Por Severino López | Fotos de Marcha

Hace una semana que en Banco Piano lxs trabajadorxs están en lucha. La entidad financiera pretende recortar derechos y no piensa en repartir sus ganancias a través de un bono que se le exige. O por lo menos eso creía. La Comisión Gremial Interna (CGI) se organizó y empezó a romper la monotonía de la City porteña. Con caretas de ratas, carteles con las caras de los directivos  responsables de decidir las cuestiones económicas y un parlante que suena durante todo el día, la lucha se visibiliza en la puerta de la Casa Central de la otrora Casa Piano.

“Acá estamos con los compañeros exigiendo que el Banco reconozca el esfuerzo de los trabajadores. No puede ser que con las ganancias millonarias que tienen pretendan que perdamos derechos. Es el aniversario número setenta y cinco de Banco Piano y no sólo que no nos quieren reconocer con un bono sino que pretenden que tampoco tengamos fiesta de fin de año anulando el presupuesto que se otorgó durante estos últimos tres años para tal fin”, explicó Mariano Martínez, Secretario General de la CGI.

La única respuesta de la entidad que dirige la familia Piano fue contundente: “Ya nos mandaron la policía dos veces por pegar unos carteles y por poner música. Se hicieron presentes los abogados del Banco y nos amenazaron de distintas formas. En el medio de todo llamaron a una escribana. Intentan amedrentarnos, que caigamos en la provocación, pero no lo van a lograr”, contó Martínez. Mientras el Secretario General de la CGI desarrollaba los hechos de la semana pasada, de fondo se escuchaba el tema Rata de dos Patas, de Paquita la del Barrio. En loop, una y otra vez, la música sólo se cortaba para darle lugar a la murga que improvisaban los delegados con un bombo y un par de redoblantes.

En San Martín 345, a metros de la Avenida Corrientes, la gente pasa, mira, se ríen, sacan fotos o filman algún video. No falta quien se acerque a dar palabras de aliento a quienes llevan adelante la medida. Desde hace una semana que la puerta de Banco Piano se convirtió en una atracción turística. Para que al Banco y sus accionistas les quede bien en claro de qué se les acusa, Paquita de fondo sentencia en sus prosas: “Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito”.

“Exigimos un bono por el 75 aniversario que este año cumplió la entidad, una canasta navideña para llevar a la mesa de nuestras familias y que no nos quiten el presupuesto que se otorgó durante los últimos fines de año para reuniones de equipos de trabajo”, aclara un volante que entregaban los y las trabajadoras a la gente que pasaba y apoyaba con una sonrisa cómplice. “Estamos hablando de un Banco, a ver si se entiende, no nos pueden decir que no tienen con qué pagar. La única respuesta que encontramos es que es una cuestión mezquina e ideológica, una cuestión de clase. Ganan millones y no reparten nada. El banquero cree que la fortuna que hace es gracias a sí mismo cuando somos los trabajadores los que ponemos el cuerpo todos los días”, cerró Martínez.

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Por Mario Hernández Foto: BAL[i]

En los últimos quince meses, ocho trabajadores/as del sector petrolero murieron en Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Según datos oficiales, de la Subsecretaria de Ambiente de la provincia, ente 2015 y 2018 se produjeron 3.368 accidentes en el sector de los hidrocarburos, de los cuales el 48 % (1.637 casos) ocurrió entre 2017 y 2018. En el período que va de enero a octubre del año pasado se registraron 934 incidentes. También ocurrieron accidentes ambientales.

Convenios colectivos a la medida de las petroleras

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, conducido por el senador nacional del MPN, Guillermo Pereyra, convalidó la modificación del Convenio Colectivo de Trabajo impulsada por el Gobierno nacional y las operadoras. El presidente Mauricio Macri prometió que las adendas (apéndices al contrato), solo en Vaca Muerta,  traerían “más inversiones” y la creación de “medio millón de puestos de trabajo”. Pereyra, por su parte, le garantizó la “paz social” al firmar un nuevo acuerdo que le impidiera a los trabajadores realizar huelgas, con el objetivo de proteger la “seguridad jurídica”.

Según datos oficiales del Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial, que depende la Secretaría de Trabajo,  entre diciembre de 2015 y 2017, se destruyeron en esa provincia 2.437  puestos de trabajo directos del sector de los hidrocarburos.  Luego, de acuerdo a lo convalidado por el propio sindicato,  fueron recontratados 1.400 trabajadores pero flexibilizados.

