Por César Saravia y Laura Salomé | Foto: Camila Parodi (archivo Marcha)

El próximo 17 de agosto se llevarán a cabo las elecciones generales en Bolivia, en las que además de renovar el poder legislativo, el país elegirá al próximo presidente que sustituirá a Luis Arce Catacora, quien llegó al poder luego de derrotar el Golpe de Estado en 2019 y que enfrenta desde hace dos años una crisis económica y un profundo desgaste en su gobierno que impacta a todo el movimiento popular indígena campesino y progresista que llegará a esta jornada dividido y con una fuerte interna. 

Durante años, el modelo económico boliviano fue una bandera para los progresismos de que se podía generar un crecimiento económico acompañado de una distribución de la riqueza. Los números en este sentido fueron contundentes. Desde la llegada del MAS, con Evo Morales Ayma en la presidencia, y Luis Arce como ministro de Economía, la pobreza experimentó una caída de 26 puntos, pasando de 60.5% en 2005, a 34% en 2018 y la economía creció a tasas promedio del 5%, lo que ubicó durante varios años al Estado Plurinacional de Bolivia como el país de mayor crecimiento en la región, solo superado por Panamá. 

Sin embargo, y tras haber atravesado un golpe de Estado de corte fascista, hoy el escenario dista mucho de estos números. La economía boliviana se encuentra con problemas de abastecimiento de combustibles, falta de divisas y una inflación anual que al cierre de 2025 podría rondar entre el 8% y el 15%, según datos oficiales y de organismos internacionales, algo atípico para lo que la población venía acostumbrada y que impacta en los sectores más vulnerables. La situación económica podría enmarcarse en un agotamiento del modelo exportador primario, en particular sustentado en el gas y petróleo, en parte por la reducción de la disponibilidad de reservas pero también por una caída en la demanda externa. 

En este escenario, la imagen del gobierno de Luis Arce alcanza mínimos históricos, con un rechazo a su gestión que supera el 80%. Es a partir de este desgaste y debilidad política, que las tensiones al interior del Movimiento al Socialismo terminaron por colapsar. Lo que parecía una disputa entre liderazgos, terminó desencadenando en una ruptura entre el sector más afín a Evo Morales y otros dos bloques: quienes se mantienen fieles al actual presidente Arce, representado en la candidatura de Eduardo Castillo, y quienes apoyan a Andrónico Rodríguez, otrora considerado el sucesor de Evo, pero ahora señalado de funcional al proyecto de Arce y la derecha, por parte del evismo. 

De esta ruptura y punto de no retorno se beneficia la derecha. Pero a diferencia de otros países como Brasil o Argentina en que la crisis de representatividad y la pérdida de capital político del progresismo dio pie al surgimiento de “outsiders” de la política clásica, en Bolivia es la derecha más tradicional la que se frota las manos por una oportunidad de volver a la dirección política del país, algo que hasta hace no mucho parecía imposible. 

En este sentido, y salvo sorpresas de última hora, la próxima presidencia boliviana sería ocupada por dos posibles candidatos. Uno es Samuel Doria Medina, empresario y ex Ministro de Planeamiento y Coordinación durante el gobierno de Jaime Paz. Medina lleva al frente de su campaña la política de seguridad, a lo Bukele, y un modelo económico típico neoliberal basado en la austeridad. El otro es Jorge “Tuto” Quiroga, quien fue presidente en 2001, al asumir luego de la renuncia de Hugo Banzer (a causa de una enfermedad). Quiroga, además, fue funcionario de organismos como el FMI y el Banco Mundial, algo que da indicios de cuál sería su política económica. La mayoría de las encuestas dan un empate técnico entre ambos candidatos y anticipan un inevitable escenario de segunda vuelta. 

Mucho más atrás aparece Rodrigo Paz Pereira, seguido por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de izquierda. Este último no lograría atraer los votos del evismo, luego de que el propio Evo Morales hiciera un llamado a su militancia para votar nulo, como forma de rechazo al proceso y a lo que señalan como una proscripción de su candidatura. 

