El jueves pasado en Famatina, los asambleístas que estaban realizando un piquete para impedir la instalación de la empresa minera Midais sufrieron una represión por parte de la policía. La minera es la cuarta que tiene presencia en la zona y es propiedad de Miguel Urtubey, hermano del gobernador salteño. El programa de radio La Revancha entrevistó a la asambleísta Iti Martínez.

– Después de la represión del jueves pasado, ¿cómo sigue el corte?

– Hay una tensa calma porque infantería sigue estando en el campamento de la mina, que es a 4 kilómetros del corte. Constantemente somos acechados por la policía. El 80 por ciento del pueblo de Angulo apoya y vive en el corte, como sucedió en Famatina Cabecera. Acá tenemos la ayuda y el apoyo de vecinos de Famatina Cabecera, Chilecito, La Rioja Capital.

-Esta la cuarta minera que buscan instalar en Famatina, ¿qué rol juega el Estado ahí sabiendo que el dueño de Midais SH, Miguel Urtubey, es el hermano del gobernador de Salta?

– La empresa minera está instalándose ilegalmente en nuestro departamento. Esta situación se visibilizó más por la represión, pero los vecinos del norte famatinense estamos resistiendo esta empresa desde comienzo de año cuando se asentó en Río Blanco. El Estado es el que concesiona las hectáreas al señor Miguel Urtubey. Beder Herrera, es el que sostiene estas empresas ilegales que se quieren instalar en nuestros pueblos, pero también lo hizo anteriormente el gobierno de Maza. La participación del Estado es fundamental porque es quien tiene los negocios con estas empresas y el que abre las puertas para el saqueo de nuestros bienes.

– Decías que prácticamente están viviendo en el corte, y que la resistencia empezó hace diez días ¿cómo hace Famatina para resistir activamente durante tanto tiempo? ¿Cómo es la organización?

– Es el estilo de vida que llevamos, porque nuestra vida es resistir. Diariamente resistimos el atropello del Estado que tiene un aparato represor muy grande. Bajan línea a los docentes y no pueden hablar, tienen amenazadas a las personas en los trabajos y no pueden participar en las marchas. El trabajo de ellos es un trabajo de hormiga pero el nuestro es más grande, porque vivimos en el hormiguero, nosotros resistimos a diario. No hace falta ser muy inteligente para saber qué se nos viene encima si dejamos que se instale una empresa minera. La vivencia de los pueblos que viven en la pobreza y la contaminación que genera La Alumbrera nos hace saber el mal que significa tener un emprendimiento minero en la provincia.

– Por otro lado, a principio de año la justicia imputó a 35 vecinos por denuncia de la empresa, ¿en qué situación están los imputados?

– En mi familia somos 4 judicializados. La situación en general es la misma, estamos amenazados por la Justicia. Tenemos una orden de restricción, por la cual no nos podemos acercar ni a Urtubey ni al campamento. La justicia en nuestra zona es parte del Estado y son los que nos están oprimiendo. La empresa del señor Urtubey no está asentada en la AFIP y no tiene informe de impacto ambiental. En abril, cuando nos denunciaron, el geólogo que estaba trabajando para ellos no estaba autorizado para ejercer en la provincia de La Rioja y lo estaba haciendo. Las irregularidades con las que se presentó el señor Urtubey son alarmantes y la Justicia no vio nada de eso, judicializó a 35 personas.

La campaña está llegando a su fin, ¿vieron una preocupación de los candidatos respecto a este tema?

-Tenemos muy malas experiencias con los partidos políticos. La verdad es que no creemos ninguno nos vaya a dar una solución verdadera porque no hemos visto un compromiso real. Los candidatos están en el lugar y momento indicado para tomarse una foto o hacer un video y sacar ventajas de esta situación. Que se visibilice esta lucha a nivel nacional diez días antes de la elección y que se hable de que legisladores hayan sido reprimidos, no es casualidad. Lo que no se dijo en esas entrevistas, es que la mayoría de los reprimidos son jóvenes y personas de los pueblos del norte de Famatina. Creemos que ningún partido político o gobierno está dando lo que Famatina necesita: una ley en contra de la mega minería. Los legisladores poco han hecho con esa ley que hemos presentado tantas veces los vecinos y las asambleas, no la han tomado muy en serio.

