Por Marcos Duch

Si hay algo que no es novedoso para la humanidad -y, menos aún, para la historia de la vida sobre la Tierra- es la existencia de patógenos con gran capacidad de propagación. La Peste Negra que azotó a Europa durante el siglo XIV y la Gripe Española de 1918 son sólo algunos nombres representativos que dejaron una marca en el registro histórico, pero de ninguna manera podríamos decir que son, en su naturaleza biológica, sustancialmente distintas al actual brote. Prácticamente no ha habido siglo durante el cual, al menos en alguna región del mundo, no se desarrollara una epidemia. Los brotes de SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) y MERS (Síndrome Respiratorio de Medio Oriente), de 2002-2003 y 2012-2013 respectivamente, no tuvieron alcance global pero fueron antecedentes directos de la actual pandemia. Ningún mandatario serio puede decir, entonces, que el COVID-19 lo tomó por sorpresa. ¿No debería ser su preocupación permanente la previsión y la preparación para que las situaciones de emergencia no devasten a las sociedades que dicen representar? ¿Acaso no se jactan de una supuesta capacidad de garantizar lo mejor para sus pueblos?

¿Qué es, entonces, lo auténticamente novedoso de esta pandemia? Por una parte, la capacidad aumentada de dar la vuelta al mundo en cuestión de horas: un paciente infectado, capaz de contagiar a una gran cantidad de las personas con las cuales se cruce durante un período de dos semanas, tiene la posibilidad técnica de dar la vuelta al mundo más de una decena de veces durante ese lapso, algo impensado hace apenas un siglo. La mayor agresividad infecciosa es algo así como la suma aritmética de las propias características biológicas de la cepa del virus y la enorme capacidad de traslado humano del mundo contemporáneo. Por otro lado, la sociedad humana global tiene los recursos científicos y técnicos para hacer frente a una pandemia, reduciendo su duración y el dolor y muerte que esta puede producir, pero su utilización depende de decisiones políticas. Periódicamente la realidad se encarga de demostrarnos que los Estados no son, simplemente, un fenómeno indeseable o un mal menor derivado de la sociedad: son la condición de existencia de la sociedad misma, para bien o para mal.

Entonces, surgen nuevos interrogantes que debemos hacernos como ciudadanxs del mundo y cuyas respuestas debemos buscar. Esa es nuestra responsabilidad, sin importar si somos médicxs, filósofxs, farmacéuticxs, bioquímicxs, políticxs o trabajadorxs de una fábrica. Porque no es una pregunta técnica: como se dijo más arriba, las capacidades técnicas para atenuar y combatir la pandemia ya existen. Es necesario hacer oídos sordos a la charlatanería: la salud pública es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de mandatarios que gestionan a sus sociedades como si fueran empresas. Algún día, esperemos que pronto, el COVID-19 va a trasladarse de los noticieros a los libros de historia y tenemos que poder imponerle a nuestros gobernantes las lecciones correspondientes.

Sacrificando vidas en el altar del dios-Economía

Mientras escribo estas líneas, es noticia que la principal preocupación de Donald Trump -nada más ni nada menos que el presidente del país más poderoso del mundo- sugiere “volver a la normalidad” (es decir, dar de baja las tímidas y tardías medidas contra el coronavirus) lo antes posible para evitar efectos perjudiciales sobre la economía de su país. Mientras algunos mandatarios parecen haber aprendido algo de los extraordinarios artículos de Tomás Pueyo ( “Coronavirus: por qué debemos actuar ya” y “Coronavirus: el martillo y la danza”) y son audaces en las políticas públicas que consideran necesarias para achatar la curva de contagios y evitar el colapso de los sistemas de salud devastados tras décadas de neoliberalismo, Trump tan sólo se preocupa por el achatamiento de otra curva: la de las ganancias de sus clases dirigentes. Otro tanto puede decirse del nefasto Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, cuya única propuesta hasta el momento fue permitir que las empresas despidan a sus empleados (?!). El colmo del absurdo fue dado por Dan Patrick, vicegobernador de Texas, quién aseguró que los ancianos estadounidenses estarían dispuestos a sacrificarse para garantizar que no se frene la economía del país. Sí, leíste bien, aunque resulte difícil de creer, acá hay una de las muchas notas que recogieron el contenido de esa entrevista. Es evidente que las víctimas de este curioso ritual del siglo XXI no serían los ancianos que habitan el Congreso y las altas oficinas del Estado, sino los que forman parte de las 30 millones de personas que no gozan de ningún tipo de seguro médico en los Estados Unidos y estarían condenadas a enfrentar la enfermedad en sus hogares o en clínicas y hospitales colapsados. ¿Acaso alguien pensaba que los sacrificios humanos eran cosa del pasado?

La historia, sin embargo, nos permite absolver a nuestros antepasados cuando los imaginamos asolados por epidemias que eran incapaces de entender. Después de todo, vivían en un mundo en el cual la producción de recursos era infinitamente más limitada que la que conocemos en nuestras sociedades industriales. No había una diferencia tan sustancial entre rezar para detener el avance de la peste y hacerlo por la finalización de una sequía o una inundación. Morir por la picadura de una pulga infectada era una eventualidad posible, quizás casi una distracción, en un mundo donde la norma para las grandes mayorías era morir de hambre porque no había otra alternativa.

Setecientos años más tarde, gobernantes como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Boris Johnson pretenden imponer el sufrimiento a sus sociedades en la búsqueda de que los mercados de sus países no caigan algunos puntos. Como si la extensión de la pandemia garantizara que los especuladores dejen de serlo, cuando ellos juegan con los tableros en Wall Street sin necesidad de ningún virus. O, pero aún, como si los índices en momentos de alza fueran un signo de que los sectores más postergados tendrán una vida digna. Nada de eso. En una versión epidemiológica, los lineamientos de Trump/Johnson/Bolsonaro siguen siendo los mismos que en tiempos “sanos”: que decenas de millones de personas sufran para garantizar el derroche del 1%.

