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Colombia: Más de 600 personas de FARC siguen privadas de su libertad

lsalome — Thu, 19 Dec 2019 15:35:41 +0000

Detenciones en el continente, un modelo trasnacional: en esta entrega Colombia. Entrevista a Jesús Carvajalino. Un análisis del Paro Nacional y la situación particular de prisioneros y prisioneras políticas de FARC.

Por Danna Urdaneta (*)

Las principales ciudades colombianas desde el 21 de noviembre fueron desbordadas por una ciudadanía descontenta. La brutalidad del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-, las detenciones arbitrarias, torturas y todo el terror sembrado desde la fecha no han logrado opacar el clamor nacional y el rechazo absoluto a las políticas antipopulares del gobierno del Presidente Iván Duque.

Surgen discusiones respecto al papel de los partidos políticos progresistas y de izquierda y el rol de sus liderazgos frente a estas jornadas. Las protestas en Colombia y Chile han sido de carácter policlasista y heterogéneo; en Ecuador y Bolivia de carácter indígena, popular y sindical. Sin embargo, en todas estas naciones de nuestra América sus Presidentes y gobiernos interpretan de manera equivocada la realidad: en nuestro país el uribismo sigue con el discurso del enemigo interno, respondiendo con terrorismo de Estado las demandas populares, sin escuchar las demandas del país.

En la entrevista Jesús Emilio Carvajalino, miembro del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -FARC-, nos mostró que este 30 de noviembre crearon la Corporación para la Reincorporación y la Reconciliación Nacional con la participación de delegados y delegadas de Caquetá, Huila, Valle Cauca, Bogotá, Córdoba, Antioquia, Tolima, Putumayo, Cundinamarca y Sucre. Representan a más de 2000 excombatientes de la exinsurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-.

La corporación va a estar presidida por Sonia, una exprisionera política de las antiguas FARC que estuvo más de 11 años privada de su libertad en los Estados Unidos. En medio de la convulsión social y la movilización permanente del pueblo colombiano Carvajalino nos compartió su punto de vista sobre varios temas de coyuntura así como de prisioneros y prisioneras políticas, entre ellos Simón Trinidad.

El 15 de septiembre pasado le dirigieron una carta a Emilio Archila, Alto Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y a Andrés Felipe Stapper, Director de la Agencia para Reincorporación y la Normalización, donde propusieron reconocer a las personas prisioneras políticas excluidas de las listas acreditadas así como otras excombatientes que no habían sido reconocidas ni la primera vez. ¿Qué motivó a admitir que unas fueran sacadas de las listas, que otras no fueran reconocidas ni la primera vez, de cuántas prisioneras políticas estamos hablando?

Jesus Carvajalino: El asunto de los prisioneros es otro aspecto del desorden administrativo y la forma poco clara como la dirección de la Rosa [Partido FARC] lleva la implementación de los acuerdos. Más de 600 personas que se reclaman de FARC siguen en las cárceles sin resolvérseles su situación jurídica. Eso obedece a que se cerraron las listas antes que todos los presos excombatientes se pudieran registrar. Desorden y desidia caracterizó ese trabajo por sacar de las cárceles mediante la amnistía a nuestra gente.

Más de 600 personas que se reclaman de FARC siguen en las cárceles sin resolvérseles su situación jurídica.

Se le vio en los Diálogos del Caguán junto a Simón Trinidad en varias ocasiones, ¿qué nos puede contar de su experiencia con él y de lo que sucedió en La Habana que no permitió que fuera incluido en los Acuerdos de Paz?

Simón trinidad siempre estuvo presente en los diálogos de La Habana. Siempre se exigió su libertad. El Gobierno colombiano y gringo prometieron liberarlo si avanzaba el proceso de paz. Se firmó el acuerdo y Simón no fue liberado. Es evidente que en la estrategia negociadora del Gobierno colombiano estaba también meter conejo, engañar también en este punto. Y Timochenko no determinó volver el caso de la libertad de Simón asunto de líneas rojas.

Los resultados electorales del 27 de octubre le dieron la victoria a Julián Conrado en Turbaco. Y así hubo algunas expresiones alternativas que ganaron espacios del poder constituido en las regiones de Colombia. Son ganancias valiosas, pero insuficientes, ¿se puede leer como sintomático los 8 millones de votos que sacó Petro, la pérdida de espacios del uribismo en las últimas elecciones y el actual paro nacional?

