𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘀𝗺𝗼𝘀 – 𝗕𝗲𝗣𝗲

El convenio fue el resultado de una misión de cooperación científico-tecnológica del manejo del agua a Israel, realizada en abril pasado, en la que participaron el Ministro del Interior, Wado de Pedro, junto a otros ministros, representantes de la Embajada de Israel en Argentina, el Consejo Federal de Inversiones y delegados de diez provincias argentinas. Esta misión fue producto de una serie de diálogos entre funcionarios de ambos países, en los que se compartió la experiencia de Israel en la administración del agua, en proyectos de riego y uso de tecnología. Por esa razón, la misión incluyó visitas a plantas de desalinización, riego y medición inteligente en diferentes lugares de Israel.

Este interés por la experiencia israelí es consecuencia de que ese país está a la vanguardia de la tecnología del agua, ya que ha tenido que desarrollar mecanismos innovadores para suplir la escasez de recursos hídricos en un territorio con importantes zonas desérticas. Es decir, desde la tecnología logró un alto desarrollo de aprovechamiento de aguas escasas; veremos que ha ocurrido con el uso político del agua por parte del gobierno israelí y su compañía estatal de aguas.

Volviendo al convenio, durante el acto en que se realizó la firma, se escucharon varias voces de las partes interesadas. El Secretario de Interior, José Lepere, expresó: “Queremos continuar impulsando la agenda del agua, una agenda que propone cuidar este recurso y administrarlo mejor”. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, afirmó que “el gran desafío del mundo es el cambio climático y la administración de este recurso cada vez más escaso que es el agua”. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, alabó a la compañía israelí y destacó que “el asesoramiento de la empresa Mekorot es para nosotros fundamental, por la jerarquía de esta empresa, así como por su potencialidad y experiencia”. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, luego de referirse a que en su provincia hay abundante agua, expresó que de todas formas“ tenemos una responsabilidad y una preocupación global por este bien que empieza a ser escaso en el mundo”. A su vez, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, hizo hincapié en que “es un lujo para las provincias poder asesorarse con una compañía de este nivel” y que “contar con Mekorot como aliado estratégico es sumamente importante porque es una empresa de clase mundial”. Antes de la firma del convenio con estas tres provincias, hubo otras dos que lo firmaron en septiembre, San Juan y Mendoza, para la realización de otro Plan Maestro de Conservación y Gestión del Agua en esas provincias.

Del encuentro donde se firmó el convenio, destacamos las palabras del Ministro del Interior, en contradicción con todo lo que están haciendo los gobiernos nacional y provinciales respecto al impulso, poco responsable y escasamente inteligente, a todas las actividades extractivas generadoras de divisas: “El futuro está ligado a una gestión responsable e inteligente de los recursos naturales, y el más esencial es el agua”. Destacamos que los Planes Maestros se proponen analizar la situación actual del recurso hídrico; determinar proyecciones de oferta y demanda hídricas, ordenamiento territorial y matriz económica; crear balances hídricos prospectivos y proponer medidas para resolver situaciones futuras.

De la pedagogía de la pregunta a la pedagogía de la sospecha

Cuando leíamos estas noticias, nos surgieron dos reflexiones que se convirtieron en preguntas. Si el interés por mejorar el manejo del agua por parte de esas provincias argentinas y del gobierno nacional es tal, ¿por qué siguen apostando a profundizar la megaminería de cualquier tipo que es una enorme consumidora de agua? Resulta claramente contradictorio, ya que el agua que consumen las corporaciones mineras es agua que no está disponible para las poblaciones y las producciones que sostienen las economías locales. ¿Se trata entonces de cuidar un recurso escaso y administrarlo mejor? Permítannos el beneficio de la duda. Otra reflexión/pregunta es ¿lxs funcionarixs argentinxs conocerán la historia de Mekorot? Creemos que no, aunque a lo mejor sí pero no vale la pena darle crédito a las varias denuncias que la compañía tiene a nivel mundial.

