A pocos días de las elecciones generales del 17 de agosto en Bolivia, el panorama político y social está atravesado por la fragmentación del movimiento popular, el desgaste del oficialismo y la falta de representación en las opciones que llegan a la contienda electoral. En este contexto, conversamos con Mijail Miranda, periodista y Director Editorial y Estratégico del medio boliviano Muy Waso, quien analiza con claridad las tensiones internas del MAS, los efectos de la estrategia del voto nulo y el rol de la figura de Evo Morales en la izquierda boliviana.

“Creo que es importante mencionar que ninguno de los candidatos, ninguna de las ofertas que está dentro de la carrera electoral de manera oficial supera el 20% de votación. Y ese es uno de los síntomas más claros de lo que está sucediendo en la política boliviana: una representatividad y una legitimidad bastante bajas”, advierte Miranda.

Desde Muy Waso, sostienen que la debilidad del bloque popular no puede explicarse únicamente por el avance de la derecha, sino por la implosión interna del Movimiento al Socialismo. “La posible irrupción de la derecha en el gobierno boliviano tiene que ver más con la destrucción interna del MAS propiciada por sus mismos liderazgos, antes que por méritos propios de la derecha”, afirma.

“La figura de Evo Morales es una sombra más que un aporte”

Miranda sostiene que el movimiento indígena, campesino y popular en Bolivia ha sido históricamente diverso y complejo, pero que la concentración del liderazgo en torno a Evo Morales ha reducido esa pluralidad.

“Creemos que es importante desmitificar la idea de que el bloque popular, campesino, indígena y trabajador es uno solo. Y también desmitificar la figura de Evo como el único liderazgo posible. Esta mirada oculta una realidad que está presente hace al menos una década: el cuestionamiento interno al liderazgo de Evo Morales y a ciertos cuadros del MAS que desplazaron a las bases para tomar decisiones sin consulta”.

Desde su lectura, estos conflictos internos han deteriorado las organizaciones populares. “El quiebre en el MAS también representó una fractura en los movimientos de base. Y no fue producto de luchas justas, sino de una disputa de poder al interior del partido, que aún está en el gobierno. Reconstruir esos vínculos rotos va a llevar décadas”.

En ese sentido, advierte que Evo Morales hoy genera más obstáculos que articulaciones: “A estas alturas representa más una sombra y un estigma antes que un verdadero aporte aglutinador de las luchas populares. En muchas regiones ya se cuestiona por qué no puede aportar desde otro lugar, que no sea necesariamente la presidencia”.

“El voto nulo tiene riesgos concretos”

Respecto al creciente apoyo al voto nulo, Miranda propone una lectura crítica y diferenciada. Por un lado, reconoce que expresa descontento e incertidumbre ante una oferta electoral limitada. Pero, al mismo tiempo, subraya que no se puede perder de vista su impacto práctico en la configuración del poder legislativo.

“Desde sectores afines a Evo, el voto nulo se promueve simplemente porque él no está en la papeleta. Es una postura utilitaria, que no reconoce la diversidad de motivaciones que hay detrás del voto nulo. Pero más allá de eso, hay un problema concreto: el voto nulo va a favorecer a que la derecha tenga más de dos tercios en la Asamblea Legislativa. Eso significa que van a tener una aplanadora para hacer con el país lo que deseen: ajustes económicos, agendas extractivistas y recortes que van a afectar a los sectores más vulnerables”.

Además, anticipa que Morales utilizará ese porcentaje para reposicionar su liderazgo en la escena política. “Desde el evismo, un alto porcentaje de voto nulo será un recurso de campaña post electoral. Como ya ha hecho antes, Evo intentará instalar un nuevo ciclo de movilizaciones, no necesariamente en función de demandas populares, sino para seguir forzando su liderazgo como figura única dentro de la izquierda”.

“Se viene una reconfiguración dolorosa, pero necesaria”

Para Miranda, lo que está en disputa no es solo una elección presidencial, sino el futuro del campo popular en Bolivia. “Seguramente a partir de esta coyuntura se podrán generar alternativas y liderazgos nuevos. La cuestión será salir a marchar no por Evo, sino por las ollas, por el alimento de las familias, por los territorios y contra el saqueo del Estado que ya comenzó”.

“Sabemos que la derecha está esperando la oportunidad para volver, pero no se puede seguir culpando únicamente a los sectores conservadores. El problema central es que el MAS y sus liderazgos destruyeron por dentro el proyecto político que representaban. Ahora, lo urgente será pensar cómo se organiza la resistencia sin tutelaje, sin verticalismos, y con una apuesta real por las demandas populares”.

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Por César Saravia y Laura Salomé | Foto: Camila Parodi (archivo Marcha)

El próximo 17 de agosto se llevarán a cabo las elecciones generales en Bolivia, en las que además de renovar el poder legislativo, el país elegirá al próximo presidente que sustituirá a Luis Arce Catacora, quien llegó al poder luego de derrotar el Golpe de Estado en 2019 y que enfrenta desde hace dos años una crisis económica y un profundo desgaste en su gobierno que impacta a todo el movimiento popular indígena campesino y progresista que llegará a esta jornada dividido y con una fuerte interna. 

Durante años, el modelo económico boliviano fue una bandera para los progresismos de que se podía generar un crecimiento económico acompañado de una distribución de la riqueza. Los números en este sentido fueron contundentes. Desde la llegada del MAS, con Evo Morales Ayma en la presidencia, y Luis Arce como ministro de Economía, la pobreza experimentó una caída de 26 puntos, pasando de 60.5% en 2005, a 34% en 2018 y la economía creció a tasas promedio del 5%, lo que ubicó durante varios años al Estado Plurinacional de Bolivia como el país de mayor crecimiento en la región, solo superado por Panamá. 

Sin embargo, y tras haber atravesado un golpe de Estado de corte fascista, hoy el escenario dista mucho de estos números. La economía boliviana se encuentra con problemas de abastecimiento de combustibles, falta de divisas y una inflación anual que al cierre de 2025 podría rondar entre el 8% y el 15%, según datos oficiales y de organismos internacionales, algo atípico para lo que la población venía acostumbrada y que impacta en los sectores más vulnerables. La situación económica podría enmarcarse en un agotamiento del modelo exportador primario, en particular sustentado en el gas y petróleo, en parte por la reducción de la disponibilidad de reservas pero también por una caída en la demanda externa. 

En este escenario, la imagen del gobierno de Luis Arce alcanza mínimos históricos, con un rechazo a su gestión que supera el 80%. Es a partir de este desgaste y debilidad política, que las tensiones al interior del Movimiento al Socialismo terminaron por colapsar. Lo que parecía una disputa entre liderazgos, terminó desencadenando en una ruptura entre el sector más afín a Evo Morales y otros dos bloques: quienes se mantienen fieles al actual presidente Arce, representado en la candidatura de Eduardo Castillo, y quienes apoyan a Andrónico Rodríguez, otrora considerado el sucesor de Evo, pero ahora señalado de funcional al proyecto de Arce y la derecha, por parte del evismo. 

De esta ruptura y punto de no retorno se beneficia la derecha. Pero a diferencia de otros países como Brasil o Argentina en que la crisis de representatividad y la pérdida de capital político del progresismo dio pie al surgimiento de “outsiders” de la política clásica, en Bolivia es la derecha más tradicional la que se frota las manos por una oportunidad de volver a la dirección política del país, algo que hasta hace no mucho parecía imposible. 

En este sentido, y salvo sorpresas de última hora, la próxima presidencia boliviana sería ocupada por dos posibles candidatos. Uno es Samuel Doria Medina, empresario y ex Ministro de Planeamiento y Coordinación durante el gobierno de Jaime Paz. Medina lleva al frente de su campaña la política de seguridad, a lo Bukele, y un modelo económico típico neoliberal basado en la austeridad. El otro es Jorge “Tuto” Quiroga, quien fue presidente en 2001, al asumir luego de la renuncia de Hugo Banzer (a causa de una enfermedad). Quiroga, además, fue funcionario de organismos como el FMI y el Banco Mundial, algo que da indicios de cuál sería su política económica. La mayoría de las encuestas dan un empate técnico entre ambos candidatos y anticipan un inevitable escenario de segunda vuelta. 

