Por Ana Paula Maragoni | Arte: Iván Barrera

En la provincia de Corrientes, un grupo de feministas trabaja asistiendo a mujeres que desean abortar hace cuatro años a través de la “línea rosa”. Ellas son las socorristas, quienes acompañan y defienden derechos evitando la muerte y las consecuencias provocadas por abortos inseguros y clandestinos. Donde falta el Estado, las mujeres y disidencias organizadas dan una respuesta y acompañan todo tipo de situaciones: desde mujeres que deciden abortar por distintas causas hasta niñas que han sido abusadas y a las que el sistema obliga a parir.

Más que una entrevista colectiva, esta nota es un tejido de solidaridad, donde la voz de las socorristas pueda emerger desde un territorio concreto y ayudarnos a ver todo aquello que Estado, iglesia e instituciones se empeñan en esconder.

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¿Cómo es abortar en Corrientes?

Abortar en Corrientes, con un decreto antiderechos que impide a las personas con capacidad de abortar, acceder a la interrupción legal del embarazo y como en toda sociedad cristiana y patriarcal, es abortar en soledad, abortar con culpa, abortar presionada, en secreto, con vergüenza, mientras los otros hijos duermen, como puedo, con una amiga, con una socorrista al teléfono. Después, implica soportar la violencia institucional en cada control post aborto, no poder contar la verdad a ningún médico o médica por miedo. Y a la vez, es un acto de resistencia que cobra mucha más fuerza en ese contexto tan hostil. Es la creación de estas redes afectivas y políticas como el socorrismo y como la amistad. Es reforzar esos vínculos. Abortar hasta contra nosotras mismas.

¿Cuáles son los principales obstáculos que observan en su tarea de acompañamiento?

A la hora de abortar, el principal obstáculo es la falta de un Protocolo de Interrupción del Embarazo (ILE), en primer lugar; y en segundo, la falta de articulación con el sistema de salud público. La resistencia que tienen los médicos y las medicas a conocer nuestra tarea, a validar nuestras prácticas, y los métodos sobre los que informamos. Ellas y ellos tienen una gran resistencia a capacitarse, a formarse con alguna perspectiva que no sea la hegemónica en la provincia (que es moral y cristiana). Ese es el principal obstáculo: la falta de politización y compromiso de las y los profesionales de la salud.

¿Cuál es la principal demanda, relacionada con la garantía del acceso a los derechos sexuales y reproductivos, que le harías a las y los responsables políticos de tu provincia?

La principal demanda es el acceso la interrupción legal del embarazo por causales, que ya existe, pero que en Corrientes no se cumple. Es enorme la cantidad de niñas madres, de adolescentes madres, de personas adultas con problemas de salud que no pueden acceder. Y estamos hablando de un derecho adquirido hace casi un siglo. Necesitamos que se garantice el cumplimiento de ese protocolo que ya existe y que tiene validez nacional. Luego, en general, necesitamos que se cumpla con el acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, que hoy es inexistente en nuestra provincia.

¿Es la ESI de cumplimiento efectivo en las escuelas de tu provincia?

Con respecto a la ESI, no solo no existe el cumplimiento efectivo en las escuelas, sino que existe todo un movimiento contra la Educación Sexual Integral por parte de agrupaciones religiosas. También muchas escuelas semiprivadas religiosas se manifiestan en contra e incluso obligan a sus docentes a participar de las marchas contra la ESI. Existe todo un imaginario colectivo de que vienen a pervertir a la niñez y a la adolescencia. Y además de eso, yo como docente de escuela pública lo puedo decir, la persecución ideológica, política, institucional, la violencia que sufren las pocas docentes que pelean a favor de que se implemente la ESI en las escuelas y en la sociedad. Quienes hemos intentado su implementación, hemos pagado un precio muy alto, relacionado a nuestra salud mental dentro del ámbito laboral.

Las personas que las contactan, ¿por qué razones deciden abortar?

En general, nosotras entrevistamos a todas las chicas o personas con capacidad de abortar que nos contactan, y una de las preguntas que les hacemos es por qué deciden abortar. Y la mayoría de las respuestas es por proyecto de vida, económico y también por violencia naturalizada dentro de la pareja o el vínculo sexual.

Frente a este panorama, ¿por qué deciden acompañar?

Elegimos acompañar porque en este contexto social, político e histórico, lo consideramos un deber desde el activismo feminista y un acto de resistencia, mientras se sigue peleando en las calles, y en todos los lugares, cada una desde su rincón, por la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Considero que es una práctica feminista, por la creación de redes que trascienden nuestra provincia y nuestro país, ya que tenemos vínculos con redes de aborto en toda América Latina y el Caribe; porque es horizontal; porque es autogestiva; porque es libre; porque sistematiza datos; porque acompaña historias de vida; porque está en lugares donde hay mucha soledad, donde a veces no hay nadie mas que nosotras. Y ese es el acto de sororidad, o la práctica feminista concreta y activa de poner el cuerpo real y literalmente donde se nos necesita.

Se trata de poner el cuerpo, la escucha activa, muchas veces, incluso dinero o nuestras casas, porque hay personas que no tienen siquiera un espacio de intimidad para poder abortar, nuestro tiempo, acompañar a las personas a hacerse los estudios pre y post, contener emocional y psicológicamente dentro de lo que podemos o derivar a otras redes, algo que podemos hacer a través de las redes que teje el feminismo, para poder contar con profesionales en salud mental, derecho, u otras profesiones según lo que necesite la persona asistida, porque no podemos contar con el Estado. Nos tenemos a nosotras y estamos armando el mundo feminista, como lo decimos en nuestras banderas, marchas y folletos. Y creo que eso es concreto, y a su vez también es visible y palpable, y todos los días puedo comprobarlo. Por esas razones creo que el socorrismo es una práctica feminista.

Con resguardo de la identidad, ¿cuál fue la historia donde más les alegró ser acompañantes de las decisiones soberanas de otras y otres?

En mi caso, tuve dos que me resonaron y alegraron mucho. La más sorprendente que me pasó fue poder acompañar a una chica que estaba en México. Ella estaba ahí por un intercambio estudiantil y tenía un amigo que era de Argentina, de Chaco. Su amigo se contactó a través de la línea publica, y a la vez yo pude contactarlos con “Fondo María”, que son las acompañantes en México, y ellas pudieron asistirla. Donde estaba ella, el aborto no era legal. Se había hecho un aborto con la indicación de un médico, que se lo había indicado mal, y luego, a través de las socorristas de allá logramos que tuviera la información y el acompañamiento adecuado, y que se resolviera bien su situación. Después ella volvió a su país, y nos hizo llegar la noticia de que se quería sumar a la red de acompañantes en su país. Esa fue una de las cosas más increíbles que me pasó, porque pude ver realmente como trascendía las fronteras lo que estábamos haciendo.

También recuerdo a otra chica que había venido a trabajar acá, sin celular, sin plata, de 17 o 18 años, que estaba muy sola, apenas con una prima. Ella había llegado de Venezuela ya embarazada. El primer o segundo día que llegó, salió con su prima de paseo, y vio en una plaza donde estábamos por un evento, nuestra bandera con el número de teléfono de la línea de aborto seguro. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, primero recurrió a su prima, pero ella le manifestó que estaba en contra de que se hiciera el aborto. Entonces, se acordó de la bandera y empezó a googlear. Así llegó a nosotras y pudo hacerse el aborto con nuestro acompañamiento. Eso también, a escondidas de la prima, con su mamá en Venezuela, sin celular, contactándonos a través del teléfono de un amigo de su prima, que era el único que le hacía el aguante. Fue toda una travesía hasta que pudimos, se lo hizo en mi casa, con nuestra contención. Ese fue un acompañamiento muy lindo porque pudimos ver lo empoderante que es la decisión sobre nuestro cuerpo, sea cual sea. Y ella, a pesar de que era tan chiquita, vimos lo valiente que era de venirse de otro país para poder buscar trabajo, para traer a su madre, y decidir abortar sin conocernos, con todo el miedo que debe implicar eso. Y finalmente fue una experiencia muy linda.

Y después, en general, lo más conmovedor son las niñas que vienen con las mamás. Hay talleres donde están la niña con su madre y su madrina, o las hermanas. Y una ve varias generaciones tratando de darle el apoyo, la contención, de que no sienta que está haciendo algo malo, que no se sienta culpable; que sepa que es una decisión que, aunque le esté costando, con el tiempo la va a valorar; que no la va a traumatizar, sino que la va a reivindicar. Y es muy lindo formar parte de eso.

¿Reconocen alguna historia en su provincia que sea representativa de los obstáculos, dificultades y /o actores y poderes que impiden el derecho al aborto?

