El pasado lunes 11, en el anexo del Congreso nacional, se realizó una Audiencia Pública con el objetivo de discutir la reciente adhesión de la Argentina al bloque de la Alianza del Pacífico, acción enmarcada en la intención del gobierno de sumar a la Argentina a diferentes negociaciones de Tratados de Libre Comercio (TLC).

Desde la asunción de Mauricio Macri al Poder Ejecutivo, la política exterior atraviesa una serie de transformaciones de largo alcance. El nuevo perfil externo se evidenció desde inicio de la gestión con las visitas de los primeros ministros de Francia e Italia y del presidente de los Estados Unidos, y posteriormente con la nutrida agenda que el mandatario argentino tuvo en Francia, Bélgica y Alemania (que incluyó un paso por Estados Unidos), donde fueron manifiestos los planes de aumentar la cooperación económica a partir de la firma de acuerdos comerciales y tratados de “libre comercio” con diversos países y bloques regionales.

Diferentes voceros del macrismo, incluida su canciller Susana Malcorra, han hecho hincapié en que la apertura económica y el diálogo político de Argentina iba a contemplar un amplio marco de relaciones. Desde el inicio, se impulsaron tratativas con Estados Unidos –que abarcan los temas de inversiones, energías renovables, cambio climático y seguridad– y China, a la par que se abrieron negociaciones hacia la firma de un “acuerdo de asociación” entre el Mercosur y la Unión Europea. Por el eje del pacífico las negociaciones no se quedan atrás: la Argentina se integró como país observador a la Alianza del Pacífico, a pedido del presidente Macri, con el fin de sumarse también al Tratado Transpacífico de Libre Comercio (TPP por sus sigla en inglés).

Pioneras en las resistencias del “NO al ALCA” y el libre comercio en el continente durante los últimos veinte años, las organizaciones en Argentina no demoraron en impulsar una nueva coordinadora que, de a poco, va tomando fuerza y representación multisectorial: la Asamblea “Argentina Mejor sin TLC”. Marcha conversó con Luciana Ghiotto, participante de la asamblea y coordinadora de la Audiencia Pública, que explicó “La Asamblea está conformada por organizaciones sindicales, políticas, socioambientales, empresariales de la pequeña y mediana empresa, que estamos interesados en dar a conocer la nueva agenda de negociación comercial del gobierno de Macri y plantear cuales son los escenarios de TLC a los cuales el gobierno está proponiendo sumarse. El objetivo de la asamblea es, en primer lugar, visibilizar la temática ya que no hay una comprensión muy acabada sobre que implican los tratados, y sostener una articulación de organizaciones para generar acciones y formación sobre el tema del libre comercio y el poder corporativo”.

La principal demanda es la información, la falta de un debate abierto que dimensione los impactos de las negociaciones de los TLC constituye uno de los elementos que aglutinan en una declaración común a diversos sectores y espacios políticos, sociales y académicos en un mismo reclamo: “No al TPP y a todos los Tratados de Libre Comercio”.

Audiencia Pública Tratados de Libre Comercio

Convocada por la diputada Alcira Argumedo, en la Audiencia se hicieron presentes diversas organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sindicatos y diputados de diferentes espacios políticos (FIT, FPV, Libres del Sur). El debate se organizó para que los distintos oradores puedan dar cuenta de los temas centrales de los tratados, que lejos están de restringirse solo a las relaciones comerciales sino que abordan temas como propiedad intelectual (patentes de medicamentos, semillas, software, etc.), los servicios, las telecomunicaciones, la agricultura, las inversiones y refuerzan –por sobre la legislación nacional– la posibilidad de los inversores extranjeros de demandar al país en centros arbitrales internacionales.

Así, Julio Gambina explicó la estrategia de liberalización de los capitales a escala mundial, y en ese marco señaló que los TLC no son un tema novedoso: desde inicios de los noventa se buscó imponer primero la iniciativa para las Américas, luego el ALCA, y en escala mundial la Organización Mundial del Comercio. Argentina fue, con el gobierno de Menem, punta de lanza de este proceso, al firmar 58 TLC avalados por el parlamento entre 1990 y 2001, convirtiéndose en país de la región que más tratados suscribió en ese período.

Actualmente, “los que intentan recuperar la posición en que estaba Argentina en la negociación del ALCA son las clases dominantes de la Argentina claramente expresadas en el gobierno de Macri”, sostuvo Gambina. También explicó que la forma que asumen en esta coyuntura los tratados bilaterales de inversión y los TLC es a partir de las alianzas público-privados.

Por otra parte, se señaló el problema con el Sistema Internacional de Arbitraje de Inversiones que incluyen los TLC, como espacio de resolución de conflictos –el más conocido es el CIADI que depende del Banco Mundial, donde Argentina es el país con más demandas. Estos tribunales vulneran la soberanía y generan una asimetría política y jurídica de los estados nacionales respecto de las transnacionales; hasta ahora el 62% de los casos resueltos son a favor de las transnacionales, sin contar los costosos procesos jurídicos en los que los estados se ven envueltos.

Por su parte, Carlos Vicente remarcó el impacto de los TLC en la agricultura y la alimentación, y sentenció “los TLC son una apertura de puertas para las corporaciones, para que éstas tengan más poder que los poderes del estado y los intereses del pueblo” y explicó que hoy en el mundo son 6 corporaciones las que controlan las semillas, la biotecnología y el comercio de los agrotóxicos, y muchas de ellas son las mismas que controlan la industria farmacéutica. En este marco, los acuerdos sobre patentes que sostienen los TLC desatan a nivel global un crecimiento aún mayor del poder corporativo, que llega a cuestionar la factibilidad de la democracia en los estados nacionales. En términos de la propiedad intelectual, los TLC implican el traslado de las patentes vulnerando la soberanía nacional.

