El Comité Nacional de Participación (CNP) es producto del Acuerdo N° 9 denominado El Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz pactado el 14 de julio de 2023 por la Mesa de Diálogos entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el objetivo de “construir una agenda de transformaciones para la paz, impulsada a partir de una alianza social y política que conlleve a un Gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado”.

Como instancia transitoria y especial está coordinada por la Mesa de Diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN, cada delegación designó a cuatro personas para un total de ocho que conforman esta coordinación. El CNP está constituido por 81 delegadas y delegados de 30 movimientos, entre ellos campesinos, indígenas, estudiantiles, de paz, víctimas en el exterior, comunidades basadas en la fe, mujeres y LGBTIQ+, excombatientes, infancias, ambientalistas, empresariado, academia, cultura y artistas, comunidades afro, raizales y palenqueros, madres comunitarias, derechos humanos, personas privadas de la libertad, trabajadoras y trabajadores, instituciones, entre otros.

El CNP fue instalado el 3 de agosto de 2023 en el espacio de Corferias en la ciudad de Bogotá, Colombia, y sesionará durante seis meses para diseñar una metodología conjunta de participación de la sociedad con énfasis en los sectores históricamente marginados que dirán a la Mesa de Diálogos cuáles son las transformaciones que necesita la sociedad colombiana para erradicar las causas que originaron el conflicto social y armado en Colombia.

En la fase de diseño el CNP realizará nueve encuentros regionales del primero al quince de noviembre de 2023 en las siguientes regiones: el Litoral Pacífico, Suroccidente, Nororiente, Orinoquía, Amazonía, Caribe, Centro, Eje Cafetero y Antioquia; así como quince encuentros nacionales durante dos meses en septiembre y octubre con los siguientes sectores, población y temáticas: trabajadoras/os, campesinas/os, mujeres, pueblos indígenas, ambientalistas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pueblo rrom, procesos urbanos, estudiantes, jóvenes, gremios, población carcelaria, viviendistas, trabajadoras/es informales, niñas, niños y adolescentes y población en condición de discapacidad serán preferentes para el diálogo con enfoque diferencial donde los procesos populares y sectores elevarán sus propuestas para el diseño de participación.

Las mujeres y diversidades en la instalación del CNP

Solo 29 de las 81 vocerías fueron de mujeres y en la tarima principal las partes de la Mesa de Diálogos estuvo representada por mayoría masculina a pesar de que las mujeres afrocolombianas Nigeria Rentería (por el gobierno colombiano) y María Consuelo Tapias (por el ELN) resaltaron los impactos del conflicto en las comunidades rurales, las mujeres y la necesidad de un enfoque de género en el proceso de paz.

Las organizaciones LGBTIQ+ y de mujeres que conforman el CNP son Plataforma LGBTI por la Paz con Mariana Avendaño; Colombia Diversa con Marcela Sánchez; la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz con Ángela Yasmith Cerón; la Red Nacional de Mujeres con Beatriz Quintero; la Juntanza de Mujeres y Paz con Karina Santos; Madres Comunitarias con Olinda García; Colempresarias con Nidia Rojas y la Red de Mujeres del Caribe Colombiano con Ofelia Fernández. 

Las otras vocerías de mujeres representaron a organizaciones ambientalistas, indígenas, campesinas, de derechos humanos, víctimas en el exilio, infancias, gremios económicos, sector minero-energético, personas con discapacidad, trabajadoras sexuales, comunidades negras, raizales y palenqueras, plataformas como Defendamos la Paz con Gloria Arias y Ciudadanías por la Paz con Juliana Ramírez.

Marcha Noticias le preguntó a Gloria Inés Ramírez, del Partido Comunista Colombiano y actual ministra del Trabajo, sobre cómo analiza la participación de las mujeres en todo este proceso del CNP y la Mesa de Diálogos de Paz, a lo que respondió: “Bueno, nosotros sentimos que es muy importante. Mira, sin las mujeres ningún proceso de paz es factible. Eso ya lo han demostrado los diferentes procesos en el mundo y aquí en Colombia en particular nosotras estamos trabajando por la presencia y visibilizar la presencia de las mujeres, sus aportes, porque las mujeres no solamente son víctimas sino que son constructoras de estos procesos”. 

Además, Ramírez fue enfática con que “aquí hemos planteado la importancia de las personas que están, sin embargo, sentimos que todavía falta la presencia de más mujeres allí y esperamos que en todo este proceso, que es largo, las mujeres puedan fortalecerse”.

Mujeres afrocolombianas en la instalación del CNP

Nigeria Rentería es exdefensora delegada para los derechos de los indígenas y las minorías étnicas, fue negociadora del Gobierno de Juan Manuel Santos en el proceso de paz de La Habana (2012-2016) con las FARC-EP, su discurso en la instalación del CNP se mantuvo en los límites institucionales de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogos señalando la relevancia de la participación de las mujeres en el proceso.

María Consuelo Tapias es una de las primeras tres plenipotenciarias de paz en la delegación de diálogos del ELN, fue la mujer designada para dar el discurso por su organización junto con Pablo Beltrán. Ella viene del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y fue jefa nacional de formación de la organización guerrillera. Saludó a la población privada de la libertad, a las prisioneras y prisioneros políticos del ELN y señaló que en el CNP inicia un “diálogo estratégico para la paz de Colombia” donde todos los sectores se escuchan en la diferencia. Tapias denunció que siguen las amenazas y asesinatos de lideresas y líderes sociales en las zonas del Cauca, sur de Bolívar, nordeste antioqueño, Bajo Cauca antioqueño, Nariño, Putumayo, Chocó y Magdalena. Indicó que sin acuerdos humanitarios no será posible la participación de la sociedad en estas regiones para propiciar que “cada actor armado asuma su responsabilidad”. 

En las regiones mencionadas por Tapias han asesinado a comandantes del ELN en combates con las Fuerzas Militares y policiales aliadas de los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia durante el último año. En el sur de Bolívar asesinaron al comandante Gustavo o Pirry, miembro de la dirección nacional del ELN, donde también fue capturada la socióloga Violeta Arango, quien hoy es gestora de paz de la Mesa de Diálogos.

Yolanda Perea es delegada al CNP por el Consejo Nacional de Paz, Convivencia y Reconciliación. Habló de los “territorios heridos” por la guerra, mismas regiones mencionadas por Tapias, y afirmó que “cuando se habla de paz no es solo la ausencia de la guerra (…) es necesario silenciar los fusiles, pero es también necesario silenciar los egos”. Fue contundente al decir que los pueblos necesitan aires de paz, “yo necesito volver a mi tierra”. 

Perea mencionó que hay más de 9 millones de víctimas registradas en el marco del conflicto armado, pero que también hay otras víctimas que no son de la guerra sino del diario vivir de la sociedad colombiana producto de la desigualdad. “Como mujeres nos han dejado de lado a las mujeres negras, mujeres indígenas y mujeres mestizas (…) esos egos nos deben llamar hoy a decir, como víctimas directas de todas estas violencias, ‘sí podemos construir el tejido social igualitario’”.

Relatos de Pablo Beltrán y Gustavo Petro en el CNP

La primera intervención fue de Pablo Beltrán, jefe de la delegación de diálogos del ELN, quien resaltó la presencia del presidente Petro como una muestra de su compromiso con el proceso de paz, agradeció el esfuerzo de las delegaciones nacionales e internacionalistas que duraron más de un día de viaje por tierra para llegar a la instalación del CNP con mucho esfuerzo. Beltrán saludó a la comunidad internacional destacando que nunca los esfuerzos internacionales pueden reemplazar los esfuerzos de las colombianas y colombianos.

El líder guerrillero se refirió al estallido social del 28 de abril de 2021 en Colombia como un “mandato de cambios” que recogió el gobierno de Gustavo Petro y que compromete también al ELN, por lo cual la Mesa de Diálogos se considera un instrumento al servicio de este mandato. Para Beltrán el CNP es el corazón del proceso de paz y son los encargados de encariñar a la sociedad colombiana con la paz para llegar al punto de la “visión común de paz”, el cual tiene un instrumento que es la participación de la sociedad y a su vez esta tiene un motor que es el CNP con la idea de que sea incluyente y masivo.

“Que no solamente se diga que la élite se opone al cambio, sino que la élite se mete al cambio”, añadió sobre el CNP dijo que tiene la tarea de diseñar la metodología de la participación de la sociedad. Pablo Beltrán se refirió sobre la entrada en vigencia del cese al fuego bilateral por seis meses, el cual tiene la característica principal y poderosa de que existe la voluntad de las dos partes de cumplirlo. Se refirió sobre las otras fuerzas que no entraron en el cese como bandas y grupos paramilitares como los que más daño le hacen a las comunidades rurales y al liderazgo social.

El jefe de la delegación de diálogos del ELN dijo que el principal cambio que hay que hacer de inmediato es que este gobierno de Petro no persiga ni extermine, ya que “hay un nuevo gobierno, pero el viejo régimen está vivo y la esencia del viejo régimen es perseguir y exterminar, eso se tiene que acabar”. Sobre el Gran Acuerdo Nacional refirió que no serviría sin una alianza política, económica y social que se comprometa con los acuerdos alcanzados. Beltrán criticó los Tratados de Libre Comercio y argumentó que “hay que pagar primero la deuda social que la deuda externa (…) si esa deuda social no se paga otro estallido social va a venir”.

La intervención del presidente Gustavo Petro inició con un cumplido: “Primero hay que dar una felicitación. Nunca jamás en la historia contemporánea el ELN había llegado a esta posición a hablar de frente en el corazón de Colombia, sin dejar de ser el ELN, sin armas, ante la diversidad de Colombia, ancha y profunda; ante el Estado de Colombia, con el cual ha librado una guerra que se remonta desde el año 1964” refiriéndose al avance de la Mesa de Diálogos que los llevó al acto multitudinario de la instalación del CNP con miles de personas en Bogotá.

Afirmó: “Este acto (…) empieza a generar esperanza (…). Cuando una sociedad tiene esperanza, cambia. (…) El antídoto contra el miedo es la esperanza”. Petro también habló de la extinción de la especie humana por cuenta de las economías carbonizadas y petroleras. Sobre el conflicto dijo “Acuerdo o guerra. Más o menos la historia de Colombia se ha movido en esta dinámica durante dos siglos”.

Acerca del genocidio continuado o lo que el presidente llama “la guerra perpetua” dijo: “Es revolucionario el que se escapa del manto de la muerte. Y más revolucionario es el que lleva a toda la sociedad a escaparse de ese manto autoritario y omnímodo de la muerte” e hizo énfasis en la política de la vida y la nueva sensibilidad revolucionaria sin las armas y sin violencia.

Entrevistas a Dayana Domicó y María Consuelo González

Dayana Domicó es una mujer lideresa indígena del pueblo embera katío, antropóloga, excoordinadora nacional de Juventud de la Organización Nacional Indígena de Colombia, pertenece a la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe y actualmente es delegada de paz del gobierno colombiano en la Mesa de Diálogos con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En la instalación del CNP Dayana Domicó le dio una entrevista a Marcha Noticias, con la realización de mi persona y Lita Rubiano, donde nos habló de su percepción del conflicto y el cese al fuego bilateral en las comunidades rurales; del proceso que viene para las mujeres, cómo lo vive ella en su cuerpo; cuáles los sueños que tiene para su comunidad como mujer para que ese cese al fuego sea más sólido y se consolide más rápido; sus consideraciones sobre los avances y retos del enfoque de género en la Mesa de Diálogos y las lecciones podemos aprender del proceso de reincorporación de las mujeres de las antiguas FARC-EP.

También entrevistamos a María Consuelo Tapias, delegada de paz del ELN, sobre los siguientes puntos: cómo va el trabajo de la Mesa Nacional de Mujeres; cómo van las discusiones internas sobre el tema de género en la delegación; cuál es el planteamiento de las mujeres de la delegación de diálogos en materia de enfoque de género para los acuerdos de paz; cuáles son los aprendizajes y lecciones que recoge de la reincorporación de las mujeres de FARC-EP y cuál es su mayor sueño.

El proceso de participación de la sociedad iniciado el 3 de agosto de 2023 culminará el mes de mayo de 2025, fecha en la que se presentarán los resultados de los puntos “1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz; 2. Democracia para la paz; 3. Transformaciones para la paz” de la agenda de diálogos pactada entre el gobierno colombiano y el ELN.

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Por Sasha Yumbila Paz

¿Cómo valoran al sector de las FARC que sigue actuando bajo los Acuerdos de noviembre de 2016?

Tengo valoraciones segmentadas y diferenciadas, porque los integrantes del Partido de La Rosa ya no son un conjunto con identidad o unidad ideológica y política; hay sectores y tendencias claramente definidas. Pero iniciaría diciendo que lo primero que habría que resaltar es que el Acuerdo de Paz, más allá de la traición que sufrió por parte de la institucionalidad y de un sector tolerante dentro de las FARC convertida en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ofreció una posibilidad de cambio para encontrar la paz con justicia social, o que pudo al menos servir de base para tal propósito, que concitó la voluntad de millones de personas que en Colombia le apostaron a tal alternativa y la de millares de guerrilleros que de buena fe también creyeron en tal camino, y lo emprendieron  y todavía persisten en la disputa por hacer realidad los objetivos que se trazaron en cuanto a superación de la miseria, la desigualdad y la exclusión política, sobre todo.  Tengo el convencimiento de que la mayoría de los compañeros y compañeras que continúan actuando de manera obstinada en función de los Acuerdos de 2016, lo hacen creyendo, contra cualquier adversidad, en la honrosa y necesaria tarea de la construcción de la paz democrática y de la búsqueda de soluciones a los problemas sociales que agobian al país, y lo hacen creyendo además en la necesidad y posibilidad de la  solución política del conflicto que se ha repotenciado con las nuevas y antiguas insurgencias que persisten en el alzamiento armado ya sea por cuenta de la traición o perfidia institucional respecto al pacto de La Habana o simple y llanamente porque las causas que generaron el conflicto no han sido superadas.

