Texto y fotos por Fernando Munguía Galeana* 

La historia de las sublevaciones populares está plagada de expresiones de violencia colectiva, de formas múltiples e incendiarias de hartazgo e indignación que han implicado destrucción, motín, subversión; revueltas, rebeliones, revoluciones arrancaron todas con episodios de este tipo. Con la violencia como clave analítica, también se puede contar la historia de los grupos dominantes, quienes, por la fuerza, la coerción y la expropiación de la riqueza y de la vida han dado forma a las injusticias pasadas y presentes: conquistas, colonizaciones, totalitarismos, golpes de Estado, contrainsurgencia, paramilitarismo.

De algunas décadas para acá, sin embargo, el discurso de la protesta pacífica ha ganado terreno hasta convertirse en la narrativa por excelencia de los ideales políticos de ciertas formas de izquierda que reconocen el valor de la disputa de intereses y posturas ideológicas a través de los marcos institucionales pues, en su consideración, éstos reflejan la larga marcha de las conquistas sociales que les anteceden. También, porque consideran que las experiencias de terrorismo y criminalización del Estado durante el pasado reciente contra las organizaciones populares permanecen latentes como recursos entre las élites y resultaría un error estratégico activarlo en un contexto, en el cual, insisten, la aspiración de la consolidación democrática parece cada vez más cercana.

En el campo político mexicano, las manifestaciones masivas contra el fraude electoral del año 2006 marcaron un quiebre significativo en este sentido. Cuando en los mítines posteriores a la elección presidencial se hizo el énfasis en que las protestas contra la imposición se tendrían que conducir por el cauce civil y pacífico, no se expresaba en solitario la postura del líder, sino que se proponía el programa de un movimiento, heterogéneo y contradictorio, que acabaría por traducirse en la lógica general de su configuración y despliegue pero que, desde entonces, también fue motivo de invisibilización de otras expresiones políticas. Dos sexenios después, se podría sugerir, los fines quizá hayan justificado los medios para ellos pero no necesariamente para otras formas de resistencia, para otros tipos de subjetividades cuya trayectoria se aparta de la razón estatal, que combaten desde múltiples espacios porque están constantemente sediadas por las diversas violencias irradiadas desde aquélla.

Planteada así, esta narrativa de la naturalización de la protesta pacífica resulta apenas prudente para analizar ciertas formas de manifestaciones políticas, inscritas en un contexto convulsionado de experiencias de disputa política, pero en absoluto alcanza para convertirse en el criterio de validación o legitimación de todas las manifestaciones actuales en el país. No nos sirve, por ejemplo, para comprender porqué pueblos y comunidades enteras se organizan para tomar en sus propias manos las funciones de protección y seguridad que las autoridades locales, estatales y nacional dejaron de cumplir, ya sea por quedar desbordadas ante la magnitud de los fenómenos de violencia, bien por la corrupción y complicidad con el crimen organizado que roba sus recursos, que mata a sus líderes, que secuestra a sus niños y a sus mujeres, que termina, finalmente, por imponer su ley.

Uno de los elementos más críticos de este fenómeno es que tiende a convertirse, por su reiterabilidad discursiva y práctica, en un dispositivo de control funcional tanto para los gobiernos que asumen, como máxima de su existencia, la defensa del Estado de derecho, como para los grupos dominantes preocupados por la maximización de sus ganancias y la salvaguarda de su propiedad. También para los medios privados de comunicación cuyos intereses oscilan entre aquellos dos pero que sustentan agendas y promueven prerrogativas propias.

Desde dichas plataformas, este dispositivo de control, en el que se convierte esta forma de naturalización, alcanza a diversos sectores de la población que concentran su atención en los efectos superficiales de las protestas no pacíficas: caos, desorden, destrucción, y se aprestan a reproducir un contenido moral que distingue entre lo bueno y lo malo según los cánones previamente impuestos.

El pasado 3 de agosto una adolescente de 17 años denunció haber sido violada por cuatro policías, dentro de una patrulla, en la alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. La noticia fue difundida en las redes sociales y se viralizó rápidamente entre diversos grupos feministas. A través de esos espacios y por la iniciativa de esas organizaciones, se convocó, mediante el hashtag #NoMeCuidanMeViolan, a una protesta que llegaría a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia, el día lunes 12.

El objetivo de la manifestación era la denuncia urgente de la agresión de la policía mediante diversas formas de protesta, mismas que fueron señaladas por la jefa de Gobierno de la ciudad como “una provocación”, ante la que enfatizó que no responderían pues “lo que buscaban era que el gobierno saliera de manera violenta”. En múltiples ocasiones, en la presentación que hizo de la postura gubernamental ente los medios -quienes a su vez reprodujeron esa versión, allí y hasta los días recientes-, y dirigiéndose a la “opinión pública”, reiteró que no se había tratado de una protesta, sino de una provocación, porque “conocemos por la historia de nuestra vida, por lo que hemos sido, cuando son protestas sociales; aquí en realidad fue una provocación y, nosotros, repito, no vamos a responder a las provocaciones”. En cambio, como cauce legítimo de la actuación institucional, advirtió que se iniciaría con la investigación sobre esos actos que, cabe enfatizar, en su consideración no calificaban como protesta, para deslindar las responsabilidades por los daños a las instalaciones y “las agresiones” a los funcionarios.

Una de dichas “agresiones”, el rocío, en ropa y cabello, de diamantina al secretario de seguridad ciudadana, quien dijo no presentaría cargos por “la agresión” dado que “entiendo perfectamente la causa que motivó la movilización y como estamos perfectamente alineados con esa causa”, causó reacciones inmediatas en redes sociales que minimizaban el acto en la medida en que, se decía, resultaba un sinsentido que no abonaba a la búsqueda de justicia. En los días siguientes, fue filtrado el expediente de la investigación, se difundieron videos de cámaras de vigilancia privadas que deberían hacer parte de ésta, se dijo de manera tendenciosa que la joven había ingerido alguna droga y, además, se supo que el Ministerio Público no realizó con oportunidad las pruebas genéticas de la agresión sexual denunciada por la joven.

Este viernes 16, nuevamente colectivos y organizaciones feministas llamaron a otra manifestación en la Glorieta de los Insurgentes para responder al señalamiento del gobierno de los actos anteriores como provocación y para seguir con la lucha contra la violencia policíaca recurriendo al uso de la diamantina como elemento de identificación y símbolo de resistencia.

A la cita acudieron cientos de mujeres encapuchadas, algunas con medio rostro cubierto con pañuelos verdes, otras más portando pancartas, gritando consignas contra la violencia de género, el Estado patriarcal, el machismo, la violencia policíaca y gubernamental. El repertorio de la protesta también incluyó cristales rotos, instalaciones del metrobus dañadas, autos, motocicletas, muros y monumentos intervenidos con pintura en aerosol. Y, con efecto inmediato, otra vez se escucharon voces normativas de consternación por el vandalismo, por la violencia sin sentido, por lo improductivo de sus prácticas, por la carencia de un programa de lucha y la constante cerrazón de los medios para que la lucha del feminismo pueda, algún día, triunfar.

