Una semana antes de ser detenido, Jesús Santrich, el más crítico entre los comandantes de las ex-FARC, analizó en diálogo con Lanzas y Letras la situación en que se encuentra su fuerza política. “Cometimos un error estratégico y estructural”, afirma.

En la entrevista, realizada en el marco de la investigación Final Abierto: 20 miradas críticas sobre los acuerdos con las insurgencias (2010-2018)* de próxima publicación, el excomandante guerrillero no ahorra duras palabras para calificar la implementación de los acuerdos de La Habana, proceso al que rotula sin ambages como “altamente negativo”.

Por su ascendencia sobre la militancia fariana, no es descabellado pensar que su detención sea un intento por “sacar de en medio” a una de las figuras que, desde la Dirección Nacional de la nueva FARC, cuestiona los resultados que viene arrojando lo pactado hace algo más de un año atrás.

La próxima visita de Donald Trump a Colombia, y las palabras del presidente Santos afirmando que “no le temblará la mano” para firmar la extradición solicitada por los EE.UU., también hacen parte inevitable del contexto en el que se enmarca esta detención.

Más allá de análisis y especulaciones, en las líneas que siguen podemos encontrar el pensamiento claro de Santrich: cita a  Marulanda para afirmar que fue un error “entregar” las armas en lugar de hacer una “dejación” como estaba planteado, y propone al ELN una estrategia de unidad. En sus palabras se encuentran respuestas no solo a las preguntas hechas en la entrevista, sino a la gravísima coyuntura que, con hechos como este, atraviesan los procesos de paz.

 A más de un año de firmados los acuerdos de La Habana ¿cómo valora usted la implementación de lo allí pactado?

Mi conclusión es que la implementación del Acuerdo de Paz tiene un balance altamente negativo. Esta afirmación la sustento con algunas argumentaciones irrefutables:

La primera es que, al someter a renegociación el Acuerdo luego de su refrendación, se pisotearon principios esenciales para la confianza como el Pacta sunt servanda y el de Buena Fe. El Derecho Internacional consagra que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Tal inviolable condición está claramente señalada en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1986, los cuales fueron instrumentos que desde el principio colocamos como respaldo de lo que se debatía en La Habana.

Del principio de Buena Fe no se puede decir menos. Lo cierto es que, hasta jocosamente, muchas veces en la Mesa hablamos de que debíamos tener palabra de gallero, como se dice en los pueblos del caribe colombiano para expresar que cuando se pacta no se puede mentir, que así no exista un papel y una firma por delante la palabra empeñada debe tener un valor sagrado, debe estar arropada de honradez, de verdad y rectitud en la conducta que entrañen probidad.

“Cometimos un error estratégico y estructural al haber convertido la dejación en entrega de armas sin que los aspectos centrales del Acuerdo se hubiesen concretado”

Pero no, lo que ha ocurrido es que este es el único acuerdo del mundo que se renovó cada día y es manoseado y distorsionado por cada rama del poder público en detrimento de sus contenidos y espíritu de origen.

Tal situación ha derivado, y sería un segundo aspecto característico de la implementación, en inseguridad jurídica, expresada en una ley de amnistía saboteada por los jueces de ejecución de penas y en una Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que de alternativa al cuestionado Ius puniendi del Estado, pasó a convertirse en una reafirmación del derecho penal del enemigo, del derecho penal de los vencedores, como si el acuerdo de La Habana hubiese sido una rendición.

Esta JEP quedó convertida en una letal trampa para colocar solo a la insurgencia en el banquillo de los acusados, mientras se amplía el manto de impunidad para los militares y los llamados terceros agentes del Estado. Tal trampa buscará, con la ayuda de la corrupta fiscalía, colocarnos en manos de la venal y descompuesta justicia ordinaria hasta llevarnos a la cárcel.

En este plano lo que se viene para los excombatientes de las FARC es la más pertinaz y vengativa persecución judicial, que irá de la mano de la persecución paramilitar e incumplimientos de todo tipo, como el de terminar de liberar a los más de medio millar de compañeros y compañeras que siguen en prisión.

El tercer aspecto que caracteriza a la implementación es la tremenda inseguridad personal en que cayó el proceso; a estas alturas, después de algo más de un año, han sido asesinados 48 excombatientes amnistiados e indultados, incluyendo los familiares. Los familiares ya son 11 y ha habido también una cantidad de asesinatos contra dirigentes comunitarios de las áreas y de las zonas desde donde nos replegamos para ir a ubicarnos en lo que se dio en llamar Zonas de Transición y Normalización, que ahora son los espacios territoriales para la formación y reincorporación.

Tanta inseguridad se expresa en la dispersión evidente que hay del paramilitarismo o lo que hoy llaman Bandas Criminales. En Córdoba nuestros compañeros y compañeras tuvieron que salir hacia Antioquia a ubicarse en otras áreas porque estaban en territorios que estaban siendo copados por paramilitares, lo mismo ha ocurrido en otras áreas como Tumaco, donde fuerzas armadas ilegales están ahí como una amenaza y un peligro.

Otro aspecto característico derivado es el de la inseguridad socioeconómica. Podemos decir que, hasta el momento, en ninguna de las Zonas Veredales se están adelantando procesos socio-productivos que hayan salido de lo que se acordó en La Habana.

Con estas características de la violación del Pacta sunt servanda, el principio de la buena fe, el de la inseguridad jurídica, el de la inseguridad personal, la inseguridad socioeconómica y el de la desfinanciación del proceso, estamos transitando ya el pantano del incumplimiento, de la presión gubernamental e institucional, porque en esto no se trata sólo del gobierno, sino de todas las instancias de la institucionalidad colombiana, a lo que fue un compromiso sagrado de La Habana para alcanzar y lograr el derecho a la paz. Estamos ante un proceso fallido,

¿Por qué no fue posible concretar que las dos insurgencias, ELN y FARC, iniciaran y desarrollaran un solo proceso de negociación?

Al iniciar los acercamientos con el gobierno de Santos, debido a la intensidad de la confrontación no había muchas posibilidades de establecer coordinaciones con el ELN. Pero llegó un momento en los ciclos de La Habana donde pudimos tener comunicación e intercambios directos, sosteniendo la idea de unificar procesos. Ya nuestro ejercicio iba bastante adelantado respecto al ELN, cuya dirección debía hacer sus consultas internas y sus propios diseños.

Nosotros como FARC no podíamos pretender que el ELN se sumara simplemente a una agenda en cuya construcción no participaron, ni podíamos pretender que se plegaran a pre-acuerdos que ya estaban firmados porque, más allá de que tenemos identidades estratégicas, también tenemos puntos de vista diferentes en lo que respecta al tratamiento de la economía, del relacionamiento con la población. Pero de cualquier manera lo que sí consentimos desde nuestros primeros encuentros fue la consigna de “dos mesas, un mismo proceso”, y dentro de esa perspectiva como FARC hemos puesto al servicio del ELN todas las propuestas, inquietudes, experiencias que tuvimos a lo largo del proceso. Y esto se hizo no solo en La Habana sino también en Ecuador.

Reitero que se trata de compartir nuestra experiencia sin jamás interferir o pretender incidir en las decisiones que autónomamente le corresponde tomar al ELN como fuerza revolucionaria que tiene su propuesta estratégica y su propia visión de lo que es La Paz.

Hoy en día pienso que el ELN debe mirar de manera muy cuidadosa y con extremas precauciones lo que ha sido la implementación del acuerdo de paz con las FARC para evitar que les apliquen a ellos también una dosis de perfidia.

Pero independientemente de las circunstancias tan adversas, con el ELN debemos esforzarnos por construir y desenvolver una estrategia de unidad que permita, en un futuro próximo, que florezca un gobierno alternativo de convergencia. No tenemos otro camino que el de la unidad.

Con la entrega de armas FARC concreta un cambio de la estrategia que había sostenido durante más de cinco décadas. ¿Eso se debe a que cambió el sistema al que combatían o a que cambiaron las FARC? 

El régimen al que nos enfrentamos durante más de medio siglo no ha cambiado su carácter de injusticia. Esto quiere decir que los espacios para la lucha democrática siguen cerrados.

Nosotros tuvimos la aspiración de abrirlos y nos dispusimos a sacrificarlo todo para atender al sentimiento de reconciliación que palpita en los corazones de las mayorías empobrecidas excluidas de nuestro país y por eso adelantamos un proceso en el que jamás se habló de entrega de armas sino de dejación de las mismas, entendiéndose por ello la determinación de no involucrar armas en la política. Y eso debía ser un compromiso bilateral. En la base del pensamiento genuinamente fariano nunca estuvo presupuestado entregarle a nadie, menos a un tercero las armas, y en esto quiero recordar las palabras del camarada Manuel cuando dijo a un periodista argentino: “De acuerdo con la experiencia que hemos acumulado a lo largo de 40 años de lucha, para resolver los problemas sociales de este país se requiere de la presencia de las FARC. Nosotros haremos un acuerdo en algún momento, pero nuestras armas tienen que ser la garantía de que aquí se va a cumplir lo acordado. En el momento en que desaparezcan las armas, el acuerdo se puede derrumbar. Ese es un tema estratégico que no vamos a discutir”. (Manuel Maruranda Vélez, 6 de septiembre de 1998, diario Clarín de Argentina, reportaje del periodista Pablo Biffi).

