Micaela García tenía 21 años y era militante del Movimiento Evita. Su búsqueda se nacionalizó durante una semana y ayer se supo que fue asesinada en Gualeguay, Entre Ríos. El principal sospechoso, Sebastián Wagner, está detenido. Reaccionar ante la violencia machista y la muerte.

“Encontraron muerta a Micaela”, escribió una compañera en un grupo de WhatsApp. Mi reacción fue llorar. No sé todavía cómo se describe la sensación de tristeza e indignación que nos invade cuando suponíamos cuál era el final de esta historia compartida. Y, sí. ¿Cuántas de nosotras pensamos en un desenlace con otras variables en las que a Micaela la encontrábamos viva? Es dicho popular que la esperanza es lo último que se pierde y a todas nosotras nos queremos vivas… pero la reiteración de los hechos pareciera que nos endureció el corazón. Y, por más que esto nos entristezca, ya no nos asombra ni llama la atención que tras una desaparición lo que encontremos sea el cuerpo de una mujer asesinada.

“El final menos esperado, pero que todos presumimos”, cierra su salida al aire una cronista de C5N desde Gualeguay. Y, sí, definitivamente, todxs lo presumimos porque a esta altura ya podemos sistematizar el mecanismo que se pone en práctica ante la desaparición de cada chica, joven, adolescente: salió a divertirse y no regresó, alertas vía redes sociales, la publicación en los medios de comunicación cuando ya pasaron algunos días, los rastrillajes de la policía, la verificación del recorrido que hizo a través de cámaras de seguridad. Algunas pistas: una sandalia, el pantalón. El detalle espectacularizado en las pantallas de televisión suena macabro y parece una burla en la que el macho hace alarde de que hizo con el cuerpo lo que quiso y, luego, lo desechó. El macho lo muestra como paseándose en pija como se le canta. Y la televisión se hace eco.

La naturalización de hechos tras cada chica, joven, adolescente que desaparece, debería encendernos muchas alertas. Interpelarnos, no dejarnos dormir. Porque, para que quede claro, lo que asumimos como algo que sucede porque es así es el secuestro, la desaparición, la tortura, la violación y la muerte violenta de una persona. De una persona que resulta ser mujer y que por esa condición (mujer, lesbiana, travesti, trans) fue sometida a la máxima expresión de violencia.

Pero, ¿qué pasa cuando salimos a reclamar para que esto se acabe de una buena vez?, ¿qué respuesta tenemos de las instituciones, responsables de garantizar nuestro bienestar?, ¿qué obtenemos de los medios masivos de comunicación?, ¿por qué el macho asesino tiene la libertad de manejarse con tanta impunidad?

Todas las preguntas se han respondido hasta el cansancio, sobre todo, en este último año donde el movimiento de mujeres y feminista ha gritado y agitado sus consignas a lo largo y ancho del país, y del mundo. Aún así, se vuelve urgente repetir. Y pareciera que no por casualidad en esta historia -como en muchas otras más- queda harto demostrado el accionar del sistema machista y patriarcal.

De lo general a lo particular.

El Estado sienta posición cuando desfinancia “por equivocación” al Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género. También cuando elige que la política pública esté destinada a sancionar y no a prevenir y erradicar las múltiples formas en que se manifiesta la violencia marchista. Y cuando elige que las mujeres conformen el 14 por ciento del Gabinete nacional.

Cuando las mujeres hicimos paro general y salimos a las calles bajo las consignas “ni una menos, vivas nos queremos, si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”, haciendo públicos nuestros reclamos y nuestras propuestas, la respuesta por parte de quienes integran el aparato del Estado fue: 1. utilizar los medios masivos de comunicación -casi por default conservadores- para la estigmatización de las mujeres por supuestos “incidentes” frente a la Catedral. 2. utilizar ese espectáculo para salir a cazarnos, criminalizarnos, pegarnos y llevarnos detenidas de manera ilegal. Muchos medios acompañaron cómplices el criminal accionar policial y su defensa por parte de Martín Ocampo y Patricia Bullrich, a cargo de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional respectivamente.