En México la violencia se ha generalizado hasta naturalizarse y, la violencia machista no es la excepción. En este país cada dos horas y media una mujer es víctima de este tipo de violencia y, por lo menos hasta los primeros cuatro meses de este año se tenía el registro de 1.199 feminicidios. Esos crímenes, en un numero muy significativo, son cometidos por varones cercanos a la víctima y cada vez más por grupos que tienen entre sus actividades delictivas el objetivo particular del secuestro, trata y asesinato de mujeres.

¿Cómo debería de ser una protesta que denuncie y se oponga a esta realidad?; ¿qué medios, recursos o repertorios pudieran ser válidos para ello, cuando la amenaza y el riesgo de desaparecer, morir, ser violentadas emocional, económica o sexualmente es permanente?; ¿a qué tipo de moralidad o buenas prácticas puede recurrirse?; ¿qué autoridad ha demostrado ser eficiente en su atención?

Si las caras de la violencia son múltiples, incluyendo la histórica violencia institucionalizada del Estado, no menos puede constatarse de las formas de la protesta. No hace falta invocar los tiempos pasados o recientes del pacifismo, de la lucha organizada, programática o etapista para señalar, minimizando, que ciertas formas de radicalización del feminismo están destinadas al fracaso porque con ello resultan incapaces de articular a otras expresiones de resistencia. Igual que sucede con otros movimientos y subjetivaciones políticas, el feminismo es plural y ninguna de sus conquistas ha sido alcanzada sin luchar desde distintas trincheras.

Estas manifestaciones actuales, por el contrario, pudieran estar advirtiendo otros signos; que ha llegado el momento para que las mareas verdes y los cielos de diamantina morados logren teñir un nuevo horizonte de transformación. Para algunos, quizá, las formas pudieran no ser las ideales; para la mayoría, la realidad, bien podría ser inaceptable.

 
*Sociólogo. Profesor de la FCPyS-UNAM

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Las provocadoras 

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Por Fernando Munguía Galeana[1] Foto: Archivo Web

El 1º de julio de 2018 más de 30 de millones de votantes decidieron la elección por la presidencia de la República a favor del candidato del Movimiento Regeneración Nacional y, con ello, se puso fin al continuismo del régimen dominante. De entonces a la fecha, en particular desde la toma de posesión del gobierno morenista en diciembre pasado, diversos claroscuros han surcado la política nacional, generando críticas y oposiciones no ya de quienes históricamente detentaron espacios de poder económico, político y aun cultural que claramente siguen usando sus inagotables recursos para intentar desestabilizar con poco éxito hasta ahora, sino incluso entre quienes desde tiempo atrás expresaron su simpatía y preferencia por Andrés Manuel López Obrador y de otros tantos que desde una postura no institucional valoraban, entre un pesimismo inteligente y cierta voluntad optimista, los aires de cambio por venir.

Es ese último grupo que, ubicado en el campo amplio y potencialmente irreductible de la izquierda mexicana, el que me interesa relevar en estas líneas pues siguen siendo esas organizaciones y sujetos populares los que, surgidos de una prolongada lucha por la democracia, podrán dotar de un sentido específico a las tendencias de transformación en curso.

Crisis de la democracia conservadora.

Los casi cuarenta años de reformas e intentos de apertura incipiente del sistema político mexicano que antecedieron a la alternancia partidista del año 2000, se entienden no solo por la inexistencia de proyectos partidistas sólidos o por la insuficiencia de espacios de participación política ciudadana. El transformismo arraigado y reproducido por la clase política dominante desde entonces se cifró como un dispositivo de control con el que lograron imponerse a las conquistas de las clases trabajadoras, desmanteladas y expulsadas del campo político.

La forma de la democracia representativa que se instaló en ese contexto venía ya con la impronta de la ortodoxia liberal como canon único de participación y, con aquella operación previa de anulación de lo popular, le fue relativamente fácil barrer con los proyectos de transformación colectivos que habían sido gestados por largo tiempo por los movimientos de trabajadores, de estudiantes, de campesinos y de pobladores urbanos durante las décadas precedentes.

Cuando a finales de 1970 se comenzó con la reforma política y en los años siguientes se dio cabida a diversos partidos de oposición, para luego institucionalizarse con el IFE (habría que recordar que el IFE, ahora INE, se funda en 1990), el tablero estaba ya condicionado por la máxima de la competencia electoral y la atomización de los colectivos populares en votantes; el discurso liberal de la ciudadanía y de la sociedad civil tomó el lugar del conflicto de clase, de las mediaciones de los sindicatos y de las luchas de los movimientos. Convertidos en ciudadanos consumidores de propaganda electoral antes que, en miembros de una comunidad política, la historia de disputas y contradicciones parecía ya no tener cabida y la memoria subalterna dejar su lugar a la diversidad ficticia del presentismo. Ir a votar, en ese contexto, se convirtió en lo que las derechas conservadoras y reaccionarias querían que fuera: un impulso individual, desconectado de las matrices de articulación y disputa colectiva.

En el arco temporal que va del cardenismo a finales de la década de 1970, las experiencias de los sectores populares y las izquierdas fueron proyectadas desde múltiples matrices ideológicas y sus prácticas y formas organizativas cubrieron un amplio repertorio de acciones que configuraron una cultura política en la que la izquierda se fundió con lo popular y que resultó fundamental para identificar, denunciar y luchar contra los mecanismos de dominación y represión así como frente a los límites del reformismo hegemónico instalado en el aparato de Estado. Antes y después del movimiento estudiantil y popular de 1968, las izquierdas organizadas en movimientos, partidos, sindicatos, colectivos, células guerrilleras, entre otros, fueron capaces de dar impulso y materializar diversas demandas de los sectores subalternos y, en escalas disímiles, plantear desafíos radicales al sistema político mexicano, anclado en el autoritarismo presidencialista y el corporativismo como formas de dominación y de desactivación del conflicto.

De aquéllas formas de lucha, variadas y complejas en sus aberturas, fisuras y articulaciones se desprende también la insurgencia del neozapatismo en 1994, que combinó de manera inédita la experiencia histórica de las comunidades indias rebeldes del sureste con elementos organizativos y programáticos de ciertas expresiones ideológicas del comunismo y del socialismo del los sesentas y setentas pero articuladas con prácticas y expresiones organizativas que, en el turbio mar del neoliberalismo salvaje, han sido desde entonces una matriz interminable de politización para las generaciones jóvenes desde el fin de siglo y hasta la actualidad, que han estado presentes en diversas luchas, como la huelga estudiantil de la UNAM y las movilizaciones populares de la APPO y Atenco, entre otras, y aún como estímulo y acervo de aprendizajes constantes, actualizados por activistas y organizaciones populares, como se ha dejado ver en las pasadas coyunturas electorales, de 2012 y 2018 y que perviven entre los grupos y colectivos que hoy luchan por la defensa de los recursos naturales y en contra de los proyectos de construcción de infraestructura predatoria; entre quienes siguen bregando por la justicia y la búsqueda de los miles de desaparecidos; o quienes disputan espacios de defensa de derechos laborales y formas dignas de trabajo no precarizado.

