En vísperas electorales los análisis o las reseñas sobre lo que dijeron las urnas abundan. En la siguiente nota buscamos aclarar algunos puntos centrales que deja la jornada del domingo, más allá del resultado en provincia de Buenos Aires.

El panorama global

En primer lugar es importante aclarar que la asistencia a las urnas sigue siendo fluida y cuantiosa en el electorado nacional. Casi un %78 del padrón fue a votar en este caso, lo que representa incluso un incremento respecto de la asistencia de las primarias de 2015, donde el guarismo rondó los %74. Estos números son similares a los de las asistencias en países vecinos donde el voto es obligatorio, como Brasil, Bolivia y Uruguay, aunque en este último en general la asistencia supera el %90.

Como conclusión general, observando la panorámica que deja el país, es evidente que la polarización entre el macrismo y el kirchnerismo es la que domina el espectro electoral. Esta polarización se presenta con fuerza en distritos significativos, como las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe, y en otros distritos de menor cuantía electoral como Chaco, Misiones o La Pampa. Hay dos distritos significativos por su volumen electoral que se muestran claramente alineados al gobierno nacional: Capital Federal y Córdoba; en éste último es probable que el kirchnerismo pueda mejorar su performance si dedica mayores esfuerzos proselitistas, aunque la tendencia general parece difícil de revertirse de acá a octubre.

También hay que destacar la modificación del mapa nacional respecto de tendencias que se venían manteniendo por largos períodos de tiempo. Nos referimos a provincias como San Luis, Santa Fe, Santa Cruz y La Pampa, por ejemplo, donde no solamente fueron derrotados los oficialismos, sino que perdieron partidos políticos que habían ganado consecutivamente varias elecciones del pasado reciente. Con excepción de Santa Fe, donde se impuso el kirchnerismo, el resto de los ‘triunfos sorpresa’ quedaron del lado del macrismo.

Pero las sorpresas a nivel nacional no solamente se expresaron en triunfos. Es importante prestar atención a algunos desempeños que, aunque no se cristalizaron en victorias, marcan avances significativos y novedosos. El caso de la provincia del Chaco es significativo al respecto: si bien el peronismo retuvo la provincia, retrocedió más de 15 puntos porcentuales respecto de su desempeño en las PASO de 2015; si bien Cambiemos mantuvo sus 37 puntos, al igual que en 2015, la merma del peronismo acerca al macrismo a la cima electoral.

En Jujuy, por ejemplo, el Frente de Izquierda casi duplicó su desempeño de 2015, y alcanzó ahora un destacado %12,5. Estos números nos hablan de movimientos subterráneos, que no se han expresado en triunfos ni ‘batacazos’, pero a los que hay que prestar atención para identificar cuáles pueden indicar tendencias de mediano y largo plazo, y cuáles son apenas desempeños aislados con pocas chances de repitencia.

Otra conclusión general que devuelve la imagen nacional es el debilitamiento de la ‘tercera vía’ encarnada en figuras como Sergio Massa o Florencio Randazzo. Aún juntos, y en el lugar donde mejor se mueven (la provincia de Buenos Aires), no superan el %20 de los votos, lo que significa -sobre todo para el ex intendente de Tigre-, una merma en su desempeño.

Metamorfosis del mapa político

Estos datos refuerzan la idea de que Cambiemos dejó hace tiempo de ser un fenómeno porteño, y hoy se consolida como el espacio político con mayor proyección nacional. Además, a diferencia del kirchnerismo, tiene menor dependencia respecto de su líder. Como sostiene el politólogo Julio Burdman en un artículo de la Revista Anfibia, los datos del domingo parecen mostrar que Cambiemos está dejando de ser una alianza electoral, para pasar a ser un partido único, con proyección, programas y presencia nacional.

A nivel de los candidatos, es cierto que Esteban Bullrich no hubiera logrado tantos votos sin el protagonismo de Vidal en la campaña, pero no es tan fácil asegurar que cualquier otro candidato kirchnerista lo hubiese hecho si recibía la bendición de Cristina. Es cierto que cerca de CFK hay dirigentes con buena imagen y con caudal de votos propios, como por ejemplo Agustín Rossi en Santa Fe. Pero Cambiemos ha logrado consolidar dos elementos: por un lado una ‘marca’ electoral exitosa y que parece no haber alcanzado su techo. Esta marca, aunque apela a la ‘novedad’ también logró funcionar con candidatos que vienen con larga trayectoria en política: no solamente con casos como el de Carrió, en San Luis, por ejemplo, Claudio Poggi le ganó a los Rodríguez Saá. Poggi es un antiguo aliado a la familia peronista gobernante, pero que enmarcado en Cambiemos logró pegar un salto y poner en vilo la hegemonía del justicialismo.

En segundo lugar, Cambiemos cuenta con una serie de dirigentes con buena imagen en el electorado, como Rodríguez Larreta, Vidal, además de la ya mencionada Elisa Carrió. También es evidente que la candidata porteña podría en un futuro representar un problema para el gobierno, en caso de que decida apostar a un protagonismo individual desmedido. Pero mientras se mantenga dentro del espacio que la acaba de consagrar, el partido de gobierno puede ostentar un puñado de candidatos que gozan de buena salud electoral.

Por el contrario, en el caso del kirchnerismo la dependencia respecto de CFK sigue siendo muy grande. Sin embargo, con una campaña en la que casi no desplegó publicidad en la vía pública, y con una enorme maquinaria mediática en su contra, Cristina sigue vigente en el distrito más poblado del país; y si logra seducir a parte del electorado peronista que eligió a Massa o a Randazzo en las primarias, tiene altas posibilidades de triunfar en octubre.

En este punto es importante destacar que es la propia estrategia del gobierno la que va a llevar a los comicios de octubre a un punto de máximo riesgo: es que Cambiemos buscó transformar la elección en una valoración entre el pasado y el futuro. Es curioso, mientras algunos actores importantes del gobierno, por caso la vice presidenta, se encargan de decir que las elecciones de medio término no sirven para nada, al mismo tiempo el gobierno apela a transformarlas en una gesta decisiva para definir el futuro de la nación. Hay allí una contradicción.

Pero no es problema para el gobierno sembrar contradicciones: el propio manejo espurio del escrutinio con fines mediáticos, y el actual retaceo de un porcentaje de votos que podría incluso dar vuelta el resultado en la provincia de Buenos Aires, contradice la imagen de la transparencia y la defensa de la república, supuestos vicios del populismo de los cuales Cambiemos había venido a librarnos.

Por último, es importante remarcar que el gobierno apostó y apostará a ‘presidencializar’ la elección. Incluso más: el actual empate virtual en el distrito más importante del país le otorga al gobierno más elementos para transformar una simple elección general legislativa, en prácticamente una instancia de balotaje presidencial.

Esta estrategia se enmarca en la ofensiva polarizadora que el gobierno viene encarando desde que los números de la economía no responden: esto está, una vez más, muy lejos del ‘unir a los argentinos’ prometido en la campaña. Esta vocación de dramatizar y presidencializar la elección le sirve al gobierno, pero también al kirchnerismo. Por el contrario le es sumamente perjudicial a todo aquel que plantee una tercera vía respecto de la polarización. De esa forma se explican los magros resultados de Massa y Randazzo, y es por ello también que se puede augurar que, en octubre, una parte significativa de los votantes de éstos últimos va a terminar cayendo de uno o de otro lado de la mal llamada ‘grieta’.

Respecto del desempeño de la izquierda, pueden observarse luces y sombras. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores sigue siendo la principal referencia de la izquierda, y muestra un crecimiento porcentual en la foto a nivel nacional: provincias como Chaco, Jujuy y Mendoza apuntalan este crecimiento. Sin embargo, en los distritos más poblados como la provincia de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, su desempeño no mejora. Desde el lunes a la mañana las y los referentes se encargaron de destacar que su fuerza creció un %30 a nivel nacional respecto de 2015: pasando de 700 mil a 900 mil votos. Esto es una verdad objetiva, aunque oculta que en 2015 esta fuerza había sufrido una merma en su faena electoral respecto de 2013, año en donde cosechó más de un millón de votos en las elecciones generales. Es consabido que en las instancias legislativas el desempeño electoral de la izquierda argentina es mejor que en las ejecutivas; pero aún con ese parámetro, el Frente de Izquierda sacó menos votos ahora que en aquel último desempeño legislativo de 2013.

