Por Félix Meléndez | Foto: @RubenFigueroaDH

Las recuperaciones económicas históricamente desiguales llevarían de nuevo a la migración laboral de El Salvador, Honduras y Guatemala, esto, a pesar de las reducciones actuales de movilidad que fueron anunciadas como logro significativo a comienzos del año 2020. Si persisten los cierres de fronteras, el aumento de la migración conllevará mayores riesgos de protección y potencialmente conducirá a un mayor tráfico, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) sobre el impacto que el COVID-19 tendrá en el tráfico transfronterizo a mediano plazo. El 22 de abril, el presidente Trump firmó un decreto para dejar en jaque a la inmigración legal en Estados Unidos, la cual durante varios meses no podrá generar ingresos por lo que dichas restricciones tendrán un impacto significativo en la economía de estos países, en gran medida por la baja en el envío de remesas afectará tanto a la subsistencia del migrante como a la de sus familiares también golpeadas por la cuarentena. 

Un migrante hondureño se refugia en la ciudad de Palenque, Chiapas, a la espera de que pase la pandemia para poder continuar su viaje rumbo al norte. Foto: @RubenFigueroaDH

Desde octubre de 2018 hasta enero de 2020, las caravanas se convirtieron en una modalidad de migración no antes vista, grupos masivos de personas movilizándose por el territorio en el que históricamente migrantes han desaparecido, estaban brindando seguridad entre el colectivo y estaban evadiendo el alto precio de contratar a un contrabandista para ayudar a pasar hasta la frontera con los Estados Unidos. A ellos se sumó y visibilizo el drama de los migrantes cubanos, africanos y del medio oriente quienes también están recorriendo el territorio con el mismo objetivo.

Tradicionalmente, las movilizaciones en América Central se han caracterizado por un flujo de sur a norte, siendo los principales expulsores de migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, esto basado en las tasas de retorno, de enero a marzo de 2020. 44.228 migrantes fueron devueltos a sus países según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), de los cuales el 13% eran salvadoreños, el 48% eran guatemaltecos y el 39% eran hondureños. Esta cantidad es explicada por los procesos experimentados de retornos voluntarios, deportaciones y detenciones en la frontera sur de México con Guatemala, sitio que desde hace 2 años ha reflejado una transición gradual hacia el recrudecimiento de los controles migratorios en dicho enclave estratégico. Activistas, organizaciones de derechos humanos y periodistas han denunciado repetidamente que tanto la frontera Hidalgo como la frontera del Ceibo se convirtieron en el nuevo muro migratorio, hecho que quedo ampliamente documentado entre enero y febrero con la contención de la última caravana de migrantes que intentó avanzar en territorio mexicano.

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, vigilan la frontera con México, que permanece cerrada para todo el paso de extranjeros. Foto: @RubenFigueroaDH

Con la llegada del brote de COVID-19 en la zona, los flujos migratorios, las necesidades y las vulnerabilidades de los migrantes cambiaron drásticamente durante los primeros días de marzo cuando se cerraron las fronteras como medida preventiva contra la propagación del virus provocando que las deportaciones pararan. Los grupos reducidos de migrantes en tránsito comenzaron a tomar nuevos puntos ciegos para pasar a Guatemala y México, quedando varados en las fronteras y sin oportunidad de llegar a los refugios para obtener albergue debido a los riesgos de contagio.  

A finales de marzo, los gobiernos de México y Estados Unidos volvieron a abrir los procesos de deportación a Guatemala y Honduras, el retorno promedio aumentó un alto número de los migrantes que regresaron por vía aérea y terrestre, un promedio de 10,408 migrantes fueron retornados a sus países, los cuales no estaban preparados adecuadamente con protocolos epidemiológicos, de bioseguridad y menos con la información sospechas de infección de posibles casos de COVID-19. Desde entonces se sabe que hay más de 10,000 personas expulsadas, muchas de ellas, es importante valorar, se encontraban en proceso de petición de asilo, por lo que sus derechos migratorios fueron violentados al haber sido llevados sin permisos judiciales a centros de detención, en un claro abuso de autoridad aprovechando el contexto de la enfermedad.