Ahora, en la historia de Micaela, la “Justicia” corporizada en la figura del juez Carlos Rossi decidió poner en libertad a Sebastián Wagner, macho que admitió el asesinato y dio las coordenadas para que finalmente hallaran su cuerpo. Un macho que, ya condenado por dos violaciones a estudiantes fue liberado, mientras tanto Analía de Jesús, “Higui”, una mujer lesbiana que se defendió de sus violadores sigue presa… Sólo por defenderse. Un círculo vicioso que se repite en loop, que nos encierra y nos mata.

Éstas son sólo un par de muestras de cómo funcionan los discursos y hechos sustentados en el sistema patriarcal y machista en el que vivimos que después se materializan en violencias cotidianas cuya máxima expresión es el asesinato. Ésta es la razón por la que alertamos que las mujeres estamos en peligro. Ésta es la razón por la que gritamos que el Estado es responsable.

La enumeración de cada uno de estos puntos puede sonar redundante, pero se vuelve urgente desandar cada detalle para dar cuenta de que lo natural es que podamos salir de nuestras casas con libertad, sin tener miedo a que nos maten. Y que sepamos que cada una de estas historias de muerte es un llamado de atención a nuestra sociedad. Es una interpelación a nosotros y nosotras como sujetos y sujetas que no nos debe dejar dormir hasta que todas nosotras podamos vivir libres y sin violencias.

En Argentina una mujer es asesinada cada 18 horas.

 

En Argentina el Ministerio de Salud estima que se realizan 460 mil abortos clandestinos por año, 80.000 mujeres deben ser hospitalizadas por complicaciones en estos abortos y 100 mueren. Es la primera causa de muerte materna evitable en el país. “Belén” estuvo 800 días presa por ser mujer, pobre, por abortar.

 

Analía de Jesús, “Higui”, está presa por defenderse de una horda de machos violentos que la quisieron violar. En su defensa mató a uno de sus agresores. Pero ella, también, es mujer, pobre y lesbiana.

El año pasado la Red PAR -Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista- difundió los datos del monitoreo que realiza la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC, por sus siglas en inglés).

*Las mujeres son sujetos centrales de las noticias en el 29 por ciento de los casos y casi no hubo avances en comparación con la medición realizada cinco años atrás contra el sexismo y los estereotipos de género a la hora de informar, tanto en diarios como en radio y televisión. Son similares los números en las redes sociales, que fueron relevadas por primera vez.

 

*En el 25 por ciento de las noticias donde una mujer aparece, necesariamente la encuadran en su rol familiar. Por el contrario, con los varones esto sucede sólo en el 8 por ciento de los casos.

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Tras el dolor y la movilización social por el femicidio de Micaela García en Entre Ríos, el debate que asoma y que propician los feminismos: el uso de la cárcel como respuesta automática para los violadores, reincidentes y asesinos no puede ser sostenido sin revisar cómo opera y qué implicancias tiene. 

La noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de la compañera Micaela, militante popular de Gualeguay, a partir de la confesión de quien habría sido el que la violó y luego la mató, nos despertó este sábado con un profundo dolor, pero sobre todo, con bronca y una gran sensación de hartazgo. Desde las redes sociales, en las conversaciones por WhatsApp, en las charlas cara a cara, se repetía el grito: “Basta de Femicidios”, “¿Hasta cuándo nos van a seguir matando?”, “Ni una menos”. Pero también, se cuestionaba al Estado, no solo por no encarar políticas activas para prevenir estos actos contra las mujeres, sino mas específicamente a la justicia, encarnada en la persona del juez que otorgó la libertad a quien sería el asesino de Micaela contra el informe del servicio penitenciario que no la propiciaba.

El poder judicial, aun siendo el único de los tres poderes del Estado que no se somete al voto popular, no está exento de las influencias de la opinión pública. Los jueces y juezas forman parte de y contribuyen también a consolidar una cultura, un conjunto de valores, significados y practicas sociales, que están atravesadas por lógicas machistas y patriarcales. La crítica al juez en este caso se realiza por contraste con otros casos en los que la “justicia” les asigna fácil y rápidamente a las mujeres el rol de victimarias -el caso de “Belén” por el aborto, el de “Higui” por la legítima defensa contra sus abusadores- y se les aplica el rigor penal en toda su extensión, mientras que con los varones que cometen delitos violentos contra las mujeres esto no ocurriría.