Mucho más atrás aparece Rodrigo Paz Pereira, seguido por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de izquierda. Este último no lograría atraer los votos del evismo, luego de que el propio Evo Morales hiciera un llamado a su militancia para votar nulo, como forma de rechazo al proceso y a lo que señalan como una proscripción de su candidatura. 

De Evo a Andrónico: Entre la proscripción y el recambio que no fue

Probablemente uno de los aspectos que más agudizó la ruptura al interior del MAS es la posibilidad o no de que Evo se presente como candidato. Desde el evismo acusan a Arce de haberse aliado con la derecha para bloquear la que consideran una candidatura legítima, sobre todo si tomamos en cuenta que fue precisamente al propio Morales a quien en 2019 le dieron Golpe de Estado, interrumpiendo así un mandato constitucional. 

La disputa e intervención de la justicia no solo se limita a la candidatura presidencial. En noviembre del año pasado, un fallo de la Sala Constitucional IV determinó la legalidad del congreso paralelo realizado por el bloque afín a Arce, en que se determinó a Grover García como jefe del MAS – IPSP, desplazando así al sector de Evo Morales. 

En este escenario de crisis, la figura de Andrónico Rodríguez (36 años), actual presidente del Senado, emergió como una alternativa para reunificar a la izquierda. Rodríguez ensayó una suerte de “tercera vía” o de “avenida del medio” en una contienda electoral en la que ni Arce ni Morales participarían. En los primeros días de su candidatura, Andrónico se mostró crítico al actual presidente pero buscó también diferenciarse de Evo, quien rápidamente rechazó esta candidatura al considerar que el joven político estaba cumpliendo un rol de intermediario del imperialismo para consolidar el desplazamiento de la escena política del movimiento popular e indígena. 

Esta falta de apoyo y consenso, desinfló la figura de Rodríguez, que pasó de pelear un tercer puesto en las encuestas, a ser en la actualidad superado por el voto nulo. Dentro de su estrategia electoral, Andrónico se presenta como la única posibilidad para la izquierda de frenar la llegada de la derecha al poder. 

Las que no callan: jóvenes y combativas por el voto nulo

Andrea Morales y Kiara San Pablo son conductoras del programa “Matecito de coca” que se emite por la mítica radio Kawsachun Coca. Perseguidas por su labor en la comunicación y obligadas a exiliarse en Argentina durante el golpe de Estado y la dictadura en 2019/2020, afirmaron que “las elecciones del 17 de agosto han sido abiertamente manipuladas por el gobierno a través del poder judicial y de vocales del Tribunal Electoral; actores sobre los que pesan muchas acusaciones”. En su último programa, repasaron la falta de propuestas por parte de los candidatos que pretenden llegar a la presidencia y se refirieron al complejo panorama: “El voto nulo es un voto que no va ni a Tuto Quiroga, ni a Samuel Doria Medina ni a Andrónico Rodríguez, quienes ya vendieron el país. Es un voto de resistencia y de revocatoria al gobierno que viene y que no tiene que durar más de dos años”. Y agregaron que es “la única alternativa que queda; una protesta silenciosa y una advertencia de que fiscalizaremos los pasos de quien sea que asuma el próximo 8 de noviembre”.

Dimelza Rodríguez es comunicadora popular de Cochabamba y enfrenta acusaciones por resistencia a la autoridad e instigación a delinquir por protestar en un bloqueo para que Evo Morales sea habilitado para presentarse a las elecciones. Para ella, “ninguno de los candidatos es progresista ni representa a la izquierda”; una afirmación que incluye al presidente del Senado y ex dirigente cocalero Andrónico Rodríguez de quien afirmó “ha traicionado el legado y los principios del movimiento indígena porque pactó con la derecha”. Esta reflexión se transformará en acción y también ejercerá el próximo domingo su “voto nulo”; además se adelantó a un posible resultado y expresó que “si alguno de estos candidatos ganara en las elecciones, el movimiento indígena campesino no tendría representación en Bolivia”.

Andrea, Kiara y Dimelza son parte de una juventud que reivindica la ancestralidad, pero sobre todo el legado de poder indígena campesino construido en los años de gobierno de Evo Morales al frente del Estado Plurinacional. Llevan la experiencia de la politización de los sectores populares y cargan en sus subjetividades el exilio y la represión del acontecer territorial en los últimos años. Por eso, son convencidas de que solo durante el periodo de este gobierno pudieron, ellas y sus familias, asistir a la distribución de las riquezas, la planificación a través de políticas públicas de largo plazo del ascenso social y, una cuestión no menor, a la despatriarcalización cultural en un país donde el femicidio y el abuso sexual siguen siendo numerosas agresiones cotidianas. Así como una pancarta que en ocasión del 8 de marzo de 2020 se leía en El Alto: “ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres”. Una defensa de las mujeres de pollera y una reivindicación a las feministas combativas; a las que no callan en democracia, dictadura ni elecciones. Son las que nunca callarán.

¿Cuál será el futuro del movimiento popular e indígena en Bolivia? 

Frente a este escenario en que la vuelta de la derecha al poder por la vía de los votos parece algo irremediable, se abren varias preguntas sobre el futuro del movimiento popular e indígena en Bolivia. 

Una es si el llamado a voto nulo tendrá suficiente potencia y si ese rechazo electoral puede en el corto plazo trasladarse a otros formatos de lucha. La resistencia al Golpe en Bolivia ya demostró la capacidad movilizadora del pueblo, pero el contexto de crisis económica no deja de ser un golpe para su base social. Una tesis para quienes promueven el voto nulo es que un gobierno que llegue con poca legitimidad y participación, tendrá menos consensos para avanzar sobre reformas de ajuste más profundas. Esto es algo que en principio hace sentido pero quedará por ver si el desencanto político-electoral se traduce en movilización, o más bien se expresa en pasividad, como hemos visto en otros países. 

Otra pregunta que se abre es sobre el futuro del MAS, tras casi 20 años de protagonismo, y en especial cuál será el futuro de Evo Morales, que al igual que otros líderes progresistas, como Rafael Correa, no pudo trasladar su proyecto político a un sucesor y terminó enfrentado (incluso traicionado) por este. Y es que este es uno de los grandes problemas que casi todos los gobiernos progresistas de inicios del siglo XX enfrentaron: la dificultad de generar una mayoría que exceda a su figura sin poner en riesgo el horizonte político. Quedará pendiente descubrir si en el caso de Morales la alternativa irá por intentar sostener protagonismo o comenzar a construir una transición. 

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Por Laura Salomé | Foto: Camila Parodi (archivo Marcha)

“Tiktoker” y “evista”. A Dimelza Rodríguez Quinsamolle la abrazan las etiquetas, pero no así los análisis solidarios sobre la persecución que sufrió por parte de los poderes en Bolivia. Comunicadora y funcionaria de la Asamblea Legislativa de Cochabamba, la joven estuvo varias horas desaparecida bajo custodia policial y fue acusada de delitos graves por el poder judicial tras dos detenciones en noviembre de 2024 y en junio de 2025 mientras cubría bloqueos indígena- campesinos.

Con más de 97 mil seguidores en la red social TikTok, “la evista radical” como se identifica, cuenta con miles de reproducciones en sus contenidos. Desde allí, denunció a través de videos cortos el ataque contra el derecho a la protesta y a la libertad de prensa y expresión durante el gobierno de Luis Arce que llega a su fin enfrentando denuncias por ejercicio de autoritarismo tras haber pactado con varios de los sectores acusados de golpistas durante la interrupción democrática en 2019.   