Apertura de horizontes populares.

Con esta configuración sociohistórica, vale replantearse entonces el sentido de las disputas políticas por la democracia e interrogarnos si luego del pasado 1º de julio de 2018, un año ya de aquel acontecimiento histórico de ruptura, estamos efectivamente en condiciones de asistir a la cuarta transformación de México, como afirma reiteradamente el gobierno actual.

Como un elemento no menor en esa reflexión, hay que reconocer que el contexto de la disputa política ha cambiado de manera sustantiva, al menos como posibilidad de despliegue de alternativas desde el campo popular. Pero, al mismo tiempo, hay que enfatizar que esta modificación en la correlación de fuerzas se debe fundamentalmente a la acumulación de experiencias y al tejido, muchas veces subterráneo, de prácticas de resistencia de múltiples organizaciones, responsables de la apertura de horizontes de transformación, más que en la capacidad articuladora de un partido y menos de un líder en específico.

En este sentido los claroscuros del programa de gobierno impulsado en estos breves siete meses no pueden pasarse por alto, no para indicar las falencias o errores, mismos que en verdad no pueden valorarse aún con todas sus implicaciones, sino para tratar de encontrar las asintonías con las otras formas de disputa política y las organizaciones que las impulsan.

Lo más visible de dicho programa está en los cambios institucionales, no menores, que promueve desde la lógica de la administración con un sentido social, como es el combate a la corrupción y el despilfarro de recursos públicos. Si bien esta propuesta está orientada a desmontar una estructura férreamente construida durante el ciclo anterior y que dio pie a diversos mecanismos prebendales y de reproducción de privilegios, lo cierto es que las formas en cómo se han impulsado las primeras medidas no abonaron en claridad ni en efectividad en tanto generaron afectaciones puntuales a trabajadores largamente precarizados, tal como ocurrió con las prácticas de recorte y redireccionamiento de inversión en ciencia y tecnología, mismas que detonaron la preocupación y diversas críticas de las comunidades académicas del país.

Otro caso es el de la búsqueda del fortalecimiento de mecanismos redistributivos a través de la construcción de infraestructura, la activación de la producción y del mercado interno; por ejemplo, con los proyectos del Tren Maya en la Península de Yucatán, el corredor Transístmico, entre los estados de Oaxaca y Veracruz, que busca conectar los océanos Pacífico y Atlántico o, bien la construcción de una séptima refinería de petróleo en Dos Bocas, Tabasco. En este ámbito, las críticas fundamentales a dichas estrategias de crecimiento económico provienen de las propias comunidades campesinas y pueblos originarios pues afectan sus prácticas sociales y su capacidad de reproducción material y simbólica, constantemente asediadas por los intereses del capital privado hasta cobrarles la vida, como ocurrió con Samir Flores comunero en Morelos, opositor a la termoeléctrica y el gasoducto del Proyecto Integral Morelos (PIM), en Huexca, asesinado el 20 de febrero. Samir ha sido otro de los ya más de quince defensores ambientales asesinados este año.

Desde dos puntos disímiles de la cartografía política, con recursos y repertorios de acción también distintos, estos dos ejemplos convocan a pensar, por tanto, en las múltiples expresiones que asume el conflicto sociopolítico en México actualmente. Más aun, en no olvidar que son esas y otras fuerzas y sujetos populares, quienes constituyen las expresiones concretas de la constelación histórica y actual de las izquierdas mexicanas y del proceso de acumulación de experiencia y politización de los sectores medios y populares que, ahora, ante la apertura de un ciclo inédito, podrían ser fundamentales en la construcción de una sociedad y estatalidad democrática.

Es por ello que las polifonías clasistas de la resistencia, que se engarzan con las largas luchas por la democracia, permiten plantear que la crisis del Estado ampliado y el prolongado ciclo de subalternidad impuestas por el neoliberalismo y el transformismo democratista comienzan a expresar sus límites y a emerger los actores que habían permanecido bajo la égida de sus formas de dominación: trabajadores y trabajadoras, estudiantes, pueblos indios, pobladores y campesinos, sectores medios precarizados, movimientos y organizaciones feministas y Lgbtttiq+.

Quizá sea cierto ánimo utópico, en todo caso el mismo ánimo que se proyecta históricamente en todo proceso de rebeldía o insubordinación y que lleva a imaginar un futuro distinto, el que hace sugerir que un año atrás algo profundo cambió y que ahí comenzó una forma de transformación que trasciende el ánimo hegemonista actual. Fue un acto de dignidad, de oposición al continuismo y una apuesta por la sobrevivencia que desborda a las instituciones, de una transformación que no lleva prefijo numérico alguno (sabemos que no es la primera, pero seguramente tampoco será la cuarta), porque no atiende a una cronología específica, que no deja ser también cierta forma de teleología; ésta se ubicaría más cerca de aquellas imágenes de estallido, de irrupción intempestiva en la historia subalterna que toma formas específicas según coyunturas puntales.

En el contexto de un presente agónico, con el pasado aciago que llevamos a cuestas y frente a un futuro incierto, la alternativa de apertura de un horizonte popular no deja de estar cruzado por aquellas potencias plebeyas, comunitarias, ciudadanas; creativas y radicales que efectivamente habitan entre las izquierdas mexicanas. Como suele ser de obstinada la historia, esta transformación tomará más de un sexenio pero, de hecho, había empezado ya desde antes que éste iniciara.

[1] Sociólogo mexicano. Profesor del Centro de Estudios Sociológicos, FCPyS, UNAM.
*Fé de erratas: Por desprolijidades propias del medio en la edición del texto original volvemos a publicar la nota corregida con título “México: desbordar la cronología, tejer desde lo subterráneo” de la fecha 01/07/2019

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Mientras la ola neoliberal avanza en toda la región, un gobierno progresista en México genera expectativas y varios interrogantes. ¿Es posible un verdadero ciclo democratizador? ¿O el futuro está por fuera de las instituciones?

La historia reciente mexicana (término polémico pero que indica un vínculo de proximidad), tanto cronológica como vivencialmente, entre el pasado y el presente, puede ser considerada como la historia de la lucha por la democracia. Ya sea si ubicamos el punto de fuga en 1968, en 1988, en 1994 o bien en 2000-2006, las distintas aproximaciones posibles se mueven entre contextos y actores, demandas y formas organizativas diferentes. Pero en todos los casos es la democracia la que aparece en disputa.