Creo que estas palabras tienen absoluta vigencia. Llevan a pensar que, como FARC, conociendo la catadura históricamente traicionera de este régimen, cometimos un error estratégico y estructural al haber convertido la dejación en entrega de armas sin que los aspectos centrales del Acuerdo se hubiesen concretado, al menos en sus bases y en el diseño fáctico de sus garantías de cumplimento.

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* Final abierto: 20 miradas críticas sobre las negociaciones con las insurgencias (2010-2018). Lanzas y Letras, La Fogata Editorial. En prensa.

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Si por un momento diéramos crédito a las acusaciones de pertenecer a grupos armados contra prestigiosos y respetados líderes sociales (o, en ocasiones anteriores, contra reconocidos académicos o defensores de derechos humanos), ¿eso no legitimaría a las guerrillas? Un método inconsistente, cada vez más ineficaz.

Esta vez fue el turno del líder campesino Alberto Castilla, reelecto senador por el PDA, y del representante indígena a la Cámara, Germán Carlosama. El fiscal Néstor Humberto Martínez pidió a la Corte Suprema que los investigue por presuntos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La acusación no aporta mayores elementos y los señalados no fueron notificados, tuvieron que enterarse por los medios de comunicación. La fiscalía, incluso, podría tener motivaciones revanchistas en el caso de Castilla: el senador, en rueda de prensa, expresó que tiempo atrás había llamado la atención sobre vínculos del fiscal Martínez con casos de acaparamiento de tierras, dando a entender que podría haber animosidad en la acusación.

´Modus-operandi´ desgastado

El método de pretender sacar de carrera a opositores políticos con acusaciones sin sustento no es nuevo: a lo largo de la historia padecieron ese tipo de persecución importantes figuras como Gerardo Molina Ramírez, tres veces representante a la Cámara; el respetado político e intelectual Diego Montaña Cuéllar, o el incuestionable exmagistrado y fundador del Polo, Carlos Gaviria Díaz. Más recientemente defensores de derechos humanos que se volcaron a la política como Alirio Uribe Muñoz o Iván Cepeda padecieron la misma saña acusatoria. En esos casos no pasó mayor cosa, aunque con Piedad Córdoba tuvieron mejor suerte: la exsenadora liberal perdió su curul en 2010 y fue inhabilitada por supuesta colaboración con las FARC.

Pero no se trata solo de quienes hacen oposición desde la política institucional. Los señalamientos contra el profesor Miguel Ángel Beltrán, también por presuntos vínculos con las FARC, le valieron 2 años de cárcel sin importar que después haya sido declarado inocente. Entre los mencionados más arriba, Molina Ramírez fue, además de político, uno de los más respetados rectores de la Universidad Nacional y Montaña Cuéllar fue profesor y autor de diversos libros de derecho y sociología. Más recientemente, entre las 13 personas apresadas en Bogotá en 2015 con similares señalamientos había una prestigiosa abogada, un periodista y representantes estudiantiles muy queridos en el ámbito universitario. En Colombia, ciertas profesiones vinculadas al pensamiento crítico son perseguidas con igual intensidad de lo que sucede con la oposición política.

Un método que se vuelve contra los acusadores

La acusación sobre Castilla tuvo dos efectos inmediatos: el senador del Polo logró más visibilidad en canales de televisión, diarios y emisoras (a pesar de ser un dirigente con trayectoria, los grandes medios suelen ignorar a quienes defienden causas ajenas a sus intereses) y, por otro lado, se reactivó el pedido de investigación sobre los vínculos del fiscal Martínez, autor de la acusación, con los negociados de tierras que Castilla viene denunciando en defensa de los campesinos. Con la tranquilidad de que el señalamiento en su contra no pasará más allá de la bulla mediática, el senador bien puede resultar beneficiado de una acusación sin sustento.

Viendo los distintos casos de conjunto, hay otra reflexión que también deja mal parada a la estrategia acusatoria indiscriminada que aplican los personeros de la justicia que pretenden ver subversivos en toda causa popular.

Supongamos, por un instante, que tuvieran algún viso de realidad los presuntos vínculos de las personas señaladas con la guerrilla. Si así fuera, los acusadores tendrían un dilema: deberían decidir si insisten en presentar a la insurgencia armada como un puñado de narcotraficantes y secuestradores de ideas arcaicas y sin mayor interés que el de delinquir o, por el contrario, les reconocen a éstas un carácter político, ya que contarían con la adhesión activa de prestigiosos líderes sociales, legisladores con fuerte apoyo en las urnas, académicos, periodistas, abogados, etc. Aunque claramente no sea esa la intención, instalar esta última idea con señalamientos dudosos le hace un favor a la guerrilla.

Medios y rótulos

“Reviven dosier de ‘elenopolítica’” se apresuró a titular el diario El Tiempo en referencia a la acusación contra Castilla y Carlosama. “ELN, el nuevo enemigo”, rezó la nota de tapa de la revista Semana el 17 de febrero de este año.

Con el paso de las FARC de la lucha armada a la política legal, a los inquisidores del régimen les queda ahora el ELN como blanco de todas sus denuncias. A pesar de que la Mesa de Quito entre esta guerrilla y el gobierno inició el quinto ciclo de diálogos el pasado jueves, el destino de esas negociaciones es incierto, ya sea por la falta de avances como por el cambio de gobierno que tendrá lugar en pocos meses. Todo indica que el ELN no llegará a una instancia de acuerdo final en el corto plazo y, aunque el cese del fuego bilateral es un deseo de todo el movimiento social, sería realista esperar nuevos hechos de hostilidades fruto de la decisión gubernamental de negociar en medio de la confrontación.

Ante ese panorama, los sectores progresistas y de izquierda de Colombia no deberían dejarse amedrentar con este tipo de acusaciones, que seguramente no serán las últimas, conociendo el carácter de los agentes de la justicia que controlan fiscalías y juzgados. El caso de Alberto Castilla recogió inmediatamente la solidaridad de sus pares en el senado (además de las autoridades del Polo, que hicieron una defensa sin fisuras, Iván Cepeda y Aída Avella fueron quienes reaccionaron con más contundencia); también se solidarizaron cerca de 300 organizaciones sociales que firmaron una carta en apoyo a él y a Carlosama. Pero hay casos de líderes sociales menos conocidos que son detenidos, perseguidos o incluso asesinados en los territorios por señalamientos irresponsables de este tipo. Disponer la inmediata solidaridad, en cada caso, será una buena forma de no dejarse atropellar.

Aun con la incertidumbre respecto al resultado de las próximas elecciones presidenciales, los sectores progresistas y de izquierda incrementaron notoriamente su representación legislativa en las elecciones del 11 de marzo. Rodear a los referentes del movimiento social, especialmente cuando son atacados (de éste y otros modos más letales) será un buen método para consolidar las fraternidades necesarias en la izquierda, e ir por más.

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*Originalmente publicado en Lanzas y Letras de Colombia.

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La comunicadora social Carolina Romero presenta la actualidad del fenómeno de los falsos positivos judiciales en Colombia. A su vez, de la mano de varios testimonios, propone al movimiento social posibles puntos clave a tener en cuenta a la hora de enfrentar este flagelo que parece no detenerse.

“Me llevo el concepto de libertad que tiene el pueblo cubano y que ha desarrollado Fidel y es el de tener una mayoría de edad política, de poder decidir lo que uno quiere hacer de forma individual y colectiva y asumirlo, con todos los errores y aciertos que eso conlleva” respondió Mateo Gutiérrez, estudiante de sociología de la Universidad Nacional, a la pregunta sobre el aprendizaje que le dejaba la XXVI Brigada Suramericana de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba, de la que participó en enero de este año. Video

Colombia está llena de jóvenes inquietos como él, jóvenes que se hacen preguntas incómodas frente a esta sociedad sumida en la polarización, la indiferencia y la guerra. Los más entusiastas los han llamado “la generación de la paz”, sin embargo, quienes permanecen tras las rejas son en su mayoría jóvenes, como Mateo, que está detenido en la cárcel La Modelo en Bogotá desde el 23 de febrero.

“Las autoridades han hecho ver a mi hijo como si fuera un mercenario, un terrorista, desconociendo su carácter de estudiante de tan solo 20 años, sin tener en cuenta su relación con su familia ni su arraigo social. Aprovechan cualquier cosa para tergiversar la imagen de Mateo tanto en la audiencia como en los medios de comunicación” dice Aracely León, su madre.

