajos. Eso es cierto hasta ahora y me lleva al segundo punto: la dolarización promete niveles de inflación bajos y estables, lo cual es un gran atractivo para el caso argentino que tiene inflación galopante y esa promesa también se cumple, pero más bien yo introduciría un matiz el país que dolariza hereda la inflación y la tasa de interés del país que emite el dólar, es decir de Estados Unidos, y claro durante décadas, eso nos benefició porque las tasas de interés y la inflación de allá han sido muy baja. Pero hoy estamos en medio de un ciclo inflacionario alrededor del mundo y El Salvador es muy vulnerable a esos shocks que rompen completamente la capacidad adquisitiva. Incluso, el poder de compra de los salarios no ha crecido en lo absoluto en los últimos 20 años. Entonces, obviamente si los comparamos con Argentina siempre nos vamos a ver mejor, pero en términos internos la inflación baja y estable la disfrutamos mucho tiempo, pero ahora esa apertura nos está afectando porque heredamos la inflación de Estados Unidos. Ahora mismo estamos heredando una inflación alta y condiciones de financiamiento adversas por el alza en las tasas de interés y por la restricción monetaria de la nueva política estadounidense.

Otra promesa muy importante de la dolarización, es que va a haber disciplina fiscal. La dolarización, como elimina la política monetaria, prácticamente quita la capacidad del Banco Central de imprimir dinero, entonces ya no hay forma de que el Banco Central le financie gasto ilimitado al gobierno y por lo tanto ya no hay déficit fiscal y las finanzas públicas se mantienen estables. Bueno, eso no es verdad y el caso de El Salvador es muy ejemplificador de eso, estamos a niveles de deuda mayores al 80% que han crecido justamente en la década de la dolarización. La dolarización no nos ha impedido adquirir financiamiento externo con el Fondo Monetario Internacional. Pero con los niveles de deuda actual, ni siquiera el Fondo nos quiere prestar, entonces hay que buscar otra fuente de financiamiento que en estos momentos tienen altas tasas de interés y altos costos. El Fondo ha alertado que estamos en una situación crítica y qué va a pasar cuando la dolarización le quita al Banco Central la capacidad de ser prestamista de última instancia. ¿Quién va a ser nuestro prestamista de última instancia? El Fondo. Y ya sabemos qué implica eso: ajuste y mayor precarización para la clase trabajadora. Entonces la promesa de la disciplina fiscal no se cumplió en lo absoluto con la dolarización. Es una chaqueta de fuerza a medias porque no impide que el Estado se endeude con deuda externa, que es quizás más perversa que la deuda que se puede adquirir de otras partes. Luego, la otra promesa, que va “a haber inversión extranjera directa, más empleo y más crecimiento económico”, sin embargo, durante las décadas después de la dolarización fue el momento de menor crecimiento económico, de menor inversión extranjera directa y de un aparato productivo completamente débil frente al resto del mundo. Entonces estamos más expuestos al resto del mundo como una economía débil sin una industria ni un aparato productivo atractivo ni que produzca bienes de alto valor agregado. Al dolarizar el Estado decide cortarse uno de los dos brazos que tiene para intervenir en la economía: la política monetaria, y deja solo a la política fiscal, como responsable de activar la economía. Pero lo ha hecho de una forma deficiente, débil y ahí están los resultados. Entonces, en esos cuatro puntos podemos decir que la dolarización en El Salvador no cumplió realmente con todas las promesas que se hicieron.

La pandemia desnudó un poco lo que implica no tener política monetaria y vos mencionabas el impacto sobre la producción nacional, y es que una de las promesas de la dolarización, es que va a facilitar la importación de productos, ¿cómo impacta el no contar con una política monetaria propia?

Hay quienes consideran que entre la política fiscal y la política monetaria es más importante tener política fiscal porque es quizás la forma más directa de incidir en las desigualdades, en el bienestar o a la inversa. Pero la política monetaria y la política cambiaria tienen un rol importante primero en estabilizar el sistema financiero, que al final de cuentas es como el que le inyecta la sangre a la economía, mediante la regulación y el establecimiento de las tasas de interés. Además, la política cambiaria que también se pierde con la dolarización es importante para poder hacer frente a los shocks externos, a hacer más o menos atractivas las exportaciones o las importaciones. Y bueno, la política monetaria también es importante porque mediante la regulación de la tasa de interés, el Banco Central puede, a través de los bancos, dirigir fondos para estimular la economía por la vida del crédito y ese es el famoso estímulo de la demanda agregada. Entonces, aunque la política monetaria y la política cambiaría no sean incidentes en la economía de las personas, sí son importantes sobre todo en momentos de crisis para llevar a cabo políticas contracíclicas. Es decir, políticas que vayan contra el ciclo de recesión y puedan estimular demandas agregadas. Entonces la política monetaria tiene como un rol de backstage, pero no poco importante y el perderla se pierde la autonomía del Estado de generar esos estímulos. 

¿Es posible revertir la dolarización?

Para empezar no hay tantos experimentos de dolarización oficial plena como en El Salvador, incluso el experimento de Ecuador es distinto porque creo que de alguna forma sigue circulando su moneda para algunos usos. En el caso de El Salvador, los colones están enterrados en la bóveda del Banco Central, o sea, no existen, es una pieza de museo. Entonces no hay tantos experimentos de dolarización tan extrema como en El Salvador de hecho y por ende, no hay mucho en la literatura académica y mucho menos hay ejemplos de revertir estos procesos.

El consenso entre economistas salvadoreños, me atrevo a decir, por lo menos lo que yo he escuchado y con quienes he hablado, es que la dolarización como la tenemos en El Salvador es un callejón sin salida. Es decir, vuelvo a citar a Carlos Acevedo que ha hablado mucho sobre este tema la dolarización, es como que te des un balazo en la cabeza y todavía te puedes salvar pero si te sacas esa bala te morís. Salir de ahí sería prácticamente imposible, entonces el consenso actualmente es que no hay forma de salir. Ya nos morimos ahí. 

Yo creo que siempre hay margen de posibilidad para todo y creo que nunca pensamos que íbamos a despertar un día teniendo Bitcoin como moneda de curso legal y hace dos años lo tenemos, pero no funcionó tampoco. Pero pasó, o sea, todo puede pasar con este régimen. Yo no pienso que sea imposible salir de la dolarización, la pregunta es a qué costo. Sí hubo un economista, Carlos Glower, que lastimosamente falleció y no pudo desarrollar más esta propuesta, que tiene un libro muy interesante que se llama “Aspectos monetarios de la dolarización y la reactivación económica en El Salvador” y al final de ese libro él formula muy a grandes rasgos, una propuesta para desdolarizar porque consideraba el camino que estaba llevando la deuda pública. Es el único economista en El Salvador que planteaba que es posible salir de la dolarización, pero salir en un escenario extremo, de crisis de deuda. Entonces no es una respuesta de sí o no.  Es una respuesta de que existe la posibilidad pero el problema siempre es a qué costo, en qué circunstancias y de qué forma.

*Fotógrafo de Revista Factum

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Por Agustín Bontempo e Iván Barrera. Foto: Télam

Desde su asunción el 10 de diciembre de 2019, Alberto Fernández y su gobierno tuvieron en claro que su principal desafío sería poder cumplir con sus promesas de campaña teniendo al Fondo Monetario Internacional y su cronograma de pagos insostenible sobre las espaldas. Mucho se dijo al respecto: se acusó oportunamente al gobierno cambiemita de tamaña irresponsabilidad y hasta se amenazó con una investigación de la deuda que terminaría con los responsables políticos en manos de la justicia, con una denuncia internacional hacia el FMI por incumplir con su propio acuerdo y con la soberanía económica impoluta al no tener que cumplir con un acuerdo fraudulento desde sus bases hasta su ejecución. Como tantas otras promesas, nada de eso sucedió. De hecho, fue todo lo contrario: pandemia de por medio se cumplió con cada uno de los pagos acordados en tiempo y forma y se llevaron adelante discusiones, en general atravesadas por mucho hermetismo, que tenían un fundamento oficial de dudosa credibilidad: el FMI no es el mismo de antes. Así como anunciaron en Grecia y Portugal que el FMI no era el mismo que en el 2001 en Argentina y así como Macri anunció que el FMI de Grecia y Portugal no era el mismo que en Argentina 2018, Alberto nos muestra un FMI que es distinto al de Macri, un FMI abierto al crecimiento y el desarrollo del país.

Spoiler alert: es el mismo FMI de siempre 

Cuando sucedieron las PASO y el gobierno sufrió una derrota electoral en todo el país, decíamos que el oficialismo había comenzado a mostrar su debilidad política con retrocesos, como la expropiación de Vicentín, pero que había una alternativa, no solamente para remontar el resultado en las generales, sino para cumplir con las exigencias por las cuales habían sido votados: mejorar las condiciones de la ciudadanía y para eso “El camino debe ser claro: pasar de lo imaginario, lo retórico, de los amagues discursivos para alcanzar las soluciones concretas en términos económicos y sociales, con la firmeza que eso implica, incluso cuando la exigencia viene de actores con el poder de la talla del FMI”.

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La media sanción obtenida en la madrugada del viernes da cuenta de dos elementos fundamentales para comprender, además, la situación interna de la coalición del Frente de Todos. Por un lado, el sector que responde al albertismo despeja mantos de dudas sobre su orientación política general. No se iba a expropiar Vicentín ni se iba a confrontar al FMI. Un camino que, no por antipático, deja de ser coherente. Por otro lado, el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner con la clara expresión en su hijo y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, que en estos escenarios mostraron posiciones contrarias llegando en esta instancia a aportar la mayoría de los votos negativos en contra del acuerdo, con la misma Cristina publicando un video el día después recordando las penurias del fondo y la posición del ex presidente Néstor Kirchner.

Con esto último no decimos que el kirchnerismo duro y puro está en contra de pagar la deuda, pero evidentemente muestran una grieta sobre las negociaciones, donde busca despegarse de la decisión política. Tanto Máximo cuando renunció a su banca, como los argumentos de su bloque para votar en contra, hablan claramente del reconocimiento de la deuda, pero también de las condiciones en que fue tomada, las pautas para ser pagada y la búsqueda de responsabilidades para que la carga de la crisis que estos pagos desataría no recaiga exclusivamente en el pueblo trabajador.

Mención especial se debe hacer para aquellas organizaciones que mantuvieron una posición contraria a los intereses del FMI, tanto en las calles (incluso soportando la represión de la Policía de la Ciudad) como en el Congreso. Mérito que no alcanza a sectores libertarios que su negativa al acuerdo fue porque el ajuste les quedaba corto.

¿Que implica el acuerdo y qué escenarios se abren?

El hermetismo con el que el gobierno nacional de la mano de su ministro de Economía, Martín Guzmán, llevó adelante las negociaciones, hizo que se utilizaran litros de tinta para comprender de qué tipo de acuerdo se habla. No vamos a reponer todos los debates en cuestión, pero es importante destacar cuál es la deuda, qué implica el acuerdo y hacia dónde nos dirigimos.

Mauricio Macri, en apenas 3 minutos en el año 2018, anunció el retorno del FMI al país, tomando una deuda de 57 mil millones de dólares de los cuales 45 mil millones llegaron a desembolsarse, siendo la más grande en la historia de la entidad financiera. El FMI, antes que un organismo financiero es un organismo político. Detrás de sus acuerdos no solo se impone un esquema de pagos, sino una serie de políticas que determinan la posición de un país respecto de la economía mundial. La deuda contraída por Macri, insostenible desde su origen, sirvió para subvencionar una fuga de capitales escandalosa, financiar una campaña electoral que terminó en una derrota apabullante y someter a la economía del país a un ajuste brutal con aumento de tarifas de todos los servicios, alimentos, despidos, crecimiento de la pobreza y el ingrediente incendiario por excelencia: inflación. Coctel explosivo que se solucionaría con recortes de derechos por medio de reformas laborales, educativas, previsionales y ajustazos presupuestarios.

A su momento, el Frente de Todos denunció discursivamente este escenario sin radicalizar posturas concretas de ningún tipo. Luego de pagar miles de millones de dólares en estos dos años, el gobierno llega a un acuerdo que supone:

• Iniciar un esquema de pagos que va de 2026 hasta 2034
• El mismo se efectivizará por medio de un Programa de Facilidades Extendidas, que supone nuevos desembolsos para cumplir con los pagos
• Revisiones trimestrales durante 30 meses
• Compromiso por cumplir metas fiscales e inflacionarias y de reducción de subsidios, entre otros

Estos títulos suponen varias cosas. En primer lugar, a partir de la firma de este acuerdo finaliza el gobierno de Alberto Fernandez y se inicia el cogobierno FMI- Fernandez. Mientras la Argentina vaya cumpliendo con sus demandas, es posible que el Fondo sea flexible para que, si en alguna revisión los números no son los deseados, el acuerdo no se caiga. El objetivo es de largo aliento y supone una injerencia integral en nuestra economía.