De Evo a Andrónico: Entre la proscripción y el recambio que no fue

Probablemente uno de los aspectos que más agudizó la ruptura al interior del MAS es la posibilidad o no de que Evo se presente como candidato. Desde el evismo acusan a Arce de haberse aliado con la derecha para bloquear la que consideran una candidatura legítima, sobre todo si tomamos en cuenta que fue precisamente al propio Morales a quien en 2019 le dieron Golpe de Estado, interrumpiendo así un mandato constitucional. 

La disputa e intervención de la justicia no solo se limita a la candidatura presidencial. En noviembre del año pasado, un fallo de la Sala Constitucional IV determinó la legalidad del congreso paralelo realizado por el bloque afín a Arce, en que se determinó a Grover García como jefe del MAS – IPSP, desplazando así al sector de Evo Morales. 

En este escenario de crisis, la figura de Andrónico Rodríguez (36 años), actual presidente del Senado, emergió como una alternativa para reunificar a la izquierda. Rodríguez ensayó una suerte de “tercera vía” o de “avenida del medio” en una contienda electoral en la que ni Arce ni Morales participarían. En los primeros días de su candidatura, Andrónico se mostró crítico al actual presidente pero buscó también diferenciarse de Evo, quien rápidamente rechazó esta candidatura al considerar que el joven político estaba cumpliendo un rol de intermediario del imperialismo para consolidar el desplazamiento de la escena política del movimiento popular e indígena. 

Esta falta de apoyo y consenso, desinfló la figura de Rodríguez, que pasó de pelear un tercer puesto en las encuestas, a ser en la actualidad superado por el voto nulo. Dentro de su estrategia electoral, Andrónico se presenta como la única posibilidad para la izquierda de frenar la llegada de la derecha al poder. 

Las que no callan: jóvenes y combativas por el voto nulo

Andrea Morales y Kiara San Pablo son conductoras del programa “Matecito de coca” que se emite por la mítica radio Kawsachun Coca. Perseguidas por su labor en la comunicación y obligadas a exiliarse en Argentina durante el golpe de Estado y la dictadura en 2019/2020, afirmaron que “las elecciones del 17 de agosto han sido abiertamente manipuladas por el gobierno a través del poder judicial y de vocales del Tribunal Electoral; actores sobre los que pesan muchas acusaciones”. En su último programa, repasaron la falta de propuestas por parte de los candidatos que pretenden llegar a la presidencia y se refirieron al complejo panorama: “El voto nulo es un voto que no va ni a Tuto Quiroga, ni a Samuel Doria Medina ni a Andrónico Rodríguez, quienes ya vendieron el país. Es un voto de resistencia y de revocatoria al gobierno que viene y que no tiene que durar más de dos años”. Y agregaron que es “la única alternativa que queda; una protesta silenciosa y una advertencia de que fiscalizaremos los pasos de quien sea que asuma el próximo 8 de noviembre”.

Dimelza Rodríguez es comunicadora popular de Cochabamba y enfrenta acusaciones por resistencia a la autoridad e instigación a delinquir por protestar en un bloqueo para que Evo Morales sea habilitado para presentarse a las elecciones. Para ella, “ninguno de los candidatos es progresista ni representa a la izquierda”; una afirmación que incluye al presidente del Senado y ex dirigente cocalero Andrónico Rodríguez de quien afirmó “ha traicionado el legado y los principios del movimiento indígena porque pactó con la derecha”. Esta reflexión se transformará en acción y también ejercerá el próximo domingo su “voto nulo”; además se adelantó a un posible resultado y expresó que “si alguno de estos candidatos ganara en las elecciones, el movimiento indígena campesino no tendría representación en Bolivia”.