Su hijo  enfrenta un proceso judicial, imputado por, supuestamente, ser el autor de uno de los explosivos panfletarios que estallaron en Bogotá el 18 de septiembre de 2015. Sin embargo, el presidente Santos, la Fiscalía, la Policía y los medios de comunicación lo presentaron como responsable del artefacto que explotó el 18 de enero de este año en el centro de la ciudad.

Creando un enemigo

El término “falsos positivos” viene de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares contra civiles para demostrar resultados en la fallida política de Seguridad Democrática durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe. A diferencia de estos —los muchachos asesinados en el municipio de Soacha en 2008 son el caso más emblemático, lejos de ser el único—, los falsos positivos judiciales no convierten a jóvenes en guerrilleros muertos en combate, sino en guerrilleros tras las rejas.

No obstante, es una estrategia que ataca a cualquier persona que se atreva a expresar abiertamente su descontento con la situación del país, y peor aún, sus intenciones de hacer algo al respecto. Defensores de derechos humanos, líderes sociales, académicos y periodistas hacen parte de la lista.

En palabras de Miguel Ángel Beltrán, se trata de “un montaje judicial que se hace sobre personas inocentes a las que se les imputan actos de terrorismo, o al menos así son presentadas en los medios de comunicación. En el proceso judicial desaparecen estos señalamientos pero igual se les atribuyen otros cargos que resultan con pocas pruebas, pruebas ilegales, etc.”. El sociólogo y docente universitario lo sabe, él mismo lo vivió en carne propia.

Es de conocimiento general —e incluso los medios empiezan a reconocerlo— que estos casos se repiten de manera constante y, sin embargo, parece que aquí no pasa nada, que esos tales montajes no existen. Y si no existen como casos aislados, mucho menos como política sistemática del Estado colombiano. Esto se remonta a una estrategia de criminalización del movimiento social más compleja que se ha venido profundizando y adaptando desde el comienzo mismo del conflicto armado. Si bien se hizo más evidente durante  el gobierno de Uribe, siguió un ritmo acelerado mientras se discutían garantías para ejercer la oposición en La Habana durante los diálogos de paz entre Gobierno y las FARC-EP.

¿Qué busca el Estado con esto? En primer lugar, fiel al término original, demostrar resultados y efectividad en la lucha contra la insurgencia. En segundo, atacar a las organizaciones sociales mediante el señalamiento de líderes visibles o militantes de base, truncando así años de construcción de los procesos organizativos. En ese mismo sentido, controlar el crecimiento de la protesta social, especialmente en momentos álgidos. En cuarto lugar, criminalizar al movimiento social y por extensión al pensamiento crítico. Por último, reforzar el discurso del miedo y del “enemigo interno” —este, está claro, es aquel que no encaja en los términos aceptables de oposición, juventud y protesta que se acomodan al status quo—, justificando así el terrorismo de Estado, el control social, la limitación de las libertades en nombre de la seguridad y los millones presupuestados para la guerra.

– Una gran maquinaria

Miguel Ángel Beltrán jamás ha claudicado en su compromiso de ser un docente crítico. Ni siquiera cuando la Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó en 2014 para continuar como profesor de sociología de la Universidad Nacional. En la cárcel La Picota, donde estuvo recluido dos de sus cuatro años tras las rejas, fue profe de alfabetización entre prisioneros políticos.

En la cárcel también terminó de escribir su más reciente trabajo, “Las Farc 1950–2015. Luchas de ira y esperanza”. Precisamente, su intención de incluir en la investigación académica otras voces y otras historias para narrar y comprender el conflicto armado en Colombia fue suficiente para ser considerado, ante los ojos del Estado y según las palabras de Uribe, “el terrorista más peligroso de las FARC” ⁽¹⁾.

La persecución a la que se ha visto sometido desde 2009, cuando fue acusado de ser un miembro de la comisión internacional de las Farc, evidencia un ensañamiento estatal en su contra. Además ejemplifica a la perfección todos los elementos que, en relación con otras situaciones similares, demuestran que los falsos positivos judiciales tienen unos patrones claros para armar un caso, manejar el tema a nivel mediático, someter las detenciones y procesos a irregularidades, responder a contextos concretos y establecer unos perfiles a la hora de elegir a los supuestos terroristas.
-Todo puede ser usado en su contra, literalmente

Viajes al exterior. Imágenes, postales, afiches e inclusive trapos con frases o consignas ‘dudosas’ —vaya a saber qué es dudoso para el encargado de turno—. Testigos o correos falsos, retratos hablados que no corresponden a la realidad, cambios en la apariencia física a través de los años. También libros, textos y documentos firmados o anónimos, o computadores encontrados en la selva que sobreviven operativos militares de alto despliegue. Esas son algunas de las pruebas recurrentes para ser señalado de cometer actos de terrorismo.

En el caso de Miguel Ángel Beltrán, por ejemplo, su identidad como ‘Jaime Cienfuegos’ se comprobaba, según la Fiscalía, en unos documentos hallados en el computador de ‘Raúl Reyes’, comandante de las FARC-EP asesinado en un bombardeo en territorio ecuatoriano. En 2011 la Corte Suprema de Justicia declaró los documentos relacionados con dicho computador como pruebas ilegales. Ese mismo año, un testigo mexicano admitió ante organismos internacionales que, con el pretexto de su supuesto vínculo con la guerrilla, el extinguido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) había pagado por sus servicios para seguir a Miguel Ángel mientras adelantaba estudios en la UNAM. Vínculos que, según dijo, no pudo comprobar.

Es entonces cuando la Procuraduría se vale de textos académicos, conferencias y documentos publicados por el profesor para abrir un proceso disciplinario que culminó con su destitución y la imposibilidad de ejercer cargos públicos por 13 años.

Del mismo modo, la principal prueba contra Mateo Gutiérrez es el testimonio de un joven que lo identificó de ser el supuesto responsable de una explosión en la calle 18 con carrera 10 —de la cual no hay registro alguno en la prensa—,  en ese entonces describió al sospechoso bajo unos rasgos físicos completamente diferentes a los de Mateo. Ante eso, sus cambios de apariencia durante los últimos años se han usado por el ente acusador para justificar “su intento de despistar a las autoridades”.

En el momento de su detención Mateo se encontraba en Unicentro. Dos hombres vestidos de civil lo condujeron hacia un carro particular. Según cuenta su madre, una vez allí le quitaron su celular y sus documentos y un uniformado le notificó de su captura. Por su parte, a Miguel Ángel prácticamente lo secuestraron en México. Su esposa, que lo esperaba en el Instituto Nacional de Migración a donde habían acudido para una cita, se enteró por los noticieros de que el profesor estaba siendo deportado a Colombia.

“Llega a Bogotá el guerrillero ‘Jaime Cienfuegos’, capturado en México” de Noticias Caracol y “Capturan en México a ‘Jaime Cienfuegos’, miembro de la comisión internacional de las FARC” de Semana.com, son algunos de los titulares que retrataban la noticia el 22 de mayo de 2009, desconociendo el derecho de cualquier persona a ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto se repite en todos los casos. En efecto, en este país parece que la justicia se invierte: los acusados deben probar su inocencia frente a los jueces, los medios y la sociedad.

– Patrones que se repiten

“Hay una detención, legalización de captura, imputación de cargos, legalización del allanamiento y los elementos incautados. Luego una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento donde un juez determina si se justifica la cárcel de manera preventiva mientras se define la culpabilidad, y por último viene el juicio, que en mi caso todavía no ha comenzado” comenta Sergio Segura, comunicador popular y periodista. Estas son, de manera general, las etapas en las que se desenvuelven estos procesos.

Sergio hace parte de ‘Los 13’, como se le ha llamado a la captura masiva ocurrida en Bogotá el 8 de julio de 2015, por el total de personas presentadas mediáticamente como integrantes de una célula urbana del ELN. Su detención se atribuyó primero a dos explosiones ocurridas casi simultáneamente el 2 de julio de ese año en sedes de la entidad de pensiones y cesantías Porvenir. Santos los nombró como “los responsables de sembrar terror en la capital” y advirtió en Twitter: “Pagarán por atentados”. Los 13 salieron de la cárcel tras más dos meses privados de la libertad por irregularidades en el debido proceso.

La Fiscalía se empeña en demostrar que estas personas son un peligro para la sociedad por lo que agota todos los recursos para que no se les reconozca su libertad mientras se desarrollan los procedimientos. Fue el caso de Miguel Ángel y el de ‘Los 13’, y es lo que le sucede ahora a Mateo, cuyo proceso apenas comienza. Teniendo en cuenta los tiempos de la justicia colombiana, demostrar su inocencia puede durar varios años.

Independientemente del tiempo que pasen tras las rejas, esta es una situación problemática porque los enfrenta, por un lado, a las críticas condiciones en tema de derechos humanos que se viven en las cárceles del país, y por el otro, a las dinámicas del conflicto armado que se reproducen dentro de estas instituciones. Cuando la Sijín (inteligencia de la Policía) trasladó a Mateo a la cárcel, inventó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que el estudiante era del ELN.