Las resistencias también se hicieron escuchar en la Audiencia, Pablo Michelli señaló que el rechazo a los TLC “es una de las batallas más importantes a librar” en el contexto actual, y que el desafío más importante es construir unidad en la acción para avanzar en la lucha conjunta. Se sumaron a esta expresión solidaridades desde Colombia y México, ambos países que vienen atravesando experiencias de TLC que resultaron en la pérdida de soberanía y el empeoramiento de las condiciones de vida, pero desde donde también se están gestando ejemplares resistencias.

Con más de 15 intervenciones y una lista de oradores extensa –que tuvo que suspenderse luego de tres horas de debate–, desde la Asamblea convocaron a sumarse a las actividades que incluyen la organización local de la jornada de acción continental contra el “libre comercio” el 4 de noviembre, fecha clave en la consolidación del rechazo a los TLC a nivel regional y global.

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Boaventura de Sousa Santos es Doctor en Sociología del Derecho y profesor en la Universidad de Coímbra, Portugal. Teórico y práctico de la “ecología de saberes”, estuvo en Argentina invitado por la Fundación Rosa Luxemburgo y participó de los talleres de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales en Córdoba y Buenos Aires. En exclusiva, habló sobre la importancia de esta experiencia rumbo a la urgente refundación de las izquierdas en todo el mundo.

Mientras sonaban en forma de canción versos “pensando a la humanidad desde y para los territorios”, Boa, como es conocido afectuosamente, accedió a esta entrevista en la que reflexionó sobre la importancia de las articulaciones políticas para los cambios transformadores y emancipatorios, la crítica para la refundación y reinvención de las izquierdas ante la emergencia de las “derechas revanchistas” y la necesidad de crear otras figuras políticas que aúnen las experiencias de los partidos políticos y los movimientos sociales en el contexto argentino, latinoamericano y mundial.

 “Algunos partidos progresistas se olvidaron de una renovación política”

-¿Cuál es la situación actual de las izquierdas en Europa, y qué diálogos pueden (o tienen que) existir entre éstas y las de América Latina?

Mi trabajo en estos últimos diez años ha sido en ese ámbito, por un lado hacer una crítica de las izquierdas europeas para refundarlas, reinventarlas, y por otro lado aprovechar todas las energías que surgieron en este continente (América Latina).

Las izquierdas europeas, en plural, la gran mayoría pero sobre todo las socialdemócratas, se vendieron totalmente al capitalismo, a la llamada tercera vía del partido laborista inglés. En Alemania por ejemplo, es un desastre porque la izquierda no existe, los socialistas en el poder no hacen ninguna distinción en términos de una política novedosa para Europa, al contrario, los socialistas alemanes son más agresivos en relación a los países del sur de Europa.

Pero hay una renovación. Muchos de los jóvenes que estaban con la política socialdemócrata pasaron algún tiempo en América Latina con los gobiernos progresistas de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil y aprendieron mucho en este continente. No solo en mantener la idea de socialismo (del siglo XXI) sino también en desarrollar formas de democracia participativa. Y eso fue lo que pasó a ser utilizado por algunos jóvenes que estaban inconformes con los socialdemócratas y que formaron en España el partido Podemos, Syriza en Grecia y el Bloque Izquierda en Portugal, partidos que están buscando reinventar la izquierda a partir de alianzas de conocimientos, que algunos han sido originados en América Latina. Esta articulación, que incluye formas de democracia participativa, consejos de ciudadanos, es una renovación que surgió a manera de alianzas, de un inter-conocimiento con las realidades europeas.

Europa no tiene nada que enseñar al mundo y tampoco puede aprender debido al prejuicio colonialista que tiene, pero algunos jóvenes, los indignados, han intentado aprender con la experiencia latinoamericana. El problema es que la experiencia latinoamericana se olvidó de lo que nos enseñó: algunos partidos progresistas se olvidaron de una renovación política, esta idea de una reforma política profunda.

El único que lo intentó fue Hugo Chávez pero de una manera carismática, y ya sabemos que todo poder carismático depende del líder y cuando el líder se va el poder queda vacío. En Venezuela cuando la institucionalidad era débil y los movimientos sociales eran muy débiles, toda la movilización de la izquierda vino desde arriba y no desde abajo, al contrario de lo que pasó en Brasil y Argentina.

Estamos en una fase de reflujo en América Latina; mientras que en Europa algunas novedades, por ejemplo que en Portugal tenemos un gobierno de izquierda, a partir de que el partido socialdemócrata se ha aliado con los comunistas y con el bloque de izquierda. Hay otro factor, y es el temor a la derecha revanchista, y por eso, ante la emergencia de una extrema derecha, la izquierda se está uniendo. Por eso tenemos este gobierno en Portugal, por el temor a cuatro años de una derecha revanchista que quería destruir todo lo que habíamos conquistado en los últimos cuarenta años.

“Esta izquierda va a tener que refundarse”

-¿Cree que las izquierdas tienen que desarrollar un balance crítico de la relación entre Estado y movimientos sociales?

Vamos a tener que repensar mucho la política de izquierda y vamos a tener que hacerlo cuanto antes. No es fácil, en algunos países los partidos de izquierda crearon un sectarismo interno que liquida la disidencia, es muy fácil que quien tenga una posición un poco crítica sea silenciado y echado. Hubo mucho sectarismo en los partidos de izquierda que estuvieron en el gobierno o que todavía están.