Si al mirar al pasado nos produce estupor la imagen de largas filas de flagelantes aplicándose castigos corporales para expiar los pecados de la humanidad y frenar la propagación de la peste bubónica, ¿qué debemos pensar de este tipo de propuestas, ya habiendo corrido dos décadas desde el inicio del siglo XXI? La Economía (con mayúsculas, como el nombre de Dios escrito por un creyente en pleno trance), una actividad que en principio debería ser una creación de las sociedades humanas en su vínculo mutuo y con la naturaleza, se ha apoderado de cada una de nuestras acciones. Si para Marx ya era evidente que el mundo de las mercancías había tomado por asalto la maquinaria de las relaciones sociales, deshumanizándolas, el capitalismo globalizado en el que vivimos ha llevado esto hasta el último extremo imaginable. El sueño positivista del Siglo XIX, que prometía un mundo sin enfermedades ni sufrimientos en función del progreso de la ciencia y la tecnología, ha sido reemplazado por una pesadilla en la cual el dios-Economía exige la inmolación de millones de personas para que la maquinaria-de-llenar-pocos-bolsillos no se detenga. Ya ni siquiera es necesario imaginar que es un castigo imputado por nuestras faltas pasadas. Sabemos que el único pecado cometido por quienes contraen el coronavirus es haber estado cerca de otra persona, o haberse tocado la cara. Pero esto parece no importar: el dios-Economía exige su cuota de sangre.

Te puede interesar:

Coronavirus y la condición humana como un bien escaso

El Estado nunca es neutral: es parte del problema o es parte de la solución

Una vez pasada la pandemia, con la perspectiva que confiere la distancia temporal, corresponderá hacer un estudio pormenorizado de las distintas respuestas dadas por los Estados ante esta crisis global. Por el momento, podemos agrupar a los Estados en dos grandes bloques: aquellos que han decidido proteger a su población y aquellos que han decidido dejarla indefensa. Exponentes del primer grupo son China y Corea del Sur; en el segundo encontramos a Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido. En todos los casos se trata de Estados capitalistas (con mayores o menores cuotas de estatismo). Se puede discutir, obviamente, si las medidas de protección de las sociedades no son sólo un intento por garantizar la reproducción de la explotación. Eso es una parte de la explicación, pero tan sólo una parte. Además, incluso asumiendo que la motivación de los estadistas para tomar medidas sanitarias sólo atiende a ese cálculo instrumental, ¿no es correcto, de todas formas, que los Estados cumplan ese papel sanitario que por su naturaleza debe ser eficaz y centralizado?

Mucho se ha escrito en diarios y portales de los casos de China y Corea del Sur que han logrado contener la propagación del virus y su tasa de mortalidad en sus territorios. Una explicación que tiene algo de cierto, pero también es un cliché que impide profundizar en cada caso, es que se trata de sociedades más disciplinadas que las occidentales. Sin lugar a dudas, en situaciones de crisis epidemiológica el ejercicio de determinadas libertades individuales (en particular, la libre circulación) puede llegar a convertirse en un problema y es tolerable limitar esas libertades -e insisto en que sólo deben ser esas pocas libertades que contribuyen a la propagación del patógeno-, aunque esto no agrade a quienes quieren aprovechar el temor de la gente para implantar el Estado de sitio. Pero el mayor acierto de los países que parecen estar teniendo un mayor grado de éxito en la lucha contra el virus es que el Estado vuelca recursos y toma decisiones intervencionistas para ganar tiempo. Al no existir vacuna ni cura contra la enfermedad, la cuarentena y el testeo masivo son las medidas más efectivas para prevenir, y asignar recursos a la salud pública es la mejor forma de mitigar los efectos sobre la población que ya está infectada.

Todavía es muy temprano y quedan varias semanas críticas por delante. El factor determinante es el tiempo. Los especialistas han demostrado con lujo de detalles que, cuando la enfermedad se vuelve socialmente visible, cuando empieza a ser medida en cantidades estadísticas, ya es demasiado tarde, ya se ingresó en una etapa de contagio exponencial y de aumento del número de enfermos con desenlace fatal.

Según los propios evangelizadores de las doctrinas neoliberales o más crudamente capitalistas, la regulación de la sociedad es algo que ocurre sobre la marcha. Pero actuar sobre la marcha, en esta situación, es condenarse a llegar siempre tarde. El panorama dantesco del norte de Italia, una democracia parlamentaria moderna que podría jactarse de sus “buenos modales democráticos”, es más que suficiente para ilustrar este punto. El Reino Unido, que se encaminaba en el mismo sentido por la delirante obsesión de Boris Johnson con la estrategia de “mitigación”, ha decretado el aislamiento de forma tardía. En las próximas semanas veremos cuántas vidas puede haber costado este capricho infantil del Primer Ministro británico.

En mejores o peores condiciones, es seguro que la humanidad va a superar la pandemia. Entonces, se abrirá una gran ventana de oportunidad para convencer de que necesitamos más Estado, que es un derecho de la ciudadanía exigir medidas de prevención. Que es nuestro derecho exigible que el Estado ponga sus recursos a disposición de la salud de la población. Que la próxima pandemia -porque otra certeza es que, en algún momento no demasiado lejano, el discurrir de la biología volverá a enfrentarnos a otra situación de características parecidas- nos tiene que encontrar mejor preparados, con sistemas de salud pública muchísimo más fortalecidos y capaces de absorber una ola de casos fuera de lo común. Que oponerse a la vacunación obligatoria debería ser considerado un delito contra la salud pública, y que la preservación de la salud pública no es materia opinable, sino una obligación de los Estados.

De otra manera, repetiremos la historia de los flagelantes marchando, entre tos y sangre, hacia el altar del dios-Economía.

Source

La caída de la actividad económica y el freno a la obra pública hace que el gobierno apueste por el programa de Participación Pública Privada (PPP) con escasos controles públicos. 

La actividad económica tuvo un freno por segundo mes consecutivo (0,2% durante febrero, 0,1% en marzo respecto del mes anterior), de acuerdo a los datos del Indec.

La caída más significativa se concentró en la agricultura y ganadería con una reducción del 5,5%, como consecuencia de las menores cosechas por las adversas condiciones climáticas.

Si bien la construcción tuvo un alza del 5,9%, el porcentaje es bajo teniendo en cuenta que desde junio del año pasado venía creciendo a tasa de dos dígitos. Esto se debe a la reducción de inversiones del Estado en obra pública e infraestructura.

Freno a la obra pública

Nicolás Dujovne dio a conocer que se ajustará el presupuesto destinado a la obra pública en $ 30.000 millones. Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, de buen diálogo con el Ejecutivo, sabe que la parálisis de los proyectos viales y de infraestructura que motoriza el Gobierno afectará de lleno a su sector y habló de “incertidumbre” en la construcción.

En la estructura del Gobierno hay solo tres ministerios que ejecutan obra pública: Energía, Transporte e Interior y Obras Públicas. Dejará de invertir en infraestructura en los dos primeros. Los fondos que le tocan a Interior en principio no se tocarían como prenda de cambio con los gobernadores.