Andrea, Kiara y Dimelza son parte de una juventud que reivindica la ancestralidad, pero sobre todo el legado de poder indígena campesino construido en los años de gobierno de Evo Morales al frente del Estado Plurinacional. Llevan la experiencia de la politización de los sectores populares y cargan en sus subjetividades el exilio y la represión del acontecer territorial en los últimos años. Por eso, son convencidas de que solo durante el periodo de este gobierno pudieron, ellas y sus familias, asistir a la distribución de las riquezas, la planificación a través de políticas públicas de largo plazo del ascenso social y, una cuestión no menor, a la despatriarcalización cultural en un país donde el femicidio y el abuso sexual siguen siendo numerosas agresiones cotidianas. Así como una pancarta que en ocasión del 8 de marzo de 2020 se leía en El Alto: “ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres”. Una defensa de las mujeres de pollera y una reivindicación a las feministas combativas; a las que no callan en democracia, dictadura ni elecciones. Son las que nunca callarán.

¿Cuál será el futuro del movimiento popular e indígena en Bolivia? 

Frente a este escenario en que la vuelta de la derecha al poder por la vía de los votos parece algo irremediable, se abren varias preguntas sobre el futuro del movimiento popular e indígena en Bolivia. 

Una es si el llamado a voto nulo tendrá suficiente potencia y si ese rechazo electoral puede en el corto plazo trasladarse a otros formatos de lucha. La resistencia al Golpe en Bolivia ya demostró la capacidad movilizadora del pueblo, pero el contexto de crisis económica no deja de ser un golpe para su base social. Una tesis para quienes promueven el voto nulo es que un gobierno que llegue con poca legitimidad y participación, tendrá menos consensos para avanzar sobre reformas de ajuste más profundas. Esto es algo que en principio hace sentido pero quedará por ver si el desencanto político-electoral se traduce en movilización, o más bien se expresa en pasividad, como hemos visto en otros países. 

Otra pregunta que se abre es sobre el futuro del MAS, tras casi 20 años de protagonismo, y en especial cuál será el futuro de Evo Morales, que al igual que otros líderes progresistas, como Rafael Correa, no pudo trasladar su proyecto político a un sucesor y terminó enfrentado (incluso traicionado) por este. Y es que este es uno de los grandes problemas que casi todos los gobiernos progresistas de inicios del siglo XX enfrentaron: la dificultad de generar una mayoría que exceda a su figura sin poner en riesgo el horizonte político. Quedará pendiente descubrir si en el caso de Morales la alternativa irá por intentar sostener protagonismo o comenzar a construir una transición. 

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Por Redacción Plurinacional.info | Foto: Canal Encuentro

Las masacres de Senkata (El Alto, La Paz) y Sacaba (Cochabamba); el racismo, la discriminación y la humillación al pueblo; el desprecio a la pollera de las mujeres y a la wiphala, la bandera de los pueblos originarios.

La complicidad de los medios de comunicación con el régimen de facto, el periodismo de guerra y el uso de la religión católica y evangelista; la impunidad con la que operan los grupos civiles paramilitares y parapoliciales con la bendición del gobierno de facto; el silenciamiento de los medios de comunicación comunitarios y alternativos. La persecución y criminalización contra dirigentes populares, la guerra jurídica (Lawfare), el armado de causas judiciales con delitos inventados, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de centenares de bolivianos.

Historias debidas

Eso y mucho más demuestra documental “Historias Debidas” (El Golpe de Estado en Bolivia 2019) producido en Argentina por Andrés Irigoyen (Dirección) y Ana Cacopardo (Conducción y guión) y estrenado en el canal Encuentro el 15 de julio, a 8 meses de la Masacre de Sacaba.

Muestra valiosos, conmovedores e inéditos testimonios de madres que siguen llorando por sus hijos acribillados desde helicópteros militares o hermanas que perdieron a sus hermanos baleados por policías o militares; heridos que evocan que muchos médicos de hospitales no les quisieron atender y los enviaron para “que Evo los atienda” o que acudan a la medicina natural y tradicional al ser indígenas y no citadinos.

