Por María García Yeregui

España está de luto oficial por las víctimas del Covid-19, las 27.127 personas fallecidas (según datos del 2 de junio, con prueba verificada). Son más, por eso están en marcha investigaciones públicas -dada la expansión vírica que tuvo lugar en las residencias de ancianos- para conocer aquellos decesos que no fueron confirmados como casos, pero que responden a personas que también son víctimas del virus. Se manejan que unos 10 mil ancianos más en residencias.

En esta coyuntura, la situación política que enfrenta el país responde a la estrategia de la extrema derecha (Vox) y la ‘derecha extrema’ (el Partido Popular de Pablo Casado, principal partido de la oposición) para destituir al gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez (PSOE) con Unidas Podemos. Lo hemos visto otro miércoles en el Parlamento. 

Al respecto de las sesiones parlamentarias, cabe señalar que en España, pese a haber sido una de las cuarentenas más estrictas de occidente –hasta el 11 de mayo-, la figura constitucional de excepcionalidad que fue aplicada para suprimir derechos fundamentales como el de reunión o libre movimiento por parte del Estado, es decir, el Estado de alarma, ha necesitado para su continuidad la votación de sucesivas prórrogas parlamentarias, cada 15 días desde su decreto del 14 de marzo hasta la sexta y última de este miércoles 3 de junio. 

A mediados de abril, se retomaron las sesiones de control al gobierno, también cada dos semanas. Fue tras la hibernación total de la actividad que tuvo lugar durante 15 días –excepto las actividades realmente esenciales-, después de que la primera quincena de confinamiento, en la que la Ministra de Economía y vicepresidenta tercera, Nadia Calviño –el alma de la elite de la Unión Europea del gobierno- impuso el funcionamiento de algunos sectores económicos no esenciales, aunque incluidos como tales, como el de la construcción. 

Los plenos del Congreso, por supuesto, se han celebrado en el hemiciclo con una mínima representación de diputados, sólo 43, para asegurar el distanciamiento social. Esta circunstancia es factible al tratarse de una democracia parlamentaria –no presidencialista-, y ser un modelo de la misma que funciona institucionalmente con una férrea disciplina de voto para los diputados en función de sus grupos parlamentarios -es decir, de los partidos políticos-.

Pues bien, en la última sesión de control al gobierno, esta semana, se constató una vez más la dura confrontación, la presión encaminada al desgaste progresivo hasta el derrocamiento del gobierno a través de una nueva convocatoria de elecciones. Un Ejecutivo que, recordemos, salió de un pacto de gobierno tras la repetición electoral del 10 de noviembre –un año, el 2019, con 5 convocatorias electorales en el país que ganó siempre pírricamente el PSOE-. La tensión generada desde la oposición por PP y Vox ha ido in crescendo a lo largo de todo el mes de mayo, el de la planificación de la desescalada. Pero está aupada en una estrategia que comenzó desde el primer momento de la crisis sanitaria. 

La portavoz del PP, la patricia argentina y marquesa española, Cayetana Alvarez de Toledo -que merece artículo a parte desde su llegada a la política española- dijo en el atril del Congreso, dirigiéndose al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias: “usted es el hijo de un terrorista; a esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político”. El padre de Iglesias fue reprimido y condenado por la dictadura con la acusación delictiva de repartir octavillas. Fue militante del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), organización ligada a una escisión del PCE, que defendía la acción directa contra el aparato de represión dictatorial al final del franquismo, entre 1973 y 1978, año en el que se disolvió tras las primeras elecciones. Unas elecciones convocadas en 1977 por los sectores reformistas del propio régimen en el poder, a partir de la legislación de la reforma política que preparó la llamada ‘transición pactada’ española.

No obstante, el eje del pleno y de la prensa durante esta semana -opacando la aprobación gubernamental del Ingreso Mínimo Vital- es la crisis del Ministerio del Interior con la Guardia Civil (cuerpo policial militarizado). Unos hechos que continúan destapando la realidad estratégica implementada por parte de las derechas. No sólo de opinión y movilización, durante algunas semanas de mayo, con el uso de la sistematicidad de difusión de bulos en redes y acompañada de una prensa conservadora desaforada -mayoritaria en el país-, sino dentro de las instituciones coercitivas del Estado y la judicatura; mientras, eso sí, los relatos explicativos vertidos, desde ese primer momento de la crisis epidémica, como parte fundamental de dicha estrategia, emborronan cualquier evidencia hasta hacerlas desaparecer para amplios sectores sociales. 

El nuevo suceso saltó a la palestra la semana pasada, el lunes 25 de mayo: el equipo del Ministro de Interior, juez Grande-Marlaska, destituyó a dos altos mandos del cuerpo policial militarizado. Como respuesta corporativa a la primera destitución, hubo una dimisión de otro alto mando de “los del tricornio” (como se conoce popularmente a los agentes de la Guardia Civil). Desde luego, la explicación oficial del ministro no ayuda frente a las acusaciones de purgas obstruyendo a la justicia, vertidas por la oposición. Grande-Marlaska respondió con una actitud burocrática de “lavar los trapos en casa” nada convincente, evitando destapar otro caso de cloacas estatales –las conocemos bien porque los hemos vivido muchas veces, por ejemplo, el terrorismo estatal de los GAL en los gobiernos de Felipe González o, muy reciente y sin terrorismo de Estado, los casos de espionaje político del comisario Villarejo como el del último gobierno del PP y la constitución de la llamada ‘policía patriótica’. 

En las explicaciones oficiales -como ya pasara con otro episodio en el comienzo de las investigaciones por bulos y mentiras sistemáticas en redes- Marlaska mantiene la mentira burocrática de normalidad formal, anunciada en comparecencia de prensa ante las preguntas de periodistas con actitud de desdén institucionalidad naif, que es parte del oscurantismo institucional al no ayudar sino profundizar en no distinguir entre las deducciones críticas de nuestras realidades y el escándalo mediático continúo o las mentalidades conspiranoicas multiplicadas en esta era. Así, según la primera versión del ministro, la destitución del jefe de la comandancia de Madrid fue simplemente un adelanto jubilatorio, para pasar a centrarse después, ante la petición de dimisión en el Congreso, en la versión de la defensa de la libre designación de equipos del ministerio en proceso de reestructuración.

Es decir, nada que ver con los informes de la Guardia Civil llenos de bulos, de manipulaciones en declaraciones y falsedad de fechas -hasta de los días de las afirmaciones de la OMS-. Un informe que ha trascendido en prensa, plagado de las fakenews que han circulado masivamente como parte de la intoxicación de sectores conservadores-reaccionarios. Unos informes cuyo destino era una investigación judicial abierta para inculpar al delegado del gobierno en Madrid por la autorización de las marchas del 8M. Una denuncia que está en investigación para la apertura de juicio que, como han declarado juristas varios, su indagatoria no ha respetado las directrices del funcionamiento de las causas durante el Estado de alarma. Hasta el punto que la propia Abogacía del Estado lo ha llegado a calificar como una ‘causa general’ contra el gobierno. 

Casualidades de los juzgados a los que van a parar ciertas denuncias, no siempre por supuesto, pero cuando pueden lo hacen coincidir en cuándo y dónde ponen la denuncia. Las conocemos bien, desde los movimientos sociales, por propia experiencia, tanto los militantes político-sociales como específicamente los grupos de derechos humanos y civiles por las denuncias de la propia policía -contraatacando a las consecuencias de su racismo institucional sobre los cuerpos- contra migrantes subsaharianos ‘sin papales’, manteros, que tras haber sido apaleados en las detenciones en la calle o las comisarías, son contradenunciados. Ahí están las sentencias, los porcentajes de absolución de los policías sistémicamente. Las hemos vivido muchas veces. Estos últimos años con casos como el del centro social de Barcelona –documental ‘Ciutat morta’- o con el caso de los jóvenes de Alsasua en el País Vasco. No sabemos si es así en este caso puesto que a la jueza no le tembló la mano con sentencias de falsedad de títulos a cargos importantes del PP como su líder y la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid hasta la sentencia.

El hecho es que la acusación de purga ideológica sobre el cuerpo policial con el fin de encubrir la culpa gubernamental en la situación de colapso epidémico, para asegurar la impunidad gubernamental, cerrando las investigaciones de la policía-militar e injiriendo en la justicia -por exigir conocer la investigación del cuerpo policial que la jueza había, por su independencia frente al gobierno, explícitamente prohibido o, dicho de otro modo, al parar la indagatoria de la jueza a la que le calló la denuncia- es un argumento cerrado. 

Un relato circular, construido a partir de las acusaciones vertidas masivamente, desde el 9 y 10 de marzo, de que el gobierno mentía y ocultaba cifras para permitir las manifestaciones del 8M. Así comenzaron una campaña de culpabilidad dolosa por los muertos, por la tragedia del país, a partir de convertir la marcha del 8M de Madrid en un chivo expiatorio, aunque hubiera partidos de fútbol y otros eventos multitudinarios. La argumentación conspiranoica nacional que posibilita una evasión tanto del resto del mundo como de los tiempos y las causas del negacionismo –tanto progre como conservador- que implicó la demora de reacción en el viejo continente y que, efectivamente, ha costado vidas, está “atada y bien atada”(cita de Francisco Franco) para la derecha social. 

Y todo, pese a que, como decimos, la jueza en cuestión –perteneciente a una asociación del ala conservadora de la judicatura, por otro lado igual que el ministro Grande-Marlaska- haya abierto una causa no urgente en una situación de limitación de las mismas, por la emergencia sanitaria, a causas urgentes que según los criterios vigentes en la cuarentena ésta no cumpliría, estando las indagatorias restringidas hasta la desescalada. No obstante, la investigación comenzó y los informes que han sido filtrados contienen bulos de la estrategia mediática y de redes de las derechas, falsedades de fechas y manipulaciones de declaraciones de responsables sanitarios.

 El hecho es que los relatos derechistas están, como hemos pretendido explicar, bien alimentados y continúan con la construcción de la imagen del gobierno como ‘autoritario’. Lo llevan articulando también desde hace tiempo por parte de la ultraderecha. Han pasado de las descalificaciones compartidas con el PP de un gobierno “pro-separatista, pro-etarra, golpista, chavista y comunista”, a uno ‘totalitario’. El esperpento propagandístico no tiene desperdicio. ‘Totalitario’ el gobierno de un país extremadamente descentralizado y que, por su minoría parlamentaria, está obligado a pactar en el Congreso con arcos tan diversos como la ahora ‘derecha españolista útil’ de Ciudadanos, el nacionalismo vasco conservador del PNV o la izquierda independentista vasca y catalana, incluso en esta situación de emergencia sanitaria, para algo como prorrogar el Estado de alarma desde el gobierno central. Por no hablar de los presidentes de las comunidades autónomas –gobernadores- que tienen y han ejercido durante todo el brote las competencias de gestión de sanidad y educación, transferidas por la Constitución del 78 que articuló el estado autonómico.

Esos son los discursos usados, antes y después de las semanas de caceroladas de teflón en las calles -sin respetar la distancia de cuidado en la zona que fue epicentro epidémico, Madrid, cuando aún estaban en la fase 0 de desescalada como consecuencia de las cifras de contagios y muertos de hace un mes-. Articulan su estrategia discursiva usando significantes de los movimientos emancipadores históricos –hasta el lema zapatista de ‘gobernar obedeciendo’ fue usado por las redes para la movilización del sábado 23 de mayo exigiendo la dimisión del gobierno: frente a un gobierno que afirma “un buen ciudadano es el que obedece”, contrapusieron que “un buen gobierno es el que obedece”-. 