Por otro lado, que el pago se inicie en 4 años supone dos problemas en el marco del acuerdo. En lo inmediato, porque el gobierno pretende crecer y fortalecer las arcas del Estado para el momento en que se deba pagar la deuda, sin embargo, uno de los compromisos asumidos es que cualquier crecimiento mayor al estipulado en el acuerdo se usará para cumplir con las metas fiscales impuestas por el FMI, es decir, el potencial ajuste que sucederá, no podrá contenerse por la vía del crecimiento y tampoco implicará mejoras sustanciales en los bolsillos de las y los trabajadores. Además, en una economía tan inestable, es factible que el próximo gobierno también deba rediscutir las formas de pago, más allá de que Argentina cumpla con todas las demandas.

Pero, al menos con este acuerdo, matamos al fantasma del default, ¿no? Pues no, mi ciela. Todo lo contrario: como se explicó antes, cada tres meses el gobierno recibirá la adorable visita de una misión del fondo para revisar la ejecución del acuerdo. Si entienden que este se incumplió –o dicho de otro modo: Si el FMI ve que la Argentina no va hacia el esquema político económico de su preferencia- puede suspender el desembolso de pagos y condenar nuevamente a la economía argentina al default, esta vez con un acuerdo firmado por el actual gobierno, legalizando todo lo ocurrido durante el macrismo, sin posibilidad de maniobra.

Este limitado punteo no tiene la intención de ser exhaustivo con la letra del Memorándum, sino poner sobre la mesa lo que muchos sabemos: el FMI es el mismo de siempre. Con recetas anticuadas que en todo el mundo ha generado crisis sociales, económicas y políticas (ya experimentadas por Argentina), vuelve a la carga con los mismos ingredientes para cocinar el mismo plato.

En esta oportunidad, hablar de una deuda que se tomó de manera irregular, contra el propio estatuto del Fondo, que además sirvió para fugar capitales y enriquecer a unos pocos sobre el hambre de las mayorías, solo puede ser leído como una estafa sustentada en una deuda ilegal e ilegítima. Una estafa que fue legitimada por primera vez en su historia por el Congreso de la Nación. 

Hace unos meses, el economista Olmos Gaona nos decía que decirle que no al fondo era posible, necesario y que además, sería un mensaje político contundente para la entidad. Aunque esta mañana hubo un paso institucional hacia adelante, la negativa de diversos sectores tanto en el congreso y como en la siempre necesaria resistencia callejera, mostraron, nuevamente, que otro camino es posible y que demanda la más amplia unidad, más allá de sus matices.

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Por Francisco Cantamutto / Fotos: ANRed

Entre los tantos aspectos que se discuten hoy en día en torno a la economía a nivel global está el problema de las deudas que, según el Instituto Internacional de Finanzas, triplican el PBI mundial. En particular, según lo revisó el FMI en un informe reciente, la deuda de los Estados alcanzó al PBI mundial. Esto significa que hay una gigantesca maquinaria funcionando que redistribuye la producción del mundo en favor de los acreedores.

Esto ha generado la interpretación de que la salida de la crisis de la pandemia va a arrastrar durante muchos años el problema de los pagos de la deuda. Aunque no se vea una cesación de pagos generalizada, y en la medida en que los Estados tengan que estar pagando los intereses y servicios de la deuda, van a contar con menos recursos para poder lidiar con las necesidades de invertir en garantizar los derechos de la población.

A nivel internacional, a lo largo de la pandemia, el FMI puso alrededor del 12% de su capacidad prestable a disposición para 87 países. En total, les prestó aproximadamente el doble de lo que puso a disposición para la Argentina de Cambiemos en el 2018. Ciertamente, no parece una gran cifra. Al mismo tiempo, ofreció alivio de deudas, es decir, condonación de deuda a 29 países muy pobres y endeudados. A esos países se les perdonó deuda por poco más de 700 millones de dólares, una cifra que no tiene ningún peso en la economía global.

¿Qué más hizo el FMI en la pandemia? Recientemente creo un fondo para financiar vacunas y algunos otros gastos ligados a la cuestión sanitaria. ¿Cuánto puso a disposición para este fondo? 50 mil millones de dólares, que es un poco menos que lo que le habilitó a la Argentina de Cambiemos en 2018. Además de esto, en coordinación con el Banco Mundial y el G20, creó una iniciativa de suspensión de los servicios de la deuda durante unos meses para generar el espacio fiscal a los Estados. 73 países del mundo podían entrar a esta iniciativa que fue prorrogada en varias ocasiones y actualmente está vigente hasta finales de este año.

De los 73 países, solamente 46 aceptaron entrar a la iniciativa ante la urgencia de dejar de pagar parte de estos fondos. ¿Por qué no todos aceptaron esta alternativa? Básicamente, porque no contemplaba al conjunto de los acreedores oficiales. Por ejemplo, no estaba coordinada la acción con China, que es el principal Estado prestamista a nivel mundial, pero tampoco contemplaba al funcionamiento del mercado financiero internacional. En la medida en que un país declaraba tener problemas financieros para pagar la deuda, las agencias de riesgo le bajaban la calificación y esto hacía que le resultara más caro tomar crédito en el mercado internacional. Es decir, a cualquier país de ingresos medianos llegar a declarar que tenía problemas financieros para entrar en esta iniciativa le podía crear más problemas que soluciones, de manera tal que muchos no recurrieron a esta iniciativa a pesar de necesitar aprovecharla.

Desde diferentes foros multilaterales y organismos se han planteado estas mismas críticas: la falta de contemplación de países de ingresos medios; la falta de un horizonte en la suspensión de servicios de un plazo largo que no sea prorrateado cada pocos meses; la falta de alivios reales de deuda para países fuera de un núcleo reducido de países pobres, pequeños y muy endeudados; la falta de consideración a los sobrecargos que se le imputan a los países por pedir prestado por encima de su cuota, algo que afecta en particular a la Argentina. El informe 2020 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la agencia de la ONU destinada al análisis de los procesos de desarrollo, ya aclaraba estas mismas críticas, sugiriendo la creación de una agencia calificadora de riesgo a nivel internacional.

En este marco general, la iniciativa más fuerte del FMI para lidiar con la pandemia fue la aprobación, en agosto, de la emisión de los Derechos Especiales de Giro, que vendría a ser la moneda de reserva del FMI, solventada por las monedas fuertes que garantizan el sistema financiero internacional.

La emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente a 650 mil millones de dólares, la más grande de la historia del Fondo, se repartió según la participación accionaria de los países que son parte del mismo. De esta manera, un grupo de 40 países desarrollados recibieron dos terceras partes de la emisión. Muchos de estos países ya habían hecho sus propias emisiones en dólares y en euros y no necesitaban de los derechos especiales de giro y así lo hicieron saber. Es decir, la mayor parte de este paquete fue a países que declaraban no necesitarlo. El restante tercio se repartió entre 150 países de ingresos medios, medios bajos y bajos, quienes sí estaban requiriendo gran parte de estos derechos. De manera que esta emisión para proveer liquidez no se destinó prioritariamente a aquellos países que más la necesitaban.

Entre esos países está la Argentina, que tiene el 0,67% del capital accionario del FMI y recibió una cuota de derechos especiales de giro equivalente a eso: cerca de 4.334 millones de dólares. Estos derechos que llegaron por una ventana en septiembre, y empezaron a irse por la otra ventana para pagarle al propio FMI. De hecho, en la misma semana en que Alberto Fernández hablaba de “deudicidio” ante la Asamblea General de Naciones Unidas, se le pagaba al FMI un primer vencimiento por unos 1.880 millones de dólares. Se prevén otros dos pagos más antes de fin de año, que consumirían prácticamente todo lo que resta de esos Derechos Especiales de Giro recibidos. A pesar de que el Fondo dice que los derechos especiales entregados pueden ser usados libremente, al mismo tiempo demanda cobrar, obligando a la Argentina a hacer un malabar contable para devolverle lo que recibió apenas días atrás.

En este marco de contradicciones, el presidente Alberto Fernández declaró en su discurso en la ONU la existencia de una suerte de “deudicidio”. A buena hora que se reconoce la situación que  está atravesando no solo la Argentina, sino un conjunto de países de todo el mundo. En esa idea de “deudicidio” se contienen varias más, que forman parte una discusión más amplia y generalizada: la necesidad de una agencia calificadora multilateral, la necesidad de contemplar los problemas de países de ingresos medios, de ampliar en plazos y alcances las iniciativas de suspensión de los pagos y de alivio de la deuda.

Al mismo tiempo, Alberto Fernández pidió que se tuvieran en cuenta los principios rectores aprobados en la propia ONU sobre la reestructuración de deudas soberanas. Estos ponen sobre la mesa la necesidad de contemplar los derechos humanos en la reestructuración, que sea compatible con la realización de nuestras condiciones de vida. En ese sentido, lo que hay presente es un llamado a reconstruir la institucionalidad vigente, de acuerdo al tono del discurso.

La última de las propuestas que hizo el Presidente tuvo que ver con considerar un posible canje de deuda por Acción Climática, algo que viene impulsando en distintos foros de manera sistemática la Argentina. Sobre esta última idea aún faltan precisiones, no solo en el discurso, sino en el debate general. En principio, aprovechando el acuerdo sobre la crisis climática vigente, el gobierno argentino estaría proponiendo realizar alguna especie de canje de los títulos de deuda o las acreencias en general por inversiones en materia de mitigación o adaptación al cambio climático.

En ese caso, los acreedores deberían aceptar financiar en parte estas inversiones, para lo cual algún tipo de prerrogativa estarían exigiendo. Quizás el antecedente más cercano para pensar este paralelo, según nos propuso la investigadora y docente Karina Forcinito, es las negociaciones que tuvieron lugar en lo que terminó siendo el Plan Brady. En esa oportunidad se les reconoció a los bonistas a valor nominal una deuda que tenía bajo valor real en el mercado y la posibilidad de ser canjeada por capital accionario en las privatizaciones. De todas maneras, sobre este aspecto faltan precisiones para elaborar.

Lo que es llamativo, que se mencionó en la Asamblea General de la ONU, tiene que ver con que no fue la Argentina sola quien se pronunció en relación a estos problemas. Al menos España, Colombia, Bolivia, Sri Lanka, México y Togo, son algunas de los países que se pronunciaron en favor de alguno de los aspectos señalados en el mismo discurso de Alberto Fernández, explicitando que se trata de un problema general el de la deuda. En un sentido semejante se expresó Antonio Guterres, Secretario General de la UNCTAD, en la 15ª apertura de sesiones del organismo. Concretamente, enfatizó la necesidad de redistribuir los DEG emitidos, ampliar las iniciativas de suspensión de pagos, así como los alivios de deuda, e involucrar a los acreedores privados en la solución.

Una alternativa que no ha sido explorada hasta el momento, al menos no en la diplomacia explícita, ha sido justamente reunirse con aquellos países que son deudores en el mundo y que requieren de soluciones coordinadas. La sola posibilidad de confluencia de países deudores es una amenaza fuerte que a  los acreedores en general no les resulta para nada gratificante. De hecho, en gran medida, este fue el resultado de las confluencias del consenso de Cartagena, del cual participó activamente Argentina durante la década de los 80. En aquel entonces, sin llegar a proponer un club de deudores, se propuso tener un marco común de negociación. Este solo hecho encendió todas las luces de alarma de los Estados y los acreedores privados, obligando o forzando a acelerar las tratativas antes que tener negociaciones coordinadas.

En aquel entonces, ese rol lo asumió el FMI bajo los preceptos de las ideas neoliberales, forzando a las reformas estructurales que conocimos. La idea de coordinar un club de países deudores, intercambiando información técnica, conocimientos, estrategias de negociación y, por qué no, la amenaza de cesación de pago coordinada, pondría a los acreedores realmente contra las cuerdas. Es una oportunidad única que la Argentina no está explorando.