Como nos parece importante conocer esa historia -y sería bueno conocerla antes de firmar convenios-, es que haremos un recuento de algunos aspectos de la vida y obra de esa compañía. Recurriremos para eso a varias fuentes que denuncian y condenan las formas de operar de la empresa. Mekorot, como decíamos más arriba, es la Compañía Nacional de Agua Israelí, tiene sede en Tel Aviv y fue fundada en 1937. Desde el momento de su fundación, según el Atlas de Justicia Ambiental, la empresa ha hecho un uso discriminatorio del agua, ya que ha restringidoel suministro de la misma a las comunidades palestinas, que a su vez pagan tasas más altas, para beneficiar a los colonos israelíes. Debido a que Israel es un poder de ocupación en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén, la compañía está acusada de saquear los recursos naturales en los territorios ocupados, ya que gran parte del agua que se utiliza en esas zonas proviene de territorios palestinos. Además, la empresa ha construido infraestructuras de agua sin las cuales hubiera sido imposible que se formaran asentamientos israelíes, que por otra parte son ilegales.

Hay dos informes de la Organización de Naciones Unidas que remarcan el uso discriminatorio y violento del agua por parte de la empresa estatal israelí y la violación de derechos de la población palestina en territorio ocupado. Uno de los informes es el que se elaboró luego de la misión internacional independiente de investigación sobre las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos del pueblo palestino en territorio ocupado, con fecha de febrero de 2013. Allí se explicita que en el Valle del Jordán, las perforaciones en aguas profundas de Mekorot y Mehadrin -una empresa agroindustrial- han secado pozos y manantiales palestinos y que un 83% de los recursos hídricos de la zona se destina al consumo de Israel y los asentamientos. La otra fuente de la ONU es unInforme del Secretario General al Consejo de Derechos Humanos del organismo, con fecha de 12 de febrero de 2014, titulado “Asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado”. Allí se hace referencia a que Mekorot posee todas las redes de abastecimiento de agua en la Ribera Occidental, suministra el 50% aproximadamente del agua disponible en las comunidades palestinas y que en los meses de verano ese suministro se reduce considerablemente para satisfacer la demanda en Israel y en los asentamientos.

El informe también enfatiza que, debido a la limitada red hídrica, muchas comunidades palestinas tienen que comprar agua a un valor ocho veces superior al que pagan los colonos israelíes. Un dato importante que proporciona el informe es que hay una diferencia abismal entre el consumo de agua de las comunidades palestinas y el de los colonos israelíes; estos últimos consumen 369 litros para uso doméstico, mientras que las primeras sólo acceden a 70 litros por persona por día. Para tener dimensión de lo que esto significa, aclaremos que para la Organización Mundial de la Salud, un acceso óptimo al agua es un consumo de un mínimo de 100 litros diarios por persona. A su vez expresa que se ha podido constatar que muchos colonos se han apropiado de recursos hídricos palestinos a través de métodos violentos, amenazas e intimidaciones.

Estas graves violaciones de derechos humanos de la población palestina ha llevado a que Israel fuera acusada de imponer un sistema de “apartheid del agua” en el territorio palestino ocupado, tal como lo expresa un informe parlamentario francés. En esta historia es importante ver que también estuvo involucrada la Argentina, más precisamente la provincia de Buenos Aires. Durante el gobierno de Daniel Scioli, la provincia estuvo al borde de concretar un contrato de 170 millones de dólares con Mekorot para la construcción de una planta potabilizadora en La Plata en 2011. Debido a la oposición de grupos activistas, el contrato fue suspendido a fines de 2013, en el mismo momento en que la Compañía Holandesa de Agua Pública Vitens canceló un memorando de entendimiento con Mekorot como consecuencia de las formas de operar de la empresa respecto a las comunidades palestinas, evidenciadas en los informes de la ONU.

Un poco después, en marzo de 2014, la Compañía de Agua Pública Epal en Lisboa, Portugal, anunció la finalización de un acuerdo de cooperación con la compañía israelí antes de la fecha de caducidad. Es importante aclarar que varias de estas iniciativas de romper vínculos y negocios con Mekorot se dieron en el marco del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel, iniciativa global con liderazgo palestino que se propone presionar a Israel paraque respete el derecho internacional.

