Por Mariángeles Guerrero y Camila Parodi*

Desde Belém, Brasil

Foto portada: Lourdes Albornoz / Colectivo Mujeres diaguitas, ancestras del futuro

En este 25 de noviembre, Día de la No Violencia Contra las Mujeres y Disidencias Sexuales, el mundo vuelve a denunciar las violencias patriarcales. Mientras en la COP30 empresas y gobiernos discutieron medidas para enfrentar la crisis climática, las mujeres que defienden sus territorios viven cada día una doble violencia —de género y extractiva— que busca silenciar sus voces, fracturar sus comunidades y disciplinar sus decisiones políticas. María Ivete Bastos, campesina de Santarém (Pará) fue amenazada y sufrió una serie de atentados contra su vida por oponerse al monocultivo de soja. Sin embargo, convoca a no rendirse: “Luchamos por la vida. Y es la vida del río, la vida del bosque, la vida de nuestra gente”.

Cada 25 de noviembre se conmemora y repudia el asesinato de las hermanas Mirabal —Patria, Minerva y María Teresa— en 1960 a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Seis décadas después, la criminalización, amenazas, hostigamiento y desgaste emocional forman parte de un entramado que sigue fuera de las negociaciones oficiales de la diplomacia de la COP30.

Los contextos cambian, los nombres de las empresas varían, los gobiernos se renuevan, pero las formas de control y fragmentación son las mismas. La historia de María Ivete muestra una realidad que viven quienes se enfrentan a grandes proyectos mineros o del agronegocio. Recientemente, casi fue atropellada por un auto en plena calle. Su compañera, Maria do Espírito Santo da Silva, también defensora contra el extractivismo, fue asesinada a balazos junto con su esposo José Cláudio Ribeiro da Silva en 2011.

América Latina y el Caribe es el continente más peligroso para quienes defienden la tierra, el agua y los bosques. Desde la Puna hasta la Amazonía, pasando por los Andes, el Cerrado brasileño y las costas del Pacífico, la escena se repite con una precisión que desgarra: criminalización, causas judiciales inventadas, campañas de difamación, quiebre de vínculos comunitarios, estrés y depresión, aislamiento y amenazas que avanzan al ritmo de los proyectos extractivos. 

El último informe de Global Witness, publicado en septiembre de 2025, reporta que al menos 146 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas o desaparecidas en el mundo en 2024. La cifra global acumulada desde 2012 asciende a 2.253 casos. América Latina vuelve a ocupar el epicentro: 117 de las víctimas del último año —el 82 por ciento— vivían en la región. Un tercio de las víctimas eran indígenas. El informe denuncia que en 2024 aumentaron otras formas de ataque como detenciones ilegales, criminalización judicial, acusaciones falsas de terrorismo y persecución por vías administrativas. 

La mayoría de quienes resisten en primera línea son indígenas, campesinas y campesinos, personas profundamente arraigadas a sus territorios. Aunque los pueblos originarios representan sólo el seis por ciento de la población mundial, protegen el ochenta por ciento de los bosques del planeta. Allí, en los márgenes donde la acción climática no es una promesa sino una práctica cotidiana, sostienen la vida frente al colapso ambiental. 

Elizabeth Mamani, defensora de los humedales andinos

La historia de Elizabeth Mamani muestra, sin eufemismos, lo que significa enfrentar el avance minero en el norte argentino. Defensora de los humedales andinos, integrante de la comunidad de Atacameños del Altiplano y parte de la Red Trasandina de Mujeres y Disidencias Diaguitas Ancestras del Futuro, vive en un territorio donde las autorizaciones extractivas se otorgan sin consulta previa (como establece la ley) y a una velocidad que supera cualquier posibilidad de control comunitario.

“La situación de mi territorio es cada vez más preocupante”, dice. Frenar estos proyectos se volvió prácticamente imposible. Si bien en la actualidad un fallo de la Corte provincial de Catamarca de 2024 frena nuevos proyectos hasta que se realice la evaluación de impacto integral y acumulativo, los doce proyectos que están en proceso de explotación y exploración ya generaron un impacto irreversible. Un ejemplo es la desecación de la Vega Trapiche, por la explotación en la zona del Salar del Hombre Muerto (en Catamarca) y el desplazamiento de las economías rurales.

Su testimonio es claro: la defensa territorial no solo implica confrontar a empresas y gobiernos, sino asumir un desgaste social profundo. “La vida de los defensores es muy complicada”, explica. La sociedad muchas veces se da vuelta, los gobiernos persiguen, las mineras intentan comprar silencios “con migajas”. Y las familias sienten el peso de un conflicto que cae siempre sobre las mismas personas. A eso se suma la criminalización y la sensación constante de estar peleando en desventaja. “No tenemos el apoyo suficiente de la población”, resume.

Elizabeth no habla desde la excepcionalidad, sino desde una experiencia común a muchas comunidades: poner el cuerpo, la voz y el tiempo de vida en un conflicto en el que todo parece jugar en contra. Cuando intenta explicar de dónde sale la fuerza para sostener esa lucha, no lo hace desde una épica militante sino desde la necesidad y el deseo de preservar la vida. Defender el territorio —dice— es pensar en quienes vienen después, en no dejar un ambiente destruido y sin agua para las generaciones futuras. Su impulso está ahí: en evitar que el daño de hoy se convierta en una condena para quienes incluso todavía no nacieron.

Bertha Cáceres Zúñiga, defensora de los ríos

Hablar con Bertha Cáceres Zúñiga es escuchar una memoria viva que continúa enfrentando las mismas violencias que acabaron con la vida de su madre, la líder indígena Berta Cáceres, en 2016. “Bertita”, como la nombran sus colegas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sabe que su país, Honduras, funciona como un enclave extractivista histórico atravesado por una tensión permanente. “Estamos en un momento de mucha tensión política”, dice, marcada por unas elecciones inminentes y un clima de violencia que “se conserva de manera general”. 

Ese contexto no puede entenderse sin nombrar lo que ella identifica como el corazón del conflicto: “el tema de tierras, de pueblos indígenas, bienes comunes de la naturaleza, proyectos de privatización, temas de financiamiento, esa es la razón central del problema en nuestro país”.

Bertita subraya que esos problemas se expresan en un punto clave: la disputa territorial. Explica que las agresiones contra las defensoras y defensores están directamente vinculadas a los intereses económicos que operan sobre los ríos, los bosques y los territorios indígenas. “Estas situaciones son reflejo de las tensiones entre intereses políticos y económicos que siguen existiendo en Honduras”, afirma. Y advierte que, aunque en el caso del femicidio político de su madre hubo avances judiciales, el problema de fondo no cambió. “Las estructuras criminales no se han desestructurado, continúan activas y pretenden los territorios”, denuncia.

Su presencia en la COP30 no buscó maquillajes diplomáticos, sino colocar en el centro de la discusión climática lo que ocurre en los territorios. Lo dice sin vueltas: mientras defender un río o una montaña implique enfrentar violencia política, económica y criminal, cualquier debate sobre transición energética o protección ambiental carece de sentido. Plantea: no se puede hablar de futuro climático sin garantizar las condiciones mínimas de seguridad para quienes, todos los días, defienden la vida de sus territorios y comunidades.

María do Bosque, defensora de la tierra

Maria do Bosque vive en Alagoas, nordeste de Brasil, zona de playas paradisíacas y de explotación de caña de azúcar. La historia colonial allí tiene sus orígenes en esa región (más precisamente en Bahía, un poco más al sur), donde la caña de azúcar fue el monocultivo que trajo aparejado el tráfico de esclavos desde África. Las huellas de esa historia permanecen: si bien el país abolió la esclavitud en 1988, esa práctica permanece en las zafras.

María pertenece al Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC), que se movilizó a Belém con sus banderas y gorras violetas para participar de la Cumbre de los Pueblos. Explica con una sonrisa que su nombre responde a su territorio: “Somos muchas María, entonces nos identificamos según de dónde venimos”. Sobre las discusiones oficiales que se producen en la COP, cuestiona: “Vemos que todo es solamente para el lucro”.

En Alagoas hay más gente sin tierra que con tierra. Grandes extensiones están en pocas manos y el 90 por ciento está dedicado al monocultivo de caña, que a su vez se destina a la exportación. La explotación genera degradación del suelo y contaminación de las aguas. María avizora otro monocultivo en ciernes: el de eucaliptus.

Como ex cortadora de caña conoce de cerca esa realidad: “Si un cortador de caña no junta seis toneladas por día, no es considerado bueno. Eso implica un costo para la vida del trabajador, la perspectiva de vida es muy pequeña ya que se trabaja con altas temperaturas, sin sombra siquiera para el momento de comer”. 

Asegura que la principal problemática para ellas son las múltiples formas de violencia, muchas veces invisibilizadas por ocurrir lejos de las ciudades. Agrega que la falta de tierras es una forma de violencia: “No es posible tener una vida digna si la mujer del campo no tiene agua, ni tierra ni su territorio libre. Eso es muy fuerte para nosotras”. Explica que su lucha es por una vida donde las mujeres puedan tener la libertad de plantar su alimento, de comer saludablemente, de cuidar de las semillas y de sus comunidades.

El MMC trabaja con una perspectiva campesina y agroecológica, que busca introducir cultivos de verduras o trigo. Sin embargo, esa práctica artesanal que subvierte la lógica corporativa tiene su costo: la Policía y grupos cercanos a los latifundistas destruyen sus instalaciones colectivas y envenenan el agua de sus pozos como forma de amedrentamiento. Pero María no duda: “Apostamos a esa salida para la agricultura, una salida donde haya vida y dignidad”.

Margarita Aramayo, defensora de los cerros

Margarita Aquino Aramayo coordina la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre de Tierra en Oruro, Bolivia. Desde la Cumbre de los Pueblos, afirma: “Somos indígenas que estamos defendiendo a la Madre Tierra y los derechos de las mujeres que están siendo violados por la contaminación minera. Denunciamos la violencia medioambiental contra las mujeres”. Y explica que los grandes emprendimientos son de extracción de estaño, plata, plomo, litio y oro.

Asegura que el extractivismo afecta el derecho a la salud, al trabajo, a la consulta libre, previa e informada, a vivir en un ambiente sano, al agua. “Sin agua no hay vida”, enfatiza, con la bandera de Bolivia entre sus manos. Y agrega: “A nosotros nos expulsaron de nuestro territorio, contaminaron nuestra agua y nuestras tierras”.

“Nuestras autoridades nacionales están poniendo la mira en los pueblos indígenas. Pero estamos preparados para resistir a la minería”, expresa. Alza la voz frente a otras mujeres, en el gimnasio de la Universidad Federal de Pará, donde se lleva a cabo la cumbre. Afirma que la COP no las representa. Los aplausos hacen eco en el sopor del mediodía. Y precisa: “No nos representa porque allí no están las voces de las mujeres indígenas ni de los pueblos indígenas. Allí van los estados y las transnacionales a decidir cómo va a ser nuestro futuro”.

Un clamor cada vez más potente

En la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP), las defensoras no fueron protagonistas. La toma de decisiones continúa secuestrada por Estados y las corporaciones y negociadores, que suelen estar muy lejos de los territorios donde se juega el presente y el futuro del clima.

El contraste entre lo que sucede dentro y fuera de la COP30 en Belém lo dejó claro. Mientras en los pabellones oficiales se repetían discursos cuidadosamente medidos, en las calles, en los ríos y en las aldeas se escucharon las denuncias que la diplomacia evita nombrar. La Marcha Global por el Clima del 15 de noviembre, encabezada por comunidades amazónicas y delegaciones de distintas regiones del mundo puso en el centro la defensa territorial como la acción climática más efectiva.

En la Cumbre de los Pueblos el movimiento indígena brasileño fue categórico: las demarcaciones territoriales son urgentes. En Brasil existen 107 tierras indígenas listas para demarcar pero llevan años de espera. La demarcación implica preservar los territorios indígenas de proyectos extractivistas. El anuncio realizado por el ministro Jefe de la Secretaría General de la Presidencia brasileña, Guilherme Boulos —20 demarcaciones nuevas— fue celebrado, pero las organizaciones dejaron claro que es apenas un inicio frente a la escala del reclamo. Otra exigencia fue el financiamiento directo para las comunidades que protegen la biodiversidad. 

Esta COP no dejó grandes expectativas en términos de acuerdos, pero sí mostró que las defensoras y guardianas de la vida ya no están hablando en los márgenes. Partícipes de la Cumbre de los Pueblos y de espacios de incidencia colectiva, organizan estrategias, planifican límites a la impunidad y marcan el tono de una transición que no puede repetir los caminos que condujeron al colapso.

Ivete Bastos dice que no abandonará la lucha por su territorio, pese a los peligros. “Lo que me da coraje es ver tanta injusticia, tanta desigualdad. Por eso cuando pienso en quedarme en mi rincón, en mi lugar, cuidando mi vida privada, me siento muy incómoda. Si mi voz se escucha y capta la atención de alguien, me alegra mucho porque es como si alguien me mirara y dijera: ‘mira, tiene esta edad, el pelo blanco, y sigue viva entre otros, alzando la voz, buscando, denunciando, así que vale la pena’. Eso me anima a vivir y a seguir luchando”.