Hay que repensar toda la lógica de partidos porque sino no hay futuro, los partidos no pueden, de ninguna manera tener el monopolio de la representación, hay que encontrar otras formas y esas vienen de la democracia participativa, de los ciudadanos, de los movimientos sociales que tienen que tener una palabra fuerte en la renovación política, o sea, tendremos que crear otras figuras políticas que llamamos Partidos- Movimientos.

Por otro lado, estos gobiernos, casi todos, se rindieron a un modelo de desarrollo que acompañaron con una incidencia histórica que pareció muy buena y que al final fue también desastrosa, que fue el hecho de que los precios internacionales coincidió con estos gobiernos y es por eso que la primera vez pudieron tener plata sin cambiar la estructura de poder, las jerarquías sociales, la estructura de clases, el Estado; podían hacer alguna redistribución social –en algunos casos muy significativa como en Brasil donde más de 45 millones de personas salieron de la pobreza-, pero el costo social fue muy grande. Fue un sistema social no sostenible porque estaba basado en los precios internacionales y que no luchó por una reforma política fiscal que haga tributar a los ricos. Los ricos siguieron no pagando impuestos y ahora vemos que su plata está en los paraísos fiscales. Si toda esa plata estuviera en impuestos tendríamos salud y educación para todos.

Esta izquierda va a tener que refundarse, la base en que estuvo en esta década no es sostenible, la crisis interna, en algunos casos con corrupción, exige una renovación. En algunos países otros partidos nuevos van a surgir, en otros no es posible y serán los partidos existentes los que se van a refundar. Pero algo dramático tiene que ocurrir porque no pienso que se pueda dar de otra manera, a menos que la derecha revanchista sea tan revanchista que gobierne de forma tan desastrosa que los gobiernos de izquierda puedan volver rápidamente sin reconstruirse, y ahí podemos tener un período de estabilidad a corto plazo en el continente.

-¿Fue pertinente hablar de “gobiernos populistas” durante el período de gobiernos con discursos progresistas en América Latina?

Los conceptos acabaron por ser parte del debate. Los gobiernos progresistas ya son una mala palabra, incluso para compañeros de izquierda con quienes tenemos algunas divergencias, y el populismo en Argentina es patrimonio de intelectuales pero nunca fue aceptado mucho, ni fuera ni en Argentina mismo de que la razón populista era una buena hipótesis. A mí me gusta hablar de lo popular, claro, nacional y popular, siempre que haya un gobierno que toma una posición por los de abajo y que tiene algún respeto por la soberanía y por eso hay una mezcla entre clases medias y los de abajo y por eso se puede hablar de nacional y popular como se habló también en Bolivia.

Hablar de populismo se transformó en una manera de estigmatizar o demonizar a la izquierda y la derecha aprovecha; cuando se dice que la derecha es populista es un elogio para ellos, no les molesta ser populistas, ahora cuando dices que la izquierda es populista quiere decir que no es creíble.

Todo lo que luchamos, todos los intentos de mejorar la vida de la gente, de defender derechos es considerado populista, por eso defender derechos se volvió en contra, para los que teorizaron sobre la idea de populismo nunca fue un significante vacío, sino uno vaciado porque el interés es vaciarlo; por eso prefiero el significante nacional-popular al populismo.

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En el dossier conjunto entre Marcha y Contrahegemonía, entrevistamos a la historiadora, especialista en movimiento obrero, que repasa las continuidades entre los años de la Dictadura en la Argentina y la actualidad, respecto de la represión de las y los trabajadores y su pérdida de derechos laborales. 

¿Cuáles creés que serían las principales continuidades en torno a los procesos de disciplinamiento y represión del movimiento obrero en la actualidad?

Por un lado, creo que hay continuidades estructurales. Para poder entender algunos desafíos del mundo del trabajo hoy el ciclo que comienza a mediados de los 70 -no sólo en la Argentina sino a nivel regional e internacional- marca un punto de inflexión. Por supuesto, nunca las rupturas son completas, pero sí hay una transformación a nivel sistémico, y eso creo que tiene que ser el marco de un análisis del proceso argentino: no es la Argentina únicamente la que tiene un golpe de Estado en ese momento ni que transita una dictadura, sino que hay un conjunto de dictaduras en América Latina, en Brasil, Uruguay, Chile, pero también en Bolivia y en varios países, incluso en los que no tuvieron dictaduras, la cuestión laboral pasa a ser el centro de una ofensiva en esa década. Entonces sí creo que en términos estructurales este aniversario de los 40 años nos convoca a desarrollar algún tipo de mirada que nos permite comprender que, aun cuando hay etapas muy distintas en términos de las construcciones políticas -porque claramente hay un punto de inflexión muy grande en nuestro país en 1983 con la vuelta a la democracia y hay una cantidad de derechos y de relaciones que se reconfiguran-, hay otros condicionantes que tienen una influencia que va mucho más allá, que tienen un plazo y un impacto de distinto tipo.

Por eso la transición a la democracia estuvo fuertemente condicionada por estas transformaciones estructurales que se operaron en la Argentina, específicas en cada país, pero el contrapunto Argentina-Brasil es muy útil para iluminar eso. El punto en común más importante en términos latinoamericanos fue la configuración de las relación entre capital trabajo y un fuerte retroceso de los trabajadores en términos de su participación en el ingreso, de sus derechos de organización, de sus derechos sociales, en general, y de su capacidad política también.

Me parece que este aniversario de los 40 años no es un tema únicamente para la Argentina, va a haber delegaciones sindicales de la Coordinadora Sindical del Cono Sur pero además delegaciones sindicales de distintos países y regiones que confluyen con orientaciones y formas de construcción sindical y política muy distintas en comprender al aniversario argentino como interpelando a la región en su conjunto y al movimiento sindical mundial.