Alianzas estratégicas ecocidas

Luego de este breve recuento de la vida y obra de la compañía estatal de agua de Israel, recuperamos un excelente análisis que realiza Susana Lara en el Cohete a la Luna, en el que explicita que las alianzas entre el gobierno nacional argentino, los gobiernos de varias provincias, el estado de Israel y su compañía estatal de agua tienen un largo camino de construcción que comenzó en la década del 90. Es que según la autora de ese artículo el agua puede ser considerada como un nuevo botín, aunque no tan nuevo. Y destaca que los alcances del acuerdo de negocios y de los respectivos convenios serían los siguientes: “arancelamiento de todos los servicios de agua, modificación de las leyes provinciales y de sus organismos de aplicación, reordenamiento total de los usos y destinos de la infraestructura existente, creación de valores económicos y financieros para establecer un costo del agua en la Argentina, nacionalización y centralización de algunos sectores del mercado”, completando y perfeccionando, al decir de la autora, la gran reforma de la década menemista. Se trata de alianzas estratégicas que se fueron construyendo en clave ecocida.

Estamos así frente a una compañía que se presenta como “maestra” de un uso eficaz del agua con tecnología de punta, que oculta su estrategia discriminatoria, violenta y colonial de utilización de ese bien común. Y los funcionarixs públicxs ahí van, ocultando las razones por las cuales el agua se convirtió en un bien escaso y disfrazando de “progreso” y “desarrollo” las formas en que las corporaciones extractivas exprimen a la Madre Tierra, desconociéndola como la Verdadera Maestra de la Vida.

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En el marco de la Segunda Marcha Plurinacional de los Barbijos, el sábado 4 de junio se realizó en Rosario una nueva audiencia del Juicio Ético Popular a los Ecocidas con la participación de colectivos que llegaron de distintos lugares del país.

Por Vanessa Dourado y Vivian Palmbaum desde Rosario

El Juicio Ético Popular a los Ecocidas, se inició en el mes de marzo de este año con un primer encuentro virtual y luego se extendió de manera presencial en las provincias de Mendoza, Santa Fé y Catamarca y luego a otras provincias. La iniciativa retoma, en la actual coyuntura,  la experiencia del Juicio Ético a las Transnacionales que se realizara en el año 2011. Se trata de un proceso, que concluirá en el mes de diciembre 2022, para llegar a una sentencia.

En una hermosa tarde de sol, frente al Río Paraná, se conformó la jornada pública del Juicio Ético en Rosário, que tuvo como telón de fondo el humo de los incendios y los buques cargueros que no cesaban de pasar.  El proceso que se inició con el homenaje a Carlos Vicente, presidente honorario del Tribunal, intenta establecer responsables del ecocidio, en un contexto de profundización de un modelo productivo,  en el que “no es posible dejar que esto siga sucediendo”, tal como se expresó en la presentación a cargo de una integrante del colectivo Pañuelos en Rebeldía, que impulsa la iniciativa que agregó que “es necesario recuperar las historias de luchas colectivas y científicos comprometidos con la ética, como Andres Carrasco”.

Los testimonios estuvieron atravesados por ejes transversales como el impacto del ecocidio sobre los cuerpos de mujeres, identidades feminizadas y disidentes y las niñeces, y la criminalización que sufren les defensores en sus diferentes modalidades, como el hostigamiento, las amenazas, persecusiones y hasta el asesinato de lideres y lideresas (Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, Elias Garay, Aldo Flores y Enzo Brisuela o quienes defendían sus territorios en Chubut entre tantxs otrxs). Hay preguntas que están presentes, como la relación entre el ecocidio y el genocidio.

Los testimonios 

Los testimonios se dividieron en problemáticas específicas y estuvieron representados por colectivos que vienen denunciando y trabajando para visibilizar los efectos de las prácticas depredadoras sobre el ambiente en su conjunto. 

