Por Reverso

Luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo último, comenzaron a circular en Twitter varias publicaciones con el hashtag #FraudeK. Allí, distintos usuarios denuncian fraude a partir de las imágenes de telegramas que aparecen en la página oficial del Recuento Provisional de Resultados. Algunos denuncian tachaduras en los telegramas (ver acá) y otros aseguran que en su mesa hubo un mal conteo de votos (ver acá y acá). 

El hashtag fue trending topic ayer por más de 15 horas en la Argentina -según datos de la aplicación web Trendinalia-. A su vez, imágenes y videos de los telegramas, capturas de tuits y cadenas se difundieron de forma masiva por WhatsApp. Aunque esta aplicación de mensajería instantánea no permite saber cuántas veces circuló un contenido entre los usuarios, Reverso pudo comprobar, mediante un relevamiento manual de los mensajes enviados a su número telefónico (+54 9 11 3182-3655), que se trata de uno de los contenidos con mayor viralidad difundido desde los comienzos del proceso electoral.

Imagen con ejemplos de los telegramas compartidos en redes sociales con cero votos, tachados o borrados. 

Pero, ¿estos telegramas prueban que hubo fraude?

La respuesta es “no”. 

La Cámara Nacional Electoral (CNE), el máximo tribunal del país en materia electoral encargado de realizar el escrutinio definitivo, destacó a Reverso que este conteo es el único con validez legal, que el escrutinio provisorio tiene solamente fines informativos y que no hay posibilidad alguna de fraude, porque en las actas de escrutinio, firmada por las autoridades de mesa y por los fiscales partidarios, está la información correcta.

Por lo tanto, los datos que aparecen en los telegramas (que aparecen en las publicaciones virales) son los que se dan a conocer en el escrutinio provisorio, no tienen validez legal y sólo informan el resultado. “Los telegramas son considerados como un medio de comunicación de datos. No son documentos legales”, señaló a este medio Hernán Mogni, secretario de la Fiscalía Nacional Electoral, a cargo de Jorge Di Lello. 

Al mismo tiempo, los números que aparecen en los telegramas no siempre coinciden con los números de las actas de escrutinio. Y, como se dijo anteriormente, son sólo los números de las actas los que tienen validez legal y los que determinan los resultados finales de la votación. 

El ex director de la Dirección Nacional Electoral (DINA) del Ministerio del Interior de la Nación Alejandro Tullio confirmó esto a Reverso: “No se puede hablar de fraude por esta razón: el telegrama es un elemento que carece de validez. Lo que vale es el resultado asentado en el acta. El 100% de las actas se cuentan nuevamente en cada juzgado electoral desde ayer por la tarde [por el martes 13 de agosto de 2019] en todo el país”.

El propio Gobierno nacional también descartó toda posibilidad de fraude electoral. “El escrutinio provisorio se hace con lo que viene del telegrama. La obligación de los digitadores es cargar lo que viene en el telegrama. Los telegramas están publicados, todos los partidos pueden estar controlando el telegrama. Y si encuentran algún telegrama con inconsistencias y dicen ‘nosotros acá tuvimos votos y aparecen con cero’, ahí está el escrutinio definitivo para hacer el reclamo”, explicó el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, en una entrevista en radio La Red.

Consultado sobre si descartaba la posibilidad de fraude, el funcionario nacional fue tajante: “Sí, absolutamente, fue una elección transparente, con garantías, con mucha agilidad y queda el escrutinio definitivo para las instancias de revisión”.

Reverso pudo acceder al acta de escrutinio de algunos de los telegramas virales que denunciaban cero votos para Juntos por el Cambio. Dirigentes de dicha alianza en Tres de Febrero, partido gobernado por Diego Valenzuela (Cambiemos), aportaron a este medio una foto del acta de escrutinio de la misma mesa (00500/1). Allí, se puede ver que Juntos por el Cambio figura con 68, 71, 74, 77 y 76 votos para presidente, diputado, gobernador, legislador e intendente, concejal y consejero escolar. Esto podrá ser reclamado por el precandidato en la instancia del escrutinio electoral.