Y yendo más al rol de las empresas, ¿cómo se tejen las complicidades con las dictaduras en los setenta y cómo se reactualizan en democracia con los gobiernos?

Este proceso que se dio en la Argentina de poder pensar a la dictadura no en términos únicamente de un proceso político, sino como resultado de una confrontación de sectores sociales y, en particular, en clave de capital-trabajo, lo que permite es ubicar actores que son invisibilizados, como las empresas. En particular, al poder económico y a determinadas fracciones de la clase empresarial en la Argentina que marcan, además, la relación entre ese pasado y este presente. Entonces, las investigaciones que tendieron a tratar de remarcar el papel del empresariado en ese proceso -y en particular, en la política represiva- iluminan un sendero que nos permite ubicar actores cuyo poder no se quedó restringido a los setenta, sino que tienen enorme poder en la actualidad. Y eso es otro factor de por qué no estamos conmemorando algo que implica rendir un homenaje a algo que pasó, sino que implica poder pensar de dónde venimos y hacia dónde vamos.

¿Cómo se pueden pensar, entonces, los procesos de justicia y la demanda de derechos humanos en el marco de estas complicidades?

El caso argentino es muy interesante porque, en realidad, partió de esta conceptualización inicial de la dictadura en términos de fuerzas armadas confrontando con un conjunto de organizaciones políticas y político militares, y son ellas las que, en realidad, son el eje del primer proceso de judicialización -el Juicio a las Juntas-, donde se enjuicia tanto a la cúpula de las fuerzas armadas como a la cúpula de la guerrillas. Esta lectura en clave política de la guerrilla tuvo una traslación en los años 80, donde se trataba de ajustar cuentas judicialmente con estos actores, que eran los que se visibilizaban en este momento. Sin embargo, aun desde ese esquema, lo que se vio desde los años 80 e incluso durante la dictadura, fue una fuerte denuncia de la política represiva respecto de los trabajadores. Y hay causas judiciales, abiertas, por represión a los trabajadores, muchas de ellas, por supuesto, sin destino, en el Estado del poder judicial que tenían durante la dictadura. Pero hay todo un intento de visibilización, hay mucho material político de la época que registra el proceso de represión en las fábricas, la presencia de los tanques, la propia prensa refleja parte de esta ofensiva tremenda. En los años 80 todo esto apareció en la Conadep: hay un registro muy importante de la represión a los colectivos, por ejemplo los trabajadores de los ingenios, en particular de Ledesma; a los trabajadores de los astilleros de zona norte; del caso Ford, del caso Acindar. Muchos de los casos en los que trabajamos en profundidad hoy estuvieron detectados en los años 80, y que en algunos casos, como en el caso Acindar, ameritaron envíos espaciales de la Conadep que constituyeron comisiones de recepción de la información ahí. Lo consideraron tan importante que no convocaron a algunos trabajadores, sino que fueron al lugar a recoger documentación.

Pero estos sujetos, de algún modo ocultos, comenzaron a visibilizarse recientemente, por un lado por parte de investigaciones en los años 80, y en la década del 90 en el terreno judicial, por ejemplo a partir de la denuncias de una política represiva contra los trabajadores, que hizo la CTA frente a Baltazar Garzón. A fines de los años 90 también, en la iniciativa que se plasmó en los juicios por la verdad, que fue en el contexto de un cierre del proceso de judicialización a partir de las leyes de obediencia debida, de punto final y del indulto. En estos juicios por la verdad empezaron a escucharse las voces de los trabajadores.

En mi caso, trabajo sobre el caso Alpargatas, que es un caso muy difícil. Me llevó años investigar porque la industria textil fue muy herida en los años 70 y luego en los 90, entonces se desmanteló casi totalmente la organización. Casi todos los trabajadores que habían sido textiles ya no lo eran más, eran muy difíciles de rastrear. Y los Juicios por la Verdad fueron una fuente central para ver la cuestión represiva, porque muchos sectores que ni habían sido escuchados, empezaron a hablar, a contar la historia de un hermano, un hijo, un primo una tía, una compañera; y empezaron a reconstruir sus militancias. Y algunos de los testimonios son impresionantes, porque la propia familia, por ejemplo, relata o va a referirse a la desaparición de un trabajador, y cuando le preguntan si era militante, dicen que no, que era delegado. Y agregan: “Lo que pasa es que hubo un conflicto en el 77 y el salió a defender a los trabajadores y llamar a que hicieran una huelga, e hicieron una huelga, y lo desaparecieron dos semanas después”. Y en la fábrica le dijeron: “No lo busque más”. En este proceso judicial aparece sin duda la cuestión de los responsables de las fuerzas armadas pero empieza a abrirse el abanico respecto del entramado de las fuerzas que sostuvieron la dictadura. Y ahí es donde aparece primero qué dispositivos represivos utilizaron y también la cuestión de la violencia de género, la violación como un tipo de política represiva en particular, con un desarrollo enorme, que implicó protocolos judiciales, que implicó hablar de una temática que en general se evitaba, para evitarles vergüenza a las víctimas, para no sacar temas de que ni el propio tribunal quería hablar. Y se abrieron otros campos, como la participación de la  jerarquía eclesiástica como clave para entender el proceso represivo, o el accionar del poder judicial. Hay investigaciones muy interesantes sobre cómo actuó, por ejemplo, con respecto a la apropiación de niños y niñas, que aparece como otro delito de enorme importancia.