Los estudios que sabíamos que estaba haciendo la extrema derecha tanto de los movimientos de los indignados del 2011 como su propia historia fascista de propaganda, la contracultura neonazi a partir de los 90s o la influencia norteamericana, más la copia de las tácticas de comunicación y movilización de las derechas latinoamericanas frente a los gobiernos progresistas, han eclosionado en esta coyuntura de pandemia. 

El eje principal de discurso está construido a partir del concepto de libertad, ya fagotizado por el individualismo neoliberal post-caída del Muro de Berlín. Así, confundiendo privilegios con derechos y patrimonializando, no sólo la idea del país sino de pueblo, las movilizaciones de esos sectores privilegiados están pudiendo conjugar la oposición binaria del imaginario de Guerra Fría, eso sí, caricaturizada. En este caso contra un gobierno que cuenta sólo con 4 ministros de izquierda, caracterizado como progresista y que está implementando políticas de emergencia de tipo keynesiano -similares a las tomadas por el resto de países europeos del entorno que han roto la ortodoxia coyunturalmente-, cuya vicepresidenta tercera y ministra de economía, Nadia Calviño, es exponente de la elite economicista de la Unión Europea como ya en tantas ocasiones estas semanas nos ha demostrado. Pero eso ya es otra crónica.

Source

Por Julio C. Gambina* / Foto por Daniel Vides

Ya hemos señalado en escritos anteriores que es falso dividir salud de economía, e incluso se puede hablar de economía de la salud o de la salud de la economía.

Una población con niveles adecuados de salud está en mejores condiciones para habilitar unas relaciones económicas con mayores posibilidades de satisfacer las necesidades humanas. Una actividad económica que resuelva las crecientes e históricas necesidades de una población mejora la salud de las personas.

La salud está asociada a equipamiento, infraestructura edilicia, fármacos, estudios, análisis, investigaciones, ingresos del personal de salud, todo lo que supone planeamiento científico, técnico y económico.

Sin embargo, la presión es fuerte desde el poder económico para la reactivación de la producción, verificando que el trabajo es el creador de la riqueza, de los bienes y servicios, del capital y por ende de la ganancia y de la acumulación que resuelve en definitiva la dominación.

Por eso, para sustentar la dominación actúan los medios de información y comunicación, aún hasta el cansancio, con un mensaje relativo a la necesidad de activar la economía y volver a la “normalidad”.

Una normalidad que exacerbó en estos años gravísimas consecuencias sociales en materia de desigualdad, por ende, de concentración del ingreso y de la riqueza y de extendida pobreza e indigencia; con flexibilización salarial y laboral, afectando derechos sociales, sindicales históricamente conquistados. No es solo un fenómeno local o regional. Es una conclusión generalizada en el sistema mundial.

Exponente de esta posición de privilegio a mantener la “normalidad” nos lleva a EEUU, ahora epicentro de la pandemia COVID19. El efecto económico en pérdida de fuentes de empleo es alarmante.

La crónica señala que “4,4 millones de trabajadores se han sumado en la última semana a pedir ayudas al gobierno federal para afrontar su desempleo. El cierre de negocios debido a la crisis sanitaria ha generado que uno de cada seis empleos sea destruido, algo que podría empeorar con la llegada de mayo.” En la nota de France 24 se anuncia bajo el título: “26 millones de personas solicitaron ayudas por desempleo en EE. UU. por la crisis del Covid-19”^[1].

El horizonte es de mayor gravedad que en la crisis del 30, sostienen en la nota, en efecto, se indica que durante la gran depresión “el paro en Estados Unidos estuvo en torno al 14%”, y el pronóstico para todo el 2020 será del 20%. El último dato registrado para marzo es de 4,4%, cuando para los 12 meses previos los valores oscilaron entre 3,5% y 3,7% para cada mes.^[2]

Los datos globales de la pandemia COVID19 son alarmantes, con casi tres millones de contagiados y casi 200.000 fallecidos, encabezado por EEUU con más de 900.000 infectados y más de 50.000 muertes, lejos de China, el territorio que en origen se manifestó la epidemia, con menos del 10% de infectados (83.900) y fallecidos (4.636) respecto a EEUU.

El caso es que China, quien desplegó la más estricta cuarentena en los territorios con población afectada, aparece ahora precedido por mayores casos de infección y muertes de otros 8 países, EEUU, España, Italia, Francia, Reino Unido, Turquía e Irán.

Recesión, impacto social y salida de la cuarentena

Interesa el tema, ya que el FMI en su reunión de primavera anticipó una caída mundial de -3% para el 2020, con -5,9% para EEUU, -7,1% para la Unión Europea y China creciendo al 1,2%^[3]. Es cierto que el dato para China es muy bajo respecto de sus referencias para las últimas décadas, igual indica un tiempo de recuperación, que lo aleja de las perspectivas más agresivas de caída de la producción y de recesión mundial. Vale confirmar con la información actualizada, cual es la realidad de la evolución sanitaria y de la macroeconomía para todos los países.

Un asunto imprescindible para acercar conclusiones sobre las respuestas ante la pandemia e incluso relativo a una situación de la economía mundial que estaba desde antes en proceso de crecimiento pobre, con desaceleración, que la COVID19 aceleró como explosión recesiva. Una recesión que agrega consecuencias sociales graves en materia de empleo, pobreza y marginación.

¿A cuánto llegará la pobreza o el desempleo en cada país luego de la pandemia?

¿Cómo se modificarán las relaciones laborales, a favor del empleo a domicilio o teletrabajo, el que se generaliza en ámbitos tales como la educación?

¿Cuántos contratos laborales serán reformulados a la baja en ingresos y deterioro de las condiciones laborales?

Interrogantes que imaginamos con respuestas regresivas, no solo por lo que acontece en reducciones de ingresos salariales y populares, sino producto de una ofensiva del capital contra el trabajo. Se trata de medidas con ejecución continua desde la salida de la crisis de los años 70 y que se han denominado “políticas neoliberales”, de apertura y liberalización.

La pandemia es de final incierto, incluso y más allá de la aparición de una vacuna, puede involucrar al ciclo del 2020/2021, incluso más allá, por lo que es vital el debate sobre el ¿qué hacer con la economía, la salud y la propia pandemia?

A la fecha, son los países más afectados quienes minimizaron en origen el problema, que habilitaron debates diversos, e incluso alimentan el debate en otros países, donde la opinión diletante interviene sobre una falsa alternativa entre salud y economía.

No es un tema menor, ya que disputan el consenso de la sociedad en la búsqueda de una “normalidad” que debe ser discutida. La esencia de nuestra preocupación es la búsqueda de “otra normalidad”, alternativa y contrapuesta al orden capitalista y a las relaciones económicas sustentadas en la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo y la destrucción de los bienes comunes.

El debate existe en la región latinoamericana y caribeña, con las antípodas en el sur entre Brasil y la Argentina y una situación intermedia es la que nos presenta México. En Brasil, desde el Estado nacional se subestimó el tema desde el inicio, presentando contradicciones con los poderes local, similar a lo acontecido en EEUU. En Argentina la prevención fue temprana y con amplio acuerdo entre la oposición y el oficialismo, más allá de algunas voces disonantes. En México hubo una respuesta intermedia, entre discurso oficial de laxitud y concretas  medidas preventivas.

Los datos son alarmantes para Brasil con más de 54.000 casos y más de 3.700 muertes, para una población de más de 209 millones de habitantes.

Para México, la referencia alude a casi 13.000 infectados y más de 1.200 muertes, con una población de 126 millones de personas. En Argentina, son 3.600 casos, 179 muertes y 44 millones de población. Cualquier comparación relativa a infectados o fallecidos respecto de la población favorece conclusiones relativas a la prevención temprana.

Los datos y proyecciones de la situación económica son graves para los tres más grandes países de la región. Según el FMI, la región caerá -5,2% para todo el 2020, con Brasil cayendo un -5,3%, Argentina un 5,7% y para México un -6,6%.^[4] Todos por encima  de la media.

De nuevo, la cuestión sanitaria y la economía como parte de un problema integral que nos lleva a discutir el Estado y las políticas públicas, de salud, de producción y distribución, de bienes y servicios, de ingresos y de riquezas.

El Estado y su intervención en la economía

En ese sentido vale pensar las decisiones que hoy se toman en el mundo. Argentina informa que destinará un 3% de su PBI para atender la emergencia económica en curso, que es mucho respecto de otros países, pero poco respecto al 7% de Alemania.

Ni hablar de los millones aportados por la banca central de los principales países del capitalismo mundial, varias veces superior a lo emitido en tiempos de la crisis 2007/2009.

El Banco Central Europeo (BCE) relajó las disposiciones de calificación de bonos de los países miembros hasta septiembre del 2021.^[5] Todo indica que en foco de la atención está la crisis italiana, tercera potencia de la zona Euro, luego de Alemania y Francia.

Italia podría perder la calificación de “grado de inversión” y pasar a ser considerado como un país de alto riesgo y con elevado costo para una deuda en expansión, entre las más elevadas del mundo con relación a su PBI.

Existe el temor de la fuga de capitales en Italia, algo que Christine Lagarde, Presidenta del BCE conoce desde su anterior responsabilidad como titular del FMI, con desembolsos a la Argentina por 44.100 millones de dólares que en su mayoría tuvieron destino de fuga.

Kristalina Georgieva informó que de los países emergentes fugaron 100.000 millones de dólares en los dos primeros meses de la COVID19. Es una señal de la búsqueda de seguridad de los capitales especulativos, que en tiempo de pandemia continúan su propósito por la ganancia.

Así como el BCE asigna 750.000 millones de euros para favorecer la compra de deudas que incluyen bonos tóxicos, reiterando una práctica de salvataje ya ensayada en el 2007-09, el FMI anuncia disponibilidad de 1 billón de dólares para atender la emergencia. Entre el Tesoro de EEUU y la Reserva Federal (FED) enuncian salvatajes por 8 billones de dólares.

¿Quién duda de la intervención estatal para el salvataje de las grandes empresas del orden capitalista y de la voluntad de las principales autoridades de los Estados nacionales y las organizaciones supranacionales?

Solo los necios ideologizados del libre mercado en tiempos de transnacionalización sostienen la ilusión de la no intervención de los Estados. Claro, apoyados por los principales medios de propagación ideológica que son los medios masivos de comunicación que difunden la presencia de estos gurúes mesiánicos del liberalismo.

No solo es cuestión del COVID19, sino de los problemas de arrastre de la desaceleración y la recesión ahora agudizada, evidente con los precios a la baja del petróleo. Desde el máximo de 110 dólares el barril en 2012, el precio bajó a 26,5 dólares en 2016 y escaló a 64 dólares a fines del 2019, con oscilaciones relativas a la disputa del mercado entre los principales países productores.

En ese marco se incluyen las negociaciones al interior de la OPEP y de esta con Rusia en lo que se conoce como OPEP+. Son negociaciones encaradas por los Estados, en representación de intereses de corporaciones transnacionales y mediados por objetivos de estrategia global de los Estados nacionales.

No es menor considerar que EEUU recuperó en 2015 su liderazgo mundial en la producción petrolera, lo que había resignado desde la crisis de los años 70. Lo hizo con base en la producción de hidrocarburos no convencionales y la tecnología de la fractura hidráulica (fracking).

Esa producción de no convencionales necesita un precio en torno a los 60 dólares el barril, por el elevado costo de explotación, lo que se fue resolviendo con importantes subsidios estatales y financiamiento de la banca estadounidense.