También el intendente de La Plata, Julio Garro, envió a Reverso el telegrama de la mesa 698/9 de la sección electoral 63 en el que sobre un total de 285 votantes la lista de Juntos por el Cambio registra cero votos para todas las categorías (presidente, diputados nacionales, gobernador, legislador provincial e intendentes, concejal y consejero escolar).

El certificado de escrutinio (documento que llenan los fiscales partidarios) de esa misma mesa, la 698, tiene números diferentes de los asentados en el telegrama: ya no cero votos en todas las categorías sino 102, 100, 101, 100 y 94 votos para Juntos por el Cambio en cada una de las categorías.

Fernando Ponce, dirigente de Juntos por el Cambio en La Plata, dijo que “el problema no es generalizado” y que detectaron irregularidades en “aproximadamente 15 mesas sobre un total de 1.597”. Garro precisó: “Vamos a discutirlo en el escrutinio definitivo”, que arrancó hoy a las 8 de la mañana.

En lo que refiere a las tachaduras en los telegramas, Mogni aseveró: “Es común que haya tachaduras en los telegramas, son parte del error humano. Las tachaduras, incluso en las actas, se consideran como válidas”.

El error se puede observar tanto en votos de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos

Si bien los telegramas que se hicieron virales denuncian solamente errores en la carga de votos de Juntos por el Cambio, Reverso pudo corroborar a partir de la base de datos de la página oficial del Recuento Provisional de Resultados que -en lo que refiere a la categoría de presidente y vicepresidente- el Frente de Todos también presenta errores en sus casilleros de los telegramas cargados.

Para verificar esto, el equipo de Innovación de Chequeado descargó la base de datos de todos los votos emitidos en el país para los candidatos de la fórmula presidencial y filtró las mesas en las que Alberto Fernández y Mauricio Macri obtuvieron cero votos. 

El resultado fue que 2.904 mesas tuvieron cero votos para Juntos por el Cambio y 2.768 mesas obtuvieron cero votos para el Frente de Todos. Pero en la mayoría, 2.497 mesas, ambos partidos políticos registraron cero votos, por lo que sólo en 407 Juntos por el Cambio podría haberse visto perjudicado y el Frente de Todos en 271. Esto representaría el 0,4% y 0,3% del total de unas 100 mil mesas de todo el país, respectivamente.

Inconsistencias que se ven en todas las elecciones desde 1983

Tullio indicó a Reverso que los telegramas con inconsistencias son un problema de cada elección nacional. 

“Siempre hay diferencias entre los telegramas y las actas, por lo menos desde 1983. En el escrutinio definitivo se cotejan las actas con los certificados de escrutinio. Si aún así hubiera diferencias, se abren las urnas, lo que generalmente no ocurre”, dijeron fuentes de la Cámara Nacional Electoral a Reverso. A su vez, indicaron que “la diferencia entre escrutinio provisorio y definitivo es inferior al 1%”.

Tullio, por su parte, indicó: “En 2015, Daniel Scioli, postulante presidencial del Frente para la Victoria, aparecía con cero votos en 3.697 telegramas, y Macri, candidato de Cambiemos, figuraba con cero votos en otros 4.679. Eso genera lo que se denomina un ‘error distribuido’ que más o menos hace que en el escrutinio definitivo aparezcan los números incrementados, pero no varían significativamente las proporciones en el definitivo”.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

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Autores: Delfina Corti y Victoria Leiva 

Edición 1: Matías Di Santi

Edición 2: Laura Zommer

Edición 3: Cecilia Becaría

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Por Agustín Bontempo – @agusbontempo | Imagen de Jonathan Burton.