Feminismo comunitario

Un documental donde se encuentra la mirada del feminismo comunitario, con Adriana Guzmán, al proceso de cambio interrumpido por el Golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 que impuso en Palacio Quemado a Jeanine Añez, Arturo Murillo, Fernando López, Karen Longaric, Oscar Ortiz que tienen el poder absoluro y lo ejercen con violencia, prepotencia y pisoteo a la Constitución y Leyes.

“Fueron 14 años de dignidad y sobre todo con una Constitución del Estado Plurinacional maravillosa que el pueblo la redactó”, dice Guzmán al evocar el rompimiento del orden constitucional con el Golpe de Estado de noviembre del 2019.

“No volveremos a ser sus sirvientas”

“La derecha nos dice volverán a ser nuestras sirvientas (empleadas domésticas)”, revela Guzmán y ella misma responde: “Nosotros decimos no volveremos a ser sus sirvientas”.

Todos los testimonios no sólo arrancan lágrimas y bronca sino ganas para no callar y seguir denunciando a los prepotentes y violentos del régimen de Añez.

Gregoria Siles, madre del joven Omar Calle, asesinado el 15 de noviembre de 2019 por el ejército boliviano durante una marcha pacífica de campesinos cocaleros, recuerda que ella también fue víctima del brutalidad militar y policial.

“Me dijeron perra de mierda”

“Me dijeron perra de mierda. Cuánto te pagó el Evo. Me robaron mi dinero, me patearon y me rompieron la mano”, dice al recordar que cuando fue al hospital para hacerse curar su mano rota, vio en uno de los televisores de la sala de espera que se informaba sobre la muerte de su hijo. “Sin hacerme curar, me salí del hospital y fui a buscar a mi hijo”, relata con un llanto incontenible.

Las voces de las viudas, de la madres y padres, de las hermanas y hermanos que perdieron a sus familiares durante las masacres del régimen de Añez, con sus ministros Arturo Murillo y Fernando López,  no aparecen en la radio, la televisión y los diarios de Bolivia. Y solo se pueden conocer en medios internacionales como el Canal Encuentro de Argentina y las redes sociales.

Tras ver este documental uno se pregunta: ¿Vamos a olvidar la crueldad de los que todo el día, por sus medios amigos, hablan de la vida, democracia, libertad y acusan de violentos, sediciosos y terroristasa los bolivianos que reclaman justicia? ¿Hasta cuándo las masacres de Sacaba y Senkata quedarán sin castigo?

Puedes ver el documental en:

*nota originalmente publicada en Plurinacional.info

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Por Camila Parodi y Laura Salomé Canteros @_parodicamila @laurasalome / Foto: Camila Parodi (marcha 8M 2020)

En Bolivia, la persecución a las mujeres es sistemática desde noviembre pasado, pero recrudeció en las últimas semanas al ritmo de las restricciones de movimiento por la cuarentena obligatoria que el gobierno autoproclamado impuso en todo el territorio. Sonia Brito, diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS) está siendo acusada falsamente por el delito de malversación de fondos públicos. Sin causa judicial y a través del tuit de un operador político de la derecha, se le atribuye vinculación con una empresa cuya titular tiene su mismo apellido y que radica en Panamá.

Además, Teresa Zubieta, Defensora del Pueblo de La Paz, una histórica luchadora junto a Domitila Chúngara y otras mujeres mineras, denunció que su hija es víctima de una causa armada y se encuentra detenida sin acceso a la justicia en la cárcel de Obrajes. “Mi hija es inocente”, sostuvo, a través de un video en redes sociales. “Se están cometiendo vulneraciones como la difusión pública de una imputación y una detención preventiva sin fundamentación”, afirmó Zubieta. “Pido como madre, amiga y compañera de Gabriela que se realice la investigación con respeto a sus derechos”.