En este marco empezó a registrarse muy fuertemente la participación del sector empresarial, el papel de las empresas en este proceso y la represión a los trabajadores como un núcleo central. Cuestión que es muy difícil de trabajar porque implica aprender otras dinámicas. Y lo que dije respecto de los testimonios en los Juicios por la Verdad también es aplicable al Poder Judicial. Poder pensar la actividad sindical no es algo obvio. Los funcionarios del Poder Judicial no necesariamente tienen que entender la dinámica sindical, ni las formas de organización, ni qué se juega dentro de un lugar de trabajo. Y todo lo acumulado respecto de la responsabilidad de las fuerzas armadas no se traslada automáticamente a otros responsables. Para pensar el sector empresarial, a las corporaciones económicas, tenemos que hacer un desarrollo. Pensar cuál es la cadena de mandos ahí, cuál es la estructura, si se trata de individuos sueltos o son funcionarios empresariales, en calidad de qué actúan, cómo pensar la tarea sindical, porque además los sectores sindicales fueron muy diversos. Existieron distintas corrientes, en parte enfrentadas, entonces cómo entender el proceso represivo. Esto que surgió en el proceso de justicia en realidad implica un desafío monumental. Ahí es donde creo que la investigación, el campo de producción científica, tecnológica y universitaria, tiene mucho que aportar.

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Hace tres días, más de veinte movimientos sociales, encabezados por la Túpac Amaru y nucleados en la Red de Organizaciones Sociales, sostienen un acampe frente a la gobernación jujeña. Exigen iniciar un diálogo para mantener las reivindicaciones conquistadas por las cooperativas de trabajo.

A días de asumir su mandato, el gobernador Gerardo Morales planteó, en relación con las organizaciones territoriales jujeñas, que “no va a dialogar con los violentos”, que solo recibiría a los integrantes de las distintas cooperativas “sin intermediarios”; y propuso un “plan de transparencia” a través de la bancarización de los planes sociales. En este marco, solicitó el arribo de efectivos de la Gendarmería Nacional para controlar la protesta social.

El traslado de más de 150 gendarmes desde Santiago del Estero para reforzar el operativo de seguridad llegó a los titulares de los diarios nacionales debido al fallecimiento de 43 de ellos en la ruta 34 –a la altura de Rosario de la Frontera– en Salta. Marcha dialogó con Milagro Salas sobre la situación de las organizaciones sociales que sostienen el acampe.

¿Cuáles son los motivos del acampe?

Desde el momento en que Gerardo Morales ganó las elecciones hemos pedido dos veces audiencia en diferentes ocasiones, y lamentablemente lo único que hemos recibido de su parte son actos de violencia verbal hacia las organizaciones sociales que conforman la red. Hemos recibido amenazas de que nos sacan las cooperativas, de que no se van a entregar los bolsones navideños, que nos sacan la ayuda extraordinaria. Y además, que se quieren bancarizar las cooperativas. Y la verdad es que, a nosotros, eso no nos asusta porque venimos trabajando con la factura electrónica, y para poder tener la factura electrónica hay que tener al día todos los impuestos, así que estamos acostumbrados.

Pero nosotros decimos: si nos bancarizan a las 26 organizaciones sociales que están acá, tienen que bancarizar a todas las organizaciones, no sólo controlarnos a nosotros. Lo que pensamos es que el control tiene que ser igual para todos. Porque en el transcurso de este último mes, ellos han armado más de 600 cooperativas y entonces la intención es clara: sacarnos las obras a nosotros para dárselas a ellos. Nosotros decimos que si ellos tienen compromisos con lo que dijeron en la campaña, que les den a quien sea; ahora, que nosotros no seamos los que tenemos que pagar ese costo. Que vean cómo y de dónde sacan fondos.

Nosotros no vamos a permitir que nos saquen las guarderías. Entre todas las organizaciones sociales hay cerca de 300; no vamos a permitir que nos hagan cerrar los centros de salud; no vamos a permitir que nos hagan cerrar los centros deportivos. Tanto la Túpac Amaru como otras organizaciones sociales también tenemos escuelas secundarias y terciarias, y también nos dijo que nos iba a sacar el pago de los maestros.

Nosotros no vamos a dar un paso atrás, y no vamos  a permitir que nos saquen nada, por esto hemos pedido la audiencia.

¿Desde que comenzó el acampe y hasta ahora recibieron alguna respuesta?

No tenemos respuesta de nada, siguen violentándonos, diciendo que nosotros habíamos salido a cortar rutas y a saquear supermercados. Nada que ver. Por eso pedimos que no inventen y además quisiéramos recordarles que hace dos años, las organizaciones sociales que están acá fuimos a defender a los locales y comercios de la ciudad para que no fueran saqueados. Fuimos a defenderlos para que no les roben, en San Pedro, en Libertador, en Calilehua, en Monte Rico, entre otras localidades, y por supuesto acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Entonces cómo vamos ahora a querer organizar un saqueo… ¡eso es una locura!

Tiene obligaciones con nosotros y tiene que cumplirlas; así como nosotros tenemos obligaciones con el Estado y vamos a cumplirlas. Lo que sí, vuelvo a repetir: no vamos a permitir que nos vengan a sacar de la noche a la mañana todo lo que hemos logrado con la lucha en estos 16 años, con trabajo, con sacrificio, con acampes, con lucha en donde la policía muchas veces nos ha reprimido.

¿Qué significa el envío de 150 gendarmes que se trasladaban a la ciudad de Jujuy y qué se visibilizó a partir de la muerte de 43 hombres de estas fuerzas?

Primero, me solidarizo con la familia de cada uno de esos gendarmes. Lamentablemente, esto ha sido la imaginación de Gerardo Morales de inventar que la provincia estaba insegura y que por esto necesitaba urgente que vengan hombres para cuidar la provincia, no se sabe de qué. Acá en el acampe no hay piedra, no hay garrote, no hay capucha, no hay nada de lo que ellos quieren inculcarnos. En ningún lado se están cortando ruta, asi que la verdad es que se han pasado, han mentido de más.