¿Fin o re-estructuración del bipartidismo?

Desde el lunes a la mañana, la principal preocupación tanto de Macri como de Cristina es entonces seducir esas voluntades intermedias, que rondan el %30 del padrón, para que en octubre vuelvan a encuadrarse en el marco de la polarización. En la provincia de Buenos Aires, entonces, el empate refuerza la grieta y fortalece al gobierno por un lado y a Cristina como principal figura opositora por el otro. Esto implica que el escenario se encuentra aún abierto.

Mientras Cambiemos se consolida como partido a nivel nacional, con un mensaje, una campaña y candidatos encuadrados en una estrategia dirigida desde la Casa Rosada, la conformación de Unidad Ciudadana le sigue dando a Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de renovar al panperonismo. De aquí a octubre nos esperan dos meses en donde se polarizará al máximo la campaña, en función de terminar deglutiendo al tercio que quedó fuera del ‘voto grieta’.

Todas las opciones alternativas a la división binaria entre macrismo y kirchnerismo, tanto las que se expresan por izquierda como las que elijen diversas versiones del peronismo no kirchnerista, enfrentarán un escenario por demás complicado para seducir voluntades ‘independientes’ de la polarización. Pero más importante que esta polarización puntual en esta campaña, es identificar cuáles de estas dinámicas están dejando de ser minorías circunstanciales, para pasar a ser tendencias de mediano plazo.

Si se confirma la consolidación de Cambiemos como estructura partidaria unificada a nivel nacional, y si Cristina logra dirigir al pan peronismo desde la Unidad Ciudadana, entonces es probable que la polarización tenga mucho para decir no solo de aquí a octubre, sino por varios años más. Si eso ocurriera, no estaríamos asistiendo al fin del bipartidismo en Argentina, sino a una metamorfosis del mismo: nuevamente dos partidos polarizan las voluntades mayoritarias, pero ahora con nuevos ropajes político-ideológicos.

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Por Mario Hernandez

In Memorian de Jonathan Gardini

Trabajador asesinado el 30 de marzo cuando participaba del corte de la

calle de entrada al cordón industrial de San Lorenzo (Santa Fe)

El presidente Mauricio Macri abrió el Foro Económico Mundial que se celebra en Buenos Aires con una referencia vinculada al paro nacional de la CGT: “Qué bueno que hoy estemos acá, trabajando”, destacó de cara a un auditorio colmado de empresarios.

De esa manera, el jefe de Estado trató patéticamente de bajarle el tono al alcance de la medida de fuerza que comenzó en la madrugada del jueves y se vio potenciada por los piquetes y la falta de medios de transporte.

Tampoco se privó el Presidente de felicitar a Patricia Bullrich y pedirle mayor dureza contra los piquetes a Rodríguez Larreta. El saldo represivo fue un desalojo con seis detenidos y cuatro heridos en la Panamericana, realizado por las fuerzas nacionales, y la intervención de la policía porteña en la avenida Callao y Corrientes, que dejó un manifestante detenido.

Para el objetivo mayor de Macri, que era mostrar una Argentina sin caos, sobre todo ante la presencia de más de 1.000 empresarios que vinieron al Foro Económico Mundial, quedó resuelta la meta con el accionar en Panamericana y en el piquete porteño.

“Bajen las armas, acá sólo hay pibes comiendo”

La consigna escrita sobre una ancha bandera blanca encabezó la multitudinaria movilización de los cooperativistas y militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que llegaron hasta el Municipio de Lanús en reclamo de justicia por la represión desatada contra quienes estaban en el comedor “Cartoneritos”, que la organización sostiene en Villa Caraza, en la noche del jueves 31 de marzo y por los apremios ilegales, vejaciones y desaparición forzada, de la que fue víctima uno de sus integrantes.

La columna que partió a las 14:00 del martes pasado, desde la estación de Lanús hasta la sede del Municipio, reunió a más de un millar de personas con el respaldo del Movimiento Evita, el Movimiento Popular La Dignidad, la CCC, Barrios de Pie, otras organizaciones sociales y políticas y comedores y murgas de la zona, para llevar frente a la sede municipal el pedido de justicia, que quedó formalizada en el Poder Judicial. También estuvo presente el reclamo de la separación del cargo del Secretario de Seguridad, Diego Kravetz.

“El Gobierno mantiene un doble juego al atacar a los compañeros que se organizan en las barriadas populares, en los comedores que garantizan que los pibes se alejen de los tranzas del barrio, mientras intentan estigmatizar y criminalizar la pobreza”, aseguró Nicolás Caropresi, referente de la MTE quien fue uno de los oradores de la marcha junto a la coordinadora y las cocineras del comedor, las primeras en dar testimonio de los disparos de balas de goma y el gas pimienta con los que la Policía local ingresó con la excusa de perseguir a un hombre con pedido de captura.

También en Rosario una quincena de miembros de la comunidad Qom fueron detenidos en la Comisaría 19°, muchos de ellos y ellas con fuertes golpes y luxaciones. Previo a esto rondando las siete de la mañana del domingo 2 de abril y tras un raid de agresiones verbales discriminatorias a miembros de la comunidad, más de cuarenta efectivos del Comando Radioeléctrico habían ingresado y destrozado viviendas sin respetar medida procedimental alguna. Un joven menor de edad detenido apareció golpeado en un terreno baldío y debió ser hospitalizado. Tras 14 horas fueron liberados los detenidos y la fiscalía dispuso la investigación al personal policial, incluido el médico institucional que dijo no haber constatado lesiones.

Apostillas del paro nacional

Envalentonado tras lo que consideran un éxito de la marcha del #1A, desde el Gobierno volvieron a utilizar las redes sociales. Con el hashtag #YoNoParoEl6 convocaron a rechazar la medida de fuerza de la CGT.

Después de que el Jefe de Estado dijera que no comprende el paro y apuntara a sindicatos “mafiosos”, el público defensor del macrismo impulsó la mencionada consigna. Si bien no hubo funcionarios y militantes del PRO que se sumaran oficialmente a la propuesta, el hashtag sí circuló entre usuarios mayormente anónimos y usualmente asociados al oficialismo. Los “tuiteros” pueden llegar a generar entre 15.000 y 20.000 tuits por hora. En el mercado publicitario estiman que “la estructura puede costar hasta 500.000 pesos mensuales”, sin contar la difusión telefónica por Whatsapp de texto y audio que, habría superado los 15 millones de destinatarios a partir de la compra de bases de datos de usuarios bancarios, la utilización de la base de datos de la ANSES y la línea de atención telefónica 147.

Que la demorada resolución del paro fue a regañadientes es público y notorio. Por ese motivo, la incógnita que se presenta es qué rumbo adoptará la central obrera en los días posteriores a la masiva y contundente medida.

El gobierno no convocó a ninguna reunión previa al paro para intentar desactivarlo. Apuntó, más bien, a desmontar la unidad de acción de la CGT sobre la base de las paritarias de los gremios con alto poder de fuego.

Así, consagró el cierre de la paritaria de empleados de comercio en un 20% en dos cuotas, además de una cuantiosa suma para la Obra Social.

Del mismo modo, autorizó la apertura de las paritarias del transporte y generó un clima de negociación diferente al que desenvuelve con los dirigentes docentes. Primero le tocó a los choferes de la UTA y luego a los ferroviarios. Omar Maturano, titular de La Fraternidad, señaló que en la negociación que encararon en común con Sergio Sasia de la Unión Ferroviaria e integrante del MASA, “la patronal no tiró números, sólo recibió nuestro planteo del 25%. Lo bueno fue que no pusieron techo.”

Por otra parte, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ordenó reforzar las auditorías en los gremios en busca de irregularidades en los procesos eleccionarios y detectar casos en los que no se cumpla con el 30 % del cupo femenino, algo que habilitaría a poner trabas a las actuales dirigencias.

Como parte de la misma estrategia, Triaca dio curso a las impugnaciones que cuestionan la conformación del triunvirato de la CGT por un presunto incumplimiento del estatuto interno.

Omar Plaini, diputado nacional y dirigente de la CGT, reconoció que “es un gobierno que tiene una forma de concebir la política. Es muy difícil que cambie”, y descartó que las paritarias sean la vía de continuidad: “El paro va más allá de eso, no podemos mezclar una cosa con la otra. Entendemos que el rumbo debe ser modificado y vamos a seguir con el plan de lucha”.