En el recorrido de las FARC como organización insurgente alzada en armas, lo hemos dicho públicamente, quienes retomamos o continuamos tal camino tenemos un largo tramo de común historia de aciertos y desaciertos, de coincidencias y contradicciones, de sacrificios en búsqueda de ideales en torno a los que nos hemos identificado y que seguramente todavía nos hacen coincidir con la mayoría de la militancia de la Fuerza Alternativa, y por ello y por lo primero que expresé para responder a esta pregunta, independientemente de las razones de orden ideológico o político que en cuanto a la definición de vías y formas de la revolución nos distancian, son más las que nos dan identidad, y mucho más grandes son los sentimientos afectivos profundos que no dependen propiamente de los rumbos que tome la acción política, o las decisiones caprichosas de algunos pocos dirigentes que torcieron el camino, se desinteresaron de sus propios viejos compañeros de armas y de la militancia de base en general, además de que se embarcaron en la triste y deplorable empresa de repetir las mentiras difamadoras de los enemigos de todo proceso revolucionario que pululan en el Establecimiento, en el Bloque de Poder Dominante  y en ciertos sectores oportunistas que se camuflan tras posturas supuestamente consecuentes.

Al respecto, entonces, diferencio a las bases militantes, excombatientes o no, de personajes oscuros como Timoleón Jiménez y de Carlos Antonio Lozada que han sobresalido como renegados o apóstatas de su antigua condición de guerrilleros comunistas, y en su nuevo papel de charlatanes dedicados a denostar o denigrar de la dirigencia del proyecto político FARC-EP (Segunda Marquetalia), y de las insurgencias en general, usando las mismas calumnias rastreras de nuestros enemigos del régimen, sobre todo con la manida acusación de que somos narcotraficantes y no luchadores políticos, o la acusación de haber sido quienes “desertamos de la paz”, como si ignoraran nuestras razones fundadas en la perfidia institucional y, sobre todo, desconociendo los esfuerzos que quienes hoy volvimos a la lucha armada hicimos por sacar adelante el acuerdo, o por lograr la liberación de nuestros prisioneros, o la concreción de los proyectos para la reincorporación y para las trasformaciones sociales urgentes, etc.

En esto entonces, nosotros no cuestionamos a quienes han creído siempre, o han optado ahora, por la lucha legal, pero sí estamos obligados a dar el debate a quienes absolutizando ese camino se erigen en sensores de nuestra lucha, cuestionando o descalificando a quienes siguen admitiendo como legítimo el derecho a la rebelión armada, sobre todo si los cuestionamientos los hacen por derrotismo, o por haber hecho un giro hacia la derecha, y en consecuencia decidieron desconocer las circunstancias de terrorismo de Estado que sigue padeciendo Colombia. Otra cosa es que por convencimiento o por táctica y estrategia política se asuma la determinación  de hallar nuevos caminos y emprender la marcha por ellos, lo cual también es válido y tiene su mérito para cualquier Partido.

Estados Unidos intentó en 2019 extraditarlo, pero la defensa que hubo de la JEP impidió tal pretensión, ahora vuelven al ataque ofreciendo una recompensa por Usted y por Iván Márquez, ¿Por qué este ensañamiento en contra suya?

El ensañamiento no lo siento contra mí sino contra lo que represento como parte de un colectivo insumiso. En su momento, durante los inicios de la implementación, la persecución hacía parte del plan de según del uribismo “hacer trizas ese maldito papel”, es decir, el  Acuerdo. Se trató de un atentado contra el proceso y de paso contra las posiciones de exigencia radical de cumplimiento de lo pactado sin plegarnos al orden establecido. Era una manera de someter cualquier rebeldía y abrir una puerta para cargar contra la dirigencia que estaba por una paz digna y no de sometimiento. Ir por mí era solamente el principio de una ofensiva contra una línea política de no claudicación, la cual no ha cesado y se mantendrá porque es parte de una lucha de posiciones antagónicas irreconciliables entre revolucionarios, comunistas, y una oligarquía recalcitrante que sigue las directrices de un imperio decadente, de doble moral y depredador como el yanqui, que no escatimará esfuerzos para calumniarnos, perseguirnos y destruirnos, no solamente a mí, sino también al camarada Iván Márquez, a Oscar Montero, a Édison Romaña, a Aldinéver Morantes, etc., etc.; es decir, a la dirigencia revolucionaria de la Segunda Marquetalia, y a todo aquel que tenga posiciones anticapitalistas o antiimperialistas, ahora o después.

El ensañamiento es contra las posiciones y acciones dignas, a las que consideren que no atienden a sus líneas de subyugación y se resisten a su hegemonía, sean individuos, organizaciones, pueblos o naciones, tal como ocurre, por ejemplo, contra Venezuela y Cuba.

Se dijo en su momento que los EE.UU habían acompañado el Proceso de Paz con las FARC, pero ahora Trump impone la fumigación con glifosato y sepulta el punto cuatro “Solución al problema de las drogas ilícitas” conocido por las comunidades como la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito; también acaba de enviar tropas de la SFAB a las Zonas de Futuro, con lo que arrinconan los PDET, ¿Los EEUU han traicionado ese acompañamiento o conspiraron desde el principio contra el Proceso de Paz?

No creo que los Estados Unidos hayan traicionado nada. Lo que hacen es de su naturaleza, como sistema hegemónico o como imperio. Nosotros aceptamos su presencia en la Mesa de Conversaciones porque de una u otra forma sentíamos que el dueño de las marionetas ponía ahí su representante y eso podía llevar nuestras posiciones, sin intermediación, hasta el oído del gobierno estadounidense que está como protagonista de primer orden en la confrontación en Colombia. Y en cierta forma creíamos en que habría más posibilidad de que en algún momento se podría lograr la liberación de Simón Trinidad hablando directamente con tal representación. Pero lo cierto, es que ese personaje que estuvo en La Habana durante los diálogos, lo que hacía era presionar celeridad de las conversaciones y terciar contra la insurgencia en todo momento. Nunca hubo ningún compromiso claro de apoyo al conjunto del Acuerdo. Por ejemplo, en lo que respecta al Acuerdo parcial sobre sustitución de cultivos de uso ilícito, sus viejos y desacreditados lineamientos de “guerra contra las drogas” estuvieron presentes como una constante, pendiendo como espada de Damocles en los debates entre Gobierno y FARC, de tal forma que aunque nuestra exigencia de nueva política de sustitución de cultivos y de persecución de la comercialización pero no de los campesinos, se plasmó en el Acuerdo, el establecimiento -por exigencia de los gringos-, mantuvo sin nuestra aquiescencia, y eso es una salvedad que dejamos, tanto las fumigaciones como la erradicación. Es decir, nunca los yanquis establecieron ningún compromiso de apoyo al cumplimiento de lo que se acordó. Ni siquiera procedieron a quitar de la lista de organizaciones terroristas a las FARC, ni cumplieron con la promesa de liberar a Simón Trinidad injustamente condenado por tribunales estadounidenses.

Estados Unidos en esta materia del narcotráfico es el ladrón gritando cojan al ladrón. Y siendo los gringos los principales consumidores, traficantes y beneficiarios de esta economía de un macro negocio capitalista, está claro que existen diversas estructuras de criminalidad que en un segundo nivel se disputan el acceso a los recursos y el control del territorio, agregando que las relaciones sociales que dependen de tal macro-negocio tienen dimensiones corporativas, transnacionales que al lado del negocio capitalista generan procesos de acumulación por despojo que se concretan mediante violencia en modo de desplazamiento forzado, destrucción de procesos organizativos de las comunidades, persecución  y asesinato de sus dirigentes, etc. Lo cual convierte a EEUU en victimario principal del conflicto, totalmente impune.

Estados Unidos tolera en la dimensión de sus conveniencias, las relaciones de articulación y coordinación con poderes políticos y económicos regionales y locales mafiosos y violentos existentes, con la institucionalidad, con las ramas del poder público, con los gobiernos locales y la fuerza pública, estableciendo estructuras de dominación que son las que moldean y mantienen el orden social establecido, el sistema y su dinámica contrainsurgente, de terrorismo de Estado, que incluye la financiación y organizan organización de estructuras paramilitares, orientado al control pleno, estratégico, de los territorios y de sus recursos, dando un orden de dominación que victimiza a las comunidades, precarizando sus condiciones de vida, y  las empuja hacia las economías ilegales y al círculo de violencia que se desencadena.

Concomitantemente se aplican las políticas de “orden público” y “seguridad”, no las de soluciones sociales. Y se aplican para ejercer también control político mediante la puesta en marcha de la llamada “legalidad”, que en sí es la conjugación de la fuerza del Estado, de su aparato judicial como instrumento de represión, combinado con sus aparatos policiales y militares con una concepción, la vieja concepción, del “enemigo interno”, que trata los problemas eminentemente sociales como problemas de “seguridad nacional”, que se deben aplastar porque se consideran amenaza contra el sistema. Entonces las comunidades rurales terminan siendo, eso, amenaza y enemigos del sistema, y por tanto objeto de tratamiento militar que es como se conciben, realmente, limpiando los eufemismos y maquillajes, en el plan “Paz con Legalidad”, en el “Plan Nacional de Desarrollo”, y especialmente en los planes que están diseñados para adelantar en lo que han dado en llamar de manera rimbombante las “Zonas Futuro” o “Zonas Especiales Estratégicas de Intervención Integral” ubicadas en Nariño, Bajo Cauca , Catatumbo, Arauca, sur de Córdoba y algunos Parques Naturales, configurando la reedición de la “seguridad democrática” y del “Plan Nacional de la Consolidación Territorial” que sirvieron a Uribe Vélez y a Juan Manuel Santos para intensificar la guerra. Tal política la están haciendo coincidir incluso con los territorios PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial), cuando estos habían sido pensados para impulsar la implementación de la paz y no la conjugación de más guerra.

En este contexto y para tales propósitos guerreristas, es que violando la soberanía nacional una vez más -porque recordemos que ya antes hay establecidas bases militares de control yanqui sin contar con la aprobación de Congreso- el gobierno del pelele Duque permite la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB), con sus fuerzas especiales de ocupación del ejército de los Estado Unidos, pretextando la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué este nuevo capítulo de “guerra contra las drogas” los yanquis no lo despliegan dentro de sus fronteras?, ¿Por qué la “Operación Antidrogas de Mayores Esfuerzos” de Trump no la despliega para controlar su mercado interno de drogas, en vez de estar fustigando a Venezuela? A lo que asistimos es a nuevos escenarios de intervencionismo y de avance imperialista contando con lacayos como Duque Márquez.

Las diferencias internas dentro del sector de FARC llamado Partido de la Rosa siguen agudizándose, su cúpula expulsó a varios líderes, entre ellos a Fabián Ramírez y Andrés París, ¿No hubiera sido mejor tratar esas diferencias en la Conferencia que están próximos a realizar?

Siempre lo mejor respecto a cualquier diferencia es tratarla mediante el diálogo y en los espacios que existen para ello, o creándolos si no los hay. El problema se complica cuando existiendo estos espacios, se desconocen o se irrespetan, y si no los hay tampoco existe la voluntad de crearlos.

En el Partido de La Rosa resaltan déficits de origen en ambos casos, y fíjate que estas falencias se exteriorizaron desde los tiempos mismos en que avanzadas las conversaciones de paz en La Habana, Timoleón Jiménez como comandante, rodeado de un séquito que esencialmente lo constituían Carlo A. Lozada, Pastor Alape y otros elementos de menor incidencia y manejo, comenzaron a tomar decisiones como la de la entrega de las armas sin consultar con las bases guerrilleras. En adelante todo comenzó a tener esa característica, de tal suerte que la Décima Conferencia se convirtió en una simulación de espacio de discusión, y estos personajes secuestraron la democracia interna llevándola hasta extremos como el desconocimiento de las votaciones que ellos mismos impusieron en el Congreso Fundacional del Partido de La Rosa.

La sana crítica se comenzó a ahogar con ferocidad y peligrosa estigmatización y se generalizó la práctica de señalar como culpables de todo mal a quienes no coincidieran con el llamado punto de vista de la “oficialidad” del Partido de la Rosa, que no era otro que el punto de vista derechizado de los mencionados personajes. A los sectores críticos tanto de la conducción interna como de los incumplimientos gubernamentales, en el mejor de los casos se los tildó peyorativamente de radicales o se los acusó irresponsablemente de estar trabajando para las “disidencias” o “desertores”, a los que de paso se los etiquetaba de narcotraficantes para cerrar un círculo de criminalización que fácilmente podía culminar en judicialización.

 La sensatez y la ecuanimidad perdieron espacio y todo el que divergiera era mal visto. Surgieron entonces los amanuenses encargados de verter nociva tinta en discursos de venenosa discordia, desconociendo, menospreciando, enjuiciando, calumniando, zahiriendo a todo aquel que no compartía o no coincidía con los preceptos, códigos, cánones, axiomas, fantasías, creencias o convencimientos de quienes escribían arrogándose la vocería de la “línea correcta” o expresando sus propios resentimientos y convencimientos.

Lo más suave que se le ha dicho a quien disiente es “desenfocado político”, o que “le faltó militancia”, o que “le faltó campamento o haber echado más tiros”. Terminaron olvidando que NO TODO LO ADVERSO ES ENEMIGO. 