El gobierno apuesta a que el programa de Participación Pública Privada (PPP) sea una tabla de salvación para la obra pública. El jueves 17 se hizo la apertura de los sobres con las ofertas económicas para seis corredores viales, que suponen una inversión de U$S 6.000 millones.

La presentación llegó después de dos años de esta iniciativa por parte de las autoridades y de demandas de las constructoras locales y extranjeras para hacer al PPP más “atractivo” para las empresas.

El último de los beneficios fue destinar todo lo que se recauda al impuesto al gasoil al pago de los PPP. Por medio del Decreto 301/2018, Cambiemos definió “destinar a partir del 1° de enero de 2020 la totalidad de los fondos con cargo al Sistema Vial Integrado (Sisvial) al Fideicomiso Individual PPP que se constituya conforme lo previsto en el artículo 60 de la Ley 27.431 para el Programa Red de Autopistas y Rutas Seguras (RARS) con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas de conformidad con lo establecido en el artículo 23, inciso g) del Decreto 976/01”.

Este incentivo se sumó a otros que habían sido otorgados por las mismas razones: la chance de discutir diferencias en tribunales internacionales; los cambios impositivos que permiten eximir a los privados del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de Ganancias; el permiso para importar maquinaria temporariamente y sin costo; y la suba a los valores de los peajes,  una vez que estén terminadas las autopistas.

En la agenda siguen obras con una línea ferroviaria desde Vaca Muerta a Bahía Blanca, centrales térmicas, edificios para el servicio penitenciario, hospitales y hasta iluminación pública.

Son conocidos los reparos del FMI sobre esta forma de financiamiento, ya que el pago de estas obras será a través de un bono público, que los funcionarios de Cambiemos niegan que sea deuda pública. No obstante, se trata de un compromiso que asume el Estado.

Sin embargo, hay dudas sobre la efectividad de los PPP. Para Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción “no reemplazan a la obra pública, la complementa. El esquema de PPP es factible para obras de magnitud; para obras de menor monto, como la construcción de acceso al agua, cloacas, pavimento en un barrio o una escuela, no puede realizarse por PPP, se hace con obra pública tradicional. Esta es la parte que va a estar complicada”, dijo.

Poco control

La Auditoría General de la Nación (AGN) tendrá serias dificultades para controlar los PPP, lo cual privará de fiscalización apropiada a un conjunto de emprendimientos a licitar en los próximos años por un valor estimado en U$S 130.000 millones; deuda estatal que honrarán las próximas administraciones.

Una de las particularidades del sistema es que los emprendimientos no están bajo la Ley de Obra Pública, ni el reglamento de contrataciones de la administración nacional, con lo que el seguimiento de esos contratos no es competencia de los órganos de contralor habituales. Tampoco le cabe las pautas de cancelación en moneda nacional de deudas contraídas en moneda extranjera (artículo 765 del Código Civil y Comercial) ni la prohibición de indexación. Esto propicia que se consoliden obligaciones estatales en moneda dura y ajustables, con la consecuente imprevisibilidad sobre los futuros presupuestos públicos.

Este régimen de inversión jurídicamente particular fue creado por la Ley 27.328, sin embargo, hay precisiones de los contratos que quedan al arbitrio de cada ministerio público firmante.

El artículo 22 de la norma ordena a la AGN “incluir en cada plan de acción anual la auditoría de la totalidad de los contratos de PPP existentes, su desarrollo y resultado”. Pero esa orden excede las atribuciones naturales de la Auditoría, órgano colegiado que depende del Congreso de la Nación y que sus informes son siempre ex post, nunca en tiempo real. El propio presidente del organismo, Oscar Lamberto, reconoció que no cuenta con personal idóneo suficiente para cumplir esa misión.

Finalmente, la AGN acató la orden e incluyó en su plan anual de auditoría el análisis de los seis contratos que hasta ahora firmó el Estado. No obstante, el jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda, Ariel Sigal, reconoció que “no pasa un solo día en que un diario de Latinoamérica no muestre un caso que no funcionó el PPP, pero no por eso hay que dejar de intentarlo”, consideró.

Los PPP responden a cambios estratégicos en el capitalismo mundial

Edgardo Logiudice analiza los PPP en “El ceomacrismo, las Alianzas Público-Privadas y cambios estratégicos del capitalismo”, publicado en Herramienta N° 59, Primavera 2016.

Allí señala que la economía mundial está en recesión y ello acarrea dos problemas: inseguridad de los mercados y, lo más preocupante, peligro de ingobernabilidad. Para Logiudice, la economía de la deuda parece haber tocado techo. Las innovaciones tecnológicas, la economía colaborativa y las grandes cadenas globales de valor no parecen ser un lugar para que puedan alojarse los grandes flujos de capitales líquidos. Ni las tasas negativas del Banco Central Europeo, ni la hasta hace poco tiempo congelada y reducida tasa de la Reserva Federal de EE UU, han derivado fondos hacia la producción. Además la baja de las materias primas y los commodities ha dejado magullados a muchos negocios financieros y a las economías de América Latina. Los fondos no hallan lugares seguros. Entonces, inducen a los gobiernos, simples gestores de endeudamiento y recaudación, a asegurar inversiones con obras de infraestructura. Acá es donde van a aparecer los PPP.

Cita a la publicación chilena,  de corte liberal, Nuevo Poder: “los inversionistas han decidido realizar un cambio en sus estrategias globales. Si antes lograr una mayor rentabilidad era lo que les quitaba el sueño, hoy lo que los mantiene despiertos es simplemente tener su dinero en un lugar seguro”.

En diciembre de 2014, el BM publicó la opinión del gerente para América Latina de su organismo afectado al sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), dedicado a los PPP, donde decía: “AL se enfrenta a una desaceleración económica después de una década de bonanza […]. La situación ahora es cómo prepararse cuando hay que desarrollar grandes autopistas, acueductos o centrales eléctricas para cubrir la mayor demanda de servicios de los latinoamericanos”. Y continuaba: “Superar este escenario exige la construcción de bienes públicos para la estabilidad y el pleno empleo a nivel global […] y una nueva arquitectura financiera que reduzca la incertidumbre y la volatilidad generada por el apalancamiento excesivo y los movimientos especulativos de capital”.

En sintonía con esa estrategia, en 2015 la Casa de Altos Estudios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, publicó “Participación del sector privado en la infraestructura: oportunidades e instrumentos”, de Ariel Chirom y Alejandro Schachter. Allí señalan los bienes que tienen en la mira, el papel del inversor y el subordinado papel del sector público.

Comienza definiendo qué entienden por infraestructura: transporte, telecomunicaciones, agua, saneamiento, etc., es decir, los recursos básicos de cualquier nación que son de uso público.