Curiosamente, el desplazado del podio productivo fue Arabia Saudita, un aliado político de EEUU. La confrontación con los precios fue evidente, con los árabes presionando vía producción y precios definidos en la OPEP a afectar la posición de liderazgo de Washington.

Se complicó el tema con la aparición de la OPEP+ que involucró como tercero en discordia a Rusia. Todo parecía haberse arreglado hacia mediados de abril, en los acuerdos entre los gobiernos árabe y ruso, cuando se precipitó la crisis de los precios futuros del WTI, el petróleo de Texas.

El registro negativo de -37 dólares el barril se presentó como una rareza nunca presentada en la lógica del capitalismo, para acercar el precio del barril WTI a unos 17 dólares el barril, y el Brent a 26 dólares por barril.

La caída del precio internacional del petróleo afecta a las petroleras, especialmente las estadounidense y aquellas que aspiraban a la fuerte acumulación vía hidrocarburos no convencionales, caso de la Argentina con su yacimiento de Vaca Muerta.

Al bajar el precio del petróleo pierden rentabilidad las inversiones y con ello el peligro de quiebras e impacto en el sistema bancario, especialmente en EEUU. Ni hablar de la pérdida de expectativas fuertemente instalada en buena parte de la política argentina, que imaginó un fuerte desembarco de inversiones desde el acuerdo secreto entre YPF y Chevron suscripto en 2013.

El Estado interviene entonces en el salvataje en el amplio espectro del capitalismo. Más allá de especificidades, la intervención ocurre entre los desarrollados, sea en EEUU, Europa o Japón; en China o en cualquier territorio, más allá del mayor o menor volumen de gasto público, o políticas expansivas o de austeridad esgrimidas oportunamente. En todos los territorios interviene el Estado, con mayor o menor capacidad y volumen de inyección de dinero.

Desde la crisis de 1930 que el Estado “capitalista” interviene en la economía para resolver, aun transitoriamente, los problemas derivados de las recurrentes crisis del sistema. El objetivo se centra en asegurar la lógica productiva para la generación de ganancias y la acumulación de capitales.

La transición necesaria

En todo caso, solo resta decir que lo que se requiere es discutir qué cambios políticos se necesitan para modificar el carácter del Estado para asumir un programa de transición desde el capitalismo a otra forma de organizar el orden socio económico.

La transición al socialismo se constituyó en objeto de estudio desde las primeras voluntades de confrontación con el orden capitalista. Resulta un tema de permanente estudio e interés desde la emergencia de la Revolución Rusa en 1917 e incluso desde antes con el intento de la Comuna de París en 1871. Si se quiere el tema estuvo en las consideraciones de los socialistas utópicos, Owen, Fourier o Saint Simón, quienes pensaron e intentaron formas alternativas de organización económica de la sociedad.

Sigue siendo una asignatura pendiente el debate de la transición, contenida en textos varios, pero también en prácticas de políticas estatales de quienes promueven la perspectiva anticapitalista y por el socialismo, caso de Cuba en nuestra región. Pero es también patrimonio de experiencias de autogestión desplegadas en procesos de la economía popular.

¿Es posible alentar desde el Estado de transición estas experiencias autogestionarias como forma de pensar la superación de la recesión actual, incluso en pleno desarrollo de la cuarentena? Claro que ello supone pensar la constitución de un Estado para la transición.

Solo desde allí se puede pensar en transformar el modelo agrario de producción de commodities para la exportación en otro sustentado en la agricultura familiar, comunitaria para un proyecto de soberanía alimentaria. El modelo del agro-negocio de exportación favorece a su vez la especulación financiera que se activa recurrentemente en países sujetos a la lógica especulativa, caso de la Argentina.

Lo mismo vale para pensar en materia energética, cuando es evidente la crisis del petróleo y el imaginario de salvación en inversores externos. La producción de convencionales con destino al aliento de una producción local en tiempos de restricciones y baja de las relaciones de intercambio en el mundo, hacen pensar en la potencia de una lógica política asentada en la soberanía energética para una reactivación que promueva otra “normalidad” con la que especula el sector dominante del capital.

Sin dudas que eso requiere una profunda transformación del régimen de financiamiento, presidido en la Argentina por una legislación establecida en 1977, tiempo de dictadura genocida. Esa legislación fue fundamental para habilitar el mecanismo del endeudamiento que fortaleció la dependencia y subordinación del país a la lógica especulativo del capital ficticio.

Romper con esa legislación y la inserción financiera subordinada impone suspender los pagos de la deuda pública del país, acción a desarrollar con una investigación de la misma que evidencie el carácter ilegitimo, ilegal y odioso de gran parte de la misma. Esos fondos liberados para una política alternativa, acompañada de una reforma tributaria progresiva que recaiga sobre las grandes fortunas, puede habilitar la viabilidad de un Estado de la transición que comienza su gesta en tiempos de pandemia.

^[1] France 24, del 24 de abril 2020, en: https://www.france24.com/es/20200423-eeuu-desempleo-crisis-covid19-coronavirus (consultado el 25/04/2020)

^[2] Expansión/Datos Macro.com, en: https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sc=LAB- (consultado el 25/04/2020)

^[3] FMI. Informe de Perspectivas de la Economía Mundial, de abril 2020, en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 (consultado el 25/04/2020)

^[4] FMI. Informe citado sobre Perspectivas de la Economía Mundial.

^[5] BCE, en: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200422_1~95e0f62a2b.en.html (consultado el 25/04/2020)

* Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

Source

Por Ignacio Marchini y Camila Parodi 

-Hace bastantes años que trabajan con distintos movimientos sociales acá en la región. Contanos un poco sobre el trabajo de la Fundación.

La Fundación llegó a América Latina a principios de este siglo, en el segundo Foro Social Mundial. Aterriza finalmente en 2003 en São Paulo, Brasil. Fue una de las primeras cuatro oficinas en el mundo. La Rosa Luxemburgo le debe su existencia al partido Die Linke (“La Izquierda”), parte del parlamento alemán. Trabajamos con fondos públicos, que están relacionados directamente con los resultados electorales de cada partido. Empezamos en esa época de Lula, de Chávez, esa primera ola de mucho entusiasmo en América Latina. A partir de eso se creó la oficina en São Paulo. Desde ahí se comenzó a trabajar, en el 2005, con copartes de Uruguay y Argentina. Eso paulatinamente se fue ampliando con otras oficinas, como México en 2007, Quito en 2009 y, finalmente, Buenos Aires en 2015.

-La última de las oficinas…

La última, pero también la primera. Desde São Paulo se hizo trabajo aquí desde 2005 pero no con la presencia directa en Buenos Aires. Ahí fue la gran compañera Kathrin Buhl que participó en varios eventos, a partir de 2007, generando alianzas con Pañuelos en Rebeldía y otras organizaciones de Argentina. Hay una tradición internacionalista en Alemania que se remonta, por lo menos en el Siglo XX, a la Guerra Civil Española. Es una corriente que viene de la República Española, después de la Revolución Cubana, de la guerra en Argelia, Vietnam. De todo eso surge un fuerte sentimiento de internacionalismo en Alemania que se extiende al Frente Popular en Chile, también. América Latina siempre jugó un papel importante desde Cuba, Chile, Nicaragua, El Salvador. Desde las dos Alemanias hubo mucho interés en las luchas de liberación de América Latina y por eso mucha gente acompañó lo que fue aconteciendo durante la década pasada con los progresismos en la región.

Somos una fundación relativamente chiquita, un partido chiquito, y no tenemos oficinas en todos los países, por eso las que tenemos funcionan como regionales. Sao Paulo trabajó sobre dos tercios del continente latinoamericano. Por eso ya desde 2011 se decidió que se abriera otra oficina en Argentina porque era mucho trabajo. En 2015 se abrió la oficina de enlace en Buenos Aires, todavía dependiente de São Paulo. Este año nos volvimos independientes.

-¿Por qué tomaron la decisión política de articular con los movimientos sociales en particular?

Las fundaciones alemanas tienen una tradición de trabajar con partidos políticos. Nosotros no encontramos, en muchos casos, partidos equivalentes y el foco siempre fue puesto desde el inicio, desde Berlín, en trabajar con organizaciones sociales. Obviamente no tenemos problemas con los partidos políticos, pero no los vemos ya como el referente principal para los cambios sociales, sino uno más. En Argentina conversamos con partidos diferentes, con gente que tiene cercanía al kirchnerismo, la izquierda, y obviamente queremos estrechar vínculos con los y las compañeras del FIT también. Pero no es el foco principal de la Fundación Rosa Luxemburgo, el foco está puesto en los movimientos y las organizaciones sociales.

-¿Qué nos podés contar de la nueva casa?

Abrimos la casa, la oficina ya existía desde hace 4 años. Es una celebración y siempre es bueno eso. Ojalá que por los resultado del 27 de octubre en Argentina, Uruguay y el estado alemán de Turingia, donde el único gobernador de la Izquierda podría ser reelecto como así también por las alianzas y relaciones que se han podido construir gracias al equipo maravilloso que se estableció aquí en 2015, que fue aumentando poco a poco. Somos 14, comenzamos siendo 3. Ahora se trata de consolidarnos y conocernos para complementar el trabajo.

-¿Qué actividades van a llevar a cabo la semana que viene?

Aprovechamos la llegada de algunos colegas nuestros de Berlín, entre ellos la directora de la Fundación Dagmar Enkelmann, una ecosocialista del lado oriental de Alemania, y la presencia de copartes de Chile y Uruguay, como así también de Brasil, para discutir internamente y revisar qué es lo que se hizo en la región durante los últimos años. Pensaremos en el contexto actual, es muy fuerte lo que está pasando en Chile, en Ecuador… las elecciones habrán pasado ya aquí y en Uruguay, donde se vislumbra un giro hacia la derecha. Aquí, la victoria muy probable del
peronismo será una situación bien interesante para analizar. Es una instancia para pensar el momento y quizás también para echar unas luces sobre hacia donde queremos ir.

De las actividades públicas, la más importante va a ser sobre el hambre. Es un tema pertinente, en el que van a estar Marcos Filardi, un compañero experto en el tema de la soberanía alimentaria, Victoria Tolosa Paz, co-autora del plan “Argentina contra el hambre” y parte del Frente de Todos, Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) de la Vía Campesina, una persona de la Unión de los Trabajadores y las Trabajadoras de La Tierra (UTT), y Rita Segato, antropóloga feminista. Esto va a ser en el Centro Cultural Torquato Tasso, el martes 29 de octubre a las 18 hs. Es un tema muy relevante y creo que tenemos un panel para debates de intercambio real que va a ser muy provechoso para todos y todas.

-Se vive mucha tensión social en muchas partes de América latina, como Chile, Ecuador, Bolivia. En Europa también la situación es compleja, ¿cómo la caracterizan y qué relación ven con lo que pasa en este continente?

Obviamente hay una recomposición y avanzada de la ultraderecha, que lo vemos claro en Brasil y en algunos países europeos también, una mezcla de derechas ultra con derechas populistas, pero igualmente peligrosas, donde unos se disfrazan con los otros. Después de lo que hemos visto el siglo pasado nosotros continuamos diciendo Nunca Más al fascismo. Sin embargo, hay otras tendencias opuestas, no todo es blanco o negro. Cuando surgió la mal llamada “crisis de refugiados”, donde Hungría y Austria cerraron sus fronteras hace 4 años, la canciller conservadora Merkel dijo “bueno, nosotros sí podemos lidiar con eso” y por eso entraron un millón de personas en pocos meses en Alemania. Hubo un apoyo muy fuerte en la población para acompañar eso.