Los puntos de vista divergentes que distanciaron a la actual dirigencia de las FARC-EP, Segunda Marquetalia fueron sustentados oportunamente en instancias pertinentes, pero nunca fueron atendidos por quienes correspondía, y si a esto le agregamos el refuerzo de la traición gubernamental y la ojeriza de la facción Timo-Lozadista, los factores necesarios para la ruptura  se completaron. Nosotros nos apartamos, no de la paz sino de su traición aleve, pero esto no paró la insensatez de esa dirigencia Rosa, porque continuaron atacando nuestra determinación y ampliaron el espectro de sus objetados hacía gente que no estaba en el plan de retomar las armas, pero que son revolucionarios probados como ocurrió con Alexandra Nariño, a quien descalificaron cuando formal, decente y amistosamente decidió retirarse del Partido de La Rosa porque ya no se sentía representada o identificada; y lo hicieron con diversos otros compañeros que decidieron no continuar en ese espacio. De tal suerte que la causa de las inquinas no necesariamente era, como en nuestro caso, la posición frente a la lucha armada. Así entonces, descalificaron a Sonia, a Andrés Paris, a Fabián Ramírez, a Martín Batalla y a tantas y tantos otros que no deben ser contados como personas sino como dirigentes y paradigmas que son de decenas, cuando no centenares, de militantes que les reconocen y les siguen como cuadros dirigentes; es un despropósito. Están defenestrando al Partido de La Rosa. Y valerse del instrumento de fastidiar a la militancia, o cerrarle los espacios del debate, la crítica y la autocrítica, y valerse del instrumento de la Comisión de Ética también para impedir el disentimiento como lo han hecho ahora contra algunos de los mencionados, y contra otros como Benedicto González, que es uno de los más brillantes cuadros  de la izquierda del Caribe, agrava ese despropósito, ese absurdo, mostrando no solamente sectarismo e intransigencia, sino una inepcia absoluta de parte de algunos personajes de esa Dirección política, porque no creo que eso haya sido producto del consenso sino de las triquiñuelas ya de uso común entre la facción Timo-Lozadista.  A no ser que la tarea que tengan sea precisamente la de acabar con ese Partido.

 Esperar el Congreso es una ilusión. Estos problemas debieron abordarse hace muchos tiempo en el Concejo Político Nacional, pero lo triste es que ahí es donde impera la facción en mención, la cual nunca iba a propiciar convocar a la Asamblea Nacional de los Comunes a la que sustituyeron y anularon hace rato. Esa instancia dejó de ser funcional desde el momento mismo de su elección. Y si así es para ese nivel qué queda para el Congreso, o la Asamblea Nacional de los Comunes, la cual se debió reunir estatutariamente dentro de los dos años siguientes al Primer Congreso. Siempre se esgrimió una u otra excusa para aplazarlo. La última fue la de la pandemia. Esa les calló como anillo al dedo porque los aplazamientos los hacían debido a que la correlación de fuerzas les era adversa y por ello se han dedicado a aburrir, marginar o eliminar mediante expulsiones a quienes les pueda hacer contrapeso en el debate. Está claro que la estrategia que tienen es asfixiar económicamente a los Regionales que no se les plieguen, marginar a los militantes incómodos cerrándoles toda posibilidad de participación en los espacios de la reincorporación, expulsar a los que consideren un peligro y quedarse con el cascarón de la personería jurídica para manejar con ello las poquísimas prerrogativas del Acuerdo y la posibilidad de controlar totalmente la designación de los nombres para llenar las diez curules parlamentarias del 2022 al 2024. No veo otra meta, si se atiende a la desidia con que el Partido Fuerza Alternativa, con algunas excepciones, pero más concretamente ese sector Timo-Lozadista actúan en materia organizativa y de acción política. Agregando que los desaciertos de Timochenko en sus intervenciones son de antología. Se confunde con la derecha, pero con la más torpe. Y todo ello antes que evitar más rupturas y divisiones es lo que alienta la desbandada producto del proceder inconsecuente. Y no se ve que haya intención de asumir la autocrítica procediendo con nuevas actitudes que devuelvan la confianza a la militancia.

¿Cuáles son los aciertos y desaciertos de los Acuerdos de noviembre de 2016 que firmó la FARC?

El Acuerdo fue producto del diálogo como política de la estrategia de lucha de las FARC. La salida política dialogada es un componente fundamental de nuestra visión estratégica para la construcción de la Colombia Nueva. En lo que no se podía convertir era en un instrumento de rendición, en una capitulación. Entonces el problema no es el diálogo ni la construcción de un Acuerdo, sino que tan pronto entablado este diálogo y construido un Acuerdo, este se distorsione hacia la claudicación o se incumpla. En el caso del Acuerdo de Paz de La Habana, a mi modo de ver, con excepción del capítulo referido a la dejación de las armas, lo demás constituye un conjunto de instrumentos muy útiles para la construcción de un nuevo orden social. Pienso que aparte de la dejación de armas convertida en entrega sin garantías tangibles, la otra gran falla estructural de ese Acuerdo, del que se hizo en La Habana, no del adefesio que se fue rehaciendo hasta que llegó al teatro Colón, es haber firmado esa dejación antes de debatir sobre la reincorporación, lo cual dejó este último capítulo sin la fuerza y las prerrogativas que debía tener para los excombatientes. Hay mucha precariedad en materia de soluciones sociales para los exguerrilleros, y todo aquello que se dejó solo para ser cumplido por fuerza del compromiso se esfumó, como el asunto de la tierra y la vivienda  para los exguerrilleros.

En todo caso, reiteraría que el mayor problema del Acuerdo de Paz fue el incumplimiento gubernamental, porque de por sí y pese a sus déficit, este Acuerdo trazó un camino para la construcción de la justicia social, con una visión integral, de enfoque territorial para la habilitación de condiciones que permitieran superar la violencia política, contando sobre todo con las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Y aunque las reformas que se plantearon no trascienden la naturaleza del capitalismo, establecen bases para la justicia social, la superación de la violencia estructural, y la apertura de la democratización política, económica, social y cultural, del país.

Al respecto de todo esto, hay aspectos muy específicos como la definición de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para 16 zonas marginadas del país, compromisos sobre formalización de la pequeña y mediana propiedad de la tierra o distribución de la misma, y otra serie de aspectos que ciertamente configuran un plan ambicioso de Reforma Rural Integral que desafortunadamente ha sido burlado por el gobierno, como han sido burlados los acuerdos sobre las 16 circunscripciones especiales territoriales de paz, aspectos de estímulo a la participación social y ciudadana, la  puesta en marcha del sistema de garantías de seguridad para las comunidades en los territorios, lo acordado sobre medidas y acciones para los excombatientes, para el ejercicio de la política. Los acuerdos sobre “garantías de seguridad” y sobre la lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, etc. Todo eso no pasó de ser una redacción de compromisos, que ahora tiene el sello de que con el Gobierno nada está acordado aunque todo esté acordado, pues la perfidia es un hecho

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Por Sasha Yumbila Paz | Foto: FARC

Les sugiero ponerse cómodos/as, acompañar la lectura de la entrevista con café caliente. Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido por su nombre de guerra Jesús Santrich uno de los negociadores del proceso de paz en La Habana, exc-ongresista y quien pasó 400 días en la cárcel sin ninguna prueba en su contra por un montaje judicial de el gobierno de Estados Unidos a través de la DEA.

Desde la clandestinidad nos cuenta sobre la Segunda Marquetalia, detalles poco conocidos de la entrega de armas, del Partido de la Rosa y como él afirma: “de personajes oscuros como Timoleón Jiménez y de Carlos Antonio Lozada”   

¿Qué son las FARC-EP, Segunda Marquetalia? Hay varias expresiones que se llaman FARC, se percibe en el país una marcada contradicción de los que nunca se acogieron al proceso de paz y los que entraron al proceso, luego se salieron y fundaron la Segunda Marquetalia. ¿Por qué las contradicciones si las raíces son las mismas?

Las FARC-EP, Segunda Marquetalia, son una organización guerrillera revolucionaria, comunista, de ideología marxista, leninista y bolivariana. En tal sentido, son una estructura esencialmente política, lo cual implica ser un partido, y en tanto, asumimos la vía armada de la lucha por nuestros propósitos mayores, nos constituimos también como ejército, con una línea de mando jerárquica y una disciplina militar tal que quien milite con nosotros debe acogerla voluntaria y conscientemente antes de dar el paso a su vinculación como integrante.

La sigla tiene el mismo significado que la de la organización insurgente originaria; es decir, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, porque somos continuación del mismo proyecto fundado y conducido durante décadas por los Comandante Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. En lo esencial marchamos bajo las directrices de las mismas concepciones estratégicas y programáticas, ajustadas a las variaciones de la realidad nacional e internacional, a lo que se agrega la nueva situación que se configuró con la firma del fallido Acuerdo de Paz de La Habana, con la traición del mismo y las consecuencias adversas, de descrédito a la buena fe, del pacta sunt servanda, del valor de la palabra empeñada y del diálogo como instrumento para la resolución de conflictos que generó la perfidia institucional. Se trata de puntos de vista diferentes en el manejo de la política, pero que de fondo no entrañan, en lo que a nosotros concierne, aspectos de orden ideológico, porque no se trata de que unos u otros hayan cuestionado en algún momento, por ejemplo, la legitimidad o la pertinencia de la lucha armada o de los propósitos estratégicos en cuanto al establecimiento de la justicia social, la construcción del socialismo y la conquista del comunismo. Eso nunca ha ocurrido, al menos en lo que respecta al sector insurgente que adelanta el proyecto Segunda Marquetalia. El asunto de quiebre, a mi entender, fue más de orden táctico, referido a la forma de adelantar la lucha en el momento específico que se estaba viviendo cuando la dirección de entonces tomó la determinación de sentarse en la mesa de conversaciones con el gobierno. Eso obedecía a una pauta estratégica concebida a través de nuestra historia de lucha, consistente en que la salida dialogada al conflicto era parte principal de la visión estratégica fariana, con la precisión sí, de que a esa salida a la que jamás nadie internamente se opuso, nunca tampoco nadie que se considerara genuinamente marulandista la pensó incluyendo la entrega de las armas, y menos con la rendición de los principios comunistas de origen, que es donde está el problema de lo acontecido tras la firma del Acuerdo. Sobre tal aspecto nodal se presentó una distorsión que nunca contó con el beneplácito de quienes retomamos las armas, sino que fue impuesta con la manipulación de la línea de mando, la disciplina militar y la subordinación, al grueso del Estado Mayor Central y de la guerrillerada, por un sector entreguista que hoy por hoy está muy en evidencia.

Contra ese sector se hicieron enconados debates que no son de suficiente conocimiento público y que son casi que de nulo manejo de lo que era la mayoría de las bases guerrilleras. Los puntos de choque con el sector entreguista se pusieron en evidencia sobre todo durante la Décima Conferencia, cuando la desarticulación del despliegue estratégico ya era irreversible y en el Congreso Constitutivo del Partido de La Rosa, cuando el desarme militar ya se había dado y se comenzaba a evidenciar con más fuerza el desarme ideológico.

Entonces, como usted lo ha dicho, aunque con las mismas raíces, se perciben contradicciones entre las FARC-EP Segunda Marquetalia y otros sectores que también se denominan FARC pero que nunca se acogieron al proceso de paz como sí lo hicieron los primeros. Quizás ese es el punto principal de las diferencias, el haberse acogido o no al Acuerdo, lo cual no constituye de ninguna manera una contradicción irreconciliable así de ella se desprendan otras. Pero para resolverlas hay que sentarse a dialogar, que es lo que todavía no ha ocurrido pero deberá ocurrir, y quizás por ello existen malos entendidos o desconocimiento de lo que fue nuestra posición durante las conversaciones, a las cuales los que fuimos lo hicimos por una decisión no personal sino de la Organización, y de cual fue nuestra firme actitud consecuente con la línea revolucionaria después de la firma del Acuerdo. Y existen estos desconocimientos, sencillamente porque la comunicación en una organización jerárquica y compartimentada como lo eran las FARC, la manejaba el mando superior, y cuando ya se expandió la posibilidad del debate abierto la traición era un hecho tanto por parte del gobierno como por parte de sector entreguista que desafortunadamente, en gran medida, siguió conduciendo al partido de La Rosa, ahogando la crítica con la estigmatización, la segregación de los contradictores y hasta con su expulsión. Todo lo cual, sumado a la determinación que tomó Iván Duque de hacer trizas el Acuerdo y de continuar las políticas contrainsurgentes de exterminio están llevando a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común a la bancarrota. 

¿En qué otros puntos específicos tienen contradicciones y debates?

Verás, entre los sectores que no hacen parte de lo que son las FARC-EP Segunda Marquetalia, algunos camaradas como el caso de Gentil Duarte sí estuvieron en el proceso de paz y tomaron la determinación de seguir la lucha armada después de la Décima Conferencia, cuando todavía no se había hecho entrega de las armas. Otros, incluso, estaban en prisión y salieron en libertad como consecuencia de la firma del Acuerdo y luego retomaron la lucha armada. Otros lo hicimos con posterioridad porque así nos lo impusieron las circunstancias. Entonces, insisto, la contradicción no está en asumir el camino de la solución dialogada como opción sino en la distorsión que tomó la concepción fariana hacia la entrega de las armas primero y luego hacia la claudicación ideológica.