Aunque Plaini le restó importancia a la elección a la hora de establecer la ruta de la CGT, a cuatro meses para las PASO, a nadie se le escapa que la estrategia que asuma va a estar condicionada por esa realidad y, en particular, por la interna del peronismo.

Docentes

“Hay veinte provincias que no cerraron paritarias”, sostuvo Roberto Baradel. Además de Buenos Aires, las provincias más conflictivas hoy son Entre Ríos, Santa Cruz y Neuquén, donde no se dictaron clases a lo largo de toda la semana pasada.

El conflicto crece en Santa Cruz, donde el gobierno de Alicia Kirchner ofreció a los gremios docentes 3% de aumento.

El miércoles, desde las 8 de la mañana, se realizó el Congreso extraordinario provincial de Adosac, en donde se discutió y se aprobó no acatar la conciliación obligatoria dictada por el gobierno provincial. Se resolvió además un paro por 72 horas para esta semana.

A minutos del mediodía del miércoles las columnas de docentes agremiados en ADOSAC llegaban a la calle San Martín en donde los esperaban los trabajadores de ATE y jubilados de la provincia para aunar filas. Cuadras más adelante, al llegar a la intersección con la Avenida Kirchner, un grupo importante de padres se sumó al pedido al gobierno del Frente Para la Victoria para que garantice el comienzo de las clases cumpliendo con lo adeudado a las y los docentes de Santa Cruz.

Esta semana habrá nuevas medidas de fuerza de los diferentes gremios de la administración pública ya que aún no se obtuvo respuestas por parte de Alicia Kirchner con respecto al pago de los sueldos del mes de marzo y una nueva oferta paritaria.

Mientras tanto, la gobernadora bonaerense redobló la apuesta. En una carta dirigida a los sindicatos, que motivó correcciones de los docentes a los errores ortográficos de Vidal, dice que puede haber una propuesta salarial superadora siempre y cuando se abandone el derecho a huelga.

Sin embargo, no las tiene todas consigo. En un nuevo giro del conflicto, Dora Eva Temis, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 58, resolvió ante la medida cautelar presentada por la entidad gremial UDA (Unión Docentes Argentinos), que el Ministerio de Trabajo Nacional debe llamar en cinco días a la paritaria nacional. Es más, en los fundamentos que establece la sentencia judicial dice: “el mantenimiento de esta situación de hecho (la no convocatoria a paritaria nacional) configuran una gravedad tal (teniendo en cuenta objetivamente que se proyecta sobre la posibilidad o imposibilidad del dictado de clases en los respectivos niveles de la enseñanza -derecho humano fundamental a la educación-) que justifica el dictado de la medida”, señala Temis.

Este dictamen judicial viene a dirimir lo que es el punto central del conflicto docente a nivel nacional desde el inicio del ciclo lectivo 2017, hace más de un mes. La negativa del Ministerio de Educación nacional de convocar a paritaria nacional se basa en el argumento expresado por el ministro Esteban Bullrich de que el ministerio nacional “no tiene escuelas”.

La ley mencionada conocida como Ley del Financiamiento Educativo y el Decreto N.º 457 de 2007, determinan que el gobierno nacional y los sindicatos con representación nacional, convoquen al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para la designación de una comisión que establezca un nuevo convenio marco ya sea salarial o de condiciones de trabajo docente.
Desde el año 2007 la paritaria nacional establece un piso salarial para todas las provincias, a partir del cual, en cada una de éstas la paritaria salarial debe partir de ese piso establecido nacionalmente. La ley intenta paliar la provincialización del sistema educativo que instauró la Ley de Educación Federal de 1994.

Mientras, el Frente de Unidad Docente resolvió suspender los paros a la espera de una “oferta superadora” del Ejecutivo bonaerense y de la devolución de los descuentos que realizó aproximadamente a 100.000 maestros. Sin embargo, tanto el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, como el de Educación, Esteban Bullrich, preparan una apelación del fallo y recusarán a la magistrada judicial por considerar que tuvo “animosidad”.

Desalojan la planta de AGR-Clarín

En asamblea, los trabajadores que desde hace 82 días tomaban la planta de AGR-Clarín, decidieron dejarla el viernes pasado. La condición que pusieron los trabajadores es que además de las filmaciones de la policía para tomar registro del estado en que entregan las maquinarias, haya registro de una organización popular.

La orden de desalojo les fue presentada por la policía ante un importante operativo de agentes armados con armas de fuego preparados para sacar por la fuerza a los trabajadores si no resolvían salir. “Hay un verdadero ejército”, afirmó desde dentro de la planta Marcelo Ramal, legislador porteño del FIT. La lucha seguirá afuera, dijo uno de los trabajadores, para pelear por la recuperación de sus puestos de trabajo.

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Cien mil docentes marcharon en todo el país durante el que hubiera sido el primer día de clases. Mientras tanto, el Presidente inauguró el inicio del ciclo lectivo trunco en la provincia de Jujuy, donde ya se siente local. La palabra de un docente y la mirada de muchas y muchos más.

Es difícil poner en palabras lo que se sintió hoy en las calles de la Argentina, particularmente, y en nuestro caso, en el centro de Buenos Aires, donde se convocó la comunidad educativa no sólo para reclamar por la apertura de paritarias o defender la educación pública, sino para pararle la mano al gobierno de Cambiemos. Más que hablar de una movilización masiva, podríamos decir que fue contundente: con 70 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires, la marcha se extendía desde el Palacio Pizurno, en la calle Paraguay, hasta Congreso; esto es más de 10 cuadras repletas de gente, de familias, de trabajadoras y de trabajadores.

Movilización contundente decíamos ¿Por qué? ¿Solo por su número? Creemos que hace mucho no se veía una movilización tan terminante no solo en la cuestión cuantitativa, sino en la cuestión cualitativa. Creemos que en esto no es menor el rol que jugaron los gobiernos nacional y provinciales: desde el rechazo del ministro de Educación, Esteban Bullrich, a realizar la legítima apertura de paritarias, hasta las amenazas de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires de descontar los días de paro. Si a esto le sumamos el constante intento por deslegitimar la lucha docente con los grandes multimedios a la cabeza y el ejército de trolls que operan en la redes sociales, el resultado fue contrario, ya que el 85% de las y los docentes se plegaron al paro en todo el país.

Mientras el Presidente Macri intentaba tapar el sol con la mano, haciendo una puesta en escena de inauguración del ciclo lectivo en la provincia de Jujuy -donde el acatamiento a la huelga fue del 95%, por lo que superó la media nacional-, la que gobierna su aliado radical, Gerardo Morales, y donde elige presentarse cada vez que quiere huir del rechazo que se genera en CABA. Ese mismo rechazo que se vislumbró en las calles, en una movilización unitaria de todos los gremios docentes, tanto de privados como públicos, de organizaciones sociales, sectores estudiantiles y otros sectores de la clase trabajadora. En ese sentido, uno de los momentos más emotivos fue cuando la larga fila pasó por el Hotel recuperado Bauen, que ya es un símbolo, donde sus trabajadores y trabajadoras se asomaron por las ventanas, aplaudieron, saludaron, y cantaron con nosotras y nosotros mientras nos reconocíamos mutuamente.

Detrás del pedido del Presidente de que “vayamos por el camino de sentarnos en una mesa a dialogar”. Detrás de esa frase que repite mientras las decisiones de decretos y de silencios suelen ser unilaterales, recordemos algunos números concretos que enmarcaron este día: el gobierno ofreció un aumento del 18%, cuando el año pasado el sector docente tuvo una paritaria que cerró en 32% mientras que la inflación fue del 40% o más. Este año se prevé un 30% más de aumento, casi el doble del ofrecimiento gubernamental. Por eso es que las y los trabajadores de la educación piden entre un 35 y 40% de aumento. Además, se suma la defensa de la educación pública, en el marco de un gobierno que ya conocemos desde hace años en CABA y que se dedicó sistemáticamente a vaciarla, en beneficio de una educación privada y de elite. La falta de materiales, el mantenimiento edilicio y cuestiones curriculares son, también, reclamos que se suman desde hace años.