Profundamente comprometida por la situación de crisis económica y política que atraviesa el país, fue detenida por apoyar a quienes realizaban un bloqueo y exigían al gobierno por mejoras en las condiciones de vida. Además, se manifestó públicamente en protesta al denunciar que la máxima representación política histórica, Evo Morales Ayma, había sido proscripto de las boletas. Dialogamos con Dimelza, comunicadora popular, quien afirma que a pesar de la represión, los sectores y movimientos populares en Bolivia ya decidieron qué votarán en las urnas.

¿Cómo llega Bolivia a estas elecciones presidenciales y cuál es el ánimo de las comunidades en Cochabamba?

Estas elecciones son muy diferentes a las demás porque en las encuestas se ha visto que el voto nulo, en blanco y el voto indeciso cuentan con mayor porcentaje que los candidatos en las papeletas. Es que los sectores populares ya se han manifestado en rechazo a estas elecciones, indicando que el candidato que les representa, Evo Morales Ayma, no estaría y por esa razón no van a acudir a las votaciones y se está promocionando e impulsando el voto nulo; y como en ninguna otra época electoral, se han abierto casas de campaña a favor de esta expresión.

Es increíble lo que genera el liderazgo de Evo Morales Ayma, que los sectores populares y el movimiento indígena se han manifestado de manera contundente y multitudinaria en rechazo a estas elecciones y que su voto va a ser por el nulo como una manera de protesta en contra de los candidatos y del gobierno que de manera ilegal ha proscrito a Evo, al partido que nos representaba después de arrebatarnos la sigla, y a todos los partidos políticos que han intentado acercarse a él. 

Por tanto, estas elecciones carecen de legitimidad y la democracia no está presente. Es un escenario muy diferente al de las anteriores porque vivimos en un Estado dictatorial donde ya no existe el estado de derecho y el movimiento indígena, si bien quieren que votemos o participemos, no tenemos representación como la época neoliberal en los años ochenta o noventa. Eso significa que nuevamente el campesinado está siendo sometido a candidatos que no lo representan.

¿Cómo llega a su fin el gobierno de Luis Arce?

El gobierno de Luis Arce Catacora llega al fin como cualquier otro quien ha traicionado al movimiento indígena, a Evo Morales Ayma y por eso, tiene el rechazo del pueblo boliviano, incluso de aquellos que no son afines; porque este gobierno nos ha sumergido en la crisis económica, en el desabastecimiento de combustible, en la decadencia del dólar. Entonces, es el fin completamente del gobierno, especialmente de él y de todos los que han sido parte ya que han destruido en realidad el legado y la importancia de los 14 años de gobierno de Evo.

Con las candidaturas confirmadas, ¿es posible asegurar la continuidad del ciclo progresista en el país? ¿Por qué?

Ningún candidato que está en las papeletas representa a la izquierda. Incluso Andrónico Rodríguez, por más que haya salido del movimiento indígena, no es parte. Ha traicionado el legado, los principios del movimiento indígena y la izquierda; entonces, no representa a la izquierda porque pactó con la derecha. Ninguno de los candidatos es progresista ni representa a la izquierda; entonces, si alguno de ellos ganara en las elecciones, no tendríamos representación aquí en Bolivia.

¿En qué contexto fuiste detenida, cuánto tiempo y de qué se te acusa? 

La primera detención, bueno, aprehensión en realidad, como se le conoce en el término jurídico, fue en noviembre de 2024 cuando estaba cubriendo los bloqueos en Parotani (Cochabamba), después de que el gobierno había intervenido y se llevaron varios presos políticos a la ciudad de La Paz. Cuando nos indicaron de que había muertos o fallecidos, me trasladé a Parotani y había un seguimiento hacia mi persona por parte de inteligencia del Ministerio de Gobierno, de los videos que publicaba en redes sociales, precisamente la plataforma de Tik Tok ya estaba identificada; de hecho, varios compañeros me comentaron que me cuide, que me estaban haciendo seguimientos o una persecución política. 

Mi aprehensión fue bajo sin ningún fundamento jurídico porque simplemente estaba con mi celular. Sin ninguna orden de aprehensión, los funcionarios policiales arremetieron contra mi persona y me detuvieron en la patrulla aproximadamente unas seis horas antes de trasladarme, pese a que querían llevarme a la ciudad de La Paz. Ha sido completamente ilegal, me querían dar detención preventiva a la fuerza y me han imputado formalmente por cinco delitos que no corresponden. Mi abogado me informó que hasta querían imputarme por terrorismo. 

¿Crees que tuvo que ver con las coberturas que realizas a la protesta social?

Si. Todo por publicar en las redes sociales lo que los medios de prensa no publican, lo que calla el gobierno, lo que quiere ocultar. Al hacer denuncias constantes en contra de este gobierno neoliberal, se ha hecho seguimiento tanto a mi persona como a otros tanto dirigentes o medios de prensa como la radio KawsaChun Coca y otros que informan lo que está pasando. Pero pude salir con medidas sustitutivas aunque me han imputado cinco delitos que no corresponden; instigación pública y delinquir y entre otros. Mucho para una persona que solo estaba grabando con su celular y que se le ha aprendido en condiciones no respaldadas jurídicamente. 

La segunda aprehensión fue en Tarata (Cochabamba) y hay videos de esta detención que pueden evidenciar que he sufrido una agresión por comunarios disfrazados, o sea, parapoliciales que se encontraban para desbloquear la protesta en contra de la crisis económica, pidiendo soluciones al gobierno. Uno de ellos me reconoce por mi afinidad política y empiezan a agredirme y la policía, en vez de detener a estas personas, me detienen a mí. Esta vez, estuve en calidad de detenida y mi proceso está abierto por un delito relacionado a la instigación pública. Pero tampoco corresponde. No estaba en los bloqueos, había llevado apoyo en comida, ollas comunes para los hermanos y las hermanas que sí estaban. En ambas aprehensiones mis celulares han sido secuestrados. O sea que sí, tiene mucho que ver con las coberturas que he realizado en las protestas sociales. Es parte de una persecución política a quienes estamos protestando en contra de este gobierno.

¿Cómo está tu situación judicial?

Actualmente, mi primer proceso está aún en investigación. Mientras, se me había prohibido completamente dirigirme a mis redes sociales, se me había coartado el derecho de expresarme y se me ha prohibido hacer videos y publicarlos. Esto lo cumplí por aproximadamente tres meses y frente a todo lo que sigue pasando, volví a usar mis redes sociales como manera de protesta. Entonces, continúa el proceso legal en etapa de investigación, el segundo también en esa misma etapa.

¿Existe una persecución por parte del actual gobierno hacia mujeres periodistas o mujeres de pollera en Bolivia?

Sí, existe una persecución contra las mujeres, contra el movimiento indígena, las mujeres de pollera, contra todos aquellos que están en contra de ese gobierno. En estos cinco años de gobierno de Luis Arce Catacora, se ha visto una persecución como en los años 90. Es una persecución constante, ha habido mujeres detenidas, tenemos actualmente dirigentes y presos políticos en La Paz. Esa es la situación en Bolivia, una coyuntura de persecución, aprehensiones y detenciones ilegales; de cortarnos el derecho a la libertad de expresión, de proscribir a nuestro candidato Evo Morales Ayma, y el peor incluso, de que se nos ha robado una sigla política y se nos está impidiendo participar en las elecciones del próximo 17 de agosto.

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Por Gerardo Szalkowicz (*)

El Día D es el 6 de septiembre. Por ahora. Con el MAS arriba en todas las encuestas, la derecha apuesta otra vez a patear el tablero con un nuevo aplazamiento y/o la proscripción. Es lógico: nadie da un golpe de Estado para después entregar mansamente el poder a quienes sacaste por la fuerza.