“Se desconoce la presunción de inocencia y se es tratado de acuerdo a la acusación de la Fiscalía como si ya hubiese sido declarado culpable, lo que usa el INPEC como instrumento de persecución […] En el caso de quienes pasamos por cárceles de máxima seguridad se limitan aún más los derechos. En una cárcel compartiendo con paramilitares lo perciben a uno como un enemigo, entonces las tensiones y el peligro de que en cualquier momento uno pueda ser víctima de una agresión es algo cotidiano”, dijo en una entrevista Miguel Ángel Beltrán.

Durante todo el proceso se presentan anomalías, que van desde el aplazamiento constante de las audiencias hasta una serie de prácticas extrajudiciales. En ese sentido, Sergio Segura afirma que en el caso de ‘Los 13’ “iba a empezar la audiencia del fallo sobre la medida de aseguramiento cuando la juez se fue. Y volvió una hora después. Se había reunido con el director de la Policía Metropolitana, cosa que no tiene sentido antes de tomar un decisión de ese calibre, es ilegal y resulta siendo un prevaricato. Además, el fiscal y los investigadores del Gaula de la Policía tuvieron audiencias extensas, días enteros durante 15 días seguidos. Expusieron elementos probatorios sacados principalmente de noticias RCN y de City TV, pretendiendo así asustar a la juez, mostrando la supuesta peligrosidad de dejarnos libres. Y lo logró. Esto significó un desgaste para nuestras familias y abogados que, cuando tuvieron el turno de hablar, fueron irrespetados por la juez. En ocasiones nos quitaron hasta los bolígrafos para poder tomar nota”. También es común que “a las audiencias entren personas de civil que le toman fotografías a los asistentes, los mismos policías que uno ve en la universidad disfrazados de estudiantes. Tres personas sufrieron amenazas en el marco de nuestro caso, incluso en agosto de 2015 una fue torturada”, señala.

– Los tejidos rotos

Estas irregularidades no presentan el mismo cubrimiento insistente en la prensa ni los noticieros. Tampoco existen las correcciones pertinentes cuando se demuestra su inocencia. El profesor Miguel Ángel fue absuelto en 2016 de los cargos de rebelión y concierto para delinquir, pero la noticia figuró muy poco en los titulares, a diferencia de las dos veces que fue condenado, en 2009 y 2014. En el caso de ‘Los 13’ las noticias de su libertad seguían incluyendo una supuesta vinculación con las explosiones en Porvenir, aun cuando estuvo claro desde el comienzo que la investigación es principalmente por una protesta en la Universidad Nacional.

El señalamiento público de estas personas como terroristas tiene unas implicaciones muy fuertes dada la situación del país. Son golpes  difíciles de resarcir. En este caso la organización afectada fue el Congreso de los Pueblos del que hacían parte varios de ‘Los 13’. “Hay una exposición masiva e innecesaria de nuestra vida y todo nuestro entorno, lo que representa un peligro para nuestra integridad”, dice Sergio Segura, quien además hacía parte en ese momento de la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa y de la Secretaría de Educación del Distrito como contratista.

El de Sergio es un caso que se repite constantemente: líderes y miembros de diferentes organizaciones sociales de los más diversos sectores han sido históricamente acusados de tener nexos con grupos guerrilleros. Esto pone en riesgo su vida y la de sus familias, especialmente en las regiones donde el paramilitarismo actúa a sus anchas, en complicidad con la acción u omisión del Estado. Montajes como los que sufrieron Francisco Tolosa y Huber Ballesteros de la Marcha Patriótica, así como las recientes capturas de Milena Quiroz y otros 11 líderes sociales en el departamento de Bolívar, algunos del Congreso de los Pueblos, son solo una muestra de ello. Lo que esto evidencia es el ataque directo a las organizaciones y sus procesos, así como su intensión por descomponerlas.

“No solo detienen personas, también rompen tejidos familiares y redes de afecto, a punta de miedo, de generación premeditada de angustias,  de criminalización deliberada” dice Sergio. Señala además que las familias, parejas y conocidos de las personas víctimas de falsos positivos judiciales deben enfrentarse también a los seguimientos, las intervenciones de sus teléfonos e inclusive a amenazas.

“Su papá y yo hemos sido objeto de seguimientos —dice Aracely León respecto a cómo lidia su familia con la situación de Mateo—, para nosotros no es fácil que todos los amigos y conocidos estén preguntando todo el tiempo. La incertidumbre, los tiempos tan extensos de la justicia… No es fácil asumir esta situación y menos cuando se trata de defender un inocente”.

Otra cabeza del monstruo

“Se llama Ricardo Andrés Ruiz Borja y es mi hermano. Murió el 16 de abril de 2006 en una confusa explosión en el centro de Bogotá. Tenía 21 años. Los había cumplido tres días antes. Junto a él murieron sus compañeros Luis Alejandro Concha Alvarado, Jennifer Patricia Riveros y Oscar Javier Sánchez. Todos, sin pruebas, fueron juzgados como terroristas y guerrilleros de las FARC. Todos fueron culpados de su propia muerte”. Así comienza Retratos hablados(2), el proyecto de periodismo ilustrado que Lizeth León viene tejiendo desde 2015, cuando se atrevió a contar públicamente por primera vez la historia de su hermano Ricardo.

Las muertes de esos cuatro muchachos hacen parte de otro tipo de casos, una especie de híbridos entre los falsos positivos y los falsos positivos judiciales. “Tiene cosas que coinciden con ambos pero es un caso inconcluso. No se presenta como una baja en combate o positivo de la fuerza pública, pero tiene elementos propios de lo que ha pasado con los falsos positivos judiciales, y es la criminalización de estos chicos y todo su entorno sin investigación previa y sin pruebas”, explica Lizeth.

La explosión en la que murieron su hermano Ricardo y sus amigos destruyó un edificio de cuatro pisos. Primero, las autoridades la atribuyeron a una fuga de gas en el apartamento 201, donde se encontraban reunidos. Tres días después declararon que se debía a un intento fallido de fabricar una bomba y que los jóvenes eran milicianos de las FARC. Los vincularon, además, con las explosiones ocurridas el 6 de abril de 2006 en dos alimentadores de Transmilenio en el sur y occidente de la ciudad. En ellas resultaron heridas 16 personas incluyendo ocho niños; un niño y un adulto murieron a causa de las quemaduras.

Hace 11 años varias irregularidades inundaron el caso. Cuando se requisó la casa de Ricardo encontraron carteles del Che Guevara y un panfleto de un grupo llamado ‘Anarkos’ que según la Policía era conocido por reclutar jóvenes en las universidades. Encontraron también ácido sulfúrico, clorato de potasio y azúcar, “prueba fehaciente de su intento por fabricar explosivos y de ser el encargado de enseñar a sus compañeros a prepararlos”. Así se empeñaron la prensa y las autoridades en retratar a Ricardo.

“Al día siguiente del hecho la policía judicial estuvo en la casa de mi tía, con quien vivía mi hermano cerca del lugar de la explosión. Allanaron el apartamento, revolcaron su cuarto y usaban cualquier cosa que podían para incriminarlo. Le hicieron una entrevista a mi tía y el mismo día la publicaron en El Tiempo, pero fragmentada. Además, mi hermano había viajado el año anterior a Venezuela e intentaron relacionar eso como un hecho incriminatorio. Yo tenía su pasaporte y le tomaron la foto a las 10 de la mañana y al medio día RCN abría el noticiero con esa imagen. Uno pensaría que eso tiene cierto nivel de reserva por estar en medio de una investigación”, asevera Lizeth.

Parte de la estrategia mediática pasa por filtrar información de manera selectiva ante los medios de comunicación. Lizeth continúa: “Aparte de eso, hay indicios que dan cuenta de la intención de incriminar a los involucrados en el caso. En una entrevista de mi tía con el fiscal encargado de esa época nos atemorizaron y nos dijeron que no habláramos con la familia de Alejandro, los dueños del apartamento, que ellos eran auxiliadores de las FARC, que prácticamente habían dado a su hijo a la causa. En últimas nos desestimularon para continuar con el proceso”.

Inclusive, uno de los sobrevivientes de la explosión, un ecuatoriano que vivía en el apartamento, fue anunciado como pieza clave de la investigación. Las supuestas declaraciones de que todos eran guerrilleros venían de él según daba a entender en la prensa la Policía. No se descartaba tampoco la posibilidad de que él mismo fuera un sospechoso, dijeron. Sin embargo, cuando se recuperó de las heridas de la explosión fue deportado a Ecuador en silencio.

Pero el de Ricardo, Luis Alejandro, Jennifer y Oscar es un ejemplo. Cuando Lizeth publicó la primera entrega de Retratos Hablados el 16 de abril de 2016, varias personas con historias similares la contactaron.

Historias similares que, con sus particularidades, presentan irregularidades en común. Por ejemplo, la explosión de un apartamento en Kennedy en 2005 y de una casa en Suba en 2012. De igual modo, coinciden las irregularidades con las explosiones dentro de la Universidad del Atlántico en 2000 y 2006 y en la Universidad de Nariño en 2011, así como con las muertes de Óscar Salas en 2008, Gian Farid Lugo en 2011 y Ricardo Molina en 2012.