Un niño migrante salvadoreño que viaja con sus padres, aguarda en una caseta del INM, frente a la estación migratoria de Tenosique, luego de sobrevivir a un motín e incendio provocado por migrantes por el temor a contagiarse de Covid-19. Foto: @RubenFigueroaDH

En este contexto del fenómeno migratorio en tiempo de pandemia, El Salvador comenzaría a brillar con luz propia al ser el primer país en Latinoamérica en implementar medidas de prevención contra el virus al decretar emergencia nacional, activando protocolos como el cierre de sus fronteras, el distanciamiento social y la cuarentena. Con respecto a las posibles deportaciones, el mensaje oficial era claro, El Salvador no dejaría entrar fácilmente a ciudadanos salvadoreños que proviniesen de países con sospecha de estar infectados, argumentando en su momento que los viajeros podrían infectar a la población y saturar al deteriorado sistema de salud

En días posteriores, reportes de denuncias ciudadanas y grupos en redes sociales reflejaron un drama no esperado, un aproximado de 4000 salvadoreños/as quedaron varados en muchas partes del mundo, exigiendo a su gobierno el derecho constitucional a regresar a su territorio, una paradoja muy sarcástica para un país acostumbrado a expulsar a sus ciudadanos. A diferencia de México, Guatemala y otros países vecinos que ejecutaron planes de retorno de connacionales, El Salvador se mantuvo con el discurso ambiguo de mostrar apoyo y compresión, a su vez que les reprochó el hecho de haber salido de viaje, creando un sentimiento de repudio y tachándoles de culpabilidad ante cualquier posible infección masiva a futuro. El 17 de marzo, en un hecho no establecido aún, el presidente Nayib Bukele acusó al gobierno mexicano de permitir la partida de un grupo de salvadoreños supuestamente infectados con Coronavirus desde el Aeropuerto Benito Juárez hacia el Aeropuerto Monseñor Romero de El Salvador, decretando desde entonces el cierre de operaciones de vuelos internacionales.

Entre abril y mayo, El Salvador anunció vuelos procedentes de Estados Unidos, en este caso la sorpresa se dio cuando se tildó de “retornados” a los migrantes que están siendo deportados en dicho periodo, desviando el foco de atención de los vuelos de deportación definiéndolos como vuelos humanitarios ante la mirada pública. En este proceso, el retorno de los varados ha ido movilizándose lentamente, muchos/as siguen a casi tres meses sin encontrar una respuesta de la fecha de regreso.

En países como Guatemala y Honduras, los vuelos de deportados de los Estados Unidos han ido incrementado y con ellos los protocolos de salud, sin embargo, los primeros vuelos de regreso incluyeron a migrantes retornados sin pruebas de COVID19, como lo confirma la muerte de dos centroamericanos que esperaban la deportación en centros de detención, un salvadoreño de 57 años fallecido el 6 de mayo en California y un guatemalteco de 34 años el 24 de mayo en Georgia. Expertos aseguran que el verdadero problema de la pandemia será el “retorno voluntario” de migrantes cansados de esperar en refugios o los derrotados ante la burocracia migratoria, que decidirán moverse a sus lugares de origen. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Guatemala ha denunciado en el municipio de Nentón del departamento de Huehuetenango y en la frontera de Gracias a Dios entre Guatemala y México, una cantidad indeterminada de migrantes que estarían pagando para pasar por puntos ciegos para evitar las cuarentenas y protocolos de salud que muchos consideran carcelarias. En Honduras está ocurriendo actos de represión ante el paso de inmigrantes procedentes de Angola, Cuba, Costa de Marfil, Haití, Ghana y Guinea quienes cruzaron sin ninguna resistencia desde la frontera Nicaragüense. La necesidad de albergue y la cuarentena les dejó varados desde marzo pasado en la ciudad de Choluteca, esto les llevo a movilizarse y a ser el primer grupo humano visible durante la pandemia que busca llegar a México para pedir protección y asilo, dejando en evidencia el drama humano de la inmigración, proceso que ante los cambios globales está lejos de disminuir.  