*Cobertura Colaborativa de Marcha Noticias, LatFem, Kaja Negra, Muy Waso y Agencia Tierra Viva.

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Por Camila Parodi | Fotos: Cobertura Ninja

Desde el lunes, la ciudad amazónica de Belém se convirtió en epicentro del clima global: allí comenzó la 30ª Conferencia de las Partes (COP30), el espacio donde gobiernos, organismos internacionales y grandes corporaciones negocian qué hacer ante el colapso climático. Pero esta vez, la historia no se escribe solo entre oficinas con aire acondicionado.

Desde el primer día, flotillas amazónicas, caravanas indígenas, campesinas y urbanas, cuerpos organizados y territorios en movimiento llegaron para recordarlo: la Amazonía no es un escenario, es un territorio vivo. Y no, esta no es una COP distinta porque la ONU lo diga. Es de los pueblos porque los pueblos ya la están ocupando.

El segundo día de la cumbre lo dejó claro: centenares de indígenas ocuparon la Zona Azul, el área central de las negociaciones oficiales, históricamente reservada a gobiernos, empresas y organismos multilaterales. La acción —convocada por la COP de los Pueblos Indígenas— denunció la exclusión sistemática de estas voces en los acuerdos climáticos y reafirmó una verdad ineludible: no hay futuro posible sin la protección de los territorios y los modos de vida ancestrales.

Zona azul, territorio en disputa

La COP30 comenzó en Belém, en el corazón de la Amazonía, con un contraste imposible de disimular. En el centro de convenciones, los jefes de Estado hablan de paliativos y negocios; en los ríos y caminos, las comunidades indígenas y campesinas llegan con demandas urgentes y con la esperanza de que la defensa climática se imponga.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva abrió la cumbre con una promesa: “La COP30 será la COP de la verdad”. Llamó a enfrentar las advertencias de la ciencia con determinación y recordó que “si los hombres que hacen la guerra estuvieran en esta COP, verían que es más barato invertir en la agenda climática”. Pero esa apelación a la paz y a la acción se cruza con una contradicción ineludible: días antes del encuentro, el gobierno brasileño autorizó a Petrobras a iniciar exploraciones petroleras cerca de la desembocadura del Amazonas, una decisión cuestionada por organizaciones socioambientales y comunidades locales que ven en ese proyecto una amenaza directa al equilibrio del bioma amazónico.

Belém es el espejo donde se reflejan esas paradojas: un lugar de belleza y desigualdad, de esperanza y agotamiento, donde las palabras de los líderes conviven con la fuerza de las movilizaciones populares. En ese contexto, durante el segundo día de la COP, una acción coordinada de comunidades indígenas irrumpió en la llamada zona azul, el área reservada exclusivamente a los Estados, las agencias internacionales y las grandes ONG. El gesto no es nuevo, pero su potencia se renueva: ocupar ese espacio es hablar con el cuerpo, es poner límite a una política climática que sigue diseñada a espaldas de quienes sostienen la vida.

A la narrativa oficial del diálogo multilateral, los pueblos oponen una verdad incómoda: mientras se negocian bonos de carbono y financiamiento para la “adaptación”, los territorios arden, los ríos mueren, las defensoras son criminalizadas. No hay más tiempo para esperar invitaciones. Por eso, esta COP se abrió con pasos firmes y colectivos, no con discursos.

MST: ocupar para vivir

La ocupación de la COP no es una acción aislada. Es parte de una genealogía de luchas populares en América Latina y el Caribe. En Brasil, esa historia tiene un nombre clave: el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Nacido oficialmente en enero de 1984, en plena transición de la dictadura militar, el MST es heredero de siglos de luchas campesinas contra el latifundio, la concentración de tierras y el despojo. Surgió como respuesta directa al empobrecimiento rural y al aumento de las desigualdades agrarias, con apoyo de organizaciones como la Comisión Pastoral de la Tierra.

Su táctica fue clara desde el inicio: ocupar tierras improductivas, organizarlas colectivamente y demostrar que otro modelo agrario era posible. Su lema, “Ocupar, producir, resistir”, no fue solo una consigna: se convirtió en una pedagogía política y campesina que echó raíces en todo el territorio brasileño. En cada asentamiento, el MST construyó escuelas, bibliotecas, radios comunitarias, cooperativas y una cultura del cuidado colectivo. Desde allí, no solo recuperaron tierra: reconstruyeron el campo desde abajo, con justicia y autonomía.

Y son las mujeres y disidencias del MST quienes empujan las fronteras de esa lucha. Todos los 8 de marzo, sus acciones directas visibilizan la relación entre agronegocio, extractivismo y patriarcado. Denuncian que el mismo modelo que envenena los cuerpos y la tierra es el que sostiene la violencia de género. Desde su praxis, el feminismo campesino propone una alternativa: sin feminismo, no hay agroecología posible.

Hoy el MST es uno de los movimientos sociales más grandes y relevantes del continente. Su lucha por una reforma agraria popular no se limita al acceso a la tierra: también impulsa la producción de alimentos sanos, la agroecología, la organización comunitaria, el rechazo al uso de trabajo esclavo y la construcción de economías solidarias. Es el mayor productor de arroz orgánico de la región y ha conformado asentamientos legales para cientos de miles de familias, además de una red de cooperativas, asociaciones y agroindustrias autogestionadas.

La ciudad también se ocupa: derecho al centro

El Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) tradujo esa misma lógica de lucha a las ciudades. Frente a la especulación inmobiliaria y el despojo urbano, las ocupaciones organizadas por el MST y el MTST en territorios urbanos reclaman el derecho a vivir dignamente, a construir comunidad y a poner en discusión a quién le pertenece la ciudad. Sus acciones no son sólo respuestas a la emergencia habitacional, sino propuestas colectivas de otro modelo urbano: uno que priorice la vida por sobre el lucro.

Ambos movimientos —MST y MTST— enseñan que ocupar no es irrumpir sin rumbo. Es construir desde abajo, señalar lo que duele y lo que falta, pero también ensayar alternativas. Es abrir futuro donde el sistema sólo ofrece desalojo o marginalidad. Y ese lenguaje político volvió a hacerse presente en Belém.

La urbanista y ex Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Raquel Rolnik, ha puesto palabras a esa disputa con una idea clave: el “derecho al centro”. No se trata solo de una consigna, sino de una crítica profunda a la lógica de ciudad impuesta por el capital financiero tan visible en Sao Paulo, la ciudad más grande y desigual del continente. La investigadora sostiene que el derecho a habitar la ciudad no puede reducirse a poseer una vivienda en la periferia, sino que implica acceder a todos los bienes urbanos: transporte, salud, cultura, educación, trabajo, afecto y pertenencia. Una ciudad donde el suelo no sea mercancía, sino territorio común.

En Belém, ese derecho también fue ocupado. Las marchas, los encuentros y las asambleas populares que desbordaron la COP mostraron que la ciudad no puede ser privilegio de unos pocos, ni construirse en función del turismo verde o los megaeventos. Habitar dignamente el centro es, también, una forma de resistencia climática.

Flotillas y caravanas: todos los caminos llevan a la COP

Los ríos y caminos que conducen a Belém comenzaron a llenarse semanas antes de que se inaugure la COP30. Desde distintos puntos de la Amazonía, los Andes y Mesoamérica, flotillas y caravanas de pueblos indígenas, comunidades ribereñas, campesinas, quilombolas y movimientos urbanos comenzaron a movilizarse hacia la Cumbre de los Pueblos, en una travesía que es mucho más que geográfica: es política, afectiva y territorial.

En el río Tapajós, el 8º Grito Ancestral dio inicio a esta movilización continental con una acción pacífica en la que más de 300 indígenas interceptaron balsas extractivas para exigir el fin de megaproyectos como Ferrogrão y las hidrovías del Arco Norte, denunciando su impacto sobre los territorios, los ríos y los modos de vida tradicionales. “El río es nuestra casa”, dijeron, marcando una postura ética y existencial que no cabe en los modelos de desarrollo dominantes.

A esa corriente se sumaron flotillas amazónicas como la Yakumama, que navegó desde Ecuador y Perú atravesando kilómetros de ríos con liderazgos indígenas y defensores del agua. Cada parada fue encuentro: las comunidades ribereñas recibieron a las embarcaciones con cantos, frutas, tejidos, ofrendas y abrazos, en una red de solidaridad transfronteriza que fortalece la resistencia.

También partieron caravanas desde el altiplano, el Cerrado, el Chaco y las periferias urbanas, cargadas de historias de sequías, incendios, desplazamientos y criminalización. Pero también de saberes ancestrales, agroecología, cocinas comunitarias, autogobierno, espiritualidad y redes populares de cuidado. Viajan con los cuerpos cansados y el horizonte claro: la transición ecológica real nace en los territorios, no en los salones de negociación.

Entre las múltiples delegaciones, se realizó la llamada Caravana de la Respuesta, una movilización continental que rehace el trayecto del llamado “corredor de la soja” en sentido inverso. Su mensaje es directo: “Los pueblos son la respuesta”. Frente a las falsas soluciones que propone la arquitectura oficial de la COP, como la financiarización de la naturaleza o las tecnologías verdes al servicio del extractivismo, los pueblos movilizados anuncian otras formas de vivir, de producir, de compartir.

En total, se espera que más de cinco mil personas de más de sesenta países lleguen por agua, por tierra y por aire para participar de esta COP desde abajo, protagonizada por quienes cuidan los ríos, los bosques y las periferias del mundo. No vienen a pedir permiso. Llegan con historia, con futuro, con prácticas colectivas que ya están sosteniendo el mundo que vendrá.

Una COP desde abajo

Aunque esta COP se anuncia como “la COP de la adaptación”, la brecha entre el discurso y los hechos sigue creciendo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los países del Sur necesitarán más de 310 mil millones de dólares anuales hasta 2035 para adaptarse a los impactos del cambio climático. Pero esa cifra contrasta con un dato más concreto: los pueblos ya están adaptando y resistiendo sin recursos, sin reconocimiento y sin permiso.

Belém es hoy una ciudad tomada por los cantos, los colores, las banderas, las lenguas diversas. Y también por una certeza compartida: los pueblos ya están adentro. Esta no es una COP “incluyente”; es una COP ocupada. Y eso hace toda la diferencia.

A partir de hoy, comienza en paralelo la Cumbre de los Pueblos rumbo a la COP30, un espacio autónomo que reunirá a más de 15 mil personas de todo el mundo en Belém para debatir propuestas, visiones y estrategias desde una perspectiva popular, feminista, territorial y comunitaria. Será un punto de encuentro entre pueblos tradicionales, movimientos sociales, comunidades urbanas y organizaciones internacionales, todos atravesados por una certeza: la justicia climática no vendrá desde arriba, ni desde las cúpulas, sino desde los territorios que viven, resisten y transforman.

Durante cinco días, se desplegarán foros, encuentros, talleres, asambleas, expresiones artísticas y acciones directas. El 15 de noviembre será una jornada clave: una movilización global para denunciar el modelo extractivista y anunciar las alternativas construidas desde la experiencia de los pueblos.

La Cumbre recoge el legado del Foro Global de la Eco 92, la Cumbre de los Pueblos de Río+20 y los Foros Sociales Mundiales, donde la sociedad civil fue protagonista de debates y propuestas estructurales. Con más de 546 organizaciones firmantes de su Manifiesto, esta edición fortalece una articulación internacional que se proyecta hacia 2025, cuando la COP30 regrese a Belém.

Desde las periferias urbanas hasta las comunidades del Cerrado, desde los pueblos originarios hasta los movimientos de mujeres negras, la Cumbre quiere popularizar y politizar un espacio que históricamente fue elitizado. Belém se convierte así no solo en sede de una cumbre oficial, sino en epicentro de una contracumbre global, donde se discute lo que de verdad importa: la vida, los territorios, los cuerpos, los vínculos. Una Cumbre de los Pueblos que no espera concesiones: ocupa y construye un futuro distinto, desde abajo y entre todas.

*Artículo publicado en el marco de la cobertura de la COP30 junto a Latfem, Tierra Viva y Kaja Negra.

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La gente del lugar lleva años viendo cómo los ríos, pozos y vegas se han ido secando. Mientras tanto, unas surreales piletas de agua turquesa salpican el paisaje como un espejismo.Vista aérea del Río Pastos Chicos que los habitantes a veces deben usar como fuente de agua para beber, aunque contenga arsénico de forma natural.

Por Lucila Pellettieri (*)

Hace más de una década, comunidades originarias de la región de la Puna (el altiplano más alto después del Tíbet) aceptaron que dos empresas mineras de litio, Minera Exar y Sales de Jujuy, operaran en el departamento de Susques. Esperaban que las minas trajeran empleos y desarrollo, junto a la cuidadosa gestión ambiental que se les prometió. Algunas personas locales trabajan para las minas, pero la demanda por baterías de litio las ha dejado sin agua suficiente para vivir cómodamente, o tan siquiera para mantener su ganado y cultivos. Si bien el litio ayuda a energizar los autos eléctricos, computadoras y otra tecnología de alto nivel, pone en peligro la supervivencia básica en uno de los puntos más áridos de Argentina. 