Estos casos terminaron con estudiantes muertos en circunstancias que aun hoy no se esclarecen. La historia se repite infinitas veces, sumado a los falsos positivos judiciales de otros estudiantes. Sea el que sea, si se revisan estos casos se encontrará que están relacionados con hechos ocurridos en días anteriores: disturbios, manifestaciones, capturas, explosiones, incidentes de alteración del orden público, entre otros.

Tienen que ver además con la coyuntura política del país. El 2005 se aprueba en el Congreso la posibilidad de reelegir a Uribe. En 2006 lo logra mediante el voto, y ese año en particular presentó una serie de explosiones frecuentes en varias ciudades del país, algunas de las que fueron incluso reconocidas como obra del Ejército, según afirmó la Fiscalía en su momento. En 2011 y 2012 los estudiantes inundaban las calles movilizándose contra la reforma a la Ley 30.

El discurso ha cambiado también desde que empezaron los diálogos en La Habana. Antes de esa fecha, la primera vinculación que hacían los medios y las autoridades se relacionaba con las FARC. Ahora es cada vez más frecuente el señalamiento de pertenecer al ELN o a grupos que la Policía asocia como afines con dicha organización.

¿Qué hacer?

Ante este panorama parece inevitable que, como tantas cosas que ocurren en Colombia, la historia esté condenada a repetirse. Es necesario entonces hacerse algunas preguntas. ¿Qué herramientas tienen, en distintos niveles, las personas que pasan por esta situación y sus familias? ¿Cómo puede hacerle frente a esta política sistemática el movimiento social?

– Resistiendo a la trampa

“A pesar de que en Colombia es recurrente el tema de los falsos positivos no se ha construido una pedagogía en ese sentido. En mi caso, desde la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) algunos proponían eso, en la medida en que esto es una cuestión sistemática. Hoy en Colombia nadie está exento de estar vinculado a un proceso de esos. Porque pasó por allí, porque tiene un perfil que lo hace sospechoso ante los ojos del Estado, etc. Es importante que las organizaciones sociales puedan propiciar elementos para afrontar con mayores herramientas estas situaciones”, plantea el profesor Miguel Ángel.

Para él, un primer elemento para esta pedagogía tendría que ver con el reconocimiento de derechos y herramientas jurídicas a las que puede acudirse. “Por ejemplo, hay requisas que requieren orden judicial y que se hacen sin ella en la mayoría de los casos. También hay elementos del Código Penal donde los fiscales desde el primer momento buscan involucrar a las personas así no hayan sido responsables, intimidándolas, generándoles miedo. La persona debe estar preparada para no resultar admitiendo un delito que jamás cometió por el temor de ser involucrada en otras situaciones mucho más complejas”, advierte el docente.

Fue el caso de Fredy Urquijo Cortés, ingeniero mecánico y profesor auxiliar de la Universidad Nacional que en 2009 fue señalado por la Fiscalía de planear un atentado contra el avión presidencial. Fredy, siendo inocente y con varias pruebas amañadas en su contra, se declaró culpable del delito de rebelión por presión de la Fiscalía y tras un asesoramiento dudoso de su abogado(3). Recibió entonces una condena de cinco años, en vez de los 15 que podrían haber sido si se llegase a demostrar su culpabilidad.

Se hace necesaria entonces una estrategia dentro de las organizaciones sociales para informarse sobre estos derechos que, como dice Miguel Ángel, se desconocen, “pero se aprenden a medida que uno vive la situación”. Para enfrentarse a la cárcel “hay que echar mano de las herramientas que uno ha construido desde su formación académica, política y en su experiencia de vida. Es muy importante la solidaridad de los compañeros, de los amigos y de las personas que ven una injusticia en estos actos”, continúa el profesor.

“En mi caso, que soy periodista y que mi vida tiene que ver con leer y escribir, parte de la fortaleza la he encontrado en los libros, como forma de aprovechar el tiempo que quieren que perdamos. El acompañamiento de familiares y amigos es fundamental para mantener la moral. Uno tiene que entender que esta situación sucede por pensar diferente, por creer en la transformación social. Quien tenga estas dos características siempre estará en riesgo, en la mira de algún silenciador estatal”, concluye al respecto Sergio Segura. Ambos, en su paso por la cárcel, optaron también por nutrirse de otras experiencias y relacionarse con prisioneros políticos o de conciencia, y continuar desde allí ese trabajo de transformación.

– Organizaciones y sociedad cruzadas de brazos

Frente a estas situaciones la agitación permanente es clave. La familia de Mateo Gutiérrez, encabezada por su madre Aracely y su padre Omar, ha mantenido junto con los amigos y conocidos de su hijo una estrategia constante de visibilización: plantones en los juzgados de Paloquemao en cada fecha clave del proceso, reuniones semanales para evaluar la situación, declaraciones constantes en los medios defendiendo la imagen de Mateo y denunciando las irregularidades, recolección de firmas y el uso de las herramientas que brindan las redes sociales.

En ese sentido, el profesor Miguel Ángel hace un llamado: “ninguno de estos crímenes se puede dejar pasar, deben ir acompañados de fuertes movilizaciones que deben crecer y aumentar. Eso implica fundamentalmente la unidad de todos los sectores que queremos un cambio y una transformación, no puede ser solo la expresión de que si detuvieron a alguien de tal organización entonces solo ellos salen a protestar”.

Parecería lógico entonces que ante el uso sistemático de los falsos positivos judiciales como estrategia, el movimiento social piense una estrategia igualmente para hacerle frente.

En estos casos las organizaciones sociales recurren a denuncias públicas, acompañamiento de ONG’s de Derechos Humanos y a mover redes de solidaridad internacional. No obstante, esto no es suficiente.

“Las organizaciones a veces son muy coyunturalistas, hay solidaridad mientras el caso es visible, pero quienes hacen un acompañamiento permanente son las familias y amigos cercanos”, menciona al respecto Sergio Segura. Esto resulta problemático porque conlleva a que “estos casos se releguen al olvido, no haya construcción de memoria y se prolongue la impunidad”, manifiesta el periodista.

“Es necesario generar redes de solidaridad internacional mucho más serias, que no tengan que ver solo con los amigos de las organizaciones sociales sino con las situaciones concretas de los países. Lo ideal sería que hubiera gente dedicada a hacer efectiva esa solidaridad de la que se habla. Eso significa capacidad humana e inversión real de tiempo, también conciencia de la cantidad exorbitante de dinero que se necesita para defenderse en un proceso judicial en el que Estado tiene toda la maquinaria para ganar. Los plantones y las denuncias públicas son necesarias pero insuficientes; la gente se cansa y las personas se olvidan”, reflexiona.

Sin embargo, Sergio reconoce que hay dificultades a la hora de pensar este acompañamiento. “Tiene que ver con el descuido de los propios compañeros, pero también con una incapacidad organizativa y logística. Como no se está preparado para que estas cosas ocurran, luego no se sabe qué hacer, ni durante ni después”. Además, si bien existen organizaciones no gubernamentales en todo el mundo dedicadas a atender estos casos, tampoco resulta fácil acceder a ellas o llamar la atención sobre un caso en concreto.

En todo caso, este acompañamiento se hace imprescindible porque esta experiencia implica una ruptura para las personas que atraviesan por esta situación. Sus relaciones afectivas, laborales y académicas, así como su salud física y mental se ven involucradas. Es una política sistemática que también ataca al individuo crítico aislándolo y desmoralizándolo.

Resulta en igual medida doloroso para sus familias y círculos cercanos, como en el caso de Lizeth León y su hermano Ricardo, quienes además de las irregularidades y estigmatizaciones del proceso judicial deben lidiar con el duelo de una muerte cuyas circunstancias no se esclarecen. “En 2006 no se había destapado lo de los falsos positivos. Sabíamos que algo raro estaba pasando, pero no teníamos idea de cómo nombrarlo. Ese simple hecho implica muchas cosas”, resalta Lizeth.

– Otros lenguajes

Tras la muerte de Ricardo lo más sano para Lizeth y su familia fue dejar así, pero ahora está empeñada en reabrir el proceso de su hermano y adelanta en la Fiscalía las gestiones necesarias. De ahí surgió en cierta medida Retratos hablados. Su intención es, precisamente, retratar a su hermano desligándolo del hecho final, del bombardeo y la criminalización que hicieron en ese momento la prensa, la Fiscalía y la Policía de su memoria.

Valiéndose de sus ilustraciones y jugando con ese mismo lenguaje criminalizante, Retratos hablados reconstruye el expediente del caso. Desde los perfiles de Ricardo y sus tres amigos, pasando por el contexto de la explosión que acabó con su vida y las pruebas que utilizó la Fiscalía para culparlos de su propia muerte.