Tienen una buena coartada: el desastre que está provocando la pandemia. Hospitales colapsados y gente muriendo en las calles son el rostro más crudo de un sistema de salud desmembrado. La curva de contagios sigue creciendo y, por si le faltaba algo a la convulsionada actualidad boliviana, el positivo de Covid-19 alcanzó a la propia presidenta de facto, a siete ministros, seis viceministros, al jefe de las Fuerzas Armadas y a una docena de legisladores y legisladoras.

De las múltiples crisis que envuelven el país, la sanitaria se torna indisimulable. Ni los medios que acompañaron el derrotero golpista pueden invisibilizar las imágenes de personas desesperadas por no encontrar dónde atiendan a sus familiares contagiados ni dónde enterrarles cuando fallecen. Mientras, se hizo cargo del Ministerio de Salud el titular de la cartera de Defensa, Luis Fernando López; un militar sin experiencia sanitaria gestionando una pandemia, igualito que en el Brasil de Bolsonaro.

Las respuestas oficiales oscilan entre los llamados a oraciones religiosas y explicaciones tragicómicas como la del ministro de Gobierno Arturo Murillo: “Mucha gente se está muriendo por simple ignorancia”. El panorama en Bolivia no toma dimensión de tragedia porque durante el gobierno de Evo Morales la inversión en salud (ahora paralizada) se incrementó 360%, se duplicaron los puestos de trabajo en el sector y se construyeron 1.062 establecimientos de salud.

Pero no es la emergencia pandémica la que llevó a Jeaninne Áñez, Jorge “Tuto” Quiroga y Luis Fernando Camacho a pedir auxilio a la OEA para seguir dilatando las elecciones (la misma OEA de Luis Almagro que los ayudó a consumar el golpe), sino los números de los sondeos: entre las tres candidaturas de la ultraderecha no llegan al 20% y, pese a las persecuciones, encarcelamientos y exilios, el MAS aparece con buenas chances de ganar en primera vuelta si logra frenar la arremetida por proscribir a su candidato Luis Arce. El tablero electoral se completa con el ex presidente liberal Carlos Mesa, que aspira a llegar al balotaje apoyado por la clase media paceña (en las fallidas elecciones de octubre pasado quedó 10,3 puntos debajo de Evo Morales) y que por ahora no aceptó aliarse con esos sectores más extremistas de la oligarquía santacruceña.

Es que el descontento con la gestión de Añez y su grupo es cada vez más amplio. Por las múltiples denuncias de corrupción -como la millonaria compra de insumos médicos y respiradores a sobreprecio-, pero sobre todo por el desamparo en el que dejaron a la población ante el arrasador impacto económico del coronavirus. En un país con el 70% de informalidad laboral y tras un aluvión de despidos, el desempleo trepó al 8,1%, casi el doble de lo que dejó Evo Morales cuando Bolivia ostentaba la cifra más baja de América Latina.

Por eso también Luis Arce viene pisando fuerte. Además de su perfil “moderado”, fue el ministro de Economía durante casi todo el gobierno de Evo. ¿Quién mejor para timonear la crisis post pandemia que quien fuera el cerebro de un modelo de innegable recuperación y estabilidad económica?

Si hay una palabra que define el devenir de esta historia es la incertidumbre. Todo puede pasar en las próximas jugadas. La derecha boliviana, siempre tutelada desde el Norte, apuesta otra vez a patear el tablero. El MAS denunció que “se ha desatado una campaña que pretende presionar al TSE con el objetivo de cancelar nuestra personería jurídica”. Además se declaró “en estado de emergencia ante este nuevo intento de proscribir a nuestros candidatos”. Los movimientos sociales y sindicales ya están en las calles para impedirlo. Luego de una gran demostración de fuerzas en todo el país el martes pasado, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, advirtió: “Los trabajadores vamos a hacer cumplir que el 6 de septiembre sí o sí se hagan las elecciones. Vamos a defender la democracia”.

De eso de trata la batalla que se viene en Bolivia, de recuperar la democracia perdida.

(*) Editor de NODAL.

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Por Redacción Plurinacional.info | Foto: Canal Encuentro

Las masacres de Senkata (El Alto, La Paz) y Sacaba (Cochabamba); el racismo, la discriminación y la humillación al pueblo; el desprecio a la pollera de las mujeres y a la wiphala, la bandera de los pueblos originarios.

La complicidad de los medios de comunicación con el régimen de facto, el periodismo de guerra y el uso de la religión católica y evangelista; la impunidad con la que operan los grupos civiles paramilitares y parapoliciales con la bendición del gobierno de facto; el silenciamiento de los medios de comunicación comunitarios y alternativos. La persecución y criminalización contra dirigentes populares, la guerra jurídica (Lawfare), el armado de causas judiciales con delitos inventados, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de centenares de bolivianos.

Historias debidas

Eso y mucho más demuestra documental “Historias Debidas” (El Golpe de Estado en Bolivia 2019) producido en Argentina por Andrés Irigoyen (Dirección) y Ana Cacopardo (Conducción y guión) y estrenado en el canal Encuentro el 15 de julio, a 8 meses de la Masacre de Sacaba.

Muestra valiosos, conmovedores e inéditos testimonios de madres que siguen llorando por sus hijos acribillados desde helicópteros militares o hermanas que perdieron a sus hermanos baleados por policías o militares; heridos que evocan que muchos médicos de hospitales no les quisieron atender y los enviaron para “que Evo los atienda” o que acudan a la medicina natural y tradicional al ser indígenas y no citadinos.

Feminismo comunitario

Un documental donde se encuentra la mirada del feminismo comunitario, con Adriana Guzmán, al proceso de cambio interrumpido por el Golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 que impuso en Palacio Quemado a Jeanine Añez, Arturo Murillo, Fernando López, Karen Longaric, Oscar Ortiz que tienen el poder absoluro y lo ejercen con violencia, prepotencia y pisoteo a la Constitución y Leyes.

“Fueron 14 años de dignidad y sobre todo con una Constitución del Estado Plurinacional maravillosa que el pueblo la redactó”, dice Guzmán al evocar el rompimiento del orden constitucional con el Golpe de Estado de noviembre del 2019.

“No volveremos a ser sus sirvientas”

“La derecha nos dice volverán a ser nuestras sirvientas (empleadas domésticas)”, revela Guzmán y ella misma responde: “Nosotros decimos no volveremos a ser sus sirvientas”.

Todos los testimonios no sólo arrancan lágrimas y bronca sino ganas para no callar y seguir denunciando a los prepotentes y violentos del régimen de Añez.

Gregoria Siles, madre del joven Omar Calle, asesinado el 15 de noviembre de 2019 por el ejército boliviano durante una marcha pacífica de campesinos cocaleros, recuerda que ella también fue víctima del brutalidad militar y policial.

“Me dijeron perra de mierda”

“Me dijeron perra de mierda. Cuánto te pagó el Evo. Me robaron mi dinero, me patearon y me rompieron la mano”, dice al recordar que cuando fue al hospital para hacerse curar su mano rota, vio en uno de los televisores de la sala de espera que se informaba sobre la muerte de su hijo. “Sin hacerme curar, me salí del hospital y fui a buscar a mi hijo”, relata con un llanto incontenible.

Las voces de las viudas, de la madres y padres, de las hermanas y hermanos que perdieron a sus familiares durante las masacres del régimen de Añez, con sus ministros Arturo Murillo y Fernando López,  no aparecen en la radio, la televisión y los diarios de Bolivia. Y solo se pueden conocer en medios internacionales como el Canal Encuentro de Argentina y las redes sociales.

Tras ver este documental uno se pregunta: ¿Vamos a olvidar la crueldad de los que todo el día, por sus medios amigos, hablan de la vida, democracia, libertad y acusan de violentos, sediciosos y terroristasa los bolivianos que reclaman justicia? ¿Hasta cuándo las masacres de Sacaba y Senkata quedarán sin castigo?