La Argentina necesita enfatizar como estrategias de apalancamiento político tanto la cercanía con otros países deudores como la movilización social. Si la discusión queda reducida a un problema técnico, va a ser siempre bajo las reglas del Fondo y de los países acreedores. La movilización social podría ser una estrategia política de presión. Ese es un camino que debería, en lugar de denostarse, ponerse sobre la mesa de manera urgente, discutiendo la posibilidad de tener una quita con el Fondo, algo que no está prohibido en los estatutos y sobre lo cual no hay ningún privilegio real que pueda alegar el FMI.

No está de más insistir una vez más que la negociación de un nuevo acuerdo implica validar una operación ilegítima, cuestionada en su legalidad y en su carácter político. Por eso, desde la Autoconvocatoria con el Pago de la Deuda se insiste en que se detengan los pagos e investigue.

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Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini

¿Quiénes la toman y por qué motivo? ¿Quiénes la pagan y con qué recursos? ¿Por qué no se investiga y se discute ciertamente su legitimidad? Como contrapunto siempre hay sectores sociales que sí levantan esta línea y en concreto reclaman que ese dinero se use para paliar la pobreza que crece en una coyuntura sumamente compleja. 

En Antes que se acabe el mundo dialogamos con Alejandro Olmos Gaona, historiador y experto en el tema, autor de los libros “Deuda odiosa” y “Deuda externa de Ecuador”, para profundizar en la situación.

Escuchá la entrevista completa: 

https://ia801403.us.archive.org/28/items/a-olmos-gaona/A_OLMOS_GAONA.mp3

¿Se puede recuperar la economía de la pospandemia con esta deuda que pesa sobre nuestras cabezas? 

Yo te diría que lamentablemente la Argentina no puede pagar esta deuda. No puede pagar esta deuda con el fondo, no puede pagar la deuda con el Club de París, no puede pagar la deuda acordada el año pasado con los acreedores, o sea, en este momento la situación económica en Argentina es extremadamente difícil y las cuentas no dan. Yo no entiendo por qué se dice “Vamos a acordar un plazo” es decir, ¿De dónde va a salir la plata? Macri dejó una deuda de 323.000 millones de dólares, ahora la deuda es de 348.000 millones de dólares.

Entonces, se pagan intereses, se siguen pagando intereses, se sigue refinanciando la deuda, pero la deuda sigue, sigue, sigue. Sigue porque no se pueden pagar todos los intereses, entonces se acumulan al capital por anatocismo. En estas negociaciones con el fondo, yo supongo que el ministro de Economía Martín Guzmán tiene que plantear un plan, pero como el Presidente de la República dice que él no cree en los planes económicos, realmente no entiendo cuál va a ser la definición.

Por otro lado, ayer (por el miércoles) se pagaron 1.885 millones de dólares al fondo y la situación en la Argentina es extremadamente grave y eso ha sido un pago, me imagino como un acto de buena voluntad para que el gobierno siga negociando con el fondo, aunque yo personalmente, esto es muy subjetivo, creo que ya hay un acuerdo cerrado con el fondo, pero el Gobierno no quiere mostrarlo hasta después de las elecciones, porque el acuerdo con el fondo no va a ser un acuerdo a 20 años a 25, no. Lo máximo que da el fondo es lo que da siempre, 10 años y por otro lado, va a establecer ajustes y condicionalidades porque lo ha hecho invariablemente siempre y el que no conoce la historia del fondo puede mirar que nos va a dar otras alternativas. Se ve que se olvida lo que pasó con Grecia hace unos años, donde una situación extremadamente grave, al Fondo Monetario Internacional no le importó porque el problema es que el fondo de ahora es el mismo de siempre, ahora puede tener actitudes distintas, diría más benevolentes como ha hecho este reparto Especiales de Giro, pero el fondo tiene una forma de manejarse que la Argentina la ha vivido en los 28 acuerdos que celebró con el fondo, ¿Por qué ahora va a ser distinto?, ¿Por la pandemia? Si, por la pandemia puede haber ciertas flexibilidades para no pagar esos intereses de más que habría que pagar por el monto desmesurado del crédito que nos dio y por otro lado, a mi lo que me llama la atención es que el Gobierno no ponga énfasis en señalar las responsabilidades del fondo de darle a Argentina un préstamo que equivalía a 10 veces los derechos que tenía la Argentina en ese momento y, con una situación que cuando se lo dio, el fondo sabía que la Argentina no iba a poder pagar. 

Cuando yo analizo todas estas cuestiones y veo los documentos, que al final parece que nadie los lee, cuando en el año 2017 Luis Caputo emitió el bono a 100 años, en el implosur del bono, que es la advertencia que hace un país a los que van a comprar el bono, en 12 puntos mostraba lo que iba a pasar. Que la Argentina iba a tener conflictos sociales y una de las partes fundamentales del bono de la Argentina no iba a poder pagar sus ventas, el fondo ese mismo año en su informe el artículo cuarto muestra lo que estaba pasando con economía y dice lo que había que hacer: ajustes, restricciones laborales, acortar el gasto público, la receta permanente del FMI, ¿Por qué ahora el fondo va a ser distinto?

¿Cuáles serían las condiciones que buscarían imponer? En definitiva, sabían que era un acuerdo impagable, ¿Cuál es la intención, incidir en la política económica del país?

El fondo fue creado con un objetivo y por supuesto eso cambió totalmente. En los acuerdos que hace el fondo siempre pide ajuste fiscal, siempre pide modificación de legislación laboral, por entender que es restrictiva, restringir el empleo público y disminuir los gastos del Estado. Los datos del Estado significa que sí hay que hacer inversiones importantes para desarrollo, eso hay que acotarlo. Uno de los ejemplos de los acuerdos más importantes que hizo el fondo con Argentina fue en el año 1992, cuando se llevó el Plan Brady, es decir, en ese momento la Argentina reestructuró 32.000 millones de deuda y el FMI envió una comunicación reservada a la comunidad financiera internacional para que apoyara al gobierno de ese entonces, diciéndole que el gobierno se había comprometido a vender las empresas públicas, a modificar la legislación laboral, que era restrictiva para las empresas extranjeras y a privatizar el sistema jubilatorio. Entonces, en este momento, el fondo no puede pedir que se vendan las empresas públicas, porque ya se vendieron todas, pero sí puede plantear que haya ajustes en el sistema jubilatorio. En rigor ya los hubo, porque la ley que se firmó durante la época de Macri era mejor de la que está en vigencia, cualquier análisis económico lo demuestra categóricamente.

Por otro lado, el ministro Guzmán estableció un déficit del 4,5% en el presupuesto del 2021 y de acuerdo al planteo que le hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, diciéndole “acá había una sustitución presupuestaria” ¿Qué pasa con la otra parte? Guzmán esto lo hace para quedar bien con el fondo, para mostrar que está tratando de constreñir el gasto público para que el déficit sea menor y, la divisa menor, eso significa que el fondo lo ve con buenos ojos. Ahora bien, ¿Qué pasa con el pueblo argentino? ¿Qué pasa con la gente que no tiene para comer? ¿Qué pasa con el índice de pobreza que ha crecido? Parece que el pueblo argentino, la gente, es un número. Es un número, es una variable eventualmente de ajuste. 

Entonces, yo me imagino que el fondo puede limitar un poco los intereses porque pedía cobrar más de los que finalmente cobra en razón del mundo, en el préstamo podía haber alguna limitación de eso, pero por supuesto primero va a pedir un plan muy concreto ¿Y cuál va a ser el plan? Eso es lo que yo no veo.

Por otro lado, si vos te fijas en el último presupuesto que acabo de empezar a leer, son más de 4.500 páginas, se habla de una inflación del 33%. En la página web del Banco Central hoy se habla de que la inflación va a ser más del 40%. ¿Qué pasa? ¿No hay coincidencia en lo que dice el Ministerio de Economía con lo que dice el Banco Central? Son cosas que sorprenden y muestran que indudablemente hay un gobierno que no funciona como debería.

En el mes de Marzo el Gobierno había anunciado que iba a denunciar al gabinete de Macri por endeudamiento, pero no dejamos de pagar por un lado y estamos viendo esta coyuntura, ¿Cuál es ese vínculo? 

Por un lado, la denuncia es una denuncia efectista sin ningún resultado y no solo fue la denuncia del gobierno. Fue la denuncia de Juan Grabois contra Nicolas Dujovne y Christine Lagarde, fue la denuncia de Claudio Lozano también contra los mismos, fueron recursos de amparo que hicieron un montón de abogados diciendo que no se habían seguido las normas de Procedimiento Administrativo para hacer el tema del pago. Esto es desconocer absolutamente lo que son los acuerdos con el fondo. 

Desde el punto de vista del procedimiento, el acuerdo de Macri con el fondo es exactamente igual al que firmó Néstor Kirchner en el 2003, es igual al acuerdo que firmó Carlos Menem y a todos los acuerdos anteriores desde el punto de vista del procedimiento. Siempre es el mismo porque así se maneja el fondo, no hay que establecer procedimientos especiales porque el fondo está exceptuando de esos procedimientos. Es una verdadera barbaridad, pero es lo que ha ocurrido siempre. Por otro lado, ¿Cómo se va a denunciar a Nicolás Dujovne que firmó el acuerdo con el fondo cuando Nicolás Dujovne, de acuerdo a la carta constitutiva del fondo, tiene inmunidades totales? No puede ser sometido a juicio en ninguna parte del mundo porque era parte del fondo en representación de la Argentina, de Bolivia y de Chile y le corresponden todas las inmunidades. En estas cosas de las que se habla mucho pero se conoce poco, el Fondo Monetario Internacional, que es una barbaridad y ninguno de los 188 países que lo componen ha querido cambiar, tiene más inmunidades que un país soberano, no puede ser sometido a juicio como institución, no pueden ser imputados sus directores, ni sus gobernadores, ni sus operadores en cuanto hagan trabajo para el fondo. Tiene inmunidad de archivos, ningún tribunal de ninguna parte del mundo puede pedirle al fondo que muestre sus archivos, qué es lo que prepara, lo que no prepara. El fondo puede dañar impunemente a cualquier país que no pueda tocarlo en ninguna parte del mundo.

Entonces, se hace una denuncia trucha para salir en los diarios, que el jefe de la oficina de Anticorrupción después se sume al acuerdo del Tesoro, yo me imagino que se estarán riendo a carcajadas de la Argentina. No solo no resiste el menor análisis, sino que además todas las inmobiliarias del fondo están ratificadas por una convención internacional y lo que es terrible es que una institución como el fondo tenga esas prerrogativas y ningún país se haya animado nunca a cuestionarlas y a querer cambiarlas entonces.

¿Qué es lo que pasa? Denunciamos sin fundamento sabiendo que irá al archivo la denuncia, pero claro, en los diarios, en los grandes títulos “El Gobierno denunció en Fondo Monetario”.

Otro de los puntos claves de esto es ¿Qué pasó con la plata del fondo? Según el informe del Banco Central, durante la gestión macrista, se fugaron 86.000 millones de dólares. Si, se fugó la plata del fondo. Los responsables del gobierno de Macri dicen que la plata que vino del fondo sirvió para pagar deuda del gobierno anterior. Un fiscal amigo hace unos días decía los que hablan de esto de la que se la llevaron los amigos de Macri deben creer que los dólares del fondo vienen marcados con un sello del Fondo Monetario y que están los amigos de Macri con las valijas esperando para llevarlas. Es extremadamente grosero. Por otro lado la fuga no es delito y, además, se considera como fuga todos los capitales que se fueron. Los capitales que se fueron pueden haberse ido por revisión de utilidades de las empresas extranjeras, por compra de insumos de empresas que necesitan insumos extranjeros, por formación de activos y un señor que compró dos millones de dólares tiene todo el derecho porque no hay una norma legal que se le impida y ¿Por qué no hay una norma legal que lo impida? ¿Por qué hoy, año 2021, tenemos todavía leyes firmadas por Jorge Rafael Videla? Inversiones extranjeras, ley de sistema financiero. Leyes que fueron ratificadas por el Congreso Nacional en el 2014. Entonces tenemos que ir a las causas, no a las consecuencias. Si tenemos una estructura legal de la dictadura que sigue vigente, que los legisladores ratificaron en el 2014, no podemos quejarnos que haya fuga porque, ojo, en la fuga al lavado de activos que se van del país, hay dinero de la droga que también se va del país, pero hay otras, cuestiones legítimas, entonces no se puede englobar en lo mismo todo.