Recursos como el cómic, la literatura y la crónica, entre otros lenguajes y acercamientos al tema, no solo sensibilizan de una manera particular y emotiva a las personas, también pueden brindar nuevas luces al movimiento social para visibilizar estas historias y hacer memoria de ellas.

“Para la gente ha sido muy poderoso acercarse a un relato que no está forzando nada, creo que de alguna manera cumple su cometido de quitarle a uno el prejuicio sobre esa persona y verlo como un igual”, dice Lizeth. La empatía que genera una narración de este tipo contribuye a desarmar esa “política de la sospecha”, fuertemente arraigada en la sociedad colombiana. “Siento que en Colombia hay una cultura de limpieza social y una cultura del “algo habrá hecho” que confunde la legalidad con un deber ser de las cosas”, añade la ilustradora y periodista.

Ahora que Retratos Hablados ha crecido, Lizeth está trabajando en un documental web expandido que cuente la historia de Ricardo y sus tres compañeros, que permita que otras personas sumen sus historias interactuando con la web. La idea es poder sistematizar toda la información posible para hacer un mapeo de estos casos, pues vistos en perspectiva, logran evidenciar la estrategia detrás de la criminalización mediante los montajes judiciales.

Ese es un trabajo que requiere un esfuerzo que constituye además una tarea histórica. Es necesario que más personas se sumen a iniciativas como esta y emprendan las suyas propias para visibilizar esta problemática.

Mientras tanto, casos como la muerte de Ricardo Ruiz continúan sin esclarecerse y permanecen en total impunidad; personas como Miguel Ángel Beltrán intentan retomar su vida tras perder años de ella en la cárcel, otras como Mateo Gutiérrez siguen encerradas a la espera de un proceso que parece interminable; miles como Sergio viven el desarraigo, mientras día a día aumentan los asesinatos de líderes sociales en las regiones.

¿Y qué puede hacer el ciudadano del común? Cabe preguntarse hasta qué punto, además de la persecución del Estado y la complicidad de los medios, el colombiano de a pie contribuye a que este tipo de situaciones se repitan una tras otra. Hasta qué punto la mentalidad de la guerra, una guerra que lleva desangrando Colombia desde hace décadas, ha permeado en él. Si haciendo efectivo el discurso del miedo y el terror, es más fácil señalar al vecino que tenderle la mano. Y es importante preguntárselo, no solo porque la paz y el llamado posconflicto es el tema que se debate el país actualmente, también porque, como quedó demostrado, ese vecino señalado de ser un terrorista puede ser cualquiera. Incluso usted.

Referencias

1.  http://historico.presidencia.gov.co/sp/2009/mayo/23/05232009.html
2.  http://cucharitadepalo.co/retratos-hablados/
3.  http://directobogota.co/el-falso-alias-francisco/

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*Publicado inicialmente en lanzasyletras.org de Colombia.

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Parece una política de Estado incriminar a líderes sociales en delitos como forma de responder a coyunturas políticas. El último acontecimiento tiene que ver con 12 líderes sociales del sur de Bolívar. Esta crónica propone una mirada sobre la realidad del conflicto social y armado en la región, donde se evidencia que estas detenciones poseen un carácter arbitrario que deslegitima la retórica de paz del Gobierno.

Un helicóptero sobrevuela el municipio de Tiquisio. Un campesino de unos 60 años, con sudor y ceniza de carbón en su frente  luego de su jornada de trabajo en una mina, se quita el casco y mira hacia el cielo: “menos mal no es la avioneta que fumiga”, dice a través de un suspiro, recordando los peores momentos del Plan Colombia. Deja claro que solía ser un campesino, de esos que labraban la tierra para subsistir, que sembraban comida para su familia y su comunidad, pero tras no encontrar alternativa se convirtió en minero con la llegada de las multinacionales.

Estoy acompañado de varios parlamentarios españoles que toman nota, una profesora de Tokyo (Japón) interesada en los conflictos sociopolítcos de América Latina, ONG’s cristianas y algunos activistas por los derechos humanos de Estados Unidos, Francia y Canadá.

Con orgullo cuentan cómo se han organizado para defender la vida y la permanencia en el territorio, también hablan con naturalidad de los muertos que ha dejado la estigmatización y persecución hacia el movimiento campesino en la región. Recuerdan a Orlando Camaño, quien fuera vicepresidente de la Junta Directiva de Asomisbol (ahora Federación de Agromineros del Sur de Bolívar -Fedeagromisbol-), asesinado por paramilitares en Aguachica (Cesar) el 20 de junio de 1997.

De igual forma describen la conformación de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, espacio que desde 2005 lleva denunciando el despojo ocasionado por el paramilitarismo que nunca se fue de sus territorios.

Cruzamos hacia el corregimiento de Caimital. Una lideresa de unos 40 años nos cuenta cómo han defendido la serranía de San Lucas, también conocida como “La Teta de San Lucas”, “una rica montaña de la cordillera de los Andes de la que todo el mundo se cree dueño”, dice con enojo. Su voz era vigoroza, sus palabras aguerridas. Decenas de niños rodean la reunión. Uno me dice al oído que mejor deje de grabar, que en la reunión hay dos paramilitares (algunos de ellos muy participativos).

En Arenal, municipio donde todo el mundo conoce a la lideresa Milena Quiroz, hay comunidades organizadas en torno a cooperativas de alimentos, “porque si el Gobierno nos fumiga la comida (haciendo referencia a la aspersión de glifosato para la eliminación de cultimos de coca) , la comunidad tiene que buscar formas para comer y comerciar”. La palabra ‘resistencia’ la repiten en cada conversación, como si hiciera parte de su léxico cultural.

Nos reciben en un salón comunal varios jóvenes de los colegios de las veredas aledañas con pancartas que dicen “bienvenidos a nuestros territorios”, aunque otro dice “los derechos humanos en mi región son invisibles”. Milena siempre sonríe. Es una mujer elocuente que se sabe la historia del Magdalena Medio. Habla de política, pero no de la política de los políticos, sino de la política de los luchadores sociales, la de cuidar a su comunidad, la de proteger su territorio. Capturo para las memorias de nuestra caravana la imagen de su sonrisa, una sonrisa que, incluso estando detenida, no ha dejado de irradiar con simpatía.

La pobreza es extrema, las enfermedades curables también. Pudimos ver recién nacidos con escamas en la piel sin que hubiera alternativa temprana, pues para ir a un hospital tienen que viajar hasta la ciudad de Cartagena, para lo cual necesitan dinero y conseguir diferentes medios de transporte. El calor acecha. No tienen ventilador, y si tuvieran no serviría de nada, pues la electricidad funciona de vez en cuando y en horarios reducidos. En el sur de Bolívar los centros de salud no tienen médicos y el transporte consiste en horas de trocha, canoa y transporte terrestre en carreteras hechas por ellos mismos que cuando llueve quedan imposibles de transitar. Ni hablar de acueducto. El Estado brilla por su ausencia, excepto por el Ejército que está por todo lado haciendo retenes.

También pasamos por el municipio de San Pablo. Mientras nos sirven suculentos platos con arroz, yuca, papa y pescado, nos cuentan los peores momentos de incursión paramilitar, donde territorios enteros fueron incendiados hasta tres veces por paramilitares (posteriormente reconstruidos por la misma comunidad). También sobre las masacres donde “tiraban los cuerpos al río Magdalena, y el agua se ponía roja por la sangre de tantos muertos”. En 1999 paramilitares al mando de Rodrigo Pérez Alzate (antes ‘Julián Bolívar’) masacraron 14 personas. Víctimas de Alzate lo confrontaron en un tribunal de paz en el que este pidió perdón, no obstante, alegaron sentirse burlados al no contar con una reparación integral que trascendiera la firma de documentos. De los aproximadamente 40.000 habitantes que tiene San Pablo, 28.000 están registrados como víctimas del conflicto.

En el municipio de Morales narraron la historia de Alejandro Uribe Chacón, vocero de la comunidad de Mina Gallo asesinado el 19 de septiembre de 2006 por soldados del Batallón Nueva Granada de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, quienes lo presentaron como “guerrillero dado de baja en combate”.

Así llegamos a Micoahumado. Pregunto por el curioso nombre de su municipio: “nosotros nacimos aquí”, me dice una anciana de unos 70 años. “Todo lo hicimos nosotros. Las carreteras que usted ve, incluso las pocas zonas pavimentadas, las hicimos con estas manos; se llama Micoahumado porque nos tocaba comer mico, cazar los animales que encontráramos en la selva”. Están desde 1970, cuando se fundó este corregimiento con la llegada de colonos antioqueños (con seguida presencia del ELN y las FARC).

Pasamos por Las Pavas, una hacienda ubicada en el municipio de El Peñón. Solía haber agua sin contaminantes antes de que las multinacionales llegaran por el oro y por la tierra. Usan mercurio y cianuro para explotar las minas, sustancias que no solo envenenan el agua, sino también los peces con los que se alimentan sus habitantes que sufren las graves consecuencias de salud. La comunidad tiene un largo historial de desplazamientos forzados.