Audio: http://www.ivoox.com/104-entrevista-represion-famatina-audios-mp3_rf_9060446_1.html

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Un grupo de manifestantes fue reprimido por la policía riojana cuando intentaba acercarse a la minera MIDAIS S.H. en la localidad de Angulo del municipio de Famatina. Los vecinos reclamaban por la interrupción de la actividad minera y el retiro de la empresa de la zona del Río Blanco.

La represión se inició en la  mañana de ayer, cuando un grupo de manifestantes intentaba llegar al campamento minero ubicado en el cordón montañoso del Famatina. Desde la Asamblea de Famatina denunciaron que fue brutal, con balas de gomas, palos y gases lacrimógenos, en la que hubo 25 heridos, entre ellos el diputado nacional de la UCR, Julio César Martínez.

Silvina Carrizo, integrante de la Asamblea, relató a Marcha lo sucedido. “Cuando llegamos donde estaba la policía la pasamos como pudimos, incluso hubo golpes por parte de ellos”, relató. En el segundo corte que realizaron las fuerzas policiales, un kilómetro más arriba también se encontraban la infantería y la fuerza de choque del C.A.P.E.  “Ahí comenzaron con las balas de gomas y los gases lacrimógenos, donde tuvimos 15 compañeros lastimados con balas de gomas y 10 compañeros con palos de la policía”, manifestó Silvina Carrizo.

Un día antes, desde la Asamblea Famatina convocaban por las redes sociales a apoyar la lucha en la localidad de Angulo, donde cinco días atrás se había iniciado un corte para que se retirara la empresa MIDAIS. “Las asambleas de Famatina, Chilecito, La Rioja y los vecinos del norte famatinense mantenemos un corte desde hace cinco días y no pensamos abandonarlo hasta que se vayan”, expresaba la Asamblea.

Desde la justicia provincial, el Juez de Chilecito, Marcelo Carrizo, había emitido un dictamen contra 25 ciudadanos, en el que establecía una orden de restricción por medio de la cual prohibía acercarse a menos de 3 mil metros del emprendimiento minero. A su vez, se  había armado un alambrado que cruzaba el Río Blanco camino a la zona de exploración y era custodiado por un cordón policial que impedía el paso a toda persona que fuera ajena a la empresa minera, la justicia o las fuerzas de seguridad.

Silvina Carrizo expresó que la restricción fue impuesta solamente a algunas personas, pero fue usada por la policía para impedir el paso a todos los manifestantes. “Hay otros que no tenemos y también se nos prohibió el paso. O sea, se trató de restringir el libre tránsito de cualquier ciudadano, porque estamos hablando de un lugar público, un río”, agregó.

Noticias de ayer

Pero la noticia de la represión apenas llegó a los medios nacionales, y desde el gobierno provincial salieron a justificar el accionar policial. El ministro de Seguridad de La Rioja, Claudio Saúl, manifestó que las fuerzas de seguridad actuaron “en defensa del Estado de Derecho”. En conferencia de prensa, el ministro afirmó que hubo un “enfrentamiento”, porque “han ido con maquinaria pesada a romper el cerco”. Por este motivo, la policía dispersó a los manifestantes “sin tener noticias de que hubiese heridos”. Desde el gobierno provincial no ofrecieron ninguna prueba de lo afirmado. Sin embargo, en los videos difundido por los manifestantes se puede ver cómo la policía reprime contra un grupo de personas que levantan las manos en señal de no querer confrontar.

Con respecto a la empresa que se encuentra realizando tareas de exploración en el Cordón del Famatina, poco se conoce sobre su historia. Su principal accionista es un empresario salteño llamado Miguel Urtube. Al respecto, Silvana Carrizo expresó que “es una empresa que está hace un año y dos meses. Se encuentra en un periodo de exploración sin la autorización del Municipio y  sin la autorización de la Secretaría de Minería. El Intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, intentó subir y clausurar el lugar pero la policía, en vez de acompañar al intendente, le prohibió el paso y defendió a esta empresa”.

El final del día llegó con una masiva movilización frente a la casa de gobierno en la ciudad de La Rioja para repudiar la represión y apoyar al pueblo de Famatina que lucha contra la minería contaminante.