A contrapelo de las ideas que sugieren que la democracia debe ser “des-adjetivada”, o que mientras más neutral de intereses específicos se mantenga es más plural y universal, las diversas experiencias de lucha que aquellos ejemplos nos recuerdan es que siempre hubo intereses puntuales por los cuales disputar y, desde esas plataformas, ponerle adjetivos y llenar de verbos específicos la posible trayectoria de las expresiones colectivas.

Así, el arco de tiempo de estas décadas recientes enmarca una serie de procesos disímiles y diversos en los que en ocasiones han confluido las izquierdas mexicanas actuales. Se han marcado también los ascensos, reflujos y ciclos completos de emergencia y desaparición de sus matrices ideológicas. En la mediana duración, los poco más de 50 años que nos separan del movimiento estudiantil de 1968, abrieron quizá la que fue la disputa más abarcativa y, al mismo tiempo, condicionada por su contexto histórico: desde la espontaneidad y júbilo juvenil, aquel movimiento no solamente fue capaz de exponer con brillantez las necesidades de un sector de la sociedad mexicana, sino que interpelaron a diversos grupos, organizaciones y clases sociales que en aquel ilusorio cuadro de desarrollo estabilizador y del milagro mexicano ya decadente, eran conscientes de la precariedad y del autoritarismo del partido de Estado y del presidencialismo priísta.

Ese puntapié de democratización popular, con jaloneos y contradicciones, es el que cobró después una expresión institucional en 1988, cuando diversas organizaciones partidistas y populares se sumaron a la candidatura presidencial de un grupo disidente del priísmo, pero cuya manifestación masiva no es compresible si, justamente, se desarraiga de la impronta de la lucha armada insurreccional y de aquellos partidos que de largo tiempo atrás habían tenido como horizonte ideológico al socialismo o al comunismo. Es decir, la democracia electoral no fue necesariamente parida por la burocracia; fue, antes bien, una crítica a cierta forma burocrática y reformista con la que las clases dirigentes habían subsumido las expresiones anteriores, tratando de despolitizar los discursos radicales de transformación que emanaron de aquellas.

Lo que sí puede sugerirse que sucedió a partir de aquellas elecciones que terminaron en fraude y marcaron el inicio de una democracia restringida, es que las fuerzas de izquierda institucionales cada vez participaron más de las prácticas y discursos impuestos por la ya tecnocracia dominante en el aparato estatal y menos de las todavía diversas expresiones movimientistas que surgían de los sectores subalternos.

Ahí radica una de las crisis más agudas y que hasta ahora marcan buena parte de las escisiones, posibilidades y límites para imaginar un nuevo ciclo democrático popular que, desde la diversidad realmente existente de los actores y proyectos, logre también disputar la hegemonía y dominio neoliberal todavía reinante en México.

Es por ello que aquel 1º de enero de 1994, cuando entre los poderosos seguía la celebración por un nuevo pacto (TLCAN) que acabaría por encumbrarlos en la modernidad, dejando al resto de la sociedad mexicana en la pobreza total, un grupo de indígenas del “estado suroriental de Chiapas”, armados la mayoría con fusiles en desuso, algunos tallados en madera, y cubiertos con pasamontañas negros y paliacates rojos, declararon la guerra al Estado. Su llamado cimbró al país entero y, aún más, retumbó en diversas latitudes porque indicaban, otra vez, la necia capacidad de los indios, de lxs desposeídxs y, en fin, de todxs lxs marginadxs de disputar y de imaginar otro mundo, otra sociedad; también otra forma productiva y asociativa.

En medio de la abrumadora imposición del discurso del fin de la historia y de la supuesta inevitabilidad del neoliberalismo, que también tuvo sus ecos en tierra mexicana, ellxs salieron de “la larga noche de los 500 años” para denunciar, a su modo y por sus motivos, el autoritarismo, la represión, la indiferencia y la explotación que otrxs, como lxs de 68, lxs de los setentas y lxs del 88, habían reclamado al gobierno federal. Su trayectoria, ahora ya de 25 años, no puede menos que resultar fundamental para dimensionar la importancia y, también, la carencia de democracia participativa, horizontal o popular. Lxs zapatistas, lo recordamos, intentaron transformar el mundo tomando el poder, invocando a la Constitución y convocando a una insurrección social que derrocara al gobierno federal; después, buscaron que el gobierno de la alternancia reconociera los derechos de los pueblos indígenas expresados en los Acuerdos de San Andrés, cuando realizaron la Marcha del Color de la Tierra. Ante las traiciones y desprecio del gobierno y de la clase política toda, pero también de las masacres y asesinatos selectivos que sufrieron, se volcaron a un ejercicio de autonomía que es la muestra fehaciente de que, como dicen, otro mundo es posible.

El debate que en los días más inmediatos resurge entre simpatizantes y militantes del EZLN y del partido gobernante MORENA, a propósito de la oposición frontal del EZ a los planes desarrollistas del gobierno actual, es sintomático de aquella crisis señalada entre dos formas, probablemente las dos más expresivas e importantes, en cómo las izquierdas nacionales se han posicionado frente al proyecto democratizador por construir. Más allá de la altisonancia que han alcanzado las diatribas de ambos bandos, lo cierto es que en el fondo hay muchas apuestas y posibilidades vitales que habría que repensar y debatir hasta sus últimas consecuencias, porque efectivamente estamos ante la apertura de un ciclo que, puesto en contraste con el giro regresivo y autoritario en América Latina, puede resultar también crítico para México.

No se puede minimizar, como parece hacerse en las arengas tuiteras o feisbukeras, las conquistas parciales de cada una de esas formas de organización política y de disputa por la democracia. Está claro que lxs zapatistas y las organizaciones adherentes a las experiencias autonómicas han orientado su práctica lejos de los clivajes institucionales, de la representación formal y de la participación electoral; en ese andar, han encontrado coherencia y, desde ahí, también han sido portadores y portadoras del anticapitalismo actual. En otro punto de la cartografía política, no solo están AMLO y Morena, sino millones de ciudadanos y ciudadanas que teniendo como único horizonte de experiencia la precariedad y la violencia durante las décadas anteriores, han optado por una alternativa que apunta en otra dirección. Es cierto que sus contradicciones son muchas y que la crítica debe ser la guía de un proyecto que aspira a ser hegemónico, pero en todo caso, eso bien podría ser una nueva clave para la búsqueda de articulación entre las y los subalternos, porque lo cierto es que lejos de haber alcanzado la unificación, en ninguno de los dos formatos organizativos, todavía seguimos en una “situación de alarma defensiva”.

*Sociólogo mexicano. Profesor en la FCPyS, UNAM.

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A una semana de la toma posesión del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Amlo). ¿Será posible una nueva transformación en México?

Si bien el ambiente sociopolítico que se vive en el país no parece atravesar por un periodo de convulsión, tampoco puede decirse que se encuentre en tersa calma.