La contra oleada fue que la oposición de derecho aprovechó eso para crear el pretexto perfecto llamado “cabezas de turcos”, que sirve como justificación para todas las reacciones conservadoras producto de la unificación alemana mal hecha. Esto genero una crisis y la progresiva globalización neoliberal, impulsada por Clinton y Obama en los Estados Unidos, Tony Blair en Inglaterra, los socialdemócratas en general en Europa. Se creó un sentimiento de que el sistema ya no funcionaba tan equitativamente como en los años gloriosos de las décadas entre el 50 y el 80, cuando crecía el Estado de Bienestar en Europa central y el norte. Toda una serie de factores que se expresan ahora con Trump en Estados Unidos o en un tipo como Boris Johnson en Inglaterra. Al mismo tiempo, tenemos a políticos más tradicionales como Bernie Sanders, el socialdemócrata  de Estados Unidos con el cual ahora se alió Alexandria Ocasio Cortez. O como Jeremy Corbyn que tuvo también sus contradicciones con el Brexit. No es una situación fácil con el gobierno moderado y reformista de Portugal tampoco.

Al mismo tiempo hay señales de esperanza. Para mí, el movimiento que más esperanza me da, pensando en Europa y el norte global, son los y las jóvenes que se movilizan en las calles por la justicia climática. Aquí también en Argentina ha habido una marcha maravillosa de Plaza de Mayo a Congreso, con buenas consignas y un discurso ecologista de izquierda. No todo lo que viene del norte es automáticamente Capitalismo verde. Es una gran esperanza de parte de una juventud que también está harta de los partidos y no se quiere organizar como antes.

-Son discursos antisistema, en contra de la “vieja política”…

Totalmente. Nuestra generación ha fracasado, hay que decirlo. Hay demasiada gente que eran revolucionarios en su juventud se adaptaron al sistema e integran los gobiernos.

-¿Cómo es la situación del partido Die Linke en particular?

El partido no ha sabido lidiar con la situación y los desafíos. Esta dividido. Es muy heterogéneo también. Surge de una fusión en 2007 de lo que era el ex partido de Estado, la RDA, que después se convirtió en el partido del socialismo democrático. Es un partido viejo, reformista, muy estatista y una corriente muy heterogénea occidental que por si sola nunca hubiera entrado al parlamento. Se unieron y llegaron a esto.

Se ha podido mantener esa unión, pero es tensa. Hay una izquierda más urbana, más ecologista, que abre las fronteras para los refugiados y refugiadas. Y otro pensamiento más nacional que dice que podemos garantizar las ventajas del Estado social primero para los países de origen, cuidar más a los y las proletarias alemanas, si es que todavía existen. Es más tradicional. Esa contradicción sigue ahí latente.

-Se mantiene la discusión de “reforma o revolución”…

Exacto, pero con matices. Los Verdes se han convertido en un partido centrista, cuando eran de izquierda en sus orígenes, hace 30 años. Ellos lograron posicionarse como el partido antiderecha. Y la izquierda no porque tiene esa contradicción que se ve, por ejemplo, en que voceras del socialismo más nacionalista dicen que “si los refugiados cometen crímenes, hay que echarlos”. Entonces se alimentan de y se conectan con ese discurso xenófobo. En las últimas elecciones en Alemania oriental, el partido cayó del 20 al 10%, mientras que la derecha subió al 25%. Las frustraciones, en la ex RDA después de 30 años de la caída del Muro, como la falta de empleo o que se gana menos que en occidente, la izquierda no ha podido resolverlas.

Pero hay una pequeña esperanza. El día 27 habrá una elección en Turingia, uno de los 16 estados alemanes, el único donde hay un gobernador de izquierda, que probablemente va a ganar, según las encuestas. Pero tendrá que hacer una coalición que tenga que incluir a los cristianos demócratas.Eso sería una novedad, la derecha moderada y la izquierda, los verdes y los socialdemórcratas contra la ultraderecha.

-Acá también se puede trazar un paralelismo. Tenemos una crisis económica de envergadura como en el 2001 y la salida vuelve a ser el peronismo, la izquierda no pudo capitalizar, una vez más, ese descontento.

Claro, siempre decimos de reinventar la izquierda y aprender de nuestros errores, pero es más difícil hacerlo que decirlo. Los partidos son aparatos complejos y burocráticos, no muy hábiles para adaptarse. Hay una renovación generacional en el partido que esperamos pueda revertir esta situación. Es un problema de las izquierdas europeas en general, no sólo en Alemania. Las últimas elecciones sacaron solo 5%. Los verdes tienen menos contradicciones o por lo menos saben esconderlas mejor.

-Este será uno de los ejes de los debates de la semana que viene.

Exactamente, ese será uno de los ejes de este debate sur-norte que hablaremos puertas adentro. Vendrán compañeros y compañeras del partido que tienen una visión mucho más clara de lo que sucede allá. También vamos a discutir sobre transformación eco social, internacionalismo, trabajo sindical en Europa y América Latina y también sobre las contradicciones de las izquierdas europeas que estuve mencionando.

-¿Cómo sigue el trabajo de la Fundación?

Vamos a afinar sobre los grandes ejes, que están bien fijados: feminismos, donde Argentina es una gran referencia, el trabajo sobre el modelo económico criticando al extractivismo. Es un tema que está verdaderamente ausente en la campaña electoral, desgraciadamente. Nos parece clave. Los modelos agrario y minero de hoy son insostenibles. Y obviamente, también tener en cuenta las contradicciones que tenemos en el norte. Hay un hueco gigantesco al oeste Colonia (Alemania) donde se saca lignito, carbón vegetal. Ha habido ahí uno de los movimientos más interesantes de los últimos años que ha conseguido preservar, con una movilización apoyada por las tres cuartas partes de la población, lo que queda de un bosque biodiverso y frenar la salida de carbón, que es super contaminante. Alemania tiene una imagen verde porque está saliendo de la energía nuclear, pero al mismo tiempo sigue con esas contradicciones, definitivamente no es un líder ambiental hoy día.

También vamos a seguir en la línea de los sindicalismos desde abajo que pueden ser alternativas, como el modelo agroecológico de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y de la Vía Campesina y de otros productores que se proponen cambiar de raíz el modelo. Y democratizar y feminizar los sindicatos. También seguimos la línea de democracia y derechos humanos y siempre sin olvidar la perspectiva antirracista y anticolonial que ya estuvo presente en el Encuentro de La Plata. Nosotros y nosotras también tenemos el deber, como fundación alemana, de llevar los debates feministas y anticolonialistas de acá hacia Alemania y contribuir a fortalecer el internacionalismo allá. Un ejemplo muy concreto es el mal llamado Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que se anunció con bombos y platillos en junio, que es básicamente un proyecto de recolonización. Los europeos se aprovecharon de la debilidad del Mercosur, producto de los gobiernos neoliberales de Bolsonaro y de Macri, entre otros. Queremos dar a conocer este “acuerdo vampiro” con el diálogo de activistas aquí y allá. Por el otro lado, también se trata de aprender y de mandar los impulsos liberadores desde el sur hacia el norte y establecer una relación en pie de igualdad y no colonial.

Source

¿Los últimos días de Cataluña en España? Una pera que se vuelve manzana.

Las redes sociales arden. Todos condenamos la violencia, desproporcionada e ininteligible, con la cual el gobierno de España intentó, infructuosamente y con muchas víctimas, detener la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña que había aprobado por el Parlamento de Cataluña y declarado ilegal por los tribunales españoles. Precisamente es eso, el complejo juego de institucionalidades, legalidades y legitimidades. De bando y bando. Propongo cinco reflexiones que pueden servir de marco para observar el caso catalán en la actualidad. No soy catalán, ni español, ni siquiera europeo. Pero en los diez años que hace que vivo en Barcelona he visto crecer la marea, año tras año. Miro con incredulidad cada día que pasa.

1. En mayo de 2011 la Plaza Cataluña en Barcelona estaba llena de indignados. El gobierno catalán había recortado y robado, tanto como el de España. La gente indignada salió a las calles y quería impedir la aprobación de un presupuesto neoliberal. Austeridad. Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña y ahora uno de los símbolos del independentismo, tomó un helicóptero desde el cual pasó por encima de la protesta. Llegó al Parlament de Cataluña y pactó con el PP los presupuestos. Entonces no era independentista. Al menos no en materia presupuestal. A los pocos días, los indignados recibieron varias cargas policiales. En defensa de la institucionalidad y del pacto político, llegó a decir Mas.

2. Es prehistoria. La crisis económica gestionada con la mayoría absoluta del PP en el Congreso de España, pero también por el pacto entre Artur Mas y el PP en Cataluña, generó muchos problemas sociales. Ver pobreza, desempleo, desesperación, es algo extraño en una de las capitales turísticas más importantes del mundo. El gobierno catalán edificó entonces un culpable —como lo señaló Martín Caparrós en su artículo: “Cataluña: el viejo truco de la patria”— con mucha ayuda de Madrid. Desde el 2010, cuando se recortó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, refrendado por los catalanes y por el Congreso de los Diputados, pero “cepillado” por el Tribunal Constitucional, con una mayoría de miembros afines al PP o conservadores, la puerta de diálogo se cerró. Desde entonces tuvo un protagonista especial que, como muchos analistas señalan, tendrá una estatua en la hipotética República Catalana: Mariano Rajoy. A partir de entonces, la culpa de todos los males de Cataluña era del gobierno del PP, con lo que, además, se alimentó la confusión entre un gobierno específico y el Estado. Las puertas cerradas, porque el PP no negocia nada que no esté en la Constitución —y en su particular interpretación— aumentaron día a día la tensión. A cada portazo, un pantallazo: una puerta cerrada. En la repetición de la escena simbólica una muy buena parte de los catalanes asumió el relato. Hay un gobierno que no nos quiere. La verdad, es que parece que así sea. Diálogo cerrado. Nadie habla. Nadie cede. Con un agravante. Rajoy impone retos que la sociedad catalana asume como desafíos. Año tras año, demostraciones de fuerza. Cada vez más grandes y la misma respuesta, puertas cerradas. Saltos cuantitativos durante siete años. La indignación en un marco creciente. Una bomba de tiempo en Europa.

3. El movimiento social independentista de Cataluña, porque lo es, tiene dos particularidades. La primera es que ha logrado copar las instituciones. Es interesante pues lo normal es que el movimiento social demande algo a las instituciones. En el caso catalán, el movimiento social domina ahora una gran parte de la institucionalidad, con lo cual genera una sinergia inédita. La institución hace llamados y una buena parte de la ciudadanía, que copia y entiende su narración, responde masivamente. La segunda es que es un movimiento burgués, con lo cual tiene un peligro mayor. Sus partidos mayoritarios, dentro de los que se encuentra el nuevo partido de Artur Mas (PdCAT), han defendido siempre un modelo de políticas neoliberales favorables a los intereses económicos de las élites catalanas. Una muestra de ello es que el paro nacional de hoy, 3 de octubre, ha sido convocado principalmente por instituciones, por empresas, por el mismo gobierno catalán. Los sindicatos han dudado en sumarse por el hecho de que no representa un interés ligado a la lucha obrera, aunque aquí es donde la pera se convierte en manzana.