Puedes ver el documental en:

*nota originalmente publicada en Plurinacional.info

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La defensora del pueblo, Nadia Cruz, se dirigió a las autoridades judiciales para pedir la liberación de la abogada ante la evidencia de una detención preventiva excesiva, una aprehensión ilegal y persecución política. Mientras, en redes sociales se sostiene la campaña #LibertadParaPatricia.

Ayer por la tarde, Nadia Cruz, titular de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, emitió declaraciones en las que pidió a las autoridades judiciales “proceder a la liberación de Patricia Hermosa” y a la revisión de su causa y al gobierno de facto a que “se asuman acciones” contra aquellas autoridades que emitieron declaraciones que promovieron su estigmatización, en claro ejercicio de violencia simbólica.

Abogada y ex funcionaria del Estado Plurinacional de Bolivia, Patricia Hermosa Gutiérrez, padece el encierro sin condena y las violencias que causa desde el 31 de enero en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, al sur de La Paz. Se encuentra privada de su libertad y del acceso a la defensa y la salud, acusada de “terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo”. Apoderada de Evo Morales, padece la persecución político- judicial por parte del Estado y la discriminación étnica e ideológica.

“Los cuestionamientos a la independencia judicial en nuestro país todavía siguen latentes”, afirmó Nadia Cruz, invocando no obstante, al órgano judicial, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Magistratura a proceder a la revisión de la causa de Patricia Hermosa y que, en el respeto de sus garantías del debido proceso, “se genere la liberación” y “se proceda a una auditoría jurídica para evaluar si se ha aplicado un juzgamiento con perspectiva de género y respetado la presunción de inocencia”.

En relación al gobierno de facto, la defensora afirmó que las declaraciones emitidas por integrantes del gabinete de Añez “encubre el machismo y la misoginia en nuestro país”. Se refirió a la manifestación del viceministro, Israel Alanoca, quien dijo que se instruyó realizar una investigación rigurosa sobre los viajes presidenciales que Evo Morales realizó y en los que partició Patricia Hermosa mientras cumplía sus deberes de funcionaria pública. “Es evidente que se ejerce violencia psicológica contra esta mujer desde el momento de su detención, generando procesos de difamación, humillación que han dañado su honra, su nombre y su dignidad”, agregó.

En su mensaje, difundido a través de un video publicado en los perfiles de la Defensoría, Nadia Cruz le habló a la presidenta autoproclamada, Jeanine Añez, y (le) dijo: “usted ha dictado el 2020 como de lucha contra el feminicidio y el infanticidio, que usted encabeza el gabinete de lucha y no resulta coherente que sea permisible con ese tipo de tratamiento hacia la mujer, con ese tipo de violencia contra las mujeres desde su gabinete”.

Por la tarde, cuatro diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento al Socialismo (MAS) de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Sonia Brito, Andrea Bonilla, Muruel Cruz y Nely Lenz, intentaron visitar a Patricia Hermosa en la cárcel, acción que fue denegada. “¿Qué esconde el gobierno que no dejó que verifiquemos el estado en le que se encuentra Patricia?”, afirmó Brito en sus redes sociales.

“Queremos denunciar que no nos han permitido ver a Patricia Hermosa”, declaró Brito, “hemos venido a ver su estado de salud pero vemos una intención del gobierno de no permitirlo”. La asambleísta aseguró que realizarán una petición de informe y una queja “porque somos autoridades elegidas”. Para Brito, la negación de la fiscalización de las condiciones de detención de Patricia Hermosa “es una barbaridad” ya que el órgano legislativo es el de mayor autoridad del Estado. Desde el centro penal, la primera excusa fue no dejarlas pasar para evitar el contagio de COVID-19. La Comisión anunció, mediante una nota de prensa, que volverá al recinto penitenciario y si le vuelven a negar el ingreso, pedirá la destitución de la gobernadora de la cárcel de Obrajes.

Durante el día, diferentes espacios cercanos al Movimiento al Socialismo (MAS) iniciaron una campaña en redes sociales con la etiqueta #LibertadParaPatricia exigiendo su liberación: “Patricia está privada de libertad hace cuatro meses. Está acusada sin pruebas de uno de los delitos más graves contra el Estado. Le niegan su derecho a la salud y a la justa defensa. Es presa política de un régimen que castiga a las mujeres del pueblo”, afirmaron desde Warmis del MAS. “La persecución judicial y política contra Patricia Hermosa no cesa. La sexta acción legal por su libertad ha sido denegada pese a las recomendaciones de @ONU y Relatoría Especial para Independencia de Magistrados y Abogados”, agregaron.

La campaña fue sostenida diputadas, alcaldesas, candidatas y ex funcionarias de Estado, integrantes del MAS, y algunas ciudadanas que se expresaron por la libertad de la abogada en redes sociales. Patricia Arce, alcaldesa de Vinto, fue clara y afirmó desde su Twitter: “invito al país a unirnos en una sola voz, #LibertadParaPatricia”. La demanda seguramente llegará a los organismos internacionales encargados.

Leé su historia en la entrevista exclusiva que realizamos con Patricia Hermosa en marzo:

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Por Redacción Marcha |

Un nuevo estudio realizado por investigadores independientes de los EEUU, que utilizó datos obtenidos por The New York Times del Órgano Electoral Plurinacional, descubrió que el análisis estadístico sobre las elecciones presidenciales de octubre de 2019 en Bolivia, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) era defectuoso. El estudio resalta que no hay evidencia estadística de fraude, que se utilizó un conjunto de datos incorrectos y un método estadístico inapropiado.

“Una mirada cercana a los datos electorales bolivianos sugiere que un análisis inicial de la OEA que planteó cuestiones de manipulación de votos, y ayudó a expulsar a un presidente, fue defectuoso”, inicia el informe que realizaron desde el periódico estadounidense. Según el NY Times, la conclusión de que el voto en favor de Evo Morales saltó inexplicablemente al final de la elección, se basó en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas.

El 23 de octubre de 2019, la Misión Electoral de la OEA emitió un informe preliminar en el que “recomendó”, sin fundamento técnico, la realización de una segunda vuelta electoral como la “mejor opción”. Este acto fue tomado por la derecha política, la élite empresarial boliviana y los grupos fundamentalistas para apresurar el Golpe de Estado, que ya estaba encaminado. El objetivo era claro: en lugar de atenerse a realizar una auditoría electoral técnicamente fundamentada, la OEA elaboró un informe cuestionable para inducir en la opinión pública una deducción falsa.

El secretario general del organismo, Luis Almagro, en la sesión del Consejo Permanente celebrada el 12 de noviembre, se refirió al respecto. Sin embargo, el incremento de la brecha de votos en favor de Evo Morales en el tramo final del conteo, se debió a las características sociopolíticas, geográficas y a las dinámicas de comportamiento del electorado boliviano.

“Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y encontramos problemas con sus métodos”, dijo Francisco Rodríguez, un economista que enseña estudios latinoamericanos en la Universidad de Tulane. “Una vez que corregimos esos problemas, los resultados de la OEA desaparecen, sin dejar evidencia estadística de fraude”. Los autores de esta nueva investigación -que se suma a varias-, señalaron que no pudieron replicar los hallazgos utilizando las mismas técnicas. Esto sugiere que la organización de Estados americanos utilizó un conjunto de datos incorrectos para llegar a su conclusión, dijeron los investigadores. Por su parte quienes participaron del análisis de la OEA, defendieron su trabajo, pero no lo apoyaron con datos.

De esta forma, la OEA, convalidó, en el siglo XXI, la instalación de una dictadura, siendo reponsable de las masacres contra quienes la resisten, la persecución político- ideológica, el encarcelamiento, el exilio y las proscripciones de hecho de las herramientas políticas que benefician a los pueblos. La OEA es el fraude. Y el delito, quitarle la soberanía y la libre determinación al pueblo boliviano.