La desesperación ha llevado a algunas personas a beber el agua del Río Pastos Chicos, que contiene arsénico proveniente de la actividad volcánica. Los niveles de arsénico en el río alcanzan las 1 400 partes por millón y exceden considerablemente el umbral que, según la Organización Mundial de la Salud, puede provocar cáncer.

Global Press Journal intentó comunicarse con Minera Exar y Sales de Jujuy a través de correos electrónicos, solicitudes en redes sociales, cartas físicas y más de 20 llamadas telefónicas, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, el gobierno de la provincia de Jujuy niega que las operaciones mineras sequen las reservas de agua.

“Es totalmente falso decir que la exploración y/o producción de carbonato de litio consume el agua disponible para las comunidades, ya que el agua para consumo [local] proviene de otras fuentes, las cuales no se ven afectadas por los proyectos”, indica un reporte de agosto de 2023 del gobierno de Jujuy. Sin embargo, estudios independientes demuestran que, en efecto, las minas son las culpables del agotación del agua en el área. 

Walter Díaz Paz, ingeniero ambiental de CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, quien ha escrito numerosos informes sobre la minería de litio en la Puna, dice que las compañías mineras oscurecen los hechos.

La extracción de agua por parte de las compañías mineras está “completamente vinculada” al hecho de que se hayan secado los pozos de agua de varias personas, dice Díaz Paz.

Se proyecta que la minería de litio tenga un crecimiento exponencial en Argentina. El país cuenta con la tercera mayor reserva de litio del mundo y es el cuarto productor global , aunque el presidente Javier Milei considera que la minería está “ especialmente subdesarrollada ”. En hizo abril que la importación de equipos y materiales para la minería resultara más barata y rápida para las empresas.

En junio, el Presidente Milei aseguró la aprobación del Congreso para otra ley que otorga a las compañías mineras beneficios significativos como reducciones impositivas y aranceles del 0% en las importaciones durante 30 años, entre otros incentivos. Se ha reunido dos veces con Elon Musk, el cofundador y CEO de Tesla, gigante en baterías y autos eléctricos, que además es uno de los mayores consumidores de litio en el mundo.

Este plan económico preocupa a la gente del departamento de Susques. Las minas dan empleo a aproximadamente el 30% de los trabajadores del departamento, pero esto es de poca importancia si el agua está desapareciendo.

Hace tres años, Reinaldo Luzco, de 75 años, sacaba agua de un pozo natural cercano a su casa para su familia y sus cabras. Hoy ese pozo está seco. Ahora él depende de que otros le traigan agua del pueblo y cuando esto no alcanza, bebe agua del río que contiene arsénico de manera natural.

“¿Qué vamos a hacer? Sin reservas [de agua] nos vamos a morir”, dice Luzco.

El ‘oro blanco del siglo XXI’

Estanques de evaporación en la mina de litio, Sales de Jujuy SA

Durante millas de años, el agua de lluvia ha bajado de estos picos en los Andes, erosionando lentamente las ventas y el litio de las rocas para formar una salmuera que penetra los lagos, salares y acuíferos de la Puna.

Se calcula que Argentina tiene 20 millones de toneladas de litio en esta salmuera; es decir, 10% de las reservas mundiales conocidas de litio. Extraerlo exige perforar los salares (las superficies blancas y agrietadas de lo que antes fueron lagos y que ahora se han evaporado completamente), y bombardear la salmuera subterránea hasta las piletas de evaporación cercanas. Una vez que llega a estos estanques artificiales, la salmuera se deja evaporar hasta por dos años. Luego se procesa y se obtiene carbonato de litio, una sal blanca que una vez refinada se usa en la producción de baterías.https://player.vimeo.com/video/980793750

Durante 2023, Minera Exar y Sales de Jujuy extrajeron unos 12 200 millones de litros de salmuera, según los niveles de producción declarados en sus informes de impacto ambiental, y el consumo de salmuera por tonelada que han calculado los expertos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. y Técnicas de Argentina.

Durante el mismo período, ambas empresas extrajeron más de 3 700 millones de litros de “agua industrial” —técnicamente, agua dulce— para producir lo que se conoce ampliamente como el “oro blanco del siglo XXI”. Esta cantidad equivale a más de 31 veces el consumo anual de agua de los habitantes del departamento de Susques. Tan solo dos años antes, las minas de litio habían usado cinco veces el consumo de agua dulce de los habitantes del departamento. En 2023, después de que Sales de Jujuy expandiera sus operaciones y Minera Exar comenzara a producir, la extracción de agua dulce se disparó 535%. Y las empresas tienen planes de expandirse aún más.  

Ahora, cuatro minas producen litio en Argentina: las minas de Sales de Jujuy y Minera Exar, que se encuentran en la provincia de Jujuy, la mina Fénix que está en la provincia de Catamarca y la mina Centenario Ratones, en la provincia de Salta. Se espera que otras dos minas inicien operaciones este año; otras más les seguirán. Según un informe de noviembre de 2023 de la Secretaría de Minería de Argentina, están en desarrollo otros 40 proyectos de minería de litio. 

Lo crucial para la gente que vive en la Puna es que esta extracción masiva de agua debajo de los salares afecta la distribución de los reservorios de agua subterránea en la región, los cuales se clasifican como de agua dulce, salobre, salada o salmuera. Todos ellos se conectan a través de zonas de mezcla.

Lo anterior no sorprende. Un estudio realizado en 2018 por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina modeló los impactos pronosticados de la minería de litio en la cuenca hidrológica Olaroz-Caucharí en la Puna. Según la investigación, el bombeo masivo de salmuera en el departamento de Susques — que comenzó en 2015 — probablemente atraiga el agua dulce cercana hacia los salares, donde se volverá irreversiblemente salada. El estudio también encontró que es casi seguro que los niveles de la cuenca Olaroz-Caucharí disminuyeron, haciendo que se secuencian manantiales, lagos, lagunas y pozos.

Y eso es exactamente lo que la gente del lugar está comprobando.

Menos agua disponible

Una mujer camina por la calle después de llenar dos bidones con agua potable en la plaza principal de Huancar.

El patio de María Norma Vásquez alberga un ejército de baldes, bidones y palanganas. Se trata de su última defensa contra las frecuentes interrupciones en el servicio de agua de su pueblo, una red de mangueras que toman agua de un manantial cercano. El agua potable se surte de un tanque en la plaza principal del pueblo, alimentado por un manantial de bajo caudal en las inmediatas.

“A veces no tenemos ni para limpiar, ni para lavar nuestra ropa, hacer higiene, ni nada”, dice.

Las vegas de donde bebían los animales están secas, dice Eva, quien pidió que no se mencionara su apellido por temor a represalias.

“Siento que chupan todas las venas de todos los cerros”, dice Eva.

Las compañías mineras han hecho cierto esfuerzo por aliviar la competencia por el agua. En 2022, Minera Exar gastó cerca de 87 millones de pesos argentinos (unos 500 000 dólares en aquel momento) para llevar agua embotellada a sus empleados a fin de evitar el consumo del agua potable local. Ese mismo año, la compañía también gastó 640 000 pesos (unos 3 400 dólares en aquel momento) para abastecer de agua a 104 casas en la región rural de Salar de Olaroz, según el informe de sostenibilidad para 2022 de la empresa.

Estos esfuerzos no han aplacado las inquietudes. Muchas personas ya no quieren que las mineras estén allí. Están uniéndose a las voces que comenzaron a escucharse en 2012 en la cuenca de Salinas Grandes-Guayatayoc, vecina de la cuenca del Salar de Olaroz. Allí, 33 comunidades originarias crearon en 2015 un documento llamado el Kachi Yupi , que exige que las empresas que quieran instalarse en la zona sigan un protocolo de consulta que respete la cultura de los grupos indígenas.

Pero ese protocolo quedó finalmente en la nada luego de que el gobierno provincial de Jujuy no lo refrendara .

El año pasado, las comunidades originarias recibieron otro duro golpe. 

En junio de 2023, el gobierno de Jujuy aprobó una reforma constitucional exprés . El proceso se realizó en poco más de 30 días sin hacer una consulta pública. La reforma establece que los terrenos fiscales, como los que habitan estas comunidades, podrán expropiarse y emplearse para desarrollos productivos como la minería de litio. Asimismo prohíbe las protestas y manifestaciones que involucren cortes de rutas, uno de los pocos métodos que tenían los manifestantes para hacerse escuchar. 

Hay algunas pequeñas señales de cambio. En marzo, en la provincia de Catamarca, luego de que la gente reportara los efectos negativos de la minería de litio en el Río Los Patos, un tribunal prohibió todos los permisos de minería nuevos en el área y ordenó al gobierno provincial realizar un nuevo estudio. de impacto ambiental.

Aun así, la voluntad de algunas comunidades se resquebraja. Este año, Lipán, una de las 33 comunidades que firmó el Kachi Yupi, se separó de las demás y permitió que comenzara la exploración para la extracción de litio en sus tierras.

Crecen las oportunidades y el resentimiento

Vista aérea de los piletones de la minera de litio Sales de Jujuy SA

Los informes del gobierno y las compañías mineras “desconocen intencionalmente” el efecto de las actividades mineras en los reservorios subterráneos, dice Díaz Paz, el ingeniero ambiental que ha estudiado del impacto de la minería de litio en la región. Dicen que se explota solo un área, pero esa explotación conduce a una disminución en los caudales superficiales y en el volumen de agua que llega a las vegas, explica.   

Otro problema, dice Díaz Paz, es que las mineras usan el término “agua industrial” —acuñado por la propia industria y que no se emplea en ninguna clasificación científica— para referirse al agua dulce que no cumple con las normas para considerarla potable.

Las compañías mineras clasifican esta agua dulce sin tratar —que la gente local emplea para sus animales y cultivos— como “agua industrial”. Por lo tanto, pueden extraerla mientras niegan que están compitiendo con la comunidad.

José Gómez, secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, dice que existen más de 70 puntos de monitoreo alrededor de la cuenca para asegurar que la minería no salinice el agua dulce.

Y reconoce que el agua industrial es la que la gente bebe y usa para sus campos.

“El agua es la misma, sí, por supuesto”, dice.

Antes de la llegada de las compañías mineras, la gente usaba agua tanto dulce como salobre de fuentes locales para beber y para sus animales.

Hoy, muchas de las vegas están secas o han quedado cubiertas por pilas de evaporación. Pero las minas han generado oportunidades de empleo, inversión y servicio telefónico celular, dice una persona residente de Susques, quien prefiere no difundir su nombre para preservar su trabajo como proveedor de las mineras.

Al igual que otra gente del área, dice que las comunidades locales aceptaron a las mineras por necesidad, con la esperanza de que generarán empleo y desarrollo en una zona con economía de subsistencia.

“Las comunidades quisieron hacerle un aporte al país, quisieron generar trabajo, conectarse al mundo”, explica. “Puede que hayamos hecho mal, no lo sabemos”.

La respuesta a esa pregunta es sencilla, dice Pablo Bergese, coordinador de sostenibilidad minera para la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de Jujuy. Otros esfuerzos para aliviar la pobreza en el área han fracasado, dice. La única manera de desarrollar el área es aprovechar la riqueza minera, agrega.

“La gente se ha desarrollado en cuanto a hogares. Tienen mejores accesorios. Tienen mejores baños. Tienen mejores edificios. Tienen centros comunitarios”, dice Bergese. “El desarrollo lamentablemente impacta al ambiente. Eso es lo que por ahí nosotros renegamos. El ser humano impacta el ambiente en todas sus actividades. La minería es una más, digamos”.

No obstante, mucha gente local se siente rezagada. 

José Sajama, líder de la comunidad Abra Pampa, al norte del Salar de Olaroz, es hijo y nieto de mineros, pero tiene una visión muy diferente sobre la minería aquí en la Puna.

“Se han desarrollado minerales en buena parte de la Puna, y ¿por qué la gente sigue pobre? ¿Cuál es el desarrollo? ¿O es desarrollo para quién?”, se pregunta Sajama.  

María Arce, GPJ, contribuyó en este artículo.

Equipo editorial

Reportera:

Lucila Pellettieri

Edición:

Bennett Hanson

Verificación de datos:

Felicity Laughton

Corrección de estilo:

Allison Braden

Traducción:

Shannon Kirby   y  Martha Macías

Intérprete:

Martha Macías

Edición de fotografía y vídeo:

Juan Pablo Ampudia

Editor principal de fotos:

Charlotte Kesl

Videografía:

Milena Pellettieri para Global Press Journal

Ilustraciones y gráficos:

Matt Haney

Animaciones:

Aamir Sohib para Global Press Journal

Diseño y desarrollo:

Katie Myrick   y  Andy Neale

Fecha de publicación

25 de septiembre de 2024

(*) Publicado originalmente por Global Press Jornal

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Técnicamente, el RIGI implica la creación de un ámbito extraordinario de grandes privilegios para actores
y sectores económicos muy acotados y selectos, y que ya de por sí ostentan una clara posición dominante
de mercado y condiciones objetivas de incidencia no-democrática sobre las decisiones estatales. La
fórmula es: más incentivos para una mayor concentración (económica y de poder).