La historia más representativa que se me viene es la de una niña de Monte Caseros de 10 años, abusada por su padrastro, que terminó con una cesárea en el Hospital Vidal de la ciudad de Corrientes. Previamente, en su ciudad natal hubo marchas “por el derecho a la vida”, desinformación por parte de la ecógrafa y de la médica general que la atendió, baby showers organizados por la iglesia a la que asistía la madre. Es decir, un hostigamiento por parte de toda la comunidad de su ciudad y una desinformación total. Cuando llegó a Corrientes (capital), su embarazo ya estaba muy avanzado, y finalmente le hicieron cesárea porque su cuerpo no iba a poder resistir el parto. El periodismo acosó a las trabajadoras sociales que la acompañaban a ella y a la madre, filtraron detalles morbosos y sensacionalistas de la vida de la niña, pedían explicación a las activistas y a las trabajadoras sociales y a la madre. Nadie fue a hablar con el gobernador por este decreto llamado “pro vida” (antiderechos), ni con el Ministro de Salud, o con el personal de salud del hospital. Nadie visibilizó que tenemos un decreto que impide la interrupción del embarazo hasta en estos casos. Nadie visibilizó que esta niña debería haber tenido desde el primer momento el derecho de abortar. Ni siquiera ahondaron en el padrastro abusador. Se centraron en ella y en su entorno. Fue la vulneración sobre la vulneración y la revictimización de los medios nacionales. Se trataba de una nena abusada y embarazada a punto de hacerse una cirugía, que después llevaría para toda la vida. Las declaraciones del médico fueron que, así como jugamos a la mamá cuando somos niñas, esto es lo mismo, pero con un bebé de verdad. Y que esa nena, así como aprendió a caminar y hablar, va a aprender a ser mamá. Y que la responsabilidad recaía en ella también, porque al no estar educada sexualmente no pudo o no quiso denunciar a su padrastro y el abuso. Una irresponsabilidad total por parte de todos los agentes, incluyendo a les periodistas, cómplices y revictimizantes, deshumanizados.

También hubo otras historias en las que vulneraron los derechos de niñas y adolescentes abusadas y donde enciman abren una causa judicial. Eso es lo que suele hacer el estado en Corrientes. Llegan a sus casas. Vulneran todos sus derechos, las invisibilizan, las desoyen y las exponen. Y hablan con los supuestos adultos responsables, que nunca se dieron cuenta de que fueron abusadas. Es un mensaje de aleccionamiento por animarse a contar lo que les pasó. Les familiares, en muchas ocasiones, en vez de contener y darle opciones a la niña o adolescente, se ponen en el lugar de protagonistas del sufrimiento, el dolor y la vergüenza, generándole mas culpa. Además del trauma, del abuso, del embarazo, de toda una situación difícil con los amigos y en la escuela, se afronta la culpa de “lo que le hice a mis padres”.

¿Por qué el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito?

Tiene que ser legal para que la corporación medica tenga la obligación y el compromiso de formarse con una perspectiva feminista e inclusiva que reivindique y respete el deseo y las decisiones de las personas con capacidad de abortar. Que dejen de excusarse en la legalidad y esa doble moral de que cumplen con todas las leyes dentro del servicio de salud pública, porque resulta que, si pagas 30.000 pesos en sus consultorios privados, se olvidan de que existen esas mismas leyes que reivindican. Pienso que tienen que ser seguros, como son los abortos seguros acompañados por socorristas, que la información sobre el aborto tiene que socializarse, que todas las mujeres tenemos que saber cómo abortar. Que esa información, que ya es pública, y que es el método recomendado por la OMS, debe ser un conocimiento ya expropiado a la corporación médica, un conocimiento que hemos tenido ancestralmente las mujeres y que nos fue arrebatado.

Lo que va a hacer que sea seguro es que contemos con la información. Y que sea gratuito para que todas las personas que lo deciden, puedan acceder, y que bajen las tasas de mortalidad, de maternidades no deseadas, de niñas y adolescentes forzadas a parir y maternar. También pienso que tiene que ser libre y feminista, porque los cambios sociales no vienen rápidamente a partir de una ley. Por mas que exista la ley, la discriminación, la violencia, el maltrato, la hostilidad siguen existiendo. Es importante que podamos decidir cómo queremos abortar, que puedan ser tratamientos ambulatorios, que decidamos con quien queremos estar acompañadas, y hacerlo donde nos sintamos cómodas, tranquilas y seguras, que en general no son los servicios de salud, con profesionales que están automatizados y que ven en cada paciente un número y no un ser social, biológico, político, emocional, y demás.

Cada aborto es distinto, como cada persona. Cada proceso es particular y viene cargado de la historia de la persona que lo va a atravesar, y todo eso debe ser respetado y considerado. Y no creo que se pueda dar dentro de esa institución que es el hospital, al menos todavía. Se necesita mucha formación, sobre todo emocional, empatía, respeto, compromiso con la vida y la salud de esa otra persona que nos necesita.

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Por Nacho Saffarano

Desde hace tiempo que ya no pueden ser tratados como unos freaks twitteros nostálgicos de la Dictadura; sino que hoy encuadran la renovación de los sectores reaccionarios y son una referencia para una capa amplia de la juventud. Tal vez este es el dato más preocupante.

La detención se da en el marco de la denuncia realizada por la Diputada cordobesa, Gabriela Estévez, luego de que unos días atrás, Prestofilippo haya publicado un tweet.

La denuncia se encuadra dentro del delito de amenazas, que contempla penas que pueden ir de los 6 meses a los 10 años, a menos que se contemple algún agravante, donde la pena de prisión puede estirarse.

Algunas consideraciones al respecto:

1- El neo-fascismo ya es una realidad en la política argentina. Sus expresiones político-electorales son marginales hasta el momento, pero este es un indicador que puede cambiar en pocos meses. Lo que hay que asumir, es que las ideas fascistas ya están instaladas como prácticas sociales y tienen un trasvasamiento de clase.

2- Son portadores de un mensaje “anti-sistema”, en tanto responsabilizan a “los políticos” como la causa de todos sus males. Si bien en su imaginario el peronismo y el comunismo tienen un signo igual y ambos atentan contra la libertad – aunque no puedan ponerse de acuerdo entre ellos sobre qué es ser libre -, su rechazo a la clase política se unifica en un “que se vayan todos” de nuevo tipo. Es por esta razón que ubican a Juntos por el Cambio también como parte del problema, construyendo vasos comunicantes solo con los sectores más derechistas de dicha coalición, tal como Patricia Bullrich o Waldo Wolf.

3- No es casual que estos sectores hayan sido los únicos que apoyaron a parte de la Bonaerense que rodearon la Quinta de Olivos. Ante cada hecho tumultoso de la coyuntura, se encargan de poner su granito de arena para intentar romper el cada vez más débil pacto democrático que nos rige. De allí que es saludable que todas las fuerzas democráticas repudien a estos sectores y señalen sin vacilar a quienes los encubren.

4- La pregunta obligada y reiterativanes si el uso del sistema penal es la vía útil para atacar las prácticas fascistas, al menos a estas que expresan declaraciones repugnantes en las redes sociales

¿Se logra neutralizar el discurso reaccionario deteniendo a uno de sus portavoces? ¿Fue una estrategia jurídica consensuada? ¿Se pensó cual podía ser la reacción de sus seguidores?
No viene mal recordar que Baby Etchecopar firmó una probation luego de una denuncia por violencia machista en sus programas de radio – por haber fomentado el odio a mujeres migrantes y militantes de movimientos sociales -, y sin embargo día tras día sigue desplegando un mensaje profundamente regresivo y sumando seguidores.

5- Entonces, ¿qué hacer ante la avanzada de ésta derecha sin maquillaje progresista? Tal vez algunas respuestas puedan surgir de hacerse ciertas preguntas:
* ¿Estamos de acuerdo que la libertad de expresión tiene límites y que no puede usarse como justificativo de los mensajes de odio?
* ¿Es efectivo para desactivar las prácticas fascistas usar el sistema penal? ¿Lograríamos convencer a alguien de que luego de cumplir la pena ya no sería fascista?
* ¿Se puede pensar una “probation anti-fascista”? ¿Multas pecuniarias para solventar proyectos de derechos humanos? ¿Los obligamos a que se aprendan de memoria la Carta a la Junta y la reciten en Plaza de Mayo?
* ¿Es hora de formar un Frente Antifascista? ¿Qué tiene que suceder para que lo hagamos?

Los problemas hay que verlos uno al lado del otro. Un día cacerolean para que los presos se mueran en las cárceles, otro día para que sectores humildes no cobren la IFE, al siguiente ovacionan un levantamiento policial. Sueltos son anécdotas, todos juntos son la estrategia de un fascismo que está ocurriendo aquí y ahora.

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Por Vanessa Gonzaga | Traducción: Pilar Troya*

Fundamentalistas religiosos intentaron invadir este domingo (16) el Centro Integrado de Salud Amauri de Medeiros (CISAM), en Recife, estado de Pernambuco, al nordeste del país, para impedir el aborto legal de una niña de 10 años, embarazada tras haber sido violada por su tío.

A la niña le negaron su derecho en el Hospital Universitario Cassiano Antônio Moraes (HUCAM), en el estado de Espírito Santo, y viajó a la capital pernambucana exclusivamente para interrumpir su embarazo. Después de la expulsión de los extremistas por un grupo de mujeres feministas, el procedimiento fue realizado con seguridad y ella está bien.

Brasil, por ley, permite desde 1940 el aborto en casos de embarazo causado por violación y en los casos en que hay riesgo de vida para la madre o anencefalia del feto. 

Durante el día, grupos conservadores permanecieron frente al CISAM y criticaron la realización del procedimiento, incluso después de la autorización del Tribunal de Justicia de Espírito Santo. Estuvieron en el lugar parlamentarios contra el aborto, como los diputados Clarissa Tércio Partido Social Cristiano (PSC), Cleiton y Michelle Collins, ambos del Partido Popular (PP), el concejal Renato Antunes (PSC), el diputado estadual Joel da Harpa (PP) y la ex diputada Terezinha Nunes (Movimiento Democrático Brasileño).

El episodio fue uno de los más comentados del día en las redes sociales. La niña era víctima de violencia hace cuatro años.