Leé todas las notas sobre Bolivia en:

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Por Agustín Bontempo / Foto por Jorge Saenz

El 10 de noviembre de 2019 se llevó adelante otra de las ofensivas de la derecha continental: el golpe de Estado en Bolivia. La situación fue un escándalo. El 20 de octubre Evo Morales se imponía en las urnas aunque aparecieron denuncias de irregularidad en el conteo producto de la demora en comunicar los datos oficiales. Más allá de que no es motivo de análisis en este artículo, es importante destacar que no solo el Tribunal Superior Electoral (TSE) avaló el resultado que le dio la victoria al oficialismo por más del %47 frente al %36 de Carlos Mesa, sino que diversos organismos internacionales y veedores respaldaron esta posición. Además de las derechas neoliberales y fascistas como Jair Bolsonaro en Brasil, fue la Organización de Estados Americanos (OEA) quien cuestionó el proceso, en sintonía con su política histórica al servicio de Estados Unidos.

El escenario de crisis política que se abrió trató de ser cerrado por parte de Evo Morales y el MAS, incluso llamando a repetir las elecciones, situación que no ocurrió. El ejército “instó” a renunciar a Morales y en una alianza con parte de la burguesía nacional, la oligarquía y de la derecha cristiana tradicional, se llevó a cabo el golpe que colocó en el poder de facto a Jeanine Áñez.

La complicidad macrista

Del gobierno que nada se esperaba, nada hizo. O nada bueno, para ser claro. Consumado el golpe de Estado las dos principales figuras de cara a la política internacional fueron elocuentes. Jorge Furie, canciller por aquella época, afirmó que “No están los elementos para definir esto como un golpe de Estado”. Además, agregó que “Creemos que es muy importante el rol de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad para continuar la vida institucional de Bolivia”. Se refería a las mismas fuerzas que garantizaron la efectividad de la destitución de Evo Morales y que en esos días iniciaban una escalada represiva brutal contra el conjunto de la población. Finalmente, nunca pareció que se sintiera inquieto por la sucesión de renuncias de las principales figuras del gobierno: “Todavía la situación de Bolivia pasa por un impasse donde la renuncia del presidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores, llega a la asamblea legislativa que será la que deba decidir quién debe asumir, que recién va a ocurrir mañana. Es muy importante que pueda ocurrir porque es el paso correcto en lo que nosotros creemos, que es el desarrollo con los mecanismo constitucionales establecidos”.

Por su parte, el entonces presidente Mauricio Macri –que ya estaba terminando su ciclo luego de la derrota electoral en manos de Alberto Fernández-, aseguró sentirse “preocupado” por la “situación” de Bolivia y evitó hablar de golpe de Estado o cualquier cosa que se pareciera. No repudió la asunción del gobierno de facto, no cuestionó la represión ni brindó ningún tipo de apoyo a Evo Morales, naturalmente. Sin embargo, Macri no necesitaba de mucha exposición en su propia transición ya que no solo Furie había establecido la posición oficial sino que el ex presidente, referente del Grupo de Lima nacido en 2017, estaba bien amparado por esta institución.

El Grupo de Lima está compuesto por la mayoría de los países que están bajo gobiernos de derecha o, como en el caso de Venezuela, que luego de la intentona golpista de Juan Guaidó, este fue recibido con los brazos abiertos como un actor más en el espacio político. Además, el Grupo de Lima tiene el apoyo de, obviamente, la OEA.

Este rejunte de neoliberales, conservadores, fascistas y golpistas, tuvo un rol destacado en la consumación del golpe de Estado en Bolivia que, luego de respaldos y posicionamientos, trepó a su máxima expresión el 22 de diciembre de 2019, cuando incorporó al gobierno de facto de Áñez.

El nuevo ciclo político argentino

Alberto Fernández, que el 10 de diciembre inició un nuevo gobierno en el país, se mostró muy activo desde un primer momento, teniendo en cuenta que si bien no había asumido, ya era victorioso en las elecciones nacionales. Ni bien se llevó a cabo el golpe, lo denunció como tal, brindando un apoyo explícito a Evo Morales.

El 12 de diciembre, el presidente legítimo de Bolivia llega a la Argentina en calidad de refugiado, en otro signo destacado de apoyo político. Durante su estadía en nuestro país, Morales sostuvo reuniones con diversos funcionarios, incluyendo al propio presidente, además de tener una presencia destacada en medios de comunicación y encuentros sociales y políticos.

Finalmente, Fernández dio su apoyo público al informe del Instituto Tecnológico Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) que avaló la victoria electoral de Evo y el MAS en Bolivia. El presidente afirmó que “El informe difundido, critica con singular dureza, por su inconsistencia, la auditoría realizada en esa oportunidad por la OEA que concluyera en afirmar la existencia de irregularidades en la elección que ahora se reivindica” y agregó que “Como siempre señalé, en Bolivia se violentó el Estado de Derecho con el accionar de las Fuerzas Armadas y sectores de la oposición al entonces presidente y con la explícita complicidad de la OEA que estaba llamada a velar por la plena vigencia de la democracia”.

Es importante destacar que Alberto Fernández integra el Grupo de Puebla que nació en julio de 2019 y que desde su elección como presidente de Argentina, ocupa un rol destacado en dicha institución.  La mención se debe a que, en oposición al Grupo de Lima, este espacio respaldó a Evo Morales y pidió por el respeto al orden institucional puesto en discusión por el golpe de Estado.

Las contradicciones del gobierno

No todo es crítica frontal al golpe y apoyo inclaudicable a Evo Morales. Señalaremos dos aristas al respecto: por un lado, el rol de Felipe Solá como Ministro de Relaciones Exteriores y, por el otro, el lugar que ocupa Argentina en el mapa institucional del continente.

En sintonía con su trayectoria política, Solá se ha mostrado muy versátil en su nueva obligación. Por ejemplo, pudo mostrarse activo en las relaciones con el Brasil de Jair Bolsonaro, donde pudo acordar en la mantención “de un rol estratégico de Mercosur”, organización que excluyó a Venezuela del proceso de incorporación por sus diferencias políticas con Maduro. Sin embargo, ha dicho que tiene divergencias sobre el país caribeño porque Argentina “no reconoce al gobierno de Guaidó”, aunque sí está de acuerdo con Bolsonaro sobre que Maduro lleva adelante un régimen autoritario. Bueno.

Particularmente sobre Bolivia, Solá supo acompañar la posición oficial de repudio al golpe de Estado y asilo a Morales, pero, aseguró que no querían que Evo Morales use su lugar para tomar posiciones políticas: “Queremos de Evo el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina . Es una condición que le pedimos nosotros. El grado de libertad es una cosa, y el grado de compromiso político es otra”. Bueno.

Está claro que en el marco de la aceptación de que lo acontecido en Bolivia es un golpe de Estado, el mayor despliegue posible de política por parte de Morales, es sumamente importante y necesario.

Pero esto no es todo. Unas líneas atrás destacábamos qué es el Grupo de Lima y su posición entorno a Bolivia, así como también del Grupo de Puebla. Reforzamos el aspecto de sus respectivas composiciones: Puebla es mayoritariamente de figuras mientras que el de Lima es especialmente de gobiernos.

El Grupo de Lima no nace de la nada. Es una respuesta al ciclo progresista que vivió América Latina durante los primeros 15 años del milenio. Por supuesto, no omitimos que Hugo Chávez accedió al poder en 1998 y que estos años no fueron lineales a nivel continental, pero mientras ese ciclo comenzaba a agotarse, algunos países iniciaban nuevos procesos políticos que estarían muy lejos de la UNASUR o la CELAC. Es decir, el compendio de gobiernos de derecha (con sus matices, claro), se daba un espacio de organización.

Nuestro país bajo la gestión de Alberto Fernández no abandonó este grupo. Es decir, más allá de las posiciones públicas, el gobierno actual sigue integrando un espacio político de peso que apoya explícitamente el golpe de Estado en Bolivia, la gestión de facto de Áñez e incluso la dilatación y a todo el procesos prácticamente ilegal que se viene llevando delante de cara a futuras elecciones.