Para denunciar la contaminación del suelo, agua y aire y sus distintos impactos sobre las poblaciones, fauna y flora locales, estuvo presente Daniel Romano, de la Multisectorial Paren de Fumigarnos y Martín Montiel, de la Asamblea Contra los Agrotóxicos de La 18 y de la Red de Comercio Justo del Litoral. 

Se denunciaron la relación entre el agronegocio y los agrotóxicos y el desarrollo del trigo transgénico HB4 como uno de los 63 eventos transgénicos aprobados para la explotación industrial de nuestras tierras. La profundización de la agricultura industrial extractiva al tiempo que engorda los bolsillos de las corporaciones profundiza la pobreza, “entonces no es real que este modelo ayude a combatir el hambre” como expresó el integrante de la Asamblea de la ruta 18 e integrante de la Red de Comercio Justo del Litoral. Agregó, “este modelo envenena y empobrece, transforma los recursos del Estado y los transfiere al sector privado como en el caso de Bioceres y aumenta la concentración de la riqueza en pocas manos”.

Acerca de los impactos sobre la salud, la Dra. Analía Zamorano, del Instituto de Salud Socioambiental de la UNR, hizo hincapié en las políticas institucionales que buscan imposibilitar el trabajo de médicos, medicas y científicos comprometidos con la Ciencia Digna. Además denunció la destrucción de los programas como los “campamentos sanitarios” que relevaban concretamente el incremento sistemático de los daños a la salud de las poblaciones afectadas por este modelo de envenenamiento. Patologías como hipertensión arterial, cáncer, hipotiroidismo, diabetes, entre otras,  han aumentado su prevalencia en el país. 

Juan Pablo Guadagnoli, del Equipo de Educación Popular de Pañuelos en Rebeldía, trajo la problemática de la mal llamada hidrovía y los impactos sistémicos en el ecosistema, más allá del uso del río para el traslado de commodities y la falta de transparencia acerca de lo qué es transportado en los barcos cargueros. Juan también destacó la contaminación urbana e industrial que se genera en la zona portuaria, el impacto en la soberanía estatal y los impactos culturales y simbólicos por el hecho de nombrar el Río como hidrovía.  

En relación al extractivismo urbano escuchamos testimonios de las habitantes más vulnerables que pueblan la periferia de las ciudades. Como siempre son las mujeres quienes sostienen las luchas, las tareas de cuidados y soportan con sus cuerpos la crueldad y la codicia. Lidia Aranda, vecina de Playa Norte, Santa Fe y Antonia Pereyra, de Vecinas de la Sexta en Lucha, denunciaron las amenazas que sufren constantemente para expulsarlas del territorio cómo parte del proceso de gentrificación que viene generando desplazamientos forzados y vulnerando el derecho a la vivienda y a una vida digna para las poblaciones. Una situación que favorece intereses de las empresas inmobiliarias y la ya conocida inversión de los excedentes de capitales en la ciudad de Rosario. 

Por último, Cintia Pendino, Lucía Crosetto y Melisa Ceballos, del Colectivo Amaranto y de la  Multisectorial por los Humedales, denunciaron las quemas intencionales en los humedales y la complicidad de los gobiernos en fomentar los negocios de grandes terratenientes y empresarios en detrimento de los derechos humanos y de la naturaleza, y el silencio acerca de la intencionalidad de los hechos. Además, remarcaran la violación de los convenios internacionales de defensa de los bienes comunes, como el Acuerdo de Escazú, la Conveción RAMSAR y el Convenio sobre Diversidad Biologica.  

Tribunal

El Tribunal amplio que tiene la responsabilidad de dictar una sentencia está integrado por actores que siguen, desde hace varios años, la problemática del extractivismo y sus impactos en los territorios de Abya Yala. En esta edición, forman parte del Tribunal: Norita Cortiñas, Beverly Keene, Marcos Pastrana, Mara Puntano, Pablo Lada, Sandra Gallo, Alejandra Ciriza, Jenny Lujan, Adriana Guzman, Francisca Droguett, Djacira Araujo, Alicia Amarilla, Alejandra Santillana Ortiz, Damián Verzeñassi, Álvaro Álvarez, Roxana Longo, Alicia Massarini, María Teresa Cañas y José Pepino Fernández. 

