Ayer el Movimiento en Defensa de la Pacha (MDP), una organización de pueblos originarios y vecinos formada para proteger los sitios sagrados indígenas y los humedales continentales del río Luján en Tigre y Escobar, celebró en Punta Querandí su 8º aniversario.

El Movimiento en Defensa de la Pacha se organizó en el 2009 para proteger Punta Querandí y otros lugares amenazados, pero la lucha había empezado muchos años antes.

Algunos vecinos del paraje ya llevaban dos años de reclamos para que la empresa EIDICO no destruya “el camino de la vía muerta” que era su único acceso vehicular.

El MDP surge luego de algunos años de haber circulado boca en boca por distintos espacios de pueblos originarios del Gran Buenos Aires la información sobre la existencia de cementerios indígenas destruidos o amenazados por emprendimientos inmobiliarios. Otro hecho que impulsó a dar este paso fue la entrega del sitio Punta Canal (Punta Querandí) al empresario Jorge O’Reilly por parte de los arqueólogos autorizados por el Estado Provincial para resguardar el patrimonio cultural ancestral en Tigre y Escobar.

A partir del 2009, la lucha se intensifica, con asambleas semanales y quincenales en Punta Querandí. En el 2010 se inicia el campamento permanente para resistir contra las máquinas de EIDICO que habían iniciado la destrucción del predio. Desde el 2011, el ‘acampe’ se consolida con el salón comunitario Cacique Manuá y otras construcciones en el territorio, multiplicándose las actividades culturales, educativas y espirituales.

Resistencia comunitaria

Punta Querandí es un espacio arqueológico, sagrado y educativo que es custodiado por familias de distintos pueblos originarios que allí desarrollan su espiritualidad y realizan talleres de enseñanza abiertos a toda la sociedad. Está localizado en el Paraje Punta Canal, entre Maschwitz (Escobar) y Dique Luján (Tigre), rodeado de barrios privados del Complejo Villa Nueva de la empresa EIDICO, cuyo presidente Jorge O’Reilly fue asesor de Sergio Massa. El intendente de Tigre, Julio Zamora, vive en este complejo de casi 1.000 hectáreas que año tras año avanza sobre más terrenos.

Desde hace casi una década, esta resistencia comunitaria es llevada adelante por el Movimiento en Defensa de la Pacha, una organización formada por familias guaraní, quechua, la comunidad qom Cacique Ramón Chara, ambientalistas, comunicadores y vecinos. Las actividades culturales, ceremoniales y educativas realizadas semanalmente transformaron a Punta Querandí en un espacio de fortalecimiento de la identidad ancestral y de transmisión de conocimientos: armado de techo de capi ñaro (paja brava), cestería con totora, construcción con barro, alfarería con arcilla, música sikuri, lenguas indígenas y visitas de escuelas, son algunas de las propuestas habituales.

El espacio, de menos de una hectárea, sigue en peligro a pesar de haber logrado el reconocimiento de distintos organismos oficiales, como el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas en 2011, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en 2015 y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en 2016. El empresario Jorge O’Reilly no cede sus pretensiones sobre el lugar. Y los funcionarios no avanzan sobre sus intereses.

En el caso del Municipio de Tigre, la decisión política de perjudicar a Punta Querandí se hace evidente en la falta de arreglo del puente que se cayó en agosto de 2015 debido a su deficiente instalación y a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades. Los funcionarios abandonaron a las familias del paraje, quienes no tienen otro acceso público para acceder a sus viviendas. Además, los concejales oficialistas se niegan a repudiar los hechos de violencia contra el sitio sagrado de los pueblos originarios, como las dos destrucciones de un Opy (templo guaraní) que tuvieron lugar en septiembre y en diciembre del año pasado, allanando el camino para nuevas agresiones.

Por su parte, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien se comprometió en febrero de 2016 a recuperar el camino de acceso a Punta Querandí, ha incumplido su palabra: luego de casi de un año, no se ha avanzado ni un paso en ese sentido. El barrio privado San Benito continúa usurpando la calle pública perimetral pese a ser una obligación legal. En el 2014, el presidente de EIDICO, Jorge O’Reilly, había advertido que iba a hacer todo lo que esté a su alcance para no abrir la calle. Un empresario puede más que un Municipio.