Luego sugiere los mecanismos para atraer inversiones, porque no se trata de que el sector privado solo financie, también debe gestionar la producción o provisión del servicio, para lo cual se debe hacer cargo del proyecto en su totalidad otorgándole  el Estado cierta libertad para buscar mecanismos y soluciones innovadoras en pos de mejoras de eficiencia. El sector público debe generar los incentivos correctos: brindar señales claras a los inversionistas de que los compromisos incluidos en los contratos serán cumplidos y mitigar el riesgo regulatorio. En primer lugar, renunciar al atributo del Estado de rescindir los contratos.

En segundo lugar, dejar la regulación de los servicios en manos de un órgano cuyos directivos puedan actuar con independencia, no solo con autonomía presupuestaria y administrativa, sino además no estar sujeto a los procedimientos generales del sector público. Hasta aquí lo público no aparece.

¿Cuál es entonces el rol del Estado y la ley? Deben garantizar todos los riesgos de la inversión. Por ejemplo, la adquisición de energía, esto se llama “contratos futuros de demanda asegurada”. El otro riesgo a garantizar es el de un ingreso mínimo, asegurar al inversor que haga su ganancia con los bienes públicos. Para ello propone un fondo de infraestructuras de garantías constituido a partir de activos suficientes para garantizar la confianza del inversor, pero administrado por alguna sociedad que se encuentre fuera del accionar del gobierno, preferiblemente extranjera.

La Ley 27.328 se inspira en estos presupuestos. Por eso fue celebrada por el estudio jurídico financiero Marval, O’Farrell & Mairal: “El régimen impulsado por el PEN implica un cambio de paradigma en la contratación pública, al excluirse o limitarse significativamente las prerrogativas de derecho público de la Administración (entre otras, el poder de modificar unilateralmente el contrato, la rescisión por razón de interés público…)”.

El artículo de Logiudice concluye que los PPP (Public Private Partnerships), según su denominación en inglés, bien pueden significar también Poder Político Privado.

Source

Mientras llega el horario de la marcha por la aparición de Santiago Maldonado, nos permitimos unas reflexiones sobre la campaña para que no se trate el tema en las escuelas, el resurgir de la palabra “adoctrinamiento” y la resistencia de docentes y estudiantes ante las reformas que pretende implementar el Gobierno de la Ciudad.

A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, en un contexto donde las fuerzas de seguridad avanzan en sus acciones represivas –de hecho, ayer por la tarde realizaron en Córdoba un allanamiento conjunto de varios locales y apuntaron directamente a familiares que participaron en la marcha contra el gatillo fácil–, las organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos, y gente de a pie sale a las calles para demostrar que, a pesar del amedrentamiento y el miedo que intentan instalar, hay un pueblo con historia de luchas y resistencias que no quiere ver retroceder sus derechos.

En ese marco, que en la escuela las y los docentes enseñan sobre derechos humanos es una práctica afín a la tarea de formar sujetas y sujetos críticos, que se pregunten por su propia historia, la de su país y la de su Continente.

Y la gran pregunta que hoy recorre todo el país, “¿Dónde está Santiago Maldonado?”, no puede pasar inadvertida en la cotidianeidad de las pibas y los pibes, ni de docentes que intentan ser puentes entre la información que bombardea sus vidas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la fiscal de Esquel, Silvina Ávila, recaratuló el expediente a “Desaparición forzada de persona”, lo que enmarca el caso Maldonado en un tema de derechos humanos.

En este sentido, es pertinente citar algunas resoluciones para recordar la reglamentación vigente: la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que desde 1990 tiene fuerza de Ley en nuestro país y fue incluida en la Constitución Nacional en 1994, sostiene en su artículo 29 inciso b) que los Estados deben ‘inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas’, y en el inciso d), menciona la responsabilidad en ‘preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena’

Según la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 136/11 sobre Núcleos de Aprendizaje Prioritarios que rige en todo el país con carácter de ley: “Durante el Ciclo Básico de la Educación Secundaria la escuela debe ofrecer situaciones de enseñanza que promuevan en los alumnos y alumnas: La construcción de argumentos ético-políticos que formen subjetividades críticas para la discusión y la participación democrática y solidaria, en el marco valorativo de los derechos humanos universales”.

Por otro lado, Mariano Garrido, docente y Secretario de Asuntos Pedagógicos de Ademys, agrega la referida a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “Como docentes, es nuestro deber problematizar y condenar las violaciones a los derechos de minorías, como el pueblo mapuche en este caso, y el accionar represivo injustificado del Estado.

En el área Prácticas del Lenguaje, el Diseño Curricular vigente (2004; GCBA) despliega con profundidad como contenido la llamada ‘lectura crítica de la prensa’. Para este eje se destina no solo un apartado en el documento (Págs. 674 a 681 inclusive; DC para Segundo Ciclo, tomo 2) sino que se la prescribe como ‘práctica habitual’ al menos desde 5º grado (ver Pág. 650, Ídem.). Además de tener en cuenta este enfoque en el tratamiento de las áreas mencionadas, en Formación Ética y Ciudadana, el Diseño Curricular propone abordar explícitamente estos contenidos. En la perspectiva ‘Educación por la Paz y los derechos humanos’, para abordar proyectos transversales, se enuncia: ‘En la vida social siempre aparecen diferentes tipos de conflictos. Su adecuada resolución puede servir para avanzar hacia condiciones de mayor igualdad, justicia y reconocimiento para todos los involucrados. La negación de los conflictos o su resolución violenta puede derivar en condiciones más injustas de vida o en la negación de derechos básicos’”.

El ADN luchístico

Desde las redes sociales, fogoneado por los medios de comunicación alineados con el gobierno el ataque parece llegar de un lugar inesperado: el reclamo por los desaparecidos en democracia durante el gobierno de los Kirchner. Son, al menos, los más reconocidos: Jorge Julio López (septiembre de 2006) y Luciano Arruga (febrero de 2009). Es decir, que quienes en su mayoría no alzaron la voz en aquel entonces (aún no existía el Facebook) reclaman una presentación de currículum militante o de resistencia y luchas pasadas para tomar por válida (aunque ni aun así) el pedido de aparición de Maldonado. Lo sorprendente es la apropiación del lenguaje de las organizaciones de derechos humanos: lo que se llama “correr por izquierda” por parte de quienes reclaman, simultáneamente, “que no haya política en las escuelas”

0800-polarización

La campaña para denunciar a docentes al 0800-444-2400 del Ministerio de Educación (“Línea para denunciar la intromisión política en las Escuelas) es una prueba del sentido de polarización que pretenden seguir instalando para desviar el encubrimiento a las fuerzas de seguridad. La escuela resulta así un emergente más de la alianza entre justicia, monopolios informativos y gobierno: borramiento de pruebas, demonización de pueblos originarios, desatención y ninguneo hacia la familia (lo que después públicamente llaman “falta de colaboración” cuando las y los familiares se niegan a que la toma de declaraciones e investigación la lleve adelante la fuerza sospechada), culpabilización de la víctima(Sistemáticamente, Maldonado pasó de ser una célula de resistencia del RAM –entrenado por las FARC de Colombia– a convertirse en un “artesano” que cruzó a Chile de mochilero) son los caminos que emprende el ocultamiento de responsabilidades hacia  fuerzas de seguridad, que siguen ejerciendo un corporativismo avalado por el propio Estado.