Si bien esto es cierto, desde el movimiento feminista es posible y necesario forzar un cuestionamiento amplio de todas las instancias del Estado en relación con el problema de los abusos sexuales y femicidios que ocurren en la Argentina. Ese cuestionamiento debe incluir al propio sistema penal, del que forman parte los jueces, pero sobre todo las formas con las que se busca “solucionar” ese problema, para evitar repetir medidas que ya han fracasado para tratar otro tipo de delitos. El uso de la cárcel como respuesta automática no puede ser sostenido sin revisar cómo opera y qué implicancias tiene.

A la cárcel se le asignan múltiples funciones y se le pide el cumplimiento de disímiles objetivos: rehabilitar a la persona condenada, evitar la reincidencia futura en el delito (cualquiera que este haya sido), aislar temporariamente a la persona del medio social para evitar que delinca, o simplemente, hacer sufrir. En más de 200 años, la cárcel no ha dado señales de cumplir con ninguno de éstos, a excepción del ultimo y quizás el de “paliativo” transitorio para sacar de circulación a quien delinque. En cuanto a la reincidencia en general –y en el caso de los ‘violadores’ o agresores sexuales violentos en particular-, hay evidencia científica sobre el efecto casi nulo del encarcelamiento, a la vez que no hay ninguna que concluya que existe algún rasgo predictor de la reincidencia ni que la tasa de reincidencia en este delito (basada en la re-captura) sea mayor que en otros.

Lo sabemos quienes hemos trabajado “del otro lado del mostrador” que los informes producidos por los servicios de “criminología” de los establecimientos penitenciarios raras veces propician el otorgamiento de libertades previstas en la ley cuando el condenado ha llegado a determin00ado tiempo de la pena y con determinada calificación interna de parte del servicio penitenciario. Los agresores sexuales no son sometidos a un tratamiento especifico, -en el supuesto que consideráramos que poseen algún rasgo patológico que debería ser ‘tratado’-, sino solo se los aísla un poco más del resto de la población penal, muchas veces para su propia protección. Entonces, ¿qué podemos esperar que ocurra cuando su condena se da por cumplida?

Un debate informado sobre qué hacer para protegernos como mujeres debe tener en cuenta estos aspectos, para poder hacernos buenas preguntas y encontrar mejores respuestas: ¿consideramos que deben cambiarse las leyes que regulan el modo en que se cumplen las penas de prisión para este tipo de casos? ¿Debe haber un seguimiento una vez que la persona sale de la cárcel? ¿Creemos que hay que implementar otras medidas –como un registro de agresores para su identificación en la comunidad- o repensar las existentes? O en vez de políticas focalizadas contra los agresores sexuales, ¿proponemos que hay que enfatizar el rol del Estado en programas de distinto tipo –educativos, de facilitación de denuncias y protección de mujeres denunciantes de casos de violencia, de empoderamiento-, etc.?

Tomemos las riendas de esta discusión, con una mirada superadora de las recetas tradicionales usadas para otros delitos, evitando contribuir a reproducir viejos patrones y generemos nuestras propias armas contra el abuso sexual y el femicidio. El feminismo está llamado a cuestionar todas las estructuras de opresión y control social. ¡Micaela presente!

*Docente de Criminologia e investigadora (UBA), miembra de Limando Rejas (USINA)

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Se multiplican en el continente las acciones de solidaridad con el pueblo y de denuncia contra el gobierno de Jimmy Morales en Guatemala tras el asesinato de las 43 niñas en el “Centro de Protección de menores Hogar Virgen de la Asunción”. La violencia sistemática como desencadenante del incendio. 

El asesinato de las niñas guatemaltecas, encerradas en un hogar estatal que se hacía llamar de “protección de menores”, por parte de la política pública del Estado sigue conmoviendo. Eran 43 adolescentes y jóvenes que, luego de denunciar los abusos sexuales, físicos y psicológicos de maestros y cuidadores, decidieron protestar para acabar con tanta violencia. En ese contexto, la organización de la rabia no se hizo esperar, y en distintos países las embajadas guatemaltecas se llenaron de acciones en repudio a este hecho.

“Hay quienes dicen que el fuego fue provocado por ellas mismas, buscando visibilizar la violencia que sufrían cotidianamente, nosotras decimos que no fueron ellas las que lo provocaron, fue la violencia insoportable que vivían la que lo provocó, la que las empujó a incendiar esa realidad que tanto les dolía”, explicaba el documento realizado en Argentina con la adhesión de más de 50 organizaciones tanto del país como del continente.