Por ahora se han establecido centros de aislamiento para migrantes. Guatemala, por ejemplo, realiza las pruebas de COVID-19 a todos los migrantes que regresan por tierra, sin embargo, las necesidades humanitarias evidentemente están aumentando. Honduras ha reportado 22 mil deportados procedentes entre Estados Unidos y México que entraron al protocolo de cuarentena  Mientras El Salvador, si bien tuvo un trato adecuado en el protocolo de recepción durante los primeros días, la creciente cantidad de deportados provocó que se habilitaran lugares nada adecuados para ser calificados como sitios de cuarentena, en algunos casos se habilitaron centros educativos donde fueron abandonados a la intemperie. Podríamos definir que estos movimientos masivos de población repatriada representan un riesgo para los gobiernos locales por el pésimo manejo de recursos que tiende a hacerse en la región, porque su presencia aumenta las necesidades y vulnerabilidades específicas que en su mayoría no logran ser atendidas. A medida que los migrantes se logren recuperar, nuevamente se verán obligados a enfrentar a los factores que los obligaron a tomar la ruta migratoria: la violencia representada por las pandillas, la falta de medios de supervivencia, el costo de la vida y la pobreza siguen siendo las brechas humanitarias que siguen estando tangibles. La consecuencia del retorno siempre ha sido un factor psicológico importante, pero ahora debemos agregar los temores de contagio de COVID-19 y la confrontación con los procesos de aislamiento.

En América Central, como en gran parte del mundo, las cosas probablemente empeorarán antes de mejorar. La región está históricamente vinculada a los Estados Unidos a través de un elaborado circuito de migración, viajes e intercambio. En el contexto de esta pandemia mundial, nos queda pendiente la interrogante sobre qué ocurrirá luego que los gobiernos logren bajar la curva. Las barreras estructurales que inhiben la mitigación de crisis humana a posterior, serán los mejores indicadores para predecir un futuro marcado a repetir los mismos círculos viciosos de expulsión del pasado marcadas por tragedias naturales e inestabilidad política traducidas en más pobreza y miseria.

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Por César Saravia y Camila Parodi | Fotos: Félix Meléndez desde El Salvador

El Salvador vivió en los últimos días un clima de tensión política sin precedentes desde la
Firma de los Acuerdos de Paz en 1992. El domingo, el centro de San Salvador amaneció militarizado por el gobierno de Nayib Bukele, quien buscaba presionar a los diputados y diputadas del poder legislativo (Asamblea Legislativa) para aprobar un préstamo por 109 millones de dólares con el objetivo de financiar la tercera fase de su política de seguridad, en un intento de autogolpe que consolida un giro autoritario y fundamentalista del presidente millenial.

Perfil: ¿Quién es Nayib Bukele y porqué representa un giro para la derecha? 

El dinero del préstamo sería destinado a la compra de equipamiento para modernizar el aparato represivo y de seguridad, que incluye la compra de helicópteros, patrullas, drones, equipo de visión nocturna, un sistema de videovigilancia y un buque para combatir el narcotráfico.

Desde su llegada al poder, la política de seguridad de Bukele se ha caracterizado por la mayor presencia de militares y policías en los barrios más vulnerables. En los últimos meses, la tasa de homicidios en el país se redujo significativamente, pese a que se mantiene como uno de los países más violentos del mundo. Bukele adjudica esta reducción al llamado Plan de Control Territorial, nombre utilizado para nombrar una serie de medidas que no son de acceso público, hecho que ha puesto en duda que esta sea la causa principal. Sin embargo, los números le han permitido vender la reducción como uno de sus principales logros y mantener el apoyo de buena parte de sus votantes a estas medidas.