Yo creo que un auditoría en el Banco Central debería determinar exactamente, quién se llevó la plata, en concepto de que se la llevó ¿Por qué no lo hace el Banco Central? En el año 2001, las Comisión Investigadoras de la Cámara de Diputados hizo un informe demostrando que se habían fugado más de 30 mil millones de dólares, con nombre y apellido de todas las personas y todas las empresas que se habían llevado la plata, ¿Por qué eso no se hacía ahora? Serviría para determinar qué efectivamente la plata del fondo se la llevaron y entonces poder ir a la Corte de La Haya a través de una opinión consultiva y decirle “señores, el Fondo Monetario violó su carta constitutiva, porque el artículo sexto determina que cuando un país fuga el dinero que el fondo está prestando, el fondo debe advertirlo y si el fondo advierte y el gobierno no hace nada el fondo tiene que sancionarlo y cortar el flujo de fondos cosa que el fondo no hizo.

¿Cuál sería un escenario posible si se desconoce el pago de la deuda?

Yo creo que no habría ningún tipo de conmoción, como la oposición y las grandes empresas dicen, porque el fondo no va a ejecutar a la Argentina en un tribunal. Primero, no podría hacerlo y segundo, porque no lo va a hacer. Porque no es el sistema. El fondo va a seguir negociando, va a seguir apretando, va a seguir tratando de que la Argentina llegue a algún tipo de acuerdo y, eventualmente, si la Argentina tuviera una actitud de decisión política distinta, seguramente se podría obtener algún otro tipo de negociación. Lamentablemente, acá hay un gobierno que internamente tiene problemas y un Ministro de Economía que va a hacer con el fondo lo mismo que hicieron todos los ministros anteriores: un acuerdo de paciencias extendidas y reconociendo los intereses que se deben, porque se han pagado ahora 1.885 millones y se pagaron hace unos meses 400 millones. Se pagaron en plena pandemia, gravísima, el 3 de marzo, 320 millones de dólares al fondo. Si seguimos con esas pautas, dentro de este esquema, no hay solución que seguir negociando y pagando. Decirle “no” al Fondo sería una decisión soberana que quizás al Fondo lo haga reflexionar de lo que hizo con la Argentina, del préstamo inconsciente que hizo, de haber tratado de favorecer al gobierno de Macri para sostenerlo porque se estaba cayendo. Eso sería un llamado de atención, además de tener un recurso para ir a la Corte a apelar la carta consultiva, pero parece que esas no son las posibilidades que el gobierno en este momento está pensando muy bien. 

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Por Francisco Cantamutto | Fotode Leo Crovetto

Como todo este agitado 2020, el cierre del año nos promete nuevamente tener un final para agarrarse de la silla. Esta semana llegó la primera visita formal del Fondo Monetario Internacional, tras un mes de acercamientos preliminares, para negociar con el gobierno de Alberto Fernández la posible nueva vía para resolver la deuda dejada por el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que tras haber tenido dificultades para pasar la reforma previsional, y no haber podido ni siquiera tratar la reforma laboral en diciembre de 2017, el programa del gobierno de Macri entró en problemas, los cuales se hicieron más evidentes a partir del anuncio del posible movimiento de la tasa de interés en EE.UU. A partir de abril de 2018 se generaron una serie de corridas bancarias y movimientos de crisis financiera que hicieron que el resto del mandato se cumpliera en medio de la turbulencia total del mercado cambiario y financiero, con fuerte impacto en la situación económica y social.

Todos los indicadores relevantes empeoraron: aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, caída del salario real, aumento del desempleo, pérdida de calidad del empleo e incluso caída de la actividad. Este es el saldo que nos dejó el gobierno de Macri, y el cual financió el acuerdo del Fondo que se firmó en un trámite exprés sin mandato administrativo, sin estudios de prefactibilidad del Banco Central y sin tratamiento del Congreso. Todos estos datos son relevantes porque hablan de la vulneración de los mecanismos de control democrático instituidos por la Constitución y las leyes correspondientes.

El préstamo, luego ampliado en septiembre de 2018, habilitó un acuerdo del tipo stand by de 57 mil millones de dólares, de los cuales se giraron unos 44 mil. Recordemos que tras las derrotas en las PASO de agosto de 2019, el FMI dejó de girar el dinero correspondiente por entender que ya no era viable. Sin embargo, durante todo ese período financió una corrida de capitales. Esto es relevante y quedó demostrado en el estudio que presentó en mayo el Banco Central. La deuda tomada y, en particular, la deuda tomada con el FMI, fue para financiar centralmente la fuga de capitales y el atesoramiento de un puñado de personas y empresas. Esto significa que el carácter de la deuda tomada con el FMI, en particular, vulnera el propio estatuto del Fondo, que señala que no se pueden financiar corridas cambiarias, además de haber prestado casi mil por ciento por encima de la cuota asignada a la Argentina para préstamos, y con las reticencias del staff técnico y los directores del board desde Europa. Claramente se trataba del apoyo desde EE.UU. al gobierno de Macri, tal como relevó en declaraciones recientes el flamante electo director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver Carone, apostaron  a un gobierno que perdió.

El financiamiento de la fuga de capitales dio por resultado una socialización de la deuda, cuyos beneficios fueron netamente privados. Vale señalar que el otro fundamento de la deuda tiene que ver con el déficit fiscal que tiene que afrontar el gobierno, originado por la desgravación fiscal a los más ricos. En el gobierno de Mauricio Macri se redujeron las retenciones a las exportaciones, además de eliminar impuestos de bajo peso fiscal pero claramente indicativos del sesgo clasista, como la reducción de los aranceles a la importación de autos de alta gama. Con esta esta desgravación, los sectores poderosos se enriquecieron aún más y la cobertura de la diferencia fiscal pesó sobre todes nosotres.

Ese tipo de acuerdo stand by implicaba una vigilancia macroeconómica del FMI sobre el gobierno. Una vez que en septiembre de 2019 le soltó la mano a Macri, el Fondo expresó que la deuda heredada no era sostenible. A inicios de 2020 acompañó la negociación del gobierno argentino con los acreedores privados, a los cuales el FMI les pedía hacer algún tipo de recorte o concesión, si hacerse cargo ellos mismos de hacerlo.

Ahora viene la renegociación del acuerdo, cuyos vencimientos empiezan a pesar a partir del año que viene. Según las declaraciones del Ministro de Economía, Martín Guzmán, la idea sería pasar de un acuerdo stand by que dura de 1 a 3 años, a uno de facilidades extendidas, que dura de 4 a 10 años, en la misma lógica que la reestructuración con los acreedores privados. Esto libera el horizonte en el cortísimo plazo pero hace pesar la carga en los próximos mandatos presidenciales, y de ninguna manera cuestiona el carácter ilegal y fraudulento de las operaciones.

El pasaje a un acuerdo de facilidades extendidas implica, además del control macroeconómico y los pedidos de ajuste que ya están haciendo viables a través del Presupuesto 2021, el pedido de reformas estructurales puntuales. El primer puntapié parece ser el cambio de fórmula para el cálculo de los aumentos previsionales, lo cual anticipa que puede ser una línea de trabajo. Otra puede ser la reforma laboral. Mirando todo esto, y la actuación del Fondo en Ecuador, pareciera que además de este tipo de reformas se puede esperar un carácter aún más regresivo de la estructura tributaria, incluso reformando más profundamente el sistema previsional.

El FMI enfrenta su propia corresponsabilidad, tanto en la crisis que sufre Argentina como en la situación de crisis de deuda a nivel global que el propio Fondo reconoce. Sin embargo, para las periferias sigue avanzado en una agenda que tiene que ver con ajuste y reformas estructurales, mientras endulzan los oídos de los países acreedores hablando de reformas tributarias progresivas o la necesidad de mantener algún tipo de resguardo sobre la arquitectura financiera internacional.

En el curso de esta semana sabremos más sobre cuál es la agenda precisa del acuerdo que sigue. Es imposible dejar de señalar que el acuerdo del FMI con la Argentina tiene vicios de legitimidad desde el origen y puede calificarse perfectamente de deuda odiosa, tal como se registró en el foro de denuncias contra la deuda, organizado por la Autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y su auditoría.

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Por Julio Cesar Gambina* Foto: Zona Norte Diario

Muchas son las tensiones políticas que se procesan en estas horas. El momento más ríspido lo constituyó el “motín” policial de la bonaerense, una fuerza de seguridad con 90.000 efectivos. Con sus armas y móviles, incluido helicóptero, presionaron en varias locaciones, de forma preocupadamente en la vivienda del gobernador y en la residencia presidencial. Esto motivó especulaciones golpistas, aun cuando el móvil apuntaba a la mejora salarial y esencialmente a la impunidad policial, en el mismo momento que se investigan responsabilidades policiales en el asesinato de Facundo Astudillo Castro, entre muchos otros casos de similar tenor.

El motín generó especulaciones diversas y se zanjó, transitoriamente, con asignaciones presupuestarias resueltas por decreto, revirtiendo otro decreto, de similar factura realizado por el Gobierno Macri. En aquella ocasión, se favoreció al gobierno porteño y ahora a la provincia bonaerense, y por eso surgen interrogantes diversos. ¿Es un debate en torno a la coparticipación? Puede entenderse de ese modo, pero es más complejo. ¿Es favoritismo desde el gobierno nacional a una provincia gobernada por el mismo frente en el orden nacional y en contra de la oposición gobernando la ciudad capital de la Argentina? Es un argumento simplista también.

Se trata de un tema de enorme complejidad, que no se resolvió con la asignación de nuevos recursos derivados desde un distrito a otro, más allá de cualquiera de las razones que se argumenten de un lado y del otro. Se trata de tensiones políticas en una Argentina con crisis política evidente, con una polarización calificada de grieta. Una polaridad sostenida por la novedad política emergente en el siglo XXI, el kirchnerismo y el macrismo, expresiones renovadas de viejas antinomias políticas en el país. Si durante décadas, más allá de las dictaduras, la confrontación fue entre peronismo y radicalismo, el presente muestra la fractura de ambas expresiones y la conformación de nuevas alianzas con liderazgo de Cristina Fernández en un caso y Mauricio Macri en otro.

Las tensiones se concentraron en la protesta policial, pero se manifiesta en todos los temas que se colocan en discusión y afecta las correlaciones de fuerzas en la sociedad, caso de la “reforma judicial”, disminuida en sus alcances por el oficialismo y agigantada por la oposición sistémica; pero también acontece la polémica en torno al gravamen sobre las grandes fortunas. Más grave aún, la discusión se manifiesta en la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia, con imposibilidad de acuerdo estratégico de las dos principales fuerzas políticas, en momentos en que ascienden peligrosamente los contagios y muertes en el país, especialmente en momentos de incertidumbre global sobre el tema. Una incerteza que incluye imprevisibilidad en el futuro económico.

Es muy posible que el problema sanitario se extienda durante el 2021, o buena parte del mismo. Además, ¿será esta la última pandemia?, ante una situación de descontrol en el modelo productivo mundial, con afectación de la naturaleza y la vida social en su conjunto. Es un interrogante de difícil respuesta.

Supuestos 2021

Por eso, suena hasta ilusoria la pretensión del ministro de Economía que pretende “tranquilizar” la economía con supuestos ilusorios, creo, que serán incluidos en el proyecto de Presupuesto 2021.

El horizonte imaginado es la merma del gasto público incrementado en 2020 por la pandemia, como si fuera sencillo, en las condiciones económicas globales y locales, eliminar gasto social como el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, incluso los ATP para compensar salarios de empresas con problemas para atender la nómina, entre otras muchas asignaciones presupuestarias para atender a la emergencia.

La incertidumbre de la economía mundial es relevante y, además, agudizada con incertezas derivadas de la elección estadounidense en noviembre próximo. A punto de terminar su gestión, Donald Trump impuso por primera vez un presidente estadounidense a la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El personaje al frente del BID expresa a la ultra derecha de EEUU, con una orientación claramente opuesta a la lógica socio política desplegada en la región en los primeros años del Siglo XXI.

Se trata de un militante enfático contra el proyecto cubano, venezolano, o cualquier intento de autonomía e independencia de la región latinoamericana y caribeña respecto de la política exterior de EEUU. Además, Argentina sostuvo candidato alternativo hasta último momento y fue clave para operar una elevada abstención en la votación.

A no dudar que eso constituye una tensión con el gobierno de Trump, más aún si este ratifica un segundo mandato. El tema no es menor, ya que EEUU es clave a la hora de la negociación en curso de la Argentina con el FMI. EEUU definió el impagable y odioso crédito a Macri en 2018 y ahora el gobierno de Alberto Fernández busca renegociar el acuerdo para liberar pagos durante el mandato que finaliza en diciembre del 2023.