4. El relato, sistemático y emotivo: miles de catalanes en las calles en busca de un derecho de autodeterminación, de un voto, y la puerta cerrada. Son dos cosas diferentes, en principio, pero el gobierno catalán ha sido hábil. Ha puesto, poco a poco, anzuelos en los que Rajoy ha picado. Uno tras otro, con su afán de legalidad, se los ha tragado todos. Qué dolor. Pero él traga orgulloso. Impávido. La lucha por el voto, por el ejercicio de la democracia se convierte en el relato. Los anzuelos cada vez son más grandes. Los dos últimos, las detenciones a funcionarios y, por supuesto, la acción represiva del Estado el día de la votación, por más justificación legal que pueda tener, desde un escritorio. Ya no importa que las fuerzas soberanistas del parlamento catalán se hayan saltado las reglas legislativas para tramitar una ley de referéndum, ni que hayan dividido a los catalanes casi por la mitad. Hay un cambio de paradigma que Rajoy no es capaz de leer. Ya no se defiende una idea ligada sólo al independentismo. Desde el lunes, se defiende y se persigue la democracia. Y la democracia se asocia al independentismo. El éxito simbólico del asociacionismo emotivo. Una buena parte de los medios internacionales denunciaron la violación de los derechos democráticos. Copiaron el slogan. La declaración de independencia, de repente, parece justa y legítima ante la acción policial, absolutamente desproporcionada, en contra de —¡cuidado!— una urna. La mitad de los catalanes tienen ahora, por la acción de Rajoy, lo que les podía hacer falta ayer, el respaldo de la opinión pública internacional. Para muchos catalanes, sin embargo, también fue violencia institucional que el Parlament se saltara la ley y los procedimientos parlamentarios y estuviera vacío a la mitad —también hay fotos de ello— cuando se aprobó la celebración del referéndum de autodeterminación.

5. La última. Un estado como el español no se puede permitir dar una respuesta preconvencional a un problema político postconvencional. El sistema de valores superior, como la defensa a la expresión y el derecho político de la manifestación pacífica, no pueden reemplazarse por la acción represiva. Perdieron. Hicieron el ridículo porque no impidieron nada y les regalaron la foto que circula por el mundo. El marco de solidaridad se extiende, aunque, curiosamente, no se extiende con los otros catalanes que se verán en medio de la disputa y que pueden también llegar a perder sus derechos al dejar de ser parte de España. Más si una decisión tan determinante se toma bajo la legitimidad de una votación-movilización sin ningún tipo de regularización normativa válida y, en el mismo plano de violación de la ley, sin ninguna garantía para el ejercicio de la expresión política opuesta al proyecto independentista. Pero ellos no están en la foto.

¿Qué nos queda? Temo que nadie ceda y hay dos anzuelos más a la vista. Un pulso entre la aplicación del Artículo 155 de la Constitución española por parte de Rajoy, que implica la obligación para el gobierno catalán de cumplir forzosamente las obligaciones legales, versus la Declaración Unilateral de la Independencia de Cataluña que, según algunos periodistas, puede llegar a ser discutida y aprobada en el Parlament el próximo fin de semana, así aún no sepan, los mismos catalanes, cuál es el proyecto de país del día siguiente.

Son ambas cartas muy peligrosas.

—

*Politólogo de Nacional de Colombia. Investigador posdoctoral y profesor del Departamento de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Coordinador Académico del máster de Investigación en Comunicación y Periodismo.

Source

El próximo 1 de octubre la Generalitat (gobierno regional de Cataluña), con la aprobación del Parlamento regional, ha convocado un referéndum en el que se le consultará a los electores la siguiente pregunta “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.

No es el primer cuestionamiento a la integridad territorial del Estado español (de hecho desde las guerras de independencia americanas de principios de siglo XIX no ha dejado de perder territorio) ni el único desafío a ella de los últimos años (en 2014 la Generalitat ya convocó una consulta, pero a diferencia de ahora acató su prohibición por el Tribunal Constitucional, y los vascos han intentado varios procesos soberanistas, de los cuales el llamado “Plan Ibarretxe” del 2004 fue el que más lejos llegó), pero la diferencia de éste es su profundidad, planteando abiertamente la desconexión unilateral e incondicional si es que en el referéndum triunfa el “Sí”.

La “cuestión nacional” en España hunde sus raíces en su propio proceso de construcción como Estado moderno. A diferencia de la mayoría de Estados europeos, durante el siglo XIX España no avanzó en su resolución, y se mantuvo hasta el presente una tensión entre centralismo y federalismo, entre uniformidad y plurinacionalidad. De hecho, la Guerra Civil de los años 30 no sólo fue una lucha entre proyectos sociales, sino también la continuación de la lucha entre ambas concepciones del Estado, que ya se había manifestado durante las “guerras carlistas” y que, con la pérdida de las últimas colonias en América, en 1898, se volvió a reabrir.

Durante los 40 años de dictadura de Franco alcanzó su apogeo la concepción centralista y uniformadora: se eliminaron las instituciones de autogobierno de las nacionalidades históricas y se impuso el castellano como idioma obligatorio en el ámbito público (persiguiendo al vasco, el catalán, el gallego…). Como reacción, se produjo un fuerte resurgir de los nacionalismos periféricos que alcanzó su punto más alto (hasta el momento) durante la transición a la democracia.

Además, Cataluña (un territorio en el que viven casi 7 millones y medio de personas, de las cuales la mitad se concentran en el área metropolitana de Barcelona) tiene, como el País Vasco, un Estatuto de Autonomía con amplias atribuciones legislativas, operacionales y fiscales, un nivel de renta superior y un tejido económico diferente al del resto de España, con mayor dinamismo desde su industrialización temprana (acompañada de constitución de clase obrera fabril y adopción de tecnología punta), así como altos niveles de politización y asociatividad y señas de identidad muy marcadas, entre ellas un idioma propio. Es una sociedad que, en líneas generales, tiene una alta conciencia de su hecho diferencial y se siente más cercana a Europa que a Madrid.

En los últimos años, los efectos de la crisis subprime del 2008, particularmente fuerte y con características crónicas en el sur de Europa, volvieron a agitar, en el tejido económico catalán, la necesidad de un pacto fiscal más ventajoso con el Estado central. Ese factor, alimentado con las políticas económicas, jurídicas y culturales del Partido Popular (heredero del franquismo y en el gobierno desde 2011), explican en buena medida el auge del soberanismo catalán que ha llevado a este escenario, escalando desde la propuesta de un nuevo Estatuto de Autonomía con más atribuciones (aprobado en 2006 y rechazado parcialmente por el Tribunal Constitucional en 2010 tras ser impugnado por el PP) a un referéndum de secesión unilateral.

La intransigencia del PP (y el seguidismo a él del PSOE) frente a las propuestas provenientes de las instituciones catalanas fueron aumentando la tensión y abriendo el abismo entre las instituciones españolas y las catalanas.

En el momento clave del conflicto, en 2012, cuando la propuesta secesionista comenzó a abrirse paso, en lugar de intentar llegar a un acuerdo con el gobierno y el parlamento regional catalán que fijara las condiciones para un referéndum viable (como hicieron, por ejemplo, británicos y escoceses en 2014), el gobierno de Rajoy optó por la vía de la confrontación, alimentando el afán independentista de franjas de la población catalana que antes se sentían tan catalanas como españolas o eran indiferentes.

Aunque estratégicamente, como política de Estado, haya sido un desastre, como política de supervivencia partidaria ha resultado un acierto. Debido a su actitud negadora de la plurinacionalidad, el PP es una fuerza política minoritaria en Cataluña y País Vasco, pero en el resto de España esa actitud le sirve para cohesionar a su electorado: es una forma de contrarrestar su descrédito por la corrupción y por el empeoramiento en las condiciones de vida de las franjas sociales más pobres.

Cuenta a su favor con el liderazgo en este campo sobre las fuerzas políticas de ámbito español. De las otras tres fuerzas políticas relevantes, el PSOE critica que no se hayan hecho más esfuerzos para evitar llegar a este punto, pero avala la actuación de Rajoy, Ciudadanos (partido que de hecho nació contra el nacionalismo catalán) la aplaude y sólo Unidos Podemos (UP) plantea el derecho de autodeterminación de Cataluña, planteando que su posición no es a favor de la independencia sino de un Estado plurinacional.

Además de esas 4 fuerzas, en el ámbito catalán existen 3, todas ellas apoyando el voto al “Sí”: una de derecha (Convergencia), otra socialdemócrata (ERC) (unidas en la plataforma “Junts pel Sí” de cara a las elecciones al Parlamento catalán del 2015 para impulsar este referéndum de autodeterminación) y una de izquierda anticapitalista (la CUP). Las dos primeras forman el gobierno regional catalán que ha convocado la consulta y la tercera lo apoya críticamente. En el Parlamento catalán la suma de estas fuerzas alcanzó el 47% de los votos emitidos, pero su representación fue mayor:

– Partidarios del referéndum y del voto por el “Sí” a la independencia: Junts pel Sí 62 + CUP 10: 72 diputados
– Contrarios al referéndum: Ciudadanos 25, PSOE 16, PP 11: 52 diputados
– Partidarios del derecho a la autodeterminación pero no de la independencia, sino de una reforma del Estado: la versión catalana de UP (que está muy tensionada en torno a qué posición tomar respecto al referéndum): 11 diputados

Con base en esta correlación de fuerzas es que el Parlamento aprobó el 6 de septiembre la convocatoria de referéndum, con 72 votos a favor, 11 abstenciones y el abandono de la sala de 52 diputados.

Desde entonces comenzó la ofensiva del Estado para evitar la celebración de la consulta. Además de declarar ilegal el referéndum, ha lanzado toda su maquinaria judicial, policial y comunicacional contra sus promotores, prohibiendo actos políticos, secuestrando publicaciones, cerrando locales y amenazando con inhabilitar a todos los cargos públicos que lo autoricen.

Con posterioridad al 1 de octubre, la evolución de la situación dependerá, más que de los resultados de la consulta, de la voluntad de diálogo entre ambas partes o la falta de ella, y la pelota está, en el actual momento de confrontación, en el tejado del gobierno español. Si se empeña en seguir dinamitando los puentes con la sociedad catalana (atacando su cultura y sus instituciones electas), se seguirá deteriorando la legitimidad del Estado español en Cataluña y la “cuestión catalana” seguirá en el centro de la agenda pública española. Eso objetivamente perjudicará a las fuerzas políticas que tienen su eje en la cuestión social o que no se sienten cómodas en la polarización entre nacionalismo español y catalán.

El movimiento que podría conducir a desbloquear la situación sería una reforma constitucional y un referéndum pactado en el que ambas partes se comprometieran a aceptar sus resultados, pero ese escenario en la España hegemonizada por el PP es altamente improbable, al menos en el corto plazo y mientras no varíen las correlaciones de fuerzas a nivel estatal, a no ser que medie una fuerte presión desde la Unión Europea para evitar las consecuencias imprevisibles de que siga escalando la confrontación.

—

*Analista internacional.

Source

Con sonidos de paz y tranquilidad, pero rebeldía y excitación de contenido, pronunció Eduardo Galeano su esplendido discurso poético “El Miedo Manda”. Si un pueblo tiene miedo, el pueblo obedece a ese miedo.

Entre los aires ibéricos de aquel 15 de Mayo de 2011 miles de personas salieron a las calles enfrentándose a ese miedo. Indignados contra ese miedo. Las mujeres se echaron a protestar contra el patriarcado, los jóvenes contra la pérdida de calidad educativa, los y las trabajadoras contra la precariedad, los jubilados contra los recortes en pensiones, los desahuciados contra dormir las familias en las calles frías y ruidosas,… y un sin fin de luchas particularidades dijeron No al Miedo Global. Asambleas en las calles, manifestaciones, fiestas y alegrías, defensa contra las represiones,… no había límites. Una masa hizo temblar a los representantes con el lema “no nos representan”.