Producto de la “división internacional del trabajo heredada” desde la Colonia, los sectores económicos
más poderosos son los históricamente vinculados a la explotación de las riquezas naturales de nuestra
geografía. Desde los cueros, el tasajo y la lana a la soja transgénica, la minería a gran escala y los
hidrocarburos no convencionales, del siglo XIX al siglo XXI, la economía del país se ha estructurado sobre
cuadrículas mono-exportadoras de materias primas sujetas al control económico, comercial, tecnológico
y financiero de grandes capitales transnacionales. Los grandes beneficiarios del RIGI son esas mismas
grandes corporaciones del agronegocio, la minería y los hidrocarburos con posiciones oligopólicas en el
mercado mundial y más aún en el interno. Hablamos de tres sectores que concentran el 90 % de las
exportaciones y que están bajo el control de las 200 firmas más grandes que operan en el país; entre ellas, las 50 primeras controlan el 70 % de los saldos comerciales (Cantamutto y Schorr, 2021).

El extractivismo no es una categoría apenas “ambientalista”; es un concepto ecológico-político. Alude a un patrón de poder basado en la concentración oligárquica del control y la capacidad de disposición sobre las energías vitales (aguas, suelo, subsuelo, biodiversidad y fuerza de trabajo) de poblaciones y territorios. Los efectos del extractivismo no sólo tienen que ver con la degradación sistemática de los ecosistemas (que son la base indispensable de la vida); conlleva gravosas consecuencias económicas, sociales, políticas y geopolíticas. El extractivismo está en la raíz estructural del histórico déficit democrático de nuestra sociedad. Por definición, a mayor concentración de poder, menos democracia. A mayores privilegios, menos derechos.

La (i)racionalidad económica: dólares para hoy; fuga y más deuda para mañana.

Los únicos argumentos esgrimidos para justificar la imposición del RIGI remiten a la doble “necesidad y
urgencia”: de dólares (para pagar las obligaciones externas) y de ingresos fiscales (para presuntamente
controlar la inflación). Esto último raya en lo absurdo y menosprecia la inteligencia de la ciudadanía: lo
que el RIGI de hecho va a crear es un fabuloso entorno de rentabilidad extraordinaria garantizada por la
ecuación fiscal de privilegio que el Estado concede a “grandes inversionistas”. Con esa ecuación, a mayor
actividad económica, no sólo tendremos menos ingresos fiscales en general, sino también mayor
inequidad tributaria: los más grandes pagarán (mucho) menos y el peso fiscal del aparato burocrático
recaerá sobre el resto de la sociedad; y, más que proporcionalmente, sobre los sectores de consumos
básicos.

Ya los subsidios y exenciones fiscales que usufructúan mineras, petroleras y empresas del complejo agro-exportador son inadmisibles y, en lugar de quitarlos, el RIGI viene a ampliarlos. Sólo lo que el Estado dejó de percibir por las exenciones fiscales impuestas por la Ley de Inversiones Mineras fue de 14.563 millones de pesos en el 2022; 28.852 millones en el 2023, y 55.560 millones, según la previsión presupuestaria oficial para el 2024.

La “necesidad de divisas” tampoco es un argumento sostenible. El RIGI extiende y garantiza los
mecanismos de transferencia de divisas que disponen los grandes exportadores: no sólo les otorga la libre disponibilidad de divisas de sus exportaciones (20 % en el primer año; 40 % en el segundo y 100 % en el tercero) sino que deja abierta la puerta para la evasión fiscal y transferencia de excedentes a través de operaciones intra-firma, como los casos de pagos de intereses por créditos que las empresas toman de
sus propias casas matrices y los casos de sobre-facturación de importaciones y/o subfacturación de
exportaciones. Esto es (o debería serlo) ampliamente conocido por los legisladores de la Provincia de
Catamarca, con el antecedente flagrante de evasión fiscal y fuga de capitales comprobada por la AFIP y la Justicia respecto a la Minera Livent (8 millones de dólares en 2018/2019 y más de 13,5 millones de dólares en 2022/2023).

En definitiva, los dólares que ingresen hoy por los “incentivos” del RIGI serán los que alimenten la fuga, la escasez de divisas y la deuda externa de mañana. El ciclo de ingreso especulativo de capitales, crecimiento con endeudamiento, crisis de Balanza de Pagos y nuevas concesiones para realimentar la expansión de la frontera extractivista con nuevos umbrales de concentración económica y pauperización social, es lo que resume la historia de la deuda externa y los flujos de capitales, desde la dictadura a estos cuarenta años de democracia.

Desmantelamiento del tejido productivo y polarización social

La economía política del extractivismo no sólo involucra una espiral de concentración económica. Supone
también una escalada creciente de sobre-simplificación y uniformización de la diversidad biológica, sociocultural y económica de los territorios para reconfigurarlos como grandes plataformas monoculturales de exportación de materias primas. La reprimarización de la matriz productiva y socioterritorial del país fue de la mano del desmantelamiento de las capacidades tecnológicas productivas endógenas, el correlativo deterioro cuantitativo y cualitativo de empleos y salarios; por tanto, de niveles crecientes de fragmentación laboral, dispersión salarial, precarización y pauperización generalizada de la fuerza de trabajo.

A medida que la riqueza geográfica y sociocultural del país se fue transformando en un desierto de soja,
“open pits” y “triángulos del litio”, fracking y gasoductos, el deterioro productivo se convierte en fractura
social. La reprimarizacion de la economía implica un crecimiento estructural de las brechas de desigualdad entre estratos sociales. La concentración económica se traduce en una estructura de clases con minorías cada vez más selectas y cerradas en privilegios patrimoniales de un lado, y, del otro, amplias mayorías libradas a las fuerzas de mercado de la precariedad, la informalidad y salarios por debajo de la línea de pobreza.

Hace más de setenta años -desde Prebisch y Germani, Frank, Cardoso, Furtado, Quijano y una larga y
diversa lista de investigaciones clásicas-, las ciencias sociales latinoamericanas han revelado que el
crecimiento primario-exportador significa el desarrollo del subdesarrollo. Esperar en el siglo XXI que una
fórmula del siglo XIX produzca resultados diferentes, es de una necedad absoluta. Insistir en el “derrame”
no es un argumento que se pueda sostener de buena fe. Una vez más, en Catamarca pasó Alumbrera y la pobreza quedó. Quedó también el open pit, el dique de colas y unos pocos que se enriquecieron espuriamente. La pobreza estructural quedó. Y se profundizó.

No es verdad que las únicas que se benefician con el RIGI son las grandes empresas transnacionales,
aunque sí es cierto que son las principales ganadoras. Junto a ellas, los serviles grupos de poder internos
que hacen sus negocios con tercerizaciones, intermediaciones comerciales, legislativas y políticas,
especulaciones inmobiliarias y financieras, y otros servicios anexos, son también beneficiarios del régimen de privilegios. Por eso, en última instancia, también votan por su sanción.

La ecuación política del RIGI: privilegios para inversores, desprotección para las poblaciones

De Martínez de Hoz a Milei, asistimos a una drástica reconfiguración oligárquica de la sociedad argentina. Cada nueva oleada de transferencia estatal de privilegios a sectores privados ha significado concomitantemente la degradación del sistema republicano de justicia y gobierno. Eso alimenta una crisis crónica de representatividad y el vaciamiento de la legitimidad política. El sistema político se muestra crecientemente incapaz de ofrecer y construir un rumbo histórico, democrático y viable como Nación.

La expansión y profundización de la frontera extractivista está asfixiando las aspiraciones y condiciones
más elementales de una sociedad democrática. No sólo explica el ciclo de endeudamiento y pauperización. Se trata de la “captura del Estado” por parte de actores y sectores dominantes con capacidad de meta-regulación y hasta poder de veto sobre las políticas públicas (Schorr, 2023). En esa escalada, el RIGI constituye un paso extremo hacia la radicalización del déficit democrático. El blindaje de privilegios de los “inversores” tiene como contracara el desmantelamiento de los derechos constitucionales más elementales. Estamos ante un nuevo régimen político de facto, que subordina la ciudadanía al imperio del “inversor”.

El blindaje de privilegios para inversores incluye la renuncia de la propia potestad legislativa para el propio Estado y la denegación de la competencia federal de las provincias. Supone incluso, la propia renuncia a los fueros judiciales propios. Ninguna ley, ni nacional ni provincial podría contradecir ni interferir con las concesiones otorgadas por el RIGI (Art. 163 del Proyecto de Ley Bases). Ningún juez ni fuero del sistema judicial del país podría juzgar o intervenir sobre los titulares beneficiarios del RIGI; cualquier demanda se debe plantear ante instancias de Arbitraje Internacional (CIADI) (Art. 219). Por fin, el RIGI otorga a los inversores prioridad sobre la propia población respecto al suministro, transporte y procesamiento de los insumos para sus proyectos, lo que incluye agua, energía, infraestructuras, servicios públicos, etc. (Art. 191). Se trata, por tanto, de un régimen de transferencias no sólo de riquezas financieras, sino ya de impunidad y de poder de disposición sobre los territorios.

Espiral extractivista y deriva neocolonial

En un mundo atravesado por múltiples tensiones y soterradas confrontaciones geoeconómicas y geopolíticas, donde grandes capitales y grandes potencias se disputan lo que para ellos son “recursos
estratégicos” frente a las múltiples dimensiones de la crisis material, económica y social de un planeta esquilmado, las élites que nos gobiernan han socavado al extremo las bases materiales de la soberanía
política.

La espiral extractivista seguida por la economía argentina desde la dictadura hasta nuestros días, nos ha convertido en un país crecientemente dependiente, vulnerable y a la deriva, sujeto a los intereses de
grandes potencias y grandes conglomerados corporativos del capital. En ese curso, el RIGI representa un
salto de escala extremo y temerario: de Menem a Milei, la entrega fue de la dilapidación y desguace del
capital público vía privatizaciones, a la lisa y llana entrega del territorio como la base más fundamental
del patrimonio público común.

Ante un mundo asediado por las amenazas de guerras por “recursos”, frente a escenarios de crisis
energética y alimentaria, de escasez hídrica, de minerales y de nutrientes, las exorbitantes cuotas de
poder concedidos a los “inversores” para disponer a su antojo de los bienes territoriales del país, nos
coloca en una situación de dependencia y vulnerabilidad extrema; en el umbral de la propia inviabilidad
como país.

Necedad extractivista y ceguera financiera frente al valor de lo real

Por último, pero en primer orden de gravedad: la férrea continuidad del modelo extractivista ha
acentuado la devastación ecológica de los territorios, los procesos de retracción y erosión de la
sociobiodiversidad, y las dinámicas de contaminación, desplazamiento y conflictividad socioambiental.
En un contexto en el que las alteraciones de los equilibrios biosféricos están dando pasos a crecientes y
sucesivos eventos catastróficos y de colapsos locales y regionales, donde la lógica de “explotación de
recursos” está sobrepasando los límites planetarios de bioseguridad humana, el RIGI viene a intensificar
y acelerar la destrucción de territorios habitados. Coloca al país como una zona liberada para el saqueo,
la explotación y la contaminación a gran escala. Mientras la geografía del país se convierte en plataforma
de transferencia de subsidios ecológicos hacia grandes potencias, las poblaciones locales quedan
absolutamente desprotegidas y a merced de “los inversores” (FARN, 2024).

Lo que precisamos es justamente todo lo contrario: cambiar de rumbo radicalmente y re-orientar las
economías hacia el resguardo y el sustento de las poblaciones. La explotación con exclusivos criterios de rentabilidad financiera de los bienes naturales que sustentan la vida (aguas, fuentes de energía, diversidad biológica y genética, minerales, bosques) va absolutamente a contramano del rumbo geológico que -como país y como especie- debiéramos seguir ante el estado crítico de la vida terráquea.

¿Cuánto vale un río, un humedal, en una provincia árida, en tiempos de crisis climática y calentamiento
global? La necedad extractivista ni se lo pregunta. Su ceguera financiera les impide ver el valor de lo real. Su cortoplacismo es socialmente suicida. ¿Cuánto vale un río? No es apenas una pregunta retórica. El presidente Milei ha dicho que, hoy por hoy, no vale nada; y aunque no tenga razón, está en lo cierto. En
una provincia como la nuestra, la transnacional Livent ha secado impunemente una vega principal del río
Trapiche, fundamental para les habitantes de Antofagasta; no sólo eso, continúa operando y ha ampliado
su explotación. ¿Cuánto vale un río?, es una pregunta que revela la desnudez jurídica de las poblaciones;
la vida al desamparo de los nuevos territorios a ser sacrificados en el altar del “progreso”.

