En marzo de 2006, un incendio en un taller clandestino ubicado en la calle Luis Viale terminó con la vida de 6 personas, cinco de ellas menores de edad. Marcha dialogó con Jerónimo, miembro de la Campaña Justicia Por las Víctimas del Taller Textil de Viale, sobre el avance de la causa en la Justicia.

Ya habían sido condenados a 13 años de prisión los encargados del taller, por reducción a la servidumbre de las 64 personas que vivían en el lugar. Allí se produjo un incendio, donde el 30 de marzo murieron 5 niños y una joven embarazada de 25 años. Esa condena llegó luego de más de 10 años.

Ahora ha avanzado la causa sobre los dueños de las marcas.

Esto fue por indicación del mismo juzgado que condenó a los encargados del taller. A partir de lo mal que venía la causa y lo que se tardó en condenar a los procesados hicimos una campaña de Justicia por las víctimas de Luis Viale y desde allí pedíamos que se juzgue a los encargados del taller, que se haga el juicio, se los condene y además se vincule a los dueños de la marca que son incluso más responsables que los encargados porque eran los beneficiarios últimos de esta cadena de explotación.

Como suele ocurrir, las marcas son las principales beneficiarias, por más que los encargados de los talleres sean los que aplican en forma directa la explotación, lo hacen muchas veces porque las marcas no pagan lo suficiente como para que ellos puedan pagar los salarios que corresponden.

No quiero con esto justificar a los encargados, que también son responsables, pero no son los principales beneficiarios ni los principales responsables. Entonces el Tribunal Nº 5 de la Ciudad, cuando condenó a los encargados del taller, instruyó a la justicia a sortear la causa y a seguir investigando la responsabilidad de los dueños del taller y de la marca.

La particularidad de este caso es que los dueños de las marcas para las que trabajaba el taller eran tres y los dueños del taller son los mismos, el taller trabajaba exclusivamente para ellos, que tienen la fábrica a la vuelta de Luis Viale al 1200. Además eran los dueños de la propiedad donde funcionaba el taller e iban a visitarlo, como consta en las declaraciones de los testigos, incluso en las de los imputados, en el juicio que se hizo y en el que se condenó a los encargados.

Los mismos encargados decían que los dueños iban al taller a ver cómo estaban las cosas. La vinculación es muy directa. Si en este juicio no se logra condenar a las marcas, va a ser muy difícil que en los demás casos se haga. Por eso es un juicio clave. Además de ser junto con la causa Páez, la muerte de dos chicos en abril de 2015, los casos más graves, que llevaron a la muerte de personas.

Tengo entendido que se tomó declaración indagatoria a los acusados, que son Alberto Fischberg y Jaime Geiler.

Así es, se les tomó declaración indagatoria a mediados de marzo. No sabemos aún porque las indagatorias son procesos muy secretos, ni siquiera la querella sabe si en efecto declararon o reclamaron su derecho a no declarar.

La importancia de estas indagaciones era que a partir de ahí y con las pruebas que presentó la querella y la fiscal Betina Botta, que ha hecho un trabajo muy pobre y muy lento y no le puso la dedicación al caso que merecía ni mucho menos, el juez Alberto Baños va a decidir si procesa a los dueños de las marcas, si dice que todavía no hay suficientes pruebas y pide más o si directamente los sobresee. Podría llegarse al sobreseimiento, lo cual sería muy grave.

¿Hay alguna otra novedad sobre la causa?

No. Porque está en manos del juez Baños y de la fiscal Botta, que no han hecho absolutamente nada. El juez Baños dijo hace un año que no llamaba a indagatoria porque no encontraba a uno de los acusados. Lo encontramos nosotros por internet. En distintas páginas web encontramos información sobre sus direcciones y a partir de eso el juez pidió al Banco en el que el acusado tenía una cuenta, que le informara el domicilio y finalmente lo encontró. Tuvimos que activar nosotros para apoyar a la querella y que finalmente tomen indagatoria. Tardaron dos años en hacerlo.

Entiendo que la justicia está sobrepasada, es muy conocido que las fiscalías tienen muy pocos recursos, pero lo cierto es que la fiscal ha hecho un trabajo muy pobre. Es la misma que en su momento investigó a los dueños de la marca y no presentó las pruebas que le proveyó la querella. Recordemos que después del incendio se investigó la posible responsabilidad de los dueños de las marcas y este mismo juez, Alberto Baños, los sobreseyó; entonces se continuó con la investigación sobre los encargados del taller.