La pérdida del miedo hizo clarificar quiénes son los de arriba y quiénes son los de abajo. Arriba, el poder económico y financiero del IBEX 35, el poder militar del mismo monarca Juan Carlos I, el poder mediático del Grupo Prisa, entre otros, y  como no el poder político bipartidista a nivel estatal entre PP y PSOE y sus aliados periféricos. Y abajo el 99% de la población.
Tras las protestas, con gran eco internacional, surgió la tesis de no quedarse solo en las calles sino también entrar en las instituciones. Tipológicamente protestando se destruye, pero gobernando se construye. Y ahí surgió el nuevo partido político Podemos y su famoso “Asaltar los Cielos, el cielo no se toma por consenso sino por asalto”. Podemos “Movió Ficha” a inicios de 2014 para “Tomar el centro del Tablero”. Su primera batalla a nivel electoral con un discurso duro contra la “casta” fue las elecciones europeas de Mayo de 2014. Se consiguió hacer que “el miedo cambiase de bando” y la “alegría” colectiva, tan afectada por los planes de austeridad del PP y PSOE, fuera un deseo común. Podemos ganó más de 1 millón de votos y se posicionó como curta fuerza política. Un entrante que abrió rápidamente el apetito.

La agenda electoral venía cargada para el 2015. Elecciones municipales en mayo, algunas autonómicas como las complejas de Cataluña en septiembre, y las generales a finales de ese año. Rápidamente se crearon círculos de Podemos en miles de municipios, autonomías e incluso sectoriales, y se realizaron elecciones primarias para elegir a los consejos ciudadanos. Como la fábula de los tres cerditos y el lobo feroz, finalmente el cerdito que hizo frente a los ataques del canis lupus fue el que mejor trabajo su refugio, dedicando tiempo y sudor. Y como Podemos en lugar de basarse en la agenda social, que los tiempos son más lentos, se centró en la rápida agenda política institucional, y ello le llevó a sufrir desajustes y temblores en su construcción, tanto en la base como en la cima. Una construcción con brechas que hacia más fácil sufrir los ataques del enemigo. Soplos del lobo contra Podemos con aliento a Venezuela, Irán, corrupción, ETA,… acusaciones y querellas que quedaron archivadas a nivel legal pero, con la complicidad del poder político y económico, los medios contaminaron a la opinión pública.

Muchos participante del 15-M, o que no estuvieron activos pero les pareció una protesta legítima, que apostaron por Podemos en el lema del “no nos representan”, “no somos izquierda o derecha”, y contra la “casta”, PP y PSOE, empezaron a alejarse del partido por las batallas internas y el exceso nivel de institucionalidad. Exceso a nivel que las calles quedaban en segundo plano. Una falta de construcción de relación entre ética de partido y ética de movimientos sociales, algo tan vehicular en las realidades de América Latina. Esta crisis en Podemos fue percibida por altos dirigentes de Podemos, entre ellos el mismo astuto estratega Pablo Iglesias, y por ello era necesario cortar la dicotomía entre “pablistas” y “errejonistas” que justamente realimentaba la crisis.

Podemos se encuentra hoy en una situación compleja, entre la esencia de su nacimiento y la existencia de su actualidad. Entre romper con la vieja institucionalidad o ser parte de ella. Entre la visión gramsciana de acabar con lo viejo o no nacer lo nuevo. Entre seguir siendo una consecuencia del 15M  o pasar a ser parte de los partidos que hicieron nacer ese 15M. Y ahí entra el debate de fondo. La relación de Podemos con el Partido Socialista.

Podemos nace justamente por un vacío, no solo a nivel de España sino de casi toda la Unión Europea, del espacio histórico de la etiqueta de la socialdemocracia. La supuesta centralidad de Podemos, no centrismo, es finalmente la pérdida de orientación de una gran parte de la población a causa del pacto no formal del bipartidismo. Con un Partido Popular más a la ultraderecha neoliberal y un PSOE ocupando el espacio de la derecha moderada. Dos partidos con la misma política económica de recortes y la austeridad (infraestructura), pero con algunas diferencias en superestructura (valores, como aborto u homosexualidad), que reformaron la Constitución en 2011 sin soberanía popular. Una convergencia que su visibilidad actual, como los tantos puntos en común entre González y Aznar y sus “puertas giratorias”, nos da a entender ese amorfo bipartidismo de los últimos 30 años. Un bipartidismo monárquico, europeísta, otanista, neoliberal, desindustrializador, a favor del debilitamiento sindical y asociativo, y por el centralismo del nacionalismo español. La socialdemocracia en España murió en los años 80, e Izquierda Unida por su origen comunista, más que por su programa político, nunca consiguió ocupar ese vacío. Podemos consiguió la llave y por ello finalmente se creó la coalición de Unidos Podemos. De pasar de “ni izquierdas ni derechas” a querer convertirse en la nueva unida izquierda estatal.

Si la derechización del PSOE y el vacío de la socialdemocracia le dio vida y fuerza a Podemos, contrariamente la “izquierdización” del PSOE y la recuperación de la identidad socialdemócrata puede ser una causa de futuro debilitamiento en Podemos. Y los socia-listos (concepto despectivo en referencia a su élite y no a militantes de base o simpatizantes) lo saben. Por ello, el cambio de imagen del ganador en primarias, Pedro Sánchez, de ser el conservador del PSOE en las primarias de 2015 a ser el más progresista del partido en las primarias de 2017 han dado mas puntos en intención de voto al partido. Una estrategia que busca como principal función, no un pacto gubernamental o tácticas con Podemos para desbancar al PP, sino retener a que Podemos pueda convertirse en la primera fuerza de oposición. El Sorpasso, el escalón previo a poder Podemos ganar las elecciones generales. Un objetivo que tiene como necesidad no solo obtener votos de otros partidos, sino de algo que poco se habla, reducir la abstención. Un mal que perjudica a la izquierda.

La estrategia antipodemos de Pedro Sánchez ya está en marcha. Lanzando una de cal y otra de arena. Mientras Pedro Sánchez dice querer crear una agenda común con Podemos para hacer frente al PP no apoya la Moción de Censura de Pablo Iglesias contra Rajoy. Mientras Pedro Sánchez habla de Estado Plurinacional copiando la propuesta de Podemos, criminaliza el derecho a decidir del pueblo catalán como hace el Partido Popular. Mientras el PSOE apoyó la propuesta del CETA, Tratado de Libre Comercio entre UE-Canadá, a última hora se abstiene sabiendo que se aprobaría igualmente sin contar sus votos pero su abstención eliminaría a Podemos como líder de oposición a ese tratado neoliberal. Mientras Pedro Sánchez habla de agenda de izquierdas, cuenta en su agenda con un actor de derechas y marca blanca del PP, Ciudadanos.

Podemos vive un debate existencial que le debe llevar a redefinir su posición. Una estrategia a medio plazo, Rumbo 2020, pero más rupturista es situar al PSOE como enemigo político y desenmascarar su falso espacio en la izquierda y la socialdemocracia. Denunciando Podemos todas sus desviaciones entre discurso social y práctica mercantilista, y las cercanías del PSOE con el PP. Recuperar así la esencia del concepto casta, el falso bipartidismo, e ir más allá de las instituciones. Una estrategia de choque. Y la otra estrategia, posiblemente a corto plazo, es acercarse Podemos al PSOE para generar un frente de presión contra el PP e intentar que PSOE de un giro hacia algunas políticas progresistas. Algo que ya protagonizó IU a inicios del siglo XXI, posiblemente por el supuesto complejo de la “pinza”, y fue su gran fracaso camino a la extinción. Una estrategia de consenso. Entre las dos, choque o consenso, yo me quedo con la primera. El Miedo no debe mandar al pueblo, Pablo, nos lo dijo el maestro Galeano.

Source

Una mirada sobre la política internacional de Cambiemos: las posturas que desdeñan las decisiones del gobierno anterior respecto de los lazos con gobiernos latinoamericanos y las que sueñas con volver a ser “el granero del mundo”. En estas líneas, todas ellas atravesadas por una opinión crítica.

Si una frase pudiera sintetizar la manera en la que el Gobierno Nacional, presidido por Mauricio Macri, pretende explicar su política exterior, esa sería, sin duda, “volvimos al mundo”. Con esta frase pretenden explicar, esencialmente, que durante los años anteriores el Estado Nacional se encontraba aislado en la escena internacional.

Esto se debía a que mantenía relaciones con países menores en el tablero mundial, muchos de los cuales eran considerados parias por las principales potencias, y a que tenía un tipo de relacionamiento con los centros del poder mundial que no permitían al país aprovechar las ventajas que una relación aceitada podría brindar. De este tipo de razonamiento, se derivan ideas como la “falta de confianza para realizar inversiones” y otras de ese mismo calibre. Para traducirlo en otra clave, lo que criticaban era que el Estado Nacional no se encuadraba mecánicamente en el proyecto global que lideraba Estados Unidos y apoyaba Europa.

No es la intención de estas líneas refutar la idea del aislamiento de nuestro país, algo que dicho sea al paso, es profundamente absurdo, sino que lo que se busca es pensar el tipo de inserción internacional que plantea el gobierno de Macri en relación con su apuesta político-estratégica a nivel nacional y las posibilidades de su concreción exitosa.

Hay un debate que se está desarrollando actualmente respecto del carácter del gobierno de Mauricio Macri. A grandes rasgos se podría señalar que, por un lado, están aquellos que plantean que Macri se propone la construcción de una nueva hegemonía política, con aspiraciones de largo plazo, transformaciones estructurales del país y la construcción de un consenso de que este es el mejor camino para la Argentina; y por el otro, están quienes insisten en la idea de que este es un mero gobierno de CEOs, a quienes lo único que les interesa es poder hacer negocios a partir de manejar resortes esenciales del Estado. Desde estas líneas se tiende a mirar con mayor simpatía a la primera de estas proposiciones y nos interesa poder incorporar una mirada de más largo plazo en análisis para después sopesar la cuestión del posicionamiento internacional.

A partir del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en la Argentina, se impuso un bloque de poder que ha dominado en nuestro país hasta la actualidad. Este bloque, durante largo tiempo, además de dominar tuvo la capacidad de dirigir los destinos del país, es decir, en términos de Gramsci, ha sido hegemónico, se convirtió en Bloque Histórico. También ha sufrido crisis profundas como fue la que tuvo su estallido popular en diciembre de 2001 y que puso en discusión su continuidad. Este fue un hito trascendente. Luego de allí, donde hubo una división, se recompuso el bloque de poder y modificó algunas de sus aristas, aunque esencialmente siguen estando los mismos grupos sociales. Después de 12 años de gobierno kirchnerista, donde se fortalecieron económicamente pero mantenían sus rispideces con quienes ocupaban el aparato del Estado, encontraron en Mauricio Macri un representante directo de sus intereses y proyecciones. Visto desde esta perspectiva histórica, resulta más convincente la idea de que el Macrismo tenga una apuesta de construcción hegemónica, porque a fin de cuenta no es la voluntad de Macri y su espacio político, sino que es la aspiración de un grupo social históricamente dominante en el país.