La Investigación Nacional sobre Aborto, realizada en 2015 por el Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género (ANIS) en asociación con la Universidad de Brasilia (UNB), mostró que una de cada cinco mujeres entre 18 y 39 años ya se había realizado por lo menos un aborto hasta los 40 años, totalizando casi 500 mil intervenciones. Los números pueden ser mayores, ya que la investigación no incluyó adolescentes, mujeres en áreas rurales ni mayores de 49 años.

*original en Brasil de fato

Leé también:

El calvario de las mujeres que deciden abortar en Brasil

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Por César Saravia y Camila Parodi

Bolivia se encuentra en un nuevo escenario de conflictividad social. El mismo, debe ser entendido como una extensión del Golpe de Estado que el país vivió hace ya casi un año. Desde el 3 de agosto, se realizaron jornadas de movilización, huelga total y bloqueo tanto de rutas como de las principales esquinas de las ciudades. Esto se determinó en cabildo abierto y popular, luego de la convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto Unidad que fue continuada por las organizaciones y personas autoconvocadas a lo largo y ancho del país. En los primeros días de la resistencia, se registraron más de 100 bloqueos en todo el país y en distintos puntos. 

Este nuevo episodio de movilización se da luego de la decisión del Tribunal Supremo Electoral de postergar nuevamente las elecciones inicialmente programadas para el 6 de septiembre. La postergación de las elecciones es la tercera en lo que va del año y responde principalmente a una estrategia del gobierno de facto de ganar tiempo para profundizar cambios que le permitan estabilizar el régimen golpista. La pandemia, las demandas para inhabilitar a Luis Arce y al MAS, el exilio de Evo, un enojo popular en las calles, la presencia de grupos de choque fascistas y la división dentro de la derecha frente a la posibilidad de una candidatura única, son algunos de los elementos que configuran un panorama político muy complejo para el país vecino. 

Pero vamos por partes… primero, un poco de rap feminista y plurinacional para escuchar de fondo de la mano de Nina Uma en La Paz:

Sobre el TSE y la postergación de las elecciones

La postergación de las elecciones realizadas hacia finales del mes de julio generó la alarma en el pueblo boliviano y en las organizaciones sociales y de Derechos Humanos de distintos países. Si bien esta decisión se presentó como una respuesta de “prevención” en el contexto de pandemia global, sobran sospechas que demuestran otra intencionalidad: entorpecer, a toda costa, la carrera del candidato que lidera la intención de voto

Ciertamente, la pandemia ha calado hondo durante los últimos meses en el Estado Plurinacional pero esto se debe a la falta de presupuesto y políticas públicas orientadas al cuidado de la salud y la economía del pueblo boliviano. Es decir, con o sin elecciones el cotidiano estructural de la dictadura en Bolivia imposibilita el cuidado de sus habitantes ya que no se registran durante los últimos meses inversiones en respiradores, testeos, medicación ni material de bioseguridad pero que si se relacionan con casos de corrupción. Ni que hablar de la falta del reconocimiento de los derechos laborales para las y los trabajadores de la salud o la creación de políticas que contengan la crisis económica.

Si la pandemia no es una preocupación real, entonces, la postergación de las elecciones se convierte en una nueva estrategia para aplazar la democracia. De esta manera, el Tribunal Superior Electoral avaló la ilegalidad determinando de manera unilateral y sin diálogo con los distintos sectores políticos la nueva fecha de elecciones cuando el 6 de septiembre era una fecha límite establecida en el marco de la ley vigente (link declaración de luis arce). Es decir, no existe marco legislativo para que se incorporara el 18 de octubre como una nueva opción a considerar.

Sobre esto, el Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) representado en este momento por el binomio Arce Catacora – Choquehuanca, sostuvo la importancia de las instancias de diálogo entre los distintos partidos políticos y sectores organizados para garantizar una fecha electoral inamovible por ley y con seguimiento de los organismos internacionales. Sostuvieron, además, que los bloqueos y protestas hacen parte de la comunidad organizada y que no son ellos quienes los dirigen como tampoco quienes pueden frenarlo.

La derecha sin horizonte

Dilatar la elección es parte de una encrucijada de la derecha luego de evaluar como compleja la consolidación del Golpe por la vía electoral. Por ejemplo, la última encuesta realizada por CELAG reveló que, el candidato del MAS, Luis Arce Catacora ganaría la elección en primera vuelta con un 42% de los votos. Mientras que Carlos Mesa, en segundo lugar, apenas lograría un 27%. En Bolivia, la elección se gana obteniendo un porcentaje mayor de 40% y una diferencia del 10%. Si a esto sumamos los estudios que desmienten a la OEA en que hubo fraude, realizados por universidades estadounidenses y españolas, como el MIT, y divulgados por periódicos como el The Washington Post y el New York Times, nadie puede pensar que tienen un interés en que el MAS gane la elección. 

Frente a estos datos, todo indica que en un escenario de elecciones transparentes y democráticas, Luis Arce sería el próximo presidente de Bolivia. Pero nadie da un Golpe para entregar el poder al año siguiente. De ahí que a la derecha no le quede otro camino que la violencia de grupos de choque y dilatar la elección. En las últimas semanas, figuras como Carlos Mesa, o Marco Antonio Pumari, candidato a vicepresidente por la Alianza Política Creemos, han comenzado a mover fichas para bajar a Añez de la elección.

Geopolítica del litio

En paralelo a la evidente postergación política de las elecciones, un nuevo engranaje de la maquinaria dictatorial apareció en escena con sospechosa liviandad. Fue también hacia fines del mes de julio que el dueño de la automotriz Tesla, Elon Musk, confirmó vía Twitter aquellas declaraciones que el ex presidente Evo Morales sostuvo desde el inicio del golpe de Estado hacia su gobierno:“vienen por el litio”.

“Nosotros vamos a realizar golpes donde queramos lidia con eso”: El principal productor de autos eléctricos (a base de batería de litio) podría haber financiado el Golpe de Estado en Bolivia y esta afirmación no se sostiene simplemente en un comentario al pasar. Se ha demostrado durante los últimos días que el gobierno de facto de Jeanine Añez había enviado una carta a Elon Musk pidiendo ayuda económica para la compra de respiradores frente a la pandemia del COVID -19

Como señalan desde el Grupo de Investigación Geopolítica del Litio, “en los salares andinos se encuentra el 80% de las reservas probadas del elemento químico que anima la movilidad de los dispositivos electrónicos del mundo: el litio. Un celular, notebook o tablet se desplazan gracias a la acumulación energéticas de las baterías ion-litio; sin ellas un satélite no entraría en órbita o una nave especial no sobreviviría” De forma que esta transición millonaria del petróleo al litio sitúa a Bolivia junto al norte de Argentina y Chile como enclaves de disputa imperial. 

Podés leer el libro Geopolítica del Litio: Industria, ciencia y energía en Argentina de manera gratuita haciendo click en el hipervínculo.

El pueblo en las calles no negocia

Con este panorama, el pueblo boliviano organizado en Cabildos Populares estableció la realización de huelgas, cortes y bloqueos de todo el país. Si bien inicialmente este accionar fue también asumido por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, durante el Cabildo Popular realizado el pasado 14 de agosto en El Alto se estableció la continuidad de los bloqueos y movilizaciones sin el apoyo de los mismos. Esto se debe a la creación de una Ley de Elecciones Generales 2020 por parte del Comité Ejecutivo donde tanto las y los asambleístas del MAS como el Gobierno de facto fijaron la fecha de las mismas para el 18 de octubre sin consulta previa al pueblo en sus respectivos bloqueos. En este contexto, distintas organizaciones definieron la continuidad de sus movilizaciones exigiendo la renuncia de Jeanine Añez. En este vídeo se escucha a Armadina Quelca de la Federación Bartolina Sisa de La Paz dirigiéndose al pueblo autoconvocado que eligió continuar con los bloqueos a pesar de las resoluciones de las confederaciones históricas –incluso la que integra ella- a nivel nacional.

Se cumplen dos semanas de la realización de los primeros bloqueos en Bolivia. Durante estos días, el gobierno de facto utilizó sus ya conocidos métodos: criminalización y estigmatización mediática; responsabilización de la crisis de salud sobre el transporte de oxígeno necesario para combatir al virus del COVID-19; represión y persecución de quienes realizaron las movilizaciones; acusación al MAS de obligar a las personas autoconvocadas a realizar los bloqueos, entre otros. Sin embargo, las respuestas desde los bloqueos no se hicieron esperar, demostraron que se habilitaron carriles para el traslado de los camiones de salud, que no coincidieron con el MAS en las decisiones políticas para la salida del conflicto y volvieron a demostrar su capacidad de resistencia a las violencias represivas y paramilitares como desde noviembre de 2019.

“Con el fascismo no se negocia” recuerdan las organizaciones y personas autoconvocadas a lo largo de los distintos cabildos populares. Los bloqueos y movilizaciones, como en 2001 y 2003 con las guerras del gas y el agua vuelven a ser el espacio de encuentro frente a la hostilidad política y la crisis institucional. Otra vez, la comunidad, la asamblea, el ayllu resistiendo a la violencia y al racismo. Otra vez, la comunidad gestando ese mundo que no pide permiso.

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Por Florencia Goldsman* | Ilustración: Sra. Milton

Imaginemos: desbloquear el teléfono y leer “Puta vamos a violarte y corregirte”. Chequear los correos y recibir “Con esa cara de mal follada solo puedes escribir mierdas”. En la red azul y blanca un rápido rastrillaje por los comentarios: “Pedazo de mierda vamos a matarte, sabemos donde vives” . En la red del pajarillo una manada de twitteros desconocidos distribuyen nuestra dirección exacta y prometen mandarnos paquetes llenos de mierda hasta la puerta de nuestro hogar.