Durante estos 8 meses de gobierno del “presidente millenial”, su estrategia política se ha centrado en tensionar constantemente con los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, en donde únicamente cuenta con el respaldo directo del partido que lo llevó al poder, el derechista GANA, ya que su partido Nuevas Ideas, no cuenta con representación legislativa puesto que todavía no participó en elecciones. Un nuevo episodio de confrontación inició el jueves 7 de febrero, cuando el Consejo de Ministros, supuestamente amparados en el artículo 167 de la Constitución, hicieron la convocatoria a una sesión extraordinaria el domingo 9 de febrero. La respuesta de la Asamblea no se hizo esperar y luego de una reunión ésta definió que la convocatoria extraordinaria no estaba fundamentada pues no se trataba de una emergencia.

Frente a la negativa de la Asamblea, Bukele convocó al pueblo a hacer una “insurrección”, y hacer valer el artículo 87, que permite la insurrección popular en caso de que se rompa el orden constitucional, si los diputados y diputadas no se presentaban a sesionar. El escenario se tensionó aún más luego de que tanto la Policía Nacional como el Ejército comunicaron estar “a total disposición del Comandante General”. En redes sociales, los seguidores de Bukele comenzaron a agitar con esta posibilidad, respaldados en un enojo que desde hace años se acumula contra los principales partidos políticos. El escenario para el autogolpe estaba dado.

Nuevas ideas con tinte a los 80

La mañana del domingo inició con la denuncia de varios diputados y diputadas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido que gobernó durante los últimos 10 años y del que Bukele fue parte hasta su expulsión en 2018, sobre la presencia de fuerzas de seguridad rondando sus casas como forma de intimidación. Así lo denunciaron las diputadas Nidia Díaz y Dina Argueta en sus cuentas de Twitter. Horas más tarde, en el municipio de San Marcos, en el local donde el FMLN desarrollaría su convención nacional, una de las razones por las que Bukele eligió la fecha, un grupo de militares se hizo presente a las afueras, en un claro caso de intimidación.

En los alrededores de la Asamblea Legislativa, por otro lado, los edificios se llenaron de francotiradores y helicópteros sobrevolando. La convocatoria, que se esperaba masiva, reunión a un grupo menor de manifestantes que incluía a empleados y empleadas de dependencias públicas y varias personas que llegaron en autobuses desde varios puntos del país. El ejército y la policía tomaron el control de la seguridad del edificio. Las reacciones internacionales no se hicieron esperar y tanto la Unión Europea como Naciones Unidas expresaron su preocupación y llamaron al gobierno a la sensatez. Un mensaje parecido tuvieron organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Watch Rights.

Únicamente Luis Almagro, un infaltable en el último tiempo para legitimar los Golpes de Estado, respaldó abiertamente a Bukele, que se quedaba solo, sin mayor apoyo popular en la calle y con poco apoyo internacional. A eso de las 16:30, en una tarima frente a la Asamblea, Bukele habló para el pequeño grupo de simpatizantes. En su primera intervención se dedicó a atacar a los abogados y abogadas que en redes sociales y programas de televisión señalaron el carácter inconstitucional de sus acciones y acusó a los diputados y diputadas de “sinvergüenzas”.

Después de eso, se dirigió a la sala donde se realizaría la sesión y dio inicio a la misma, pese a que solo 15 legisladores/as se hicieron presente. La propia diputada por ARENA, Felissa Cristales, aliada de Bukele, se levantó al ver el salón legislativo sitiado por militares. En su cuenta de Twitter, denunció que la seguridad de la Asamblea “nunca debió ser militarizada”.