Las elecciones son espacio para medir la correlación de fuerzas que se enfrentan en política. Efectivamente los movimientos alternativos avanzaron pero también el partido liberal que es parte del establecimiento. El uribismo mantiene una base electoral grande y retrocede en Antioquia, tierra de donde es originario. Sin embargo lo electoral es insuficiente para imponer los cambios.

Las divisiones y el oportunismo hacen que en los organismos de elección popular no se refleje bien la correlación de fuerzas. Es en el Paro Nacional donde se pone de presente que la gente en Colombia salió a protestar aguijoneada por la crisis económica. Y aunque la izquierda y los alternativos avanzan en lo electoral el paro mostró que hay vacíos muy serios en estas fuerzas que no construyen organización e influencia en las masas.

¿Cómo se puede entender que la iniciativa de la gente haya desbordado la convocatoria al paro nacional, cuál es el alcance real del Comité Nacional de Paro si ya Iván Duque dijo que la Ley de Financiamiento y la reforma tributaria van?

La explosión social que se vive en Colombia es efecto de la bomba económica que ha puesto Duque contra el pueblo y los trabajadores. La convocatoria al paro fue la grieta por donde se expande la inconformidad social. Ha desbordado a la izquierda revolucionaria, a los partidos alternativos y golpea a la derecha que es el signo donde el Gobierno actúa. Todas las formas de hacer política en todos los sectores han fracasado.

No hay vanguardia conocida y los partidos todos quedan seriamente cuestionados. Seguro atrapados en intereses mezquinos y en prácticas políticas que no cuentan con las masas. Estos partidos tardarán tiempo antes de tomar el rumbo y ritmo de las masas en las calles. La salida a la crisis no se ve. El santismo se ve más activo y la izquierda a la cola de ellos. Las masas en su radicalidad corren el riesgo de ser manipuladas y desviadas. Las navidad se usa ahora para desmovilizar la protesta.

El santismo se ve más activo y la izquierda a la cola de ellos.

En la entrevista que le hizo recientemente el periodista sueco Dick Emanuelsson dice que Colombia no está jugando un papel protagónico frente a las luchas populares que están surgiendo hoy en América Latina. ¿Puede explicar más al respecto en el contexto del paro nacional?

Colombia entra en la ola de la protesta social y política que sacude América latina. Entra en un contexto común ya que son las mismas políticas imperialistas que se aplican en todo lado. El acuerdo de paz con las FARC no incluyó en su agenda el tema social. El gobierno lo impidió. Hoy está claro para qué lo hicieron: para desactivar la bomba social. Y desarman las FARC para desactivar una vanguardia que venía avanzando. La actual coyuntura se prolongará y hay que aprovecharla para reorganizar el deteriorado partido FARC e insertarnos en el actual auge de las luchas del pueblo colombiano.

(*) Comité de solidaridad Internacional – Venezuela -COSI-. Publicada originalmente en Colombia informa

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Buenos Aires: crisis humanitaria y una mesa de diálogo que debe incluir a lxs presxs

lsalome — Wed, 18 Dec 2019 10:00:54 +0000

En los últimos 4 años, la población detenida en la provincia de Buenos Aires aumentó en más de 14 mil personas, lo que representa una sobrepoblación del 137%. La huelga de hambre que llevan adelante presxs exige a las autoridades judiciales y ejecutivas la conformación de una mesa de diálogo con lxs delegadxs de los diferentes penales en lucha.

Por Redacción Marcha / Foto: Jorge Colás del Documental “La Visita”

El encierro como política preventiva y como sentido común ante la resolución de conflictos socio- culturales complejos llegó lejos. En la provincia de Buenos Aires, la situación de las personas privadas de su libertad, es de emergencia ya que a las condiciones edilicias y las torturas sistemáticas ejercidas por las y los agentes del Servicio Penitenciario, se suma la falta de decisiones alternativas al encarcelamiento como castigo ya que más de la mitad de la población carcelaria se encuentra con prisión preventiva y encerrados sin condena firme.

Según un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en los últimos 4 años, la población detenida aumentó en más de 14 mil personas, un crecimiento del 42%. Desde 2015, el incremento en comisarías fue del 124%. Esto refiere a que, si tomamos en cuenta el cupo declarado por el Servicio Penitenciario Bonaerense, que sería de 28.810 plazas, la sobrepoblación actual en la provincia de Buenos Aires es del 137%.