Y nunca hubo un Plan B sobre qué hacer en caso de incumplimiento del establecimiento o qué hacer en caso de una distorsión interna, porque esos escenarios, no estaban previstos; y no lo estaban simplemente porque nunca, jamás, a nadie se le pasó por la mente que habría entrega de armas. De lo que hablamos era de “colocar las armas fuera de su uso en política” que era lo que significaba DEJACIÓN DE ARMAS. Y ahí es donde está el aspecto esencial de la distorsión interna que nos fue conduciendo a la ruptura, porque sin ningún tipo de consulta y con todas las maniobras imaginables, comenzando por destacar para tratar el tema de las armas, a una Comisión Paralela a la que inicialmente se envió a hacer las negociaciones, la DEJACIÓN la convirtieron en ENTREGA, en tiempo record, de todos los fierros sin definir garantías efectivas de cumplimiento de lo acordado. Por ello creo que Gentil y quienes toman la determinación de no continuar habiendo estado en el proceso, tienen toda la razón en la determinación tomada. Y quienes desde antes mostraron sus reticencias también la tienen porque el proceso en general, sobre todo cuando inició ese debate sobre la DEJACIÓN de armas, tomó por parte de esa segunda delegación en cabeza de Carlos Antonio Lozada, un inusitado secretismo que compartimentó al mismo resto de la Delegación que estaba en La Habana, llevándonos a choques casi de ruptura, que no se produjo porque todos quienes nos oponíamos estábamos demasiado expuestos y sin posibilidades de manejo de tropas ni de territorio, y como ya dije, con un aislamiento respecto a las comunicaciones con los Frentes y resto de la militancia. Muy complejo el asunto en un ambiente donde todos comenzamos a desconfiar de todos y donde nadie se atrevía a decirle al otro su real visión sobre el camino a tomar y en qué momento hacerlo.

Para no extenderme mucho en esto, sugiero leer el libro del camarada Iván Márquez La Segunda Marquetalia, en el que se detalla con más información lo ocurrido, y donde se incluyen los documentos fundacionales principales de las FARC-EP Segunda Marquetalia, puesto que efectivamente las nuevas circunstancias nos llevaron a hacer algunas variaciones tácticas al Plan Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia, las cuales no podemos imponérselas a nadie que no haga parte del equipo de trabajo que las discutió y las aprobó, y que obviamente no pueden ser elementos para descalificar a ninguno de quienes no hayan estado en ese debate. Para nosotros la sigla FARC-EP es una construcción histórica que ya no depende solamente de quienes la portamos hasta la Décima Conferencia, o hasta la Novena si queremos ser más radicales, porque hubo un proceso político que está ahí, para bien o para mal, con unos resultados tangibles que no se pueden borrar ni ocultar. Una de las consecuencias fue la división de nuestra organización, el surgimiento de matices tácticos sobre temas como el tratamiento de las retenciones económicas y a las tropas gubernamentales; la definición de los objetivos militares específicos, etc. Sobre ello tendremos que sentarnos a debatir y llegar a conclusiones con los compañeros de las diversas FARC que existen hoy por hoy, entre ellas la Segunda Marquetalia, que toma esa denominación por dos razones principales: una, es la de rendir un homenaje al comandante Manuel Marulanda, quien en sus últimos días de existencia contemplaba y así lo estaba preparando, hacer una gran ofensiva militar desde el área donde se encontraba, con ese nombre. Y una segunda razón es que con nuestras determinaciones y acciones no podemos comprometer el nombre de quienes no están estructurados con nosotros; es un asunto de respeto y reconocimiento. Pero tampoco nosotros podemos comprometernos en determinaciones y acciones de estructuras de las que no hacemos parte; es un asunto de responsabilidad. De ahí, que solo respondemos por lo que hagan dentro de las líneas de nuestros planes, quienes actúen estructurados en la Segunda Marquetalia. Ese es el sello que nos diferencia, por ahora.

¿Es posible una unificación de los que critican al fallido Proceso de paz?

Claro que es posible porque existen los elementos para hacerlo: tenemos las mismas raíces, tenemos los mismos propósitos estratégicos, una larga historia de lucha en común, una ideología marxista-leninista y bolivariana que nos hermana y una condición de revolucionarios que nos impone no solamente la necesidad sino el deber de tomar el camino de la unidad o al menos el de la coordinación en beneficio de las comunidades que creen todavía en nosotros y que de una u otra forma tienen sus afectos compartidos y confundidos. Eso lo sabe el enemigo y por ello hace ingentes esfuerzos por generar y multiplicar choques y distanciamientos publicando comunicados apócrifos de unos contra otros y realizando también acciones inadmisibles a nombre de una u otra estructura fariana que incluyen atentados contra gente inocente. Todo lo cual nos debe llamar la atención en cuanto a ser muy reflexivos antes de llegar a conclusiones frente a hechos que se presentan en este río revuelto de la confrontación. Siempre observar en que el régimen trata de hacer su agosto  y mantenernos fracturados para que nos destruyamos entre nosotros mismos, creando o alentando discordias e incluso creando sus propios grupos que los ponen a actuar como FARC.

¿Cómo valoran al sector de las FARC que sigue actuando bajo los Acuerdos de noviembre de 2016?

Tengo valoraciones segmentadas y diferenciadas, porque los integrantes del Partido de La Rosa ya no son un conjunto con identidad o unidad ideológica y política; hay sectores y tendencias claramente definidas. Pero iniciaría diciendo que lo primero que habría que resaltar es que el Acuerdo de Paz, más allá de la traición que sufrió por parte de la institucionalidad y de un sector tolerante dentro de las FARC convertida en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ofreció una posibilidad de cambio para encontrar la paz con justicia social, o que pudo al menos servir de base para tal propósito, que concitó la voluntad de millones de personas que en Colombia le apostaron a tal alternativa y la de millares de guerrilleros que de buena fe también creyeron en tal camino, y lo emprendieron  y todavía persisten en la disputa por hacer realidad los objetivos que se trazaron en cuanto a superación de la miseria, la desigualdad y la exclusión política, sobre todo.  Tengo el convencimiento de que la mayoría de los compañeros y compañeras que continúan actuando de manera obstinada en función de los Acuerdos de 2016, lo hacen creyendo, contra cualquier adversidad, en la honrosa y necesaria tarea de la construcción de la paz democrática y de la búsqueda de soluciones a los problemas sociales que agobian al país, y lo hacen creyendo además en la necesidad y posibilidad de la  solución política del conflicto que se ha repotenciado con las nuevas y antiguas insurgencias que persisten en el alzamiento armado ya sea por cuenta de la traición o perfidia institucional respecto al pacto de La Habana o simple y llanamente porque las causas que generaron el conflicto no han sido superadas.

En el recorrido de las FARC como organización insurgente alzada en armas, lo hemos dicho públicamente, quienes retomamos o continuamos tal camino tenemos un largo tramo de común historia de aciertos y desaciertos, de coincidencias y contradicciones, de sacrificios en búsqueda de ideales en torno a los que nos hemos identificado y que seguramente todavía nos hacen coincidir con la mayoría de la militancia de la Fuerza Alternativa, y por ello y por lo primero que expresé para responder a esta pregunta, independientemente de las razones de orden ideológico o político que en cuanto a la definición de vías y formas de la revolución nos distancian, son más las que nos dan identidad, y mucho más grandes son los sentimientos afectivos profundos que no dependen propiamente de los rumbos que tome la acción política, o las decisiones caprichosas de algunos pocos dirigentes que torcieron el camino, se desinteresaron de sus propios viejos compañeros de armas y de la militancia de base en general, además de que se embarcaron en la triste y deplorable empresa de repetir las mentiras difamadoras de los enemigos de todo proceso revolucionario que pululan en el Establecimiento, en el Bloque de Poder Dominante  y en ciertos sectores oportunistas que se camuflan tras posturas supuestamente consecuentes.

Al respecto, entonces, diferencio a las bases militantes, excombatientes o no, de personajes oscuros como Timoleón Jiménez y de Carlos Antonio Lozada que han sobresalido como renegados o apóstatas de su antigua condición de guerrilleros comunistas, y en su nuevo papel de charlatanes dedicados a denostar o denigrar de la dirigencia del proyecto político FARC-EP (Segunda Marquetalia), y de las insurgencias en general, usando las mismas calumnias rastreras de nuestros enemigos del régimen, sobre todo con la manida acusación de que somos narcotraficantes y no luchadores políticos, o la acusación de haber sido quienes “desertamos de la paz”, como si ignoraran nuestras razones fundadas en la perfidia institucional y, sobre todo, desconociendo los esfuerzos que quienes hoy volvimos a la lucha armada hicimos por sacar adelante el acuerdo, o por lograr la liberación de nuestros prisioneros, o la concreción de los proyectos para la reincorporación y para las trasformaciones sociales urgentes, etc.

En esto entonces, nosotros no cuestionamos a quienes han creído siempre, o han optado ahora, por la lucha legal, pero sí estamos obligados a dar el debate a quienes absolutizando ese camino se erigen en sensores de nuestra lucha, cuestionando o descalificando a quienes siguen admitiendo como legítimo el derecho a la rebelión armada, sobre todo si los cuestionamientos los hacen por derrotismo, o por haber hecho un giro hacia la derecha, y en consecuencia decidieron desconocer las circunstancias de terrorismo de Estado que sigue padeciendo Colombia. Otra cosa es que por convencimiento o por táctica y estrategia política se asuma la determinación  de hallar nuevos caminos y emprender la marcha por ellos, lo cual también es válido y tiene su mérito para cualquier Partido.

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Por Sasha Yumbila Paz | Fotos: Tomás García Laviana (*)

El ELN, se alzó en armas en 1964. Desde 1989 ha adelantado Conversaciones de paz con 5 gobiernos. El gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN avanzaron en una Agenda para poner fin al conflicto. La última ronda de negociaciones la realizaron en la Habana Cuba, donde actualmente la Delegación de Diálogos del ELN continúa trabajando por la solución política del conflicto armado de Colombia.

El gobierno de Iván Duque Márquez, desde su posesión en agosto de 2018, desconoció la Agenda de Conversaciones, incluidos los protocolos de seguridad y retorno del ELN a Colombia; y desde enero de 2019 rompió los diálogos con el ELN.

El conflicto armado en 56 años ha dejado más de 8 millones de víctimas civiles, (Registro Único de Víctimas -RUV, 2017) entre asesinados, desterrados y despojados de tierras. En el año 2016 el gobierno de Juan Manuel santos firmó un Acuerdo de paz con las FARC, que el actual gobierno ha hecho trizas. En abril el gobierno Duque expidió el Decreto 601 del 2020 que reduce la solución del conflicto con el ELN a que este se someta a la justicia, por su parte la organización rebelde, en voz de Pablo Beltrán, manifestó su rechazo al Decreto afirmando que el ELN busca poner fin al conflicto armado acordando transformaciones “esta es una salida de solución política, no de sometimiento a la justicia”

Es común de periodistas y opinadores clasificar al ELN como una organización confederada, y dividida para llevar Conversaciones con el Gobierno, ¿qué nos dice al respecto?

El ELN es una organización político-militar, por tanto tiene más democracia que un ejército, pero tiene más centralización que un partido. Cada 10 años realiza un Congreso Nacional que traza líneas gruesas de actuación, de cuya ejecución encarga a la Dirección Nacional. La decisión de buscar una solución política del conflicto la tomó el Congreso de 1989 y en estos 30 años de búsqueda hemos hecho conversaciones de paz con 5 Gobiernos y lo que hemos acordado con ellos, todos nuestros Frentes lo han cumplido. Este Gobierno es el tercero de Álvaro Uribe, así el que aparece como presidente sea Iván Duque, a ambos les hemos dicho que tenemos la disposición de reabrir una Mesa de conversaciones para que termine el conflicto armado y se acuerden transformaciones que necesita Colombia.

Integrantes del Comando Central COCE-ELN, Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Pablo Marín. Montañas de Colombia. 

Se rumorea que algunos Frentes de Guerra del ELN discrepan de las Conversaciones, y con las acciones humanitarias que han realizado; ¿Los que están en la Habana representan al conjunto de la Organización, y el ELN seguirá haciendo gestos humanitarios?

Esta Delegación la nombró el Congreso hace 5 años y los cambios en su composición los define la Dirección Nacional. Una parte de los Frentes considera poco posible que se pueda llegar a acuerdos con una coalición de Gobierno que en los últimos 5 años persigue “hacer trizas la paz”, que lo ha logrado al volver añicos lo que el Gobierno anterior firmó con las FARC. Pese a esto, el ELN sostiene que no se va a levantar de la Mesa y periódicamente realiza liberaciones de personas privadas de libertad por nosotros y hacemos ceses al fuego, como el que decretamos durante abril, como gestos humanitarios para rebajar la intensidad del conflicto, que los hacemos independientemente que el Gobierno haga o no gestos de humanización de la guerra.

¿Quién está detrás de los asesinatos de líderes sociales en zonas donde hay influencia del ELN?

En todas las regiones de Colombia están desarrollando grandes proyectos mineros, petroleros, de infraestructura y agronegocios, que cuentan con una fuerte oposición de las comunidades organizadas de esos territorios; de este choque es que nace la persecución que sufren los líderes sociales, que va desde amenazas, difamación, destierro, atentados, hasta el asesinato.

El Alto Comisionado para La Paz dice que actualmente hay en ELN 2.500 niños reclutados, ¿cómo explica la presencia de menores en esa guerrilla?

El Gobierno una veces dicen que somos “cuatro gatos” y otras veces le conviene mostrarnos más grandes de lo que somos en realidad; por esto ahora resultan con esa ficción de los “miles y miles de menores” en nuestras filas, cifra que es absolutamente falsa, porque el ELN no lleva ni mantiene forzado en la lucha a nadie, y además cumple con la norma internacional de no incorporar menores de 15 años.

Organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, denuncian la utilización de minas anti personas en territorios de influencia del ELN, ¿Cuál es el intencionalidad de minar donde hay población civil? ¿Tienen criterios o normas para hacerlo?

El minado como sistema de defensa también lo usan las Fuerzas Militares estatales, nosotros lo usamos para defender nuestras instalaciones, a las cuales la población no se acerca. Otro tipo de minado de carácter ofensivo lo usamos para contener fuerzas que avanzan en nuestra contra, arma que es muy temida tanto por militares como por paramilitares.