El director general de migraciones, Marcel Rivas, fue la cara visible del fascismo para llevar adelante una acusación mediática contra Andrea Martínez, una ciudadana activa en redes, acusándola de “atentar contra la salud pública” por denunciar la violación a los derechos de los cuidadanos y las ciudadanas varadas en la frontera con Chile que no pueden ingresar a su país. El odio a las mujeres y el racismo son hoy políticas del Estado en manos de un gobierno criminal: el consul en Antofagasta, Marcelo Arias de la Vega, fue quien emitió un instructivo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores que prohibía al personal vestir polleras o ponchos.

Al respecto, dos mujeres siguen detenidas en Riberalta, Beni, departamento del que es originaria la autoproclamada presidenta, Jeanine Añez. Ellas fueron de las primeras que rompieron la cuarentena para realizar el 31 de marzo una protesta por la vida, exigiendo alimentos y políticas públicas para combatir la verdadera epidemia: el hambre. Fueron acusadas, junto a otras tres personas, por los delitos de “sedición”, “apología del delito” y “atentado a la salud”. Quien acusó fue las Fuerzas Armadas y quien obedeció el Poder Judicial; entre ambos disciplinaron de forma exprés: una de las personas fue sometida a un proceso abreviado y ya cumple condena.

Durante el fin de semana se concretó además la detención de la comisión municipal de Villa Tunari, en el Chapare, Cochabamba. Son tres personas entre quienes se encuentra la concejala, Lidia Hinojosa. Se le imputa el delito de “incumplimiento de funciones” tras la excusa de haberles detenido por romper la cuarentena por el COVID19. Mientras, siguen pasando los días en que las presas políticas siguen sin derecho a la libertad, salud y defensa: María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral; Elena Flores, dirigente sindical de cocaleras/os en los Yungas y Patricia Hermosa, apoderada de Evo Morales siguen encerradas sin condena en Obrajes.

Resistencia comunitaria y con memoria

“La cuarentena con hambre no es posible”, dice Adriana Guzmán del Feminismo Comunitario Antipatriarcal. “Somos las mujeres las que tenemos que dar de comer a las guaguas en un mundo patriarcal”, agregó, en reflexión. “Hay dos cuestiones; una, que el virus no afecte nuestra memoria y olvidar que aquí hay un Golpe de Estado”, dijo “están impunes las masacres contra nuestras hermanos y hermanos y quienes están gobernando son responsables de esas muertes y de la cantidad de presas y presos políticos que han sido torturados y que aún están en las cárceles”. Por eso, agregó: “una forma de resistencia en esta cuarentena obligada es no perder la memoria”.

“La otra es reconocer que estas políticas del miedo intentan paralizarnos”, agregó, “es como si el Golpe de Bolivia se hubiera transformado en un golpe mundial”… “es un cerco mediático mundial, de lo único que se habla es del virus”. Sin embargo, propuso: “las luchas no entran en cuarentena, la resistencia tiene que seguir y hay que organizar la salida. Es imposible quedarse en cuanrenta cuando hay hambre o violencia para las mujeres; entonces, ya sea por salvar la vida o por buscar comida, en Bolivia para salvarnos de la pandemia, hay que sacar al Golpe, no hay otra forma”.

Fabiola Gamarra es médica e integrante del Movimiento Insurgente y reflexionó sobre el rol del gobierno autoproclamado durante la pandemia. Para ella, “el apararato burocrático administrativo del sistema de salud, en este momento, sirve como radiografía para evaluar y decir que la descentralización que se aplica, está apartado de la realidad y no responde a las necesidades de su pueblo”. Para Fabiola, “las medidas que se están tomando por la cuarentena son decisiones políticas”, el problema es que es con un Ministerio de Salud “sin gobernabilidad ni gobernanza”