Es más, en la localidad de San Pedro han despedido ya a personas, ha asumido un intendente radical y en el transcurso de la semana pasada y hoy han despedido 300 personas. Eso no es vivir en democracia. En la localidad de Monte Rico, donde también han ganado ellos, han despedido ya 200 personas, y están haciendo así en todas las localidades, cuando en la campaña habían prometido que no iban a despedir a nadie.

Lo que significan las 26 organizaciones sociales que están acá son 20 mil puestos de trabajo, no les podemos decir que van a ser despedidos.

¿Las 26 organizaciones que mencionás están articuladas de manera orgánica o es sólo por este acampe?

En Jujuy se ha creado la Red de Organizaciones Sociales, donde todos los compañeros están trabajando mancomunadamente. Se ha creadoporque por ahí a las organizaciones que somos las más grandes nos daban solo a nosotros. Y la Túpac Amaru considera que los compañeros que están con nosotros no son los únicos desocupados, sino que por ahí hay muchas otras organizaciones sociales que también tenían necesidad de tener trabajo, de comer, de tener un futuro mejor. Por eso comenzamos a hablar con los compañeros para hablar con las organizaciones sociales.

¿Y piensan sostener esta medida de lucha hasta obtener una respuesta?

Si, vamos a sostener la lucha, vamos a esperar que nos reciban hasta terminar esta semana. Si vemos que no pasa nada, la semana que viene vamos a empezar con la huelga de hambre, y estaremos hasta que nos reciban.

¿Qué perspectivas tienen desde la organización con la nueva gestión de gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial?

Yo creo que Macri tiene que cuidar lo que le heredó el kirchnerismo. Y lo que le heredó es trabajo, salud, educación, la Asignación Universal por Hijo, el plan Progresar, el Procrear, las pensiones… Todo lo que se adquirió durante los 12 años del kirchnerismo ellos tienen que garantizar que se sigan cumpliendo, y a su vez, cuidarse mucho con los famosos créditos que ya están pidiendo. Cristina les ha dejado un país sin deuda, y creo que si ellos duran 4 años o lo que sea que vayan a durar, tienen que dejar un país también sin deuda.

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Por Florencia Puente y Francisco Farina. En esta segunda parte del diálogo con los autores del libro “20 Mitos y realidades del fracking” indagamos sobre la ley de hidrocarburos y las estrategias del Estado para resolver la crisis energética.

En esta ocasión, Hernán Scandizzo del Observatorio Petrolero Sur y coautor del reciente libro de la Editorial El Colectivo, expresa los límites de las políticas estatales para el logro de la soberanía energética, y las transformaciones en la relación con el sector empresarial –multinacionales– que establece el proyecto de ley.

-En contexto de crisis energética ¿es factible resolver esta situación mediante la explotación no convencional de hidrocarburos? ¿El tipo de licitación actual con las petroleras contempla la soberanía energética?

Desde la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, a través de la cual el Estado tomó el control del 51% de las acciones de YPF, el gobierno se puso como meta alcanzar el autoabastecimiento a partir del desarrollo masivo de yacimientos no convencionales, descartando otras alternativas. Con esta decisión no sólo redujo el problema energético al abastecimiento de hidrocarburos, sino que además, apostó fuertemente a una sola posibilidad desestimando otras, aún dentro del limitado universo de los combustibles fósiles. La imposibilidad de resolver el problema por esa vía queda de manifiesto dos años después, en el proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos que impulsa el Ejecutivo. Este proyecto, además de otorgar cuantiosos beneficiosos para promover la rápida extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales, pone la vista en la plataforma continental –es decir, en el offshore- y en la recuperación terciaria –en mejorar los niveles de extracción en los pozos tradicionales que están en explotación desde hace décadas–. Es que más allá del potencial que reparticiones del gobierno de Estados Unidos adjudiquen al país, entran en juego una cantidad de variables que exceden las decisiones que se toman fronteras adentro, más aún cuando la meta de recuperar el autoabastecimiento de combustibles fósiles tiene lugar a partir de la alianza con empresas transnacionales, las mismas que son parte del problema actual. Entonces, más allá de los beneficios que desde el Estado se otorguen para atraer al sector, si los vaivenes del mercado hacen que el precio del crudo caiga y la explotación de no convencionales no sea rentable, los proyectos no van a avanzar; lo mismo sucederá si en otros países estas mismas empresas obtienen mayores ganancias por cada dólar que invierten.

Pero además es imposible alcanzar la Soberanía Energética si no se apuesta a una política de Estado, es decir, una política sostenida en el tiempo que destine recursos para la diversificación de la matriz energética –actualmente el gas y el crudo representan casi el 90% de las fuentes primarias de energía–. Por otra parte, la Soberanía Energética no implica solamente el desarrollo de fuentes alternativas, como la solar, eólica, mareomotriz, hidráulica, etc., sino también evaluar las escalas de los proyectos, garantizar la participación social en el diseño de los proyectos y de las políticas. Esto es, abrir el debate en torno al modelo de desarrollo, al modelo de transporte, y proyectar la matriz energética en función del mismo. Es decir, implica un nivel de participación, de abordajes múltiples, que van mucho más allá de reducir la importaciones de gas.

-¿Cómo se modifica el escenario de la explotación de no convencionales con el nuevo proyecto de Ley de hidrocarburos que busca aprobar el kirchnerismo? ¿Cuáles son los límites y potencialidades de la ley?