A lo largo de estas semanas, la consigna se expandió “No fue el fuego, fue el Estado”. Y así se denuncia al Hogar Virgen de la Asunción como centro de tortura que se volvió hoguera y como una situación de violencia naturalizada se puso en evidencia. Según datos de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala, en noviembre de 2016 residían en la institución 748 niños, niñas y adolescentes, cuando la capacidad de la misma es para 400 personas, allí donde el maltrato era la forma de control del recinto.

Por eso, tanto en Guatemala como en todos los países denunciantes se decidió señalar al estado de Guatemala responsable ya que se encontraba en conocimiento de dichas condiciones. En esa línea también se señaló que esta forma de resolución de los conflictos en estos espacios, que deberían ser de protección para los niños y niñas, en realidad resultan de privación de la libertad. “Una situación que puede replicarse en muchos países”, explicaba el documento consensuado en Argentina: “240.000 niños, niñas y adolescentes, viven en instituciones devastadas en América Latina”.

“Fueron ejecutadas por el fuego de este Estado asesino que tiene, como ayer, la negligencia de negar su responsabilidad sobre este tipo de crímenes”, explicaron las mujeres organizadas de Guatemala en los Tribunales el 9 de marzo tras conocer la noticia. Y advirtieron, “vamos a seguir llegando, a exigir justicia, para que nos digan quienes son los asesinos, quienes cerraron las puertas y quienes no pidieron asistencia a las víctimas”.

“Feminicidio estatal, niñas calcinadas por la misoginia y la negligencia estatal y patriarcal que define los cuerpos de las niñas como propios”, “fue una rebelión por demanda de amor, salud y educación. Son niñas de varios departamentos, inclusive allí se resguardan niños y niñas de paises aledaños, todas provenientes de historias de pobreza brutal, muchas huyendo también de las maras”, afirmó Lorena Cabnal de la Red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario en Guatemala.

“Nos hemos unido para hacer una convocatoria feminista y territorial porque a todas y todos nos faltan 43 niñas, para unirnos y manifestarnos de las maneras que se pueda”, agregó, “este Estado patriarcal y colonial es el responsable. Con estas acciones estamos haciendo posible que se coloque como urgencia el freno a la violencia contra las mujeres porque estamos en una situación de grave riesgo, por eso es importante continuar acuerpando y trenzando, derivando las barreras impuestas de este modelo que somete y apropia nuestros cuerpos”, dijo Cabnal. “Es posible hermanarnos y revitalizarnos entre nosotras”.

Guatemala estado femicida

Al igual que en la jornada del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y a la par de las acciones que se sucedieron en Canadá, el País Vasco, Venezuela, Honduras, México, Chile, Perú y Colombia, en Argentina también se reclamó por el feminicidio de las niñas centroamericanas tras el incendio y el encierro en el hogar en el que estaban alojadas.

En el mediodía de ayer, organizaciones sociales y de articulación continental -como el Frente Feminista y del ALBA en Argentina- entregaron en la sede de la Cancillería una carta de repudio dirigida a la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra. En la misma se detallan las vulneraciones de derechos hacia las niñas, se denuncia “al gobierno de Jimmy Morales y al Estado guatemalteco como femicida” y se expresa “necesario que la masacre ocurrida el 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Guatemala no quede impune”.

El 24 de marzo, día nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia y a 41 años del Golpe cívico- militar y eclesiástico en Argentina, integrantes de organizaciones sociales y de educación popular marcharon por las calles con una bandera que decía “Guatemala estado femicida”, dentro del bloque que reclamó por los derechos de las personas migrantes. Temática que llevó a organizar un Paro para el próximo jueves, 30 de marzo.

Frente a la Embajada de Guatemala en Buenos Aires también hubo acciones. Asímismo el pasado 18 de marzo se realizó una intervención de arte calejero en la calle Guatemala, donde a cada cartel se agregó la frase y denuncia “Estado femicida”, dialogando además con vecinas y vecinos del barrio metropolitano para visibilizar la historia de las niñas que murieron denunciando las violencias que las hacían víctimas.

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