Está claro que el señalamiento no es de cara a un supuesto apoyo al golpe por parte del gobierno argentino, se ha dado cuenta de todo lo contrario. De hecho al interior del Grupo, Argentina ha tenido diferencias con las posiciones públicas sobre Venezuela. Pero ante determinadas coyunturas, hay grises que no son saludables. Esa versatilidad de la que hablábamos sobre Solá, también se muestra en este punto que, sin duda, puede llegar a ser un límite de cara a posiciones y hechos políticos más enfáticos en favor de la democracia en Bolivia.

La situación actual enmarcada en la pandemia del coronavirus generó diversos niveles de incertidumbre en todo el mundo, incluido Bolivia por supuesto. Sin embargo, el gobierno de facto ya ha dado muestras de hacer un aprovechamiento de la situación para dilatar aún más el estado de excepción. Está claro que la expectativa es que el gobierno argentino mantenga una línea de repudio a la gestión de Áñez y al golpe, de apoyo a Evo Morales en su condición de presidente legítimo y aportar firmemente a la transparencia del proceso electoral que debe llevarse adelante. Los grises y la tibieza en ese escenario, no es una opción.

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Por Claudia Espinoza* / Foto: spot Ministerio de Comunicaciones del Gobierno de facto

El mundo enfrenta la amenaza del coronavirus. Como en toda guerra lo primero que muere es la verdad. En Bolivia, la información que caracteriza el discurso oficial es contradictoria, falsa, acaso oculta, al punto de convertirse en una infodemia que profundiza la angustia de una sociedad en permanente “emergencia”, desde noviembre del año pasado.

En el campo de la salud, la desinformación es el sentido común. El caso del empresario Sandoval lo muestra. Hace dos semanas Jeanine Áñez, presidenta, y Luis Revilla, alcalde de La Paz, inauguraron un hospital, cuyo slogan era: “Estamos listos para enfrentar el coronavirus”. Sin embargo, el pasado 29 de marzo, Sandoval murió porque ese hospital no estaba acondicionado para atender la enfermedad. Pero además, dicho caso no estaba registrado en las estadísticas del Servicio Departamental de la Salud de La Paz (Sedes), lo cual presenta indicios de que no todos los casos se encuentran controlados, pese a que el Ministro de Salud, como vocero del coronavirus, entrega cifras diariamente.

Añez el 12 de marzo anunció al país que “desde el mes de enero el gobierno ha estado trabajando para la llegada del coronavirus a Bolivia y por tanto se activaron los equipos de respuesta rápida y se dispuso a todo el personal médico capacitado para la atención”. ¿Cómo se entiende entonces lo sucedido con Sandoval? (1) Vianka, hermana del fallecido, sentenció en su Facebook: “No crean nada, el gobierno nos miente”.

En otras varias conferencias de prensa, autoridades del gobierno de Áñez fueron consultadas sobre medidas concretas en la emergencia sanitaria, a lo que respondieron con el discurso de que en 14 años de gobierno de Evo Morales solo se construyeron canchas de fútbol. Ex ministras de salud e incluso el propio ex Presidente salieron a desmentir y responder en Twitter no solo sobre los hospitales, los ítemes, los equipos y el presupuesto que se asignaron en sus gestiones. Esa matriz de opinión que intentó posicionar el discurso oficial, además de no ser cierta, no contribuyó en nada a aliviar la situación.

En Santa Cruz de la Sierra, la tercera víctima de la pandemia estuvo 12 horas tendida en la sala de trauma-shock de un hospital. Cuando sus restos fueron trasladados a la morgue judicial que funciona en el mismo nosocomio, “los funcionarios fueron retirados, alegando que el lugar estaba contaminado con el Covid-19. La orden tuvo que llegar desde la Fiscalía Departamental” para retirar el cadáver. (2) Otra vez se puso al desnudo que ninguna instancia estatal se encontraba informada ni preparada para actuar.

Los hechos se desarrollan con un guión improvisado que delata una espiral descontrolada de contagiados, infectados, confirmados y sospechosos. Técnicamente se habla de subregistros que no están reportando información fidedigna a la población. Incluso la familia del “primer” fallecido afirma que el deceso de su pariente no fue por coronavirus. Ninguna instancia de salud les proporcionó un certificado médico, el hijo del fallecido contó en una radioemisora que los amenazaron en el hospital si seguían insistiendo; incineraron el cuerpo no se sabe dónde.

En los últimos días, Bolivia apareció en primer lugar en la tabla de la Organización Mundial de la Salud (OMS-OPS) con el nivel más alto de letalidad del coronavirus. Según su representante, Alfonso Tenorio, “es que se han hecho pocas pruebas de diagnóstico, por lo que la cantidad de casos positivos debe ser mayor a la registrada”. Bolivia es el país con mayor letalidad de la región, con 6,5 por ciento. Le siguen Paraguay con 4,62 por ciento; Brasil con 3,59 por ciento y Ecuador con 3,35 por ciento. Ninguna autoridad habla al respecto y la espuma de infodemia sigue creciendo en la opinión pública.

Para paliar los efectos de la pandemia y de una desaceleración en la economía boliviana, desde noviembre pasado, el gobierno anunció medidas sociales y económicas. Nuevamente el discurso oficial contradictorio generó más confusión. Primero, ofrecieron canastas familiares para 1.600 millones de hogares; luego las cambiaron por dinero en efectivo a un grupo de 1 millón de personas adultas mayores, embarazadas y discapacitados, mediante bancos. Son 400 bolivianos (57 dólares), monto que para una familia resulta irrisorio y además donde el nivel de bancarización no abarca la generalidad.

También se anunció el bono familia, en la segunda semana de abril, de 500 bolivianos (unos 72 dólares) por hijo/a que curse pre-kínder, kínder o nivel primario en escuelas del sistema público. El universo de estos “coronabonos” deja fuera a un grueso de la población que vive del comercio y los servicios, por lo que no califica. Para ellas y ellos, no hay respuesta alguna del gobierno.

Quienes sí se encuentran en las prioridades del ejecutivo son los uniformados. Áñez acaba de aprobar un incremento salarial entre 450 y 470 bs a la Policía, en medio de la emergencia sanitaria. Ningún vocero oficial quiere informar sobre el tema. Lo cierto es que desde noviembre pasado la Policía cuenta con más de 80 millones de bs (vía decretos), impunidad para tareas represivas y “confidencialidad” en los gastos que realiza. Algo similar sucede con los militares. Se dice que es el costo de la lealtad.

Entre tanto, circulan noticias sobre donaciones y préstamos, en un baile de cifras exorbitantes: 100.000 millones de dólares de la cooperación internacional, 5 millones de euros de la Unión Europea, 21.500 millones de euros de Italia, 4,5 millones de dólares de Japón y el préstamo de 1.500 millones de dólares del Banco Central. ¿Quién transparenta esta información? Las cuentas públicas volvieron a tener un manto oscuro, como en los años 90.

Según un estudio de la Universidad de Oxford, economías emergentes como la boliviana son más vulnerables a la epidemia “en las que los costes podrían ser tan grandes que sacudirán profundamente la confianza de la población, lo que conduce a crisis soberanas y/o financieras. En este sentido, salvar vidas resultará ser dramáticamente más costoso en nuestros países que en las economías avanzadas», señala el texto.

Así, junto al coronavirus, crece la infodemia en Bolivia, en un contexto plagado de mala información circulando en los medios y la red. El virus de la desinformación y la mentira juegan con el miedo y la angustia de la sociedad haciendo que el aislamiento sea aún más tenebroso.