Hoy no fue un día más, mañana y pasado tampoco lo serán. En nuestra propia vida escolar hemos tenido momentos que nos marcan. Pruebas de fuego, enseñanzas cotidianas que no tuvieron que ver con contenidos académicos, sino de valores para una vida digna.

Hoy las clases no las dieron las y los voluntarios que agitaron las redes pero no pudieron detener el grito multitudinario. Hoy las clases las dimos las y los docentes en la calles. No sólo en lo que se refiere a la educación, sino en la movida contundente de parar los abusos, decretos y arremetidas de un gobierno neoliberal que busca correr los límites cada día.

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Tras los nuevos recortes en educación, con 400 docentes de administración central del Ministerio y 2600 virtuales que se quedan sin trabajo a fin de año, las y los trabajadores decidieron tomar una sede del Ministerio de Educación. Voces, imágenes y una lucha que abarca, además de los puestos de trabajo, el futuro de nuestros pibes y pibas.

Jueves 29 de diciembre de 2016. Son las 10 de la mañana de una agobiante jornada calurosa en Buenos Aires. Una multitud se reúne en el hall central de Palacio Pizurrno. En su mayoría, son trabajadores y trabajadoras. Hacen una asamblea, numerosa, convulsionada, agitada. Ante cada intervención, cae un aplauso. Ante cada silencio, sobrevuela un nerviosísimo generalizado. Definen un plan de lucha. Saben que hay más de 400 personas que van a quedarse sin empleo. No les van a renovar sus contratos. Pero también, hay 2600 docentes más: son quienes trabajan como tutores y tutoras virtuales en postítulos de capacitación que duran dos años y de los que participan docentes de todo el país. Son las y los próximos despedidos del Estado bajo la gestión del Ministro de Educación, Esteban Bullrich. El funcionario que aplica el ajuste, se entera por teléfono de la situación. Bullrich no se encuentra en la ciudad. El Ministro está de vacaciones.

Llegando al mediodía, y luego de un fuerte debate, en la asamblea se votan dos mociones. Hay quienes plantean quedarse en el Ministerio y tomarlo ahí nomás. Hay quienes opinan que hay trasladarse hasta la sede de Barrio Norte y ocupar esas oficinas con el fin de resguardar la seguridad de las y los manifestantes. Gana la segunda opción, condicionada por la Junta Interna de ATE, que la promueve. A pesar de las diferencias, se van todas y todos juntos caminando bajo el sol porteño hasta la dependencia elegida. Cuando llegan a la puerta de Santa Fe 1584, colocan un cartel que dice “Permanencia Pacífica”.

Año nuevo sin vitel toné

Son diferentes áreas las que se verán afectadas por este recorte, todas ellas apuntan a perfeccionar el desarrollo docente, capacitar y llenar de contenidos temas que no se trabajan en la carrera con profundidad (por ejemplo, la Educación Sexual Integral –ley que lleva vigente diez años aunque no se aplique más que una semana por año– es hoy un postítulo de dos años. Se verá reducido el personal docente en el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas (DNPS), el programa Coros y Orquestas, la Biblioteca Nacional de Maestros y el área de gestión educativa. También se ve afectado el programa Centro de Actividades Juveniles (CAJ), la Secretaría de Políticas Universitarias, la Dirección de Jóvenes y Adultos y el área de Recursos Humanos.

La pelea de quienes tomaron el Ministerio es por una educación integral y de calidad, como cuenta Diego, Licenciado en Filosofía: “Estamos desde hace tres años formando equipos técnicos en los que el Estado puso mucha plata. Lo que defendemos es que el Estado puso en estos equipos técnicos tiempo y dinero para garantizar la capacitación de 140.000 docentes que están activos, y que se quedan sin capacitación”.

La justificación del Ministerio es que “no renuevan el contrato por incumplimiento de horas”. La estrategia para este Gobierno parece ser culpar a quienes despide, señalarlos como “vagos” o “ñoquis”, mientras vacacionan en un fin de año convulsionado y desestiman los años de estudio y capacitación para llegar a puestos con difíciles evaluaciones.

La que habla ahora es Mariana, Profesora y Licenciada en Ciencias Políticas. Está en la toma con Maite, su hija de un año y un puñado de meses, en los brazos. La niña tiene un gorrito, porque el sol está bravo, y la madre un cartel y la dignidad de valorar la educación pública.  “Trabajo hace dos años en el INFOD, como tutota virtual, en el Módulo de ‘Pensamiento Latinoamericano’. Este 23 de diciembre, a partir de 13 resoluciones que emitió el ministro Bulrich, en las que dio por finalizado trece postítulos del programa Nuestra Escuela, quedó concluido el trabajo de 2600 trabajadores y trabajadoras virtuales”.

Si bien sabe que en enero ya no contará con este sueldo y es parte del reclamo, su preocupación va mucho más allá: “Esparte de la idea del ministro Bullrich (y del gobierno de Cambiemos) la de descentralizar la formación docente a nivel nacional, pasarlo a las provincias. También, que en lugar de hacer especializaciones que duren dos años, y que sean de calidad para las y los docentes, quieren hacer cursos cortos, similar a lo que pasa hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires, a través del CEPA (Escuela de Capacitación Docente), que duran dos meses”.  Mariana agrega: “Hoy a la formación descentralizada en las provincias la están llamando ‘Formación situada’, que en realidad lo que esconde es decentralizar recursos y que cada provincia se haga cargo de la formación docente, lo cual sabemos que muchas provincias están imposibilitadas de hacer y esto no es otra cosa que ajuste directo en educación… se han descentralizado primero las escuelas primarias, después las secundarias, y ahora van por la de la formación docente”.

Anabella es profesora de Comunicación social graduada en la UBA y parte del programa Nuestra Escuela, desde hace dos años. Trabajaba en el módulo “Marco político pedagógico de la Educación Secundaria. Anabella también tiene un hijo, Amadeo Fidel, que tiene apenas cinco meses y prefirió que no la acompañara por el fuerte calor. Su lucha es por él, y ese futuro. “Hay incertidumbres de contratos y llevábamos cuatro meses sin cobrar, recién el mes pasado regularizaron la situación, pero creo que hay que luchar por la educación, que es un derecho, no un privilegio. Y la tenemos que defender”.

Diego retoma la palabra: “Llega el 31 de diciembre y no sabemos nada de nuestra continuidad… pedimos una respuesta. Nosotros no queremos vaciar esto; al contrario: con nuestra lucha queremos llenarlo de trabajadores y trabajadoras y de contenido”.

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A partir de los dichos del ministro de Educación, Esteban Bullrich, sobre “revolucionar la educación en la Argentina” y la dificultad de sostener la escuela pública por otro lado, entrevistamos a Laura Marrone, pedagoga y legisladora electa de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Ministerio de Educación, al igual que en diferentes medios de comunicación, intentan profundizar el déficit en el sistema educativo. “La intención es reestructurar todo a partir del trabajo desde las tecnologías digitales, pensando en un reemplazo creciente de docentes por programas administrados por la web”, afirma Laura Marrone.

De hecho, en la última semana, el diario Clarín le otorgó casi una página entera a una encuesta realizada en la última semana de octubre que señala que el 75% de la sociedad cree que el sistema educativo no está funcionando bien, y que responsabiliza a las políticas públicas y a la falta de capacitación docente. Debajo de la encuesta, se aclaraba que de todas maneras esta no era la principal preocupación de la gente, sino que lo son la inseguridad, luego la pobreza, la inflación, la desocupación, la suba de tarifas, el narcotráfico. Consultamos a la pedagoga y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires al respecto.

-¿Qué opinión te merece la encuesta?

–La fuente de esta encuesta es de una consultora que se llama Management and Fit, que, por lo que investigué, no tiene historia, no se sabe cuándo empezó a funcionar, pero se dedica a brindarle a las empresas informes sobre personal que podría ser tomado para cuestiones laborales. Hacen una especie de filtro. Sus integrantes son personas que no tienen nada que ver con la educación, sí con la estadística y el management.

Es muy poco seria esta encuesta, porque incluso como diagnóstico está dicho de una forma que pretende justificar la necesidad de estigmatizar al sistema educativo ante una necesidad de reforma. Es una campaña que está haciendo Clarín, también La Nación, y va en consonancia con el Ministerio de Educación nacional que, como dijo Esteban Bullrich, pretende “revolucionar la educación en la Argentina”. Una revolución que más vale que no se haga porque va a arrasar el sistema educativo. La intención es reestructurar todo a partir del trabajo desde las tecnologías digitales, pensando en un reemplazo creciente de los docentes por programas administrados por la web.