Esta situación produjo reacciones desde todos los sectores. Por ejemplo, la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia bonaerense sugirió al Poder Ejecutivo, mediante la resolución 3341/19, trasladar algunos de los casi 50 mil presos/ as de las unidades penales a las prisiones federales o de otras provincias a efectos de atenuar el hacinamiento en las cárceles, calificado por la justicia como una “crisis humanitaria”. Sin embargo, para las y los presxs y lxs familiares, si éstos son compulsivos, suelen romper los vínculos de cercanía.

La resolución, señaló a los magistrados que deben mantener la prohibición de alojamiento en comisarías de jóvenes, enfermos y mujeres embarazadas y priorizar el vaciamiento de las dependencias policiales clausuradas. Además, reiteró la importancia del uso racional de la prisión preventiva, en base a los estándares dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Verbitsky” y el uso de medidas alternativas a la prisión.

Según el CELS, “para revertir esta situación una de las cuestiones fundamentales es que los jueces adopten las propuestas de la Suprema Corte Bonaerense para favorecer las libertades ante delitos leves o que las personas pueden ser investigadas en libertad”. Se insta al poder judicial a “activar mecanismos urgentes para revertir la crisis humanitaria en la que se encuentra el sistema de encierro penal de la provincia de Buenos Aires”.

También el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, en octubre de este año, en la resolución 2301/18 reconocía que “las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario han evidenciado una grave crisis humanitaria que se encuentra en escalado aumento. La fuente de esta realidad se vincula seriamente con un fuerte incremento del encarcelamiento”.

Como consecuencia de estas políticas durante la gestión que acaba de terminar de Cambiemos, se produjo lo que se conoce como la Masacre de Pergamino, en la Comisaría 1 de esa ciudad, donde perdieron la vida el 2 de marzo del 2017 Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Claros, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre. Muertos por asfixia y por la sobrepoblación de las cárceles en comisarías.

En su discurso de asunción, el pasado 11 de diciembre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (Frente de Todxs), tomó la problemática y afirmó que “hay una sobrepoblación notoria, y además ha habido un fuerte crecimiento, la cifra se elevó unos treinta y tres mil presos” (…), “es una cifra jamás registrada en la historia del sistema penitenciario argentino, que duplica la estadística nacional”.

El gobernador recibió en La Plata el viernes pasado a un grupo de familiares que están acompañando la huelga de hambre que realizan presxs de diferentes cárceles. Allí acordaron la creación de una mesa de diálogo -avalado mediante un decreto firmado por Kicillof- para buscar soluciones al problema de la superpoblación carcelaria en la provincia.

Sin embargo, las soluciones propuestas aún quedan en el nivel institucional, ya que las y los delegados de los penales en lucha, en voz de sus familiares, exigen sentarse frente a las autoridades provinciales para relatar en primera persona las violencias ejercidas por un sistemático torturador Servicio Penitenciario. Un gesto más que simbólico y que comenzaría a reparar tantos años de abusos, silenciamientos y criminalización de la pobreza.

El reclamo sigue y la disyuntiva está del lado del nuevo gobierno. Mientras en los penales las y los presos exigen que quienes están en huelga de hambre sean pesados y atendidos por personal médico particular, las mesas de trabajo se conformarán recién en febrero. El reclamo es urgente pero también histórico. Si no hay respuestas claras de parte del poder ejecutivo y judicial, se irá a una huelga general. Y sino, a un acampe frente al Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. No están todas las voces, faltan lxs presxs.

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Sierra Chica: “Acá los presos están abandonados”

lsalome — Wed, 18 Dec 2019 10:00:44 +0000

Las cárceles, que no son un lugar para vivir, están en emergencia. En Sierra Chica, la huelga de hambre se levantó pero temen represalias de parte del Servicio Penitenciario como traslados compulsivos. Sobre las condiciones inhumanas, entrevistamos a María, familiar de un preso en esa unidad penitenciaria.

Por Vivian Palmbaum / Foto Andar Agencia http://www.andaragencia.org/

María es la compañera de un detenido cuya sentencia es equivalente a la mayoría de edad: 18 años. Ella asiste regularmente a visitar a su compañero que está alojado en ese penal, que tal como ella nos cuenta, “es muy viejo, está abandonado y no tiene mantenimiento”.