*periodista boliviana. Artículo publicado originalmente en Rebelión

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Por Camila Parodi y Laura Salomé Canteros desde La Paz 

En Bolivia hay presas políticas como consecuencia del racismo que se instauró desde las instituciones a partir del Golpe de Estado. Con tan sólo 35 años, la abogada Patricia Hermosa, ex jefa de Gabinete y apoderada del ex presidente Evo Morales, trabajó día y noche en la estructura estatal durante más de 10 años. Hoy se encuentra privada de su libertad y del derecho a la defensa en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, al sur de La Paz, acusada de forma ilegal de “terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo”.

Como parte de la Delegación Feminista Plurinacional que viajó a Bolivia alrededor del 8M para relevar las violencias contra las mujeres y las disidencias a partir del Golpe de Estado, Marcha ingresó al centro penal donde se encuentra Patricia hace más de 45 días. Nos esperó junto a su abogado alrededor de una mesa con sombrilla que solicitó para nosotras. Si bien agradeció la posibilidad de tener un amigo abogado que haya decidido acompañarla, sabe que ningún abogado/ a quiere asumir ese tipo de responsabilidad política. Patricia se encuentra en una situación muy frágil; le cuesta expresarse y la injusticia cayó sobre su cuerpo- territorio. No accedió a su derecho a la salud a pesar de haber padecido un evento obstétrico. Se encuentra vulnerable pero contó su historia. Lo hizo porque no está sola.

“Me tuvieron encerrada una hora”

Era una tarde de sol en un barrio tranquilo al sur de La Paz. Patricia (nos) agradeció la visita y consintió contar su verdad. Hasta ese momento, ninguna organización ni medio de comunicación había llegado a la institución carcelaria para escucharla o constatar los rumores acerca de su estado de salud integral. La ex funcionaria nos contó que se encuentra privada de su libertad, básicamente, por mantener conversaciones telefónicas con su ex jefe, Evo Morales. Es más, que le tendieron una trampa: en los primeros días del Golpe de Estado, asesores de la autoproclamada presidenta, Jeanine Añez, la llamaron para que ingrese a la residencia oficial para retirar las pertenencias de Morales. Esas conversaciones y el cumplimiento de su tarea de apoderada, fueron usadas en su contra.

“Me detuvieron para que amplíe una declaración pero nunca he tenido una audiencia”, denunció desde el encierro la abogada, apuntando a la labor del Ministerio Público. El pasado 31 de enero comenzó su periplo. De forma arbitraria, sin orden judicial, fue detenida por policías de civil que la encerraron ilegalmente en una camioneta policial. “Me tuvieron encerrada una hora”, contó. “Me preguntaban acerca de la documentación que tenía y al día siguiente habían robado los documentos”. Había llegado a La Paz para gestionar la candidatura de Evo Morales como senador del MAS en las próximas elecciones del del 3 de mayo. 

En ese momento, el juez Armando Zeballos ordenó la detención preventiva de la abogada Patricia Hermosa mientras se realizara el juicio en su contra. Pero Patricia sabe que su detención es una simple excusa para retener el poder notarial y el original de la libreta del servicio militar que corresponden al ex presidente y que eran requisitos indispensables para la inscripción de su candidatura en el Tribunal Electoral. “Me quitan los documentos para que no pueda ser candidato”, aseguró. La proscripción de la mayoría política del país llegó muy lejos: las que pagan las consecuencias son las mujeres jóvenes y de raíces indígenas.

Por su trabajo en la estructura estatal de más de 10 años, Hermosa reconoce haber visto durante los días previos a su detención, a distintos policías siguiéndola; pero como sabía que ella había cumplido con sus deberes, eligió ignorarlo. Hermosa advirtió que no desconocía que durante esos meses, ejecutores/ as del Golpe de Estado implementaron un sistema de persecución y control sistemático contra quienes habían sido parte del gobierno que representaba el Proceso de Cambio. En particular con quienes son indígenas.

Desde el momento de su detención, a Patricia Hermosa, jamás le otorgaron el pedido de ampliación de la declaración testimonial y en dos ocasiones le fue negada la prisión domiciliaria, a pesar de haber presentado el pedido en la fiscalía; una forma de mostrarse dispuesta a colaborar con el proceso judicial. Para la fiscalía, Patricia presenta “riesgo de fuga”. Es que, entre su información migratoria, figuran (apenas) dos viajes realizados en años en que fue funcionaria del Estado Plurinacional. Datos personales que no deberían ser usados en su contra. Hermosa además nos contó que devolvió el pasaporte diplomático.

“Me visitan mis amigas”

“Solo los indios estamos en la cárcel”, reflexionó Patricia Hermosa en una frase que caracteriza claramente el Golpe de Estado que asaltó en noviembre pasado el poder gubernamental en el país vecino. Aseguró que, al igual que la ex presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque (60 años), detenida en la misma unidad, sus encierros sin condena no se resuelven porque son indias. “Con Eugenia lo hablamos a diario”, contó, “hay discriminación por género, etnia, clase. Además, por razón ideológica”, agregó. A Patricia la acusan de “terrorismo” por hablar por teléfono. A Eugenia la castigan por representar el empoderamiento de quienes hace cinco siglos soportan el racismo.  

Sin embargo, a pesar de la violencia institucional que implica el encierro, Hermosa no pierde sus esperanzas. “Me visitan mis amigas”, respondió emocionada a una pregunta preocupada, y agregó, “acá no me falta nada, las presas se organizan”. El Centro de Orientación Femenina de Obrajes es un penal semicerrado que cuenta con espacios al aire libre y verdes. Allí, Patricia convive con las mujeres que son madres o que están embarazadas. A pesar de eso, también relató que fue testiga de torturas a otras mujeres; familiares de Senkata, entre las que recuerda a “Dora”, una luchadora de apenas 20 años. 

“Te vamos a traer café todas las semanas”, le dijeron al pasar unas mujeres solidarias que visitaban a otras detenidas. “Y chocolates”, respondió Patricia. La promesa sonó como el emparejamiento perfecto para el libro que lleva en su mochila: “La revolución india”, de Fausto Reinaga. Un clásico del movimiento indianista que relata la historia de resentimiento por parte del colonizador durante la conquista; la búsqueda del reconocimiento desde Europa que, al verse subestimado, elige despreciar al originario del Abya Yala ya que no le basta con haberlo conquistado. Patricia sonrió al exhibir el libro que quedó sobre la mesa. Cómplice, reaccionario. Al igual que ella, que se mostró confiada por estar libre pronto. 

El 3 de mayo habrá elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, comicios que se encuentran amenazados por diferentes factores: el terror social que impuso el levantamiento policial y militar desde el Golpe de Estado que asesinó y reprimió a niñes y mujeres de pollera; la proscripción política del MAS; la manipulación arbitraria del TSE del padrón electoral, sobre todo en áreas rurales; el cerco mediático que impusieron los medios hegemónicos para denunciar las vulneraciones de derechos desde noviembre de 2019 -censura sostenida con tortura, persecución y exilio de trabajadorxs de prensa-; la pandemia y crisis mundial a partir del COVID 19; y las ansias de la derecha racista -financiada por intereses imperiales- de continuar ejecutando el poder de decisión desde el Estado. 

“Este es un mal sueño”, finalizó Patricia Hermosa. Nos contó que la fiscalía le ofreció un juicio abreviado a cambio de que se declare culpable y acepte uno de los mayores delitos para acceder a la prisión domiciliaria. “Ellos tienen otro fin”, aseguró, “quieren que diga que mi jefe hizo terrorismo”. Ni la detención arbitraria, la privación ilegal de la libertad ni la condena social parecen amedrentarla. El pedido de libertad de Patricia Hermosa Gutiérrez es un grito sin fronteras y su historia formará parte del informe que la Delegación Feminista Plurinacional enviará a Organismos y Cortes Internacionales de Derechos Humanos. El Proceso de Cambio continuará porque vive en quienes levantan sus banderas y tienen raíces indígenas, caras aniñadas y voces suaves. Son quienes están destinadas a vencer.

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