El siglo XXI nació con el auge de nuevas tecnologías que empezaron a condicionar cada vez con mayor ahinco las relaciones personales. Por supuesto que hay desarrollos que vienen de mucho tiempo atrás*. Pero pensar el uso de Internet en los hogares, la telefonía celular, los medios digitales, las redes sociales, fueron tomando mayor importancia en el siglo actual.

Nos proponemos cuestionar la normativa vigente, revisar algunas transformaciones que hubo en estos casi 20 años desde su sanción y tener un primer abordaje sobre el texto enviado por el Ejecutivo Nacional al Congreso.

Una ley de protección a destiempo

La Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales se sancionó y promulgó en octubre de 2000. La norma se sancionó en un momento determinado del desarrollo de internet y de las prácticas relacionadas con el uso y cuidado de datos personales: poco uso de internet por el conjunto de la población y mucho menos manipulación de datos en la nube, técnicas rudimentarias y en formato papel para la circulación de información sensible, poco conocimiento sobre las nuevas tecnologías, incluso en algunos ámbitos de investigación de la misma.

En materia de noticias, la prensa gráfica, la radio y la televisión contaban con altos niveles de credibilidad y prácticamente no tenían competencia con otros formatos de circulación.

La vieja Ley establece entre sus principios generales que “Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes y a la moral pública”. Al día de hoy, cada dato que depositamos en la web es, de alguna manera un tanto extraña para buena parte de la población, un elemento fundamental para recibir ofertas y propuestas de todo tipo, ser alcanzado por encuestas e incluso que las campañas publicitarias puedan tener algún tipo de orientación particular. Estos ejemplos permanecen en la sintonía de otros rasgos característicos de la ley como el impedimento de recolectar datos de maneras desleales y con fines distintos a aquellos para los cuales cada persona decidió brindarlos. Finalmente, se supone –según la norma- que una vez utilizados, los datos deben ser destruidos. Basta con poner los nombres de cualquier persona en el motor de búsqueda de internet para encontrarse con información prácticamente imposible de hacer desaparecer de allí.

La ley establece ciertas particularidades en relación al consentimiento para el tratamiento de los datos personales, siendo cada ciudadano o ciudadana que habite el territorio nacional quien deba dar la correspondiente conformidad. Sin embargo, hoy en día asistimos a un sinnúmero de ocasiones donde nuestros datos están a disposición de diferentes instituciones públicas o privadas, requiriendo algún tipo de trámite para, ya no suprimir los datos, sino al menos dejar de ser convocado con algún fin a partir de los mismos. En este sentido, el Estado o cada institución que cuente con los datos supuestamente brindados por las propias personas, es responsable de la seguridad y confidencialidad de los mismos.

De acuerdo con la normativa, está prohibida la transferencia de datos personales de cualquier tipo con países u organismos nacionales, sin embargo no existe control aceptable de esta condición, ya que la información viaja por diversos circuitos sin autorización alguna. Cualquier lector o lectora de este artículo puede que haya recibido contacto a su teléfono personal o casilla de correo electrónico de empresas internacionales (y ya a esta altura no debería sorprendernos cómo eso sucede con bancos, compañías de telefonía celular o cualquier otra institución nacional).

A este escueto nivel de análisis tratemos de imaginar qué puede estar sucediendo con cada campo que completamos cuando hacemos alguna compra por internet, sacando algún turno médico, firmando algún petitorio o cualquier otro ejemplo y, por supuesto, qué tipo de seguridad hay al respecto más allá de que cada sitio web garantice los mejores estándares. En este orden, sin ir mucho más lejos, los robos virtuales o el uso de identidades para encuestas solo para mencionar algunos ejemplos, son hechos cada vez más habituales.

El artículo 27 de la Ley aborda los datos con fines de publicidad. En los tres puntos que allí se detallan, no hay ni un solo elemento que permita generar algún tipo de cuidado por parte de las personas que, por ejemplo en el uso de redes sociales, cada búsqueda que puedan hacer en cualquier sitio web automáticamente genera publicidades orientadas a posibles consumos que en ningún momento fueron brindados por las y los usuarios. Asimismo, el texto dice que “El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo”, siendo esta una matriz casi imposible para el usuario promedio de internet: ¿a dónde podemos pedir que Facebook, Instagram o Google, retiren la información que vamos vertiendo en la web? Este problema yace también porque el concepto general de datos personales en aquel entonces era muy limitado.