El Centro de Investigación y Estudios Sobre Conflicto Armado-CERAC, hizo monitoreo del cese al fuego unilateral que el ELN hizo en abril, ustedes en su comunicado “Sobre el cumplimiento del cese”, citan un informe de CERAC, como referencia de verificación de que el ELN cumplió, también ese informe asegura que, “han transcurrido 39 días desde que CERAC registró la última operación militar ofensiva contra el ELN”, siendo así, ¿por qué el ELN afirma que el Gobierno estuvo interesado en sacar ventaja militar, razón por la cual no prologaron el Cese al fuego Unilateral?

Las Fuerzas Armadas estatales prosiguieron sus operaciones ofensivas en contra nuestra sin atender el llamado al Alto al Fuego que les hizo la comunidad internacional, siguieron en su plan de guerra y se aprovecharon que decretamos el cese al fuego durante abril. Nuestros frentes esquivaron el combate hasta donde pudieron, pero el régimen aprovechó esta actitud nuestra para intensificar la matanza de líderes sociales por medio de bandas narco paramilitares, y para ampliar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en 7 departamentos, pisoteando los acuerdos de sustitución voluntaria que venían firmados desde años atrás. Por todos estos motivos, era insostenible alargar el cese unilateral nuestro.

Sobre el cumplimiento del cese

Ante la negativa de una negociación por parte del Gobierno Duque, el Comando Central, en el mismo comunicado, da a conocer al país que es el momento que la Delegación de Diálogos del ELN, que se encuentra en la Habana, retorne a los campamentos en Colombia, ¿Están cerrando definitivamente el diálogo con el Gobierno?

Lo que observamos es un nulo interés del Gobierno por reabrir conversaciones de paz, por esto nuestra Dirección le exige al Gobierno que cumpla el Protocolo de retorno de esta Delegación, y el día que decida abrirlas, el ELN nombraría sus delegados para atender un reinicio de la Mesa de diálogos.

Delegación de Diálogos – ELN, dispuesto y listo para continuar negociaciones. Habana/Cuba. 

Si el ELN dice que no es una organización narcotraficante, ¿De quién son los laboratorios que el ejército de Colombia asegura desmantelarles?

El 80 por ciento de la cocaína que llega a los EEUU sale por el Pacífico y funciona así porque sobornan a las FFAA; igual si hay grandes laboratorios, estos funcionan cerca de las grandes ciudades, como el decomisado en una hacienda del embajador Sanclemente, en las goteras de Bogotá. En las zonas rurales apartadas están los cultivos, que son zonas donde sí está el ELN, porque son comunidades campesinas empobrecidas y excluidas a las que no les han dejado otra opción económica que cultivar la coca.

¿Cómo se realiza las alianzas del Estado colombiano con bandas paramilitares para negocios de narcotráfico, narco parapolítica y operaciones conjuntas contra el ELN?

El Clan del Golfo siempre estuvo en la costa Caribe, pero a partir de este año el Ejército los llevó al suroccidente, para usarlos como su brazo de contrainsurgencia contra el ELN. Igual ocurre con los denominados Pelusos, que el Ejército estatal los usa como sicarios contra nosotros, en una operación de guerra sucia que reconoció el mismo General Villegas, comandante de tropas del régimen en la frontera del Catatumbo. Otros caso es el de los Carteles de la Guajira que se camuflan como brazos del Partido Conservador, del Centro Democrático y de Cambio Radical, los que durante las elecciones presionan y compran votos, como pasó en 2018, que con esos votos Duque ganó la presidencia.

¿Qué medidas y propuestas implementa el ELN, en sus zonas de control y especialmente para enfrentar la actual crisis, social y económica que ocasionó la pandemia?

En Comunicados públicos nuestra Dirección ha exigido al Gobierno que cuide la vida de la gente, en vez de priorizar los negocios de los grandes capitalistas; que con impuestos a los ricos se financie medidas para los damnificados por el COVID-19, como una renta básica, alivio a los deudores y pequeñas empresas, mejorar la dotación del sistema de salud pública y atender la grave crisis sanitaria de las cárceles. En las zonas donde nos encontramos nuestros Frentes ayudan a enfrentar la pandemia con medidas preventivas, control de aglomeraciones y del orden público, atención de infectados y apoyar el comercio de alimentos y bienes esenciales.

El ELN frente a la pandemia por el coronavirus covid-19

Ustedes critican la contaminación que ocasiona la industria minero energética en el país, ¿cómo explican la contaminación que ocasionan con la voladura de los oleoductos; y qué proponen para el país como alterativa a la actual industria minero energética?

Hacemos sabotaje a las empresas de extracción intensiva de bienes naturales para exigir un manejo soberano de esos recursos, que deje bienestar a las regiones y no solo ganancias a las empresas transnacionales; tales ataques los hacemos tratando de causar el menor daño al ambiente y a la población. La era de los combustibles fósiles está expirando y el país debe preparar una transición energética, que cuente con fuentes de energía limpias.

Ustedes en varias comunicaciones han manifestado que uno de los agravantes a la crisis social es la corrupción, ¿qué han hecho en acciones concretas que frenen ese flagelo?

Aún en medio de esta pandemia, el sistema político colombiano carcomido por la corrupción, sigue robando bienes públicos que debían destinarse a atender al conjunto de la población; este es un virus difícil de erradicar, que requiere de mucha presión social y también de acciones de expropiación y privación de la libertad para los corruptos, como las que hemos hechos en varias regiones.

Ejército de Liberación Nacional. Montañas de Colombia. 

(*) Delegación de Diálogos ELN

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Por Agustín Bontempo | Foto: Carlos García

Encendemos la televisión y vemos que en Ecuador el pueblo está en plena movilización denunciando el ajuste del gobierno. Sintonizamos la radio y nos cuentan que en Perú se suceden los presidentes y que el Congreso puede dejar de funcionar. Abrimos un portal de noticias y la ONU está interviniendo Haití. Está claro, hay elevados niveles de inestabilidad política en nuestro continente.

Habitualmente nos ocupamos de cómo la crisis económica y social desarrollada por el gobierno de Macri en Argentina, profundizó el ajuste y la precarización en la vida de las y los argentinos, ordenada bajo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Nos resulta relativamente claro entender el proceso fascista que se desarrolla en Brasil bajo la presidencia de Bolsonaro, donde se avanza con reformas laborales y previsionales altamente nocivas para la población, mientras al mismo tiempo la imagen del gobierno cae, salen a la luz las maniobras de la burocracia judicial y el gobierno empieza a vacilar en su lugar de poder.

Todos estos escenarios (entre muchos más que podríamos abordar) tienen una particularidad y es que sus respectivas crisis no visualizan contextos de solución.

Recorrido crítico

Lenín Moreno, presidente de Ecuador, se sube al podio del cinismo político. Electo presidente en 2017 como sucesor de Rafael Correa, asumía como una continuidad del proceso progresista iniciado en 2007. El tándem que va desde la ruptura con los lineamientos del chavismo venezolano hasta la apertura a las recetas del FMI sintetiza la “traición política” con el sector al que decía representar.

A principios de este mes, Moreno anunció una serie de medidas para poder cumplir con las premisas del organismo financiero, lo que popularmente se conoció como “Paquetazo”. Algunos días después y ante la creciente movilización, declaró el Estado de excepción que, por ejemplo, prohíbe la congregación de personas, la libre circulación por la vía pública, la disposición de las fuerzas militares para intervenir, entre otros puntos.

El escenario es de una rebelión popular a gran escala: sucesión de huelgas generales de sectores obreros, organizaciones indígenas tomando un rol sumamente activo (es importante destacar que es un país de fuerte tradición de pueblos originarios), confrontación con las fuerzas represivas. Es decir, las y los ecuatorianos muestran con ejemplar valentía como jaquear a un gobierno servicial de los intereses del establishment.

La pregunta es: ¿qué salida hay a la crisis? ¿Qué ocurre si Moreno da marcha atrás con el paquetazo? ¿Si renuncia?

Por su parte, Perú vive una crisis de representatividad importante. Martín Vizcarra asumió el año pasado luego de que el ex presidente Pedro Kuczynski haya renunciado por estar vinculado a la corrupción de Odebrecht (sí, la misma que salpica a funcionarios argentinos). Su popularidad creció producto de “avanzar” contra la corrupción (frase celebre en nuestro país).

Hace algunos días, todos y todas asistíamos a la noticia de que el Congreso peruano había suspendido a Vizcarra y en su lugar asumía Mercedes Aráoz, vicepresidenta hasta entonces. Sin embargo, Aráoz no solamente renunció al cargo de dudosa legalidad como presidenta interina, sino que tampoco mantuvo la vicepresidencia. Por su parte, Vizcarra decidió disolver el Congreso a partir de un fuerte apoyo popular para este fin. Sí, buena parte de la clase trabajadora lo acompañó. Vale decir que el Congreso está dirigido por el fujimorismo (aún persiste y con peso en Perú) siendo una de las principales explicaciones del rechazo popular a este poder, mientras que Vizcarra tiene respaldo de demócratas de la calaña de Vargas Llosa.

Perú es un país que está sumergido en elevados niveles de pobreza sin una clara salida de esta crítica situación. Con varios meses para gobernar por decreto, el presidente debe tomar los desafíos reales que preocupan y afectan a la población.

El último ejemplo que nos interesa abordar es Haití, el país con mayores niveles de pobreza del continente. Decir que las y los haitianos se encuentran atravesando una crisis es prácticamente una redundancia. Sin embargo, a partir de crecientes denuncias contra el presidente Jovenel Moïse, miles de personas se lanzaron a las calles pidiendo su renuncia en un país signado históricamente por la injerencia de Estados Unidos o, como en la actualidad, misiones de la ONU. Los servicios de salud y educación se encuentran limitados, las y los niños no pueden asistir a la escuela y un sinfín más de problemas son el paisaje haitiano.

Como ha pasado en otros momentos en el país caribeño, no se visualiza una salida a la crisis. El poco desarrollo industrial, poca diversidad en su producción agrónoma, signados por los mandatos del FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene como consecuencia niveles elevados de pobreza y desempleo y sus correspondientes padecimientos.

¿Se acuerdan de Puerto Rico?

Hace algunos meses Ricky Martin y René Perez parecían ser los protagonistas del ascenso de la lucha de clases en una de las colonias de Estados Unidos. Intensos días de rebelión popular ponían en jaque el gobierno encabezado por Ricardo Rosselló y el mundo se conmovía por la complejidad que presentaba el proceso. Que el pueblo trabajador confronte con el gobierno es, en Puerto Rico, prácticamente enfrentarse con los Estados Unidos.

El ascenso de la lucha en las calles fue poniendo cada vez más contra las cuerdas a Rosselló. Cuando la caída del gobernador era inminente, se abría la discusión: ¿cuál es la salida?

Efectivamente no es lo mismo la capitulación de un presidente que este caso. La movilización popular no sería suficiente para dar un paso más y conseguir la independencia del país. Sin embargo, el problema es mucho más grave. Hoy Puerto Rico ya no es noticia porque ante la dimisión de Rosselló, fue Wanda Vázquez Garced (hasta entonces Secretaria de Justicia), quien asumió la gobernación. Más allá de moderar algunas iniciativas políticas, el régimen puertoriqueño bajo la supervisión del imperialismo norteamericano, no se movió un centímetro.

Vacancia política y desafío emancipador

Dos conclusiones se desprenden de este análisis: por un lado, los procesos políticos abiertos en América Latina sufren elevados niveles de inestabilidad. Hablamos de algunos casos particulares, donde las expresiones políticas son claramente vinculadas a la derecha neoliberal con ciertos tintes conservadores, pero no se limita solo a estos países. La Honduras post Zelaya, la compleja y contradictoria Nicaragua de Ortega y, con sus particularidades, cada país del continente pueden sumarse a la lista. La segunda conclusión es que la salida a estos procesos de crisis no está clara pero, entendemos en estas líneas, no se ve ninguna canalización rupturista de peso con el sistema de hambre y explotación que hegemoniza.

Con diferentes niveles de beligerancia, las diversas luchas populares cuestionan el accionar de sus gobiernos y en muchas oportunidades proponen salidas de fondo con medidas que, en términos programáticos, exceden los límites de la institucionalidad burguesa. El problema político es que ante la vacancia de fuerzas que puedan canalizar este descontento por una vía disruptiva y emancipatoria, conduce inexorablemente a la relegitimación de la gobernabilidad de los partidos patronales. En ese sentido, Puerto Rico es el mejor ejemplo. La lucha del pueblo puertoriqueño fue catalizadora de la crisis histórica de aquél país, pero solo bastó con la renuncia del principal apuntado para restablecer ciertos niveles de paz social.

Perú, Haití y especialmente Ecuador que tiene, tal vez, los mayores niveles de radicalización de la lucha, no presentan grandes expresiones de una izquierda que pueda dirigir los procesos. En este último caso asciende la figura de Rafael Correa que más allá de algunos antecedentes que lo ponen lejos del lugar que ocupa Moreno, en realidad representa al progresismo. No cabe duda, la heroica lucha de las y los ecuatorianos puede triunfar y el conjunto del continente debe apoyar este camino, pero se hace necesario el ascenso de una salida definitiva.

La crisis capitalista mundial muestra sus fisuras. Se visualiza en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en la creciente intervención política y militar de Rusia, en la inestabilidad de la Unión Europea, en la pobreza extrema de África, en las guerras de medio oriente y así muchos casos más. A excepción de algunas situaciones como la constancia del pueblo venezolano que sigue enfrentando los conflictos internos y la injerencia extranjera en pos de sostener y profundizar el proceso, el complejo escenario colombiano encuadrado en las negociaciones de los tratados de paz, la participación política legal de las FARC e incluso el núcleo que llamó al rearmado de las fuerzas revolucionarias armadas o como en su momento supo hacer Cuba para transformar la sociedad de raíz, lo que en general no aparece es una propuesta política que se proponga transformar el sistema de fondo y tenga la influencia suficiente para mostrarse como alternativa.