Lo que sucede en Vaca Muerta es la crónica de un accidente anunciado”, sostuvo Hernán Palermo,  director de la Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo e investigador del CONICET, “en Vaca Muerta ocurre un proceso de pauperización bestial de las condiciones objetivas de trabajo. Macri inauguró ese Convenio Colectivo entre 2016 y 2017 como el caso testigo para el resto de las ramas de la industria y si lo comparás con el resto de las actividades, hay cosas atroces: cuadrillas incompletas que pueden operar, trabajo nocturno, modificaciones en el trabajo en altura con fuertes ráfagas de viento.

El domingo de la semana pasada, Cristian Baeza, un joven de 34 años, cayó a un tanque de combustible de la empresa Pecom (Grupo Pérez Companc), que prestaba servicios para Tecpetrol, la firma del Grupo Techint. Su compañero, Maximiliano Zappia (24), intentó rescatarlo pero ambos murieron.

Tuvieron que suceder estas muertes para que el titular del sindicato, Guillermo Pereyra,  intentara una autocrítica y luego de una asamblea el viernes pasado el gremio decidió frenar las operaciones en Pecom hasta que se garanticen las medidas de seguridad. A través de un comunicado, el gremio señaló que “parar la planta de Tecpetrol no es una medida de fuerza sino de una revisión de la seguridad en la actividad”.

El paro del sindicato petrolero comenzó el lunes 13 de mayo,  incluyó la inspección sindical a las instalaciones de la empresa Tecpetrol. En la medida de fuerza también reclamaron la reducción de la jornada 10 por 5 y la eliminación de los campamentos a campo abierto y de los recorredores de los pozos. De acuerdo a lo informado por la agencia Mundo Gremial, las inspecciones continuarán por el resto de la cuenca.

César Poo (46) falleció el 4 de febrero de 2018, en Agua Salada, a pocos kilómetros de Catriel, cuando realizaba tareas en un equipo de perforación. El operario era parte del equipo de la empresa contratista Ensign, que brindaba servicios para la firma Tecpetrol.

Julio César Sánchez (37) murió el 22 de mayo del año pasado aplastado por una piedra cuando llevaba a cabo trabajos para el área El Mangrullo, como operario de la firma UGA, tercerizada por Pampa Energía.

En julio de 2018 perdió la vida Daniel Torres (26), luego de permanecer internado con severas quemaduras; realizaba trabajos para la firma Omega, en Añelo. Y en agosto murió Miguel Ángel Chocala Fernández (35), empleado de la empresa Nabors (Yacimiento de El Chañar).

Mauricio Segura (35) ingresó a trabajar por primera vez en el sector petrolero en agosto de 2018. Fue uno de los trabajadores que se incorporó al sector luego de los 2.400 despidos en la provincia, flexibilización mediante. Tres meses después murió.

Según Santiago Nogueira, diputado neuquino por Libres del Sur, “estas muertes son muy difíciles de disociarlas de la carrera alocada por reducir los costos de la actividad. La mayoría de los accidentes se produjeron entre los días 10 y 12 del régimen laboral de 14×7 (se trabaja dos semanas de corrido y se descansa una), que son los momentos en los cuales el trabajador está con menos atención, cansado, ya preocupado de volver a su hogar. Y esto tiene que ver con la adenda firmada para los no convencionales”.

La adenda al Convenio colectivo del sector incluyó la disminución de la cantidad de trabajadores por pozo y cuadrillas, las multitareas, una expresa limitación para realizar medidas de fuerza; se modificaron también las restricciones para trabajar en el montaje de torres cuando ocurrieran fuertes ráfagas de viento (hasta 60 kilómetros por hora). Al momento de firmarlo, las empresas petroleras estimaron un recorte del 40 % en sus “costos laborales”.

Asesinatos laborales

Brian trabajaba en una papelera. Sandra y Rubén trabajaban en una escuela. Martín trabajaba en el cableado eléctrico del ferrocarril. Nahuel, Cristian, Néstor, Rodrigo, Luciano, Jonatan, Carlos, Rodrigo y Salvador trabajaban en altamar. Trabajadores y trabajadoras que perdieron la vida por el simple hecho de ir a ganarse el pan de cada día. Sus nombres integran la lista de los 375 asesinatos laborales que se produjeron en la Argentina entre octubre de 2017 y septiembre de 2018. La realidad que se desprende de esa cifra es invisible para la mayoría de la sociedad: en el país muere una persona cada 20 horas por condiciones inseguras en su lugar de trabajo. Por eso se habla de asesinatos y no de accidentes laborales.