-¿Esto es lo que se está implementando España, con Google en el medio incluso?

–Sí, y definen al docente como un curador, como el de un Museo, que lo que tiene que hacer es preparar el material para que las chicas y los chicos se auto administren las pruebas que están en los paquetes digitalizados en internet y que se compran a empresas.

Hay un proceso combinado; durante la época de Menem hubo un operativo para justificar la privatización de las empresas de servicios públicos a través de desacreditarlas en forma creciente por los medios de comunicación junto con periodistas como Neustadt o Grondona, que en aquel entonces se encargaban de esto. Eso es lo que están haciendo ahora con la educación, por eso Clarín sacó esta nota, otra la semana pasada y La Nación hizo lo mismo.

Escribí una nota sobre Lanata, que también está en esta línea, que se llama “No está bien hablar de lo que no se conoce”, porque con toda impunidad pretende desacreditar el trabajo docente diciendo que no queremos ser evaluados. Esto es falso, porque nosotros tenemos sistemas de evaluación, hacia los alumnos en forma sistemática, durante todo el año, y de nosotros mismos por los cuerpos directivos o por los cuerpos de inspectores y supervisores.

El sistema de evaluación está pensado en forma situada, a partir de las propias instituciones que tienen que ver con el proceso educativo. En esta consultora, sus integrantes están formados en dirección de empresas, magister en gerencia y servicios de salud y embajador para asuntos especiales en Europa y Estados Unidos, o sea, que de educación no saben nada y, por lo tanto, hacen un trabajo sumamente superficial.

“Se está montando una ingeniería de recolonización ideológica”

La misma empresa está participando también en la inscripción online. En una nota reciente, en el diario Tiempo Argentino se menciona que la empresa Sintagma resultó beneficiada con el desarrollo del software y su implementación, aunque arrancó con errores básicos como la falta de opciones para quienes tenían prioridad. Lo llamativo, dice, es que el Ministerio vuelve a llamar a licitación y siempre Sintagma resulta favorecida, junto a otra firma FDV Solutions S.A.

-¿Creés que esta es una “línea de trabajo”?

–Yo creo que esta es una línea de debate que tenemos que sostener, porque se está montando una ingeniería de recolonización ideológica a través de la educación de nuestra juventud mediante estas empresas, bajo el formato de consultoras y ONG, pero que son todas filiales de empresas estadounidenses centralmente, que importan recetas pero también importan todo un recorte del currículum de lo que a ellos les interesa. Por ejemplo, esta semana se aprobó en la Legislatura el pase a recinto de una declaración que presentó una asociación privada para que promueva, salude y recomiende el uso de paquetes de programas para trabajar en las escuelas el tema de desórdenes alimenticios que son hechos en empresas norteamericanas que harían una adaptación a nuestra particularidad regional. Como si no tuviéramos profesionales que encaran estos problemas y que generan estrategias de trabajo… Hay una invasión dentro de la escuela pública de este tipo de asociaciones.

Recientemente se sancionó en el Congreso nacional una Ley sobre dislexia, es gravísimo porque el concepto de la dislexia como una tipificación de origen neurológico de lo que pueden ser problemas de aprendizaje en la lecto-escritura, inclusive hasta en el habla por parte de niños, está cruzado por una trama de problemas que no tienen un origen necesariamente neurológico, sino que están entramados con un contexto social, histórico, emocional que requiere no la patologización de nuestra infancia y, por lo tanto, la derivación a tratamientos neuropsiquiátricos o medicalizantes, sino un enfoque que se hace desde la psicopedagogía, de la misma educación con un proceso paulatino donde se va logrando que esos chicos aprendan a leer, escribir  y expresarse sin errores.

Esta invasión de empresas y enfoques biologicistas anula los problemas sociales. Lo que se deriva de esta Ley de dislexia es que a los docentes nos van a llevar al Instituto de Facundo Manes para capacitarnos y poder detectar los problemas de la dislexia y transferirlos a tratamientos neurológicos y psiquiátricos.

-¿Todo esto combinado con la medicalización de los niños y las niñas entonces?

–Así es. Estados Unidos tiene un porcentaje muy alto de alumnado medicamentado y con serias consecuencias porque esos niños y niñas se vuelven adictos, si desde la primera infancia les están dando psicofármacos. Es un problema gravísimo. En este momento hay un alerta muy grande de los psicólogos e incluso de los psiquiatras para revisar esta situación. Pero todo lo que en Estados Unidos se está revisando y reevaluando, el PRO lo compra como la novedad.

-Por otro lado, desde que se instauró el sistema de inscripción online hace 3 años, las autoridades reconocieron al menos que 23.432 chicos y chicas se quedaron sin vacantes…

–Eso es así. Este año como FIT pedimos un informe que nos entregaron en mayo más o menos, porque el Ejecutivo está obligado a responder y no sabemos si es exacto; mucha gente se fue a inscribir en octubre, noviembre, diciembre, febrero y marzo y no consiguió vacante y bajó los brazos, porque tiene que volver a trabajar. Entonces, lo que quedó como demanda insatisfecha fue esa cifra este año, unos 10.000 para nivel inicial, otros 500 en primaria y otros 400 para nivel medio.

Ese fue el paquete que el PRO reconoció en Legislatura en mayo, no sabemos si es así realmente, porque tengo constancia habiéndome parado en una esquina para juntar firmas en un barrio de zona sur y encontrarme en una hora con 20 pibes y pibas sin vacante.

El problema fue grave este año y lo va a ser también el siguiente, siguen creciendo las villas, hubo un debate por la urbanización de la Villa 20 que fue muy emocionante porque las familias lograron caminar hacia la urbanización. Pero estamos hablando de un plan en etapas de alrededor de 2.500 viviendas con una sola escuela, cuando el Distrito 21, que es la zona de Lugano y Villa 20 es uno de los distritos que viene sosteniendo una falta de vacantes gravísima desde hace 6 años. Se les ofrece un micro para llevarlos a la escuela en Zona norte con 3 horas de traslado diario y se desgranan, porque terminan no yendo.

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El 18 de octubre se realizó en toda la Argentina la evaluación APRENDER 2016. El Ministerio de Educación de la Nación anunció que su objetivo es evaluar los conocimientos para mejorar la calidad de la educación pública a partir de los datos que se obtengan.

Alumnos, docentes y padres se oponen a la implementación de esta valoración. Al mismo tiempo el ministro anticipa los resultados de la misma y en el Congreso Nacional se presentó el presupuesto nacional en donde se disfraza un aumento de la inversión en educación, que encubre una baja significativa.

Propuesta

Revelar información oportuna y de calidad sobre los logros alcanzados y los desafíos pendientes del sistema educativo. Participarán en ella todos los estudiantes de gestión pública y privada que cursen 6 ° grado de la primaria y los de 5° o 6° año de la secundaria (dependiendo de la estructura de nivel de cada jurisdicción). Además, a modo de muestra representativa, formará parte un grupo de estudiantes de 3.° grado de primaria y de 2.° o 3.° año de la secundaria (según la estructura de nivel de cada jurisdicción). En 2016 participarán alrededor de 1.400.000 estudiantes en más de 30.000 escuelas de todo el país. Colaborarán 31.365 veedores (directivos) y 71.606 aplicadores (docentes).

No es la primera vez que se realiza un operativo nacional de evaluación. Durante la gestión del gobierno anterior se realizó en varias oportunidades y sus resultados se pueden encontrar fácilmente buscando en los portales de internet. Entonces ¿Por qué esta vez su implementación genera tanta polémica?