A partir de la derrota de los procesos revolucionarios en América Latina y el freno que implicaron las dictaduras que nacieron al calor del Plan Cóndor y la intervención del Departamento de Estado de Estados Unidos, sumado a la caída de la URSS, el derrotero de la izquierda en tanto estrategia de poder no se ha detenido. Con capacidad de organización reivindicativa, no ha logrado ser la herramienta que exprese organización para que la crisis abierta no cierre, nuevamente, sobre las espaldas de las y los trabajadores.

La inestabilidad que representa esta crisis es también la oportunidad para que se construyan (o se constituyan) estos espacios que se propongan gobernar con el protagonismo de las y los trabajadores. Su falta de audacia política, su ausencia en la dirección de estas luchas es, también, la victoria de los verdugos de siempre.

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Con 42 años de experiencia en el periodismo, Jorge Enrique Botero es uno de los periodistas que más conoció a las FARC-EP en el campo de batalla y quien mejor documentó la increíble vida de Simón Trinidad, el guerrillero latinoamericano que más tiempo lleva encerrado en una cárcel de Estados Unidos: 14 años.

La vida de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad, es de película y Botero la retrató como nadie. Trinidad nació en el seno de una familia pudiente al norte de Colombia y llegó a ser gerente de un banco. Antes de ser dirigente guerrillero se recibió de economista de una universidad privada de Bogotá. También fundó el movimiento Causa Común, integrado a la Unión Patriótica (UP), partido aliado de las FARC que sufrió el asesinato de alrededor de 5000 de sus militantes, entre ellos dos candidatos presidenciales, todos sus senadores, alcaldes y concejales, siendo dejados por fuera del escenario político. Allí es cuando Trinidad se encuentra en la encrucijada de irse del país, como lo pedía su familia, o de quedarse en Colombia y asumir los riesgos de seguir sus convicciones. Para definir su rumbo quiso reunirse con Jaime Pardo Leal, por entonces candidato presidencial del Partido Comunista, pero un día antes de la cita Pardo Leal fue asesinado por sicarios en Bogotá. No tuvo más alternativa que la clandestinidad y dio paso a la lucha armada.

Fue vocero de la guerrilla en los diálogos con el gobierno de Andrés Pastrana y en el 2004 en la ciudad de Quito (Ecuador) fue capturado bajo pedido del gobierno colombiano y norteamericano. Un año exacto después sería extraditado a los Estados Unidos. Detalles de su sorprendente vida se conocieron a través de la obra periodística de Botero, privilegiado testigo de las historias de la guerrilla en Colombia.

Pero la experiencia periodística de Botero es mucho más frondosa: pasa desde su participación en Prensa Latina, en Cuba, hasta la creación internacional de Telesur en Venezuela. Conoció de cerca el mundo de la insurgencia latinoamericana, “un mundo desconocido, distorsionado, objeto de todo tipo de estigmatizaciones y calificativos, pero al que pocas veces el periodismo colombiano se acercó con una mirada desprevenida o equilibrada”, afirma Botero en esta entrevista para Marcha.

A mediados de 2005 su petición de ingreso al campamento ubicado en la selva amazónica fue aceptada, lugar donde tenían retenidos a tres espías norteamericanos que realizaban labores de espionaje desde una avioneta. La idea de coproducir el material recopilado y editar las entrevistas llamó la atención de dos colegas en Estados Unidos, sin embargo, “no llevaban dos días en su trabajo cuando fueron abordadas por el FBI”, precisó el periodista. El documental finalmente se llevó a cabo y fue presentado por la cadena CBC, por lo cual tuvo un gran impacto en Estados Unidos.

Ese trabajo es el que lo lleva años después a los estrados judiciales norteamericanos en calidad de testigo del juicio que se dio contra Trinidad, quien actualmente cumple una condena de 60 años en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence (Florence, Colorado) más conocida como el ‘Cementerio de los vivos’.

En el marco de la presentación de su libro Simón Trinidad. El hombre de hierro, en la 44º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, conversamos con el autor sobre la Colombia profunda que ha documentado con su pluma y sus cámaras. El Comité Internacional por la Libertad de Simón Trinidad exige no solo el retorno a su país del exjefe guerrillero sino también la libertad para Jesús Santrich, otro líder de las FARC capturado en Bogotá hace unas semanas por petición de la DEA y solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos.

¿Cuál es situación jurídica, política y humanitaria de Simón Trinidad?

La situación es que está condenado a 60 años, se hicieron todas las apelaciones que la ley estadounidense tiene previstas, incluso las de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno gringo sigue con la idea de escarmentar con él y mantenerlo en la situación más precaria posible, un chivo expiatorio para descargar todo su odio, un plan de venganza por lo que ellos consideran una afrenta, que fue el secuestro de tres espías que sobrevolaban la zona del Caquetá y realizando labores de espionaje quedaron en manos de la guerrilla. Eso para ellos significa algo imperdonable, una muestra para el mundo de que no van a permitir que eso suceda en ninguna parte.

El enviado especial de Barack Obama dio a entender que la posibilidad de liberarlo existía, pero Obama no hizo uso de sus atribuciones presidenciales, como sí lo hizo para indultar a un puertorriqueño y a los cubanos liberados. Nos sorprendió porque el caso de Trinidad estaba sobre la mesa. Perdida esa posibilidad con la llegada de Donald Trump la situación sigue siendo muy difícil, pero en política han pasado muchas cosas. Él ya hizo la gestión legal para acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Eso a los gringos les resbala, pero si fuera repatriado, sería acogido por la JEP.

Por otro lado, está muy deteriorado de salud, las condiciones de cautiverio son brutales, el estado de confinamiento es una especie de tortura. Cómo puede ser que un ser humano pase días, semanas y años sin hablar con nadie diferente a su carcelero, sin tener expresión de afecto o sentir a alguien cerca. Nunca le apagan la luz ni le dan posibilidad de recibir un rayo de sol al día. Es una prisión bajo tierra, he pasado por ahí y es escalofriante, le llaman el cementerio de los vivos. Hace poco le cambiaron el estatus y ya tiene contacto con otros prisioneros, pasa unas horas del día con personas y parece que ya tiene cierto acceso a libros y algunas noticias. La última vez que lo vi estaba al día, ya sabía de la firma del Acuerdo de Paz.

En esas condiciones extremas Simón recibió la noticia de la muerte de su esposa en la guerrilla y de su hija Alina, quien fue a visitar a su madre como regalo por haber terminado el colegio. La operación es muy reveladora de la forma tan cruel como se ha operado en Colombia. Una niña de 16 años que le pidió a su abuela dejarla visitar el campamento donde se encontraba su madre, previamente fue seducida por un agente de la inteligencia colombiana. Entre unos aretes que le regaló el agente, había un chip y esa misma noche el campamento fue bombardeado. Él recibió esa noticia estando en el ‘Cementerio de los vivos’, lo cual me confirma que estamos frente a un hombre de hierro.

A la mamá, que tiene más de 90 años, le tocó exiliarse en Asunción (Paraguay). Desde allá emprendía el vuelo con varias escalas hasta Colorado para ver a su “carajito”, como le decía. También lo fue a visitar su gran amiga Imelda Daza. Ella le puso el nombre al libro, fue su conclusión después de pasar ocho horas hablando con Simón, separados por un vidrio blindado: “no me cabe duda que estamos ante un hombre de hierro”, me dijo.

De las vivencias con la insurgencia que ha relatado en varios libros y documentales, ¿qué aspectos le marcaron más?

Me estremece que quienes optan por la lucha armada vienen desplazadas de otras violencias, gente que llegó a tumbar monte para sobrevivir con sus familias, que sin embargo conservan una forma de ser alegres, ese colombiano me deslumbra y me hace ver más mezquina a la élite y a la clase dirigente. El contraste de ese colombiano luchador que se sobrepone a la arrogancia, eso a mí me parece que es un reflejo, un espejo muy terrible en nuestro país, lo que más me impactó cuando pasé esa frontera invisible es ese coraje.

Yo tuve dificultades, primero físicas porque esa topografía es jodida, además el tema de los insectos, del agua, del calor, de los aguaceros, un mundo complicado desde el punto de vista físico. También tuve que enfrentar la desconfianza lógica y habitual de los combatientes.

Durante una entrevista para un diario argentino, en el año 2009, usted afirmó que las FARC eran invencibles. ¿No cree que, por el contrario, están ante una derrota estratégica? La implementación de los acuerdos de paz y la captura de Jesús Santrich ha generado divergencia en las posturas y rupturas importantes en la dirigencia del nuevo partido, hay incertidumbre y deserción.

Yo creo que las FARC no fueron vencidas en el terreno militar, y a eso me refería cuando decía que eran invencibles. La victoria militar sobre las FARC era imposible, si hubieran seguido ahí estarían, la balanza militar estaba en desventaja por la irrupción de la aviación y las tecnologías desde el aire que daban golpes certeros, pero habían logrado adecuarse a la situación, prácticamente tenían un mundo donde podían moverse. El exterminio de esa fuerza insurgente no se dio y no se hubiera podido dar, me sostengo en que eran invencibles militarmente hablando.

La decisión de dejar las armas los convirtió en un partido político, no diría que es una derrota sino un salto del mismo objetivo pero por otra vía. El acuerdo es muy bueno, es una pieza maestra a mi modo de ver, no solo por su arquitectura como recurso para terminar el conflicto armado sino por la cantidad de reformas que traía al país en materia agraria, frente a los cultivos ilícitos, de apertura política, y tiene un capítulo que fue muy polémico pero que quedó bastante bien en materia jurídica, una justicia restaurativa en vez de la punitiva, con garantías para la reparación de las víctimas y la no repetición.

En buena parte el Acuerdo fue construido por Santrich, yo diría que no es el arquitecto sino el albañil de ese acuerdo, es impresionante como tenía su cabeza 20 horas diarias en función de eso. Es sordo e indignante que digan que estaba conspirando para sacar ‘coca’ a los Estados Unidos. La implementación del Acuerdo se fue desmoronando de una manera grosera, todo lo que pasó en el Congreso es la prueba más grande de la mezquindad, las circunscripciones especiales para que llegaran por voto directo los representantes de las víctimas y el movimiento social de las regiones donde transcurrió el conflicto es algo elemental, fruto de la terminación de una guerra, pero la hundieron, semejante posibilidad de desatorar esa desconexión entre el centro y la periferia la desperdiciaron. Eso solo por citar un caso. El tema agrario no ha sido convertido en ley, la sustitución de cultivos ilícitos es una cosa marginal, el Gobierno no adecuó la institucionalidad para la reincorporación de la guerrilla, garantías de estudio, de salud, de tierras para que cultiven, nada de eso ha pasado.

Una clase dirigente que lo que quería era quitarle las armas a las FARC y listo, y lo lograron, por supuesto que esto ha desatado desconcierto. La base guerrillera, la que toda la vida estuvo cohesionada en una gran familia, se fue dispersando, atomizando, por la “mamadera de gallo” del Gobierno, por la sensación de abandono han ido tomando sus propios caminos. La cosa se va a poner fea porque se han ido para las disidencias. El caso de Santrich fue deliberado, pensado, lo que ha hecho es generar internamente una dificultad que se suma a las otras dificultades. Hace parte de una estrategia incluso burocrática, muchas cosas dependen de actas, de firmas, pero no hay voluntad.

Usted fue estigmatizado por el expresidente Álvaro Uribe, también ha sido amenazado y exiliado, ¿cómo sigue su situación en ese sentido?

Mi trabajo como reportero de guerra, ahora reportero de la paz, me lleva inmediatamente a ese otro país profundo, a sacar las historias de allá, entonces cae sobre mí una estigmatización bárbara que me cierra las puertas del mercado laboral. Después vinieron las amenazas, seguimientos permanentes, advertencias de que debo irme del país. He tenido que sacar a mis hijos varias veces del país, ya hay una especia de diáspora familiar, yo me he tenido que ir varias veces.

Un caso particular fue la estigmatización que me hizo Álvaro Uribe, quien me acusó de ser un propagandista del terrorismo y jefe de prensa del ‘Mono Jojoy’ (excomandante de las FARC muerto en un bombardeo en 2010). Usted sabe que la palabra de Uribe es como una especie de orden.

¿Cómo ve el panorama de los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno ahora que inició en Cuba el quinto ciclo de conversaciones?

Estuve en Quito (Ecuador) viendo los diálogos de paz con el ELN y pienso ir a La Habana. Estaba en Ecuador cuando sucedió la terrible muerte de los tres periodistas de El Comercio. El país entraba en un shock colectivo, era un viernes y me sorprendía cómo la muerte de tres personas mostraba un estado de postración, y nosotros como que vacunados contra eso, acostumbrados a contar y a ver los muertos como parte de nuestro paisaje y rutina.

Me tocó ver la patada, el embajador en un tono bastante hostil los conminó a ir preparando la salida de Ecuador, algo incomprensible porque el ELN nada tenía que ver con ese episodio, pero la llegada de Lenín Moreno al gobierno acabó con el espíritu solidario de ese país hacia Colombia. Le hice una entrevista a Pablo Beltrán (jefe de la delegación del ELN) y vi una absoluta vocación de avanzar en el acuerdo, él expresó que era clave dar unos pasos que impidieran que el gobierno colombiano echara abajo el proceso con ellos. Se debe avanzar en el cese bilateral al fuego y el proceso de participación de la sociedad. Por supuesto que miran con gran desconfianza lo que ha pasado con la FARC, ese espejo los llena de temor y de preocupación. Observan con lupa la captura de Santrich, les parece que no pueden repetir errores, pero igual no veo que tengan muchas opciones de seguir existiendo como guerrilla.

¿Están preparados los medios de comunicación para una etapa de posacuerdos?

A pesar de que algunos colegas lamenten el Acuerdo de Paz, porque parece que se han quedado sin tema, yo no solo lo celebro, sino que creo que es una ocasión extraordinaria para hacer un nuevo periodismo, construir una narrativa distinta, de llevarle al público la realidad de Colombia.