Todas las opciones anteriores son posibles. Y, si fuera poco, también podemos atestiguar cómo circulan nuestras fotos, minuciosamente editadas o con un verosímil videomontaje [1], en el cual aparecemos violentadas o muertas de mil y una maneras. Todas estas son vivencias de mujeres reales, recogidas a lo largo de los años por quienes investigamos las violencias de género en la red. Todas tienen un efecto paralizante.

En internet la violencia contra las mujeres abarca desde el acoso, el hostigamiento, la extorsión y las amenazas, el robo de identidad, el doxxing*, así como la alteración y la publicación de fotos y videos sin consentimiento. Todos estos ataques afectan de manera real la vida de las mujeres porque generan daño a la reputación, aislamiento, alienación, movilidad limitada, depresión, miedo, ansiedad y trastornos de sueño, entre otros. En este contexto surgen, por un lado, reclamos de mayores sanciones, más leyes y más control sobre lo que sucede en internet y, por el otro, recae sobre las mujeres la responsabilidad y, a veces también, la culpa de esas situaciones.

Los ataques en línea que colocan en la mira a las mujeres periodistas adquieren características específicas relacionadas con el género y tienen, en general, una naturaleza misógina y de contenido sexualizado. En este contexto, las mujeres periodistas cargamos una mochila más pesada: recibimos agresiones como comunicadoras y, también, como mujeres.

En redes sociales, las mujeres periodistas recibimos agresiones como comunicadoras y, también, como mujeres.

Cada día más urge sopesar estos ataques que por mucho tiempo fueron vistos como menores. “¿Te insultaron por Facebook? Despreocupate, ¿a quién no?”. “¿Amenazas en Twitter? No pasa nada, son trolls, máquinas automatizadas”. El peor de los sentidos comunes sobre nuestras relaciones con las tecnologías también quita mérito a las violencias en línea de cada día. Cuando, en realidad, cada opinión, mensaje o toma de posición proferida en internet que recibe un ataque violento a cambio pone en juego la pluralidad de voces fundamental a la hora de informarnos.

El informe ‘Mujeres Periodistas: Discriminación y Violencia basada en género contra mujeres periodistas en el ejercicio de su profesión’, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en 2018, resalta que la violencia en línea contra mujeres periodistas y comunicadoras puede, en casos extremos, conducir a la autocensura o a que las mujeres se retiren de la esfera pública, dejando el campo del periodismo dominado por los hombres, restando así voces diversas a los discursos hegemónicos que dan forma a los medios de comunicación tradicionales.

El informe de este organismo, creado para promover el monitoreo y la defensa de los derechos humanos, desglosa la violencia en línea como “todo acto de violencia de género contra la mujer cometido, asistido o agravado en parte o totalmente por el uso de las tecnologías de las comunicaciones TIC [Tecnologías de la Información y de la Comunicación], como teléfonos móviles y teléfonos inteligentes, internet y redes sociales, plataformas o correo electrónico, contra una mujer porque ella es una mujer, o afecta a las mujeres desproporcionadamente’”.

Es indiscutible: los índices de las violencias en internet dirigidas contra periodistas y comunicadoras no dejan de crecer. Así lo confirmó la Federación Internacional de Periodistas (IFJ, por sus siglas en inglés) que realizó en 2018 una encuesta con el resultado de que casi dos tercios de las mujeres periodistas han sido objeto de abusos en línea. En otras palabras: el 68 por ciento de las mujeres que trabajan en periodismo han sufrido acoso digital.

Dos tercios de las mujeres periodistas han sido objeto de abusos en línea

Destaca el informe de CIDH que el analizar en detalle las temáticas que las periodistas abordan da una pauta de qué es lo que puede desatar un mayor caudal de ataques. Son esos temas históricamente “vedados” para las mujeres en el periodismo: “La política, el derecho, la economía, el deporte y los derechos de la mujer, el género y el feminismo, aumenta la probabilidad de ser agredidas en línea. También se comprueba que los ataques son frecuentes cuando desenvuelven materiales relacionados a derechos de las mujeres y/o de la comunidad LGTBI y cuando se manifiestan para denunciar la discriminación por motivos de género”.

En resumen, las consecuencias de los ataques hacia mujeres periodistas redundan en la falta de perspectivas y voces femeninas en los medios de comunicación. El déficit de estas voces impacta de manera grave en la libertad y la pluralidad de la información hoy producida. En internet hay un continuum que perpetúa los escollos que las periodistas encontramos a lo largo de nuestros proyectos profesionales por fuera de internet.

Periodistas ocupadas en sus cuidados digitales

Latinoamérica es un territorio especialmente hostil para las mujeres comunicadoras. En este horizonte, a las tradicionales formas de la represión, se suma el ingrediente de la persecución en espacios digitales y los ataques organizados por enjambres digitales que los grupos antiderechos encabezan como forma de amedrentamiento a la libertad de expresión en internet. En ese contexto les periodistas se debaten entre la autocensura y los riesgos físicos, psicológicos y las campañas de difamación orquestadas por grandes empresas y Gobiernos.

Tal vez una de las lecciones más frustrantes en este horizonte es que, en el ámbito periodístico, las medidas de seguridad o cuidados digitales se toman cuando el daño ya fue causado. En otros términos, se confirma la temeraria premisa de que somos “hijes del rigor”. Se confirma, en la experiencia de las capacitadoras en cuidados digitales, que si las individualidades de la comunidad periodística no sienten que hay una imposición, una obligación, una sanción o una amenaza concreta las medidas de seguridad no se hacen efectivas. “Las personas que sí llevan adelante estas estrategias suelen ser personas que ya han sido amenazadas o acosadas. Después de un ataque, una amenaza o un acoso, empiezan a poner en práctica estrategias en seguridad digital y cambian hábitos”, explica desde la colectiva Ciberfeministas Guatemala, March.

No existen recetas para comenzar a aprender y aplicar medidas seguridad digital. Las medidas de cuidados para aplicar no son infalibles, así como tampoco lo son las tecnologías que usamos. Por eso la forma de abordar este tema debería ser holística: desde una mirada que considera también a la seguridad en una tríada física, psico-emocional ,y de la gestión de los datos y comunicaciones.

A primera vista, la reacción ante el convite para comenzar a aplicar cuidados digitales oscila entre la fobia, la pereza, y la sensación de pérdida de tiempo: parece complicado, espinoso y ajeno. La buena noticia es que cuando la idea de comunicaciones más seguras nos paraliza el mejor camino es hacernos preguntas. Mirar entre nuestras manos a esa mascota digital multicolor, ruidosa y vibrante (siempre ansiosa de datos) y preguntarnos: ¿es esta la herramienta que más me ayuda en mis comunicaciones?, ¿desde que tengo un celular trabajo más o trabajo menos?, ¿estar más tiempo conectada me trae más estrés o mayor relax?, ¿cuánta información personal guardo en este dispositivo? Y, ¿cuánta información privada tienen las empresas telefónicas cada vez que usamos el servicio?

Trabajar en periodismo teniendo en cuenta la sensibilidad de nuestra labor nos exige hacer un cambio: posicionarnos desde una actitud preventiva y ya no reactiva. Pues como sabemos, en muchos casos los ataques a la labor informativa ponen en riesgo ni más ni menos que la vida, así como debilita los ecosistemas informativos en nuestras comunidades. Veamos entonces de qué manera comenzar a cambiar la actitud a partir de algunas buenas prácticas de periodistas que trabajan en los territorios de mayor peligrosidad, como México y Centroamérica.

March, quien también es parte de la red de cuidados digitales latinoamericana Ciberseguras, nos comparte algunas medidas básicas, no por ello menos importantes, que han relevado en los trabajos de acompañamiento a las comunicadoras comunitarias y periodistas de la región mesoamericana. Entre algunos buenos hábitos, destaca el de usar los teléfonos móviles de manera segura, “porque los celulares son lo que más utilizan en terreno”. Las estrategias de cuidado mas observadas en periodistas son:

• uso de contraseñas seguras en celulares
• respaldo de información guardada en celulares, computadoras, memorias externas
• armado de estrategias para contacto de las fuentes (evitar realizar una conversación completa en Whatsapp o vía mensaje de texto)
• diseño de estrategias mixtas: iniciar contactos con las personas vía digital y luego seguir de manera presencial (en la medida de lo posible)
• activación de redes de apoyo local (no hay como una manada para sentirse protegida): resultan fundamentales las redes de amigas y de amigos, así como de colegas periodistas porque dan acompañamiento y ayudan a la estabilidad emocional
• manutención de perfiles diferenciados en redes sociales; después de revisar detalladamente las configuraciones de seguridad en Facebook, Twitter, Instagram, entre otras, la invitación es a manejar dos o más perfiles: uno personal y otro del medio al que representan (hay periodistas que cuentan un perfil de activista/periodista y un perfil personal en la que se contactan con amigas o familia)
• informar la geolocalización o ubicación: diseñar un protocolo en caso de viajes frecuentes para que las personas de la red de confianza estén al tanto de la ubicación e vayan monitoreando cada punto de partida y de llegada.

En este contexto, hay que tener cuenta que las prácticas y nuevos hábitos requieren tiempo, desafíos que se suman a las extensas jornadas que delinean el paisaje del trabajo periodístico. Esto exige, a decir de March, que “en tu labor como periodista tengas que tomarte un tiempo para adquirir estas prácticas mas seguras”. Señala la activista e investigadora guatemalteca que las estrategias que requieren un nivel un poco más alto de conocimiento técnico no siempre están tan presentes, como por ejemplo: tener una VPN*, instalar un KeepassX* o usar Tor*. El interés sobre aprender a usarlas se percibe en aumento, no obstante, para quienes precisan resguardar sus identidades al momento de hacer una investigación y tener mas seguridad en sus cuentas.