Desde los meses y semanas previas al pasado 1 de diciembre, las fuerzas de la derecha han intentado mover sus piezas buscando, aun sea de forma banal y hasta caricaturesca, infringir algún daño al gobierno entrante. El peligro, sin embargo, es latente pues, aunque el viejo fantasma del populismo usado sistemáticamente a partir de las elecciones de 2006 parece haber quedado disipado de su arsenal ideológico, la fuerza popular que se gesta desde la base heterogénea que da soporte al gobierno entrante es la potencia que despierta los temores de las élites políticas, económicas y hasta intelectuales.

Las reacciones son variadas en sus formas y apuntan hacia puntos también dispersos en la cartografía política. Desde las denominadas “marchas fifí” -apelativo dado debido a la composición clasemediera y alto del sector convocante-, hasta las interminables intervenciones mediáticas, expuestas por la rancia intelligentisia comentocrática, que cotidianamente reiteran las incongruencias, insuficiencias y errores de la administración actual.

El debate, empero, sobre las formas visibles y los contenidos aparentes, en la medida en que todavía no pueden evaluarse con detenimiento todas sus expresiones, de las propuestas que el gobierno ya ha comenzado a impulsar, es ineludible para dimensionar los alcances que puede tener y, también, las posibilidades que se pueden abrir para hacer de este proceso algo más que una fase de transformismo.

En su discurso de toma de posesión, López Obrador hizo mención de algunos de los principales derroteros que seguirá su gobierno. Allí, frente a los diputados y senadores, dirigió su primer mensaje a la nación como presidente, en el que realizó una de las más mordaces críticas que se puedan recordar, en esa plataforma, al sistema político y al modelo económico neoliberal, señalando también los saldos sociales que la crisis prolongada por la que ha atravesado el país ha dejado para la sociedad. La anterior, en ese mismo lugar, pero desde otro registro discursivo, fue seguramente la que hicieran las y los delegados del EZLN en el año 2001, después de haber recorrido el país en la Marcha del color de la tierra, con la que las comunidades zapatistas en resistencia buscaban el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y que mereció el desprecio unísono de la clase política dominante en ese momento.

Vale la pena, entonces, detenerse en algunas de las dimensiones y problemas que puntualizó ese día, para ordenar las coordenadas que esta cuarta transformación que ahora inicia puede seguir, pero también para señalar algunas de las encrucijadas que parece tendrá que enfrentar. López Obrador acierta en distinguir como fundamento de la ineficiencia de las instituciones políticas del Estado la corrupción sistémica que, desde todos los niveles de gobierno, ha constituido el dique para el desarrollo democrático y uno de los elementos que más han incidido en la reproducción de la impunidad. Se trata de un fenómeno que, aun cuando resulta difícil de medir o cuantificar en todas sus implicaciones, efectivamente atraviesa todas las esferas de la vida pública y, en particular, de las instituciones, prácticas y funciones del poder político. De ahí que resulte un desafío sustantivo lo que propone como uno de los pilares de su gobierno, “acabar con la corrupción y la impunidad”.

Sin embargo, la alternativa a ese problema estructural, no puede limitarse en esa suerte de “punto final” que propone, sino que tendría que ver con iniciar un proceso restitutivo amplio, en el cual los agravios históricos cometidos contra el pueblo, las clases trabajadores y todos los sectores que han sido marginados, no ya de espacios de decisión o menos aun de poder sino en general de las condiciones mínimas para tener una vida digna por la impronta de la corrupción y la impunidad, sean reconocidos como delitos sin prescripción y desde ahí se intente reconstruir un tipo de estatalidad en el que esas mayorías recuperen un lugar desde el cual ser sujetos de la transformación por venir. No se trata de circo y simulación ni menos aún de ser indulgentes con quienes infligieron y promovieron la tragedia societal que vivimos. Justicia y verdad, son imprescindibles para emprender la construcción de un nuevo proyecto social, pero también para que la memoria de los muertos y desaparecidos no desaparezca.

En el balance sobre el modelo económico neoliberal en México, Amlo es categórico: ha resultado un fracaso total. El magro crecimiento de la economía neoliberal, no solo no se corresponde con la tendencia registrada desde el periodo posrevolucionario y hasta comienzos de la década de 1970, sino que, a partir de los ajustes estructurales de la década siguiente, el crecimiento del PIB ha quedado estancado o en franco descenso ampliando el espectro de la crisis económica. En efecto, la privatización de las empresas estatales y la insuficiencia en la regulación de la inversión privada, que solo ha beneficiado a la élite económica forjada en aquel contexto fue también promovida por la élite política tecnocrática, generando una fase de acumulación por desposesión en la que, de nuevo, las mayorías trabajadoras han sido las únicas afectadas.

Las posibles salidas a esa encrucijada no son fáciles de distinguir, desde luego. Sin duda se requiere mayor inversión y regulación, generación de empleos y estímulos al consumo de las clases trabajadoras y de los sectores medios precarizados que, desde aquella imposición del neoliberalismo autoritario, han visto limitadas sus posibilidades de desarrollo y realización social. Al mismo tiempo, la alternativa desarrollista y extractivista que sigue considerando a los energéticos fósiles, la industrialización o la construcción masiva de infraestructura como puntales económicos, implica una serie de riesgos ecológicos y ambientales que ya no estamos en condiciones de asumir. Y, sobre todo, porque muchos de esos proyectos que se presentan como “cortinas de desarrollo”, tal como lo afirmó Amlo, han sido frontalmente rechazados por las comunidades campesinas y los pueblos originarios que habitan y que tienen el derecho a decidir sobre el uso de sus territorios. Es cierto que se trata de una confrontación entre paradigmas de socialidad; pero, al mismo tiempo, de la apertura de una oportunidad para reconfigurar las formas de articulación entre distintos grupos, sectores y clases que no subordine la historia viva de los pueblos a la razón abstracta del Estado.        

Si durante la última fase del neoliberalismo autoritario en México, las clases dominantes refuncionalizaron el democratismo y la hegemonía débil como recursos de control, represión y violencia estatal y, con las claras demostraciones de que en esta coyuntura la derecha no escatimará en expresar su oposición, toda alternativa posible que pueda imaginarse e impulsarse desde la institucionalidad del Estado, además de “la honestidad y la fraternidad”, no puede dejar por fuera la subjetividad, la creatividad y la fuerza de todos aquellos que, desde la izquierda, optaron por esta 4ta transformación.

(*) Sociólogo mexicano, profesor de la Facultad de Ciencias políticas y sociales, UNAM

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Como hacía mucho no se veía, la marcha de conmemoración de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, reunió a decenas de miles de personas en las calles de la Ciudad de México.

No podía ser para menos: se cumplen cincuenta años de aquel acto de barbarie y masacre de estudiantes universitarios, cuyo principal responsable, el expresidente Díaz Ordaz, nunca fue juzgado penalmente.