Ando coordinando un espacio de televisión nuevo en el Canal Institucional, fruto del Acuerdo de Paz. La paz no vende, le dicen a uno, no da rating. Soldados, guerrilleros y comunidad levantando un puente no vende, si no hay sangre cualquier otra cosa les parece una frivolidad. Yo creo que se puede, hay mucho periodista nuevo, joven, que quiere apostarle a ese tipo de programas y de historias.

Desafortunadamente el crecimiento de la prensa alternativa sigue siendo muy lento, de poco impacto, aquí en Argentina he podido contrastar y me alegra que tienen un abanico más grande para ofrecer a la gente, lo nuestro es muy precario. Sin embargo, la paz ha cambiado bastante el panorama y eso va a mejorar.

¿Por quién va a votar en las próximas elecciones presidenciales?

La obligación de cualquier persona que esté por la continuidad del proceso de paz y la implementación de los acuerdos, es la de dirigirse a aquellos que la están defendiendo con vehemencia. Sin embargo, yo no votaría por Humberto De la Calle. Como está el escenario, pensando en que la segunda vuelta sea entre Iván Duque y Gustavo Petro, le aseguro que no voy a votar por Duque.

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Hace más de un mes se empezó a recrudecer la confrontación armada entre el reducto existente del Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos insurgentes que operan en la región del Catatumbo.

El Catatumbo, departamento de Norte de Santander, es una región limítrofe con Venezuela que se ha caracterizado como una de las zonas más conflictivas del país en tanto convergen el abandono estatal, la presencia de múltiples actores armados (ELN, EPL, antiguas FARC-EP, grupos paramilitares, Policía y Ejército), los cultivos de uso ilícito y de rutas para el narcotráfico, la economía extractiva ligada al petróleo y la presencia de grandes cultivos de palma africana, por nombrar los más evidentes.

Contexto

La complejidad de esta región se da por diversos procesos históricos ligados a grandes transformaciones económicas que vienen presentándose desde hace casi un siglo en el territorio. De esta forma, el Catatumbo se relacionó con el mundo a través de la extracción de petróleo desde hace más de ochenta años, pero más adelante, en la década de los ochenta, se ligaría también a través de los cultivos de uso ilícito. En el nuevo milenio incursionó la agroindustria en la región, específicamente con el cultivo de palma africana o palma de aceite destinada para la producción de biocombustible y acompañada de un fuerte proceso de copamiento territorial militar y paramilitar que daría lugar a masacres (la del municipio de Tibú en el corregimiento de la Gabarra en 1999) y a un fuerte proceso de despojo y concentración de tierras.

Por su ubicación geográfica este territorio goza de tener una invaluable oferta de bienes naturales estratégicos como el petróleo y el carbón, además de otros minerales como el plomo, el cobre y el fosfato. Dicha riqueza mineral ligó al Catatumbo a la economía extractiva, pero a su vez con la extracción del petróleo se incentivó el asentamiento de contingentes de trabajadores de esta industria, dando paso también a la organización de los trabajadores y a un sindicalismo combativo que será protagonista en las luchas sociales que se han dado desde ese entonces hasta el presente.

El abandono estatal padecido en el Catatumbo en términos de infraestructura vial, salud, educación y bienestar social en general, contrasta con el fuerte despliegue actual de más de 12.000 efectivos de la fuerza pública en sus tierras dedicados a labores de inteligencia, vigilancia de infraestructura petrolera, combate contrainsurgente y contra las drogas.

La inoperancia del Estado ha dejado como consecuencia el aumento de la pobreza y la disminución de la calidad de vida de sus pobladores, además de profundizar la crisis agraria debido a la imposibilidad del campesinado para comercializar sus productos a causa de la inexistencia de vías o al pésimo estado de estas, dificultando la conexión al interior y con el resto del país. Por motivo de esa exclusión estructural, desde la década del noventa miles de campesinos se han visto empujado a cambiar sus cultivos de café, yuca, plátano y hortalizas por matas de coca, cuyo procesamiento y transformación en pasta base y cocaína han servido como fuente de financiación de diversos actores armados presentes en la región.

Esta realidad socioeconómica dio pie para que en la región se establecieran y consolidaran tanto organizaciones sociales como proyectos político-militares. Los primeros se han encargado de organizar la vida comunitaria a través de las Juntas de Acción Comunal encargándose de la convivencia entre vecinos y actores armados, de la construcción de carreteras, colegios y puestos de salud, de la creación de planes de vida colectivos, de la defensa y protección de los bienes naturales y del territorio, de la defensa de los derechos humanos, entre algunas otras actividades.

Estos proyectos sociales entre los que se encuentran el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), el cabildo indígena del pueblo Barí y el Movimiento por la Constituyente Popular (MCP) han sido algunos de los actores sociales regionales que se han encargado de hacer frente al proyecto de despojo y militarización que el Estado, las trasnacionales y los terratenientes de la región vienen consolidando a sangre y fuego desde hace varias décadas, razón por la cual han sido tachados como auxiliadores o pertenecientes a grupos insurgentes.

En cuanto a los proyectos político-militares que hacen o hicieron presencia en la región, debemos remitirnos a los últimos 40 años, periodo en el que se establecieron por las ventajas estratégicas que brinda la cercanía a la frontera con Venezuela, en términos de abastecimiento y posibilidades de mantener una retaguardia, pero además, por las ventajas que prestan las formaciones montañosas y escarpadas del Catatumbo que sirven para resguardarse del Ejército.

El Catatumbo fue hasta la entrega de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), la única región de Colombia donde coexistían las tres organizaciones insurgentes nacidas en la década de los sesenta en este país: el ELN, el EPL y las anteriormente denominadas FARC-EP. Estas guerrillas han desempeñado el papel del Estado impartiendo justicia, solucionando los problemas de convivencia en las comunidades, construyendo también escuelas y puestos de salud y en general organizando la vida social de los territorios de influencia.

Sus principales fuentes de financiación en la región se han centrado en la extorsión a empresas y comerciantes, cobro al gramaje de pasta base de coca y contrabando de combustible, lo que obligó a construir acuerdos entre estos grupos para repartirse zonas y las rentas derivadas de dichas actividades.

La confrontación actual EPL-ELN

El inicio del proceso de concentración y entrega de armas por parte de las FARC-EP durante el 2017 genera cambios y ajustes en la compleja repartición de las influencias territoriales de las organizaciones insurgentes presentes en el Catatumbo. Al abandonar las FARC-EP sus antiguas áreas de control en la región, se genera la oportunidad para que las estructuras del ELN y del EPL iniciaran un proceso de expansión y fortalecimiento en las zonas dominadas anteriormente por las FARC.

A la recomposición de las influencias territoriales se le suma la reacomodación de la comandancia local del EPL (también denominada como ‘Los Pelusos’) entre 2015 y 2016 tras la muerte en combate de ‘Megateo’ y la captura de ‘David León’, principales de dicha organización. Tras esos acontecimientos se fractura el mando del EPL , dando lugar a una sucesión de mando caracterizada por sostener fuertes lazos con actividades y rentas derivadas de la producción y tráfico de cocaína y del contrabando de gasolina originaria de Venezuela.

Por otro lado, con el inicio de las negociaciones entre el ELN y el Gobierno a partir del año 2016 y con el inicio del cese bilateral del fuego decretado en octubre del 2017, el EPL empieza a expandir su influencia de manera más contundente hacia zonas controladas por el ELN, lo que genera el el rompimiento de acuerdos entre ambos grupos en zonas en donde existían acuerdos para el tránsito y abastecimiento de las dos agrupaciones y acuerdos para la repartición de las rentas provenientes del contrabando de gasolina, la comercialización de insumos para el procesamiento de cocaína y del control de los cultivos de uso ilícito (que en la región tienen una extensión de más de 25.000 hectáreas).

El 15 de marzo iniciaron los combates entre el ELN y el EPL tras una serie de acciones militares en donde ambos grupos sufrieron bajas. En esa fecha también inició el éxodo de campesinos buscando huir de la confrontación. Un mes después, el 15 de abril, el EPL decretaría un paro armado en la región llamando al cese de actividades de transporte y comerciales e invitando a los catatumberos a mantenerse resguardados en sus casas, mientras el ELN llamó a desobedecer dicho paro. Las consecuencias que deja el paro van desde la parálisis del transporte intermunicipal, el desabastecimiento de víveres, paso restringido de ambulancias, cese de clases en todas las escuelas de la región y en general una grave crisis humanitaria que afecta las dinámicas cotidianas de la población.

El 23 de abril se dio a conocer un comunicado en el que el EPL anuncia un cese temporal de hostilidades contra el ELN que tuvo una duración de tres días, en donde se autoriza a la población a reabrir el comercio para procurar el abastecimiento de víveres y el acceso a otros servicios básicos. A pesar de esto la zozobra y la incertidumbre en la región se mantiene debido a la imposibilidad de que ambos grupos lleguen a acuerdos que detenga de manera contundente la confrontación, sumando también la clásica respuesta estatal orientada a la militarización y al tratamiento de guerra a los pobladores catatumberos.

La respuesta de los movimientos sociales ante la actual crisis

Según la oficina de la ONU en Colombia, la confrontación entre el ELN y el EPL ha dejado un saldo de más de 3.000 personas desplazadas y graves restricciones en la movilidad y acceso a bienes y servicios básicos de otras 144.000. Ante esta crisis humanitaria, diversos actores sociales y políticos de la región, junto con la iglesia católica e instituciones de orden local, regional, nacional e internacional, decidieron conformar la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, un organismo que pretende visibilizar la situación humanitaria del Catatumbo, pero también posicionarse como interlocutor político legítimo ante el Gobierno Nacional y los actores armados presentes en el territorio para articular acciones y buscar mecanismos que garanticen la protección de las comunidades y de los procesos organizativos que hacen presencia en el Catatumbo.

De esta forma, representantes de las principales organizaciones campesinas e indígenas que desarrollan sus actividades en la región (CISCA, MCP, ASCAMCAT, Pueblo Barí) se dieron cita el 12 y 13 de abril en Bogotá junto a la Defensoría del Pueblo, la embajada de Alemania, Naciones Unidas, la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría Genera, la FARC y la gestoría de Paz del ELN. Asimismo estuvieron presentes los senadores del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla e Iván Cepeda.

Este escenario sirvió para que los movimientos sociales del Catatumbo denunciaran las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario que vienen padeciendo a raíz de la confrontación entre el EPL y el ELN y por las actuaciones de la fuerza pública, además permitió que le exigieran al Gobierno articulación institucional y respuestas de impacto real para hacer frente a la situación humanitaria que vayan más allá de la presencia de la fuerza pública y que reconozcan el olvido y la exclusión histórica que ha padecido la región por parte del Estado.

Producto de este encuentro, el 22 de abril en el municipio de El Tarra en el Catatumbo se realizó una asamblea que contó con la participación de más de 5000 personas en donde los participantes se comprometieron con la paz de la región. En las conclusiones de la asamblea en El Tarra se evidencian las demandas de los habitantes del Catatumbo, por un lado las de carácter inmediato frente a la confrontación armada, por otro lado las de carácter estructural y político frente al Estado. En las primeras se evidencia la necesidad de detener la guerra cuyas principales víctimas son la población civil, la salida que reclaman es política y negociada.

La demanda por el respeto a las decisiones de las organizaciones sociales, pero además el respeto a las zonas humanitarias, a los corredores humanitarios y a las misiones de verificación, estrategias procedentes de la población civil para garantizar el acceso a sus derechos. Garantizar el respeto a la vida y a la integridad de los líderes sociales y comunales de la región. Finalmente, desminar los territorios, garantizar el derecho a la educación y a la salud, así como el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Mientras las demandas al Estado pasan por el cumplimiento de los acuerdos de paz con la insurgencia, el pueblo catatumbero exige un cambio en el enfoque militar, ya que la experiencia de las comunidades ha indicado que este solo agudiza y agrava el conflicto en la región.

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*Julian Peña es estudiante de geografía de la Universidad Nacional de Colombia y colaborador de Marcha Noticias.

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Una semana antes de ser detenido, Jesús Santrich, el más crítico entre los comandantes de las ex-FARC, analizó en diálogo con Lanzas y Letras la situación en que se encuentra su fuerza política. “Cometimos un error estratégico y estructural”, afirma.

En la entrevista, realizada en el marco de la investigación Final Abierto: 20 miradas críticas sobre los acuerdos con las insurgencias (2010-2018)* de próxima publicación, el excomandante guerrillero no ahorra duras palabras para calificar la implementación de los acuerdos de La Habana, proceso al que rotula sin ambages como “altamente negativo”.

Por su ascendencia sobre la militancia fariana, no es descabellado pensar que su detención sea un intento por “sacar de en medio” a una de las figuras que, desde la Dirección Nacional de la nueva FARC, cuestiona los resultados que viene arrojando lo pactado hace algo más de un año atrás.

La próxima visita de Donald Trump a Colombia, y las palabras del presidente Santos afirmando que “no le temblará la mano” para firmar la extradición solicitada por los EE.UU., también hacen parte inevitable del contexto en el que se enmarca esta detención.

Más allá de análisis y especulaciones, en las líneas que siguen podemos encontrar el pensamiento claro de Santrich: cita a  Marulanda para afirmar que fue un error “entregar” las armas en lugar de hacer una “dejación” como estaba planteado, y propone al ELN una estrategia de unidad. En sus palabras se encuentran respuestas no solo a las preguntas hechas en la entrevista, sino a la gravísima coyuntura que, con hechos como este, atraviesan los procesos de paz.

 A más de un año de firmados los acuerdos de La Habana ¿cómo valora usted la implementación de lo allí pactado?