El presupuesto económico financiero del 2021 está atravesado por esa negociación con el FMI, para terminare de definir el alcance de los compromisos financieros del Estado. La política es integral y se juega fronteras adentro y en el exterior. ¿Cuántos recursos se generarán para activar la economía y resolver empleos e ingresos populares que contengan el des-conformismo social ante la situación económica actual?

Sorprende aún que la caída de ingresos de la mayoría de la sociedad de más bajos ingresos, la consecuente suba de la pobreza y la indigencia no genere una explosión social. Los conflictos y movilizaciones existen, pero todavía contenidos ante la situación de la emergencia sanitaria y la extensión de una política compensatoria que puede terminarse en los supuestos presupuestarios.

Debates estratégicos

Las tensiones pueden superar la lógica de confrontación hegemónica de la política actual, solo si la demanda social se orienta en una perspectiva que ponga en discusión la lógica que preside la organización económica en la Argentina, y que se presenta claramente en el debate sobre la imposición a las grandes fortunas y en la toma de tierras. En ambos casos se afecta la sacrosanta “propiedad privada”, con resguardo constitucional desde el origen de la Nación Argentina.

El tema es que esa propiedad privada, altamente concentrada, es la razón de la fuerte desigualdad acumulada por siglos y exacerbada en tiempos de reestructuración reaccionaria desde 1975/6, cuestionada discursivamente, pero nunca enfrentada claramente. Una muestra está en el tratamiento del endeudamiento en todo el ciclo político desde 1983, con renegociaciones sucesivas que consolidan la subordinación local al orden del poder económico mundial del capitalismo.

Hace falta ir a fondo en el debate sobre los recursos que administra el Estado, especialmente su destino, pero también de dónde provienen. En ese marco hay que discutir la coparticipación impositiva. Primero hay que definir los problemas a resolver, caso de la pobreza, por ejemplo. Recién, luego de ello se podrán asignar escasos recursos existentes a otros fines, incluso, cuanto se dispone para coparticipar con los distritos provinciales.  

Está claro que es una cuestión política que trasciende la coyuntura y se proyecta como un debate estratégico sobre el presente y el futuro, en rigor, no solo válido para el país, sino para la región y el mundo.

*Publicado originalmente en juliogambina.blogspot.com

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Por Francisco Cantamutto | Foto de German Romeo Pena

Argentina continúa los acercamientos con los grandes fondos de inversión, principales acreedores privados del país bajo legislación extranjera. Organizados en tres grandes grupos, mostraron cierta rispidez con el gobierno argentino la semana anterior, como parte de una estrategia de confrontar para luego acercar. En esta nueva ronda de negociaciones, la cuarta desde que el Ministro de Economía, Martín Guzmán, lanzó la primera propuesta, se ha vuelto a flexibilizar la oferta oficial, acercándose aún más a lo que piden los acreedores: un Valor Presente Neto (VPN) por arriba de los 50 dólares cada 100 nominales, un 20% más que la primera oferta.

Este acercamiento no ha sido aún rubricado pero se realiza en el contexto de una Argentina que, habiendo pasado los plazos formales de pago del ultimo vencimiento, se encuentra en un default técnico que aún no ha generado mayores problemas porque, en tanto siguen las negociaciones, los acreedores aún no han pedido el adelanto de los pagos de los títulos en mora.

La tensión hay que situarla, además, en la continuidad de la crisis mundial; hace poco se hicieron públicos una serie de pronósticos bastante terribles sobre la economía global. Tanto las predicciones del Banco Mundial (BM) como del Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostican una caída muy severa de la actividad económica mundial para el 2020. El BM indica que, en 150 años de registro, es la primera vez que una crisis involucra a casi la totalidad de los países del mundo. Desde el punto de vista de la intensidad, se está hablando de la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial y una de las más graves de la historia, con la particularidad de ser la primera crisis cuyo detonante principal es una pandemia. En ese sentido, las perspectivas de recuperación para 2021 no son certeras porque nunca ocurrió que la economía capitalista moderna debiera recuperarse de una crisis disparada por una enfermedad mundial.

Es importante señalar que a los efectos de la interrupción del comercio y el desarmado de múltiples cadenas de valor, hay que agregar una caída de la inversión mundial que se estima del 40% para este año y posiblemente un 10% más el año que viene. Esto se debe a que, por un lado, las expectativas de negocios se ven interrumpidas y la incertidumbre hace que las empresas tiendan a quedarse las ganancias obtenidas, de por sí vulneradas por la crisis, en lugar de reinvertirlas.

Todo esto es relevante porque la oferta que está negociando en este momento el gobierno argentino puede resultar una guía para la reestructuración de deudas a nivel mundial. La situación es muy crítica, ya que los niveles de deuda respecto del PBI mundial alcanzaron el año pasado el 322%, siendo las deudas estatales bastante significativas. Esto, que reconocen los organismos multilaterales de crédito, ha generado la propuesta de suspender los pagos para destinar los fondos a afrontar la crisis económica y sanitaria.

Desde ya que esto no alcanza pero da cuenta de la situación crítica en la cual se está negociando. Si la Argentina no cierra un acuerdo con los acreedores privados, aun así podría seguir negociando en una situación de no ruptura, con pésimas condiciones. En caso de romper, esto significaría la posible degradación de deudas no solo de Argentina sino de países en una situación semejante, lo cual podría redundar en una caída de las cotizaciones de los fondos de los acreedores.

Todo lo anterior impacta sobre los términos concretos de la oferta argentina, tanto en la tasa de interés, como en los plazos de mora y las posibles quitas de capital. Largo se ha discutido la posibilidad de incluir lo que se conocen como “endulzantes”, ligados a aumentos del PBI o de las exportaciones. Pero en un mundo sumido en una crisis de duración incierta, donde se ha interrumpido el comercio internacional y la inversión mundial, resulta sospechoso que ésta puede ser la manera de recuperar la economía y lograr un acuerdo de pago sustentable.

La situación es muy delicada y se juega a contrarreloj. Entre otros resultados, llegar a un acuerdo con los acreedores podría conducir a profundizar el modelo extractivista con el fin de aumentar las exportaciones, estrechando los vínculos con el agronegocio y la megamineria, o disminuir las capacidades del gobierno en la toma de decisiones respecto de medidas económicas o políticas públicas.

La crisis ha profundizado múltiples necesidades sociales, a las cuales no se les podrían destinar recursos debido a estar asignados al pago de la deuda. Implicaría, además, desmontar las regulaciones de las cuentas externas que han permitido que la crisis no sea más severa, como los controles de capitales que han impedido que la fuga de divisas hacia el exterior fuera aún peor. Esto se midió durante la última semana por la vía de la calificación de riesgo, que mantuvo a la economía argentina como mercado emergente en lugar de rebajarla a economía de frontera. Son tecnicismos que expresan la presión que se ejerce sobre la soberanía argentina en la disputa por poder o no aplicar medidas que solucionen sus problemas sociales.

Aún no sabemos con certeza los términos de un posible acuerdo. En caso de lograrlo, vale señalar que esperan en la fila el FMI y el Club de Paris, con deudas importantes desde el punto de vista de los efectos sistémicos, mientras que nuestra economía aún necesita paliativos para no caer todavía más profundo. Desde este lugar, entendemos que, tal como propone la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, es necesario detener los pagos e iniciar una auditoria no solo contable y legal, sino integral. Con estos elementos se detendría la continuidad de este ilícito pero además se le podría dar una guía distinta al sistema económico mundial, poniendo sobre la mesa la importancia de los pactos internacionales firmados en defensa de los Derechos Humanos que, en el caso de Argentina, y a diferencia de los acuerdos económicos, tienen rasgo constitucional.

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Por Andrés Musacchio* / Foto Salvador Battalla

La problemática debe pensarse diferenciado dos niveles entrelazados pero parcialmente independientes: la crisis económica y la crisis de la deuda. El primero es la consecuencia de la política económica seguida en los últimos cuatro años. Si bien al comienzo del gobierno de Macri era perceptible un paulatino estancamiento y la reaparición de algunos problemas estructurales, el giro en la política económica significo una clara ruptura frente al pasado inmediato. El retorno de una política neoliberal, en su forma “financiarizada periférica” provocaron una grave depresión, una burbuja especulativa y una aceleración de la fuga de capitales, un problema estructural del país. Los ajustes que se fueron introduciendo sólo agravaron el panorama.

Simultáneamente, se tomaron créditos de manera descontrolada y sin vínculo con un modelo productivo. La financiación de los crecientes déficit del Estado, el reconocimiento pleno de deudas dudosas como las de los fondos buitres, el pago de deudas interestatales con créditos externos, la esterilización de moneda con títulos públicos, la bicicleta financiera a crédito y, finalmente, la financiación de la enorme fuga de capitales, provocaron una explosión de la deuda interna y externa. Solamente la deuda del gobierno central saltó del 52,6 al 88,8% del PBI entre 2015 y 2019. Según un informe del Fondo Monetario internacional del mes de marzo, el Estado central contabilizaba a finales de 2019 una deuda de 323.000 millones de dólares. De ellos, un 41% corresponde a acreedores privados, 14 al FMI y 9% a otros acreedores oficiales, siendo el 36% restante con agencias públicas.

Luego de un análisis de situación y de postergar algunos pagos (algo que ya Macri había iniciado con su “reperfilamiento), casi desde el inicio de 2020 el Ministerio de Economía trabaja contra reloj para negociar el conjunto de pasivos. Contra la opinión de algunos expertos, que sugerían sentar a todos los acreedores a una mesa común, se decidió negociar separadamente con el FMI, los acreedores privados y el Club de París (CP) -que incluye a los acreedores institucionales de los países desarrollados-.

Con el FMI se mantienen contactos regulares y, aunque desde ambas partes se han producido varios guiños, aún no se ha comunicado avances significativos. Con el CP se avecina una ríspida negociación, que recién está despuntando. A los acreedores privados se les ofreció una opción de reestructuración de deuda que abarca una porción significativa de los pasivos.

¿La deuda es realmente impagable?

Los principales acreedores y muchos economistas ortodoxos sostienen que la situación de la deuda argentina dista de ser dramática, pues no implica un problema de solvencia sino de liquidez. Los atrasos en los pagos y las reticencias a hacer los ajustes correspondientes habrían asustado a los mercados financieros, que interrumpieron sus créditos al país. El buen comportamiento sería una sencilla solución.

Tres argumentos desafían esta visión. En primer lugar, ya a comienzos de 2018, mucho antes de la interrupción de algunos pagos, el crédito se había interrumpido. Por ese motivo, el FMI asistió de urgencia al gobierno de Macri con el crédito más grande de su historia. Paralelamente los capitales financieros salían ordenadamente, pues el gobierno usaba ese crédito para atender las necesidades del mercado de divisas. Aunque los estatutos del FMI no permiten el uso masivo de sus créditos para estabilizar el mercado cambiario, en este caso sus autoridades tuvieron una política contemplativa. Tampoco se analizó prolijamente si el Poder Ejecutivo podía firmar un acuerdo sin autorización del Congreso, problema que hoy se dirime en tribunales y podría derivar en la ilegalidad de lo actuado.

El FMI, un actor al que no le cabe la sospecha de ser lobbysta de los deudores, advertía ya en su comunicado de prensa del 19 de febrero de 2020 que:

“sobre la base del análisis de la sostenibilidad de la deuda de julio de 2019, el personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible (…) El superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible. En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad.”

Un mes después, la Directora del Fondo, Kristalina Giorgieva, reforzaba la idea sosteniendo, en otro comunicado de prensa oficial, que:

“El análisis del equipo técnico muestra que, teniendo en cuenta la capacidad de servir deuda y el peso actual de la deuda del país, será necesario un alivio substancial de los acreedores privados para restablecer la sostenibilidad con alta probabilidad de la deuda. Alentamos a un proceso de negociación colaborativo entre Argentina y sus acreedores privados con el objetivo de alcanzar un acuerdo que conlleve una alta participación.”

El soporte de tales declaraciones es el Technical Assistance Report 20/83, de marzo de 2020, que hace un exhaustivo análisis de la situación macroeconómica del país y de la sustentabilidad de la deuda.