La unidad penal de Sierra Chica está ubicada en la Provincia de Buenos Aires. Tiene régimen cerrado y una población que está cercana a las dos mil personas. De este complejo además dependen las unidades penitenciarias 2, 38 y 27 (todas de Sierra Chica) y la Unidad 17 de Urdampilleta, que así duplica la cantidad de personas detenidas.

“Acá los techos se caen a pedazos, se llueve por todos lados, hay filtración por pérdidas de agua por todos lados, a veces no tienen luz y tampoco agua”, nos contó María. A esta compleja situación edilicia se agrega la cantidad de personas que deben albergarse allí y que se reproduce en las distintas unidades penitenciarias del país, y que obligó a las y los detenidos a realizar una medida de protesta. Son situaciones cotidianas y se reflejan en esta entrevista a una familiar de un detenido en Sierra Chica, provincia de Buenos Aires.

“Hay que darle la oportunidad al preso”

“La sobrepoblación hace que en una celda a lo mejor haya tres o cuatro personas amontonadas”, contó María. “Imagínense, unas celdas muy chiquitas se prestan para cualquier situación de roce o problemas para peleas, más allá del hambre y la falta de medicación”, avanzó. Una situación que fue relevada por los organismos de Derechos Humanos y hasta la misma Defensoría de la provincia de Buenos Aires afirma que el número de colchones para las y los detenidos es inferior a la cantidad de personas alojadas.

María tiene mucho coraje y está decidida a acompañar. Por eso, con un tono enfático pero tranquilo narró: “la situación de los detenidos en Sierra Chica es muy mala, porque hay sobrepoblación y no hay abastecimiento de nada, para la cantidad de gente que hay. Si bien esto viene pasando hace mucho tiempo, hoy la situación es peor, ya no alcanza para darles de comer. No hay medicamentos, no hay nada de nada. La situación es muy fea”.

Ella conoce las condiciones cotidianas de habitabilidad, “es asqueroso cómo se vive; conviven con ratas, cucarachas, con las chinches, pulgas y lo que se puedan imaginar.

En las actuales condiciones de detención las cárceles se parecen más a un espacio para el tormento que a otra cosa. María hace muchos años reflexiona casi en soledad sobre la vida carcelaria: “hay que darle la oportunidad al preso para que estudie, trabaje, tratarlo como humano, que vean que no solo la vida delictiva es la que existe y se puede vivir de otra manera. Pero si los encerramos, los privamos de su libertad y encima se los tortura años, pregunto, ¿cómo pretenden de que ese ser humano se reinserte en la sociedad, que salga con cariño amor y paz? Esto no es de ahora, hace años y años que es así”.

“El tema de los buzones o celdas de castigo es escalofriante, es inhumano como los tienen”, explicó María. Además afirmó, “que cumplan su condena porque delinquieron, pero las cárceles deben estar aptas para reinsertar a la sociedad, porque de lo contrario salen peor de lo que entran”. “La sociedad muchas veces no comprende la situación personal de lo que se vive en un encierro. No pueden pretender que no vuelvan a delinquir”.

Juzgados, condenados y olvidados

Con su experiencia, María también nos contó que “a nivel juzgado no hay beneficio, hay un montón de gente que está para un beneficio y no llegan, como es el caso de mi compañero que está con una condena de 18 años, lleva 16, le quedan dos años para irse y el beneficio todavía no le ha llegado”. “La situación es muy triste. Es como que nadie nos ve acá en Sierra Chica, la gente del Comité de la Memoria, de DD.HH. suelen venir pero las cosas aquí siguen igual”.

Para terminar nos contó: “acá ya se levantó la huelga de hambre, fue en forma pacífica. Ahora pueden venir las represalias como los traslados compulsivos pero hasta ahora la situación estuvo tranquila”. “Esperemos que con estas huelgas, pidiendo por sus derechos, nos escuchen y la situación cambie”. Es una luz de esperanza que propone María y una demanda de justicia social para las y los detenidos en las cárceles de todo el país.