Ahora, cuando se sorteó la causa volvió a caer en el mismo juzgado con esta misma fiscal y vuelven a hacer un trabajo que indicaría que va a terminar en un sobreseimiento, a menos que haya suficiente presión de parte de la campaña. Los medios de comunicación tienen que dedicarle a este caso el tiempo que merece. Es un caso testigo y clave, que va a sentar jurisprudencia para los juicios contra las más de 100 marcas denunciadas que hay por explotación de migrantes en talleres clandestinos.

Entre ellas la marca de nuestra primera dama, Juliana Awada.

Las tres marcas de este caso no son conocidas pero en el caso de Awada están Cheeky junto con las otras dos marcas que tiene que son Como quieres que te quiera y una más (Pâtisserie). Hay una lista muy larga de marcas que está en la página web de La Alameda que fue la encargada de la mayoría de las denuncias y también hay otras tantas hechas por la AFIP en los últimos años. Está Adidas incluso que después limpió su cadena productiva. Pero está lleno de marcas de ropa de moda de mujer. Recomendaría que miren la lista en la página de La Alameda porque habría que evitar comprar esas marcas.

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Finalizaron las audiencias testimoniales en el Juicio oral y público por la responsabilidad de los siete policías implicados en la desaparición y homicidio de Daniel Solano. Conversamos con Leandro Aparicio, uno de los abogados querellantes.

Las audiencias contra los siete policías comenzaron el 22 de febrero en los Tribunales de General Roca, provincia de Río Negro, ayer hubo indagatorias y la semana que viene serán los alegatos.

Daniel Solano era el trabajador que había llegado desde su Salta natal por tercer año consecutivo a trabajar en la cosecha de manzanas para Agrocosecha, una falsa cooperativa que tercerizaba su trabajo para la multinacional Univeg Expofrut en Lamarque, Río Negro. Daniel había reclamado por el mísero pago del viernes y el sábado siguiente, 5 de noviembre de 2011, al menos siete policías lo sacaron del boliche Macuba, lo golpearon, y lo llevaron inconsciente en dos autos.

El 19 de octubre de 2012, la Cámara Criminal Tercera de General Roca los había procesado con prisiones preventivas: a Sandro Berthe, Pablo Bender y Juan Francisco Barrera por “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”; a Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Alberto Quidel y Diego Vicente, como partícipes primarios de “privación ilegal de la libertad y homicidio agravado” y al oficial inspector Héctor César Martínez en carácter de partícipe secundario de los delitos de “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”. Sin embargo, estuvieron detenidos menos de cuatro años y hoy continúan en actividad y portando armas.

En el camino, su padre, Gualberto Solano, llegó a los pocos días y se quedó soportando el frío y esperando por una justicia que le fue esquiva: murió el 3 de abril pasado.

En la localidad de General Roca (Fiske Menuco, como la llaman sus habitantes), conversamos con Leandro Aparicio, uno de los abogados que lleva adelante la causa, sobre las novedades de las audiencias y las expectativas en que el poder judicial esté a la altura de las circunstancias.

–¿Qué balance hacen después de todos estos meses de audiencias?

Entiendo que ya hemos puesto toda la carne al asador;  habló el 95% de los testigos que han visto específicamente la sacada de Daniel del boliche hasta la camioneta, que eso es invariablemente lo que nos han dicho que tenemos que hacer referencia al objeto del juicio. Al revés que la Cenicienta, que termina a las 12 de la noche, nosotros empezamos después de las 12 de la noche para la Fiscalía y para el Juzgado; o sea que nosotros no podemos mirar para atrás: no podemos mirar para AgroCosecha, para las gamelas ni para ExpoFrut, tampoco el encubrimiento policial: en este juicio únicamente se ventila que en el homicidio están imputados esos siete policías, las otras causas están todas paralizadas.

Con lo que pudimos filmar en las audiencias, podemos tener una instancia internacional en la comisión para probar lo que está pasando acá, una cosa que no sólo diga y que quede muerta en un expediente. Así que por un lado estamos satisfechos de que se haya probado y ratificado lo que se dijo en primera instancia, por lo que se permitió detener en 2012 a estas siete personas, que sólo estuvieron detenidas tres años y medio, y que, no olvidemos, son policías, tienen armas y cobran sueldo.

–¿Cuáles consideran que fueron los testimonios más relevantes?

–El de Susana Solano, hermana de Daniel, fue muy importante, porque ella relata el rol de la empresa, de los patrones de Daniel, que la trajeron a ella desde Córdoba, que le dieron la plata, que le pusieron los abogados, hasta que llegó Sergio Heredia (el otro abogado, oriundo de Salta) y se pudrió todo: los echaron de la casa y no les dieron más apoyo.

