El  gobierno  nacional  desactivó  el  Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  1043/18,  que  había  firmado  en  diciembre  para  frenar  los  despidos.  Flybondi  el  caso  emblemático  con  el  que  el  gobierno  impulsa  la  transformación  en  las  modalidades  de  agremiación  por  empresa. 

Vía libre para despidos

El  Gobierno  desactivó  un  Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  (DNU)  que  frenaba  los  despidos.  Se  trata  del  1043/18  que  era  parte  del  acuerdo  con  el  que  había  sellado  paz  social  para  diciembre  junto  con  el  bono  de  fin  de  año.  Un  decreto  que  duró  poco.

El  Decreto,  publicado  en  el  Boletín  Oficial  el  12  de  noviembre  pasado,  establecía  “un  procedimiento  por  el  cual  las  y  los  empleadores,  antes  de  disponer  despidos  sin  justa  causa  de  trabajadores   y  trabajadoras  con  contratos  de  trabajo  por  tiempo  indeterminado,  deberían  comunicar  la  decisión  al  Ministerio  de  Producción  y  Trabajo  con  una  anticipación  no  menor  a  diez  días  previo  a  hacerla  efectiva”.  Ante  esa  información,  la  cartera  de  gobierno  quedó  facultada  “de  oficio  o  a  petición  de  parte  a  convocar  al  empleador  y  al  trabajador  junto  con  la  asistencia  gremial  pertinente,  a  fin  de  celebrar  (durante  el  plazo  de  diez  días)  las  audiencias  que  estime  necesarias  para  considerar  las  condiciones  en  que  se  llevará  a  cabo  la  futura  extinción  laboral”.

“El  mecanismo  de  informar  antes  de  despedir  no  surtió  ningún  efecto.  Solo  evidenció  la  ausencia  de  una  política  del  gobierno  frente  a  la  crisis  de  empleo  o,  lo  que  es  lo  mismo,  un  permiso  para  que  los  empresarios  despidan  sin  consecuencias”,  afirmó  el  presidente  de  la  Asociación  de  Abogados  Laboralistas  (AAL),  Matías  Cremonte.

El  asesor  de  empresas,  José  Zabala,  de  AMZ  &  Asociados,  confirmó  que  en  los  casos  en  que  sus  clientes  resolvieron  concretar  despidos  cumplieron  con  el  preaviso  ordenado  por  el  DNU  pero  que  en  ninguno  de  ellos  hubo  convocatoria  posterior  de  Producción  y  Trabajo.

Pablo  Smurra,  asesor  de  la  Unión  Obrera  Metalúrgica  (UOM),  dijo  tener  constancia  de  compañías  que  habían  enviado  la  notificación  a  la  repartición  pública  a  la  espera  de  un  llamado  que  nunca  llegó,  por  lo  que  cumplido  el  plazo  de  diez  días  los  despidos  quedaron  ratificados  con  el  pago  de  la  indemnización  correspondiente.

¿Sindicato  narco  en  Argentina?

Tras  el  reciente  reconocimiento  oficial  de  un  sindicato  creado  a  la  medida  de  Flybondi,  su  principal  competidora,  Norwegian  Air  Argentina,   en  el  segmento  de  las  low  cost   también  presentó  los  papeles  para  el  reconocimiento  de  su  propia  organización  gremial.

Norwegian,   una  firma  de  capitales  noruegos   constituida  aquí  para  poder  hacer  vuelos  de  cabotaje,  y  cuenta  con  aproximadamente  150  empleados  y  empleadas.  Hasta  hoy  el  personal  de  la  empresa  no  está  agremiado  y  está  encuadrado  bajo  el  Convenio  colectivo  de  trabajo  de  Comercio.