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En la Plaza Lavalle de la ciudad de Buenos Aires, el 9 de mayo pasado se realizó el Festival por la Vida organizado por la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, donde participaron integrantes de la Asamblea de Famatina y la Asamblea de Vecinos autoconvocados de Uspallata.

El festival se organizó alrededor de la consigna “para defender y celebrar la vida, no a la megaminería, no a la contaminación, no a la destrucción de la tierra, no a la muerte de ningún hermano más, si al agua y si a la vida”. Participaron del festival el músico popular Bruno Arias y contó con la presencia del líder qom, Félix Díaz, que hace tres meses resiste junto a su comunidad la invisibilidad mediática acampando en la avenida 9 de julio.

En estos días donde el país que se viene está en discusión, no es casualidad que estas causas populares están lejos de la agenda mediática. Que los tres candidatos con mayor intención de votos estén a favor de la megaminería es parte de la respuesta. Al igual que la resistencia qom en Formosa, las asambleas de los pueblos de la cordillera que luchan contra la megaminería decidieron que debían trasladar sus reclamos al centro del país, hacer saber de su historia de luchas a los porteños e instalar el debate del porqué se oponen a este tipo de explotaciones de los recursos naturales.

Andalgalá resiste

Silvina Reguera, en representación de la Asamblea El Algarrobo expuso ante los presentes una breve historia de la resistencia en la ciudad catamarqueña. El 14 de diciembre nacía la Asamblea El Algarrobo en forma conjunta a las caminatas por la vida en el centro de la ciudad, las cuales se realizan cada sábado por la noche y que ya llevan al día de hoy 282 marchas.

El  15 de Febrero de 2010 el Poder judicial alineado con el poder político y las empresas, decidió desalojar la Asamblea El Algarrobo a través de una feroz represión policial, donde estuvieron involucrados distintos grupos de la infantería y la policía provincial de otros departamentos vecinos, ya que la población superaba en número a las fuerzas policiales. El hecho culminó con una revuelta popular en donde participaron prácticamente todo el pueblo de Andalgalá.

Otro de los hechos relatados tuvo que ver con el bloqueo de los ingresos a la ciudad durante la semana del 10 al 15 de febrero del 2012. Silvina Reguera manifestó que “Dicho hecho fue llevado a cabo por quienes proveen de insumos a la empresa minera Agua Rica, y acompañados por algunos de sus empleados. A su vez la policía de la Provincia les ha prestado colaboración, al igual que los funcionarios judiciales que nada han hecho al respecto. Por ello los vecinos han realizado múltiples denuncias, las que hasta el día de la fecha no se han comenzado con las investigaciones correspondientes”.

Las distintas formas adoptadas para intentar frenar la lucha contra la megaminería, variaron de la captación vía ofertas laborales a la judicialización de la protesta social. Hasta la actualidad hay 40 personas judicializadas y la persona que más causas tiene son cinco. El caso paradigmático es el caso de un vecino que ha sido sumariado por su “ideología” de oposición a la explotación de los emprendimientos mega mineros.

Por iniciativa del pueblo de Andalgalá el Concejo Deliberante votó la convocatoria a un plebiscito de carácter vinculante a realizarse el 25 de mayo del 2010. La población de Andalgalá debía decidir si aprobaba la actividad megaminera en su Departamento. La mencionada norma fue promulgada por el Poder Ejecutivo Municipal. Inmediatamente fue declarada inconstitucional por el Fiscal Municipal de la ciudad, Dr. Daniel Oscar Farroni. Al tomar conocimiento de la acción legal del abogado del Municipio, algunos ciudadanos se presentaron en la causa judicial como terceros interesados, fundamentando la importancia de la participación ciudadana, pero la Corte Provincial hasta la actualidad no ha resuelto la presentación de los vecinos.

EL 15 de abril del 2015, los vecinos presentaron un recurso de reposición el cual se encuentra sin resolución donde se pide que se realice el plebiscito aprobado cinco años antes por el Concejo Deliberante. Además, el mismo día los vecinos de Andalgalá leían el expediente 271/08 caratulado “Minera Agua Rica s/ Mina el Portezuelo”. La resolución 01/2015 de fecha 23 febrero del 2015, el juez de minas dispuso hacer lugar al pedido de aclaratoria haciendo expresa mención que el grupo minero Agua Rica tiene una extensión total del 16.867,09 has. Silvina Reguera expresó que la resolución “amplia la mensura de R24. 71 has. a 16.867.09 has, lo que traducido en el territorio es de 1686 km2, que en esa superficie ajumaría la totalidad del pueblo”.