Los ataques en internet son un fenómeno diario que afectan y limitan las labores de un periodismo plural, diverso y democrático.

Falta mucho por recorrer en el ámbito de los cuidados digitales para periodistas, pero el aumento de los ataques digitales está haciendo reaccionar. Otra vez “el rigor” lleva a quienes trabajan como periodistas a prestar mayor atención y, en el mejor de los casos, a ponerse manos a la obra. “Los cuidados digitales se adaptan al momento y al estilo de vida, no siempre son un panfleto a seguir. Entonces cada quien utiliza lo que necesita según su contexto”, señala March. Y amplía: “Otra estrategia que es muy controvertida es la de alejarse de los espacios digitales. Una periodista contaba que decidió alejarse de los espacios digitales porque no podía más y esa fue su estrategia de cuidado en ese momento, optó por quedarse solo usando las plataformas digitales de los medios para los que trabaja”.

Los ataques en internet son un fenómeno diario que afectan y limitan las labores de un periodismo plural, diverso y democrático. Las amenazas implican cuestiones de seguridad y promueven la autocensura que, entre otros fenómenos impactan, y precarizan la profesión. No todo está perdido: la demanda de conocer más y desarrollar un espíritu crítico hacia las tecnologías crece en la comunidad periodística. Hay luz en el horizonte cuando la comunidad periodística espabila, no espera a que la ataquen, e inicia un proceso de autocuido en el ámbito de las comunicaciones digitales.

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*nota publicada originalmente en Píkara Magazine

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Por María García Yeregui

España está de luto oficial por las víctimas del Covid-19, las 27.127 personas fallecidas (según datos del 2 de junio, con prueba verificada). Son más, por eso están en marcha investigaciones públicas -dada la expansión vírica que tuvo lugar en las residencias de ancianos- para conocer aquellos decesos que no fueron confirmados como casos, pero que responden a personas que también son víctimas del virus. Se manejan que unos 10 mil ancianos más en residencias.

En esta coyuntura, la situación política que enfrenta el país responde a la estrategia de la extrema derecha (Vox) y la ‘derecha extrema’ (el Partido Popular de Pablo Casado, principal partido de la oposición) para destituir al gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez (PSOE) con Unidas Podemos. Lo hemos visto otro miércoles en el Parlamento. 

Al respecto de las sesiones parlamentarias, cabe señalar que en España, pese a haber sido una de las cuarentenas más estrictas de occidente –hasta el 11 de mayo-, la figura constitucional de excepcionalidad que fue aplicada para suprimir derechos fundamentales como el de reunión o libre movimiento por parte del Estado, es decir, el Estado de alarma, ha necesitado para su continuidad la votación de sucesivas prórrogas parlamentarias, cada 15 días desde su decreto del 14 de marzo hasta la sexta y última de este miércoles 3 de junio. 

A mediados de abril, se retomaron las sesiones de control al gobierno, también cada dos semanas. Fue tras la hibernación total de la actividad que tuvo lugar durante 15 días –excepto las actividades realmente esenciales-, después de que la primera quincena de confinamiento, en la que la Ministra de Economía y vicepresidenta tercera, Nadia Calviño –el alma de la elite de la Unión Europea del gobierno- impuso el funcionamiento de algunos sectores económicos no esenciales, aunque incluidos como tales, como el de la construcción. 

Los plenos del Congreso, por supuesto, se han celebrado en el hemiciclo con una mínima representación de diputados, sólo 43, para asegurar el distanciamiento social. Esta circunstancia es factible al tratarse de una democracia parlamentaria –no presidencialista-, y ser un modelo de la misma que funciona institucionalmente con una férrea disciplina de voto para los diputados en función de sus grupos parlamentarios -es decir, de los partidos políticos-.

Pues bien, en la última sesión de control al gobierno, esta semana, se constató una vez más la dura confrontación, la presión encaminada al desgaste progresivo hasta el derrocamiento del gobierno a través de una nueva convocatoria de elecciones. Un Ejecutivo que, recordemos, salió de un pacto de gobierno tras la repetición electoral del 10 de noviembre –un año, el 2019, con 5 convocatorias electorales en el país que ganó siempre pírricamente el PSOE-. La tensión generada desde la oposición por PP y Vox ha ido in crescendo a lo largo de todo el mes de mayo, el de la planificación de la desescalada. Pero está aupada en una estrategia que comenzó desde el primer momento de la crisis sanitaria. 

La portavoz del PP, la patricia argentina y marquesa española, Cayetana Alvarez de Toledo -que merece artículo a parte desde su llegada a la política española- dijo en el atril del Congreso, dirigiéndose al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias: “usted es el hijo de un terrorista; a esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político”. El padre de Iglesias fue reprimido y condenado por la dictadura con la acusación delictiva de repartir octavillas. Fue militante del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), organización ligada a una escisión del PCE, que defendía la acción directa contra el aparato de represión dictatorial al final del franquismo, entre 1973 y 1978, año en el que se disolvió tras las primeras elecciones. Unas elecciones convocadas en 1977 por los sectores reformistas del propio régimen en el poder, a partir de la legislación de la reforma política que preparó la llamada ‘transición pactada’ española.

No obstante, el eje del pleno y de la prensa durante esta semana -opacando la aprobación gubernamental del Ingreso Mínimo Vital- es la crisis del Ministerio del Interior con la Guardia Civil (cuerpo policial militarizado). Unos hechos que continúan destapando la realidad estratégica implementada por parte de las derechas. No sólo de opinión y movilización, durante algunas semanas de mayo, con el uso de la sistematicidad de difusión de bulos en redes y acompañada de una prensa conservadora desaforada -mayoritaria en el país-, sino dentro de las instituciones coercitivas del Estado y la judicatura; mientras, eso sí, los relatos explicativos vertidos, desde ese primer momento de la crisis epidémica, como parte fundamental de dicha estrategia, emborronan cualquier evidencia hasta hacerlas desaparecer para amplios sectores sociales. 

El nuevo suceso saltó a la palestra la semana pasada, el lunes 25 de mayo: el equipo del Ministro de Interior, juez Grande-Marlaska, destituyó a dos altos mandos del cuerpo policial militarizado. Como respuesta corporativa a la primera destitución, hubo una dimisión de otro alto mando de “los del tricornio” (como se conoce popularmente a los agentes de la Guardia Civil). Desde luego, la explicación oficial del ministro no ayuda frente a las acusaciones de purgas obstruyendo a la justicia, vertidas por la oposición. Grande-Marlaska respondió con una actitud burocrática de “lavar los trapos en casa” nada convincente, evitando destapar otro caso de cloacas estatales –las conocemos bien porque los hemos vivido muchas veces, por ejemplo, el terrorismo estatal de los GAL en los gobiernos de Felipe González o, muy reciente y sin terrorismo de Estado, los casos de espionaje político del comisario Villarejo como el del último gobierno del PP y la constitución de la llamada ‘policía patriótica’. 

En las explicaciones oficiales -como ya pasara con otro episodio en el comienzo de las investigaciones por bulos y mentiras sistemáticas en redes- Marlaska mantiene la mentira burocrática de normalidad formal, anunciada en comparecencia de prensa ante las preguntas de periodistas con actitud de desdén institucionalidad naif, que es parte del oscurantismo institucional al no ayudar sino profundizar en no distinguir entre las deducciones críticas de nuestras realidades y el escándalo mediático continúo o las mentalidades conspiranoicas multiplicadas en esta era. Así, según la primera versión del ministro, la destitución del jefe de la comandancia de Madrid fue simplemente un adelanto jubilatorio, para pasar a centrarse después, ante la petición de dimisión en el Congreso, en la versión de la defensa de la libre designación de equipos del ministerio en proceso de reestructuración.

Es decir, nada que ver con los informes de la Guardia Civil llenos de bulos, de manipulaciones en declaraciones y falsedad de fechas -hasta de los días de las afirmaciones de la OMS-. Un informe que ha trascendido en prensa, plagado de las fakenews que han circulado masivamente como parte de la intoxicación de sectores conservadores-reaccionarios. Unos informes cuyo destino era una investigación judicial abierta para inculpar al delegado del gobierno en Madrid por la autorización de las marchas del 8M. Una denuncia que está en investigación para la apertura de juicio que, como han declarado juristas varios, su indagatoria no ha respetado las directrices del funcionamiento de las causas durante el Estado de alarma. Hasta el punto que la propia Abogacía del Estado lo ha llegado a calificar como una ‘causa general’ contra el gobierno. 

Casualidades de los juzgados a los que van a parar ciertas denuncias, no siempre por supuesto, pero cuando pueden lo hacen coincidir en cuándo y dónde ponen la denuncia. Las conocemos bien, desde los movimientos sociales, por propia experiencia, tanto los militantes político-sociales como específicamente los grupos de derechos humanos y civiles por las denuncias de la propia policía -contraatacando a las consecuencias de su racismo institucional sobre los cuerpos- contra migrantes subsaharianos ‘sin papales’, manteros, que tras haber sido apaleados en las detenciones en la calle o las comisarías, son contradenunciados. Ahí están las sentencias, los porcentajes de absolución de los policías sistémicamente. Las hemos vivido muchas veces. Estos últimos años con casos como el del centro social de Barcelona –documental ‘Ciutat morta’- o con el caso de los jóvenes de Alsasua en el País Vasco. No sabemos si es así en este caso puesto que a la jueza no le tembló la mano con sentencias de falsedad de títulos a cargos importantes del PP como su líder y la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid hasta la sentencia.