Esta audiencia, en Rosario, contó con la participación de cinco representantes del Tribunal: Sandra Gallo, Beverly Keene, Álvaro Álvarez, Alicia Masszarini y Damiäan Verzeñassi que aportaron su perspectiva.

Destacamos algunas declaraciones. Alicia Massarini, doctora en ciencias biológicas e investigadora del Conicet, compañera de Andres Carrasco, explicó que se han sumado científicas y científicos a las denuncias de los efectos sobre la salud de este modelo productivo. Expresó, “el Estado no es cómplice sino un partícipe necesario y activo desde que este modelo se impone en el año 96, las distintas gestiones no han hecho más que expandirlo y multiplicarlo y sin dudas son responsables de los daños que se experimentan desde los territorios”. Luego presentó como esos graves daños genéticos se prolongan “hasta tres y cuatro generaciones” y cómo comprometen el futuro de la vida. Además denunció un sistema médico hegemónico que se desentiende de los daños a la vida. 

Damián Verzeñassi, médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario, remarcó “un 25 de marzo de 1996 se nos dijo que este modelo iba a terminar con el hambre y la pobreza”. Y se preguntó en voz alta como académico: “¿de 1996 a 2022 disminuyó la pobreza en nuestro país? ¿de 1996 al 2022 disminuyó el hambre en nuestro país? ¿el aumento por exportaciones disminuyó la malnutrición en nuestro país? ¿de 1996 a 2022 el desarrollo del modelo agroindustrial asociado al uso de agrotóxicos aumentó la cantidad de productores, productoras y campesinos que garantizan el arraigo en nuestro país? Preguntas que valen la pena que nos hagamos a la hora de pensar si en este juicio los acusados por las compañeras y compañeros son o no parte de quienes tienen responsabilidad en el ecocidio que en este momento se está transitando en el planeta”. Además explicó las evidencias contundentes que hay del ecocidio con la aplicación del paquete tecnológico ligado a los venenos y que violan el derecho humano a la integridad física. 

Beverly Keene, economista y miembro de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, denunció el carácter históricamente vinculado al extractivismo de la deuda a través de las políticas que obligan el país a profundizar la matriz extractivista con el objetivo de generar divisas. Beverly puso en evidencia el vínculo entre los genocidios y la explotación de los bienes comunes y la dominación del territorio a través de la sumisión a los organismos financieros internacionales. 

Álvaro Álvarez, integrante del Equipo de Pañuelos en Rebeldía y investigador del CONICET, mostró cómo las obras de infraestructura de la mano de IRSA COSIPLAN cumplen la función de fragmentar los territorios y su apropiación de espacios indispensables para el desarrollo de la vida. “Las pedagogías de muerte y de crueldad debemos anteponerlas a la pedagogía de la vida y de la resistencia”.

Mauricio Cornaglia, integrante de la Multisectorial Paren de Fumigarnos y la Marcha de los Barbijos de Rosario, organizadores del encuentro, realizó una síntesis de lo que se fue escuchando. 

Todas las voces fueron unánimes en responsabilizar -por participación y/u omisión- a los gobiernos nacionales y provinciales y locales, las empresas nacionales y transnacionales, los terratenientes y los grandes productores del sector del agronegocio, y las instituciones y sus funcionarios públicos cómplices de las prácticas ecocidas, incluyendo sectores académicos que producen las condiciones de posibilidad para la cristalización de la imposición de un modelo de muerte. 

Enlaces relacionados: https://juicioeticoypopularalosecocidas.ar/2022/06/07/audiencia-en-rosario/

Podes seguir los juicios en: https://www.facebook.com/Juicio-%C3%89tico-y-Popular-a-los-Ecocidas-102406335830515

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