La  Unión  de  Empleados  de  Norwegian  (UNEN)  será  liderado  por  un  viejo  conocido  del  sector:  Alejandro  Botana,  quien  fuera  ex  secretario  general  de  UALA,  el  gremio  que  nuclea  a  los  pilotos  de  Austral  y  debiera  dejar  su  cargo  en  2016  por  su  cercanía  con  la  gestión  Cambiemos.

Flybondi,  empresa  fuertemente  relacionada  con  funcionarios  de  Cambiemos  también  tendrá  su  gremio.  Así  lo  oficializó  el  Ministro  de  Producción  y  Trabajo,  Dante  Sica,  mediante  la  Resolución  4/2019.

El  secretario  general  de  la  Asociación  de  Personal  Aeronáutico  (APA),  Edgardo  Llano,  se  refirió  al  nuevo  sindicato  para  el  personal  de  Flybondi,  autorizado  por  el  gobierno  nacional  en  tiempo  récord  y  disparó  “el  ministro  Dietrich  no  puede  desconocer  que  al  frente  del  sindicato  que  él  propicia  va  a  estar  un  narcotraficante”.   El  Secretario  General  del  sindicato  de  Flybondi  es  Matías  Miret,  el  piloto  que  estuvo  dos  años  preso  por  volar  el  avión  que  transportaba  una  tonelada  de  cocaína  con  destino  a  Barcelona,  tras  haber  despegado  de  El  Palomar,  con  la  famosa  aeronave  de  los  hermanos  Gustavo  y  Eduardo  Juliá.

Desde  el  ejecutivo,  tal  como  se  revela  en  varios  documentos  periodísticos,  con  la  firma  de  los  ministros  Dante  Sica  y  Guillermo  Dietrich,  se  impulsa  la  creación  de  un  gremio  único  que  recogerá  todas  las  ramas  de  la  actividad  dentro  de  una  única  empresa.  Lo  que  equivale  a  una  transformación  de  la  libertad  de  agremiación  e  implica  una  concentración  en  un  único  gremio,  Flybondi  encabeza  la  iniciativa.

Este  no  es  el  único  vínculo  de  Flybondi  con  el  narcotráfico,  ya  que  su  ex  CEO,  Julian  Cook,  fue  directivo  de  Southern  Winds,  la  famosa  aerolínea  de  las  narco  valijas.

Los  dirigentes  gremiales  Ricardio  Cirielli  (APTA)  y  Pablo  Biro  (APLA)  expresaron  recientemente  que  en  la  industria  aeronáutica  se  sospecha  que  Flybondi  “podría  pertenecer  a  un  cartel  mexicano  del  narcotráfico”.

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Vecinos y vecinas de Tres de Febrero, Morón y Hurlingham resisten a la instalación y ampliación del Aeropuerto de El Palomar en un territorio que funciona tanto como espacio de Memoria como de reserva natural.

El 5 de enero de 2018 el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich presentó oficialmente el proyecto para actualizar el aeropuerto de El Palomar, en esa línea explicó que significaba una inversión de 1.600 millones de pesos. En el mismo acto se dijo que sería un aeropuerto “low cost”, y que las tasas para las aerolíneas serían entre un cuarenta y un cincuenta por ciento menores que las de las otras terminales. Ya el 19 de septiembre durante el acto de inauguración de la nueva torre de control de Aeroparque, Dietrich había explicado en su discurso que la inversión para el nuevo aeropuerto de El Palomar “sería estatal”, y que el dinero lo aportaría el Sistema Nacional de Aeropuertos a través del fideicomiso sustentado con las tasas aeroportuarias que cobra el concesionario.

El mismo día en que se presentó el proyecto de lo que ya es un Aeropuerto en El Palomar, la jueza Martina Forns, a cargo de la demanda de los Organismos de Derechos Humanos, solicitó al juez Rafecas -a cargo de la investigación principal- que informara sobre la situación de las distintas partes de la base en relación con la ley involucrada. Dos días después se hizo una inspección judicial del predio, encabezada por Forns, al mismo tiempo que hubo una manifestación de vecinos con pancartas que decían “No al aeropuerto trucho El Palomar”.