El hecho es que la acusación de purga ideológica sobre el cuerpo policial con el fin de encubrir la culpa gubernamental en la situación de colapso epidémico, para asegurar la impunidad gubernamental, cerrando las investigaciones de la policía-militar e injiriendo en la justicia -por exigir conocer la investigación del cuerpo policial que la jueza había, por su independencia frente al gobierno, explícitamente prohibido o, dicho de otro modo, al parar la indagatoria de la jueza a la que le calló la denuncia- es un argumento cerrado. 

Un relato circular, construido a partir de las acusaciones vertidas masivamente, desde el 9 y 10 de marzo, de que el gobierno mentía y ocultaba cifras para permitir las manifestaciones del 8M. Así comenzaron una campaña de culpabilidad dolosa por los muertos, por la tragedia del país, a partir de convertir la marcha del 8M de Madrid en un chivo expiatorio, aunque hubiera partidos de fútbol y otros eventos multitudinarios. La argumentación conspiranoica nacional que posibilita una evasión tanto del resto del mundo como de los tiempos y las causas del negacionismo –tanto progre como conservador- que implicó la demora de reacción en el viejo continente y que, efectivamente, ha costado vidas, está “atada y bien atada”(cita de Francisco Franco) para la derecha social. 

Y todo, pese a que, como decimos, la jueza en cuestión –perteneciente a una asociación del ala conservadora de la judicatura, por otro lado igual que el ministro Grande-Marlaska- haya abierto una causa no urgente en una situación de limitación de las mismas, por la emergencia sanitaria, a causas urgentes que según los criterios vigentes en la cuarentena ésta no cumpliría, estando las indagatorias restringidas hasta la desescalada. No obstante, la investigación comenzó y los informes que han sido filtrados contienen bulos de la estrategia mediática y de redes de las derechas, falsedades de fechas y manipulaciones de declaraciones de responsables sanitarios.

 El hecho es que los relatos derechistas están, como hemos pretendido explicar, bien alimentados y continúan con la construcción de la imagen del gobierno como ‘autoritario’. Lo llevan articulando también desde hace tiempo por parte de la ultraderecha. Han pasado de las descalificaciones compartidas con el PP de un gobierno “pro-separatista, pro-etarra, golpista, chavista y comunista”, a uno ‘totalitario’. El esperpento propagandístico no tiene desperdicio. ‘Totalitario’ el gobierno de un país extremadamente descentralizado y que, por su minoría parlamentaria, está obligado a pactar en el Congreso con arcos tan diversos como la ahora ‘derecha españolista útil’ de Ciudadanos, el nacionalismo vasco conservador del PNV o la izquierda independentista vasca y catalana, incluso en esta situación de emergencia sanitaria, para algo como prorrogar el Estado de alarma desde el gobierno central. Por no hablar de los presidentes de las comunidades autónomas –gobernadores- que tienen y han ejercido durante todo el brote las competencias de gestión de sanidad y educación, transferidas por la Constitución del 78 que articuló el estado autonómico.

Esos son los discursos usados, antes y después de las semanas de caceroladas de teflón en las calles -sin respetar la distancia de cuidado en la zona que fue epicentro epidémico, Madrid, cuando aún estaban en la fase 0 de desescalada como consecuencia de las cifras de contagios y muertos de hace un mes-. Articulan su estrategia discursiva usando significantes de los movimientos emancipadores históricos –hasta el lema zapatista de ‘gobernar obedeciendo’ fue usado por las redes para la movilización del sábado 23 de mayo exigiendo la dimisión del gobierno: frente a un gobierno que afirma “un buen ciudadano es el que obedece”, contrapusieron que “un buen gobierno es el que obedece”-. 

Los estudios que sabíamos que estaba haciendo la extrema derecha tanto de los movimientos de los indignados del 2011 como su propia historia fascista de propaganda, la contracultura neonazi a partir de los 90s o la influencia norteamericana, más la copia de las tácticas de comunicación y movilización de las derechas latinoamericanas frente a los gobiernos progresistas, han eclosionado en esta coyuntura de pandemia. 

El eje principal de discurso está construido a partir del concepto de libertad, ya fagotizado por el individualismo neoliberal post-caída del Muro de Berlín. Así, confundiendo privilegios con derechos y patrimonializando, no sólo la idea del país sino de pueblo, las movilizaciones de esos sectores privilegiados están pudiendo conjugar la oposición binaria del imaginario de Guerra Fría, eso sí, caricaturizada. En este caso contra un gobierno que cuenta sólo con 4 ministros de izquierda, caracterizado como progresista y que está implementando políticas de emergencia de tipo keynesiano -similares a las tomadas por el resto de países europeos del entorno que han roto la ortodoxia coyunturalmente-, cuya vicepresidenta tercera y ministra de economía, Nadia Calviño, es exponente de la elite economicista de la Unión Europea como ya en tantas ocasiones estas semanas nos ha demostrado. Pero eso ya es otra crónica.

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Por Camila Parodi y Laura Salomé Canteros @_parodicamila @laurasalome / Foto: Camila Parodi (marcha 8M 2020)

En Bolivia, la persecución a las mujeres es sistemática desde noviembre pasado, pero recrudeció en las últimas semanas al ritmo de las restricciones de movimiento por la cuarentena obligatoria que el gobierno autoproclamado impuso en todo el territorio. Sonia Brito, diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS) está siendo acusada falsamente por el delito de malversación de fondos públicos. Sin causa judicial y a través del tuit de un operador político de la derecha, se le atribuye vinculación con una empresa cuya titular tiene su mismo apellido y que radica en Panamá.

Además, Teresa Zubieta, Defensora del Pueblo de La Paz, una histórica luchadora junto a Domitila Chúngara y otras mujeres mineras, denunció que su hija es víctima de una causa armada y se encuentra detenida sin acceso a la justicia en la cárcel de Obrajes. “Mi hija es inocente”, sostuvo, a través de un video en redes sociales. “Se están cometiendo vulneraciones como la difusión pública de una imputación y una detención preventiva sin fundamentación”, afirmó Zubieta. “Pido como madre, amiga y compañera de Gabriela que se realice la investigación con respeto a sus derechos”.

El director general de migraciones, Marcel Rivas, fue la cara visible del fascismo para llevar adelante una acusación mediática contra Andrea Martínez, una ciudadana activa en redes, acusándola de “atentar contra la salud pública” por denunciar la violación a los derechos de los cuidadanos y las ciudadanas varadas en la frontera con Chile que no pueden ingresar a su país. El odio a las mujeres y el racismo son hoy políticas del Estado en manos de un gobierno criminal: el consul en Antofagasta, Marcelo Arias de la Vega, fue quien emitió un instructivo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores que prohibía al personal vestir polleras o ponchos.

Al respecto, dos mujeres siguen detenidas en Riberalta, Beni, departamento del que es originaria la autoproclamada presidenta, Jeanine Añez. Ellas fueron de las primeras que rompieron la cuarentena para realizar el 31 de marzo una protesta por la vida, exigiendo alimentos y políticas públicas para combatir la verdadera epidemia: el hambre. Fueron acusadas, junto a otras tres personas, por los delitos de “sedición”, “apología del delito” y “atentado a la salud”. Quien acusó fue las Fuerzas Armadas y quien obedeció el Poder Judicial; entre ambos disciplinaron de forma exprés: una de las personas fue sometida a un proceso abreviado y ya cumple condena.

Durante el fin de semana se concretó además la detención de la comisión municipal de Villa Tunari, en el Chapare, Cochabamba. Son tres personas entre quienes se encuentra la concejala, Lidia Hinojosa. Se le imputa el delito de “incumplimiento de funciones” tras la excusa de haberles detenido por romper la cuarentena por el COVID19. Mientras, siguen pasando los días en que las presas políticas siguen sin derecho a la libertad, salud y defensa: María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral; Elena Flores, dirigente sindical de cocaleras/os en los Yungas y Patricia Hermosa, apoderada de Evo Morales siguen encerradas sin condena en Obrajes.

Resistencia comunitaria y con memoria

“La cuarentena con hambre no es posible”, dice Adriana Guzmán del Feminismo Comunitario Antipatriarcal. “Somos las mujeres las que tenemos que dar de comer a las guaguas en un mundo patriarcal”, agregó, en reflexión. “Hay dos cuestiones; una, que el virus no afecte nuestra memoria y olvidar que aquí hay un Golpe de Estado”, dijo “están impunes las masacres contra nuestras hermanos y hermanos y quienes están gobernando son responsables de esas muertes y de la cantidad de presas y presos políticos que han sido torturados y que aún están en las cárceles”. Por eso, agregó: “una forma de resistencia en esta cuarentena obligada es no perder la memoria”.

“La otra es reconocer que estas políticas del miedo intentan paralizarnos”, agregó, “es como si el Golpe de Bolivia se hubiera transformado en un golpe mundial”… “es un cerco mediático mundial, de lo único que se habla es del virus”. Sin embargo, propuso: “las luchas no entran en cuarentena, la resistencia tiene que seguir y hay que organizar la salida. Es imposible quedarse en cuanrenta cuando hay hambre o violencia para las mujeres; entonces, ya sea por salvar la vida o por buscar comida, en Bolivia para salvarnos de la pandemia, hay que sacar al Golpe, no hay otra forma”.