Por otro lado, “la grieta” que plantean como tal resulta curiosa cuando el pueblo mapuche (y los pueblos originarios en general) fue de los más ignorados, corridos (sobre todo a través de vínculos con empresas) y perseguidos durante los gobiernos de los Kirchner; en una región, además, en la que siempre tuvieron presencia desde gobiernos locales.

“En ese sentido, hay que decirlo, el apoyo de Cristina Fernández a la familia Maldonado, en plena campaña electoral, sin hacer mención a Julio López, desaparecido durante su gobierno (con todas las diferencias del caso), ha colaborado con desviar la lucha por Santiago hacia una cuestión partidaria”.

El derecho a saber

Varias veces hemos abordado desde este portal el tema de la infancia desde el lugar de los derechos y, más aún, cuando esos derechos son vulnerados. De lo que les niega un Estado ausente para garantizarlos y promoverlos y presente en su forma más represiva: la del gatillo fácil cotidiano, la de la complicidad en la trata de niñas y adolescentes; la de la connivencia con el narcotráfico que recluta soldaditos cada vez más pequeños.

Pero, fieles a nuestra mirada, consideramos a las niñas y niños como sujetos políticos con derecho a saber, a ir construyendo una perspectiva propia, un pensamiento crítico, a conocer lo que les rodea para poder crecer con la mayor cantidad de herramientas posibles.

En una sociedad donde históricamente la formación docente no estimula a producir conocimientos sino a reproducir conocimiento de manual, es un desafío cotidiano reformular lo que “viene dado”, equivocarse y volver a empezar.

La campaña que circuló por las redes ayer #ConLosChicosNo iniciaba con un texto (“No podemos permitir que nuestros hijos sean utilizados por la política!!! El caso de Santiago Maldonado será tema de estudio y reflexión en los próximos días en escuelas de todo el país. Así lo pretenden al menos los principales gremios docentes del país, que comenzaron a distribuir entre sus afiliados polémicos materiales didácticos donde proponen hablar del joven como un ‘detenido desaparecido’ a quien ‘se lo llevó la Gendarmería’, pese a que eso aún está siendo investigado. La enseñanza debe ser apolítica y laica!!”) en el que vale la pena detenerse. La mirada de la educación como “apolítica” resulta una contradicción difícil de sostener. Llevar la mirada política sólo a los contenidos que resulten incómodos para la ideología de la familia o docente es el mismo argumento que se utiliza para no hacer cumplir la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) promulgada desde hace más de diez años. Por otro lado, el pedido de escuela “laica” no se transformó en petitorio en la provincia de Salta, que cuenta con “Educación religiosa” obligatoria en escuelas públicas y que va en contra de la Constitución.

Por estos días, la educación religiosa de Salta se está debatiendo en la Corte Suprema, aunque suene anacrónico. Sin embargo, los medios-empresas no se hicieron eco de esta inconstitucionalidad.

Por otro lado, el resurgir de la palabra “adoctrinamiento” asociado a un tema que resulta contrario para el gobierno de turno es un retroceso de décadas. Mientras el foco intenta sostenerse sobre el tratamiento del caso Maldonado, el Gobierno intenta ocultar las tomas y asambleas que estudiantes de varios colegios de la Ciudad de Buenos Aires están realizando contra la reforma educativa del año que viene. Además de reclamar la cuestión de género como fundamental dentro de los contenidos y acciones, rechazan la obligatoriedad de trabajar durante el último año y ser mano de obra barata para empresas multinacionales. Sin embargo, para monopolio de comunicación alguna eso puede ser un adoctrinamiento de trabajadores y trabajadoras precarizados.

Generar una polarización en las miradas, alimentar el “sentido común” que incluyen el fachismo y el racismo con vía libre desde horarios centrales de televisión, fogonear la idea de un “otro” en la vereda de enfrente; otro que no soy yo, que no piensa como yo, que se transforma en un enemigo peligroso (desde el discurso y desde la acción) es una voluntad que parece desarrollar este gobierno con alianzas y consensos poderosos y monopólicos. La tarea docente, en este entuerto, parece ser tan simple como cuesta arriba: recordar que las niñas y los niños no son el futuro, son el hoy que tiene derechos, miradas y sentires propios; construir desde la crítica y la contención; y ser sujetos de cambio, siempre en movimiento.

Source

Hace un momento, mientras la tobillera que la restringía en una injusta prisión era cortada, escribimos unas líneas presurosas en las que intentamos volcar las sensaciones y palabras con las que acompañamos durante este tiempo a Reina con su pedido de libertad.

Desde Marcha acompañamos el pedido de libertad de Reina desde el momento en que nos enteramos de su situación procesal. Desarmando el lenguaje judicial y dando voz a las que se organizan y que nunca la dejaron sola, escribimos, un poco desde lo periodístico, un poco desde la impotencia, sobre la necesidad de que la historia de esta joven, migrante, quechuaparlante y víctima de violencias se conociera. Ya que había sido condenada a reclusión perpetua por un delito del que siquiera había podido defenderse.

En octubre del año pasado la visitamos en su domicilio y nos quebramos junto a sus compañeras cuando nos mostró un video de sus niños, preparándose para ir a la escuela una mañana cualquiera en Bolivia, la tierra que la vio nacer. Y allí entendimos que el Estado, en la historia de Reina sólo estuvo presente para perpetuar las violencias del macho y la opresión de un sistema capitalista y racista que la condenó por pobre y migrante.

Pero hoy festejamos y seguramente mañana escribiremos otra historia, la verdadera historia de Reina, esa que demuestra la fuerza del feminismo organizado que la supo acompañar y que seguirá luchando ¡hasta que todas seamos libres!