Pudimos ver el rol de Martínez, que comandaba la brigada que investigó al principio, que estuvo detenido y está imputado y que sacó a Daniel del boliche, que le decía a Susana: “Todas las pruebas que te lleguen a dar me las tenés que dar a mí”.

El día que vinieron a declarar desde Salta Maira y Romina, primas de Daniel, fue también muy fuerte porque Barrera, otro de los imputados, las miró, se les burló, y al fotógrafo y periodista Gustavo Figueroa lo amenazó de muerte.

La satisfacción que tenemos es que probamos todo. Llegamos hasta donde pudimos con el cuerpo, el Jagüel (donde según testigos habían arrojado el cuerpo de Daniel) fue adulterado: tenemos los dos videos de agosto de 2015 y luego de 2018 y un pozo que estaba tapado, atado con alambre, pero no podía entrar nadie, estaba totalmente alterado… así que nos queda seguir insistiendo con eso. En la última conversación que tuvimos, el padre de Cristian (Bonin), Gualberto, Sergio y yo, nos dividimos en comisiones. Gualberto dijo que no quería venir acá, le dolía mucho venir al juicio, tener a estos tipos en frente, ver sus caras. Entonces él y Cristian se iban a hacer cargo del Jagüel y nosotros íbamos a estar acá en el juicio. No se pudo dar, fue muy duro que se muera Gualberto en el camino.

–¿Cómo sigue el Juicio y qué planes tienen a futuro como querella?

–Quedan los alegatos, que van a ser largos, pueden durar 3 o 5 días. Tampoco sabemos cuánto tiempo nos darán para hablar por día. Y después de esta sentencia, quedan las otras causas que ya veremos la estrategia. Por lo pronto lo que vamos a hacer después va a ser el tema del Jagüel, vaciarlo. Y después tenemos ya los resortes para denunciar a la provincia de Río Negro, aunque hagan cosas para desgastarnos.

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Próximo a conmemorarse otro Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se rescataron a más de veinte niños y niñas explotados laboralmente en quintas del Parque Pereyra Iraola. Consultamos a Clarisa Gambera, de la organización Niñez y Territorio y trabajadora de Niñez de CABA, sobre el trabajo infantil en nuestro país.

Apenas si alcanzó a limpiar el pizarrón escrito del día anterior, cuando notó las heridas en las manos de su alumna. Mientras el curso tomaba asiento, la maestra le pidió que se acerque al escritorio para preguntarle. La nena de solo diez años tenía las manos quemadas por pesticidas. Aunque el imaginario social puede representarnos una escuela rural en un yerbatal de Misiones, ocurrió en el cinturón hortícola del sur del conurbano.

La docente denunció en la fiscalía de Berazategui que su alumna trabajaba después de la escuela en una quinta, usando químicos peligrosos que lastimaban su piel. De esta forma empezó la investigación de la UFIJ Nº 1 descentralizada a cargo del doctor Daniel Ichazo, que logró descubrir una red de trata de personas y explotación infantil para tareas agrícolas.

La Jefatura Distrital de Berazategui realizó la semana pasada cuatro allanamientos en quintas de la zona del Parque Pereyra Iraola, donde descubrieron a familias bolivianas que fueron traídas para ser explotadas laboralmente y reducidas a la servidumbre. La producción se vendía en un puesto del mercado de frutas y verduras de las avenidas Varela y Dardo Rocha de esa localidad.

Se detuvieron a tres administradores de las quintas, quienes estaban encargados de la explotación de los trabajadores bolivianos. En total, se logró rescatar a veintiuna personas mayores de edad y a veintidós niños y niñas explotados laboralmente. Por trabajar con pesticidas, los niños habían puesto en riesgo su vida y sufrido lesiones físicas.

Las escuchas telefónicas descubrieron que las familias fueron captadas en Bolivia ofreciéndoles trabajo digno, pero cuando llegaban a Argentina terminaban esclavizados juntos con sus hijos. Con un sistema perverso, los engañaban ofreciéndoles obtener el 50 por ciento de las ganancias de los cultivos. Sin embargo, nunca lo cobraban porque les descontaban los pasajes, los alimentos, los agroquímicos y el transporte de la producción.