* Colectivo de Investigación de Ecología Política del Sur. (IRES, CONICET-UNCA)

Referencias:

Cantamutto, F. y Schorr, M. (2021) “Argentina: las aporías del neodesarrollismo”. https://nuso.org/articulo/argentina-las-aporias-del-neodesarrollismo/
Schorr, M. (2023) “Democracia, economía y captura del Estado”. https://nuso.org/articulo/308-democracia-economia-captura-del-estado/
FARN (2024) “Las dos caras del RIGI: fomento para las grandes inversiones y desprotección del ambiente”. https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2024/05/FARN_RIGI.pdf

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Por la Unión de Asambleas de Comunidades | Foto: Alumbrar – Minga

El RIGI beneficia a grandes inversiones a las que considera “de interés nacional, conducentes a la prosperidad del país y promotoras del desarrollo económico, de la competitividad, del aumento de las exportaciones y de la creación de empleo”. Según la redacción de la ley, se trata de crear un “régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI”. 

Los proyectos protegidos por el RIGI, que se aplicará a inversiones de al menos 200 millones de dólares por 30 años, se enmarcan en los distintos ejes del extractivismo al que vienen siendo sometidos nuestros territorios: agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología. Y las formas de “protección” se basan en beneficios tributarios -como la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% (en lugar de la tasa general del 35%), aduaneros -exención de derechos de importación y de exportación- y cambiarios -excepción de la obligación de liquidar y negociar en el mercado de cambios y libre disponibilidad de divisas-.

Además de estas formas de incentivar y proteger las grandes inversiones extractivas, hay otras que también preservan esos intereses. El Plan de Seguridad Productiva es esa otra cara de la misma moneda. Este plan incluye la creación de la Unidad de Seguridad Productiva bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, cuyo objetivo es garantizar una seguridad especial para esos “proyectos de gran contribución al crecimiento del país” -tal como los incentivados a través del RIGI-, ya sea “por el volumen de su producción, la magnitud de su aporte, la sensibilidad del material derivado o el alto valor de sus productos”. Es el Ministerio de Seguridad o el Poder Ejecutivo los que definirán qué empresas recibirán la atención de esta unidad en función de criterios tan difusos – “evaluación de riesgos o la situación particular de la entidad en un determinado momento, o la repercusión de los hechos de inseguridad en el quehacer racional y en la opinión pública”- que es muy amplio su rango de acción. 

La Unidad de Seguridad Productiva es un medio de resguardar inversiones, las que se supone que van a llegar a través de los favores otorgados por el RIGI a los grandes capitales. La propia Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no dejó dudas al respecto: “Se tomó la decisión (…) de implementar esta política (…) sobre todo, tras la aprobación de la Ley Bases que abrirá un nuevo contexto de inversiones”. 

Se trata de blindar las actividades extractivas, a las que no sólo se incentiva y beneficia, sino que también se protegen a través de una entidad dependiente de un ministerio, que no sufre ningún recorte presupuestario porque está claro que es imprescindible para frenar las resistencias territoriales que vienen enfrentando los extractivismos desde hace décadas.  Un ministerio que dejó claro desde la asunción de este gobierno que hostigará, reprimirá,encarcelará y con la justicia como cómplice, juzgará a quienes nos opongamos a él.

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El pueblo jujeño está movilizado contra el gobierno de Gerardo Morales hace más de un mes. Si bien la primera alarma se encendió ante el reclamo de las y los docentes que convocaron a un paro provincial en busca de mejoras salariales, el descontento popular no es nuevo. Las políticas de muerte impulsadas por Morales reflejan con claridad su objetivo: ampliar el modelo extractivista, reducir el gasto público y garantizar su permanencia y la de su gobierno en el tiempo.

Estos intereses fueron expresados en mayor o menor medida en la reforma constitucional recientemente aprobada. La nueva Constitución provincial fue jurada el pasado martes 20 de junio a puertas cerradas, sin transmisión en vivo e ignorando las consultas previas necesarias. El proceso constituyente duró tan solo un mes. Si bien la elección de los convencionales constituyentes había sido votada por el pueblo jujeño durante las elecciones provinciales del 7 de mayo, la difusión de este proceso como sus artículos no habían sido informados de manera adecuada.

Las políticas de muerte impulsadas por Morales reflejan con claridad su objetivo: ampliar el modelo extractivista, reducir el gasto público y garantizar su permanencia y la de su gobierno en el tiempo.

La nueva Constitución modifica 66 de los 212 artículos que poseía la Carta Magna local y, como sostienen desde las comunidades indígenas, su aprobación es inconstitucional porque fue hecha a espaldas del pueblo. La reforma es inconsulta y regresiva ya que reduce derechos consagrados por la Constitución Nacional e ignora tratados internacionales de igual jerarquía, entre ellos, prohíbe el derecho a la protesta. Además, concentra el poder y gran parte de las decisiones políticas en el Ejecutivo provincial ya que mantiene la posibilidad de reelección en la gobernación, prohíbe los indultos por corrupción, quita poder a los organismos de control y legitima el achicamiento del estado.

“¿Qué están esperando para cuidarnos?”

Para que la clase política y empresarial sea beneficiada, necesariamente, habrá colectivos afectados. Este es el caso de las comunidades indígenas contra quienes la reforma se ensaña particularmente y no es para nada casual: “Vienen por nuestros territorios, somos un tesoro que no supieron cuidar”, manifestó frente a la Casa de Gobierno la lideresa de la comunidad Ava Guaraní, Gabriela Situé.

La nueva Constitución elimina a los pueblos indígenas del texto constitucional y les niega el reconocimiento. Los pueblos que habitan los territorios de Jujuy tienen una larga historia de defensa de la vida, por lo que la creación de una nueva constitución que niegue sus derecho al territorio es, en parte, una demostración del interés extractivista que existe sobre ellos: “De nosotros depende la custodia del agua y el cuidado del territorio, ellos van a acabar con la vida ¿qué están esperando para cuidarnos?”, preguntó Situé en una de las primeras movilizaciones en San Salvador de Jujuy. 

Los artículos más controversiales de la nueva Constitución atentan directamente contra los derechos de los pueblos originarios, entre ellos se encuentra “la provincialización de recursos naturales como el suelo y el agua”. Un artículo que posibilita el desplazamiento de las comunidades que se encuentran habitando territorios de interés extractivista. Del mismo modo, desconoce los territorios ancestrales a las comunidades que no poseen personería jurídica luego de años de negarles ese derecho. Una Constitución que le dará más valor al título “fiscal” que al “ancestral”. 

Además, con este artículo, el Gobierno tendría control total sobre recursos estratégicos como el litio en un territorio donde las comunidades se encuentran fuertemente organizadas para prohibir el ingreso de los proyectos mineros. En este sentido, Jujuy es una de las tres provincias argentinas que ocupan el mal llamado “triángulo del litio” en la región y su valorización mundial lo ha configurado como una commodity de exportación. 

Desde esta perspectiva, los modos de vida y las economías domésticas sostenidas por los pueblos de las salinas estorban y deben ser desplazados: “Nosotros creamos toda una economía regional para que no sólo las comunidades de Salinas sean las beneficiadas con el turismo, sino que queremos que las 33 comunidades de la zona trabajen de manera articulada y se puedan quedar en el territorio”, explicó Erica Cañari, presidenta de la comunidad Pozo Colorado de Salinas Grandes. “Sabemos bien que no nos quieren acá, que quieren el litio y destruir el salar. Todo este conflicto comenzó, justamente, en 2019, cuando le dijimos que no a la minera”, agregó.

Corte de ruta y asamblea de los pueblos

El miércoles 14 junio, las comunidades indígenas habían comenzado a descender desde sus territorios hacia la ciudad capital, San Salvador de Jujuy, en lo que llamaron  “Malón de la Paz”, refiriéndose a las caminatas realizadas en 1946 y en 2006 para el reconocimiento de sus derechos. Pero el malón se vio interrumpido por la aprobación express de la constitución el 15 de junio. 

Desde entonces, las comunidades se asentaron en los diferentes puntos neurálgicos de la provincia y los cortaron de manera pacífica. Sin embargo, la represión no se hizo esperar: desde el viernes 16, diferentes operativos se desplegaron por la provincia para criminalizar la protesta social. Una muestra —para nada gratis— de qué entiende por “gobernar” Gerardo Morales: represión policial, detenciones ilegales, violación de los derechos, persecución y violencia política. “La represión ha sido salvaje, no han tenido piedad ni con abuelos, mujeres, niños o turistas”, denunció Érica Cañari, desde la Comunidad Pozo Colorado.

“La represión ha sido salvaje, no han tenido piedad ni con abuelos, mujeres, niños o turistas”

Érica Cañari, Comunidad Pozo Colorado.

Con el antecedente de la detención ilegal de Milagro Sala por ser una lideresa mujer e indígena, el actual operativo vuelve a exponer, también, un claro sesgo de violencia racista y machista. Tal como lo indicaron desde el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS): “En las detenciones del sábado 17, las últimas en ser liberadas fueron 8 mujeres indígenas”. En su comunicado agregaron que, tras la represión del 20 de junio, “de las 33 personas detenidas, 23 son mujeres”. Y que, si bien se supone que las detenciones fueron a quienes ingresaron a la Legislatura y en las grabaciones solo se ven varones, “las mujeres los superan en la representación dentro de los patrulleros” y se ve cómo son detenidas y violentadas por oficiales varones. Desde el CELS explicaron que se las acusa principalmente de “resistencia a la autoridad, daños y lesiones, tres acusaciones que, juntas, pueden terminar en encarcelamiento”.

A pesar de las múltiples y brutales represiones que se desplegaron en la última semana, son más de 20 cortes los que continúan activos. Luego de una gran asamblea de pueblos originarios, las comunidades decidieron salir a las calles y quedarse allí hasta que Morales dé marcha atrás con la Constitución: “En este momento pedimos la derogación de la reforma porque él lo hizo a espaldas de las comunidades y no lo consultó ni con nosotros ni con los gremios ni con nadie. Es mentira que se reunió con las comunidades porque estamos todas en diálogo”, explicó Delia de la Comunidad de Hornaditas. 

Luego de la jura de la Constitución seguida de represión y desinformación, Érica Cañari recordó a LatFem: “Lo que sucedió es inconstitucional; el gobernador no abrió el diálogo con las comunidades, solamente el día martes sacó dos artículos que según él era los que estábamos reclamando, pero nosotros reclamamos por toda la Constitución”. En ese marco, declaró que hay muchos artículos que afectan directamente a los pueblos originarios por los territorios y recursos que tienen y que su preocupación mayor es el agua.

“Fue salvaje la represión del día de ayer. No vamos a aceptar los atropellos que le hizo a la gente, nuestras hermanas y hermanos detenidos, tantos heridos y amenazados”, denunció Delia. Tras la represión, el paro continúa y los apoyos se multiplican: “Hoy bajaron las comunidades de Abra Pampa, Mina del Aguilar y la Quiaca para reforzar todos los puntos”. Para Delia “la fuerza es unánime”: “Estamos todos los pueblos de la puna, la quebrada y los valles. Todas las comunidades están presentes en las rutas pidiendo la renuncia inmediata o la intervención de la provincia contra este desastre”.  El reclamo también es unánime y así lo sintetizó Cañari: “Queremos una nueva reforma que dé la oportunidad a las comunidades y organizaciones de participar”.

Recibir el nuevo sol en las calles

Como la cosmovisión andina lo indica el 21 de junio es un día de celebración. Cuando “Tata Inti” (el sol) se acerca a la tierra marca el comienzo de un nuevo ciclo. Para recibirlo, cada 20 de junio las comunidades indígenas que comparten esa cosmovisión se encuentran en sus espacios ceremoniales para pasar la noche más larga del año en comunidad. Esta vez, el Inti Raymi se trasladó a los cortes, allí algunas comunidades decidieron abrir el paso de manera interrumpida durante la noche para evitar posibles tensiones con la polícia y realizar su ceremonia como corresponde: “La potencia de la celebración del Inti Raymi es superior y no lo están respetando, es un acto sagrado de conexión con la madre naturaleza, es un día espiritual”, manifestó Nelson Chasqui de Abra Pampa.

Para recibir el nuevo ciclo las comunidades andinas levantan sus manos al amanecer en espera de los rayos del nuevo sol. En el corte los puños siguen alzados: “No vamos a bajar los brazos hasta que Morales renuncie y se vaya con todo su gabinete”, aseguró Delia desde el corte de Purmamarca. “Estamos en las calles por los pueblos originarios y por toda la sociedad. Es un momento muy doloroso para las comunidades, para los gremios y los docentes. Queremos que se escuche la voz de la provincia de Jujuy que está sufriendo mucho, nosotros vamos a seguir adelante pero necesitamos de su apoyo”, aclaró.

* Publicada originalmente en LatFem

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Por Camila Parodi y Susi Maresca*

Desde Fiambalá

El vertiginoso proceso de explotación de litio que se está implementando en Fiambalá (Catamarca) enuncia un cambio de época. Plantas procesadoras junto a hospitales, camiones y camionetas que circulan a toda velocidad por la pequeña ciudad, precios descomunales en los alimentos básicos y alquileres, precarización laboral, problemas de salud, contaminación y falta de agua son algunos de los impactos en la vida cotidiana de quienes habitan la ciudad del oeste catamarqueño.