También el gobierno argentino, en su propuesta a los acreedores privados, expone un conjunto de indicadores básicos que detallan las dificultades para sostener el servicio de la deuda. Entre ellos, destaca para los próximos años necesidades fiscales que oscilan entre el 17 y el 22% del PBI sólo para el servicio de la deuda (niveles cercanos a los de 2001), intereses que superan el 20% del gasto público, así como insuficientes reservas de divisas en poder del Banco Central.

Los economistas ortodoxos, los acreedores privados y algunos políticos y periodistas insisten en la idea de que en lugar de renegociar la deuda, es preciso un drástico ajuste fiscal y de consumo en la población, tal como ocurrió en países como Grecia, España y Portugal o, en tiempos no muy lejanos, la propia Argentina. Sin embargo, en su propuesta, el gobierno muestra convincentemente que el camino del ajuste ya se hizo y fue tan doloroso como inefectivo. El gasto público del gobierno central se redujo entre 2015 y 2019 de un 25,3% del PBI a un 21,9. Neta de intereses de la deuda, la reducción fue del 24,0% al 18,6% del PBI en el mismo lapso. La caída del PBI de 2,5% en 2018 y 2,1% en 2019 es otra muestra del severo ajuste. También los indicadores sociales son contundentes: los salarios reales cayeron entre 2017 y 2019 un 13%, las jubilaciones mínimas un 21%, el salario promedio medido en dólares un 42% y la tasa de desempleo creció 2,3 puntos porcentuales, llegando al 10,6% de la población económicamente activa. Las personas bajo la línea de pobreza son ahora un 6,8% más, alcanzando al 35,4% de la población. Con el despliegue del Covid-19 estos indicadores se han profundizado aún más.

Queda claro que bajo esas condiciones no hay margen político ni social para un ajuste mayor. Sin él, es imposible generar recursos para el pago de la deuda. Pero incluso una profundización del ajuste (la política de los dos últimos años del macrismo), la depresión y la consiguiente caída de la recaudación, tampoco permitirían servir la deuda. Por eso, la renegociación es el único camino posible.

¿Qué y cómo se negocia?

Como hemos dicho, tres frentes se encuentran abiertos en materia de deuda externa (la inflada deuda interna resulta un capítulo aparte). Con el FMI, el principal acreedor, se marcha a paso lento, a la espera de que los otros dos frentes estén solucionados. La relación se perfila en una tensa cordialidad, establecida a partir de un cambio de percepción de la problemática por parte de las nuevas autoridades del fondo, de la evaluación que muestra la no sustentabilidad de la deuda y de un cuidado extremo por parte del gobierno de no quebrar ningún puente con acciones bruscas unilaterales. Esto último quedó demostrado con el pago de 320 millones de dólares de intereses a comienzos de mayo, a pesar de que se había comunicado hace tiempo que por el momento no estaba previsto realizar erogaciones vinculadas a la deuda.

El nudo gordiano del problema es, en este momento, la deuda en moneda extranjera con los acreedores privados. Para ello, el 17 de abril el gobierno presentó una propuesta que abarca casi 65.000 millones de dólares, en parte compuesto por títulos emitidos en los últimos cuatro años, pero también bonos del canje anterior. El ofrecimiento incluye una moratoria de tres años, una extensión de los plazos, una pequeña quita del capital de 5,4% y un fuerte recorte de intereses, mayor al 60%, que, de todas formas, siguen siendo un 2,5% positivos, en un mercado con tasas virtualmente nulas. Los bonistas rechazaron la propuesta y el plazo del canje se extendió hasta el 22 de mayo. El problema es que, desde la perspectiva de la sustentabilidad, la oferta no deja demasiado margen para la negociación. En ese sentido, el gobierno parece estar pagando el precio de una estrategia poco agresiva, que apuntaba a generar confianza.

¿Y con el Club de París cómo andamos?

En lo que respecta a los acreedores oficiales, el panorama resulta, por el momento, poco alentador. Algunas informaciones de primera fuente dan cuenta de una posición extremadamente dura por parte de algunos de los integrantes del bloque acreedor, aunque diferencias internas entre los socios dejan la puerta abierta a un mínima chance.

Las deudas con el CP no son demasiado elevadas, pues luego de la renegociación de 2014 buena parte de los pasivos fue cancelada. Lo que más incomoda es la cláusula por la que se fijan los intereses futuros en un 9%, algo tan desmedido como perjudicial en los otros frentes. Por eso, un acuerdo razonable fortalecería notablemente el poder de negociación argentino con los acreedores privados.

Sin embargo, aunque tres de los países más grandes verían con moderado interés o prescindencia la reapertura de las negociaciones, un ala más dura exige condiciones iniciales de difícil cumplimiento. Se pretendería que se acuerde primero con los acreedores privados y con el FMI, que se establezca un programa monitoreado con reformas estructurales sustantivas como apertura, equilibrio fiscal austero, mayor transparencia y combate contra la corrupción. Así, resulta muy difícil pensar en una solución; incluso en una negociación. Pero en última instancia todo se resume en estrategias y política. En ese sentido, algunos canales pueden abrirse y torcer el rumbo.

Pensando una estrategia más áspera

A nuestro juicio, la intensión de mostrarse confiable se plasmó en una estrategia excesivamente técnica y cautelosa. Resulta indispensable recuperar la iniciativa política y avanzar de forma más frontal. Argentina tiene poco que perder, pues aunque firme nuevos compromisos, el mercado financiero permanecerá cerrado por mucho tiempo.

¿Con qué mecanismos de presión cuenta Argentina? En primer lugar, la coyuntura internacional compleja es un apoyo nada despreciable. El crecimiento del fenómeno global de endeudamiento y el crecimiento de las cesaciones de pago recientes juegan a favor. Una crisis de la deuda es hoy una posibilidad mucho más concreta, incluso que en 2008. Si un deudor grande, como Argentina, se declara en bancarrota, la crisis se volverá aún más palpable. El Covid-19 agravó el problema e impulsó al Fondo a acciones concretas de reestructuración y apoyo, aunque aún limitadas a pequeños deudores. Pero eso abre una nueva puerta.

También algunos grupos de economistas, entre ellos uno motorizado por el Premio Nobel Joseph Stiglitz, se han manifestado claramente a favor de la renegociación de una deuda que es a todas luces impagable.

Algunas organizaciones no gubernamentales europeas y latinoamericanas también están conversando con funcionarios de gobierno, tratando de ofrecer su expertise y su capacidad de mediación para que las negociaciones lleguen a buen puerto.

Algunos miembros del Club demuestran su interés por conocer cómo actuará China en las reestructuraciones de deuda. El país asiático se ha convertido en un nuevo actor de peso en las finanzas internacionales, pero aún no se ha estrenado en estas lides. Por eso, otros actores desean tener un caso testigo que de pautas a futuro. Aunque en principio Argentina no tiene a dicho país como un acreedor inmediato de gran porte, no sería descabellado intentar sumarlo para generar ese caso testigo. La estrategia, algo arriesgada, aflojaría especialmente en el Club una parte de las resistencias.

En el caso de que las negociaciones se estanquen, podría incluso intentarse una vieja opción utilizada por Indonesia en 1969. En aquel momento, las dificultades entre los acreedores para conciliar sus propias estrategias económicas y políticas se destrabó recurriendo a un mediador, que elaboró una propuesta aceptable para todas las partes. El resultado fue un acuerdo que permitió resolver el problema. En el caso actual, la estrategia argentina de negociar por bloques y la situación geopolítica muy diferente complican la utilización de tal alternativa. Sin embargo, la potencial crisis económica internacional y la eventual incorporación de China a la mesa de negociaciones podrían generar un contexto favorable.

Resolver los problemas de fondo

Mientras se plantean nuevos escenarios, sería importante avanzar también en la determinación de las responsabilidades penales y de la legalidad de los créditos tomados en los últimos cuatro años. Probablemente los resultados de tal investigación tengan poco efecto concreto en los acuerdos con los acreedores, pero obligarían a futuros gobernantes a actuar con mayor responsabilidad. Si los acreedores exigen transparencia, sería interesante poner el foco sobre las redes de corrupción locales y los lazos con los grupos externos y con funcionarios de organismos internacionales. La vieja investigación del Juez Ballesteros sobre la deuda contraída por la dictadura amerita un nuevo proceso, pero evitando que prescriban las acciones como ocurrió en aquel entonces.

De la misma forma, es preciso evitar la gestación de nuevas burbujas especulativas financieras. Esto exige, claro, una compleja política económica y productiva. El comienzo es la estricta revisión de la liberalización financiera y la libre movilidad de capitales. Habitualmente se afirma que, de esa manera, Argentina bloquearía la llegada de las inversiones necesarias para el desarrollo. Dos argumentos contradicen tal afirmación. En primer lugar, se trata de golpear al proceso de financiarización, pero dejando espacio al desarrollo de proyectos productivos. El segundo argumento es más relevante: en el último medio siglo, la salida de recursos (por la vía del pago del servicio de la deuda, la fuga de capitales, las remisiones de utilidades especialmente del capital financiero y por quienes explotan masivamente recursos naturales, regalías y otros conceptos) fueron muy superiores a los ingresos. Es decir, Argentina es un exportador neto de excedentes y su problema fundamental es cómo retenerlos más que cómo atraer recursos externos. Por eso, un estricto control de capitales orientado hacia la movilización y hacia la reinversión interna es el primer gran paso para resolver a largo plazo la cuestión de la deuda.

*Investigador UBA-CONICET. Artículo publicado originalmente en el Instituto Tricontinental de Investigación Social

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Por Iván Barrera e Ignacio Marchini | Foto de Charo Larisgoitia

La adhesión a la oferta presentada por el gobierno el 16 de abril rondó el 20% y distó mucho de sus expectativas, lo que obligó a extender las negociaciones hasta finales de esta semana. La cuenta regresiva empezó a correr el 22 de abril cuando el Ministro de Economía, Martín Guzmán, con aval del presidente Alberto Fernández, decidió no efectivizar un pago de 503 millones de dólares de un bono que se encuentra dentro de la reestructuración en curso, por lo que se activó automáticamente la prórroga de 30 días para pagar o declarar la cesación de pagos.

Según Infobae, portal oficioso de los intereses norteamericanos, la oferta inicial del gobierno fue contestada el día de ayer por el total de los bonistas, con una propuesta bastante alejada de la oficial. La oferta inicial que presentó Guzmán propone un nuevo calendario de pagos (se empezaría a pagar recién en 2023), una quita no menor del monto adeudado en intereses (62%) y una pequeña quita de capital (5,5% en promedio), que, combinándolas, darían una reducción total de la deuda cercana al 33%.

Por su parte, los acreedores privados (distribuidos en tres grupos), contestaron con el bolsillo. Propusieron un año de gracia (en vez de tres), que se les reconozcan en el futuro los intereses no abonados durante ese tiempo y una quita en términos generales mucho menor a la propuesta por el gobierno.

Esta negociación sucede en paralelo mientras se agudiza la crisis social, sanitaria y económica que acarrea la expansión del coronavirus en todo el mundo. La profundización de la recesión, la sistemática devaluación de la moneda, la crisis del sector productivo y la destrucción del salario en estos últimos años pusieron de manifiesto la necesidad de contar con fondos para hacer frente al estallido. Pero los inversores privados no hacen concesiones y poco entienden de pandemias.

“Me dejaron firmar cheques con un sello”

Durante el gobierno de Cambiemos pasaron cosas. Muchas cosas. Entre ellas, está el endeudamiento masivo que llevó adelante en poco más de dos años, que tiene tres características principales. El primer punto es el incremento del peso de la deuda en relación al PBI. En 2015, el peso de la deuda representaba la mitad del Producto Bruto Interno. Para 2019, este porcentaje llegó al 90%. Esto ya es preocupante, pero si pasamos a la segunda característica, el panorama empeora. Este aumento de la deuda se hizo principalmente en moneda extranjera, representando un 80% del total, lo que implica que tenemos que pagar casi toda la deuda en dólares, una moneda que por estos días escasea mucho en el país y sin que se vislumbre un boom de la soja como el que permitió salir de la crisis de 2001. Pero si hasta acá era preocupante, todavía hay lugar para más espanto. La tercera característica es que esta deuda se tomó bajo jurisdicción extranjera. Es decir, en caso de litigio, Argentina deberá enfrentarse a tribunales internacionales que raramente fallan a favor del deudor, como ya demostró el recordado juez Thomas Griesa en el conflicto con los fondos buitres en 2016.