La Ley 25.326 tiene algunos posicionamientos generales como la gran autonomía que le asigna a los bancos de datos privados, el bajo nivel de regulación (técnicamente encargada en un organismo de control) y especialmente la obsoleta aplicación de la norma en el marco de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

¿Qué paso con cada gobierno?

Más allá de que el gobierno que encabeza Mauricio Macri envió un nuevo proyecto a fines de 2018, lo que en esta casi dos décadas pasó es que cada gestión fue realizando modificaciones de acuerdo a sus necesidades. Es así que entre Leyes complementarias, Decretos, Resoluciones e incluso Disposiciones, más de 90 normas han generado algún tipo de modificación a la Ley vigente, especialmente con fines de mayor centralización y poder por parte de cada gobierno.

Según señalan Martín Becerra y Leticia Garziglia en una nota reciente, “Con cada modificación de la ley vigente, la autoridad de aplicación fue cada vez más subsumida al/ la presidente/ a, hasta quedar directamente controlada por el Jefe de Gabinete de Ministros desde 2017”, es decir, actualmente por Marcos Peña. Asimismo agregan, que “El proyecto de ley con el que el gobierno aspira a modificar la Ley continúa subordinando la autoridad de aplicación al Poder Ejecutivo, algo que en las regulaciones de datos personales de la Unión Europea y Estados Unidos claramente se evita, en aras de la transparencia y la auditoría de la acción estatal”.

En el sentido que hablan Becerra y Garziglia, el Decreto N.o 1558/ 2001 crea la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Durante la gestión macrista, la Ley N.o 27.275 crea la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo. Esta Ley avanza en algunos otros puntos, como la caracterización de quiénes deben brindar información pública y, nuevamente, deja varias libertades de acción a instituciones privadas.

Entre ambas normas, sucedieron muchísimas otras que no avanzaron de fondo ni mucho menos buscaron adecuar la reglamentación a las necesidades y dificultades de la actualidad. Normas orientadas a regular la actividad financiera o la recordada ley “No llame” que buscaba proteger a usuarios y usuarias de los servicios de telefonía.

Un nuevo proyecto, más problemas

Con la firma del presidente, Mauricio Macri, y el jefe de gabinete, Marcos Peña, el gobierno envió un nuevo proyecto de ley de protección de datos personales. Entre algunas de las cuestiones sustanciales, se sigue sosteniendo la centralidad de la regulación en la Agencia de Acceso a la Información Pública, dando un privilegio destacado al Jefe de Gabinete de Ministros en un área tan sensible y en un momento histórico donde esta información adquiere valores económicos y políticos de suma relevancia.

Asimismo, especifica y/o actualiza algunos conceptos. Allí refiere a datos sensibles que puedan generar algún tipo de discriminación y su necesario cuidado pero, por ejemplo, aunque alguien no publique su elección religiosa u orientación sexual, los mismos motores de búsqueda generan lazos de información que pone al descubierto algo que, concretamente, cualquier sujeto evitó informar.

En relación al consentimiento (uno de los factores importantes de la norma vigente), entra en un gris preocupante. Tal como lo indican Becerra y Garziglia, “El proyecto del Ejecutivo es permisivo respecto a la manipulación de esos datos ciudadanos, establece la controvertida y ambigua figura de ‘consentimiento tácito’ y exceptúa la necesidad de consentimiento previo para el tratamiento de datos de listados cuyas variables sean el DNI, CUIL/CUIT, ocupación, fecha de nacimiento, domicilio y email”. En relación al consentimiento tácito, la norma refiere a cuando “Surja de manera manifiesta del contexto del tratamiento de datos y la conducta del titular de los datos sea suficiente para demostrar la existencia de su autorización”. En concreto, este consentimiento o autorización es absolutamente subjetiva y arbitraria por parte de quien haga uso de la información.