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La privación de derechos en las cárceles: una huelga y la lucha histórica por la dignidad

lsalome — Tue, 17 Dec 2019 03:00:23 +0000

En los últimos años, el Estado argentino profundizó las violencias sistemáticas sobre las personas privadas de su libertad. Por esto, más de 6 mil presxs se encuentran en huelga de hambre reclamando condiciones dignas. Familiares exigen una mesa de trabajo donde se escuche la voz de las y los delegados de los penales en lucha.

Por Redacción Marcha

En las cárceles de nuestro país y el mundo los asesinatos, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes son sistemáticos. Sin embargo, ante la asunción de un nuevo gobierno que promete retomar la senda de cumplimiento de la perspectiva de Derechos Humanos, las demandas se renuevan. Y se transforman en un grito que traspasa muros.

Desde el 5 de diciembre, miles de personas alojadas en varias unidades penales están en huelga de hambre en reclamo de que se investiguen y sancionen estas vulneraciones a los Derechos Humanos. La privación de la vida, de necesidades básicas y de derechos -como el acceso a la salud, la educación y el trabajo-, colocan al Estado en el incumplimiento de obligaciones elementales en su tarea de custodia de personas privadas de su libertad.

No es solo el acceso a la justicia o a adecuados patrocinios que terminen con la criminalización de la pobreza como alternativa instalada en el sentido común. La huelga que se lleva adelante exige cuestiones para preservar la vida: alimentación, atención médica y provisión de elementos básicos de higiene; terminar con las condiciones de hacinamiento y las constantes prácticas de tortura y aislamiento; eliminar los traslados compulsivos y el maltrato o vejación a familiares; recuperar el acceso a derechos como la prisión domiciliaria en el caso de mujeres con hijas/ os o del respeto a la identidad travesti o trans.

Una huelga y la lucha por la dignidad

Olmos, Sierra Chica, Junín, Mercedes, Devoto, Ezeiza, Alto Comedero, Santa Fe. Esas son algunas de las cárceles donde sus habitantes se encuentran en huelga de hambre. La medida comenzó el pasado 5 de diciembre con más de 12 mil presxs y hoy continúa con aproximadamente 6 mil. Exigen al gobierno nacional la conformación de mesas de trabajo que contemplen la presencia de las y los delegados de los penales que se encuentran en levantamiento, de sus familiares. Pedido que, de no ser comunicado antes de fin de año se transformará en motines y la huelga general de todxs lxs presxs del país.

El “Colectivo de Familiares de personas privadas de su libertad” acompaña el reclamo de las personas privadas de libertad en huelga y es quien está difundiendo las exigencias que surgen intramuros. Realizaron ayer un acampe frente al Congreso de la Nación y un grupo de ellxs llegó hasta la Casa Rosada donde presentaron ante las nuevas autoridades ejecutivas un petitorio con las exigencias de las y los presos organizados.

Mediante una declaración difundida vía redes sociales y en la que piden la adhesión a diferentes organizaciones, el colectivo exige al Estado argentino que se “cumpla La Ley 2×1” (24.390) que estableció que las personas detenidas preventivamente durante más de dos años, tienen el derecho a compensar la demora del Estado en llevarlas a juicio, computando doble el tiempo en exceso que permanecieron detenidos sin condena y “la Ley Nº 24.660” de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

Reclaman “que se garantice su integridad física y emocional, se brinden con urgencia las prestaciones en salud adecuadas a su condición, a la alimentación, se les garantice el derecho a la educación, a las visitas y el debido proceso”. Exigen además que se “reconozcan sus derechos políticos a la libertad de expresión y al legítimo ejercicio de la protesta social, brindando canales institucionales para hacer oír sus demandas”.

En este contexto, citan el Artículo 18 de la Constitución Nacional, un marco que reglamenta que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. (…) Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.

El colectivo pide, en carácter urgente, “a los órganos de custodia y a todas las instituciones estatales con competencia en la garantía y preservación de sus derechos a adoptar” que se adopten medidas y hagan cesar y reviertan las condiciones denunciadas “en cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por nuestro país, y que son ley Suprema de la Nación”.

Solicitan además al Congreso Nacional un avance en materia de Legislación Penal que procure “el derecho penal de acto y sea respetuoso de los Derechos Humanos”. El Colectivo afirma que ésta es una lucha por la dignidad que requiere el compromiso por parte de los poderes del Estado pero también de las ONGs y de la sociedad en su conjunto. Resoluciones que deben dar respuesta a problemáticas de corto, mediano y largo plazo.

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