Expresión de las y los trabajadores de la educación

Desde que se inició la presentación del APRENDER 2016 comenzó a manifestarse una dura oposición de parte de las y los trabajadores de la educación. Con amplia difusión expresaron que “Decimos NO al Operativo Aprender porque es una evaluación: 1º Estandarizada, es la misma para los estudiantes de todo el país, sin importar las particularidades de cada uno, ni la ubicación geográfica de la escuela, ni las problemáticas de la comunidad, ni los saberes previos, ni los contenidos trabajados ni los proyectos en curso. 2º Externa, no la toman los maestras/os y/o profesoras/es del grado o curso sino que envían aplicadores contratados a cambio de una suma de dinero sólo por ese día para tomar la evaluación. 3º Porque es muy costosa y creemos que sería lógico que ese dinero se utilizara para resolver los diversos problemas que atraviesa la Educación Pública (emergencia en infraestructura, falta de construcción de escuelas, reapertura de paritarias docentes y capacitación docente, entre otras) 4º Porque se basa en los intereses de organismos empresariales y de crédito internacionales, quienes deciden los contenidos a evaluar. 5º Porque entrena a los estudiantes para memorizar temas que son objeto de examen y no considera al aprendizaje como algo que se construye entre todas y todos. 6º Porque queremos que las/os niñas/os en la escuela lean, razonen críticamente, operen comprendiendo situaciones problemáticas. En definitiva, queremos que aprendan significativamente y que se los motive en los valores de la solidaridad, el compañerismo y el trabajo en equipo, no en la competencia”. Al mismo tiempo expresaban que conlleva a la competencia entre escuelas dado que el Ministro expuso las supuestas bondades de un sistema de premios para establecer un “ranking” de escuelas. “Si la escuela mejora un 10% con respecto al año anterior, podemos darle una nueva biblioteca. Si mejora un 20%, los chicos de 7º grado podrán viajar a Bariloche. Lo que queremos es que se comprometa toda la comunidad en la mejora de la calidad” (La Nación 31/05/2013). Porque ofrece un monto para las y los docentes de $1000 ó $2000, según el caso, para que operen como aplicadores. Correspondería, en todo caso, que las y los docentes tengan un salario digno y sin sumas en negro.

Afirman que “Las escuelas públicas porque no son empresas, sino espacios colectivos donde se construyen conocimientos, exigimos la inmediata anulación del Operativo Aprender y nos oponemos a cualquier otro intento de evaluación externa y estandarizada”.

Alumnos hablan en nombre propio

Los alumnos también se pronunciaron respecto de esta evaluación de una manera crítica. Los Centros y Agrupaciones de Estudiantes rechazaron el Operativo Nacional de Evaluación Aprender 2016. El jueves 13 de octubre se reunieron nuevamente en la sede de CTERA, estudiantes secundarios, estudiantes terciarios y docentes de la provincia de Buenos Aires para decirle #NoAlAprender2016.

“Entendiendo que el gobierno no piensa dar un paso atrás con este operativo que busca desprestigiar la educación pública para luego aplicar el ajuste que dejará a miles de estudiantes fuera del sistema, que además pretenden apropiarse de un espacio nuestro dejando afuera del proceso de evaluación a docentes, estudiantes y las familias, proponemos Jornadas de Lucha los días 18, 19 y 25/10 para: 1- Asistir a las Escuelas generando diferentes actividades de protesta. 2-Entregar el examen en blanco, si nos obligan a hacerlo, con una frase escrita ‘yo NO soy cómplice del ajuste educativo’ 3-Acompañar las renuncias de docentes y directivos a ser aplicadores y veedores. 4-Defender la Escuela Pública y nuestros Derechos”.

Gobierno Nacional

Al mismo tiempo que se pone en marcha el operativo APRENDER, se ha presentado para su debate en el Congreso Nacional, el Presupuesto para el año 2017. El Ministro Bullrich ha ponderado el incremento en el área educativa, bajo el argumento engañoso de un aumento con respecto al año 2016. Sin embargo este supuesto aumento en el área educativa no toma en cuenta la inflación, con lo cual implica un engaño burdo fuera de cualquier otra consideración.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CETERA), expresa: “El Proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el oficialismo refleja clara y crudamente el plan de ajuste neoliberal que el gobierno ya está aplicando y que pretende profundizar en el año 2017. Explican como una de las variables de ajuste son los sueldos de los trabajadores, la subejecución de las partidas presupuestarias durante el año 2016 y el desmantelamiento de equipos técnicos, despidos masivos y cierre de importantes planes y programas que se encontraban en ejecución, como por ejemplo, el Plan de Finalización de Estudios Secundarios (FINES), el Plan Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) o el Programa Conectar Igualdad, entre los más destacados”. Además expresan que “También se observa en el proyecto de ley una reducción de 13.039 cargos de planta permanente respecto al total autorizado por la Ley de Presupuesto del 2016. En un largo análisis además recuerdan que desde el año 2007 en adelante, el mensaje del Proyecto de Ley Presupuestaria incluía un informe detallado sobre el nivel de gasto en Educación, Ciencia y Técnica (diferenciando el gasto de las partidas en ‘Cultura’). Llamativamente esto ahora fue excluido, por lo cual desconoceremos el nivel de cumplimiento anual de las metas financieras establecidas en la Ley de Educación Nacional referidas a garantizar la inversión educativa del 6% del PBI”.

La semana pasada se realizó la asamblea del foro empresario de IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina. Allí participaron los integrantes del gobierno nacional, a diferencia de la última gestión de gobierno que se abstuvo. El ministro Bullrich expuso en el panel “De la educación al trabajo” y afirmó: “El sistema educativo argentino es admirado en el mundo, pero no tenemos que dormirnos en esa leyenda. No sirve más. Ese sistema es de 1880 y está diseñado para hacer chorizos, todos iguales, así se diseñó”. Parece paradójico que mientras se busca homogeneizar los contenidos a partir de una evaluación se afirme lo contrario frente a los empresarios. La idea de este panel era trazar puentes entre la educación y el mundo del trabajo, que desde hace un tiempo parecen estar desconectados, tal lo afirmado.

Las propuestas de los organismos como el Banco Mundial, que financia proyectos para los países que lo soliciten, en coincidencia, enuncian lo mismo: “La educación entrega beneficios considerables y sistemáticos en materia de ingresos y contrarresta el aumento de la desigualdad, pero este potencial a menudo no se aprovecha debido a niveles de aprendizaje alarmantemente bajos. Entregar a todos los niños y las niñas una educación de calidad que les ayude a adquirir habilidades necesarias en el mundo del trabajo es clave para poner fin a la pobreza antes de fines de 2030”.

Un ingenuo interrogante se presenta: ¿Quiénes diseñan las actuales políticas públicas y con qué fines? La respuesta está cantada, no hace falta una evaluación que encubra estas intenciones. Ayer se realizó el operativo APRENDER 2016, con amplio protagonismo de la comunidad educativa organizada que rechazó la propuesta y se halla en pie de lucha para que no le arrebaten la posibilidad de acceso a la educación pública para todas y todos, que hoy parece estar en vías de privatización.

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Luego del paro nacional de diferentes gremios, dirigentes dieron su opinión de la situación que atraviesa el país y la necesidad del paro general.

El pasado 27 de setiembre pararon varios gremios a nivel nacional (docentes, estatales, trabajadores y trabajadoras de la salud) y de la Provincia de Buenos Aires. En esta última los representantes gremiales de los médicos, judiciales y docentes bonaerenses coincidieron en resaltar el alto acatamiento de la medida de fuerza en demanda de reapertura de las negociaciones salariales.

El Secretario General de ATE, Hugo Godoy, advirtió al Gobierno sobre nuevas medidas de fuerza si no cesa la tercera reforma del Estado y pasa a planta a 90.000 trabajadoras y trabajadores precarizados antes de fin de año. Lo hizo frente al Congreso, en el marco del paro nacional de ATE y la jornada nacional de lucha de la CTA Autónoma, Barrios de Pie, CCC y CTEP. El eje de la multitudinaria convocatoria fue un presupuesto sin ajuste.

Paralelamente, miles de trabajadoras y trabajadores precarizados acamparon en Plaza de Mayo. Unas 400 carpas estuvieron tres días reclamando trabajo digno, mejores salarios y extensiones en los planes sociales. Denunciaron que el ajuste y el tarifazo en los servicios los han llevado al borde de la indigencia.

En este marco dirigentes opositores a las actuales conducciones sindicales se pronunciaron por el llamado a un paro general.

“Es una vergüenza la política de tregua que lleva la CGT con el gobierno”

– Jorge Adaro, Secretario General de Ademys ¿por qué una columna independiente?

-En verdad nosotros venimos trabajando y movilizándonos de manera coordinada con los Sutebas combativos, con la gente y los sectores combativos de la docencia. Ahora estamos participando de la columna oficialista sin problemas. En la medida que no pongan un cordón para hacer la separación, la marcha va a tener solamente la cuestión de la organización de juntarnos y marchar en este acto que es unitario, con aquéllos con los que venimos compartiendo una política.