Análisis concreto de la situación concreta: dos iniciativas de paz

-Las Pavas

Las pavas como hacienda existe desde los años 60 con la adjudicación de baldíos por parte del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA). En 1983 pasó a manos de Jesús Emilio Escobar Fernández, familiar del narcotraficante Pablo Escobar. Luego del asedio del Estado para matar al histórico mafioso a principios de los años 90, estos terrenos quedan destruidos, desiertos y sin posibilidades de cultivar la tierra. Aun con escasas herramientas para la producción agrícola y pecuaria, comunidades del corregimiento de Buenos Aires ocuparon el predio y lo acondicionaron para cultivar arroz, yuca, maíz y ahuyama.

La Asociación de Campesinos Cacaoteros de Buenos Aires (ASOCAB) relata cómo en 2003 llegaron cinco chalupas con paramilitares abordo, asesinando, desapareciendo y descuartizando indiscriminadamente. A pesar de las amenazas, decidieron entre 2004 y 2005 regresar. Lograron un crédito para sembrar cacao y continuaron con los cultivos de pancoger, pero en 2006 fueron nuevamente despojados. Aunque en 2011 la Corte Constitucional falló a favor de los campesinos la extinción de dominio que ASOCAB venía tramitando ante el INCODER desde 2006, el mencionado testaferro de Escobar vendió los predios al Consorcio Labrador, empresas asociadas al cultivo de palma aceitera (también llamada palma africana). Dichas empresas son C.I. Tequendama S.A. y Aportes San Isidro S.A., afiliadas a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite de Colombia (Fedepalma). C.I. Tequendama integra el Grupo Agroindustrial Daabon Organic cuyos propietarios son la familia Dávila Abondano, quienes tienen un negocio redondo de producción y exportación de café, banano, azúcar y aceite de palma para Japón, Corea, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, entre otros países.

La comunidad fue engañada para que no protestaran, les prometieron pagar por la mejora que habían hecho del terreno y se habló de reconocer su histórica presencia en el territorio. Mientras tanto llegaban las excavadoras destruyendo las ciénagas donde el campesinado pescaba. En 2009 llegó la brutalidad policial a desalojarlos de manera ilegal. Dos años después la comunidad de Buenos Aires anunció su retorno, por lo cual fue incinerado su salón comunal a manera de retaliación. A su vez, cuatro integrantes de ASOCAB fueron imputados judicialmente por el supuesto delito de calumnia y de invasión de tierras. Mario Mármol fue el denunciante, a quien la comunidad señala de hacer parte de estructuras paramilitares.

El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, intentó conciliar el conflicto invitando al consorcio palmero a ceder una parte del terrero para la comunidad, lo cual ASOCAB rechazó. Tildó al Gobierno de “apoyar a quienes se han beneficiado del paramilitarismo y el desplazamiento en Colombia y en el sur de Bolívar, (…) más que un plan de choque de restitución es una propuesta de favorecimiento a las empresas palmicultoras en detrimento de nuestros derechos fundamentales”. En 2011, finalmente, la comunidad retornó luego de audiencias públicas en Bogotá y otras ciudades. Hubo protestas y pleitos jurídicos sin que las tensiones hayan dimitido.

Por su parte, el Gobierno manifiesta que se han efectuado las medidas de protección con enfoque diferencial autorizadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) donde 123 familias fueron “beneficiadas” con diez mulas. “El uso de estos recios animales les permitirá a los campesinos su desplazamiento por las 3 mil hectáreas de extensa sabana donde disputan su titularidad con los repre​sentantes de la empresa palmicultora Aportes San Isidro”. Del mismo modo, en 2013, les otorgaron el Premio Nacional de Paz “por su persistencia en la defensa de sus derechos”, en el marco de un programa de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV).

-Micoahumado

Micoahumado es un corregimiento de aproximadamente 4.000 habitantes que consta de nueve veredas, ubicado en el municipio de Morales. La guerra los afecta desde comienzos de los años 90, cuando el Ejército (Brigada Móvil número 1) llegó a robarles las gallinas y el ganado. Recuerdan cómo mataron a Álvaro Molina, un campesino al que después de asesinarlo lo amarraron a un burro para atemorizar a la comunidad. Es una historia que suelen contar los niños con ingenuidad.

El ELN, con apoyo del frente 37 de las FARC, combatió alrededor de 300 paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) que llegaron a la región cuando empezó la política de ‘Seguridad Democrática’ durante el gobierno de Álvaro Uribe. Según dicen representantes de la comunidad, quedaron vivos unos 150 debido a la intensidad de los combates.

La comunidad renunció a ser desplazada nuevamente, de hecho, obligó a los ‘paras’ a salir de su territorio. Por otro lado, dialogaron con el ELN para que desminaran la zona y se retiraran. “Esto nos debe poner a pensar a todos los grupos armados”, aseguró en el año 2003 al periódico El Tiempo el comandante ‘Pablo’, del frente José Solano Sepúlveda, frente que amenazó con perjudicar a la comunidad si colaboraban con los paramilitares. Las irrupciones paramilitares a Micoahumado, donde la guerrilla llevaba alrededor de 30 años, se repitieron en varias ocasiones desde 1998.

El ELN acudió al llamado de la comunidad y retiró las minas, normalizando así el tránsito de alimentos que ya escaseaba. Los campesinos nombraron una comisión que, incluso en medio de los combates, procuraba ‘humanizar’ el conflicto en la zona. Realizaron la Asamblea Popular Constituyente en 2002 con 85 delegados de la comunidad, iniciativa autónoma de paz que aún permanece, demostrando que el diálogo es la mejor arma para terminar el conflicto. También generaron alternativas a los cultivos de coca como la siembra de frijol y la creación de una fábrica de café orgánico. Este proceso, compuesto por unas 400 familias, promueve el diálogo con líderes de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, el Congreso de los Pueblos y La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

Con la ayuda del sacerdote Joaquín Mayorga de la diócesis de Magangué, algunas ONG’s y funcionarios del Gobierno, dieron vía a la creación del Proyecto de Paz, Justicia y Vida de Micoahumado, gestando normas de convivencia e incluso de castigo hacia los actores armados que las incumplan.

La comunidad sigue con el conflicto por la titulación de las tierras, tierras que con premura son concesionadas a multinacionales que exploran indiscriminadamente el territorio y explotan sin contemplación a sus habitantes. “Al menos antes gracias a Dios venían ‘los muchachos’ (guerrilla) a poner orden”, dice un campesino, dejando de precedente la legitimidad de la insurgencia que, por más contradicciones y desaciertos, llenaron un vacío de autoridad en la región y de control y regulación frente a la minería artesanal, lo que el Estado llama minería ilegal. Mientras la solución al conflicto armado en el país avanza, estas comunidades temen el desarraigo con una eventual ‘normalización’ de la actividad minera multinacional.

Falsos positivos judiciales

El pasado 22 de marzo fueron detenidos Milena Quiroz, Isidro Alarcón, José David Jaimes Lemus, Nubia Gómez Jaimes, Félix Muñoz Mañara, Jhon Visaje, Kelly Zabaleta, Luz Gabriela, Euclides Flórez, Manuel Francisco Zabaleta Centeno, Floro Edilberto Díaz Gamboa y Jean Carlos Mora Martínez.

Estas detenciones no pueden entenderse sin el anterior contexto, pues el Gobierno desde distintos organismos ha manifestado que en el sur de Bolívar no hubo desplazamiento forzado, a la vez que se habla de “falsas víctimas” cuando estos denuncian a sus victimarios. Desde una de las audiencias judiciales, Isidro Alarcón, quién ya había sido detenido en circunstancias similares en 2005 acusado del delito de rebelión, sostuvo que el Gobierno los detiene para “humillar y callar las voces de la gente que nos gusta pensar y opinar por una vida diferente, por una Colombia mejor. El Gobierno no entiende que nuestra región está en disputa territorial entre las multinacionales, los actores armados ilegales y la población; y nosotros somos parte de esa población que ha cuidado el territorio por 50 años ya que nos ha dado vida y salud a nuestras familias. En este contexto es que hacen las detenciones extrajudiciales colectivas a mineros, campesinos, líderes de juntas comunales, porque alguien dijo que eran guerrilleros o que los financia la guerrilla”.

La Fiscalía (como sucedió en el caso de ‘Los 13’, del estudiante de sociología Mateo Gutiérrez, del profesor Miguel Ángel Beltrán, del dirigente político Francisco Tolosa, entre otros falsos positivos judiciales de los últimos años) expuso argumentos polémicos para imputarle cargos a Milena Quiroz. “¿Pero cuál es la finalidad propia de esas marchas que ella organiza en esa ejecución de su actividad diaria?, la finalidad real son los quereres de esta organización guerrillera del ELN, la señora Milena desempeña o se desempeña como una líder política, aquí no estamos hablando de si la señora Milena suministra armas, ni si la señora Milena extorsiona, sino que la señora Milena organiza marchas y, ¿por qué organiza marchas?, por la función que ella desempeña”

Milena es una reconocida vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, integrante del Congreso de los Pueblos y representante legal del consejo comunitario afrodescendiente Casimira Olave Arincón Amela.