Autoridades cómplices

Lugar ribereño de gran concurrencia popular, ex parada del ferrocarril hasta 1967 y sitio arqueológico milenario: estos tres motivos parecen más que suficientes para que el Estado resguarde Punta Querandí. Sin embargo, en el 2007 este lugar fue entregado por las autoridades estatales para los negociados de barrios privados, una decisión política en la que confluyeron el organismo nacional titular de las tierras (ONABE-ADIF), el área arqueológica de la provincia y las intendencias de Tigre y Escobar.

Mientras los funcionarios siguen demorando la resolución, el sitio sagrado de los pueblos originarios se fortalece con cada encuentro en el camino hasta alcanzar su protección definitiva, la consolidación de la costa para evitar su desmoronamiento, la recuperación de las miles de piezas excavadas por una campaña pagada por el empresario inmobiliario y el re entierro del esqueleto extraído del sitio Arroyo Garín, yacimiento destruido por el country Santa Catalina a pocos metros de Punta Querandí.

En la zona norte del Gran Buenos Aires, los barrios privados destruyeron miles de hectáreas de humedales, desaparecieron sitios arqueológicos con enterratorios humanos de los pueblos originarios y generaron más inundaciones a los vecinos preexistentes. Esta avanzada que violó los derechos humanos fue avalada y promovida por los Municipios de Tigre y Escobar.

En la Cuenca del Río Luján durante la última década crecieron distintas luchas contra la invasión de los mega emprendimientos de barrios privados, se ha instalado el tema y se han logrado fallos judiciales -de dudoso cumplimiento- que ordenan frenar todas las obras preventivamente hasta tener los resultados de un estudio de impacto ambiental acumulativo. Para garantizar la clausura definitiva de este modelo nefasto de “progreso” para pocos, organizaciones de Luján, Pilar, Campana, Escobar y Tigre impulsan la campaña “Más humedales, Menos inundados” con una gran cantidad de adhesiones.

Tigre: intento fallido de facilitar autorizaciones para barrios privados

El martes 27 de diciembre fue la última sesión del Concejo Deliberante de Tigre. El oficialismo pretendía aprobar un Proyecto de ordenanza enviado desde el Departamento ejecutivo para modificar el artículo 50 del Código de Zonificación que obliga al Intendente a enviar al cuerpo deliberativo los estudios para autorizar las “urbanizaciones especiales”. De haberse aprobado, el jefe comunal podría autorizar directamente la instalación de countries y torres de departamentos.

Muchísimas organizaciones se pusieron en alerta por la iniciativa y se convocaron en el Concejo Deliberante para presenciar la sesión. El proyecto con la firma del Intendente Julio Zamora, fue interpretado como una evidente maniobra para beneficiar estos negociados inmobiliarios sin que tomen trascendencia pública.

Los reclamos para frenar los barrios privados, proteger los últimos humedales continentales y promover otro tipo de desarrollo urbano, tienen muchos años en Tigre. Los concejales del Frente Renovador han “cajoneado” todos los proyectos de ordenanza que proponen la prohibición de estos emprendimientos. La Intendencia continúa entregando el territorio a las desarrolladoras inmobiliarias. En los alrededores de Punta Querandí y en otros puntos de la localidad de Dique Luján, hay una gran cantidad de proyectos que ponen en riesgo el patrimonio natural y cultural. En la zona isleña, las denuncias por construcciones ilegales son cada vez más frecuentes.

En las horas previas habían comenzado a escucharse distintos cuestionamientos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado en el que destacó: “el proyecto contradice de forma flagrante lo establecido por los artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, que detallan las competencias de los concejos deliberantes municipales.

Su aprobación además supone profundizar la falta de transparencia y arbitrariedad que han caracterizado los procedimientos de aprobación de los proyectos urbanos en la provincia de Buenos Aires. Este manejo opaco explica la segregación, el déficit de infraestructura y los crecientes riesgos ambientales que sufren hoy los habitantes de la Provincia”, agregó el reconocido organismo de Derechos Humanos.

“Con este cambio en el código lo único que ganan es oscuridad”, analizaba a minutos de la sesión el concejal Federico Ugo. “El massismo tiene mayoría para aprobar automáticamente sus iniciativas en el Concejo Deliberante, pero dicha instancia deja estos negociados más expuestos, como sucedió con ‘Remeros Beach’ en el 2015, tiempo después paralizado por un fallo del Juzgado Federal de San Isidro que además prohibió a los municipios autorizar nuevos proyectos”.

Finalmente, para descomprimir la situación, el Frente Renovador decidió retirar la iniciativa del “orden del día”.