El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos lo que hace es darle un rango superior al sector privado; es decir, transformar en ley los beneficios que se entregaron al sector empresario a través de decretos nacionales, como el 927 y 929 de 2013, o de acuerdos como el alcanzado entre el Gobierno de Neuquén e YPF para explotar Vaca Muerta, asociada con Chevron. Al mismo tiempo, el proyecto reduce los requisitos para que las empresas accedan a esos beneficios, ya que en el decreto 929 se otorga la posibilidad de exportar en 20% de la producción o venderla en el mercado interno a precio internacional y girar las utilidades obtenidas al exterior a partir del quinto año en proyectos que demandaran una inversión de mil millones de dólares, la reforma actual contempla los mismos beneficios para proyectos de doscientos cincuenta millones de dólares, es decir, la cuarta parte. Pero además, los proyectos que soliciten concesión de explotación dentro del plazo de 36 meses de entrada en vigencia de la ley, podrán pedir una reducción de hasta el 25% del monto de las regalías durante los 10 años siguientes a la finalización de la etapa piloto.

Realmente resulta una tarea muy difícil encontrarle aspectos positivos a esta reforma, de hecho no se los hemos encontrado. Lo que sí vemos es que no sólo otorga beneficios para los proyectos no convencionales sino para todo el sector. En el caso de la plataforma continental, las empresas podrán exportar o vender en el mercado interno a precio internacional hasta el 60% de la producción. También elimina toda traba a la concentración oligopólica, que en la actualidad existe pero no se aplica… pero sobre todo, lo más preocupante, es que habilita mecanismos para que las concesiones de áreas sean a perpetuidad.

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Por Florencia Puente y Francisco Farina. Dialogamos con Pablo Bertinat, Hernán Scandizzo y Maristella Svampa, sobre fracking, las consecuencias ambientales y sociales y el estado de resistencias en nuestro país.

Pablo Bertinat, Hernán Scandizzo del Observatorio Petrolero Sur (Opsur) y Maristella Svampa son autores junto a Eduardo D´Elia, Roberto Ochandio y Enrique Viale del libro “20 Mitos y realidades del fracking” de Editorial El Colectivo. Dialogamos con ellos sobre el estado de la explotación de fracking en Argentina y América Latina, las resistencias y las alternativas energéticas que posibilitarían un menor impacto en el medioambiente.

-¿Cuál es el estado actual de la explotación del Fracking en Argentina?

–Maristella Svampa (M.S): Como fue ampliamente publicitado, la Argentina es uno de los países que cuenta con el segundo o tercer potencial en hidrocarburos no convencionales a nivel mundial. Aunque no se habla de fracking (palabra temida), sino de “estimulación hidráulica”, éste avanza aceleradamente en la provincia de Neuquén (en Vaca Muerta, donde hay shale gas), y en Río Negro (en Allen, donde se extrae tight gas entre plantaciones de peras y manzanas). El contexto de déficit energético como la intensa campaña comunicacional realizada por YPF, asociando empresa nacional, soberanía energética y defensa de los hidrocarburos no convencionales, facilitaron su instalación y fueron cerrando los caminos a un verdadero debate. Al igual que con la soja y la megaminería, nuestro país se perfila como un laboratorio a gran escala en la implementación de una las técnicas de extracción de hidrocarburos más controversiales a nivel global, amparado por un marco regulatorio cada vez más propicio para las inversiones extranjeras. Asimismo, la estigmatización de los sectores ambientalistas, el encapsulamiento en lo local y el silenciamiento de los accidentes (en los últimos cinco meses hubo dos explosiones en pozos de tight gas en Allen y la pérdida de dos pastillas radioactivas en Neuquén y una fuga de gas en un pozo de shale en Loma Campana, el corazón de Vaca Muerta), hace que las voces disidentes tengan cada vez menos espacios dónde expresar sus posturas.

-¿Y qué sucede en América Latina?

-Hernán Scandizzo: En América Latina, además de la Argentina, están Colombia y México, donde los gobiernos y empresas apuntan a avanzar con el fracking. Como afirmamos en el libro, en septiembre de 2012 la Contraloría General de la República de Colombia, máximo órgano de control fiscal del país, envió un pronunciamiento a los Ministerios de Ambiente y Minas y Energía, y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, advirtiendo que en la regulación técnico ambiental de los hidrocarburos no convencionales se debía tener en cuenta el Principio Precautorio, ante el riesgo latente para el patrimonio ambiental por la posible afectación de fuentes hídricas, el riesgo para centros urbanos y la salubridad pública, además del riesgo geológico.

En Brasil, ante la licitación de bloques para la exploración y explotación de esquistos, los trabajadores del Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), en el VI Congreso de su Asociación Nacional (Asibama Nacional), aprobaron una moción contra la extracción de recursos no convencionales con el uso de la fractura hidráulica. La campaña tiene el objetivo de apoyar una moratoria que impida temporalmente el uso de fracking, de manera que la sociedad pueda debatir ampliamente sobre los riesgos de esta actividad, particularmente en las zonas pasibles de ser impactadas, y así decidir su propio futuro. Allí también se conformó la Coalición Anti-Fracking Brasil, integrada por ecologistas, científicos, geólogos, hidrólogos, ingenieros, biólogos y empleados públicos, con fuerte presencia en el Estado de Paraná. En tanto, en el Estado de Piauí, una acción del Ministerio Público Federal suspendió el uso del fracking.

En México, otra de las potencias no convencionales de Latinoamérica, según el informe de la EIA, se ha constituido la Alianza Mexicana contra el Fracking, compuesta por más de veinte organizaciones. Este espacio está enfocado en informar a la sociedad civil sobre los impactos de esta técnica de explotación de yacimientos no convencionales y, paralelamente, incidir en políticas públicas para que no se avance con su aplicación.