Nosotros acordamos en el llamado al paro para la jornada de hoy y estamos de acuerdo con el pedido de reapertura de las paritarias, tenemos algún matiz en cuanto a la evaluación externa porque nosotros creemos que hay que rechazarla de plano y no esperar una negociación para que salga algo mejor. Esto es reforma educativa, ante la cual vamos a tener una posición terminante de rechazo, pero vamos a participar y de hecho estamos participando con todos los compañeros convocados para la marcha.

– Saliendo un poco del hecho de hoy, que es este paro docente más el paro de estatales y de los trabajadores de la salud, ¿cómo ves la perspectiva de un llamado a un paro general?

– Creemos que la convocatoria al paro general tiene que ser urgente. En el pliego del paro de hoy está la exigencia de que tanto la CTA como la CGT pongan una fecha y que sea en lo inmediato para dar cobertura y acompañar a los miles de trabajadores que estamos luchando desde hace mucho tiempo sin tener el respaldo de las organizaciones obreras centrales. Es una vergüenza, ya no hay dudas de la política de tregua que lleva el gobierno con la CGT. Nuestra exigencia es ésta: un paro general ya.

– ¿Qué opinas sobre lo que dijo el Ministro Bullrich acerca de “educar para la incertidumbre”?

– Nos ha dejado anonadados con esta intervención desde la política educativa y va en línea con la reforma educativa. Se trata de preparar a los jóvenes para una mayor flexibilización laboral, para cortar la relación de dependencia como la conocemos, para evitar gastos a las patronales. Realmente educar para la incertidumbre es precisamente educar generaciones para el no proyecto, ni colectivo ni personal.

No se le puede negar sinceridad. Si unimos esto a las declaraciones en Río Negro hablando del éxito educativo en términos de una “conquista del desierto”, deja claro de dónde viene y hacia dónde quiere ir.

Nosotros rechazamos esto, entendemos que la educación precisamente no debe ser para educar a las generaciones para su propio suicidio. Quieren imponer el aniquilamiento de la clase trabajadora con relaciones laborales que profundizan la concepción de esclavitud que impulsa este ministro.

– ¿Querés agregar algo más?

– Nosotros vamos a seguir dando una pelea importante por el principal punto que es la reapertura de la mesa salarial en el marco de un plan de lucha. Venimos de hacer paros el 11 y 24 de agosto y vamos a seguir interviniendo en asambleas para decidir cuáles van a ser las medidas. Y pegar muy fuerte también contra la política de reforma educativa y de evaluación externa que quiere implementar el gobierno en todo el país. Nosotros decimos que no a la reforma educativa, no vamos a aceptar esta evaluación y vamos a organizar un gran boicot a nivel nacional para que no puedan llevarla adelante en los términos que se ha propuesto este gobierno.

“La respuesta de los trabajadores cuando hay un paro y movilización es masiva y unitaria”

– ¿Cuál es el alcance del paro en la Provincia de Buenos Aires?

Norberto Señor/ATE Sur: Calculamos que es elevadísimo porque además de los trabajadores nucleados en ATE, están parando los profesionales de la salud, la CTERA y otros gremios docentes. En nuestro distrito, Lomas de Zamora, calculamos que más del 80% de las escuelas no están funcionando y en los hospitales solo se atienden las emergencias con guardias mínimas. El resto de las oficinas públicas están completamente paralizadas, así que este paro es una señal clara hacia el gobierno de María Eugenia Vidal que trata de desentenderse o mirar para otro lado cuando arrecian las críticas contra el ajuste de Macri, porque en definitiva ella es tan responsable como él de atacar el trabajo, el salario, la salud y la educación.

Este paro es una gran respuesta y una advertencia para los cegetistas que andan dando vueltas para convocar al paro general y para las direcciones de la CTA, que por más que dividan las movilizaciones y se peleen entre ellos, la respuesta de los trabajadores cuando hay un paro y movilización es masiva y unitaria.

– Ayer estuviste en el acampe en Plaza de Mayo protagonizado por movimientos sociales, ¿qué me podés comentar?

– Que es una señal más de lo que significa la lucha masiva de distintas franjas de la clase trabajadora, desde quienes tienen mejores salarios en las industrias más concentradas que ven golpear sus ingresos con el Impuesto a las ganancias y con la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos, hasta quienes están en el escalón más humilde de la clase trabajadora, changueando, desocupados, o con puestos de laburo en negro, precarizados, de distinto carácter. Toda la clase trabajadora sufre un despojo y un ínfimo porcentaje de la población, que son precisamente la fracción de la clase social explotadora a la que pertenece Macri y todos los que integran su gabinete, es la que se lleva toda la guita.

Hablan ahora del gran problema del gasto público y del déficit fiscal criticando por derecha a Macri, los sectores que querían un ajuste aún más duro. Ninguno de ellos, porque se benefician, dicen que se vuelvan a implantar las retenciones que les sacaron a los más ricos del agro, a las multinacionales exportadoras o a la megaminería; todos ellos lo que quieren es más despidos en el Estado, más reformas laborales, más flexibilización.

Este paro es una respuesta a eso. Ninguna tercera reforma del Estado, ninguna liquidación del régimen jubilatorio, ningún ataque más al salario de los trabajadores estatales y al conjunto de las y los trabajadores, hay que dar vuelta este plan, hay que tirar abajo todo lo que pergeñan desde los EE. UU. para abajo, pasando por Macri, Prat Gay, las grandes multinacionales, por el capital financiero y por Sturzenegger.

Aunque digan que pelean y tienen distintas ideas, solo se pelean para ver cuál es el momento más apropiado para derrotar a los trabajadores. Y desde los trabajadores y por abajo, lo que se viene pergeñando es un paro general de verdad que derrote esos planes para abrir paso a la posibilidad de que podamos incidir en serio en la vida nacional y que se acabe todo este ataque contra los más humildes.

“En la Ciudad necesitamos que se reabra urgentemente la paritaria para discutir el salario”

– ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que levantan los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires?

“Maro” Skliar (Promoción Social CABA): Estamos marchando hoy en el marco del paro nacional de ATE y los gremios docentes, junto con CTERA, Ademys y otros gremios. El reclamo principal tiene que ver primero con la necesidad de un paro nacional que manifieste al pueblo en la calle para frenar el ajuste de Macri, en segundo lugar la reincorporación de los miles de despedidos que hubo ya en el Estado y que se frenen los despidos que está planificando el Ministro Andrés Ibarra para fin de año.

En el caso particular de la Ciudad estamos exigiendo la reapertura de las paritarias que fueron miserables, las más bajas de los últimos años. Hoy tenemos compañeros y compañeras trabajando en la planta transitoria, con 7.200 pesos de sueldo. Por eso necesitamos que se reabra urgentemente la paritaria para discutir el salario y a su vez planteando que las políticas sociales, culturales y educativas se encuentran en emergencia y que el macrismo, tanto en la Ciudad como a nivel nacional y en la provincia tiene un plan de tercerización, vaciamiento y achicamiento del Estado que va a hacer que aquellos ciudadanos que necesitan, como corresponde, ejercer su derecho a través del Estado, van a tener cada vez menos oportunidades.

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Ante la suspensión de la firma del acta con la propuesta de aumento para los docentes, peligra el comienzo de las clases en todo el país. El viernes estaba prevista la formalización de la oferta que había hecho el Ministerio de Educación dos días antes a los cinco gremios nacionales docentes.

Para las organizaciones sindicales es claramente un intento de ponerles techo a las negociaciones salariales provinciales. El aumento estaba explicado en un comunicado de Ctera: el piso nacional es actualmente de $ 6.060, se llegó a una primera etapa de $ 7.800 y a una segunda de $ 8.500 desde julio, el aumento en el primer tramo era del 27% y en el segundo del 40%. Fue una propuesta pública anunciada por el Ministro, Esteban Bullrich, ante 30 periodistas.

El Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, confirmó la posición del gobierno que primero tienen que cerrar los acuerdos con los gremios provinciales y luego resolver la paritaria a nivel nacional, a pesar que el artículo 10º de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, reglamentada por el decreto 457/07, determina que “el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente”. Es decir, la Paritaria Nacional Docente se negocia con las centrales nacionales del sector y fija el sueldo mínimo inicial para maestro de grado. Garantiza un piso que debe ser respetado por las provincias. El resto de la escala se pacta en cada jurisdicción.