Medio siglo después cuando, atravesando un largo ciclo de resistencias fragmentarias y de violencia y represión sistemática contra las organizaciones populares, parecía que la memoria de la lucha comenzaba a desdibujarse y a quedarse en el olvido las grandes utopías puestas en práctica por aquellos estudiantes sesentayocheros que lograron conectar con el pueblo y hacer de su movimiento un proyecto de escala nacional hoy, de nueva cuenta, se hacen vibrar las calles con las consignas de siempre: ¡Ni perdón ni olvido!; ¡2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa!

Sin embargo, algo ha cambiado. No son solo las cinco décadas transcurridas, la cronología llana de la historia. Es la multitud de experiencias, de derrotas y algunas victorias las que retumban en la conciencia colectiva y se filtran en las prácticas de los distintos sectores populares, a veces detonando expresiones antagónicas, otras un reflujo largo y frugal. El proceso decisivo que arrancó con las jornadas de 1968 implicó una profunda transformación de todas las estructuras y formas de socialidad vigentes porque trastocó el sistema político y las clases dominantes en el núcleo mismo de su poder: demandaron la democratización del país de una manera radical, profunda, lo que implicaba romper con las formas de control corporativo, con el presidencialismo y la represión selectiva.

No fue un movimiento planeado con paciencia calculada, pero tampoco respondió sólo a cuestiones intempestivas. Fue durante sus asambleas, marchas, expresiones lúdicas y artísticas, cuando salieron a las calles a dar información y a exponer sus demandas formuladas en el pliego petitorio, que tuvieron la potencia de interpelar a trabajadores y a la población empobrecida y amenazada constantemente por el autoritarismo gubernamental y ahí, detonaron una chispa de organización fundamental.

La dominación del presidencialismo priísta, que había hecho del milagro económico de las dos décadas anteriores la palanca de su precaria hegemonía, entraba ya en una etapa de decrecimiento y las formas represivas de control se exponenciaban. Una década atrás, en 1958, el movimiento ferrocarrilero al que se sumaron petroleros, electricistas y maestros, y que demandaba mejores condiciones laborales y democracia sindical, fue brutalmente reprimido y sus principales líderes encarcelados.

En 1962, Rubén Jaramillo -heredero del zapatismo y dirigente agrario de Morelos- y su familia (tres hijos y esposa embarazada), fueron asesinados por el ejército y la policía. También los médicos, en 1964, habían desplegado sus demandas laborales y corrieron la misma suerte represiva. Apenas unos meses después de la elección de Díaz Ordaz, en la ciudad de Madera, Chihuahua, estalla la primera insurrección guerrillera de la década, como respuesta a la represión sistemática contra el movimiento de los trabajadores. En los primeros meses del mismo 1968, el maestro rural Genaro Vázquez es rescatado por un comando armado en Iguala, Guerrero, lo que daría inicio a una de las experiencias más profusas de conflicto armado y contrainsurgencia que marcarán el devenir de toda la década posterior.

Esos eran los antecedentes políticos del movimiento estudiantil de 1968 que arrancó con un conflicto localizado, casi menor, pero que creció rápidamente en cuestión de días a propósito de la provocación y represión incesante de la policía capitalina. Para el 4 de agosto, los estudiantes de la UNAM, IPN y Chapingo, presentan un documento conjunto en el que delinean algunos de los sentidos que los acompañarán a partir de entonces: “oponer la razón a la violencia”; en defensa de la libertad, “que está cada día más limitada, más reducida y se nos está conduciendo a una pérdida total y absoluta de la liberta de pensar, de opinar, de reunirse y de la libertad de asociarse” […] las protestas activas de los estudiantes -señalaban-, son críticas sociales que siempre llevan un contenido de justicia y libertad porque son esencialmente verdaderas”.

Pero en aquella década fulgurante de los sesentas, que conmovió tantas otras latitudes, los universitarios mexicanos estaban también en el quiebre generacional con el legado de la “Revolución hecha gobierno”, con la ideología del nacionalismo revolucionario que había generado férreas lealtades con el régimen. Eran coetáneos de la Revolución cubana, del Che Guevara, de las críticas al stalinismo y a los totalitarismos. En su acervo de conocimientos afloraban el marxismo humanista, las tendencias libertarias del feminismo y la descolonización, el rock and roll y la literatura de ruptura latinoamericana. Articularon, con el júbilo y la crítica radical, una pieza multicoral y polifónica en la incansable lucha por la democracia y la libertad.

El 2 de octubre, la masacre de Tlatelolco, era la única manera posible que tenía el gobierno, hondamente enajenado con la supuesta “preservación del orden” y en contra de la “conspiración comunista”, como tantos otros de América Latina, de frenar un movimiento de esa magnitud que en esa oscuridad del autoritarismo priísta, alumbró como un relámpago la historia de los subalternos, indicando diversas trayectorias que desde entonces no han dejado de ser transitadas.

El 68 perdura, pero no necesariamente como unidad, sino como pléyade de lecciones, experiencias y repertorios: sus demandas siguen interpelándonos; muchos de sus motivos permanecen más vigentes que nunca y, también, resultan necesario seguir bregando porque se haga justicia y no quede impune el crimen cometido.

En plural, los 68’s mexicanos se cuelan hoy en el tiempo extraordinario de las resistencias pero también en la densa vivencia de la cotidianidad; expresan una suerte de síntesis abierta entre la memoria del pasado, las crisis del presente y las utopías del futuro.

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El pasado 3 de septiembre estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco se movilizaron a la rectoría de la UNAM a manifestar pacíficamente la demanda de atención y mejoras académicas en el plantel. En la explanada del edificio fueron atacados con violencia inimaginable por grupos de choque plenamente identificados que actuaron con la permisibilidad de las autoridades.

Hubo distintas épocas en las que hablar de movimiento estudiantil en México fue sinónimo de movilización antiimperialista y proyectos nacionalistas o, en otro momento, de agitación ideológica marxista y vanguardia intelectual que aspiraba a la revolución total, permanente. En contextos de crítica a los revisionismos y dogmatismos de otrora, los estudiantes no llegaron tarde a sus citas con la historia y formaron parte de varias de las manifestaciones con más hondo sentido popular en el país.

Ya mediando el siglo XX, vinculados en su mayoría a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN), instituciones rivales desde su concepción y hasta en los enfrentamientos deportivos, había sin embargo algunos denominadores comunes entre ellos que disolvían las diferencias a la hora de la lucha política. En principio, la cercanía socioeconómica y una serie de aspiraciones compartidas en el marco de una “sociedad en desarrollo” que resultaba cosificante para la imaginación de liberación que ellos reclamaban. En lo político, en particular durante la década de 1960, la demanda de apertura, libertad y democracia resultaba un filo radical en el seno de una sociedad paternalista, machista y presidencialista. Así, liberarse del yugo doméstico era también una disputa por la nación a construir y para romper con el tipo de control que el aparato estatal había logrado imponer sobre amplios sectores sociales.