Ya dentro del salón, Bukele se sentó en la silla que corresponde al presidente de la Asamblea y realizó una oración para pedir a dios consejo. La imagen, rápidamente remitió al estilo de lo realizado por la derecha ultraconservadora boliviana y brasileña en el congreso de esos países, como por ejemplo Jeanine Añez, consolidando un giro autoritario y fundamentalista que representa un retroceso de casi 30 años en un país con una de las democracias más jóvenes. Podemos ver cómo durante los últimos meses el ingreso a los parlamentos con biblias y oraciones se hacen costumbre para quienes no tienen a las mayorías. Después de rezar, y otra vez frente a sus seguidores, Bukele aseguró que “Dios le había pedido paciencia” y dio a los diputados y diputadas una semana para aprobar el préstamo, de lo contrario, se tomarían la Asamblea por la fuerza.

La jornada del fin de semana representa un antes y un después en la política del país
centroamericano. Bukele jugó sus piezas para intentar dar un autogolpe pero no logró generar las condiciones necesarias, pese a contar con altos niveles de popularidad. Sus credenciales democráticas quedaron puestas en cuestión y el rechazo de movimientos sociales, de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales fue contundente. Como el perfecto discípulo de Juan Guaidó y Jeanine Añez, el joven mandatario repite la idea de imagen nueva, fresca y despolitizada en contraposición de los grupos que protagonizan procesos históricos y los entrecruza con las peores herramientas de los Estados: la fuerzas militares y la biblia para legitimar medidas que no cuentan con los votos.

Al evitar los mecanismos legales e institucionales a través de la imposición y el uso desmedido de las fuerzas militares, Bukele nos habla de una nueva forma de entender y hacer política que exige una mayor atención. Los próximos días serán claves para resolver el conflicto y para ver en qué medida la oposición logra capitalizar este desgaste. Una torpeza y muestra de fuerza bruta que pone a Bukele en el centro de los gobiernos conservadores de la región, su versión más fresca y juvenil, pero que de nuevo, no tiene nada.

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Ante la partida de una nueva Caravana Migrante desde El Salvador, Honduras y Guatemala con destino a México y/o Estados Unidos, el cotidiano de sus protagonistas.

“Me despidieron de mi trabajo como obrero y el jefe nunca me pagó. Por mi edad ya no me contrataban en ningún lado y no tuve de otra que salir de mi casa y apoyar a mi esposa de otra forma. A mis 55 años prefiero arriesgarme a dar esta caminata a quedarme en mi país” menciona un señor mientras se prepara para comenzar el largo trayecto.

Policías vigilan la salida de migrantes en las terminales de autobuses rumbo a Guatemala

Apenas amanece en la plaza principal de San Salvador y las historias de despidos injustificados, malos salarios, de amenazas de pandillas, de personas que pretenden dar un mejor futuro a su familia, de padres que quieren regresar por sus hijos o hijas que fueron dados en adopción, etc, son las voces constantes que se escuchan en el lugar que se ha vuelto el punto de reunión de los migrantes que han partido en 9 caravanas hacia Estados Unidos.

Migrantes Centroamericanos esperan en la aduana fronteriza de Ciudad Hidalgo en México para obtener permiso temporal para quedarse como refugiados (18 de Enero 2019) / Fotografía de Antonio Montes

Las caravanas del año pasado reflejaron el drama humano que se vive en sus países y que les obliga a huir de los principales problemas que les obligan migrar: la imparable pobreza, las injusticias sociales y la violencia desenfrenada provocada por la ampliación de las pandillas en los territorios. La migración irregular proveniente del triángulo norte ha sido constante desde los años 80’s y ha ido la alza desde hace muchos años, también es justo decir que los grupos masivos de migrantes viajando en Caravanas en México acompañados de defensores de derechos humanos para solicitar protección y ayuda humanitaria en la frontera no era un fenómeno nuevo. Lo que las caravanas grandes que partieron de Honduras y luego de El Salvador en octubre del año pasado mostraron, fue la dimensión dramática de las migraciones a nivel global, abriendo el debate de la confrontación tanto de los países expulsores y los receptores entre lo legal y lo moral, entre el humanismo y la manipulación política.