Para ver todas las notas clik acá: http://www.marcha.org.ar/especial-reina-maraz/

Source

Cuarta entrega de la serie de miradas cercanas sobre lo mitos de la Economía (con mayúsculas) para acercarnos a su terminología tanto como lo estamos de las consecuencias de sus decisiones.

Llueve. Por la ventana del viejo bar se ve la plaza inundada. Sólo algunas palomas aprovechan los charcos para bañarse. Algún vecino, que se cansó de esperar que le toquen el timbre para preguntarle qué opina sobre la gestión del gobierno, desafía la lluvia y atraviesa la plaza en busca de la verdulería que se encuentra en frente. En el bar, tres viejos amigos discuten mientras esperan que les traigan las tostadas con mermelada y manteca que pidieron. “El Estado no debe intervenir en la economía”, dice Federico, “cuanto menos Estado mejor, lo único que puede aportar es ineficiencia y corrupción”. “El Estado, como dice el presidente”, sentencia con fuerza de ley física, “tiene que marcar la cancha y poner las reglas, los jugadores somos nosotros, tenemos que hacernos cargo de nuestra libertad y de las consecuencias de nuestras decisiones”. “Para un poco”, le retruca Luis, que no deja ocultar su enojo y su barba incipiente. “Los Estados nacionales nacieron junto al sistema capitalista y lo único que hacen es sostenerlo y reproducirlo. Esa cancha de la que habla tu presidente está inclinada para un lado. Asegura y conserva privilegios para unos, los menos, gracias a las penurias de la mayoría. No me vengan con cuentos a esta hora de la mañana”. “Paren un poquito”, interrumpe Domingo, “siempre tan extremistas ustedes. Yo conozco Estados que otorgaron derechos a los débiles buscando la justicia social, el tema es que otros no los dejaron. Muchas veces los sacaron por las armas y otras por la urnas, lo que… “¿Yo extremista?” Interrumpe Luis, “en el mejor de los casos, vos sos un ingenuo…” La llegada de las tostadas, la mermelada y la manteca, permiten poner paños fríos a la discusión. Pedro, el mozo, con voz cansada pero firme, dice: “señores, déjense de discutir, al fin de cuentas, “el Estado somos todos” y, con andar cansino, se retira.

Recorro la historia reciente de nuestra Argentina y pienso en voz alta. El Estado Argentino mató, desapareció, robó niños y niñas, en forma sistemática durante la última dictadura militar. ¿Es eso el Estado? Sí lo es. En los noventa, privatizó empresas públicas, desreguló la economía, quitó derechos laborales. ¿Es eso el Estado? Sí lo es. En los últimos años el Estado volvió a estatizar empresas, otorgó subsidios a las y los más pobres, levantó la bandera de los Derechos Humanos con hechos concretos, aumentó significativamente el presupuesto de educación, en definitiva, restituyó derechos. Pero también mantuvo los privilegios de las empresas mineras y de los Bancos, siguió recaudando impuestos de modo regresivo (es decir a través de los más pobres) y, si bien discursivamente la enfrentó, siguió violando derechos a través de la violencia institucional. ¿Es eso el Estado? Sí lo es. En la actualidad el Estado disminuye el presupuesto de ciencia y técnica y los fondos a las universidades, aumenta las tarifas de los servicios públicos a las familias al tiempo que baja los impuestos a las grandes exportadoras, devalúa la moneda y toma deuda externa “en nombre de todos y todas”. ¿Es eso el Estado? Sí lo es. Entonces ¿Qué es el Estado?

El Estado no es una cosa. No lo podemos tocar. Es una relación social de dominación que puede ejercerse gracias al control de ciertos recursos.

El primero de los recursos es el control sobre los medios de coerción física. Normas, jueces, policías, fuerzas armadas, cárceles, etc., integran, entre otras instituciones, el monopolio del uso de la coerción física por parte del Estado. El segundo es el control de los recursos económicos. Si bien claramente en la actualidad existen múltiples actores que poseen mayor poder económico que ciertos Estados (el patrimonio de ciertas empresas duplican y triplican el PIB de muchos países), la facultad de establecer impuestos y realizar gastos, es un rasgo distintivo de los Estados modernos. En tercer lugar, una relación de dominación puede basarse en el control de recursos de información en sentido amplio, incluyendo los conocimientos científicos tecnológicos. En este aspecto, al igual que en el anterior, los Estados “compiten” con las empresas. Negar la capacidad que en la actualidad tiene Google, u otras empresas tecnológicas en el dominio de la producción y circulación del conocimiento y la información, sería necio. A pesar de ello, la existencia y control sobre los sistemas escolares y las Universidades públicas, el control sobre la energía nuclear, los institutos científicos tecnológicos estatales entre otras instituciones, resisten, con resultados diversos, lugares de privilegio en la producción y circulación del conocimiento conseguidos, en otros momentos históricos. Épocas que, tras la revolución tecnológica del último cuarto del siglo pasado, nunca volverán a ser iguales. El último aspecto de una relación de dominación es el control ideológico, mediante el cual los dominados perciben como natural la relación de dominación y no la cuestionan, es más, al no verla como dominación ni se preguntan por ella. Habría que agregar que la amplia mayoría de los Estados en la actualidad tienen sesgo capitalista, es decir que, a través de dicha relación de dominación, defienden y naturalizan la relación capital-trabajo (la mayoría de las personas no tiene otra alternativa que vender “voluntariamente” su fuerza de trabajo a otras que tiene la capacidad para comprarla) como la única forma posible de organización social.

El Estado no es una cosa pero su materialización se concreta a través de la burocracia estatal, que no es otra cosa que el conjunto diferenciado de instituciones y marcos normativos que condicionan las prácticas de los funcionarios a través de procedimientos y la definición formal de competencias y roles. Son Estado, la Ley Nacional de Educación, las Escuelas, y las y los maestros. Son Estado, la Constitucional Nacional, el Congreso y las y los diputados y senadores.

Lo dicho hasta aquí tendría sólo un sentido descriptivo si no incorporamos a la política. Lo que es Estado, lo que no lo es y lo que debería ser, es siempre una lucha política e histórica. Esa lucha se centra en definir qué es, en cada momento y lugar, es decir, de modo situado, el bien común que el Estado dice encarnar. En la disputa por el significado del bien común y su materialización en las políticas públicas que lo concreten, puede verse (aunque algunos prefieren esconderse) como los distintos actores sociales intentan movilizar recursos materiales y simbólicos para que sus intereses sectoriales sean considerados “parte” de ese bien común. Lo hace la Iglesia Católica pretendiendo que su forma de entender lo que es la vida sea la de todos, lo hacen los agroexportadores reteniendo granos para forzar una devaluación, lo hace un gobierno nacionalizando los fondos de jubilaciones y pensiones que otro proyecto político había privatizado previamente. Lo hicieron en 1995 los petroleros despedidos que, en Cutral-Co, cortaron una ruta o las y los estudiantes que recientemente tomaron las escuelas. Una sociedad productora y reproductora de desigualdades como lo es la sociedad capitalista construye también desiguales relaciones de poder en torno a la disputa por el bien común pero, de ninguna manera, dicha asimetría escribe la historia de una vez y para siempre. El Estado como el capitalismo son producto de la historia de la humanidad y esa historia es una historia de luchas.