“Este gobierno golpista no comprende la complejidad del sistema de salud”, afirmó “los equipos estamos en alerta, el gobierno está abstraído de la realidad”. Fabiola afirmó que el personal no tiene la capacidad para darle frente a esto y denunció: “se maneja la premisa de que es mejor invertir en indemnizaciones por la muerte del personal a invertir en equipos de bioseguridad”… “Se plantea una idea romántica de que los médicos y las médicas debemos luchar, trabajar por vocación, sin el equipo necesario”… “Creen que estamos en una guerra, que el virus es el enemigo y que somos soldados. Eso está llevando a naturalizar el número de fallecidos dentro de los equipos de salud”. Y finalizó, “como médica y boliviana me siento frustrada e impotente”.

Claudia Peña es analista política y escritora y relató las muestras de solidaridad comunitarias que surgen ante la represión y el control como medida de Estado. “Van cobrando cada vez más importancia a nivel de la sociedad civil y a nivel local”, relató, “se están viendo iniciativas interesantes entre organizaciones sociales y destaca la actitud que han asumido los cocaleros del Chapare enviando camiones de fruta a municipios y ciudades. Han llegado a Senkata, en El Alto, como a 500 km”, contó.

“Los gobiernos municipales están destacando”, dijo Claudia “están financiando programas para adquirir alimentos a productores locales y luego entregarlos a la población. Eso hace que siga el comercio interno movilizado” y “va en contra de esta tendencia a individualizar el problema a través del ´quedate en casa´, que es necesario y urgente, pero que hace que perdamos la mirada comunitaria de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo”. Y reflexionó “estos movimientos de solidaridad tienen también un sentido político, de la solidaridad del pueblo, de reestablecer los circuitos comutarios, y en ese sentido son muy importantes”.

Si hay algo de lo que sabe el pueblo boliviano, es de resistencias. Aun tras el Golpe de Estado, que obligó a renunciar al primer presidente indígena de la historia de la región, Evo Morales; el respeto por la pollera y la wiphala, la soberanía alimentaria, el autogobierno y el disfrute del Buen Vivir no desaparecen. Se transforman en mandatos ancestrales que reclaman derechos. Y memoria.

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A menos de un año de las próximas elecciones en Bolivia, el TSE aprobó la presentación de Evo Morales y Álvaro García Linera en las mismas. Miradas y repercusiones en diálogo con Adriana Guzmán del Feminismo Comunitario de Bolivia .

El 29 de octubre de 2019 se realizarán las elecciones presidenciales en el estado Plurinacional de Bolivia y ya surgió una gran polémica: luego de que en 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional diera luz verde para la aprobación de la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera, el Tribunal Supremo Electoral el pasado 5 de diciembre aprobó, por cuatro votos a favor y dos en contra, la presentación a reelección del binomio oficial de por el Movimiento al Socialismo (MAS).

La constitución del 2009 en su artículo 168 indica que le mandato presidencial será de 5 años y el presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta podrán ser reelegidos una vez de forma continua. Sin embargo, el binomio oficial, se presentó ante el Tribunal basándose en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre los derechos políticos donde indica que todos los ciudadanos gozan los derechos de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Este sería su cuarto mandato consecutivo, el tercero fue habilitado basándose en que el primer periodo presidencial se produjo bajo la constitución anterior a la del Estado Plurinacional de Bolivia, que comenzó a regir en 2009.

Morales y Linera piensan que su derecho político a ser candidatos se ve coartado. El bloque está compuesto por los tratados y convenciones de Derechos Humanos y la Constitución, por lo que los oficialistas y el Tribunal Supremo Electoral entienden que el tratado de la OEA y sus órganos parte, están por encima de la Constitución Plurinacional cuando fuere necesario, haciendo que el artículo 168 sea inconstitucional.

Las ONGs bolivianas Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia y la Fundación de los Derechos Humanos han presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un recurso alegando que la presentación como candidatos es anti-democrática e inconstitucional pero aun la CIDH no se ha proclamado al respecto y ha solicitado tiempo para estudiar la situación.