Fabiola Gamarra es médica e integrante del Movimiento Insurgente y reflexionó sobre el rol del gobierno autoproclamado durante la pandemia. Para ella, “el apararato burocrático administrativo del sistema de salud, en este momento, sirve como radiografía para evaluar y decir que la descentralización que se aplica, está apartado de la realidad y no responde a las necesidades de su pueblo”. Para Fabiola, “las medidas que se están tomando por la cuarentena son decisiones políticas”, el problema es que es con un Ministerio de Salud “sin gobernabilidad ni gobernanza”

“Este gobierno golpista no comprende la complejidad del sistema de salud”, afirmó “los equipos estamos en alerta, el gobierno está abstraído de la realidad”. Fabiola afirmó que el personal no tiene la capacidad para darle frente a esto y denunció: “se maneja la premisa de que es mejor invertir en indemnizaciones por la muerte del personal a invertir en equipos de bioseguridad”… “Se plantea una idea romántica de que los médicos y las médicas debemos luchar, trabajar por vocación, sin el equipo necesario”… “Creen que estamos en una guerra, que el virus es el enemigo y que somos soldados. Eso está llevando a naturalizar el número de fallecidos dentro de los equipos de salud”. Y finalizó, “como médica y boliviana me siento frustrada e impotente”.

Claudia Peña es analista política y escritora y relató las muestras de solidaridad comunitarias que surgen ante la represión y el control como medida de Estado. “Van cobrando cada vez más importancia a nivel de la sociedad civil y a nivel local”, relató, “se están viendo iniciativas interesantes entre organizaciones sociales y destaca la actitud que han asumido los cocaleros del Chapare enviando camiones de fruta a municipios y ciudades. Han llegado a Senkata, en El Alto, como a 500 km”, contó.

“Los gobiernos municipales están destacando”, dijo Claudia “están financiando programas para adquirir alimentos a productores locales y luego entregarlos a la población. Eso hace que siga el comercio interno movilizado” y “va en contra de esta tendencia a individualizar el problema a través del ´quedate en casa´, que es necesario y urgente, pero que hace que perdamos la mirada comunitaria de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo”. Y reflexionó “estos movimientos de solidaridad tienen también un sentido político, de la solidaridad del pueblo, de reestablecer los circuitos comutarios, y en ese sentido son muy importantes”.

Si hay algo de lo que sabe el pueblo boliviano, es de resistencias. Aun tras el Golpe de Estado, que obligó a renunciar al primer presidente indígena de la historia de la región, Evo Morales; el respeto por la pollera y la wiphala, la soberanía alimentaria, el autogobierno y el disfrute del Buen Vivir no desaparecen. Se transforman en mandatos ancestrales que reclaman derechos. Y memoria.

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Por Claudia Espinoza* / Foto: spot Ministerio de Comunicaciones del Gobierno de facto

El mundo enfrenta la amenaza del coronavirus. Como en toda guerra lo primero que muere es la verdad. En Bolivia, la información que caracteriza el discurso oficial es contradictoria, falsa, acaso oculta, al punto de convertirse en una infodemia que profundiza la angustia de una sociedad en permanente “emergencia”, desde noviembre del año pasado.

En el campo de la salud, la desinformación es el sentido común. El caso del empresario Sandoval lo muestra. Hace dos semanas Jeanine Áñez, presidenta, y Luis Revilla, alcalde de La Paz, inauguraron un hospital, cuyo slogan era: “Estamos listos para enfrentar el coronavirus”. Sin embargo, el pasado 29 de marzo, Sandoval murió porque ese hospital no estaba acondicionado para atender la enfermedad. Pero además, dicho caso no estaba registrado en las estadísticas del Servicio Departamental de la Salud de La Paz (Sedes), lo cual presenta indicios de que no todos los casos se encuentran controlados, pese a que el Ministro de Salud, como vocero del coronavirus, entrega cifras diariamente.

Añez el 12 de marzo anunció al país que “desde el mes de enero el gobierno ha estado trabajando para la llegada del coronavirus a Bolivia y por tanto se activaron los equipos de respuesta rápida y se dispuso a todo el personal médico capacitado para la atención”. ¿Cómo se entiende entonces lo sucedido con Sandoval? (1) Vianka, hermana del fallecido, sentenció en su Facebook: “No crean nada, el gobierno nos miente”.

En otras varias conferencias de prensa, autoridades del gobierno de Áñez fueron consultadas sobre medidas concretas en la emergencia sanitaria, a lo que respondieron con el discurso de que en 14 años de gobierno de Evo Morales solo se construyeron canchas de fútbol. Ex ministras de salud e incluso el propio ex Presidente salieron a desmentir y responder en Twitter no solo sobre los hospitales, los ítemes, los equipos y el presupuesto que se asignaron en sus gestiones. Esa matriz de opinión que intentó posicionar el discurso oficial, además de no ser cierta, no contribuyó en nada a aliviar la situación.

En Santa Cruz de la Sierra, la tercera víctima de la pandemia estuvo 12 horas tendida en la sala de trauma-shock de un hospital. Cuando sus restos fueron trasladados a la morgue judicial que funciona en el mismo nosocomio, “los funcionarios fueron retirados, alegando que el lugar estaba contaminado con el Covid-19. La orden tuvo que llegar desde la Fiscalía Departamental” para retirar el cadáver. (2) Otra vez se puso al desnudo que ninguna instancia estatal se encontraba informada ni preparada para actuar.

Los hechos se desarrollan con un guión improvisado que delata una espiral descontrolada de contagiados, infectados, confirmados y sospechosos. Técnicamente se habla de subregistros que no están reportando información fidedigna a la población. Incluso la familia del “primer” fallecido afirma que el deceso de su pariente no fue por coronavirus. Ninguna instancia de salud les proporcionó un certificado médico, el hijo del fallecido contó en una radioemisora que los amenazaron en el hospital si seguían insistiendo; incineraron el cuerpo no se sabe dónde.

En los últimos días, Bolivia apareció en primer lugar en la tabla de la Organización Mundial de la Salud (OMS-OPS) con el nivel más alto de letalidad del coronavirus. Según su representante, Alfonso Tenorio, “es que se han hecho pocas pruebas de diagnóstico, por lo que la cantidad de casos positivos debe ser mayor a la registrada”. Bolivia es el país con mayor letalidad de la región, con 6,5 por ciento. Le siguen Paraguay con 4,62 por ciento; Brasil con 3,59 por ciento y Ecuador con 3,35 por ciento. Ninguna autoridad habla al respecto y la espuma de infodemia sigue creciendo en la opinión pública.

Para paliar los efectos de la pandemia y de una desaceleración en la economía boliviana, desde noviembre pasado, el gobierno anunció medidas sociales y económicas. Nuevamente el discurso oficial contradictorio generó más confusión. Primero, ofrecieron canastas familiares para 1.600 millones de hogares; luego las cambiaron por dinero en efectivo a un grupo de 1 millón de personas adultas mayores, embarazadas y discapacitados, mediante bancos. Son 400 bolivianos (57 dólares), monto que para una familia resulta irrisorio y además donde el nivel de bancarización no abarca la generalidad.

También se anunció el bono familia, en la segunda semana de abril, de 500 bolivianos (unos 72 dólares) por hijo/a que curse pre-kínder, kínder o nivel primario en escuelas del sistema público. El universo de estos “coronabonos” deja fuera a un grueso de la población que vive del comercio y los servicios, por lo que no califica. Para ellas y ellos, no hay respuesta alguna del gobierno.

Quienes sí se encuentran en las prioridades del ejecutivo son los uniformados. Áñez acaba de aprobar un incremento salarial entre 450 y 470 bs a la Policía, en medio de la emergencia sanitaria. Ningún vocero oficial quiere informar sobre el tema. Lo cierto es que desde noviembre pasado la Policía cuenta con más de 80 millones de bs (vía decretos), impunidad para tareas represivas y “confidencialidad” en los gastos que realiza. Algo similar sucede con los militares. Se dice que es el costo de la lealtad.

Entre tanto, circulan noticias sobre donaciones y préstamos, en un baile de cifras exorbitantes: 100.000 millones de dólares de la cooperación internacional, 5 millones de euros de la Unión Europea, 21.500 millones de euros de Italia, 4,5 millones de dólares de Japón y el préstamo de 1.500 millones de dólares del Banco Central. ¿Quién transparenta esta información? Las cuentas públicas volvieron a tener un manto oscuro, como en los años 90.

Según un estudio de la Universidad de Oxford, economías emergentes como la boliviana son más vulnerables a la epidemia “en las que los costes podrían ser tan grandes que sacudirán profundamente la confianza de la población, lo que conduce a crisis soberanas y/o financieras. En este sentido, salvar vidas resultará ser dramáticamente más costoso en nuestros países que en las economías avanzadas», señala el texto.

Así, junto al coronavirus, crece la infodemia en Bolivia, en un contexto plagado de mala información circulando en los medios y la red. El virus de la desinformación y la mentira juegan con el miedo y la angustia de la sociedad haciendo que el aislamiento sea aún más tenebroso.

*periodista boliviana. Artículo publicado originalmente en Rebelión

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Por Cultura Marcha / Foto: Midia Ninja

Leer su tesis, así como sus discursos, nos permite vislumbrar en las reflexiones de Marielle alternativas políticas que contrarresten esta feroz ofensiva de una derecha que atenta contra persistencia de la vida y los territorios.

A continuación, presentamos dos extractos del libro Laboratorio Favela. Violencia y política en Río de Janeiro. Textos, discursos y cronología de Marielle Franco, que será publicado próximamente por el colectivo editorial Tinta Limón.