Vivían en condiciones infrahumanas, hacinados en casillas destruidas, con piso de tierra y letrinas afuera. Los niños y niñas trabajaban a partir de los seis años haciendo el desmalezamiento. Los más grandes cumplían jornadas de entre doce y catorce horas. Estaban intoxicados y tenían erupciones en la piel porque usaban peligrosos agroquímicos, sin siquiera disponer de la ropa adecuada para manipularlos.

Día Mundial contra el Trabajo Infantil

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, para visibilizar el flagelo que vulnera los derechos de 150 millones de niños, niñas y adolescentes alrededor del planeta. Particularmente, en la agricultura los números son cercanos a 108 millones de niños según la F.A.O. (Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU).

Con motivo de esta fecha, consultamos a Clarisa Gambera, trabajadora de Niñez de CABA, integrante de la organización Niñez y Territorio y de la mesa de capital de la CTA. Preocupada por el contexto de ajuste, desempleo y retroceso de derechos laborales, considera que este es el peor momento para los 715 mil pibes y pibas que trabajan nuestro país.

Para Gambera, “hablar de trabajo infantil requiere evitar las simplificaciones y ver los contextos, es fundamental distinguir los casos de explotación de los poderosos que usan a pibes en las plantaciones y los envenenan con glifosato, que cuando una familia se organiza para no morir de hambre. En esa organización se incluye a sus hijos e hijas”, sostuvo.

Se encuentra mayor explotación infantil en los sectores más desprotegidos del trabajo en términos de derechos; “donde hay trabajo sin derechos y con ausencia de organización sindical, las chances de explotación laboral de chicos y chicas es mayor”. De nuevo aclaró que “no es igual cuando los pibes caen en manos de mafias que los hacen trabajar, que las estrategias de supervivencia familiar, las cuales requieren de políticas públicas concretas que les permitan generar recursos económicos”.

Consultada sobre los casos de explotación infantil en la zona del Parque Pereyra Iraola, Gambera expresó que la explotación de niños y niñas forma parte de la realidad del sector rural de nuestro país, porque este sector está desprotegido respecto de derechos laborales y el capital busca maximizar sus ganancias usando a los pibes. “Las condiciones en el campo son de super explotación y los pibes son rociados con veneno en los pueblos fumigados” expresó.

Las condiciones de explotación se potencian cuando el gobierno destruye el empleo de sus padres, ataca las economías populares y persigue la migración, empujando a esas familias a la clandestinidad y dejándolas a merced de las mafias, opinó Gambera.

“Mientras el gobierno genera nuevos pobres, desmantela las políticas públicas universales de niñez, educación y salud, el Ministerio de Trabajo dice que se indigna con el trabajo infantil y se compromete a erradicarlo. ¿Cómo pueden decir que les preocupa el trabajo infantil? Si no hay niñez digna con familias pobres y sin trabajo” se preguntó.

“Resulta difícil creer que existe una preocupación por el trabajo infantil en un país con un rumbo político-económico que ha generado 8 millones de niños, niñas y adolescentes pobres. Y la hipocresía de una prohibición que no prevé subsanar la situación en la que el trabajo es una estrategia de subsistencia. No por esto se puede dejar de denunciar que el sistema productivo se aprovecha de la pobreza, la falta de empleo y usa la mano de obra más barata para maximizar ganancias”.

Por otro lado, desde las organizaciones de Niñez se rescata la idea de trabajo como proyecto de vida y el valor del contexto pedagógico; “es importante rescatar la potencia pedagógica del trabajo, en experiencias de trabajo solidario y cooperativo, como el que realizan muchas organizaciones de Niñez. Se trata de trabajo que propone otra forma social de organización y que tuvimos que defender y explicar cuando se lo pretendió homologar a la explotación de pibes que hacen los dueños de los campos de soja o de yerba”, comentó.

Gambera explicó que la Ley Nacional 26390 (de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente), en su primera versión no contemplaba el trabajo como estrategia pedagógica. “Podían ser denunciadas por trabajo infantil por ejemplo las experiencias de una escuela agrotécnica, o el taller de muebles. Por suerte se pudo incluir esta excepción a pedido de las organizaciones de Niñez. Se pudo traducir en un artículo en la ley que protege esta experiencia.”

Finalizando, recordó que “hubo provincias en las que gracias a la AUH, muchas familias pudieron correr a sus pibes del campo. Pero para eso fue necesario contar con un salario que permita que todos coman. El momento más feliz en términos de proyecto de vida digna fue cuando en este país se habló de pleno empleo y de redistribución de la riqueza. Cuando los trabajadores avanzaron en derechos de niñez digna” concluyo.

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