¿Cómo encierran a constructores de iniciativas comunitarias de paz? Esa es la otra paz, la que no sale en los grandes medios de comunicación, la paz que construyen  los líderes sociales que viven el conflicto en los territorios independientemente de las coyunturas políticas nacionales, la paz que día a día sigue siendo silenciada. Entre enero de 2016 y febrero de 2017 fueron asesinados 120 líderes y defensores de derechos humanos en Colombia.

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El sábado 12 de septiembre, luego de un fallo proferido por un juez de segunda instancia, en Bogotá, Colombia, fueron puestos en libertad los 11 líderes y lideresas del Congreso de los Pueblos. Habían sido detenidos injustamente durante más de dos meses, acusados de rebelión, terrorismo y agresión a servidor público.

La libertad de las y los detenidos demuestra la debilidad jurídica del caso, y deja sin piso la evidente persecución política y mediática a la movilización social y popular en Colombia. Aunque el proceso sigue, los líderes y las lideresas ya están en libertad y, junto al Congreso de los Pueblos, celebran y preparan nuevas medidas para garantizar su bienestar y seguridad, además de proyectar próximas jornadas de movilización.

El viernes 11 de septiembre, 42 años después de la caída del gobierno de Salvador Allende en Chile, con un pueblo que se erguía dignamente contra la ignominia, centenares de personas -tanto en Colombia y como en diversas partes de América Latina y el mundo- esperábamos con ansiedad lo que aquel segundo fallo pudiera arrojar.

A medida que la tarde fue transcurriendo, el juez del Circuito 44 de Bogotá expuso sus argumentos, y la esperanza y la alegría de que nuestras compañeras y compañeros regresaran a la libertad fue creciendo. Abrazos, besos, lágrimas, llantos y cánticos corrieron desde México, hasta las Argentina, donde nos encontrábamos integrantes del Congreso de los Pueblos, y de organizaciones hermanas que se solidarizaron con nuestros compas y con nuestro movimiento social y político.

La orden de libertad inmediata de las personas detenidas se basó en la ilegalidad de la captura. Adicionalmente, el Juez agregó que no había razones para mantenerlos con medidas de aseguramiento, y que la decisión de encarcelarlos violó el derecho a la defensa y al debido proceso.

No obstante, la Institución Nacional Penitenciaria de Colombia, INPEC, tardó más de 24 horas para permitir la salida de Paola, Lizeth y Lorena de la cárcel Buen Pastor, y de Daniel Hernández, Gerson, Sergio, Daniel Jiménez, Heiler, Andrés, Víctor, John y los demás detenido, de la cárcel Modelo.

Finalmente, el sábado pasado en horas de la noche, luego de muchos trámites y esperas, se hizo efectiva la orden de libertad, y nuestros compañeros gozan ya de la compañía de familias, amigos/as, compas, y sienten en carne propia la inmensa solidaridad que generó su injusta detención.

Aunque el proceso judicial sigue y esperamos la absolución de las y los congresistas populares, prontamente, su liberación es una victoria de la lucha social y popular, internacionalista y solidaria, que hizo un gran eco de las voces de los 11 valerosos compas. Es una derrota y un paso atrás para el gobierno de Juan Manuel Santos, quien los acusó de ser miembros del ELN, y de la Fiscalía y los medios masivos de comunicación, que se han aliado para perseguirlos y estigmatizarlos.

Preparamos nuevas jornadas de movilización para el año que viene, al tiempo que venimos caminando los territorios y los mandatos de paz y vida digna, en perspectiva de instalar una gran mesa social de diálogo, mecanismo de participación del movimiento social y popular en la construcción de la paz, y objetivo de las movilizaciones en estos meses que vienen. Sabemos que a pesar de la persecución, nos mantenemos en pie de lucha.

*Vocero Nacional del Congreso de los Pueblos de Colombia

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La capacidad de reorganización popular, articulación y crecimiento de luchas sociales en Colombia durante los últimos años no tiene un precedente cercano en la historia del largo conflicto social y armado que se ha escrito a sangre y fuego el último medio siglo sobre los diversos territorios del país cafetero. Es notable que este fenómeno de ascenso de luchas se de en medio de la profundización de la represión, injusticia social e intensificación de la violencia política que desentona con los actuales diálogos de paz con las insurgencias, evidenciando la bipolaridad del gobierno de Juan Manuel Santos.

Tras la apertura neoliberal de 1991 y la consiguiente militarización de los territorios bajo la doctrina militar de la “seguridad democrática”, instaurada para “pacificar” violentamente las regiones y dejarlas servidas al capital transnacional, las organizaciones sociales, lejos de abandonar la lucha o bajar los brazos, vienen construyendo movimientos y plataformas nacionales de carácter plural, interétnico e intersectorial que se suman a la larga tradición de lucha del pueblo colombiano.

De esta manera, expresiones como el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica se han venido posicionando en el escenario nacional e internacional como fuerzas sociales y políticas con posibilidades de modificar con el conjunto del movimiento social en el mediano plazo, la desigual balanza de poder que actualmente profundiza el modelo de despojo en medio de cortinas de humo de falsa democracia, sostenidas por el poder militar y mediático de las élites que, con el apoyo del imperio norteamericano, hasta el momento han manejado el país a su antojo en función de intereses particulares de acumulación desmedida.

En este proceso de alianzas y reorganización popular, las y los jóvenes colombianos, a través de sus redes juveniles y estudiantiles, han asumido con protagonismo y responsabilidad la construcción colectiva junto a diversas organizaciones populares, con la finalidad de recuperar el horizonte de sentido de un proyecto de país para la vida digna del pueblo colombiano. En ese empeño, debido a su dinamismo y compromiso con los caminos de la transformación social, han sido constantemente perseguidos, criminalizados y señalados como “enemigo interno” por parte del Estado.

Es en este contexto se enmarcan las detenciones masivas, montajes judiciales y juicios políticos que recientemente han golpeado una vez más a las organizaciones sociales y populares para desestabilizar y frenar el tejido social, político y comunitario al que se han venido articulando como respuesta al modelo de saqueo y vaciamiento de derechos que impera en el país.

La situación de las once personas detenidas

Un mes ha transcurrido desde la detención masiva y privación de libertad de once integrantes del movimiento social Congreso de los Pueblos en Colombia. Su detención, el pasado 8 de julio en Bogotá, fue presentada inmediatamente por el presidente Juan Manuel Santos, la policía, la fiscalía y los medios masivos como captura de miembros de la guerrilla del ELN y responsables de la detonación de petardos en la capital.

Sin embargo, durante el primer mes de audiencias de imputación de cargos en privación de libertad, ninguna prueba presentada vincula a estos jóvenes con los hechos por los que se les condenó políticamente, violando los derechos al debido proceso y presunción de inocencia, lo cual evidencia el carácter de persecución política que subyace a estos recurrentes prácticas de montajes jurídicos por parte del Estado, conocidas en Colombia como “falsos positivos judiciales”.

El irregular proceso que se lleva adelante ha derivado en que el pasado 29 de julio, la jueza dicte medida de aseguramiento con detención carcelaria para todos los y las detenidas, por considerarlos “peligro para la sociedad”. La jueza no tuvo en cuenta la situación individual de cada uno y tampoco explicó las razones para considerar la situación de peligro para la sociedad.

Ha sido tan irregular y desproporcionada la medida que la misma Procuraduría, que durante la imputación de cargos solicitó también junto a la fiscalía medida de aseguramiento para todos, cambió su posición ante la decisión de la juez y planteó su desacuerdo con la manera en que la jueza tomó la medida. A su vez, los abogados defensores presentaron un recurso de apelación y ahora el juez de la segunda instancia tiene 30 días para pronunciarse.

Mientras tanto, las y los jóvenes que se desempeñaban en sus organizaciones como defensoras de derechos de las mujeres, miembros del movimiento estudiantil, líderes agrarios y periodistas alternativos, han sido trasladados a la cárcel Modelo y Buen Pastor, donde se suman a los cerca de 9.500 presos políticos que existen en el país.

Durante todo este tiempo, familiares, amigos, compañeros de estudio y defensores de derechos humanos han acompañado a los y las detenidas con plantones y manifestaciones culturales frente a los juzgados y han lanzado una campaña por redes sociales en contra de los montajes judiciales y la criminalización de la protesta social. El fuerte tejido social de los movimientos colombianos e internacionales ha apoyado y rodeado a los y las jóvenes y al trabajo de sus organizaciones.

La visibilización y el respaldo internacionalista ha despertado solidaridades desde diversos países, elevando un contundente mensaje de repudio y rechazo a este tipo de arremetidas que buscan intencionalmente incriminar, perseguir y deslegitimar el trabajo y proyecto político del movimiento social.

*Integrante del Congreso de los Pueblos – Capitulo Argentina

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