A nivel internacional, el grupo la Iniciativa Democrática de España y las Américas – IDEA, una organización que concentra a ex presidentes contrarios a los regímenes del grupo del denominado socialismo del siglo XXI, hizo un llamamiento a la OEA y a la UE para que dispongan de medidas preventivas frente a lo que denominaron la ruptura del orden constitucional y democrático de Bolivia. Fue firmada por José María Aznar y Felipe Gonzáles de España, Fernando de la Rúa de Argentina, Vicente Fox de México, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe de Colombia y Mireya Moscoso de Panamá, entre otros.
Cabe recordar, que el 21 de febrero de 2016 se realizó un referéndum vinculante donde se le consultó a la población si Evo y García Linera podrían presentarse nuevamente como candidatos y la población ha respondido negativamente. En estos días Bolivia está movilizada, hubo paros y marchas a favor y en contra.

Una oposición heterogénea se está gestando alrededor del candidato por el Partido Comunidad Ciudadana, Eduardo Mesa, a quien las encuestas dan como principal contrincante de Morales.

En diálogo con Adriana Guzman, de Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia. Guzman resalta que la democracia liberal además de permitir la candidatura oficial, permite que otros candidatos como el mismo Mesa, quien fuera vicepresidente de Sanchez Lozada en 2003 cuando se produjo la masacre del gas (Sanchez Lozada sí es juzgado por este hecho y Mesa no), Victor Hugo Cardenas que tiene procesos de corrupción, y a Oscar Ortiz fundamentalista, con un discurso racista y parte de las movilizaciones racista en 2008.

Un camino alternativo, que plantea la militante feminista, es que se podría haber habilitado la reelección de Evo mediante mandato, a través de la democracia comunitaria, con una agenda construida desde las bases. Ven a Evo como único candidato, porque a pesar de haber hecho una distribución y no una transformación del sistema capitalista neoliberal patriarcal, la sociedad, las organizaciones y el mismo Evo, no generaron nuevos posibles mandatarios para gobernar el país y profundizar el proceso de cambio.

A este escenario político, se suman los movimientos ciudadanos del 21F, (llamado así porque el plebiscito sobre la reelección se produjo un 21 de febrero), financiados y operadas por la derecha política y económica; luego está el oficialismo con todo su aparato estatal dispuesto a hacer campaña en todos los frentes y, según Guzmán, las invisibilizadas organizaciones sociales que llegan a esta situación fragmentadas. Muchas de ellas no quieren que las candidaturas se diriman en estos términos, excluyendo la posibilidad del surgimiento nuevos líderes y lideresas, pero como el juego ya está planteado, ven a Morales como el único candidato posible.

Asimismo la feminista comunitaria plantea que esta imposición a las organizaciones sociales de los candidatos del MAS, por un lado tiene un significado simbólico ya que Evo rompió su palabra de no repostularse si el plebiscito era negativo, y por el otro muestra que no se ha aprendido nada de los procesos latinoamericanos que llegaron a las elecciones con candidatos impuestos a la sociedad y no surgidas de ella, como sucedió en Argentina con Scioli, con Maduro modificando la Constitución y en Brasil. Aclara que no están en contra de los compañeros pero sí de la soberbia e imposición de los candidatos.

En lo que deriva esto, es que se viene un año electoral donde el gobierno tiene recursos pero no la fuerza suficiente proveniente de las organizaciones sociales, mientras que la derecha continuará financiando plataformas racistas y violentas. Y desde una perspectiva feminista, se ve a estos señores como hombres que todo lo pueden y que finalmente, pudieron candidatearse, con una incapacidad de autocrítica y de pensar en otros caminos. Esto finalmente, dice Adriana Guzmán, llevará al desgaste, polarización y confrontación social. Resta esperar que la CIDH se pronuncie y ver cómo será la reacción social en el año de campaña.

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