Mi conclusión es que la implementación del Acuerdo de Paz tiene un balance altamente negativo. Esta afirmación la sustento con algunas argumentaciones irrefutables:

La primera es que, al someter a renegociación el Acuerdo luego de su refrendación, se pisotearon principios esenciales para la confianza como el Pacta sunt servanda y el de Buena Fe. El Derecho Internacional consagra que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Tal inviolable condición está claramente señalada en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1986, los cuales fueron instrumentos que desde el principio colocamos como respaldo de lo que se debatía en La Habana.

Del principio de Buena Fe no se puede decir menos. Lo cierto es que, hasta jocosamente, muchas veces en la Mesa hablamos de que debíamos tener palabra de gallero, como se dice en los pueblos del caribe colombiano para expresar que cuando se pacta no se puede mentir, que así no exista un papel y una firma por delante la palabra empeñada debe tener un valor sagrado, debe estar arropada de honradez, de verdad y rectitud en la conducta que entrañen probidad.

“Cometimos un error estratégico y estructural al haber convertido la dejación en entrega de armas sin que los aspectos centrales del Acuerdo se hubiesen concretado”

Pero no, lo que ha ocurrido es que este es el único acuerdo del mundo que se renovó cada día y es manoseado y distorsionado por cada rama del poder público en detrimento de sus contenidos y espíritu de origen.

Tal situación ha derivado, y sería un segundo aspecto característico de la implementación, en inseguridad jurídica, expresada en una ley de amnistía saboteada por los jueces de ejecución de penas y en una Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que de alternativa al cuestionado Ius puniendi del Estado, pasó a convertirse en una reafirmación del derecho penal del enemigo, del derecho penal de los vencedores, como si el acuerdo de La Habana hubiese sido una rendición.

Esta JEP quedó convertida en una letal trampa para colocar solo a la insurgencia en el banquillo de los acusados, mientras se amplía el manto de impunidad para los militares y los llamados terceros agentes del Estado. Tal trampa buscará, con la ayuda de la corrupta fiscalía, colocarnos en manos de la venal y descompuesta justicia ordinaria hasta llevarnos a la cárcel.

En este plano lo que se viene para los excombatientes de las FARC es la más pertinaz y vengativa persecución judicial, que irá de la mano de la persecución paramilitar e incumplimientos de todo tipo, como el de terminar de liberar a los más de medio millar de compañeros y compañeras que siguen en prisión.

El tercer aspecto que caracteriza a la implementación es la tremenda inseguridad personal en que cayó el proceso; a estas alturas, después de algo más de un año, han sido asesinados 48 excombatientes amnistiados e indultados, incluyendo los familiares. Los familiares ya son 11 y ha habido también una cantidad de asesinatos contra dirigentes comunitarios de las áreas y de las zonas desde donde nos replegamos para ir a ubicarnos en lo que se dio en llamar Zonas de Transición y Normalización, que ahora son los espacios territoriales para la formación y reincorporación.

Tanta inseguridad se expresa en la dispersión evidente que hay del paramilitarismo o lo que hoy llaman Bandas Criminales. En Córdoba nuestros compañeros y compañeras tuvieron que salir hacia Antioquia a ubicarse en otras áreas porque estaban en territorios que estaban siendo copados por paramilitares, lo mismo ha ocurrido en otras áreas como Tumaco, donde fuerzas armadas ilegales están ahí como una amenaza y un peligro.

Otro aspecto característico derivado es el de la inseguridad socioeconómica. Podemos decir que, hasta el momento, en ninguna de las Zonas Veredales se están adelantando procesos socio-productivos que hayan salido de lo que se acordó en La Habana.

Con estas características de la violación del Pacta sunt servanda, el principio de la buena fe, el de la inseguridad jurídica, el de la inseguridad personal, la inseguridad socioeconómica y el de la desfinanciación del proceso, estamos transitando ya el pantano del incumplimiento, de la presión gubernamental e institucional, porque en esto no se trata sólo del gobierno, sino de todas las instancias de la institucionalidad colombiana, a lo que fue un compromiso sagrado de La Habana para alcanzar y lograr el derecho a la paz. Estamos ante un proceso fallido,

¿Por qué no fue posible concretar que las dos insurgencias, ELN y FARC, iniciaran y desarrollaran un solo proceso de negociación?

Al iniciar los acercamientos con el gobierno de Santos, debido a la intensidad de la confrontación no había muchas posibilidades de establecer coordinaciones con el ELN. Pero llegó un momento en los ciclos de La Habana donde pudimos tener comunicación e intercambios directos, sosteniendo la idea de unificar procesos. Ya nuestro ejercicio iba bastante adelantado respecto al ELN, cuya dirección debía hacer sus consultas internas y sus propios diseños.

Nosotros como FARC no podíamos pretender que el ELN se sumara simplemente a una agenda en cuya construcción no participaron, ni podíamos pretender que se plegaran a pre-acuerdos que ya estaban firmados porque, más allá de que tenemos identidades estratégicas, también tenemos puntos de vista diferentes en lo que respecta al tratamiento de la economía, del relacionamiento con la población. Pero de cualquier manera lo que sí consentimos desde nuestros primeros encuentros fue la consigna de “dos mesas, un mismo proceso”, y dentro de esa perspectiva como FARC hemos puesto al servicio del ELN todas las propuestas, inquietudes, experiencias que tuvimos a lo largo del proceso. Y esto se hizo no solo en La Habana sino también en Ecuador.

Reitero que se trata de compartir nuestra experiencia sin jamás interferir o pretender incidir en las decisiones que autónomamente le corresponde tomar al ELN como fuerza revolucionaria que tiene su propuesta estratégica y su propia visión de lo que es La Paz.

Hoy en día pienso que el ELN debe mirar de manera muy cuidadosa y con extremas precauciones lo que ha sido la implementación del acuerdo de paz con las FARC para evitar que les apliquen a ellos también una dosis de perfidia.

Pero independientemente de las circunstancias tan adversas, con el ELN debemos esforzarnos por construir y desenvolver una estrategia de unidad que permita, en un futuro próximo, que florezca un gobierno alternativo de convergencia. No tenemos otro camino que el de la unidad.

Con la entrega de armas FARC concreta un cambio de la estrategia que había sostenido durante más de cinco décadas. ¿Eso se debe a que cambió el sistema al que combatían o a que cambiaron las FARC? 

El régimen al que nos enfrentamos durante más de medio siglo no ha cambiado su carácter de injusticia. Esto quiere decir que los espacios para la lucha democrática siguen cerrados.

Nosotros tuvimos la aspiración de abrirlos y nos dispusimos a sacrificarlo todo para atender al sentimiento de reconciliación que palpita en los corazones de las mayorías empobrecidas excluidas de nuestro país y por eso adelantamos un proceso en el que jamás se habló de entrega de armas sino de dejación de las mismas, entendiéndose por ello la determinación de no involucrar armas en la política. Y eso debía ser un compromiso bilateral. En la base del pensamiento genuinamente fariano nunca estuvo presupuestado entregarle a nadie, menos a un tercero las armas, y en esto quiero recordar las palabras del camarada Manuel cuando dijo a un periodista argentino: “De acuerdo con la experiencia que hemos acumulado a lo largo de 40 años de lucha, para resolver los problemas sociales de este país se requiere de la presencia de las FARC. Nosotros haremos un acuerdo en algún momento, pero nuestras armas tienen que ser la garantía de que aquí se va a cumplir lo acordado. En el momento en que desaparezcan las armas, el acuerdo se puede derrumbar. Ese es un tema estratégico que no vamos a discutir”. (Manuel Maruranda Vélez, 6 de septiembre de 1998, diario Clarín de Argentina, reportaje del periodista Pablo Biffi).

Creo que estas palabras tienen absoluta vigencia. Llevan a pensar que, como FARC, conociendo la catadura históricamente traicionera de este régimen, cometimos un error estratégico y estructural al haber convertido la dejación en entrega de armas sin que los aspectos centrales del Acuerdo se hubiesen concretado, al menos en sus bases y en el diseño fáctico de sus garantías de cumplimento.

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* Final abierto: 20 miradas críticas sobre las negociaciones con las insurgencias (2010-2018). Lanzas y Letras, La Fogata Editorial. En prensa.

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Por Julieta Penagos 

Leé también: Colombia: tres edades de la Guerra y la Paz. Capítulo 1: Lorena

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Ya son más de 50 años de lo que fuese la fundación del Frente Unido del Pueblo, plataforma dirigida y organizada por el sacerdote y guerrillero Camilo Torres Restrepo, escenario de convergencia que irrumpió en el panorama político frente nacionalista de la agitada década de los sesenta en Colombia. Experiencia que al sol de hoy trae algunas discusiones y propuestas que se asemejan y posiblemente puedan potenciar la nueva apuesta política de las Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), nuevo nombre con el que se presentara una de las insurgencias más antiguas del hemisferio occidental y con la cual el gobierno colombiano llegó a un acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá.

La construcción de un nuevo partido que logre ganar a las mayorías incrédulas del desgastado sistema político-electoral colombiano es un reto al cual hoy se enfrentan las nuevas FARC y por lo tanto al que tendrán que saber interpretar para no caer en falsos vanguardismos o para simplemente terminar siendo una minoritaria propuesta que no logre conectar a los colombianos con sus planteamientos.

En esta tarea existen diversos elementos que juegan un papel importante, entre los que se encuentran la funesta maquinaria política y electoral de los Uribistas que como principio programático tienen en la mira la destrucción del acuerdo de paz y la antiquísima división de los sectores progresistas y revolucionarios en Colombia.

Las palabras expresadas por Rodrigo Londoño (Timo) comandante en jefe de las FARC-EP, fueron explicitas en este sentido: unidad, lucha de masas y reconciliación nacional; tareas inmediatas que ponen a esta fuerza política en un trabajo casi que de casa a casa, para en primera medida desmentir la negativa mediática creada por los medios y seguido para irrumpir con potencia en las grandes ciudades y sobre todo para poder ser una apuesta atractiva para los sectores juveniles del país.

 “Nada es fácil en el mundo político, mucho menos la actividad revolucionaria. El régimen y el sistema no están hechos para nosotros, pero estamos inmersos en ellos y dispuestos a cambiarlos.

Requeriremos de cabeza fría y de masas que nos respalden en todos los espacios. Nuestra misión fundamental será ganarlas, sin ellas el adversario hará lo que quiera con nosotros, sin ellas no lograremos cambiar nada” afirmó Londoño en la instalación del congreso constitutivo del nuevo partido, al escuchar estas palabras de uno de los formados por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, traer al recuerdo colectivo las palabras de Camilo en el mensaje al Frente Unido en el cual aparece permanentemente que el tema de la unidad y la lucha de masas,  son un reto que a los revolucionarios se les debe convertir en imperativo y más en este momento en que se está entrando en un proceso de ampliación de la democracia como el que deviene  del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP.

Camilo  para el año de 1965 en su mensaje al Frente Unido sentenció: “De ahí nuestra insistencia en la unidad de los revolucionarios. Porque sabemos que las etapas que se avecinan serán infinitamente más difíciles que las que hasta ahora nos ha tocado vivir, y que si no luchamos todos unidos, corremos serio riesgo que el dolor causado al pueblo sea mucho mayor”, parece entonces que esta necesidad de la unidad es imperiosa en este momento en el que la llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común,  propone a través de Londoño un movimiento de movimientos en el que converjan las diversas tendencias progresistas del país para el 2018-2022. “Impulsaremos una gran convergencia nacional, la conformación futura de un movimiento de movimientos que agrupe las más diversas propuestas de superación de la gran crisis nacional por medios pacíficos y democráticos. Lanzamos desde ya nuestra propuesta de un gobierno nacional de transición para el período 2018-2022”.

Acercándonos un poco más a las propuestas de la plataforma del Frente Unido del Pueblo y a las tesis que se discutieron en el congreso constitutivo del nuevo partido, las semejanzas demuestran que por más de 50 años el sistema político colombiano no ha tenido grandes transformaciones en el fondo y que el origen programático de la lucha armada en Colombia aún es vigente, elementos como la participación real de la mujer, la inminente y necesaria reforma agraria, la reforma urbana y la transformación de la política militar son argumentativamente elementos que se encuentran casi que trascritos de un documento a otro y esto es de entender, puesto que la maniquea política en el país casi que se ha enquistado y se ha vuelto inamovible por más de medio siglo.

Proponer en paralelo estas dos propuestas pretende en primera medida comparar dos experiencias que pueden lograr ser un eje articulador del movimiento popular colombiano, demostrar que la lucha por la paz en Colombia tiene un componente netamente democrático y que hace más de 50 años se han exigido transformaciones que hasta el momento actual no se han  producido.

Leer la experiencia del Frente Unido y visualizar a las FARC en este nuevo momento nos demuestra que en Colombia se hace necesario un escenario que logre unir a los colombianos en la diversidad, la construcción de ese partido de nuevo tipo tiene que trasegar las tradicionales formas de practicar la política, para las FARC tendrá que ser un reto en este momento como lo fue para el Frente Unido, dejar el vanguardismo mediocre que algunos intentan imponer y así lograr que se ponga al frente más que su slogan, las necesarias luchas del pueblo colombiano y en este sentido la plataforma del Frente Unido fue clara: “el aparato político que se organice debe buscar al máximo el apoyo de las masas, debe tener una planeación técnica y debe construirse alrededor de los principios de acción más que alrededor de un líder para que se evite el peligro de las camarillas, la demagogia y el personalismo”.

Solo queda entonces por esperar que en los próximos dos periodos en donde las FARC podrán tener participación directa en el Congreso de la República, puedan demostrar su capacidad política y organizativa logrando con esto que el país de cuenta de que es un partido que le da importancia a sus bases definiendo a la vez que estas cumplen un papel determinante en la participación y toma de decisiones al interior del partido.

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*Publicada inicialmente en el noticiero Barrio Adentro (Colombia). Algunas palabras de esta nota fueron corregidas por el editor de Marcha.

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