Grupo de migrantes rumbo a la frontera El Salvador – Guatemala

Esta exposición mediática trajo consigo cambios en las dinámicas de paso tanto en la frontera sur, en las rutas de paso y en la frontera norte que ahora comienzan a ser palpables. En Tecún Umán por ejemplo, la ciudad fronteriza que se encuentra dividida por un puente con su vecino México, la entrada constante del flujo de las caravanas ha creado tensión, tanto de los pobladores locales que expresan abiertamente su malestar por la cantidad de migrantes en las áreas públicas, así como también se percibe el malestar de los traficantes de mercadería que ven amenazados sus intereses por la constante presencia de la prensa internacional. Esta reacción bajo ciertas diferencias, ha sido la misma por las ciudades donde están pasando los caravaneros.

Migrantes hondureños en su paso por Guatemala, son ayudados por automovilista para llegar hasta Frontera Sur

Mientras, Estados Unidos mantiene su retórica anti inmigrante de cerrarse ante la posibilidad de ayudar a quienes llevan pruebas que huyen de la violencia, en México “la cuarta transformación” de Andrés Manuel López Obrador ha cambiado sustancialmente el discurso tradicional de represión a un enfoque basado en el respeto a los derechos humanos. En el comienzo del año 2019, el Instituto Nacional de Migración abrió el acostumbrado cerco policial en el puente fronterizo, brindando estatus de protección a más de 13 mil personas entre hondureños y salvadoreños que lo solicitaron en la primera quincena de enero y dando el libre acceso a miles de migrantes que no quisieron acogerse al status para continuar su camino.

Ronal” un joven rapero lidera un grupo de salvadoreños por las carreteras guatemaltecas rumbo a frontera sur.

Según la Secretaria de Relaciones Exteriores “México ha optado por apoyar a los centroamericanos que ingresaron por la frontera sur para documentar su ingreso y facilitar que algunos se inserten en el mercado laboral con un permiso temporal de un año sujeto a renovación y se ha dejado atrás la política de deportar en su territorio a cientos de miles de migrantes”.

Es común encontrarse grupos de personas pasando diariamente el rio Suchiate, frontera natural que divide a Guatemala de México

En contraste a estos cambios, también es cierto afirmar que el actuar de las autoridades del Instituto Nacional de Migración ha sido dudoso, porque las deportaciones han continuado, solo en enero y febrero de 2019 se retornaron a 952 Salvadoreños y a 1,550 hondureños de las caravanas de 2018 según datos de Migración de ambos países. Además las detenciones arbitrarias han sido constates, tanto a defensores/as de derechos humanos, como a personas a identificadas como líderes o han perseguido a los grupos pequeños que decidieron continuar su trayecto hacia Tijuana y Monterrey, basados en información de periodistas independientes que han acompañado los trayectos con los migrantes.

El 18 de enero de 2019, la aduana mexicano en frontera sur fue abierta para dejar pasar a los migrantes que no aceptaron la protección temporal.

En El Salvador, Honduras y Guatemala, la tónica del discurso oficial sigue ensañándose con a los traficantes de personas o “coyotes” como los principales manipuladores de incitar las caravanas, en lugar de combatir los motivos por los que la gente huye. Ni campañas virales, ni las advertencias de las autoridades mostrando los peligros que corren las y los viajeros en México logran amedrentar a los migrantes. Al contrario, son presa fácil de la desinformación en las redes sociales y artículos sin nombre de personas que aseguran que viajar con niños o niñas les dará ciertos privilegios para conseguir la protección, que México sigue dando vía libre por sus tierras para entrar a quienes lo soliciten, o de personas que “amablemente” se ofrecen a adelantarlos por ciertas ciudades por módicas cantidades de dinero. La realidad de fondo sigue siendo la inseguridad y la pobreza como principales motivos para abandonar sus familias y aventurarse a pasar por diversos martirios para llegar a Estados Unidos.

La migración por la ruta que cubre el trayecto del tren conocido como “La Bestia” sigue siendo constante y usada por muchos centroamericanos / Fotografía de Rubén Figueroa

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