Para darle visibilidad a esta problemática, en diciembre pasado se presentó en Buenos Aires el primer “Informe Anual de Asesinatos Laborales en Argentina”, elaborado por el espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL). Allí confluyen familiares de víctimas, el Taller de Estudios Laborales (TEL), el colectivo de cine militante Silbando Bembas y diversas Comisiones internas y representantes gremiales “combativos” (delegados de la Línea 60 de colectivos, trabajadores del neumático pertenecientes al SUTNA, la Junta Interna de ATE en el INTA, Municipales de Avellaneda, docentes de SUTEBA Tigre, ferroviarios y bancarios, entre otros).

El informe fue elaborado a partir de datos publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y un relevamiento propio de testimonios directos y fuentes periodísticas. De las 375 muertes registradas en 12 meses (octubre 2017-septiembre 2018), el documento menciona que “la amplia mayoría de los/las trabajadores/as muertos/as eran personas jóvenes (entre 30 y 40 años)”. Además, “se conocen casos de personas mucho más jóvenes que fueron enviadas  por las jefaturas a realizar tareas muy peligrosas, sin la capacitación y los elementos necesarios”, con casos extremos en los que “su primer día de trabajo en una empresa fue el día de su muerte”.

Son todas muertes evitables provocadas por falta de medidas de seguridad por parte de las empresas o los organismos empleadores. Luego está la ausencia del Estado, tanto en el control como en la sanción a través de la Justicia. El tercer agravante es el rol de las burocracias sindicales, que actúan en complicidad con las patronales y el Estado al no levantar la voz cada vez que se pierde una vida en el trabajo.

Tomando en cuenta las ramas de actividad, los asesinatos laborales contabilizados corresponden a: Transporte (20%), Construcción (18%), Industria (12%), Agropecuaria (11%), Comercio (11%), Administración pública (10%), Servicios financieros (5%), Servicios (5%), Pesca (3%), Electricidad (2%), Minería (2%) y Otros (1%).

Desde BAL remarcaron especialmente que la información suministrada es parcial: solo se computaron los llamados “accidentes en el trabajo” (si se contemplaran los “accidentes in itinere” -en el viaje del hogar al trabajo y del trabajo al hogar- las cifras serían más abultadas) y solo se tomó en cuenta a la población con trabajo registrado (excluyendo a, por lo menos, un tercio de la clase trabajadora que cumple tareas de modo informal). En este laberinto de grises hay que agregar que muchas empresas y organismos tercerizan sus tareas (restringiendo derechos laborales) y que “sólo el 45,2% de los trabajadores y trabajadoras formales encuestadas” por la SRT manifestaron estar cubiertos por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

El informe también señala que “es llamativo que no exista prácticamente registro de las muertes por enfermedades profesionales (EP)” en el país, ya que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo las EP tienen una incidencia mucho mayor que los “accidentes” en los decesos. Puesto en perspectiva, el drama de los asesinatos laborales parece todavía mucho más grave de lo que reflejan las cifras oficiales.

[i] Basta de Asesinatos Laborales

Notas relacionadas:  

BASTA DE ASESINATOS LABORALES

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Después de PepsiCo, la transnacional Wallmart se sumó al plan de despidos masivos que promueve el gobierno para ejecutar la flexibilización laboral. Por ahora, más de 50 familias quedaron en la calle. El testimonio de trabajadores y trabajadoras con más de 15 años de antigüedad.

El imponente predio de Sarandí está vacío. Hay algunos autos sueltos en la playa de estacionamiento y solo se ven a dos o tres personas caminando hacia ningún lado. La postal, que difiere de la realidad cotidiana que se vive en el supermercado Wallmart, refleja un silencio inusual. No hay una muchedumbre cargando bolsas de consorcios, ni se ven un tumulto de gente en los accesos o las salidas. Hay un escaso, tenue movimiento. Es miércoles 28 de junio y los trabajadores y las trabajadoras mantienen el bloqueo en la puerta principal. Las cajas, cerradas. Las góndolas, intactas. Nadie entra, nadie sale. Los y las empleadas están ahí desde el lunes 26, cuando comenzaron a llegar los telegramas de despidos. En total, por ahora, son 50 familias en la calle.

“Esta pesadilla empezó cuando nos informaron que la empresa decidió despedir el 30 por ciento de la nomina actual de empleados. O sea 55 personas, de los 160 empleados que hay aproximadamente”, cuenta Marcelo Fernández, delegado del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda (SECLA). “La mayoría son sostén de familia y casi todos tienen más de 10 años de antigüedad”, agregó quien oficia de vocero mientras hace una permanencia en lugar junto a su pequeño hijo.