Mientras que los primeros proyectos de explotación de litio, aprobados en el departamento de Antofagasta de la Sierra, hacen lo posible para pasar desapercibidos, ocultar sus impactos y desaparecer del mapa; en Fiambalá, el megaproyecto “Tres Quebradas” impulsado ahora por la empresa china Liex Zijin muestra una estrategia diferente y expone, de manera ostentosa, sus irregularidades, la participación de la empresa en el poder local y la violencia explícita contra quienes se oponen.

Esta impunidad permite, también, nuevas formas de relacionarse con la comunidad local. Durante el último año se realizaron diferentes denuncias contra la precarización de los trabajadores que se encuentran en el salar, relatan que muchas veces no tienen agua para higienizarse y que tampoco cuentan con el equipo necesario para manipular químicos. Una de las principales quejas realizadas por los trabajadores de la minera se centra en las condiciones laborales: bajos sueldos, más de doce horas diarias de trabajo y falta del equipamiento básico. A su vez, el destrato cotidiano de empresarios y trabajadores de origen chino con la población genera una distancia inusual en las estrategias de marketing empresarial conocidas hasta el momento.

La instalación del megaproyecto “Tres Quebradas” fue realizada inicialmente por la empresa Liex S.A. (subsidiaria de Neo Lithium, de origen canadiense) en el año 2017. Desde noviembre de 2021 es gestionado por la empresa china Liex Zijin y la población advierte cambios radicales.

El megaproyecto comprende once propiedades mineras distribuidas en más de 30.000 hectáreas y tiene como objetivo, en la primera etapa, la extracción de 20.000 toneladas de carbonato de litio por año.

La empresa Zijin es la principal productora de oro en China y apunta a convertirse en una de las tres compañías mineras principales del mundo para el 2030. Como explican desde Ruido y Fundeps en su informe de «Litio y transparencia», el gigante asiático es uno de los países que más invierte en litio en la Argentina. En conjunto, durante 2022, las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta exportaron allí 292 millones de dólares. Con estos números se puede observar una tendencia de las empresas chinas a adquirir y gestionar proyectos de litio en el país.

Además de China, también Japón y Corea del Sur se constituyeron como los segundos principales inversores durante el año pasado. En ese marco, el caso de Fiambalá, a través de la llegada de Zijin, podría servir de ejemplo para conocer el accionar de China y sus intenciones. Un país en vías de constituirse como monopolio de la producción de litio así como en el principal exportador para sus socios del Pacífico.

El plan para los inversionistas es perfecto: extraer el litio de la zona de Tres Quebradas, un salar ubicado contra la cordillera a 100 kilómetros de la ciudad de Fiambalá, realizar el primer procesamiento allí y llevarlo preconcentrado hacia la planta (ahora en construcción), ubicada en el ingreso a la ciudad. Una vez procesado el carbonato de litio saldrá por el Pacífico a través del Paso San Francisco de Chile. Todo en una provincia que concede las libertades suficientes para que las empresas desarrollen sus proyectos y ni siquiera sean afectadas económicamente ya que tan sólo pagan el 3,5 por ciento del valor declarado.

El despertar de Fiambalá

Por su velocidad para desplazarse así como por la implicación en todos los entramados sociales de la población, se trata de un momento muy complejo para quienes defienden los territorios y resisten al avance de los proyectos extractivos. Entre ellos, está la Asamblea Socioambiental Fiambalá Despierta, un grupo de vecinos y vecinas que se organiza desde 2016, cuando comenzó a circular el rumor de la instalación de la minera. Sus integrantes explican que están tomando fuerzas luego de haber intentado impedir el ingreso de la empresa a su ciudad durante 2018. “Sabíamos que si ingresaban iba a ser peor por eso hicimos un corte entre algunas mujeres”, recuerda Nicolasa Casas de Salazar, una de las integrantes históricas de la asamblea.

Hoy la planta piloto ubicada en el centro de la ciudad, a metros del hospital, ya produce carbonato de litio. Desde la Asamblea realizaron diferentes notas para solicitar la información que les corresponde como personas que respiran el mismo aire, sin embargo no han tenido respuesta.

En noviembre de 2022, toda la población de Fiambalá estuvo enferma por más de un mes, con vómitos, erupciones en la piel, descomposturas y otros problemas similares. Por este motivo, la planta piloto fue clausurada por un tiempo pero las razones no fueron informadas hasta el momento.

En el caso de la nueva planta ubicada al ingreso de la ciudad, donde se producirá finalmente el carbonato de litio, la situación no es mejor. “Podemos ver que están haciendo más piletones de los que habían declarado, lo sabemos porque están a la vista de todo el pueblo, vemos también cómo remueven la tierra para avanzar rápidamente con la obra y cuando se levanta el viento del mediodía no podemos ver por el polvo. Están haciendo muchos movimientos y está todo flojo”, denunció el artista y asambleísta, Willie Carrizo.

Por cada tonelada de carbonato de litio se precisan 2 millones de litros de agua. Para este proyecto se requerirían 40 millones de litros de agua por año. Para dimensionar, este consumo equivale al agua que utilizaría una persona al lavar los platos dos veces al día por más de 10.000 años. Desde la Asamblea registraron que, hasta el momento, la empresa Zijin instaló al menos tres pozos subterráneos. “Están tomando mucha agua, no hay registro histórico de cuáles pueden ser los impactos de usar aguas subterráneas y sobre todo en zonas desérticas como lo es Fiambalá”, agregó la ingeniera ambiental e integrante de la Asamblea, Lis Sablé.

Zona de promesas

“Llegaron y prometieron empleo, progreso y buenos sueldos, pero la realidad es otra y la gente está comenzando a incomodarse”, explicó Sablé. En menos de un año desde su anuncio, la planta de carbonato de litio ya se encuentra instalada y la obra avanza rápidamente. “El momento de la bondad minera es este”, explica Lis para referirse al actual contexto: “Cuando terminen la obra toda la gente que ahora están empleando se quedará desocupada”.

La Asamblea Fiambalá Despierta es un pacto generacional. En ella se encuentran luchadoras históricas con jóvenes curiosos. Mientras que unas se preocupan por el futuro de las infancias y de la vida de su pueblo, los jóvenes —en tiempo presente— eligen organizarse para ser quienes decidan sobre sus propias vidas: “Yo me acerqué a la asamblea para estar informada, para decidir si quiero vivir acá, si quiero tener hijos”, explicó Karen Perea, una joven asambleísta.

Elegir en un territorio donde el libreto ya está escrito por los intereses de las empresas mineras no parece fácil. Organizarse y visibilizarse como parte de un espacio colectivo puede implicar la pérdida de ofertas laborales tanto en espacios privados como públicos, ya que la complicidad entre esos poderes es un hecho. “Es muy difícil porque la minera se metió en la secundaria a través del pago de las becas que hacen en conjunto con el municipio, entonces los jóvenes lo ven como una única salida”, señalaron integrantes de la Asamblea.

“Hay jóvenes muy preocupados y con conciencia por lo que está pasando, pero les falta apoyo”, se lamentó Nicolasa Casas de Salazar. La productora fiambalense explicó que cada vez son más los terciarios cerrados y que los jóvenes sólo aspiran a estudiar “seguridad e higiene” o alguna ingeniería que pueda ser de interés para la minera. “Nosotros estamos pensando en las futuras generaciones. Se están llevando todo para afuera, es muy agresivo lo que están haciendo”, expresó la vecina y recordó: “Dependemos del agua, tenemos que tomar para vivir, tenemos que regar las plantitas y cuidar a nuestros animales”.

Sin humedales no hay vida

Tres Quebradas integra el sistema de lagunas altoandinas y puneñas, una zona que sostiene el equilibrio de toda una biodiversidad muy específica. Por ese motivo, es un área de protección que se encuentra determinada por la Ley 5070 de Catamarca e integra una red de humedales reconocido a nivel internacional como subsitio Sur Ramsar. En el lugar se encuentran seis lagunas que, por su ecosistema tan particular, conservan especies con problemas de conservación, como lo es el flamenco andino.

Para la bióloga e integrante de la Fundación Yuchán y del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos, Patricia Marconi, los salares altoandinos “son muy valiosos para las comunidades de aves por la diversidad de hábitats que genera, por la cantidad de lagunas, sus distintas salinidades y las diferentes características físicas de los cursos de agua que existen”. Marconi explicó que cualquier modificación que se realice sobre dicho territorio “puede generar impactos irreversibles”.

La bióloga destacó que, por su capacidad de conservación del agua de manera subterránea, los salares funcionan como humedales de altura. “Los impactos acumulativos realizados por las empresas mineras como la extracción de salmuera a partir de su concentración y separación por la que se obtiene el litio, así como por la extracción de agua dulce que se utiliza para el procesamiento del mineral, no están claramente establecidos ni medidos con la capacidad de cada cuenca”, explicó. Entonces, al no tener precisiones sobre las capacidades de agua dulce y de salmuera que conserva esta cuenca se desconoce, también, el impacto real que podría traer cada proyecto en proceso.

Resistir y producir

La ciudad de Fiambalá está ubicada en un valle y es rodeada por los ríos Chaschuil y Abaucán que descienden desde la cordillera. Por los ríos y sus más de 300 años de intervención humana, el bolsón de Fiambalá se ha transformado en una enorme zona verde rodeada de desierto. Un frágil ecosistema que podría modificarse por un mínimo cambio.

Desde la llegada de la minera muchas dinámicas han cambiado, pero otras se han revalorizado. Continuidades de prácticas colectivas que resisten a la imposición del mal llamado “desarrollo”. A lo largo de la historia, familias campesinas fueron experimentando en la producción de alimentos y conocimientos especiales para ese tipo de geografía. Sus trabajos están a la vista: dalias fucsias que contrastan con la duna amarilla en el fondo de las casas; bosques nativos de chañar y algarrobo que resisten al intento del municipio de convertir la ciudad en cemento; variedades de maíces que se multiplican a través del intercambio comunitario; arquitecturas y sistemas de riegos que preservan el agua en tiempos de sequía; hectáreas y hectáreas de viñedos por los que subsistía todo un pueblo.

El chañar y la algarroba

Diego Amartino y Helena Córdoba Vélez viven en Fiambalá desde 2016, cuando comenzaron con un emprendimiento. A la vez que se instalaba un proyecto de muerte en el mismo territorio, decidieron mudarse e iniciar un proyecto productivo centrado en el uso y la revalorización de los frutos de los árboles nativos y silvestres. “Con Helena aprovechamos los alimentos que conocemos y que hemos venido aprendiendo y experimentando. Nuestra historia tiene que ver con cómo aprovechamos esos frutos y alimentos que estaban un poco olvidados y ponerlos en valor”, explicó Diego.

Sobre esa base, también, se proponen innovar y crear nuevas producciones con la agroecología como perspectiva. Hoy realizan harinas, arropes y patay de algarroba. En cada sabor le devuelven una partecita de su historia a Fiambalá.

El control del agua en manos del pueblo

Laura Del Pino es heredera de un viñedo de más de 50 años. Durante 2022 eligió volver a las tierras de su abuela para continuar con su trabajo. La situación es bastante distinta a la que recordaba de los veranos de su infancia. Antes, gran parte de la población trabajaba en la producción de uva que era vendida en los mercados. Ahora, relata, son muy pocos los camiones que salen al mercado. Explica que es muy complicada la contratación de personas que quieran continuar con la labor de viñatero.

“El otro problema es el agua, no ha habido mucha lluvia, y hubo heladas en noviembre que arruinaron parte de la producción”, señaló Del Pino. “Esto hay que lucharlo ya porque el agua que usan en la planta no puede volver ni al riego, ni a la napa, ni a nada porque está contaminada y no sabemos qué están haciendo arriba”. Para la productora, la solución es una sola: “El control del agua tiene que estar en nuestras manos”.

La lucha de las uvas

Además de participar de la Asamblea Fiambalá Despierta, Nicolasa y don Cacho son productores de uva. Las venden a la comunidad y al turismo desde la puerta de su casa. Esta decisión tiene una explicación: por un lado, se oponen a que la intendenta, Roxana Paulón (propietaria de una bodega) maneje la única mostera de la ciudad. “Ella le puso un precio general para todos los productores, está pagando 16 pesos el kilo de uva. Ni siquiera nos preguntó qué gastos tenemos para producir”, denunció Nicolasa. A su vez, al vender las uvas desde su casa Nicolasa y don Cacho cumplen con otro objetivo: encuentran la manera de hablar sobre la situación de Fiambalá con cada persona que pasa.

Su casa, ubicada en la calle principal, tiene un cartel que resume todo: “El agua vale más que el litio”. Nicolasa no descansa, mientras juega con su nieta piensa cuál será el próximo cartel que pondrá en su puerta y se imagina convocando a un gran festival para informar algo tan importante y, a la vez, silenciado: “Es simple, hay que cuidar el agua y cuidar el agua significa cuidar la vida. Los recursos que sacan, como el agua, son los que no se renuevan”.

*Publicación conjunta entre Agencia Tierra Viva, Revista Cítrica, Marcha y Sala de Prensa Ambiental.