Cuando este bloque de poder se impuso a fuerza de generar un genocidio en nuestro país, el proyecto neoliberal a escala global se encontraba dando los primeros pasos y empezaba a consolidarse. Claramente, esta situación internacional sirvió de enorme apoyo al establecimiento de este bloque y le permitió condiciones para su imposición nacional. Hoy en día, en cambio, el proyecto neoliberal se encuentra en una crisis muy profunda y hay quienes ya han decretado su final. Si bien es muy pronto para afirmar tajantemente que la “globalización ha muerto”, lo cierto es que tiene que superar escollos difíciles y el horizonte no augura tiempos mejores.

Hay quienes creen que China será quien lidere la continuidad de la globalización, e incluso destacados analistas como es el caso del británico David Harvey, consideran que el proceso de reformas que el gigante asiático llevó en la década de 1980, se encuentran en plena consonancia con el proyecto neoliberal global y sin ellas no se puede entender su éxito. Lo cierto es que, aun cuando China quiera mostrarse como el principal promotor de estas ideas, algo de por sí bastante discutible, el neoliberalismo y la globalización son producto de la hegemonía estadounidense en el mundo, y si no es Estados Unidos el que lidera este proceso eso ya implicaría, en si mismo, una profunda transformación geopolítica y un cambio de etapa histórica.

Es en este escenario en el que Macri y el bloque de poder que él representa, el cual, como ya hemos señalado, nació al calor del neoliberalismo y lleva marcada a fuego su estampa (no en vano siempre intenta que no los identifiquen con esa etiqueta), tienen la posibilidad de construir una nueva hegemonía política en Argentina. Lo peor para sus aspiraciones es que esta crisis del proyecto neoliberal les explotó en la cara apenas unos meses después de asumir y quedando mal parado luego del apoyo explícito a Hillary Clinton en las elecciones estadounidenses.

Esta situación pone sobre la mesa un dilema estratégico para el gobierno. Seguir apoyando y apostando al proyecto neoliberal global, en un mundo en transición geopolítica, ¿será el mejor camino para generar un paragua internacional que le otorgue condiciones para la construcción hegemónica en el país? ¿O acaso, tendrá que apostar por nuevos caminos, los cuales de antemano no le brindan ninguna certeza, ni le garantizan ningún beneficio?

La otra cuestión que se suma es que luego de la crisis de 2001, la reconfiguración del bloque de poder tuvo un elemento trascendente en el desarrollo del Agronegocio. El despliegue de este sector, que en cierto sentido es una de las variaciones que tuvo el bloque de poder, se debió al aprovechamiento de las condiciones internacionales de un mundo en transición, centralmente el ascenso de China y el consiguiente aumento del precio de las commodities, en nuestro caso, principalmente, la soja. El Agronegocio es un producto del neoliberalismo y la globalización, además de que su dinámica internacional está bajo el mandato de enormes corporaciones estadounidenses y europeas, pero ha conseguido su explosión y su implantación incontestable en nuestro país a partir de la aparición de los primeros síntomas del inicio del proceso de transición geopolítica desde un centro de dinamismo global en el Atlántico Norte hacia el Este y Sudeste asiático. Esta paradoja, lo construido por la globalización para el ámbito rural tuvo su auge cuando esta entraba en crisis, agrega incertidumbres y complejiza aún más el dilema internacional del gobierno.

Por lo pronto, Macri ha decidido continuar con el plan original y ha asumido una posición conservadora, continuar el fortalecimiento de las relaciones con los países que todavía sostienen el proyecto neoliberal global. La visita de la Canciller alemana Angela Merkel, la líder más importante del neoliberalismo realmente existente, es una muestra más que confirma esta orientación política internacional. Les resulta muy difícil dejar de pertenecer al lugar al que siempre han pertenecido o han querido pertenecer, y quizás, paradójicamente este sea un gran obstáculo en su camino hacia una nueva hegemonía, e incluso puede generar tensiones en el bloque de poder.

Source

Emmanuel Macron y Marine Le Pen fueron los elegidos por el electorado francés para disputar la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo. Desde París, nuestra corresponsal hace un balance de las tensiones entre dos propuestas antagónicas y manifiesta preocupación por la avanzada de los sectores políticos más conservadores. Un exbanquero liberal o la heredera de la extrema derecha será quien gobierne, situación que tendrá repercusiones para la Unión Europea en su conjunto.

El pasado 23 de abril se dieron las elecciones presidenciales en el país galo con un resultado apretado: 23.75% para Emmanuel Macron del partido En Marcha!, seguido del 21.53% obtenido por Marine Le Pen, quien fuera hasta el lunes la presidenta del Frente Nacional (FN) tras su renuncia como parte de la estrategia para la segunda vuelta. Al representar los finalistas menos del 50% del electorado total, hay incertidumbre sobre el siguiente resultado, aunque el conservador François Fillon, quien obtuvo el tercer lugar con el 19.94% de los votos anunció su apoyo a Macron. Macron, de 39 años, fue ministro de Economía del actual gobierno.

Por su parte, François Hollande, actual presidente, llamó a votar por Macron, afirmando que al ganar Le Pen “serían devastadas la economía y las libertades democráticas”. Le Pen, de 48 años, se ha hecho conocer en el mundo por su xenofobia radical y una posición “antiinmigrantes”. Uno de sus objetivos si llegara al Gobierno radica en retirar al país de la Unión Europea, contradiciendo a Macron en sus visiones europeístas.

El electorado acudió a las urnas en un 70%, histórica votación que revela que estos resultados diametralmente opuestos significarán cambios abruptos. Gane quien gane, romperá con la tradición de gobierno impuesto tras la conformación de la V República en 1958, modelo político bipartidista y de alternancia en el poder entre el Partido Socialista (PS) y Los Republicanos, este último dirigido por el expresidente Nicolas Sarkozy.

Le Pen quiere suprimir el euro y regresar a la moneda del franco francés. A su vez, endurece las trabas para cruzar las fronteras con el fin de estigmatizar la inmigración y a los miles de refugiados, propuesta que para muchos es atractiva por un desempleo endémico que sigue subiendo. Su padre, Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional, también alcanzó la segunda ronda en las elecciones de 2002. A Macron le va bien con las clases medias y empresariales, teniendo además aceptación entre jóvenes de las ciudades y los círculos defensores del liberalismo económico, aunque sin mayor experiencia en el juego de la política y dirigente de un partido de apenas un año de fundación.

La izquierda se dividió los votos entre el PS y Francia Insumisa, encabezado por Jean-Luc Mélenchon, quien obtuvo una importante votación situándose con el 19.56% en el cuarto lugar, un crecimiento interesante que los sitúa como actores políticos desde la izquierda radical. El “voto útil” es un concepto muy presente en Francia, solo que esta vez no fue para el candidato del PS, Benoît Hamon, quien sacó algo menos de 2,3 millones de votos (6.36%, el más bajo en la historia de su partido).

Existen múltiples hipótesis, pues son votos que pueden resultar determinantes en los resultados que siguen siendo impredecibles a pesar de lo que digan las encuestas, que ponen como favorito a Macron. Mélenchon se opuso a apoyar a cualquiera de los dos candidatos, a diferencia de los socialistas que llamaron a votar a Macron, aunque se sabe que algunos votos pueden direccionarse hacia Le Pen por el espíritu ‘antisistema’ que despertaron ambos candidatos más allá de las ideologías.

En el país persiste la preocupación por la inclinación hacia la ultraderecha por parte de los sectores populares y rurales donde encuentran en los extremos políticos la canalización de su descontento contra la globalización impuesta por  la clase política: exclusión social, crisis económica, educativa y laboral que no para de acrecentarse.

Aunque no hay que desestimar la capacidad del voto en blanco, el panorama de la segunda vuelta da como próximo ganador a Macron que, al integrar una colectividad prácticamente nueva, no tiene atrás la infraestructura que suelen tener los políticos para lograr conllevar un gobierno. Por consiguiente, obtener la mayoría en las elecciones legislativas del mes de junio resulta clave para tener un mejor pronóstico de lo que viene en adelante para quien llegue a gobernar. La izquierda pensará en un acuerdo de articulación para proponer diputados y que sus ideas se vean representadas.

En definitiva, Le Pen hoy es el populismo, la discriminación y los prejuicios raciales en Europa. Por otro lado, la consigna “ni izquierda ni derecha” convirtió a Macron en una especie de ‘político revelación’ del centro, haciendo confluir a comunistas y exmilitantes del PS con banqueros de derecha y empresarios dentro del mismo partido.

En conclusión, tras la evidente crisis del sistema de partidos, será la primera vez que los franceses elegirán un presidente  por fuera de las oligarquías representadas en estas dos expresiones, dejando a la expectativa el modo de afectación a la histórica hegemonía europea francoalemana. Finalmente, cabe señalar que son unos resultados que trastocan el escenario internacional, donde estará atenta a reaccionar desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hasta el Islam, ya que Francia también es famosa por apoyar guerras e invadir países.

__

*Anita Pouchard Serra es arquitecta y fotógrafa. Corresponsal de Marcha desde Francia.

Source

Corría el 2003. En la política internacional predominaba el debate sobre cuál sería el futuro del líder iraquí Sadam Hussein. Antes, con el (auto) atentado del 11 de septiembre de 2001, el líder republicano y presidente de EE.UU., George Bush hijo, inició su apuesta por el unilateralismo en el escenario internacional. Una estrategia que se activó con la invasión de Afganistán justificada con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas: “al ser un derecho a la legítima defensa”, no necesitaba la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.

El debate sobre Irak dividía al Consejo de Seguridad Permanente de la ONU en dos frentes. Estados Unidos y su socio histórico, el Reino Unido, y por otro lado Francia, Rusia y China que se oponían a la intervención militar y apostaban por los informes de los inspectores internacionales quienes negaban que Sadam Hussein tuviera armas de destrucción masiva. Aun así, Estados Unidos y su estrategia unilateral presentó, desprestigiando a los inspectores, “pruebas” acusando a Hussein de tener esas armas. La dicotomía unilateralismo vs multilateralismo se hizo evidente en la comunidad internacional, y el mismo Consejo de Seguridad de la ONU y su Secretario General Kofi Annan sufrieron una pérdida de legitimidad.

Desde enero de 2003 hasta el 20 de marzo del mismo año, en medio de ese conflicto diplomático internacional sobre la intervención militar, millones de personas salieron a las calles gritando “No a la Guerra”. En países donde los gobiernos apoyaron la injerencia militar sin aprobación institucional por parte de los organismos internacionales, como el caso de España, donde el Presidente José María Aznar se alió con Tony Blair y Bush en el Trío de las Azores, fracturando así la Unión Europea. Igualmente sucedió con América Latina, Asia o África.

Una manifestación contra la guerra, el 15 de febrero de 2003, se asentó en las páginas de los Récord Guinness con la protesta antibélica  en Roma, con una participación histórica de unas 3 millones de personas. En suma, protestas en 800 ciudades de todo el mundo que movilizaron a más de 30 millones de personas.

14 años después, ¿dónde está esta multitud pacifista?, ¿dónde están esos 30 millones?, ¿por qué se manifestaron contra la Guerra de Irak y hoy no se manifiestan contra la Guerra de Libia, Siria, Ucrania, Yemen o las tensiones por la injerencia de Estados Unidos en Corea del Norte?, ¿donde está esa opinión pública antibelicista?

Sin desprestigiar ese momento pacificista de 2003 es necesario analizar por qué fue tan masivo en aquel momento. No es malo analizar los alimentos que dan buen sabor de boca pero a veces no son tan saludables. Los movimientos sociales y la opinión pública son fenómenos sociales que surgen de unas necesidades, materiales o ideales, concretas en un momento específico, pero su multiplicidad o potenciación necesita unos canales de alimentación. Y ahí entran esferas de poder que ponen en duda la total autonomía de los mismos movimientos.