Ajuste profundo

El ajuste del gobierno de Mauricio Macri impacta diariamente en los rincones del conurbano, donde se siente la situación más crítica. En la provincia de Buenos Aires la desocupación trepó a un 11,8%, lo que representa 639.000 personas sin trabajo. Llamativamente, en vez de reconocer el flagelo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que la suba de la tasa de desempleo registrada por el Indec para el primer trimestre del año “es estacional”.

Las transnacionales radicadas en Argentina decodifican a la perfección las señales que salen desde Casa Rosada, que ejecuta despidos en el propio Estado y dispone paritarias por debajo de la inflación. Mientras repercute el caso más cercano por el cierre de la fábrica Pepsico, en Vicente López, que dejó a 600 personas en una situación desesperante, ahora un escenario similar se expone en la sucursal de Wallmart ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Buenos Aires-La Plata.

“Yo estaba en la parte de rotisería. Venía todos los días, cada mañana, y así durante 17 años. Toda una vida acá adentro”, contó Enrique, otro de los hombres que perdió su empleo, mientras encabeza una ronda de mates. Son varios, sentados en ronda, a la espera de una solución colectiva. “De repente, de la nada, nos dejaron afuera”, agrega Jesús, con 18 años en la empresa.

La firma, de origen norteamericano, envió los respectivos telegramas de despidos a los domicilios particular de los afectados. Si alguien no lo recibió en su hogar, fue notificado de manera personal cuando llegaron el martes a cumplir con su jornada.

Juan Quiroga, gerente de Relaciones Externas Walmart, argumentó la medida al señalar que “se trata de una decisión difícil, pero entendemos que esta decisión posibilitará conservar más fuentes de trabajo”.

Otro de los echados se llama Martín. Hace 10 años realiza tareas en Wallmart. Su pareja, desde hace 12. Se conocieron en el laburo, y ahí mismo se enamoraron. Desde hace un tiempo, viven juntos y sostienen un mismo hogar.

– ¿Vos hace 10 años laburas acá?

– Si

– ¿Y ahora te echaron?

– Me echaron

– ¿A vos y a tu pareja?

– Si, ella hace 12 años que labura acá.

– ¿Se conocieron acá?

– Si, hace 7 años estamos juntos.

– ¿Conviven?

– Si, si.

– O sea, empezaron a armar una vida juntos y…

– Y lamentablemente nos pasa esto.

– ¿Les llego el telegrama?

– Exactamente

– ¿Y ahora cómo la ven?

– Y lo vemos muy triste. Para nosotros y para nuestros compañeros y compañeras porque hay muchos que están en peores situaciones que nosotros.

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Desde tempranas horas del martes, trabajadoras y trabajadores de la vía pública del barrio de Once, fueron objeto de un operativo de desalojo con una violenta represión por parte de las fuerzas de inseguridad que representan al Estado.

Mercaderías confiscadas y el impedimento de trabajar. Feriantes, manteros y vendedores ambulantes se movilizaron para responder a los palos y ocuparon las calles para reclamar por su derecho al trabajo. También fueron reprimidos trabajadores y trabajadoras de los medios de prensa, que cubrían la noticia.

Hace casi un año, trabajadores y trabajadoras de la vía pública fueron desalojados y reprimidos en la calle Avellaneda, del barrio de Flores. Con promesas de relocalización que nunca se cumplieron, estas personas aún esperan una solución por parte del gobierno ciudadano. Una estrategia de gran contenido mediático que estigmatiza a estos trabajadores pobres, que sostienen la economía popular, por fuera de toda formalidad. En su gran mayoría comercializan mercaderías que responden a una producción industrial, de la cual ellos son el último eslabón. Sin embargo el sentido común instala la responsabilidad en el comercio hormiga, informal, que sostiene esas producciones industriales cuyo beneficio va a parar al bolsillo de los empresarios, que ni siquiera son sospechados por este accionar, que evade impuestos a gran escala, que no declara sus ingresos y que implica una red de comercialización informal, una mafia, que lucra no solo con el hambre de las clases populares, sino también con otro modo de subsistencia.