Forns hizo lugar a la presentación y resolvió que FlyBondi, el Ministerio de Transporte de la Nación y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) debían abstenerse “de comenzar las actividades de aeronavegación en el Aeropuerto de El Palomar o Base Aérea Militar de El Palomar, hasta tanto el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) haya autorizado la Evaluación de Impacto Ambiental que deberá ser presentado por la Empresa Aeropuertos Argentina 2000”. Las mediciones de ruido realizadas a fines de enero para determinar el impacto ambiental sonoro, se hicieron con un Fokker F-28, se trata de un avión militar que genera mayores ruidos que los comerciales. Por esta razón, el fallo fue apelado, y ese mismo día salieron a la venta los pasajes de FlyBondi.

                                                                 

El arribo de la empresa de bajo costo FlyBondi, fundada en el 2016 y cuyo CEO es Julian Cook, se trata de un inglés que ya estuvo al frente de aerolíneas low cost fundidas y quien ante sus inversiones declaró “Si la gente no quiere tener ruido, no debería vivir al lado de un aeropuerto”en relación a las y los vecinos que se oponen a la instalación de la terminal área, al oeste del conurbano. Su proyecto responde a la llamada “revolución de los aviones” con un plan integral aerocomercial presentado por Dietrich en julio de 2017 que incluye la asignación de rutas aéreas a empresas de vuelo low cost, inversión en materia de infraestructura para la renovación de los aeropuertos de todo el país y el proyecto de convertir la Base Aérea de El Palomar en un aeropuerto comercial. A su vez, a fines de octubre entró en escena otro protagonista, la empresa noruega Norwegian, que anunció que operaría en Buenos Aires desde Ezeiza, Aeroparque y El Palomar.

El 1º de febrero la jueza emitió una resolución muy dura con el proceder del Ministerio de Transporte, pero que en lo sustancial permitió a Flybondi a comenzar su actividad en El Palomar con “77 vuelos mensuales, no pudiendo exceder de tres vuelos diarios (tres despegues y tres aterrizajes) hasta tanto se realice una Nueva Evaluación de Impacto Ambiental y se autorice por el ORSNA”.  Además puso como requisito el retiro de los explosivos que pudiere haber en la base, encomendó al Ministerio de Transporte la realización de un monitoreo permanente de impacto ambiental durante los próximos seis meses, con informes bimestrales, sobre las consecuencias ambientales de la actividad aerocomercial.

 

Ayer y hoy: la misma impunidad, la misma complicidad 

A principios de diciembre el Ministerio de Transporte (no se sabe con cargo a qué partida) comenzó a hacer obras en las plataformas del aeródromo y en la zona de los hangares, donde funcionaron Centros de Detenciòn Clandestinos en la última dictadura cívico- eclesiástica -militar y desde donde partían los llamados “vuelos de la muerte” según relató en la audiencia Zoraida Martín, sobreviviente ex detenida y secuestrada allí.

El mismo día que por decreto ( 1.107/2017 ) el aeropuerto El Palomar se incorporó al grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos, la Fuerza Aérea Argentina dio a conocer su opinión sobre el tema, expresada al Poder Ejecutivo casi dos meses atrás. Allí manifestaron que no se oponía a compartir el predio, aunque aclarando que la afectación permanente de las instalaciones militares repercutirá seriamente en la disminución de capacidades logísticas de la Fuerza y del resto del instrumento militar nacional proponiendo determinar el alcance de las diferentes jurisdicciones.