Tal vez sea necesario recordar para finalizar que, como dice Enrique Dussel, el poder político reside siempre en la comunidad y no en la institucionalización de ese poder que es el Estado. Es la comunidad quien se lo otorga de modo provisorio y temporal para que lo utilice en pos del mandato recibido. Esto es lo que dice el Subcomandante Marcos cuando proclama, con palabras y hechos, “Acá se manda obedeciendo”. El poder político institucionalizado debe ser obediencial, es decir, debe obedecer el mandato de la comunidad que se lo otorgó. De lo contrario es corrupto y la corrupción es doble, tanto del mandatario que se cree sede del poder como de la comunidad que se lo permite.

*Docente. Integrante del Colectivo Educativo Manuel Ugarte (CEMU)

Source

La implementación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas conlleva a una serie de reflexiones sobre la postura del mismo Estado ante la protesta social como legítima forma de reclamo a derechos desatendidos y pisoteados.

El Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, anunciado bajo resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, busca regular la protesta social a partir de una obligación de “informar” y esperar “autorización” antes de emprender el recorrido de un corte o piquete. En ese sentido, la Ministra de Seguridad explicó que, “no es que se van a prohibir todas las manifestaciones; no se van a prohibir las que estén programadas y se avisa cuál es el recorrido”.

Si el recorrido de una manifestación o el lugar de un corte, si la cantidad de manifestantes o el tiempo a realizarse es considerado “no apropiado” por parte de los funcionarios de gobierno y, tras 5 o 10 minutos de negociación con los involucrados, la situación se resuelve “positiva o negativamente”, se procederá a la “deposición, desalojo o disolución” de la movilización convocada. Y en caso de negarse, los manifestantes comenzarán a ser considerados por delitos cometidos en flagrancia, de acuerdo al Código Procesal Penal.

Sin entrar en el infinito debate sobre cuál de los derechos reconocidos constitucionalmente es más importante, en todas las disposiciones del Protocolo se revela un problema mucho más profundo y grave: la forma que tiene el Estado de entender y, por ende, de tratar, a la protesta social. Este Protocolo es una pieza más de un largo conjunto de medidas públicas que esconde una forma reduccionista y racista de entender la protesta.

Por un lado, se ha hablado de la “cultura del corte” como aquello que se busca atacar con este procedimiento estandarizado de actuación de las Fuerzas de Seguridad. Hablar de una “cultura” existente es creer que la gente protesta por la protesta misma, que a una manifestación la hacen porque les gusta o hay quienes prefieren cortar una calle antes de hacer cualquier otra cosa con su tiempo, con su vida, con su cuerpo. O incluso, las declaraciones de la Ministra sugieren que algún grupo de personas podría querer “prensa”, y un piquete, entonces, no sería otra cosa que una “performance” particular en un escenario “privilegiado” que es la vía pública. Esto revela una forma reduccionista, simplista y descomprometida de entender y atender a la protesta social.

Por otro lado, las reacciones a favor de este Protocolo no han hecho más que desnudar otra vez el racismo recalcitrante que atraviesa a nuestras sociedades. Desde ese lugar, se entiende que el piquete es cosa de “la negrada”, del “choriplanero”, del “vago”, del “grasa”. Sin entrar en el análisis sobre la composición de clase de algunas de las protestas más grandes y determinantes de los últimos años en el país (como lo fueron las manifestaciones en 2008 por la aprobación a las retenciones móviles a las exportaciones de soja; o las ocupaciones de la vía pública tras el “corralito” a los ahorros en dólares de 2001; o las marchas por la muerte del Fiscal Nisman en 2014), se asocia la protesta a la “barbaridad” y al carácter incivilizado de un proceder que desconoce las instituciones del orden vigente.

Pero la protesta social, además de consagrarse como un derecho, es una práctica política de denuncia y de visibilización de una situación de vulneración, negación o falta de acceso a otro derecho, tal como lo puede ser la alimentación, la salud, la educación, la tierra o la vivienda, la cultura o la identidad de género.

Años de investigación sobre conflictos, sujetos y organizaciones políticas que utilizan y elijen el corte o el piquete como forma de protesta demuestran que lo hacen como una vía de denuncia que tiene una situación prologada de demandas y necesidades desatendidas, olvidadas o desestimadas.

Son esos los verdaderos problemas de fondo que no podemos dejar de atender como sociedad, son esas demandas y necesidades sin solución las que un Estado que se dice promotor de la justicia y la paz social no puede negar o desestimar. Si eso sucediera, allí no caben más adjetivos que la incivilidad o la barbaridad de esa sociedad y de ese Estado que dejan sin amparo ni respuesta a sus integrantes más débiles. Más escandaloso parece, entonces, pensar que si no se llega a acordar una solución a esos verdaderos problemas de quienes protestan, en un lapso de 5 o 10 minutos, seguramente les valdrá como mínimo una imputación penal. Eso es una extorsión.

Si frente a un grupo social que sobre el escenario de la vía pública denuncia una situación de precariedad y riesgo, no tenemos más que un Estado que responde, antes que nada, con la fuerza y la amenaza, lejos de un modo dialoguista de sociedad, tenemos un modelo indolente, egoísta y fragmentador. En tales circunstancias, la ansiada paz social, o el mítico “orden público” se vuelven entelequias, eufemismos sin sentido.

Frente a ello no podemos sino preguntarnos otra vez qué significa la seguridad para esta sociedad: ¿seguridad para quién y para qué? Y otra vez no podemos sino denunciar que la seguridad viene hace varias décadas entendiéndose como sinónimo de policialización y militarización del Estado y de la sociedad entera. Aun cuando el cinismo parece no pesar sobre quienes no dejan de reconocer que la corrupción y el autoritarismo son dos notas propias de los cuerpos policiales de todas las jurisdicciones provinciales.

Desconocemos así que la única forma que tiene el Estado para responder a los problemas que genera la forma actual de organización social, política y económica es con represión y castigo. Para matar y violentar, alcanzan 5 o 10 minutos; para pensar y construir una sociedad con equidad y real libertad para todos y todas, necesitamos mucho más tiempo que eso.