Medios masivos serviles

Mientras tanto los medios masivos se ocupan de legitimar los argumentos, esgrimidos por el Gobierno de la Ciudad con ayuda de los comerciantes, que culpabilizan a estos trabajadores de la economía popular porque ocupan el espacio público, no pagan impuestos, no tienen autorización para trabajar y son parte de una mafia. Todo ello los hace responsables de la falta de ventas en los comercios de la zona. Una construcción discursiva que oculta el beneficio para los grandes empresarios textiles, que alimentan circuitos de informalidad para comercializar y a la vez invisibiliza la responsabilidad que tienen las actuales políticas económicas en la disminución del consumo, que los afecta.

Al mismo tiempo

Un operativo ejecutado en defensa del espacio público e instrumentado brutalmente por la Policía de la Ciudad golpeó a mujeres, jóvenes y persiguió incluso a trabajadores discapacitados cuyo único modo de ganarse la vida es la venta callejera. Curiosamente no interviene el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta que los perseguidos son trabajadoras y trabajadores en condiciones de gran vulnerabilidad social. Poco antes de finalizar el año el gobierno nacional junto con el Congreso Nacional reconoció la Emergencia Social por la situación de los sectores más frágiles de la sociedad.

Al mismo tiempo que se reprimen a los trabajadores más informales, se ejecuta otra operación discursiva desde las políticas del gobierno nacional. La flexibilización laboral está en marcha. Esa que fuera anunciada desde el minuto cero de este gobierno, cuando desde el diario La Nación se anunciaba que era alto el costo laboral argentino. El Secretario de Empleo y ex directivo de Techint, Miguel Ángel Ponte, enunció esta semana que “la posibilidad de entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia” a lo que agregó que es como “comer y descomer” con una metáfora alimenticia de dudosa veracidad, para alguien que no debe haber tenido dificultades para acceder a la ingesta diaria. El funcionario hacía alusión a la implementación de pasantías laborales favorecidas desde la cartera laboral, lo que en la práctica implica la flexibilización del mercado laboral, cuyos salarios van a la baja. Esto se acompaña de políticas de Estado que buscan reducir los aportes y contribuciones patronales que sostienen el sistema previsional. Es decir favorecen una vez más a los grandes grupos económicos.

Al mismo tiempo los diarios titulan “Macri firma convenio de Vaca Muerta y logra la primera flexibilización laboral” (El Cronista). Un acuerdo que suscribe el presidente Mauricio Macri y sus ministros con el acuerdo del secretario general del Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquen y La Pampa, Guillermo Pereyra y su par de los petroleros jerárquicos, Manuel Arévalo. La flexibilización laboral con la complicidad escandalosa de los representantes de las y los trabajadores que benefician a las petroleras.

Al mismo tiempo, se implementa la complicidad del aparato judicial, que a través de uno de sus jueces acaba de deportar a un joven con la hipótesis de implicación en un asesinato, que aún no ha llegado a juicio, contrariando la presunción de inocencia que consagra nuestro derecho.

¿Qué relación tiene esto con los vendedores desalojados?

Mientras los medios, cómplices históricos, ponen el foco en perseguir a las personas que buscan un miserable sustento diario, con extensas jornadas laborales soportando las inclemencias climáticas, se oculta que no parece haber otra posibilidad de alcanzar otro modo de ganarse la vida. Emergencia social, creciente desocupación, junto con la flexibilización laboral muestran el trazado de un ajuste que está en marcha, un ajuste feroz para una gran mayoría, que solo cierra con represión. Así también lo muestran los episodios que están sucediendo en nuestra Patagonia, donde se instrumenta la represión de estado para permitir la entregan de territorios y cursos de agua que benefician a grandes grupos económicos

La sociedad busca un chivo expiatorio, alguien a quien responsabilizar por sus males. En general estas hipótesis se dirigen a la representación del extranjero, el negro, el pobre, los jóvenes, es decir el diferente, que se convierte en una amenaza. Un discurso legitimado desde las usinas del pensamiento más xenófobo, tal como lo expresa de manera brutal el discurso de Trump y que cotidianamente circula en el sentido común más instalado: inmigrantes, extranjeros, de otras religiones, una amenaza a la integridad de los estados nacionales. Un discurso que se dirige a encontrar siempre un culpable en el más débil.

La cuestión de las y los vendedores callejeros aún no encuentra solución, la de la entrega de nuestros intereses soberanos a los grandes grupos económicos tampoco, pero mientras tanto el pueblo se organiza, se moviliza y lucha. “Para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino” tal es lo que consagra nuestra Constitución Nacional, al mismo tiempo en su artículo 14 bis garantiza el derecho al trabajo.

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