La Base Aérea de El Palomar operó como centro clandestino de detención y tortura dentro del circuito represivo clandestino conformado por una decena de centros de detención clandestina, entre ellos la “Mansión Seré”, las brigadas aéreas de Palomar, Morón y Moreno, y El Chalet del Hospital Posadas. Por eso, ante el conocimiento del inicio de las obras en la Base Aérea por parte de los organismos de DDHH, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de Derechos Humanos de Hurlingham presentó una denuncia contra el gobierno nacional por la destrucción de un Sitio de Memoria protegido por la ley 26.691. Por su parte, la Dirección de Sitios libró un oficio al Juzgado Federal N°3 del juez Daniel Rafecas para que tome conocimiento de que se podría estar destruyendo pruebas de causas de lesa humanidad que se encuentran actualmente en trámite.

Ante esta situación, la jueza Martina Forns pidió una medida cautelar para parar las obras y realizó, el 8 de febrero, una inspección ocular cuya resolución derivó en una ampliación del amparo para la protección de dicho sitio presentado, a su vez por Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora junto a Iris Pereyra de Avellaneda, mamá del “Negrito” Floreal Avellaneda, un chico de 14 años que fue secuestrado y arrojado al Río de La Plata desde uno de los vuelos de la muerte que partían desde allí. A esta denuncia se sumó también la Asociación Seré para la Memoria y la Vida. Mientras el desarrollo de la misma, hubo una manifestación de vecinos con pancartas que decían “No al aeropuerto trucho El Palomar”.

“Si lo destruimos, nos destruimos”

A su vez, distintas organizaciones sociales y ambientales se encuentran impulsando junto a las y los vecinos la campaña que cuestiona la instalación del aeropuerto en tanto Espacio de Memoria como así también espacio natural de preservación. Es por eso que la organización ambientalista Isla Verde no se manifestó en contra de la existencia de un aeropuerto donde puedan operar las empresas de bajo costo, sino que argumentaron que sólo se está eligiendo el lugar equivocado. Sostienen que la propuesta de hacerlo en El Palomar es incompatible con un espacio verde que presenta altos valores de conservación, y el aeropuerto -que ya comenzó a funcionar de manera clandestina-tampoco se ajusta a las normas de seguridad exigidas, no cumple los requerimientos legales necesarios ni ha realizado los estudios preventivos indispensables para llevar a cabo un proyecto de estas magnitudes. De acuerdo con esto, de bajo costo serían las empresas de aviación que se proponen funcionar en el aeropuerto comercial, pero las consecuencias ambientales serían todo lo contrario: el costo más elevado, agravado por la desgracia de lo irreversible.

                                      

 

La intención del colectivo ambiental apunta a declarar Reserva Natural los terrenos linderos a la Base Aérea de El Palomar. Informaron que las topadoras ya están avanzando sobre el pastizal de cortaderas donde anidan diversas especies de aves sin que nadie se haga responsable. A su vez, para Isla Verde dicho espacio natural debe ser protegido de 200 hectáreas, que está atravesado por el arroyo Corvalán y alberga importantes especies de flora y fauna nativa, en un ambiente original de pastizal pampeano, bosque de talar de barranca y humedales, los cuales generan una importante cantidad de oxígeno para toda la región aledaña, regulan la temperatura y evitan inundaciones. Su importancia se vuelve más apremiante en un contexto donde los terrenos que se proponen como reserva representan un 20% de la superficie verde de todo el partido, cuando ya Morón cuenta con una cantidad varias veces menor de espacios verdes por habitante a los sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. Habida cuenta de esta enorme escasez, la tarea de cuidar y preservar los pocos espacios verdes que todavía existen en la localidad, se vincula directamente con la posibilidad de promover la calidad de vida y los derechos humanos capaces de garantizar a los vecinos un entorno vital que pueda ofrecer un espacio de recreación y esparcimiento. “El ambiente somos todos”, dicen. “Si lo destruimos, nos destruimos”. Ante la incertidumbre del cambio climático y sus consecuencias, la preservación y cuidado de los espacios naturales adquieren importante relevancia. Es por esta razón que sus integrantes conciben que sólo puede haber progreso cuando la calidad de vida garantice la protección del ambiente.

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