Comparando el 2003 de Irak con la situación actual, desde la Crisis Humanitaria en Yemen, el caso de los Refugiados de Siria o Libia, o el pánico a una guerra nuclear con Corea del Norte, vivimos actualmente un contexto más alarmante pero de mayor parsimonia en el movimiento No a las Guerra. Hoy no salen músicos, actores, escritores, docentes, o autoridades de la caduca socialdemocracia europeísta (ejemplo como el PSOE), manifestándose como sí lo hicieron contra la Guerra de Irak.

Para entender esta paradoja hay que descifrar la dependencia de muchos de los movimientos sociales. Una de las diferencias esenciales entre la Guerra de Irak y los conflictos bélicos actuales radica en la posición de muchos gobiernos. Mientras en Francia, Alemania y otros países de la Unión Europea los gobiernos decían No a la Guerra de Irak (no por sus intenciones humanitarias sino por sus intereses económicos, ya que empresas petroleras nacionales tenían contratos firmados con Hussein para explotar petróleo una vez se levantasen sanciones de la ONU) hoy son los mismos que intervienen directa e indirectamente en conflictos armados internacionales como Siria o Yemen. Los intereses económicos que perseguían en Irak las multinacionales francesas y alemanas, entre otras, estaban disfrazados de valores como Paz, Democracia, Libertad, y por ello era necesario potenciar la movilización social e impactar en la opinión pública para intentar evitar el unilateralismo de los Estados Unidos. No era por salvar muertes de niños y niñas en Irak, los mismos que hoy mueren en Siria, sino para no perder sus contratos petroleros.

Una parte de la población europea, pacifistas, progresistas, humanistas, antiimperialistas, salieron a la calle como activistas de Derechos Humanos, pero la llamada a millones de personas a manifestarse fue gracias a las instituciones creadoras de opinión pública; los medios de comunicación. La mayoría de medios de comunicación son privados y los públicos muchas veces, más que estatales, son gubernamentales. El seguimiento de estos medios de comunicación a las movilizaciones contra la Guerra de Irak no han sido de la misma magnitud contra la Guerra de Siria o Yemen.  Los intereses privados de las empresas en Irak, más el asociacionismo con la clase política disfrazada de humanitaria, hizo finalmente que los medios de comunicación dieran voz a los movimientos sociales para escucharse el NO a la Guerra.

14 años después, podemos ver de manera comparativa cómo la élite económica y política mediante sus medios puede alimentar o ahogar a un movimiento social. El impacto de los medios de comunicación en el movimiento pacifista ya fue analizado en la Guerra de Vietnam, donde una comunicación más transparente y democrática, sin censura y grabando desde el mismo campo de batalla con duras pero reales imágenes, hizo nacer en Estados Unidos un movimiento masivo contra la guerra. Hoy no solo se censura y se manipula esas realidades, sino que se decide cuándo un movimiento social debe tener publicidad para sumar nuevos activistas puntuales.

Actualmente, la élite de la Unión Europea está cada vez más sumisa a Estados Unidos en su política internacional, sin apostar por el multilateralismo que defienden socios del Consejo de Seguridad de la ONU como China o la enfrentada vecina Rusia. Incluso apoyando el unilateralismo de Donald Trump hoy, que tanto se le criticó a Bush en 2003, la hace padecer una pérdida de soberanía supranacional en defensa de sus intereses particulares. De esta manera, la población europea sufre hoy la pasividad frente a todo el escenario violento.

Si un oscuro interés económico hubo en Europa por el No a la Guerra de Irak, más interés hay hoy por el Sí a la Guerra de Yemen, Ucrania, Siria, Libia, Somalia, o Corea del Norte, con la diferencia de que en el segundo contexto se provocan miles de muertes. Hoy más que nunca hay la necesidad de debatir y construir la independencia del Movimiento Social Contra las Guerras, dado el yugo ideológico que sufre por parte de los poderes económicos y mediáticos. Una independencia para enfrentar el crecimiento de la industria armamentística y su impacto internacional, por parte de los Estados Unidos y los países de la OTAN.

https://anibalgarzonbaeza.wordpress.com/

Source

El 2016 se esfumó del “viejo” continente como un año agridulce. Mientras en el deporte la inesperada Portugal golpeó a las elitistas selecciones de fútbol al conseguir su primera Eurocopa y la Unión Europea se destacó como número 1 en el medallero olímpico, en lo político, económico y social fue un año de claros retrocesos.

Las aguas del Mediterráneo se llenaron de cinco mil cadáveres de refugiados, Francia mantuvo su Estado de Emergencia los 12 meses, el pueblo británico votó el Brexit bajo una campaña xenófoba de la ultraderecha y su primer ministro David Cameron dimitió, un gesto que repitió también el exprimer ministro italiano Matteo Renzi tras su derrota en el referéndum constitucional. Y en definitiva, un año más de grietas en los históricos Estados del Bienestar con la política de austeridad de la Troika (BCE, FMI, CE) y recortes en derechos sociales incrementando pobreza y desigualdad.

A malos resultados políticos de 2016 malos pronósticos en 2017 si se sigue el mismo rumbo económico. Año sin la dulzura de algún evento deportivo internacional de masas. Uno de los principales problemas que vive actualmente la UE es el crecimiento de la ultraderecha euroescéptica. En el 2016, con la huella de un Reino Unido sin un horizonte claro, una Italia caída en sus reiteradas crisis políticas con una fuerte inestabilidad económica, y que en Austria casi se impone en las Elecciones Generales la ultraderecha del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), se celebró también una consulta no vinculante en Holanda sobre un Acuerdo de Adhesión de Ucrania con la UE pero que el fondo de la cuestión fue medir el euroescepticismo de su población. Con el 32,2% de la participación, la línea crítica con la UE se impuso con el 61%. Este aviso simbólico en el mes de abril de 2016 espera sus frutos el próximo mes de marzo, el primer reto político de Europa en 2017.

Calendario electoral

El 15 de marzo se celebrarán las Elecciones Generales en Holanda y la fuerza de extrema derecha y euroescéptica, Partido de la Libertad (PVV), lidera las encuestas superando los liberales (VDD) y socialdemócratas (PvDA) que actualmente gobiernan en coalición. La campaña política del xenófobo líder del PVV, Geert Wilders, se enfoca en el bloqueo de las fronteras a los inmigrantes, la islamofobia de prohibir el Corán y cerrar las mezquitas, la salida de Holanda de la UE (NEXIT) y acabar con el Euro para recuperar el Florín, la antigua moneda neerlandesa.

Poco menos de dos meses después, el 7 de mayo de 2017, se realizarán las Elecciones Locales en el Reino Unido. Aunque se aprobó ya en la consulta popular agendada el 23 de junio de 2016 el BREXIT – todavía existe el debate jurídico si finalmente es la Cámara de los Comunes quien tiene la última palabra – estas elecciones pueden medir cuáles serán las negociaciones de la UE y el Reino Unido en el proceso de desconexión, que todo indica que se iniciará en marzo con una transición de dos años. Según el nivel de apoyo del pueblo británico en estas elecciones locales a los partidos euroescépticos, los actuales líderes del Partido Conservador y la UKIP, la negociación con la UE podrá ser más radical o moderada.

Solo tres días después, el 7 de mayo, se realizará lo que podríamos llamar el “juicio de la UE”. Este juicio se efectuará con la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en Francia, uno de los ejes centrales de la UE junto a Alemania. Mientras cada partido y coalición prepara a su candidato o candidata mediante su respectivo proceso de primarias – la conservadora derecha francesa ya eligió al liberal y católico François Fillon o en el Partido Socialista las previsiones dan como vencedor al Primer Ministro Manuel Valls – algunos sondeos, posiblemente prematuros todavía, dan la victoria en la primera vuelta de las elecciones del 23 de abril a la euroescéptica y ultraderechista lideresa del Frente Nacional (FN) Marine Le Pen. Sondeos que repiten el resultado de las Elecciones Europeas legislativas en mayo de 2014 donde el FN fue la primera fuerza, seguida de los conservadores y quedando el PS en tercer lugar. Un pésimo lugar que posteriormente fue acompañado de la grave crisis política en el Ejecutivo francés liderado por el PS dada la dimisión en bloque del Gobierno al no aceptar la gran mayoría de ministros las políticas de austeridad de Valls y Hollande. La segunda vuelta, la del 7 de mayo, posiblemente sea una disputa entre los Conservadores y el FN, es decir, una elección vestida de referéndum sobre seguir o no seguir Francia en la Unión Europa.

Y por último, el siguiente y último evento trascendental en la agenda electoral europea de 2017 serán las Elecciones Federales en Alemania que se celebrarán entre el 27 de agosto y 22 de octubre (a definir fecha) para elegir 630 escaños, y posteriormente mediante los pactos entre partidos se llega a la investidura del o la Canciller. La actual Canciller conservadora Angela Merkel se postulará para un cuarto mandato consecutivo, después de estar gobernando los últimos 4 años (2013-2017) en coalición con el histórico rival Partido Socialdemócrata Alemán (PSD). Alemania, arquitecta de las políticas de austeridad de la UE afectando sus impactos a clases populares, que acogió los últimos dos años a más de 1 millón de refugiados (la mayoría de Siria), o sufrió atentados terroristas (o de la guerra sin llamarla guerra) como el del mercado de Navidad de Berlín el pasado 19 de diciembre, presenta un panorama político complejo. Según las encuestas, y por primera vez desde la II Guerra Mundial, un partido de extrema derecha y euroescéptico, Alternativa para Alemania (AfD), podría tener representación parlamentaria. En las elecciones regionales del estado Mecklemburgo-Antepomerania el anterior mes de septiembre AfD se convirtió en la segunda fuerza, detrás de los socialistas y haciendo “sorpasso” a la Unión Cristinodemócrata (CDU) de Merkel en su propio feudo. AfD apuesta por la desaparición del Euro y la Troika, desburocratizar la UE y dar más competencias nacionales, y el cese de las políticas de acogida de refugiados a Alemania, entre otros puntos. Este partido, creado en 2013, y que obtuvo 7 diputados en las elecciones europeas de 2014, podría revolucionar el panorama político y social alemán obteniendo por primera vez representación en el Bundestag, aunque todavía queda muy lejos de disputar el primer puesto de poder como el FN en Francia o PVV en Holanda o conseguir la hegemonía euroesceptica como en el Reino Unido.

Se prevén malos tiempos en la Unión Europa, pero estos tiempos no llegan por arte de magia. Toda tormenta política tiene sus causas, y sitúa a cada actor en la casilla del tablero. En un lugar están los conservadores y socialdemócratas rompiendo en Europa el pacto histórico del siglo XX entre Capital y Trabajo. Siguiendo hoy con sus pactos bipartidistas pero ahora mirando los intereses de la gran banca financiera y olvidando a sindicatos y a las clases populares, justificando ese giro como solución de la crisis económica de 2008. Neoliberalismo como la ruta contra el Estado del Bienestar. En otro punto se sitúa la ultraderecha aprovechando el malestar de las clases populares por los recortes sociales y criminalizando a la Unión Europea con un discurso chovinista, y además a los refugiados e inmigrantes como causa de muchos de sus problemas sociales y económicos. Mientras una vez más se olvida a la gran banca, los Tratados de Libre Comercio (TTIP-CETA-TISA), y a sus cómplices políticos del neoliberalismo como ejes principales de la destrucción de la frágil identidad europea. Y a todo esto, ¿dónde está la izquierda?

Source