-¿Cómo es la situación en otros lugares del planeta?

-M.S: La vía del fracking fue decidida por Estados Unidos, en nombre del autoabastecimiento y de la soberanía hidrocarburífera. La historia de su desarrollo, a partir del año 2000, y la serie de exenciones ambientales y económicas que requirió, el rol crucial del poderoso lobby petrolero, figuran entre las páginas más sórdidas de su política interna reciente. Es cierto la última década el fracking transformó la realidad energética de Estados Unidos, otorgándole mayor autonomía respecto de las importaciones, pero también lo convirtió en el territorio en el cual pueden comprobarse los verdaderos impactos del fracking: contaminación de acuíferos, daños en la salud de personas y animales, terremotos, mayores emisiones de gas metano, entre otros. Así, los conflictos arrancaron en el corazón del norte imperial, tal como lo refleja la prohibición en Vermont y la moratoria en estados como en Nueva York y Los Angeles. En Quebec (Canadá) las luchas desembocaron en la prohibición del fracking, mientras que en la Columbia británica hoy se desarrollan resistencias indígenas-urbanas, a raíz del oleoducto de 1100 km que transporta el bitumen desde la región de Alberta. En Europa el escenario también es muy móvil. Francia y Bulgaria prohibieron el fracking, mientras que otros países impulsaron moratorias. Entre 2013 y 2014 varios de ellos abrieron sus puertas al fracking, estimulados por el modelo americano y la crisis económica. En Inglaterra, en medio de grandes conflictos, se levantó la moratoria y el gobierno de Cameron prometió ventajas fiscales a los municipios que acepten el fracking, al tiempo que busca habilitarlo incluso en áreas naturales protegidas. Otro escenario conflictivo es Rumania, donde no se respetó la moratoria y el gobierno concedió permisos de exploración a Chevron. En España la puja entre gobierno y resistencias sociales son muy importantes, pero la noticia más reciente proviene de Alemania, donde se aprobó una moratoria que frena el fracking por ocho años.

-¿Cuáles son las principales consecuencias ambientales y sociales?

-M.S: Los hidrocarburos no convencionales presentan mayores costes operativos, son más difíciles de extraer, más contaminantes y sus yacimientos presentan una vida útil inferior respecto tanto de los convencionales, como de otras energías, limpias y renovables. Los hidrocarburos no convencionales, entre ellos, el shale gas, se extraen a través de la fractura hidráulica o fracking, una metodología muy controvertida que consiste en inyectar agua, ácidos corrosivos y arena a miles de metros de profundidad, con la intención de producir microfracturas en la llamada “roca madre”, allí donde se fueron almacenando los fósiles desde épocas inmemoriales. La experiencia existente en Estados Unidos prueba que los impactos ambientales del fracking son graves y de corto plazo: contaminación de aguas subterráneas y superficiales con gas metano;activación de fallas geológicas que originan movimientos sísmicos, impacto sobre la salud de las personas y los animales.Asimismo, puede emitir incluso más gases de efecto invernadero que la explotación del carbón, potenciando el calentamiento global y la crisis climática.

-¿Cuál es el estado de las resistencias a la explotación en nuestro país y en la región?

-M.S: Las resistencias en las provincias están creciendo. La Patagonia es una de las regiones de expansión de colectivos asamblearios y multisectoriales, como sucede en la ciudades de Neuquén, Allen, Río Gallegos y Zapala. Las comunidades indígenas, a través de las representaciones zonales de la Confederación Mapuche del Neuquén, colocaron el tema en el marco de la memoria larga de la expoliación y de la contaminación de sus territorios. Pero al igual que con la megaminería, la lucha es local y muy asimétrica, lejos de las grandes urbes, que viven ajenas y desconectadas a esta gran problemática global. Por ejemplo, pocos argentinos saben que entre diciembre de 2012 y octubre de 2014, se sancionaron unas treinta y cinco ordenanzas municipales que prohíben el fracking en distintas localidades del país, que incluyen 6 provincias, con Entre Ríos y Buenos Aires a la cabeza, seguidas de Mendoza, Río Negro, Chubut y Neuquén.

-¿Qué alternativas energéticas -o hacia el cambio de la matriz energética- pueden pensarse en el escenario actual que combina crisis energética, recuperación parcial de YPF por parte del Estado y avances en la transnacionalización de la explotación del recurso?

-Pablo Bertinat: Sin dudas resolver el problema energético no es sencillo. Primero debemos admitir que no es solo un problema técnico sino que cruza dimensiones, políticas, sociales, económicas, ambientales, etc. Si nos referimos meramente a la cuestión técnica debiéramos abordar las posibilidades reales que tenemos de disminuir la dependencia de los combustibles fósiles (90% de las fuentes primarias en Argentina).

En este sentido un plan de emergencia debiera comprender como mínimo:
Un serio plan de eficiencia energética abordada de manera integral y no solo en algunos sectores. Esto podría bajar la utilización de energía en el país en un porcentaje relevante; un agresivo impulso de las fuentes renovables en el sector eléctrico que baje la demanda de combustibles fósiles para la generación. Estas dos medidas se encuentran en condiciones de rentabilidad convencional viables en la actualidad; un agresivo plan de disminución del consumo en el sector transporte racionalizando los usos, consumos y movimientos de mercancías. En este marco poseer una empresa en manos del Estado que pueda servir de insignia en estas políticas resulta esencial para un proceso de cambio. La condición pareciera ser que la empresa insignia deje de ser básicamente petrolera para ser una empresa de energía, en particular renovables.

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