La deuda Argentina hoy está principalmente en manos de fondos de inversión y organismos internacionales como el FMI. Este último tuvo tal vez su primer gesto de honestidad (¿o de supervivencia?) en la rica historia que tiene con nuestro país, cuando a principios de año catalogó de insostenible la deuda argentina, dadas las características de la misma, su calendario de pagos y la realidad económica de nuestro país.

La crisis económica, potenciada exponencialmente por la pandemia y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, obligó a los Estados de todo el mundo a aplicar planes de salvataje enormes para frenar la caída histórica de la economía mundial que se estaba gestando desde mucho antes que el coronavirus irrumpiera en la escena pública. A finales de marzo, Estados Unidos, punta de lanza del neoliberalismo, aprobó un plan de estímulo a la economía de 2.2 billones de dólares, el más grande de su historia y más de doble del aprobado durante la recesión de 2008 y está evaluando aplicar uno aún más grande. Este plan contempla ayudas directas a familias, fondos para desempleo y miles de millones en préstamos para las empresas, para tratar de compensar así las debilidades de una seguridad social estadounidense altamente privatizada.

Las medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández van en este sentido, con el fin de desacelerar la caída de una economía que ya venía estancada hace varios años y que la gestión de Mauricio Macri destruyó, con dos años de recesión a cuestas y con pronósticos para el actual año que hablan de una contracción del PBI de hasta el 8%. En el gobierno empieza a ser un problema la recaudación, que se desplomó por el cese brusco de la actividad económica.

El plan económico del gobierno, cuyo monto ya llegó a casi 5 puntos del PBI, promete continuar durante todo mayo y junio, y consiste en beneficios para empresas, como el pago de la mitad de los salarios y la reducción de cargas patronales, créditos a tasas bajas para las Pymes (con bastantes problemas para acceder) y asignaciones de emergencia para familias y monotributistas, como el Ingreso Familiar de Emergencia o los bonos a la AUH y las jubilaciones, solo por nombrar algunas de las medidas encaradas.

Argentina no puede acceder a crédito internacional aun así resuelva la deuda con los acreedores privados, por lo que para financiar este paquete está acudiendo a la emisión monetaria y la reasignación de partidas presupuestarias. El tan discutido impuesto a las grandes fortunas impulsado por el kirchnerismo (hubo un proyecto presentado por el FIT que fue rechazado por casi todo el arco político), todavía no tiene una forma del todo definida y no encontró aún su lugar en la agenda del recientemente reabierto Congreso. Otras grandes fuentes de financiamiento, como aumentar la presión tributaria sobre los bancos, ganadores de todas las crisis, no se barajan por el gobierno, por lo menos públicamente.

A medida que la cuarentena se extendió y la crisis económica se fue volviendo cada vez más grave, hubo que echar mano a otros recursos para reducir los gastos de una economía que no produce. El más notorio fue el acuerdo firmado por las cúpulas de la CGT y la Unión Industrial Argentina, en el que se aceptan suspensiones con una rebaja salarial de hasta el 25%, más allá de que el gobierno cubre hasta la mitad de los salarios de las empresas.

¿A quiénes les debemos?

Muchas veces en la terminología de la deuda, sobre todo cuando su uso mediático corresponde a los intereses de los bonistas, terminamos entendiendo que Juan Pérez le prestó amablemente los ahorros de su abuela al gobierno argentino, este los despilfarró y ahora no quiere devolverlos. Es importante entender quiénes son los fondos que están negociando la reestructuración de la deuda. Por un lado, tenemos a BlackRock, liderado por el banquero demócrata Larry Fink, fondo de inversión que administra 7 billones de dólares, 15 veces el PBI anual de Argentina. Incluso es propietario de recursos naturales: reservas de litio en Australia y México, minas de cobalto en el Congo, gigantescas extensiones de campo en el Amazonas y miles de departamentos. Por otro lado, también podemos nombrar a los fondos de inversores Vanguard, Ashmore, Gramercy y Fidelity, que si los sumamos al primero totalizamos una cartera de 16,5 billones de dólares, lo que a la economía Argentina le demoraría unos 37 años en producir.

Detrás de todo movimiento económico y financiero hay también un interés político que muchas veces supera a los dos primeros. Más allá de hacer negocios con las necesidades de un país, el rechazo a la oferta oficial también responde al interés estratégico de que países como Argentina mantengan una disciplina económica (llámese ajuste), buscando mantener una mayor influencia sobre la política y las decisiones soberanas de un país.

“Miles de auditorías para todos”

Hay que recordar que la negociación actual es sobre un total de 66 mil millones de dólares, apenas un quinto de la deuda pública argentina. A las negociaciones sobre la deuda en legislación extranjera le sobrevendrán las conversaciones con los organismos internacionales de crédito, principalmente el FMI, al que se le deben 44 mil millones de dólares, nuestro segundo mayor prestamista.

Son muchas las aristas que se abren a partir de estas negociaciones. Por un lado, es legitimar una deuda sin poner en cuestión las condiciones en las que fue tomada, los responsables políticos y el fin que tuvo esa deuda, además de la responsabilidad del FMI -que prestó fondos para la fuga de capitales y entregó cuotas por encima de los límites fijados para nuestro país, decisiones que contradicen sus propio estatuto interno- y de los inversionistas privados.

Según Francisco Cantamutto, investigador de la Sociedad de Economistas Críticxs e integrante de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, poder hacer frente a este acuerdo “da por descontado un crecimiento del país en los próximos años, un aumento de las exportaciones y superávit fiscal. Por más que se aplacen los pagos, la lógica de la oferta tiene que ver con profundizar los sesgos de la estructura productiva que siempre declaramos como insostenibles: el extractivismo, la producción de materia prima para su exportación y la contención del gasto público, justamente cuando venimos de niveles récord de pobreza y hambre que se vieron profundizados por la cuarentena”.

Si desde el gobierno, como expresaron en sus últimas manifestaciones, la prioridad es llegar a un acuerdo, se entiende que Alberto Fernández y su gabinete están dispuestos a ceder más para lograrlo, lo que nos dejaría en una situación todavía peor, sobre todo si tenemos en cuenta que la oferta inicial no puede ser considerada “dura”, ya que superó las expectativas del mercado, lo que se vio reflejado en el alza de las cotizaciones de los bonos de deuda y la caída del riesgo país. A eso se debe sumar que el riesgo de caer en default no parece tan grave cuando se tiene en cuenta que se espera que una enorme cantidad de países se declaren en default.

¿Es la peor opción posible dejar de pagar?

Para Cantamutto, “la mitad de las negociaciones que se han llevado a cabo en las últimas décadas incluyen un default como parte de la negociación. En este sentido, no debe generar miedos ni presiones esa posibilidad. La diferencia está en qué se hace con ese default. Algunas organizaciones venimos insistiendo en la necesidad de suspender los pagos e investigar la deuda, sobre todo teniendo en cuenta que es un contexto de crisis global. Es una oportunidad histórica para detectar aquella parte que sea odiosa e ilegítima”.

Al día de hoy seguimos pagando y reestructurando la deuda contraída durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica, deudas privadas que fueron estatizadas, como las del Grupo Macri. A lo largo de los años se le fueron sumando las obligaciones que tomaron los sucesivos gobiernos, hasta llegar a las últimas tomadas por la gestión de endeudamiento compulsivo de Mauricio Macri. Seguir la cadena de pagos, de buenos gestos, de guiños cómplices con los responsables de la debacle económica y social es legalizar el robo de empresarios, políticos, organismos internacionales, bancos y fondos privados de inversión.

Es imperiosa la auditoría sobre la deuda externa y el juicio y castigo para los que lucraron con ella. Tomar deuda no es simplemente contraer una obligación legal, es sumir la política económica y social a los intereses de grupos multimillonarios. Es destinar fondos necesarios para el desarrollo humano, productivo y social del país a cumplir con dichas obligaciones. Ni el FMI ni Larry Fink ni ningún otro acreedor se va a conmover por las muertes por desnutrición de niños y niñas wichis, no van mirar con compasión a la jubilada que no llega a fin de mes ni al laburante que sale en plena pandemia a ganar lo necesario para parar la olla. No van a desesperar por los hoteles porteños estallados de villeros y villeras contagiados por la desidia del gobierno ni van a mirar con pena cómo colapsa el sistema sanitario. La soberanía económica es imprescindible para afrontar las necesidades del pueblo y sustentar la voluntad política de ir hacia un mundo siquiera un poco menos desigual.

Un fantasma recorre las pantallas televisivas: el fantasma del default. El reality show que tiene como personaje principal al COVID-19 solo se interrumpe ante el temor del posible default. Este fantasma nos trae reminiscencias obvias del 2001 y un olor a caos social. Hay dos puntos claves para entender este momento. El primero es la situación económica mundial. En plena crisis global, la cesantía de pagos resultado algo evidente y esperable para cada economía que deba afrontar obligaciones. A su vez, tanto los organismos internacionales como los bonistas contemplan la idea del default en cada contrato que firman con cualquier economía, no es una situación ajena ni extraña a ellos.

La segunda es el resultado del default para nuestra economía. Pagando o no pagando, la economía argentina no tiene perspectivas de acceso al crédito hasta, al menos, 2027, por lo que la clausura al mercado de crédito se dará con o sin arreglo.

El default no debería considerarse como algo terrible. El default es una opción, es una herramienta de negociación y es una posibilidad de soberanía económica. El problema radica en para qué se usa esa cesación de pagos: si como una oportunidad histórica para cambiar de rumbo o para negociar las condiciones de una nueva rendición.

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Por Julio C. Gambina* / Foto por Daniel Vides

Ya hemos señalado en escritos anteriores que es falso dividir salud de economía, e incluso se puede hablar de economía de la salud o de la salud de la economía.

Una población con niveles adecuados de salud está en mejores condiciones para habilitar unas relaciones económicas con mayores posibilidades de satisfacer las necesidades humanas. Una actividad económica que resuelva las crecientes e históricas necesidades de una población mejora la salud de las personas.

La salud está asociada a equipamiento, infraestructura edilicia, fármacos, estudios, análisis, investigaciones, ingresos del personal de salud, todo lo que supone planeamiento científico, técnico y económico.

Sin embargo, la presión es fuerte desde el poder económico para la reactivación de la producción, verificando que el trabajo es el creador de la riqueza, de los bienes y servicios, del capital y por ende de la ganancia y de la acumulación que resuelve en definitiva la dominación.

Por eso, para sustentar la dominación actúan los medios de información y comunicación, aún hasta el cansancio, con un mensaje relativo a la necesidad de activar la economía y volver a la “normalidad”.

Una normalidad que exacerbó en estos años gravísimas consecuencias sociales en materia de desigualdad, por ende, de concentración del ingreso y de la riqueza y de extendida pobreza e indigencia; con flexibilización salarial y laboral, afectando derechos sociales, sindicales históricamente conquistados. No es solo un fenómeno local o regional. Es una conclusión generalizada en el sistema mundial.

Exponente de esta posición de privilegio a mantener la “normalidad” nos lleva a EEUU, ahora epicentro de la pandemia COVID19. El efecto económico en pérdida de fuentes de empleo es alarmante.

La crónica señala que “4,4 millones de trabajadores se han sumado en la última semana a pedir ayudas al gobierno federal para afrontar su desempleo. El cierre de negocios debido a la crisis sanitaria ha generado que uno de cada seis empleos sea destruido, algo que podría empeorar con la llegada de mayo.” En la nota de France 24 se anuncia bajo el título: “26 millones de personas solicitaron ayudas por desempleo en EE. UU. por la crisis del Covid-19”^[1].

El horizonte es de mayor gravedad que en la crisis del 30, sostienen en la nota, en efecto, se indica que durante la gran depresión “el paro en Estados Unidos estuvo en torno al 14%”, y el pronóstico para todo el 2020 será del 20%. El último dato registrado para marzo es de 4,4%, cuando para los 12 meses previos los valores oscilaron entre 3,5% y 3,7% para cada mes.^[2]

Los datos globales de la pandemia COVID19 son alarmantes, con casi tres millones de contagiados y casi 200.000 fallecidos, encabezado por EEUU con más de 900.000 infectados y más de 50.000 muertes, lejos de China, el territorio que en origen se manifestó la epidemia, con menos del 10% de infectados (83.900) y fallecidos (4.636) respecto a EEUU.

El caso es que China, quien desplegó la más estricta cuarentena en los territorios con población afectada, aparece ahora precedido por mayores casos de infección y muertes de otros 8 países, EEUU, España, Italia, Francia, Reino Unido, Turquía e Irán.