Otra faceta importante refiere a la seguridad del tratamiento. Allí aplica ciertas responsabilidades pero sin especificaciones que en su ausencia son peligrosas, como contemplar “el desarrollo tecnológico” que, en sí mismo, no dice nada. No conocer la estructura informática de la web, la importancia del código de cada desarrollo, las particularidades de las normativas donde cada página tiene alojado su site, entre otros puntos, arroja más incertidumbres sobre la cuestión.

En ese orden, el texto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional mantiene dificultades para el/ la titular de los datos y presenta posibilidades y atajos para quienes usufructúen esa información.

¿Hacia dónde vamos?

Estamos pasando por un momento histórico de suma complejidad para analizar todo lo que refiere al uso y circulación de información. Si bien hay países que vienen avanzando en herramientas que protejan los datos personales de su población, el control y la supervisión en un mundo de constante desarrollo tecnológico, impone desafíos y problemas difíciles de resolver.

Más allá de eso, los gobiernos de cada país y en particular en Argentina que es donde podemos incidir, deben hacer todos los esfuerzos por avanzar en el mismo sentido. Cuando se sancionó la Ley de Protección de Datos Personales en el 2000, no existió una mirada hacia el futuro pero, además, no se priorizó el cuidado de las y los habitantes. Eso es una elección. Lo que por aquel entonces era pensar en el movimiento de información personal, omitía la posibilidad que los datos personales sean mucho más que aquellos necesarios para un trámite bancario o que los mismos adquieran valores económicos sustanciales en un mundo donde el marketing, la publicidad y el consumo, escalan a velocidades fenomenales.

Algo similar ocurrió oportunamente con la mal llamada “Ley de Medios” que este medio y en particular este cronista trató de abordar. Una ley que era de avanzada en muchos aspectos de cara a controlar el desarrollo de monopolios, que sugería mayor participación y libertad de expresión, impulsaba un organismo de control y regulación más democrático pero que, al igual que el caso que analizamos, se quedaba a mitad de camino en la regulación de medios digitales y/ o su aplicación general estaba más supeditada a un lucha político- partidaria que a su plena implementación.

En este marco, no deberían ser llamativos los riesgos que se corren cada vez que ponemos un dato personal en la web (desde los más comunes y básicos hasta los gustos y orientaciones políticas), siendo esto el puntapié inicial para estar atravesados y atravesadas en un mundo donde cada compra online puede terminar en una compra ilícita, donde consumir noticias reales (más allá de opiniones y posiciones) y fake news tienen un hilo cada vez más fino, donde la publicidad nos sigue a cada rincón donde utilicemos alguna tecnología.

El análisis actual es escueto pero apunta a abrir debates al conjunto de la sociedad. Aún no sabemos en que quedará la nueva ley de protección de datos personales, pero sí sabemos que de la participación del conjunto de la ciudadanía depende que haya una norma a medida de las necesidades actuales.

*Al respecto, se sugiere revisar la conceptualización de Manuel Castells sobre Sociedad de la Información y Sociedad Informacional, así como las criticas planteadas por Claudio Katz, incluyendo en el análisis los conflictos en las relaciones sociales que esta nueva etapa conlleva.

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Un reportaje investigativo publicado en el diario brasileño Folha de São Paulo este jueves (18) por la tarde, denunció que empresas pagaron para difundir masivamente mensajes contra el Partido de los Trabajadores (PT) por WhatsApp. Según la nota, las empresas organizan una gran acción online para la semana que antecede la segunda vuelta de las elecciones, que tendrá lugar el 28 de octubre.

Seguidoras de Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, las compañías utilizan bases de datos de usuarios vendidas por agencias digitales o recogidas por el equipo del candidato ultraderechista. La ley brasileña autoriza solamente el uso de la lista de seguidores del propio candidato, a través de contactos enviados de modo voluntario.