En esos años de crítica, el movimiento estudiantil y popular de 1968 tuvo la capacidad y valentía de configurar esas nociones como una suerte de sentido común, de conciencia utópica que enlazaba contenidos heredados pero reactualizados con el espíritu de rebelión de la época y proyectarlos en sociedad en crisis y con procesos de transformación que se irían materializando en los años siguientes. La represión y la masacre operada desde el aparato estatal el 2 de octubre cerró un ciclo, pero definitivamente no pudo frenar la lucha por la democracia, bastión siempre recuperado por todas las organizaciones y expresiones populares en resistencia.

Décadas después, en el huracán de las privatizaciones, cuando la educación pública mereció el título de mercancía de parte de los tecnócratas formados en Harvard y Yale, otra vez, las y los estudiantes, irrumpieron en la escena política para levantar la voz de los sectores populares, disminuidos por la precariedad laboral y la crisis económica. Defender la gratuidad y autonomía de la educación superior iba más allá de oponerse al régimen neoliberal; con ese paso, los “cegeacheros” (apelativo para los militantes del Consejo General de Huelga de 1999-2000) de la UNAM, visibilizaron la cuestión central de la restitución de un sentido de comunidad pues la educación científica y de calidad no tendría porque ser patrimonio del pasado sino una urgencia constante del presente y un horizonte del futuro para las generaciones por venir. Ubicada justo en el pasaje de siglo, esta experiencia condensó muchas de las virtudes y vicios históricos de la organización estudiantil y, aunque la conclusión del conflicto resultó con diversas pérdidas, logró salvaguardar el propósito de asegurar la diversidad frente a los cánones del pensamiento único y mantener abierta la trinchera universitaria.

Aquellas experiencias de movilización y lucha estudiantil no quedaron perdidas ni arrinconadas en el armario de la historia. Cada cierto tiempo resurgen, así sea por fragmentos y en repertorios simbólicos. Con mayor o menor intensidad, sus ecos se escucharon en las jornadas de 2012, cuando el #YoSoy132 alcanzó una articulación interuniversidades poco tiempo antes de las elecciones federales de ese año y, definitivamente, se hicieron presentes también el pasado miércoles 5 de septiembre cuando miles de estudiantes llegaron a la explanada de la Rectoría a demandar a las autoridades el cumplimiento de las demandas de seguridad y la destitución de los responsables, por acción u omisión, de la violencia y agresiones sufridas dos días antes, el lunes 3.

El contexto inmediato

Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Azcapotzalco, en paro de labores desde el 27 de agosto, acudieron el día 3 de septiembre a la rectoría de la UNAM a manifestar pacíficamente la demanda de atención y mejoras académicas en el plantel. En plana explanada del edificio y, ante la pasividad de los encargados de vigilancia y seguridad universitaria, fueron atacados con violencia inimaginable por grupos porriles (grupos de choque no identificados) que actuaron con la permisibilidad de las autoridades, poniendo en riesgo la vida de dos alumnos.

Estos grupos de choque han actuado sistemática e históricamente en estrecha relación con distintos niveles de autoridad, política y universitaria, al menos desde la década de 1930, y su desarrollo está vinculado también a las lógicas de control y represión del priísmo dominante hasta finales de siglo. En ese sentido, no es únicamente una ramificación de la violencia institucional, sino una forma de articulación que genera lealtades y compromisos que perduran más allá de los gobiernos y partidos. De ahí que en los años recientes, en el proceso de vaciamiento de la legitimidad del régimen político, estas formas de organizaciones ilegales hayan encontrado medios suficientes para seguir operando, dentro y fuera de la universidad, en un contexto nacional y local de permanente precarización.

El desafío para la movilización estudiantil, por tanto, no es menor ni aislado. En una coyuntura de cambios porvenir, pero también de profundas continuidades estructurales, este movimiento se inserta, de hecho, en el corazón mismo de la resistencia y lucha por la democratización del país en tanto que el derecho a la educación pública, gratuita y científica está de nuevo asediada por los intereses del capital. La muestra de unión y solidaridad de la comunidad estudiantil y universitaria en estos días de paros y asambleas, es expresión inconfundible de que la memoria de las luchas pasadas está más activa que nunca: la demanda de seguridad actual es también por el respeto a las diferencias y contra la violencia de género, por una universidad libre de discriminación, en paz y democrática.

Los días y semanas próximas, con el horizonte del cuarto aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la marcha masiva por el cincuentenario de la masacre del 2 de octubre de Tlatelolco, además de otras actividades programadas por los comités formados en las asambleas, pondrán por delante la fuerza, dignidad y creatividad de estos colectivos. Serán, otra vez las y los estudiantes, quienes señalen la posible trayectoria de la transformación popular en México.

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A poco más de una semana de las elecciones federales en las cuales resultó electo el candidato de la alianza Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, han surgido diversas voces críticas; algunas que reconocen, con cautela, la trascendencia del acontecimiento por cuanto a la transición democrática beneficia y, otras, que reiteran la continuidad de los mecanismos de explotación y dominación en medio de una aparente victoria institucional.

En este segundo espectro se ubicaría el comunicado del EZLN, firmado por el Subcomandante Insurgente Moisés y el Subcomandante Insurgente Galeano que apareció en días pasados. Tanto la victoria electoral de AMLO como la presencia activa del EZ, constituyen expresiones sustantivas de la constelación histórica y actual de las izquierdas mexicanas y del proceso de acumulación de experiencia y politización de los sectores populares que ahora, ante la apertura de un ciclo inédito, podrían ser fundamentales en la construcción de una sociedad y estatalidad democrática.

En efecto, la historia reciente de las izquierdas mexicanas está poblada de desencuentros, enfrentamientos y rupturas. Si bien esa tensión se puede ubicar en diversos pasajes de su trayectoria, desde las primeras expresiones del socialismo romántico y las formas del asociacionismo de artesanos y trabajadores urbanos, pasando por las comunidades campesinas e indias, de todo el territorio, que tomaron parte de la revolución social de 1910 y, después, en el proceso de constitución del Estado posrevolucionario, las diferencias no siempre se plantearon como alternativas incompatibles y, quizá, nunca estuvieron frente a una coyuntura tan crítica como la actual.

En el arco temporal que va del cardenismo a finales de la década de 1970, las experiencias de las izquierdas fueron proyectadas desde múltiples matrices ideológicas y sus prácticas y formas organizativas cubrieron un amplio repertorio de acciones que configuraron una cultura política en la que la izquierda se fundió con lo popular y que resultó fundamental para identificar, denunciar y luchar contra los mecanismos de dominación y represión así como los límites del reformismo hegemónico instalado en el aparato de Estado. Antes y después del movimiento estudiantil y popular de 1968, las izquierdas organizadas en movimientos, partidos, sindicatos, colectivos, células guerrilleras fueron capaces de dar impulso y materializar diversas demandas de los sectores subalternos y, en escalas disímiles, plantear desafíos radicales al sistema político mexicano, anclado en el autoritarismo presidencialista y el corporativismo como formas de dominación y de desactivación del conflicto.