También la Nación realiza aportes económicos a los salarios a través del Fondo de Incentivo Docente (FID), un complemento que va directamente a los sueldos provinciales y el Fondo de Compensación Salarial (FCS), por el cual se derivan fondos nacionales a las provincias más necesitadas de acuerdo al gobierno central, para que puedan solventar los sueldos.

Macri intervino y hablando en nombre de las provincias dijo que ninguna estaba en condiciones de superar el 25% de aumento y que el gobierno nacional solo ayudaría a aquéllas que no pudieran llegar a ese porcentaje. Aunque no lo dijo lo hará a través del FCS ya vigente, pero para los que pacten un 25% máximo. Ante el frenazo, Bullrich canceló el encuentro del viernes. La posición de Macri parece una provocación ya que es inviable para los gremios y sus representados que desde que comenzaron las negociaciones vienen reclamando un 35/40% de aumento.

Los sindicatos se declararon en estado de “alerta y movilización” y para el viernes 26 está convocado el Congreso de Ctera.

Desde los SUTEBA combativos y de izquierda insistieron con la exigencia a la CTERA y a la conducción del SUTEBA de Baradel a la convocatoria urgente de un plenario de delegados para que la docencia pueda discutir un plan de lucha capaz de torcerle el brazo al macrismo.

A la vez exigen que no se firme ningún acta ni se desarrolle la negociación a espaldas de los docentes. Que todo se decida en asamblea.

Como inicio de este plan de lucha llamaron a los docentes a organizar en forma urgente el paro del 24 de febrero convocado por ATE, que CTERA y SUTEBA se pongan a la cabeza de convocarlo y hacerlo activo, con acciones y piquetes, para transformarlo en un gran paro nacional contra el gobierno de Macri.

Las seccionales combativas de SUTEBA ya han votado tomar en sus manos el paro, hacer acciones y piquetes ese día contra el techo a las paritarias, los tarifazos, la criminalización de la protesta y el protocolo “antipiquete”, con el cual buscan cercenar la libertad de expresarnos en las calles.

Este paro tiene que ser solo el inicio de un verdadero plan de lucha para derrotar los planes del gobierno, para ello hace falta que tanto los gremios docentes como la CGT rompan la tregua con el gobierno.

Una broma para Tinelli

Otra comedia de enredos resultó el anuncio de las modificaciones del Impuesto a las Ganancias.

El titular de la AFIP, Alberto Abad, aseguró que por efecto del “nuevo piso” de $ 30.000 de sueldo, 180.000 trabajadores se verían beneficiados porque este año dejarían de pagar. Sin embargo, entre los que fueron excluidos del impuesto a partir de 2013, porque ese año no llegaban a $ 15.000 de salario bruto, hay unos 230.000 empleados que volverán a pagar al ser derogado el decreto que los protegía, ya que los aumentos percibidos desde entonces los ubican por encima de los nuevos pisos del impuesto de $ 22.700 para trabajadores solteros y de $ 30.000 con carga de familia.

Además, tras las actualizaciones de sueldos por paritarias este año, habrá otros 221.000 empleados que atravesarán esos pisos. Es decir, contra 180.000 que salen, hay 450.000 trabajadores que entrarán este año como nuevos contribuyentes del impuesto de la cuarta categoría. Conclusión: las modificaciones dispuestas provocarían un aumento de 270.000 trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Sobre una base de contribuyentes de 1.000.058 empleados con retención del impuesto a diciembre pasado, se llegará a fin de este año con más de 1.330.000 aportantes.

Asimismo, el grueso del beneficio del aumento de las deducciones anunciado la semana pasada recaerá en los bolsillos de los contribuyentes de más altos ingresos. Serían los que perciben salarios por arriba de los $ 52.000.

Las reformas de fondo del impuesto, que deben ser incluidas en un Proyecto de ley, fueron postergadas por el Gobierno para el año 2017. El anuncio simula el cumplimiento de un eslogan de la campaña electoral, cuando Macri dijo suelto de cuerpo que suprimiría ese impuesto. Al mismo tiempo, elude el Congreso, que es donde debería discutirse una reforma tributaria integral que modifique las escalas y las alícuotas que se pagan en cada tramo.

Si algo le faltaba a este desaguisado fueron las declaraciones del Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, de que serían perjudicados unos 110.000 jubilados y beneficiados solo 40.000. Sucede que los jubilados y pensionados que cobran entre $ 18.880 y $ 30.000 mensuales, y que hasta ahora no pagaban Ganancias, como consecuencia de los recientes cambios anunciados, pasarán a estar gravados por el impuesto. En cambio, quienes cobran más de $ 30.000 y tenían descuentos, si bien van a seguir alcanzados, pagarán menos por la suba del mínimo no imponible.

Además, se calcula que si los gremios acuerdan un alza salarial del 29,5%, al bolsillo de buena parte de los trabajadores, que ganan hoy entre $ 20.000 y $ 50.000 -en esa franja hay un porcentaje elevado de empleados bancarios, camioneros, siderúrgicos, y petroleros-, el aumento efectivo será de entre el 20 y 23%. La diferencia quedará en Ganancias por la reciente suba del mínimo no imponible.

Por eso, algunos gremios adelantaron que los pedidos salariales deberán ser mayores a los previstos porque los cambios parciales de Ganancias generan nuevas distorsiones e inequidades que se producen fundamentalmente por la decisión de no modificar las escalas salariales, congeladas desde el 2000, sobre los que se aplican las alícuotas del impuesto, y también porque los mínimos no imponibles fueron menores a los esperados.

La Casa Rosada pretendía suavizar a los sindicalistas con las mejoras en Ganancias y asignaciones familiares (que se ampliarán a 900.000 familias y las percibirán quienes ganen hasta 15.000 pesos), para que acepten el techo del 25 % para los aumentos de salarios. De alguna manera, en el Gobierno querían presentar esas mejoras como “puntos extras” en las paritarias.

El anuncio “amarrete”, en lugar de calmar las aguas, confirmó los reclamos por encima del 30 %. Y algo que es todavía peor para Macri, una porción que se fue disconforme, ahora van por la eliminación de Ganancias y le recuerda que lo había prometido en campaña.

Es el caso del Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria (AB) que conduce Sergio Palazzo, quien aseguró este sábado que las modificaciones anunciadas por el gobierno al impuesto a las Ganancias son “insuficientes y complejas” y fueron realizadas “sin corrección ni publicación del respectivo decreto”. A la vez, convocó a una marcha hacia el Congreso para el 1º de marzo próximo en demanda de diversas reivindicaciones.

Un comunicado gremial firmado por Palazzo y el secretario nacional de Prensa, Eduardo Berrozpe, indicó que se trató de “un alivio para muchos que pagaban, una mala noticia para muchos que no lo hacían y un compromiso electoral incumplido”.

También subrayaron que, por otro lado y por la vía de la derogación del decreto 1.242/13, muchos trabajadores que no abonaban el tributo ahora lo harán, por lo que “se incumplió el compromiso electoral de derogar el impuesto al salario”.

Palazzo y Berrozpe advirtieron ante “la pretensión de que el ‘beneficio’ se contabilice a cuenta del aumento salarial a partir del 1º de enero”, que “el gremio no resignará el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de los haberes, de forma severa afectado por la devaluación y la suba de precios y tarifas”.

La Bancaria reclamó “la derogación del impuesto al salario, que tiene carácter alimentario, y una reforma tributaria que garantice el funcionamiento del Estado, en especial de la Seguridad Social“. Por último, ratificó la demanda de “inmediata reincorporación de todos los cesantes” bancarios y de “un aumento salarial suficiente” y señaló que el gremio marchará hacia el Congreso de la Nación el 1º de marzo próximo.

También adelantó que el próximo viernes habrá manifestaciones frente a la sede del Banco Central, lo que impedirá la salida de dinero para reposición de los bancos, en reclamo por las cesantías producidas en esa entidad.

Cabe aclarar que el 90% de los trabajadores no verá modificado en nada sus ingresos por lo anunciado sobre Ganancias, ya que ganaba por debajo de los niveles del mínimo no imponible que regía, aunque éste estaba en valores cercanos a la canasta familiar, inalcanzable para la inmensa mayoría.

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