El cierre de la exposición de la representante de la Asamblea El Algarrobo expresó que “Queremos pedirle a la justicia Nacional, oiga nuestro reclamo, porque de ellos depende el futuro de Nuestro Pueblo, pero además creemos que nuestro reclamo puede servir de antecedente, para los Pueblos de las 14 Provincias que atraviesa la cordillera de los Andes, y que al igual que nosotros pelean contra estos monstruos!! Que pretenden robarnos, en connivencia con los políticos de turno, lo más preciado que tenemos y que es el AGUA!!”.

El Famatina no se toca

Por su parte, integrantes de la Asamblea de Famatina leyeron un comunicado en donde expresaron que “La Asamblea de Famatina adhiere para acompañar a los que piden que la Justicia responda al Amparo presentado por vecinos del noble pueblo de Andalgalá, y contarles también que por defender nuestro patrimonio y solicitando se retire a una empresa minera de la provincia de Salta (que no tenía licencia social, ni cumplía con el mínimo de los requisitos para su instalación), el gobierno, con total desprecio por su pueblo y su gente, ´la protege´. Y a sus vecinos los JUDICIALIZA.”

Además expresaron que no quieren más megaminería. “No queremos que nos lleven lo que nos pertenece, queremos vivir en paz, que respeten nuestra autodeterminación y libertad de ser. De elegir cómo y de qué manera vivir. De ser soberanos en nuestra tierra”.

Desde la Asamblea de Famatina expresaron que la Argentina es de todos los argentinos, pero a veces nos sentimos que pertenecemos a un mundo aparte, que nuestra realidad no alcanza a llegar como un mensaje dulce a los oídos de quienes dicen representarnos.

Uspallata dice no a la minería a cielo abierto

Desde la Asamblea de Uspallata relataron la lucha llevada a cabo en la provincia mendocina y los nuevos proyectos que obligan a seguir alertas. En el año 2008 comienzan los primeros rumores sobre el proyecto minero San Jorge, en un sector del paraje Yalgauraz, a unos 40 km de Uspallata, donde años atrás se habían extraído pruebas de materiales en el cerro el Tigre. En el año 2009 en un acto en el colegio secundario Nuestra Señora de las Nieves, Rubén Miranda intendente de Las Heras, departamento al cual pertenece el distrito de Uspallata, anunciaba con bombos y platillos que era inminente el inicio de los trabajos de explotación. “Los vecinos comenzaron a correr la voz y a informarse sobre el tema y más sabiendo que un par de años antes la gente de General Alvear y luego la de San Carlos habían logrado en manifestaciones multitudinarias y cortes de ruta que se sancionara la ley 7.722 (ley mendocina que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los distintos procesos que lleva a cabo la minería)” expresaron desde la Asamblea.

Los vecinos empiezan a movilizarse. Así nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Empezaron a informarse acerca de la lixiviación, el xantato, lo diques de cola, y muchos otros conceptos que tienen que ver con la explotación minera. “Comenzamos con los cortes de ruta, marchas y movidas a nivel provincial. Y esto nos llevó a comunicarnos con gente de Esquel, Catamarca , La Rioja , San Juan y las demás provincias cordilleranas, el NO fue rotundo” recordaron los representantes de la Asamblea de Uspallata .

A su vez también contaron que “en el año 2010 se llevó a cabo una audiencia pública, lo que para quienes manejaban intereses sobre este proyecto no fue vinculante, pero ahí los uspallatinos en un 85 % rechazaron el proyecto”. En el año 2011 el candidato a gobernador en las siguientes elecciones, pidió que se archive el proyecto correspondiente a capitales canadienses, producto del triunfo del NO de los mendocinos a la minería a cielo abierto. “Los buitres siguieron volando sobre Mendoza y de vez en cuando nos salen con un nuevo proyecto en la provincia, pero el pueblo digno no es estúpido. Ahora en Uspallata, la seguimos peleando, pero en este caso San Jorge viene de la mano de capitales rusos” denunciaron los vecinos.

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