I

Palabras previas. Brasil y el fin del pacto democrático

Tinta Limón

“Dos años pasaron del asesinato de Marielle Franco. Veinticuatro meses desde que una mujer negra nacida y criada en una de las favelas más grande de Río de Janeiro, militante y lesbiana fue asesinada de tres tiros en la cabeza por un sicario la noche del 14 de marzo, cuando volvía de una actividad política como concejala de la Asamblea Legislativa. Junto a ella fue asesinado, también, el conductor del auto en el que viajaban, Anderson Pedro Gomes.

(…)

El asesinato de Marielle Franco ocurrió poco después del golpe contra Dilma Rousseff y anticipó el ascenso de Bolsonaro, previo encarcelamiento del ex presidente y candidato Lula Da Silva. La cronología que proponemos en este libro permite ver con claridad el auge de un movimiento antidemocrático que en Brasil se muestra como anticipación y modelo para el resto de América Latina. Al mismo tiempo que Marielle nos brinda una poderosa e inspiradora imagen para las luchas de todo el continente, también nos muestra el filo por el que corre la coyuntura latinoamericana.

En Río de Janeiro, la disputa territorial para garantizar los negocios globales nos ofrece una imagen sintética y clara del modo en que opera el capital cuando es aliado de los sectores más conservadores. La articulación de poder financiero y la fuerza militar estatal y paraestatal está hoy en el centro de la política latinoamericana. En este sentido, el caso de Marielle puede ser un llamado de atención, el señalamiento condensado de un conjunto de elementos que dan lugar a Bolsonaro, pero también al golpe en Bolivia o a la represión sin mediaciones democráticas de Chile. Marielle, así vista, es también un espejo donde ver los riesgos que implica hoy en América Latina sostener prácticas de ejercicio real de la soberanía popular.

En una entrevista Marielle señalaba que la izquierda no podía limitarse a prefigurar el mundo de la justicia por venir, que tenía que crear a la par las estructuras que le dieran protección. No replegarse, no asumir el lugar de garantizar el orden –un centro que hoy derrama a la derecha–, es hoy un desafío, no sólo para la izquierda sino para el movimiento social en general, cuando no puede ir más allá de una política conservadora de apelaciones al Estado de derecho e intentos de salvaguardar viejas conquistas del movimiento obrero. Todo, frente a una derecha brutal y desinhibida.

Publicar este libro de Marielle Franco a dos años de su asesinato es una intervención política, un llamado de atención ante la gravedad de la coyuntura. Si su crimen expresa muy bien el nivel de crueldad que admiten hoy las democracias, las investigaciones e intervenciones políticas de Marielle ofrecen claves para contrarrestar la ofensiva de la derecha en la región. Una reivindicación que no la erige como figura romántica, sino que rescata sus acciones y reflexiones como instrumentos de lucha concretos.”

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II

¡Yo soy porque nosotras somos!

Marielle Franco

La disputa política es un gran desafío, principalmente para las mujeres. La lógica machista nos persigue todo el tiempo y la sentimos con intensidad, principalmente cuando decidimos ocupar un espacio en la institucionalidad política. Y esto se refleja en el cotidiano de nuestras campañas electorales, sean o no feministas. Imprimir la imagen de nuestro rostro en un afiche es una invitación al asedio, que va desde pedidos de casamiento hasta propuestas de trueque de un voto por un beso. Todo con mucho humor y sonrisas de oreja a oreja, como buena parte de la estética del machismo, que en las mayoría de las veces acaba en violencia, psicológica o física contra la mujer, y alimenta la cultura de la violación.

¿Exagero? Para nada. Necesitamos repetir como un mantra: Brasil ocupa el quinto lugar en la tasa de homicidios de mujeres en la lista de 83 países, de acuerdo con el Mapa de la violencia de 2015. Entre 2003 y 2013, el número de asesinatos aumentó 21%. Eso significa que en diez años pasó de 3937 a 4762 víctimas. Son 13 mujeres muertas diariamente. Si hiciéramos el recorte de las mujeres negras, los datos son todavía más alarmantes. Hubo un aumento de 54,2%, de 1864 víctimas en 2003, pasó a 2875 en 2013. El feminicidio se concentra en la juventud de 18 a 30 años.

En Río de Janeiro, por ejemplo, el noveno Dosier Mujer 2014, organizado a partir de los registros de las comisarías, demuestran que la violencia sexual genera el mayor número de hechos. En 2013, de las 6501 víctimas, 4871 (82,8%) son mujeres violadas. El estudio revela que la violencia también se da por medio de amenazas y lesión corporal y los probables agresores son compañeros o personas del entorno familiar.

Construir políticas públicas preventivas que puedan actuar sobre un ambiente diferente al penal es uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestro trabajo y uno de los objetivos en la acción parlamentaria en un futuro mandato de concejala de Río. Se trata de articular la educación y la cultura como potencia, con nuevas estéticas en que las mujeres sean protagonistas. Este es uno de los pasos fundamentales para debilitar las acciones machistas, y para respetar más a la mujer, sea en las relaciones domésticas, laborales y cotidianas.

Lo que nos alienta en este proceso de construcción política, es identificar la fuerza de la empatía y del afecto. Son decenas de jóvenes mujeres, en las más variadas acciones callejeras, que se ponen a disposición al servicio de esta lucha colectiva. Antes incluso del resultado electoral, ya hay una victoria de la vida política, que florece como rosas que rompen el asfalto.

En este sentido, reafirmamos: nuestra lucha es por la vida de las mujeres. Apostamos que contra la cultura de la violación, del machismo, del sexismo, solo una cultura de derechos. Por eso estar en política es tan urgente. Somos nosotras que tenemos que legislar sobre nuestros cuerpos, deseos y destinos. La lucha política institucional, en casas legislativas tan misóginas y racistas, necesita ser ocupada para representar de hecho todos nuestros anhelos. Para hacer valer la vida, soy candidata porque nosotras somos necesarias. ¡Yo soy porque nosotras somos!

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Por Gessamí Forner*

“Soy feminista, lesbiana, independentista, anticapitalista y republicana. Soy todo lo que odia el sistema. Y las pintadas que han hecho en la puerta de nuestra casa no solo tienen que ver con el auge de la extrema derecha, sino con la normalización del fascismo, que es tratado en muchos medios de comunicación con normalidad”, denunciaba anteayer la periodista, activista y coordinadora de la Faktoria Lila, Irantzu Varela, en el espacio de trabajo que comparte con la redacción de la revista Pikara Magazine.

En la pasada noche del domingo al lunes, las cristaleras de Pikara amanecieron con la pintada “Putas de Soros”. Las amenazas con espray se extendieron en puntos clave del barrio, como lo son la sede de la asociación Ongi Etorri Errefuxiatuak; el mural antifascista de la plaza de Bilbao la Vieja, en el que se amenazaba de muerte a un miembro del colectivo Sare Antifaxista; y en el antiguo local de Varela, con una referencia personal a ella proveniente de un tuit en el que difundieron sus datos personales y número de teléfono. La cuenta de Twitter sigue abierta, sus datos visibles y solo el número de móvil ha sido borrado, dos semanas después.

La coordinadora de Pikara, Andrea Momoitio, añadía en la rueda de prensa conjunta que han ofrecido que, “si bien es muy grave encontrarte con pintadas fascistas en cualquier lado, cuando aparecen en un medio de comunicación atentan con la libertad de expresión y de prensa, por lo que entendemos que es una llamada de atención al periodismo crítico”.

Momoitio recordó que Pikara presentó en diciembre del pasado año en el Congreso de los Diputados una petición de políticas públicas para frenar la violencia digital. “No deja de sorprendernos la inacción de las instituciones, dado que una de las pintadas está firmada por un grupo político de extrema derecha, las juventudes de Democracia Nacional, y tampoco nos parece difícil encontrar al titular de una cuenta de Twitter”, añadió al respecto.

Sin perspectiva de que se cumplan medidas que monitoricen e investiguen a los autores de dichas violencias, desde Pikara y la Faktoria Lila hicieron el pasado lunes una llamada por redes sociales para repintar las cristales bajo el lema No limpiamos el fascismo, pasamos por encima, a la que acudieron más de cien personas. Asimismo,  colectivos antifascistas y antirracistas de Bilbao han convocado el próximo viernes 8 de noviembre una manifestación en la plaza del Arriaga a las 19 horas bajo el lema La noche de los cristales rotos.

Varela ha hecho hincapié en la necesidad de la autodefensa tras su paso por comisaría en los últimos meses para interponer hasta cuatro denuncias por tres casos de pintadas y una de difusión de datos online, por el que sigue recibiendo fotos de penes, propuestas sexuales de parte de hombres desconocidos y amenazas contra su persona. “Siempre me pregunto qué será lo próximo y no lo sé. Pero me gusta pensar en el lema feminista de Si nos tocan a una, nos tocan a todas y me gustó cómo respondimos el lunes. Por eso invito a participar en la manifestación del 8 de noviembre. Les hemos dado el monopolio de la violencia legítima pero no nos están defendiendo”.

Momoitio insistió en la necesidad de comprender que “la violencia digital solo tiene de online el canal, porque quien la sufre, no tiene nada de virtual”. “Temíamos y esperábamos que sucediera esto. Si la denuncia ante la Ertzaintza no sirve, no sabemos qué puede servir”, concluyó. En la rueda de prensa, les acompañaron representantes de la Coordinadora Feminista de Euksal Herria, el Sare Antifaxista y Ongi Etorri Errefuxiatuak, que les mostraron su calor y su intención de seguir caminando juntas.

Leé la entrevista que le hicimos a Irantzu Varela:

“El feminismo es un movimiento social y es antisistema”

*original en El Salto Diario

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