**Esta nota es parte del proyecto fotoperiodístico “La ruta del litio: cartografía de un saqueo” realizado por Susi Maresca y Camila Parodi en el noroeste de Argentina

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Por Susi Maresca y Camila Parodi desde Catamarca *

Llegar al Salar del Hombre Muerto, en el departamento catamarqueño de Antofagasta de la Sierra, no es nada fácil. Además de los 647 kilómetros que lo distancian de la capital de Catamarca y sus más de 4000 metros de altura, la minería de litio intenta convertirlo en un territorio oculto. Nueve empresas extranjeras se desplazan libremente por la zona para ejecutar diferentes proyectos de exploración y explotación del «oro blanco». Se trata de uno de los vectores energéticos más codiciados por los países del Norte Global que, como la mayoría de las actividades extractivistas, tiene su lado oculto.

El salar ocupa más de 600 kilómetros cuadrados y cuenta con una larga historia de familias que lo habitan desde antaño. Se trata de un territorio que fue heredado por al menos seis generaciones que integran la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano. De hecho el nombre fue creado por el bisabuelo de quien hoy es cacique de la comunidad, Román Guitián. “El hombre muerto” refiere a una tumba encontrada en el medio del salar a principios del siglo XX cuando la familia se asentó con sus animales. Hoy, el cementerio ancestral se encuentra intervenido por una de las tantas rutas alternativas que las empresas mineras trazaron sobre el territorio.

Nos acercamos al salar tras el llamado que la comunidad le hizo a la Asamblea PUCARA (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), una organización que nuclea a las diferentes asambleas territoriales y que las acompaña en sus denuncias. Allí, la familia Condorí está preocupada. Denuncia cómo la empresa Livent continúa avanzando sobre sus tierras. A finales de 2022, la única hermana mujer de la familia falleció por un cáncer que se presentó de manera abrupta y sin que obtuvieran explicaciones claras de parte del hospital. Si bien las causas no están esclarecidas, su muerte despertó una nueva alarma en la familia: “Ya no es con la tierra, ahora se están metiendo con la vida”, se lamentan.

Un lugar oculto

La familia Condorí ya había denunciado años atrás la seca de la vega del río Trapiche que rodea su casa. Allí Livent improvisó un dique para tomar el agua y redirigirla a la planta utilizando unos 650 mil metros cúbicos de agua por hora. “Al secar la vega, nos quedamos con menos animales; eso ya está perdido”, denuncia Camilo. Ahora deben caminar más de diez kilómetros para alimentarlos. Acotan algo más: la empresa también colocó portones y candados para prohibir la circulación de manera libre por sus propias tierras. 

Desde hace cuatro años Camilo siente malestar. Tiene recaídas, problemas cardíacos y la irritación de sus ojos es permanente. Aun así, no imagina la vida en otro lugar. “Ni siquiera elige bajar a la villa cuando llega el tiempo de las heladas”, aclara su hermano.

Tanto las obras de vialidad como la construcción de las instituciones de la zona son realizadas de manera “conjunta” entre el Estado local y Livent a través de fideicomisos.  La ruta provincial 43 funciona como un corredor de camiones, máquinas y camionetas al ritmo de una autopista. Incluso cuentan con una pista de aterrizaje de uso cotidiano para el personal. Buscan “la optimización del trabajo”. Como parte de la estrategia, otorgan una “beca” de entre 6 mil y 20 mil pesos. Según las organizaciones, es un intento para “silenciar” a las familias que necesitan del dinero al perder sus recursos económicos de tierras y animales tras la falta de agua en la zona.

Si bien el litio es removido en el yacimiento y luego direccionado a la planta de producción de carbonato de litio, los residuos químicos desechados en la planta del salar viajan 450 kilómetros hacia General Güemes (Salta), donde funciona la planta procesadora.

La producción del cloruro de litio (utilizado por ejemplo en la fabricación de baterías eléctricas recargables) emplea el uso de químicos como el ácido clorhídrico y la soda cáustica que junto a sus desechos son trasladados dentro de barriles en camiones que atraviesan los caminos sinuosos del salar. “Deben ser muy peligrosos porque los usan con guantes y trajes especiales”, explica uno de los puesteros que vive a metros de la planta.

El día previo a la visita, un camión volcó a 15 kilómetros del yacimiento. Produjo un derrame de al menos 20 mil litros de un ácido aún no esclarecido. “El agua nunca fue de este color –remarca el cacique Román Guitián–. Durante las mañanas tiene vapor, por eso decimos que está contaminada”.

Ya seca la vega del Trapiche, la empresa pretende continuar con un acueducto por el río Los Patos, de mayor caudal. Patricia Marconi, bióloga integrante de la Fundación Yuchán y del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos, explica: “Los Patos es una cuenca particularmente importante ya que tiene la mayor biodiversidad que podemos encontrar en la zona alto andina por encima de los 3500 metros en la provincia de Catamarca. Tiene un extraordinario valor porque hay todo un conjunto de humedales asociados al Salar del Hombre Muerto donde la subcuenca del río Los Patos es importantísima. Se trata del río más caudaloso e importante del altiplano de Catamarca”.

El actual camino donde se traza el proyecto del acueducto (por el que se planea extraer millones de litros de agua por día) es sobre la huella que utilizaba la comunidad para pescar y buscar los animales. “Allí vivieron mis ancestros toda la vida, son más de cinco generaciones habitando el mismo territorio”, explica Guitián.

Hay “efectos colaterales” no previstos por las autoridades. Desde que comenzó la minería de litio en el salar, se redujeron y degeneraron las truchas del río: “Ya no son las mismas de antes –agrega Guitián–, ahora tienen menos sabor y son más chicas, incluso se han perdido algunas de las especies como la trucha salmonada que casi no hay más”.

Los verdaderos oasis del Altiplano

El del Hombre Muerto, como cualquiera de los salares altoandinos, funciona como un humedal para el sostenimiento de la vida de la puna, ya que conserva el agua de manera subterránea. En palabras de Patricia Marconi, bióloga integrante del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos, son “ecosistemas muy particulares ya que se encuentran en una transición entre terrestres y acuáticos”.

«Los humedales son los verdaderos oasis del altiplano y de ellos depende toda la forma de vida”, acota. Por la particularidad del altiplano, “este tipo de cuencas están cerradas, ya que confluyen todas las aguas que escurren o que se infiltran desde los niveles subterráneos”.

En los ambientes del Altiplano, el agua que sale por evaporación del sistema natural es 9 veces más que el agua que se precipita. “El agua se va concentrando, evaporando y depositando en las sales. Los salares pueden inundarse en los períodos de lluvias, así como concentrarse en una costra blanca y dura durante el invierno”. En el caso de la minería de litio, denuncia que se realiza directamente sobre este tipo de humedales porque de ellos depende la existencia de acuíferos para la extracción de la salmuera: “la minería de litio insume entre 300 mil y 500 mil metros cúbicos anuales por tonelada de litio producido. Son volúmenes enormes que, en el caso del Altiplano, provienen fundamentalmente de agua subterránea y se trata de un recurso no renovable”.

Suyay: un espacio cultural de resistencia

Elizabeth Mamaní y Patricia Reynoso integran la Comunidad originaria Atacameños del Altiplano. Juntas crearon un espacio cultural orientado al turismo. Suyay, que significa “esperanza”, surgió tras una experiencia sostenida de cortes de ruta «en contra del desastre, la sequía y la destrucción ambiental que empezamos a ver en nuestro territorio”, explica Elizabeth.

Por participar de los cortes, Patricia Reynoso fue acusada y sumariada en su trabajo como docente de educación física. La sacaron del cargo y le quitaron el sueldo justo antes del comienzo de la pandemia.

Señalada por gran parte del pueblo que trabajaba para la minera y el gobierno, sintió el impulso de crear Suyay: “Nos unió el dolor”, recuerda Elizabeth quien hoy disfruta de cocinar platos regionales y combinar los diferentes alimentos de la puna. “Por llevar ese título de  ‘antimineras’ nadie nos quería alquilar”, recuerdan. Finalmente, ya con lugar, Suyay en un lugar de referencia donde trabajan al menos diez jóvenes, en su mayoría mujeres, y reciben a decenas de turistas por semana. “Suyay es una forma de resistencia. Entre el plato que se sirve y la receta que se comparte con el turismo, encontramos una forma de hablar de la lucha contra la minera; lo que pasa en los salares, que de afuera no se ve, y la importancia de defender nuestros territorios. Sobre todo, el agua”.

* Publicada originalmente en Tiempo Argentino

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• Por Daniel Guerra

El paisaje semiárido a un lado; al otro, el oleaje impulsado por un fuerte viento en toda la costa septentrional de Colombia. Bajo el calor de estas tierras aparecen algunas cabras buscando hojas verdes y, de vez en cuando, algunas personas que se dirigen a los jagüeyes, reservorios de agua dulce.  

Estar al norte de Colombia ha sido una condena para los pueblos wayúu. A pesar de tener la propiedad de la mayoría de las tierras de la alta y media Guajira, han visto por décadas cómo se desarrollan proyectos energéticos a gran escala sin que su opinión sea suficiente para cambiar el destino de su hogar. El Estado colombiano ha impuesto proyectos petroleros y mineros de gran envergadura, vulnerando territorios sagrados para la cosmogonía wayúu. Actualmente hay una deuda histórica con esta cultura, que sigue siendo amenazada por iniciativas extractivistas.

En este lugar hay 1.080.336 hectáreas destinadas al resguardo indígena wayúu. Esta figura de resguardo fue propuesta por el Estado, cuando en realidad es el Eiruku, una organización ancestral, maternal y divina, la que rige la propiedad de la tierra wayúu.

A Jepirachi, una deidad wayúu del viento, de naturaleza mutable, se le están obstruyendo sus caminos que vienen del nordeste. Una aplanadora impulsada por el viento ha llegado para quedarse. Según el gobierno de Colombia, las energías renovables aumentarán su capacidad cien veces en cinco años, pasando de 28,2 megavatios a 2.500 megavatios, y gran parte de esta nueva capacidad provendrá de los parques eólicos a desarrollarse en La Guajira.

Este hecho emociona a los más entusiastas que buscan realizar una transición energética eficaz y a mediano plazo, en especial por el actual escenario de crisis climática. Sin embargo, para muchas otras personas estos desarrollos generan graves inconvenientes en materia de justicia ambiental. Para David Rodríguez Epieyú, líder ancestral de las comunidades de Irraipa y Kulesiamana, esta es una “pelea de tigre con burro amarrado”, en la que las empresas llevan todas las de ganar mientras las comunidades se mueren de sed. 

Hasta junio de 2022 hay 26 proyectos eólicos vigentes ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), de los cuales 20 están ubicados en la región de La Guajira. Varios de estos proyectos están planteados en tierras cercanas al Cabo de la Vela, sitio turístico de la alta Guajira y lugar sagrado de los wayúu, llamado Jepirra, donde los difuntos realizan su tránsito hacia lo desconocido.

Cerca de allí está el aeropuerto del Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, con 69.000 hectáreas de extensión. Los indígenas wayúu, con un silencio acusador, observan cómo pasan por encima de su voluntad y sus creencias. Mientras tanto, la aridez, espaciada por pastizales y árboles como el trupillo domina el paisaje en este espacio. Joutai, uno de los vientos primordiales para los wayúu, sigue advirtiendo sobre los proyectos que afectan esta tierra.

Para la académica especialista en ecología política de la Universidad de Santa Marta, Andrea Cardoso Díaz, “la transición energética justa debe responder a las necesidades del territorio, no debe ser algo hegemónico, debe contemplar un diálogo público con todos los actores, así como una agenda de construcción colectiva”.

Según ella, el problema radica en que a los habitantes de esta región les ha tocado siempre defender sus derechos, sin tener la oportunidad de proponer alternativas al sistema centralizado de energía que se maneja en Colombia. Históricamente las altas esferas del poder han creído que el sistema hegemónico e interconectado es el único posible.

El caso Jouktai

En enero de 2022 el presidente de Colombia, Iván Duque, inauguró desde lo alto de un aerogenerador el complejo Guajira 1. Esta planta estuvo a cargo de Isagen, compañía generadora de energía que era propiedad del Estado colombiano hasta 2016. Este es el primer parque eólico desde el proyecto Jepírachi de EPM, empresa de servicios públicos de Medellín.

Antes de que esto ocurriera venía cocinándose una situación que habla mucho acerca de cómo se están adelantando este tipo de proyectos. Desde 1999, Juan Fernando Gutiérrez Becquet, empresario interesado en las energías renovables, fue uno de los principales impulsores de Jouktai, nombre original del proyecto Guajira 1.

Inicialmente, las empresas Acquaire —representada por Gutiérrez— y Wayúu S.A E.S.P (WESP) —que contaba con apoyo indígena—, tenían en mente el proyecto Jouktai como una forma de generar recursos para apoyar el objeto social de WESP: prestar servicios públicos básicos para las comunidades wayúu aisladas.

“Siempre puse de antemano que la comunidad fuera socia. Esa fue la consigna que se cumplió hasta que nos vimos en la necesidad de vender el proyecto”, cuenta Gutiérrez. En teoría, las comunidades iban a ser dueñas del 10% de las acciones del complejo impulsado por WESP, que inicialmente contemplaba 12 megavatios de capacidad instalada. Pero esos 12 megavatios no eran suficientes para conseguir recursos que permitieran darle cierre financiero al proyecto, a pesar de tener un apoyo inicial de capital neerlandés.