Para difundir centenas de millones de mensajes, cada uno de los contratos firmados alcanzan cerca de US$ 3,2 millones (R$ 12 millones). Entre las empresas que compraron los servicios está la tienda de departamentos Havan, que pertenece a Luciano Hang, un empresario brasileño acusado de obligar a sus funcionarios a votar por Bolsonaro. Estas acciones pueden ser consideradas ilegales si se comprueba el vínculo directo entre las instituciones privadas y el candidato ultraderechista, pues se configuraría como donaciones de empresas a campañas políticas.

Como explica João Meira, especialista en derecho político, los artículos 222 y 237 de la legislación electoral brasileña hablan sobre anulación de elecciones por métodos de campaña ilícitos y abuso de poder económico.

“Con la fuerza que tiene esa publicidad por Whatsapp y la fábrica de mentiras que se articuló, con publicidad que casi no se puede fiscalizar, si se comprueba un abuso de poder económico en 12 millones de reales de contrataciones ilegales, resultaría en un fraude que destroza el proceso electoral. Si se comprueba que Bolsonaro y su campaña están vinculados a las acciones de esos grupos de personas que realizaron actos ilícitos, aunque él sea electo, podrá perder el cargo y ser considerado inelegible por 8 años”.

Entre las agencias digitales identificadas por el reportaje del diario como responsables por la difusión masiva de mensajes falsos están Quickmobile, Yacows, Croc Services y SMS Market. Sin embargo, en la rendición de cuentas de Bolsonaro aparece solo la empresa AM4 Brasil Inteligencia Digital, que recibió cerca de US$ 31 mil por servicios digitales.

Los valores de los servicios varían entre R$ 0,08 a R$ 0,12 (US$0,02-0,03) por cada mensaje enviado para los contactos del candidato y entre R$ 0,30 a R$ 0,40 (US$ 0,08-0,11) por cada mensaje enviado a la base de datos de la agencia. Las agencias digitales ofrecen incluso segmentación por región geográfica y por clasificación de ingresos.

El candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, principal blanco de las noticias falsas en estas elecciones, afirmó que acudirá a la Justicia para enjuiciar a las empresas involucradas. Para él, el episodio muestra una vez más que Bolsonaro irrespeta la democracia.

“Nosotros vamos a solicitar que la Justicia Electoral y la Policía Federal tomen todas las providencias oportunas para que esos empresarios corruptos sean inmediatamente detenidos para impedir la difusión de esos mensajes por WhatsApp. Ya sabemos los nombres de los empresarios, de las empresas, los contratos, los valores pagados a través de caja B. Él [Bolsonaro], que huye de los debates, no va a poder huir de la Justicia”, afirmó Haddad en un video.

En una nota, el Partido de los Trabajadores afirma haber presentado una solicitud en la Policía Federal para que se investiguen “las prácticas criminales de Bolsonaro”.

“Se trata de una acción coordinada para incidir en la contienda electoral, que la Justicia no puede ignorar o quedar impune. Estamos tomando todas las providencias oportunas para que sea responsabilizado por sus crímenes, entre ellos, el uso de caja B, pues los gastos millonarios en la industria de mentiras no fueron declarados por su campaña”, afirma el texto.

“Los métodos criminales del diputado Jair Bolsonaro son intolerables en una democracia. Las instituciones brasileñas tienen el deber de actuar en defensa de la integridad en el proceso electoral. Las redes sociales no pueden asistir a una difusión de mentiras y ofensas, convirtiéndose en cómplices de la manipulación de miles de usuarios”, denuncia la nota del PT.

Brasil de Fato intentó contactar a la empresa Havan, pero esta no contestó hasta el cierre de este reportaje.

Edición: Nina Fideles | Traducción: Luiza Mançano

*Publicado originalmente en Brasil de Fato

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