Recesión, impacto social y salida de la cuarentena

Interesa el tema, ya que el FMI en su reunión de primavera anticipó una caída mundial de -3% para el 2020, con -5,9% para EEUU, -7,1% para la Unión Europea y China creciendo al 1,2%^[3]. Es cierto que el dato para China es muy bajo respecto de sus referencias para las últimas décadas, igual indica un tiempo de recuperación, que lo aleja de las perspectivas más agresivas de caída de la producción y de recesión mundial. Vale confirmar con la información actualizada, cual es la realidad de la evolución sanitaria y de la macroeconomía para todos los países.

Un asunto imprescindible para acercar conclusiones sobre las respuestas ante la pandemia e incluso relativo a una situación de la economía mundial que estaba desde antes en proceso de crecimiento pobre, con desaceleración, que la COVID19 aceleró como explosión recesiva. Una recesión que agrega consecuencias sociales graves en materia de empleo, pobreza y marginación.

¿A cuánto llegará la pobreza o el desempleo en cada país luego de la pandemia?

¿Cómo se modificarán las relaciones laborales, a favor del empleo a domicilio o teletrabajo, el que se generaliza en ámbitos tales como la educación?

¿Cuántos contratos laborales serán reformulados a la baja en ingresos y deterioro de las condiciones laborales?

Interrogantes que imaginamos con respuestas regresivas, no solo por lo que acontece en reducciones de ingresos salariales y populares, sino producto de una ofensiva del capital contra el trabajo. Se trata de medidas con ejecución continua desde la salida de la crisis de los años 70 y que se han denominado “políticas neoliberales”, de apertura y liberalización.

La pandemia es de final incierto, incluso y más allá de la aparición de una vacuna, puede involucrar al ciclo del 2020/2021, incluso más allá, por lo que es vital el debate sobre el ¿qué hacer con la economía, la salud y la propia pandemia?

A la fecha, son los países más afectados quienes minimizaron en origen el problema, que habilitaron debates diversos, e incluso alimentan el debate en otros países, donde la opinión diletante interviene sobre una falsa alternativa entre salud y economía.

No es un tema menor, ya que disputan el consenso de la sociedad en la búsqueda de una “normalidad” que debe ser discutida. La esencia de nuestra preocupación es la búsqueda de “otra normalidad”, alternativa y contrapuesta al orden capitalista y a las relaciones económicas sustentadas en la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo y la destrucción de los bienes comunes.

El debate existe en la región latinoamericana y caribeña, con las antípodas en el sur entre Brasil y la Argentina y una situación intermedia es la que nos presenta México. En Brasil, desde el Estado nacional se subestimó el tema desde el inicio, presentando contradicciones con los poderes local, similar a lo acontecido en EEUU. En Argentina la prevención fue temprana y con amplio acuerdo entre la oposición y el oficialismo, más allá de algunas voces disonantes. En México hubo una respuesta intermedia, entre discurso oficial de laxitud y concretas  medidas preventivas.

Los datos son alarmantes para Brasil con más de 54.000 casos y más de 3.700 muertes, para una población de más de 209 millones de habitantes.

Para México, la referencia alude a casi 13.000 infectados y más de 1.200 muertes, con una población de 126 millones de personas. En Argentina, son 3.600 casos, 179 muertes y 44 millones de población. Cualquier comparación relativa a infectados o fallecidos respecto de la población favorece conclusiones relativas a la prevención temprana.

Los datos y proyecciones de la situación económica son graves para los tres más grandes países de la región. Según el FMI, la región caerá -5,2% para todo el 2020, con Brasil cayendo un -5,3%, Argentina un 5,7% y para México un -6,6%.^[4] Todos por encima  de la media.

De nuevo, la cuestión sanitaria y la economía como parte de un problema integral que nos lleva a discutir el Estado y las políticas públicas, de salud, de producción y distribución, de bienes y servicios, de ingresos y de riquezas.

El Estado y su intervención en la economía

En ese sentido vale pensar las decisiones que hoy se toman en el mundo. Argentina informa que destinará un 3% de su PBI para atender la emergencia económica en curso, que es mucho respecto de otros países, pero poco respecto al 7% de Alemania.

Ni hablar de los millones aportados por la banca central de los principales países del capitalismo mundial, varias veces superior a lo emitido en tiempos de la crisis 2007/2009.

El Banco Central Europeo (BCE) relajó las disposiciones de calificación de bonos de los países miembros hasta septiembre del 2021.^[5] Todo indica que en foco de la atención está la crisis italiana, tercera potencia de la zona Euro, luego de Alemania y Francia.

Italia podría perder la calificación de “grado de inversión” y pasar a ser considerado como un país de alto riesgo y con elevado costo para una deuda en expansión, entre las más elevadas del mundo con relación a su PBI.

Existe el temor de la fuga de capitales en Italia, algo que Christine Lagarde, Presidenta del BCE conoce desde su anterior responsabilidad como titular del FMI, con desembolsos a la Argentina por 44.100 millones de dólares que en su mayoría tuvieron destino de fuga.

Kristalina Georgieva informó que de los países emergentes fugaron 100.000 millones de dólares en los dos primeros meses de la COVID19. Es una señal de la búsqueda de seguridad de los capitales especulativos, que en tiempo de pandemia continúan su propósito por la ganancia.

Así como el BCE asigna 750.000 millones de euros para favorecer la compra de deudas que incluyen bonos tóxicos, reiterando una práctica de salvataje ya ensayada en el 2007-09, el FMI anuncia disponibilidad de 1 billón de dólares para atender la emergencia. Entre el Tesoro de EEUU y la Reserva Federal (FED) enuncian salvatajes por 8 billones de dólares.

¿Quién duda de la intervención estatal para el salvataje de las grandes empresas del orden capitalista y de la voluntad de las principales autoridades de los Estados nacionales y las organizaciones supranacionales?

Solo los necios ideologizados del libre mercado en tiempos de transnacionalización sostienen la ilusión de la no intervención de los Estados. Claro, apoyados por los principales medios de propagación ideológica que son los medios masivos de comunicación que difunden la presencia de estos gurúes mesiánicos del liberalismo.

No solo es cuestión del COVID19, sino de los problemas de arrastre de la desaceleración y la recesión ahora agudizada, evidente con los precios a la baja del petróleo. Desde el máximo de 110 dólares el barril en 2012, el precio bajó a 26,5 dólares en 2016 y escaló a 64 dólares a fines del 2019, con oscilaciones relativas a la disputa del mercado entre los principales países productores.

En ese marco se incluyen las negociaciones al interior de la OPEP y de esta con Rusia en lo que se conoce como OPEP+. Son negociaciones encaradas por los Estados, en representación de intereses de corporaciones transnacionales y mediados por objetivos de estrategia global de los Estados nacionales.

No es menor considerar que EEUU recuperó en 2015 su liderazgo mundial en la producción petrolera, lo que había resignado desde la crisis de los años 70. Lo hizo con base en la producción de hidrocarburos no convencionales y la tecnología de la fractura hidráulica (fracking).

Esa producción de no convencionales necesita un precio en torno a los 60 dólares el barril, por el elevado costo de explotación, lo que se fue resolviendo con importantes subsidios estatales y financiamiento de la banca estadounidense.

Curiosamente, el desplazado del podio productivo fue Arabia Saudita, un aliado político de EEUU. La confrontación con los precios fue evidente, con los árabes presionando vía producción y precios definidos en la OPEP a afectar la posición de liderazgo de Washington.

Se complicó el tema con la aparición de la OPEP+ que involucró como tercero en discordia a Rusia. Todo parecía haberse arreglado hacia mediados de abril, en los acuerdos entre los gobiernos árabe y ruso, cuando se precipitó la crisis de los precios futuros del WTI, el petróleo de Texas.

El registro negativo de -37 dólares el barril se presentó como una rareza nunca presentada en la lógica del capitalismo, para acercar el precio del barril WTI a unos 17 dólares el barril, y el Brent a 26 dólares por barril.

La caída del precio internacional del petróleo afecta a las petroleras, especialmente las estadounidense y aquellas que aspiraban a la fuerte acumulación vía hidrocarburos no convencionales, caso de la Argentina con su yacimiento de Vaca Muerta.

Al bajar el precio del petróleo pierden rentabilidad las inversiones y con ello el peligro de quiebras e impacto en el sistema bancario, especialmente en EEUU. Ni hablar de la pérdida de expectativas fuertemente instalada en buena parte de la política argentina, que imaginó un fuerte desembarco de inversiones desde el acuerdo secreto entre YPF y Chevron suscripto en 2013.

El Estado interviene entonces en el salvataje en el amplio espectro del capitalismo. Más allá de especificidades, la intervención ocurre entre los desarrollados, sea en EEUU, Europa o Japón; en China o en cualquier territorio, más allá del mayor o menor volumen de gasto público, o políticas expansivas o de austeridad esgrimidas oportunamente. En todos los territorios interviene el Estado, con mayor o menor capacidad y volumen de inyección de dinero.

Desde la crisis de 1930 que el Estado “capitalista” interviene en la economía para resolver, aun transitoriamente, los problemas derivados de las recurrentes crisis del sistema. El objetivo se centra en asegurar la lógica productiva para la generación de ganancias y la acumulación de capitales.

La transición necesaria

En todo caso, solo resta decir que lo que se requiere es discutir qué cambios políticos se necesitan para modificar el carácter del Estado para asumir un programa de transición desde el capitalismo a otra forma de organizar el orden socio económico.

La transición al socialismo se constituyó en objeto de estudio desde las primeras voluntades de confrontación con el orden capitalista. Resulta un tema de permanente estudio e interés desde la emergencia de la Revolución Rusa en 1917 e incluso desde antes con el intento de la Comuna de París en 1871. Si se quiere el tema estuvo en las consideraciones de los socialistas utópicos, Owen, Fourier o Saint Simón, quienes pensaron e intentaron formas alternativas de organización económica de la sociedad.

Sigue siendo una asignatura pendiente el debate de la transición, contenida en textos varios, pero también en prácticas de políticas estatales de quienes promueven la perspectiva anticapitalista y por el socialismo, caso de Cuba en nuestra región. Pero es también patrimonio de experiencias de autogestión desplegadas en procesos de la economía popular.

¿Es posible alentar desde el Estado de transición estas experiencias autogestionarias como forma de pensar la superación de la recesión actual, incluso en pleno desarrollo de la cuarentena? Claro que ello supone pensar la constitución de un Estado para la transición.

Solo desde allí se puede pensar en transformar el modelo agrario de producción de commodities para la exportación en otro sustentado en la agricultura familiar, comunitaria para un proyecto de soberanía alimentaria. El modelo del agro-negocio de exportación favorece a su vez la especulación financiera que se activa recurrentemente en países sujetos a la lógica especulativa, caso de la Argentina.

Lo mismo vale para pensar en materia energética, cuando es evidente la crisis del petróleo y el imaginario de salvación en inversores externos. La producción de convencionales con destino al aliento de una producción local en tiempos de restricciones y baja de las relaciones de intercambio en el mundo, hacen pensar en la potencia de una lógica política asentada en la soberanía energética para una reactivación que promueva otra “normalidad” con la que especula el sector dominante del capital.

Sin dudas que eso requiere una profunda transformación del régimen de financiamiento, presidido en la Argentina por una legislación establecida en 1977, tiempo de dictadura genocida. Esa legislación fue fundamental para habilitar el mecanismo del endeudamiento que fortaleció la dependencia y subordinación del país a la lógica especulativo del capital ficticio.

Romper con esa legislación y la inserción financiera subordinada impone suspender los pagos de la deuda pública del país, acción a desarrollar con una investigación de la misma que evidencie el carácter ilegitimo, ilegal y odioso de gran parte de la misma. Esos fondos liberados para una política alternativa, acompañada de una reforma tributaria progresiva que recaiga sobre las grandes fortunas, puede habilitar la viabilidad de un Estado de la transición que comienza su gesta en tiempos de pandemia.

^[1] France 24, del 24 de abril 2020, en: https://www.france24.com/es/20200423-eeuu-desempleo-crisis-covid19-coronavirus (consultado el 25/04/2020)

^[2] Expansión/Datos Macro.com, en: https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sc=LAB- (consultado el 25/04/2020)

^[3] FMI. Informe de Perspectivas de la Economía Mundial, de abril 2020, en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 (consultado el 25/04/2020)

^[4] FMI. Informe citado sobre Perspectivas de la Economía Mundial.

^[5] BCE, en: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200422_1~95e0f62a2b.en.html (consultado el 25/04/2020)

* Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

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