Lo que en últimas sucedió fue que el proyecto se vendió a Isagen, empresa con la que habían tenido un acuerdo interinstitucional desde 2005 para el tema de las licencias ambientales y otros procesos previos. “Lo que pasa es que estas empresas, incluida Isagen, llegan con el esquema convencional de monopolio extractivista y hacen lo que quieren con las comunidades”, menciona Gutiérrez. Según él, la relación con las comunidades por parte de Acquaire y WESP fue muy buena en todo momento.

Las retribuciones actuales que se contemplan por parte de Corpoguajira, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la UPME son realmente ínfimas. Por ejemplo, para el proyecto Jouktai, incluían un solo pago por el uso del terreno de los wayúu, así como una inversión voluntaria del 0.5% de las utilidades generadas cada año por el proyecto eólico. De igual manera, se incluye una compensación del 20% del total anual por los certificados de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Pero nada de esto es suficiente. Además, estás retribuciones casi nunca son en efectivo, sino en forma de proyectos productivos, subestimando la capacidad de los wayúu para manejar dineros.

Paradójicamente, según Joana Barney, investigadora y autora del libro “El viento del este llega con revoluciones”, personas como Gutiérrez “son una especie de coyotes” que se encargan de generar confianza con las comunidades y tramitar las licencias ambientales para luego vender los proyectos a grandes empresas con la capacidad financiera para desarrollarlos. Esto genera desconexión en los procesos con las comunidades y habla de la mala fe con la que muchas veces se hacen estas negociaciones. 

“La transición energética justa debe responder a las necesidades del territorio, no debe ser algo hegemónico.”Andrea Cardoso Díaz, académica de la Universidad de Santa MartaTuit

Aparte de esta situación, Barney menciona que “no hay seguridad jurídica de los proyectos porque el Ministerio del Interior hizo un trabajo mediocre por visibilizar quiénes eran realmente los líderes de las comunidades; sin contar que las consultas previas están muy mal hechas”. Este hecho ha provocado rencillas entre las mismas comunidades, además de múltiples paros y protestas que detienen el curso de los parques eólicos, dejando insatisfechas tanto a las comunidades como a las empresas.  

En el campo científico también existen muchos vacíos. Según Juliana Arbeláez, experta en modelamiento climático y procesos ambientales en Colombia, “no conocemos nuestro territorio en datos, como se necesita, para poder hacer una línea base. En términos climáticos hablamos de tener 30 años de registro para entender el patrón climático de una región. Eso es algo que Colombia apenas empezó a hacer”.

Según Arbeláez, al no contar con estos datos de línea base sobre ecosistemas y biodiversidad no hay transparencia a la hora de emitir las licencias ambientales. “Son las empresas consultoras las que hacen los estudios y estas hacen lo mínimo para cumplir con los procedimientos legales que necesita el proceso”, comenta. Esto produce que se lleguen a aprobar permisos ambientales con estudios de aves que duran, por ejemplo, una semana, cuando estos deberían tener en cuenta patrones estacionales de largo aliento.

El cementerio Warepep

De las cuatro comunidades que fueron consultadas para el proyecto Guajira 1, Mushalerrain, Taruásaru, Lanshalia y Jotomana, en el Cabo de la Vela, esta última decidió retirarse del proyecto sobre la marcha. Isagen decidió no incluir el territorio de esta comunidad y seguir adelante con el proyecto.

Al realizar un nuevo trazado del parque eólico no hubo una nueva consulta con las comunidades, sino que se empezó a darle forma al complejo. Por esta razón un cementerio wayúu del territorio Warepep fue cercado —aprisionado— por parte del proyecto de Isagen. El sitio sagrado está a menos de dos calles de distancia de uno de los aerogeneradores.

Denys Velásquez, quien es una de las representantes de la comunidad, decidió poner una tutela por la vulneración de sus derechos. Esta demanda fue admitida por un juzgado de familia de Maicao y está en curso en este momento. Lo que busca esta petición es que se hagan consultas previas con los vecinos de los proyectos antes de realizar cualquier intervención. 

Juan de Dios Alarcón Uriana es el líder wayúu del territorio Warepep, aunque reside en Manaure. Sentado en su silla mecedora de madera reconoce que los proyectos eólicos sin duda llegaron para quedarse, “lo importante es que haya acuerdos con la comunidad, con los viejos y que sean acuerdos con compromiso”, comenta. Muchas veces las empresas llegan a darle “contentillos” a unos y a otros no y “el wayúu es muy celoso, no se le puede dar a una sola comunidad porque todos somos un solo territorio”, remata Alarcón Uriana. 

“Lo importante es que haya acuerdos con la comunidad, con los viejos y que sean acuerdos con compromiso.”Juan de Dios, líder wayúu del territorio WarepepTuit

Este pensamiento coincide con el de David Rodríguez Epieyú, quien enfatiza en la necesidad de que el gobierno y las empresas hablen con la verdad. Para los wayúu la palabra no tiene escritura, lo que se dice se cumple. Las empresas, con artimañas, dicen unas cosas y hacen otras. Para David estos proyectos deben “entender el sistema normativo wayúu y respetar a las autoridades tradicionales”. Este líder ancestral clama, por encima de todo, por agua para las comunidades a su cargo.

El viento, que es solo uno para los arijuna, personas foráneas en wayúu, para esta cultura ancestral del norte de Colombia y Venezuela tiene múltiples caras, personalidades y caminos. Jepirachi, Jouktai, Palaapajat, Aruleeshi, entre otros, son deidades mutables, a las cuales no se les puede poner una barrera, en este caso en forma de aerogenerador.

La transición energética implica un cambio real, es decir, necesariamente hay que empezar a mirar las cosas desde un punto de vista polisémico, mutable. La hegemonía del carbón y los combustibles fósiles no puede ser la referencia para el nuevo mundo que se está intentando crear.

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina

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Con esta acción, la comunidad organizada de Choya le corta el paso a las máquinas y camionetas cargadas de combustible de la empresa MARA (Agua Rica-Alumbrera), y evitan que sigan trabajando en la exploración avanzada del proyecto minero que ya está afectando la salud de todo un pueblo.

Fotos y texto por Marianela Gamboa

“Hay que subir al Aconquija y paralizar las maquinas!!!”

Don Raúl Barrionuevo, Caminata 644, Andalgalá.

Esta lucha, como señalan integrantes de las asambleas El Algarrobo y Aguas Claras, tiene más de dos décadas. Se reactualiza y transforma constantemente, como lo hace el Estado y la empresa a manos de Yamana Gold, en sus intentos de avanzar con la explotación del yacimiento que aún no posee autorización, ni presentación del informe de impacto ambiental para la misma.

Caminata por la vida 644

La caminata por la vida es una acción histórica inigualable a nivel latinoamericano y global: se realiza hace más de 11 años cada sábado tras la inolvidable represión del 15 de febrero de 2010. Desde entonces, se sigue sosteniendo como consiga que “Agua Rica no tiene licencia social en Andalgalá”, que los pueblos no queremos megaminería. Sin embargo, a cada paso se suman nuevas demandas: hoy, exigimos con todas nuestras fuerzas la libertad de Enzo Brizuela y que bajen las maquinas del cerro.

Mientras esperábamos para comenzar la Caminata 644 dialogué con vecinas y vecinos de Choya. Allí me invitaron a la asamblea que realizarían el domingo en su espacio de encuentro para registrar sus voces y comunicar sus principales denuncias: estamos hablando de violación de Derechos Humanos y derechos constitucionales a vivir en un ambiente sano. También hablamos de respeto a la autodeterminación de los pueblos, y del resonante “No es no”, que los gobiernos nacional y provincial desoyen. Cabe aclarar que, por la situación de extrema criminalización que están atravesando algunas personas prefieren el anonimato”.

Al llegar a Aguas Claras, lo primero que reconocí fue aquella callecita donde, en medio de la noche y la represión del reciente 3 de mayo, más de 7 efectivos varones de la policía de Catamarca se llevaban detenida a Karina Orquera quien se defendió gritando “tengo un escudo más fuerte que el de ustedes”.

En ese momento, los grupos de choque libraban el camino a las camionetas mineras hiriendo con palos y balas a más de 20 vecinos y vecinas de diferentes edades. Fueron pocas las personas que se animaron a llegar al hospital para recibir la atención médica y este no es un dato menor: Esas mismas personas fueron las que posteriormente recibieron citaciones de fiscalía. Explica una de las vecinas que “los que han quedado marcados son los que después citaron” . 

Mientras compartimos la comida, diferentes vecinos y vecinas comienzan a relatar sus historias, son de distintas generaciones y van narrando cómo están viviendo la avanzada minera, la criminalización y persecución judicial en su territorio. Quienes son de mayor edad no se cansan de decir que “el tiempo es ahora” y que van a luchar hasta las últimas consecuencias: “Como los árboles que mueren de pie, nosotros jamás moriremos de rodillas” manifiesta uno de los vecinos.

Resistir y no rendirse es un cotidiano, es parte de la vida del pueblo choyano que sabe muy bien que Agua Rica es una sentencia de muerte para las comunidades. Con orgullo comparten que allí arriba, en el campamento del “globo”, la presencia de cuerpos es transgeneracional: “hay chicos desde los 13 años que están en el cerro defendiendo nuestra agua” afirman. Una joven relata que todavía hay vecinas y vecinos heridos por las balas de goma, que tienen infecciones y dolores en las zonas golpeadas. Otras vecinas señalan que en Andalgalá “no se puede denunciar nada, sino somos perseguidos”.

Así suceden las cosas en Andalgalá, cuentan las y los vecinos que la complicidad estado-empresas opera también desde lugares pequeños y comunes: trabajadores mineros directos o tercerizados que se prestan a realizar falsas denuncias, estatales de un hospital que no atienen a las personas heridas de la represión y otras tantas detenidas por ser “antimineros”, e incluso brindan sus datos a la policía y fiscalía para luego inculparlas de algún delito mientras ejercen su derecho a la protesta, por un ambiente sano, por aguas claras para las generaciones venideras, los animales y la tierra. Para la vida de todo el pueblo choyano y de todos los pueblos que el Aconquija abraza.

En el pueblo de Choya viven unas 600 personas, de las cuales unas 5 o 6 familias “no están en contra de la minera” según relatan las y los vecinos de Aguas Claras. Choya se encuentra a unos 12 km del centro de Andalgalá, sobre la ruta 47. Andalgalá es uno de los pocos lugares del país donde las rutas y caminos terminan en portones de una empresa minera.

“Por el futuro de nuestrxs niñxs: el agua no se toca“

Los relatos continúan. La asamblea se reúne bajo históricos árboles y en un mástil flamea la bandera argentina. 

Conversamos sobre las niñas y niños enfermos en marzo de este año, muchos de ellos con diarrea, vómitos y desarreglos estomacales por beber el agua que bajaba sucia, afectada por los derrumbes que provoca M.A.R.A. En el hospital fueron atendidos, pero no quisieron dar certificados ni explicar nada de lo que pasó. Sin embargo, la escuela N°217 “Fragata Libertad” suspendió las clases “por la falta de agua” dice el relato oficial ya que los filtros que “potabilizan” el agua se taparon por la cantidad de sedimento; a su vez la cantidad de niñas y niños afectados impedía el desarrollo normal de las clases. La denuncia llegó al Concejo Deliberante de Andalgalá, quien pidió informes a los ministerios correspondientes que dieran cuenta de las autorizaciones otorgadas a MARA para operar en las márgenes del río Choya. Sin embargo, las respuestas son las de siempre: hablan de monitoreos y controles para nada objetivos, realizados por la empresa o el mismo Ministerio de Minería que bien sabemos por la historia de Catamarca, tiene sus intereses puestos en que Agua Rica avance.

Esta situación fue uno de los motivos que impulsó a varias personas a recorrer las vertientes. Los videos filmados en esas fechas por las y los vecinos conocedores del cerro, que viven allí llevando y trayendo sus animales, acostumbrados a andar por las quebradas, muestran la presencia de material sedimentario blanquecino y algunas piedras como la pirita (con un alto componente de azufre y hierro) en las vertientes de agua que bajan hacia el pueblo, provenientes de las remociones de las cornisas del cerro con maquinaria pesada.

Esta acción impacta de manera irreversible, implica un enorme desmonte y produce un talud que cae por las quebradas, es decir las acciones de MARA ya están afectando al destruir zonas del cerro por donde antes -relatan los vecinos- se podía andar a caballo para buscar la hacienda, y actualmente es imposible recorrer. Se está afectando de forma intensiva espacios claves para la retención del elemento por el cual lucha Andalgalá: el agua.

Las aguas no conocen de fronteras estatales ni empresariales; el río Choya y el río Andalgalá son vecinos que comparten una divisoria de aguas común, asociada a la cuenca del río Minas, la misma que la propia empresa en sus informes reconoce será afectada.

“Cada día más gente de Andalgalá toma agua de bidón… antes, la gente de choya tomaba agua de la acequia, era agua pura”

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