*Integrante del Colectivo de Investigación “El llano en llamas”. Militante del Encuentro de Organizaciones- Córdoba.

Source

La radicalización del neodesarrollo avanza con paso firme. Con pies de plomo, despidos y balas de goma. Atrás quedaron la democracia, la constitución y las leyes (burguesas).

Libertad para el dólar, despidos para los trabajadores. Libertad para los precios, límites para los salarios. El capital asume la gestión directa del Estado para garantizar que el pueblo no podrá poner límites a su voluntad de mando.

El gobierno de Cambiemos decidió que debía condicionar lo más posible las luchas populares. Sabiéndose débil en lo político, salió a comerse el partido golpeando primero. Las instituciones de la Constitución social liberal de la Argentina son flexibles, siempre dentro del campo del derecho del capital. La legalidad de las urnas es tomada por las fuerzas políticas de los partidos del orden como derecho a la gobernabilidad. Los ‘primeros 100 días’ son vistos como cheque en blanco.

Los ministerios se llenan de CEOs y cada cual atiende su juego. La conducción es difusa porque prima el ‘sentido común’ empresarial. No se necesita conducción unificada ni tanta verticalidad. El peronismo es un partido sin doctrina ni ideología, por ello funciona con rígida conducción. Es la única forma de garantizar cierta coherencia de acción. El kirchnerismo ha operado (y aún opera) en ese marco. El macrismo, por el contrario, parece más coherente en la práctica, apoyándose en el ‘saber hacer’ del capital y sus gestores. El pragmatismo prima, pero la coherencia viene del marco conceptual que se destila de la sociedad hegemonizada por el capital.

El macrismo llegó para imponer la radicalización del proyecto de neodesarrollo. Parte de la herencia del kirchnerismo: una sociedad mercantilizada, transnacionalizada y precarizada. En la ‘década ganada’ el gran capital consiguió consolidar su hegemonía con el acompañamiento del Estado que volvió para conformar las condiciones de la acumulación exitosa. El ‘desendeudamiento’, la inversión en infraestructura económica, la promoción del saqueo en el campo (trangénicos), la ‘montaña’ (megaminería) y las ciudades (barrios cerrados, especulación inmobiliaria, masificación del transporte y consumo individualizado y mercantil), contribuyeron a consolidar un nuevo patrón de acumulación basado en una nueva inserción en la división internacional del trabajo. Para ello, el Estado se convirtió en ‘caja de resonancia’ de la lucha de clases, instrumento para la desarticulación del conflicto y su normalización conflictiva. La naturaleza contradictoria de ambos procesos contribuyó a crear barreras crecientes, marcadamente evidentes en el tercer gobierno kirchnerista. El giro mundial provocado por la crisis en el centro aceleró la transformación de esas barreras en crecientes desequilibrios.

En la nueva era que comienza el gobierno busca primero desactivar esas barreras y construir un nuevo status quo que permita al capital recuperar su capacidad de acumulación. El gran capital hace años comenzó a desplazar en el tiempo sus contradicciones, frenando inversiones en la economía local y acelerando la salida de capitales, buscando acelerar la ‘corrección’. El ajuste heterodoxo del kirchnerismo operó como respuesta insuficiente pues fue combatido por el pueblo trabajador, neutralizando sus principales efectos. La lucha social evitó que la misma se tradujera en un mayor ajuste sobre las condiciones de vida. Sin embargo, la capacidad organizativa del pueblo no alcanzó la fuerza necesaria para poner en práctica una alternativa política.

A través del macrismo, el ajuste y radicalización del proyecto hegemónico pasa a un nivel superior, buscando más eficacia. Para ello todos los medios aparecen como válidos: DNUs, persecución ideológica y represión abierta. La democracia, la ley y la república, aún en su limitada versión burguesa, pueden ser dejadas de lado si así se juzga necesario.

El ataque contra las condiciones de reproducción social de lxs trabajadorxs se acelera por varios frentes. Avanza el ajuste externo con la devaluación, la eliminación de las restricciones al movimiento de capitales, la supresión de las retenciones y la búsqueda de nuevo endeudamiento externo. En paralelo, se acelera el ajuste fiscal. Se eliminan impuestos y subsidios al consumo (retenciones, impuestos ‘internos’, reducción prometida del impuesto al salario, subsidios al consumo de servicios públicos), se ataca el empleo público de manera virulenta e indiscriminada y se condiciona el financiamiento del gasto público por la vía del Banco Central. Se intenta marcar la cancha en la disputa salarial proponiendo el ajuste por productividad y planteando la amenaza del despido frente al reclamo ‘desmedido’. Se busca construir una nueva matriz regulatoria que promueva la inversión del gran capital en áreas estratégicas como energía, comunicaciones, minería, transporte, apoyados por el poder inversor del Estado (ej., plan Belgrano, subsidios vía Ministerio de Ciencia y Tecnología, etc.).

Si el avance es exitoso, el gobierno pretende consolidar en un solo acto una nueva modalidad de producción y apropiación del valor creado por los trabajadores. La radicalización del neodesarrollo pasa por construir un shock inversor del gran capital transnacional con base extractivista, apoyado en la redistribución del ingreso, la intensificación de la productividad y la súper explotación, y el re endeudamiento externo.

Nuevas condiciones de distribución ‘más justas para el capital’ serán el objetivo, sólo posible aplastando la resistencia social. La articulación de las luchas del pueblo serán la clave para frenar este proceso. Una articulación que se sustente en la organización de la subjetividad popular en torno a las luchas concretas como punto de partida para la disputa por el desarrollo. El enfrentamiento contra el capital (y su poder en el Estado y los partidos del orden) en las calles, los lugares de trabajo, en los barrios y el territorio, será la base del surgimiento de un nuevo ciclo de lucha. Ese nuevo comienzo podrá poner en pie el proyecto del 2001, el proyecto de radical transformación de la sociedad. Un proyecto de cambio social que se proponga destruir los límites del neodesarrollo a través de la superación dialéctica de sus presupuestos, a través de la desarticulación de su modelo productivo, político y social. Nuestra batalla será hoy por enfrentar el ajuste capitalista, el ajuste del neodesarrollo que busca su intensificación. La disputa de hoy será el punto de partida para superar el fetichismo del Estado social (y el desarrollo a través suyo) como únicas alternativas posibles. El socialismo latinoamericano, bajo la forma del buen vivir y la democracia con protagonismo popular, deberá volver al frente de batalla.

Source