Empero, en el abigarrado espectro del nacionalismo revolucionario que pervivió y permeó, no sólo a las instituciones del Estado sino en diversos grupos de la izquierda social, el contenido de aquellas disputas se tradujo también en una pléyade de proyectos de democratización, un faro vigente desde entonces, si bien con épocas menos luminosas que otras. En 1988, un sexenio después de que la élite tecnocrática impusiera el programa excluyente del neoliberalismo autoritario, desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, entonces dirigida por Carlos Salinas de Gortari, y desde la Presidencia de Miguel de la Madrid, la escisión nacionalista del PRI encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas fue capaz de articular en torno suyo a diversos actores políticos que se coaligaron en el Frente Democrático Nacional y, desde las calles y plazas públicas, infringieron la primera derrota al partido-Estado que abrió el horizonte de la democratización. En el curso de los meses y años siguientes, el FND dejó su lugar al PRD y éste, enquistado en el recién inaugurado sistema democrático (el IFE, ahora INE, se funda en 1990), entró en una espiral de vicios burocráticos y escisiones tribales internas que terminaron por vaciarlo de contenido popular presente en su fundación y acercarlo a la derecha partidista, al mismo PRI y, en las elecciones recientes, al PAN.

De aquéllas formas de lucha, variadas y complejas en sus aberturas, fisuras y articulaciones, se desprende también la insurgencia del neozapatismo en 1994, que combinó de manera inédita la experiencia histórica de las comunidades indias rebeldes del sureste con elementos organizativos y programáticos de ciertas expresiones ideológicas del comunismo y del socialismo del los sesentas y setentas pero articuladas con prácticas y expresiones organizativas que, en el turbio mar del neoliberalismo salvaje, fueron también una matriz de politización para las generaciones jóvenes de fin de siglo que estarían presentes en diversas luchas de los siguientes años, como la huelga estudiantil de la UNAM y las movilizaciones populares de la APPO y Atenco, entre otras.

Una de las escisiones más profundas de las izquierdas actuales, entonces, tiene su origen en la relación conflictiva entre el PRD y el EZLN desde su emergencia armada, durante el proceso de conformación de los Acuerdos de San Andrés y, unos años después, cuando miembros de la Comandancia General del EZ recorrieron el país en la Marcha del Color de la Tierra (2001) para llegar a la tribuna de San Lázaro, el palacio legislativo, y demandar el reconocimiento constitucional de sus derechos como comunidades autónomas.

En el contexto de la “alternancia”, siendo gobierno en la capital del país y con una fuerza y legitimidad todavía importante en el campo político, el PRD se plegó al PRI y al PAN para aprobar una ley que desconocía los Acuerdos de San Andrés. A partir de entonces, el EZ rompió todo diálogo con el gobierno, con las instituciones políticas y, en particular, con el PRD y toda la izquierda partidista. El camino que siguieron desde entonces fue el de la organización autonómica, “abajo y a la izquierda”, con los Caracoles (2003), la Otra campaña (2006) y la construcción de puentes con los pueblos indios a través del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), que postuló en estas elecciones a María de Jesús Patricio, indígena nahua, como candidata independiente, sin alcanzar las firmas requeridas para participar formalmente en la contienda.

Así, doce años después de su emergencia armada, en el contexto de las elecciones federales de 2006, el EZ lanzó La Otra como un nuevo paso en su trayectoria de radicalización y lucha anti sistémica. En el camino, habían planteado ya su oposición frente al Estado y los partidos políticos y convocado a organizarse y luchar colectivamente desde abajo. La polémica generada entonces respecto de la primera campaña de AMLO a la presidencia y la oposición puntual que el EZ tuvo respecto de ella, generó repercusiones de hondo calado entre diversos sectores que, respaldando y participando de las iniciativas zapatistas, consideraban que López Obrador podría representar un giro a la izquierda, similar al que se estaba viviendo en diversos países latinoamericanos. Sin embargo, el Proyecto de Nación que entonces formuló la coalición Por el bien de todos (PRD, PT y Convergencia), que postuló a AMLO, tenía una orientación nacionalista y transclasista que, sin proponer rupturas de fondo con el sistema dominante, sí enfatizaba la necesidad de refundar las instituciones públicas para separarlas del control de la que denominó como “la mafia en el poder”. A partir del fraude de aquel año y la posterior ruptura del López Obrador con el PRD, surgió el Movimiento Nacional de Regeneración (Morena), plataforma activa desde entonces y en torno a la cual también confluyen diversos colectivos y organizaciones simpatizantes y militantes.

Por su parte, desde el memorial de agravios, despojo y desposesión contra los pueblos indios y las comunidades excluidas y oprimidas, la trayectoria y práctica autonómica del EZ es, sin duda, la expresión radical y con más base organizativa del antineoliberalismo en México y un referente global. Empero, como decía antes, las formas abigarradas en las que la politicidad popular se expresa no siempre están guiadas por la concepción de aquella “imposible geometría política en el México de arriba”, que describieron los propios zapatistas en 2005 y en la que ya veían en AMLO el germen del autoritarismo.

Y es que, sin querer incurrir en la supuesta neutralidad numérica de los cómputos postelectorales, se puede pensar que de las 30, 113, 483 de personas que votaron por AMLO en la elección presidencial -lo que lo convierte en el candidato más votado-, no se trata solo de personas manipuladas o “ilusas”. Las habrá también críticas, militantes, activistas, trabajadoras y trabajadores, estudiantes, adultos mayores, defensores de derechos, comuneros; es decir, habrá, sobre todo, gente “sencilla y digna”, la misma a la que se dirige el EZ en sus comunicados que, aún con todas las reservas que generan varias adhesiones al proyecto de AMLO, hayan votado por él porque asumen (saben y sienten) que no hay otra opción capaz de iniciar con un cambio de rumbo frente a la “hecatombe neoliberal”, a la violencia sistémica y la exclusión generalizada.

Entre la formalidad institucional y la autogestión cotidiana, sin ser las únicas formas de izquierda, pero quizá sí las que cubren un mayor campo de prácticas y organizaciones, son también matrices desde las cuales continúan generándose diversos proyectos. Si bien la distancia entre ellas es patente y, quizá, productiva desde la lógica de sus principios y objetivos, lo cierto es que expresa la larga y profunda crisis del proyecto de la izquierda en México y, en todo caso, pone de manifiesto la necesidad de seguir creando e imaginando espacios y formas organizativas comunes y plurales de lucha y transformación, es decir, de seguir disputando el balón.

*Sociólogo. Profesor en el Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM

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