Manifestación frente a Nordelta por la desaparición de lugares sagrados en Tigre

El Movimiento en Defensa de la Pacha realizó una concentración frente a Nordelta, en Ruta 27 y Arroyo Sarandí, para difundir a la comunidad tigrense la destrucción de enterratorios ancestrales y los ataques contra lugares ceremoniales de los pueblos originarios por la construcción de barrios privados. También denunciaron que el Municipio incentiva estos negociados, permite la violencia empresarial y deja sin accesos a los vecinos que “molestan” a la mafia inmobiliaria. La convocatoria fue el domingo 11 de diciembre.

El daño generado por el mercado inmobiliario no se agota en la desaparición del patrimonio arqueológico indígena: la destrucción de miles de hectáreas de humedales agravó las inundaciones a los vecinos preexistentes, desplazó a pobladores históricos y privatizó calles, costas y cursos de agua, entre otras problemáticas.

En toda la Cuenca del Río Luján, los vecinos con el apoyo de sectores académicos reclaman la prohibición de este “modelo urbanizador” con altos costos sociales y ambientales. Sin embargo, las autoridades de Tigre mantienen su política: toda la franja continental del distrito está liberada para que sigan avanzando los countries náuticos.

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Hoy realizará una audiencia pública en el municipio de Tigre para evaluar el mega emprendimiento “Remeros Beach”. Conversamos con Fernando Rodríguez, de la Asociación por la Justicia Ambiental para conocer más sobre la resistencia a esos proyectos.

-¿De qué se trata este emprendimiento inmobiliario?

Es un proyecto inmobiliario que está proponiendo la empresa Vizora para construirse en la localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre. Ocuparía unas 18 hectáreas, serían edificios de hasta 22 pisos de altura con una laguna artificial, que se denomina “Cristal Lagoon” en la parte central y los edificios de alrededor.

El Municipio está convocando a una audiencia para que todas las organizaciones y personas que deseen expresarse lo hagan. Por esto desde la Asociación por la Justicia Ambiental lo estamos difundiendo, porque nos parece muy importante que participe la mayor cantidad de personas posibles, que planteen si para ellos es o no beneficioso.

Creemos que es un emprendimiento que va a dañar seriamente al medioambiente, va a continuar con la incidencia que han tenido durante los últimos años estos desarrollos en las inundaciones de todo lo que es la cuenca del río Luján, sobre todo porque se plantea construir sobre una zona de humedales.

Justamente una de las funciones fundamentales que tienen los humedales es la de retener el excedente de agua cuando se producen grandes lluvias. La idea es poder participar, manifestarnos cada uno de su lado para que luego la Provincia de Buenos Aires decida si aprobar o no el proyecto inmobiliario. Y es fundamental la participación comunitaria, más allá de que sea una audiencia de carácter consultiva y no vinculante. Es importante que la gente participe, que se haga oír y que vea cuáles son las diferentes posturas respecto a estos emprendimientos.

-Sin embargo, no es el único emprendimiento de estas características que se está desarrollando en la zona, y que genera graves consecuencias para los habitantes de la zona…

 En ese sentido, hay organizaciones y asambleas vecinales que vienen trabajando hace años, denunciando este accionar, porque en la zona de Tigre, San Fernando, Escobar, Luján, Pilar, se vienen desarrollando este tipo de emprendimientos desmesurados sin ninguna consideración de los impactos que producen, hace un tiempo largo. Justamente las asambleas, organizaciones y grupos de vecinos son los que han venido trabajando y en su momento han podido frenar algunos de estos emprendimientos como el llamado “Colony Park”, actualmente hay otro emprendimiento de grandes dimensiones en la localidad de Escobar denominado “Puertos del Lago”, que es como un hermano de Nordelta, es la misma empresa la que lo está desarrollando, que pertenece a  Humberto Constantini.

Las organizaciones están haciendo un trabajo importante desde hace mucho tiempo, concientizando a los vecinos, porque estos proyectos se venden desde el desarrollo y el empleo pero no se tiene en cuenta el grave impacto ambiental y las consecuencias.

Lo podemos ver en las últimas inundaciones, donde no solo se han producido pérdidas materiales, sino que también se han perdido vidas humanas.

En este sentido hay una causa que se está tramitando en el juzgado federal de San Isidro a raíz de estas muertes, a cargo de la Jueza Arroyo Salgado. Hace poco tiempo los querellantes, que son grupos de vecinos junto con el fiscal, habían pedido una medida cautelar para detener las obras de desarrollo inmobiliario hasta tanto se pueda evaluar bien el impacto que están produciendo. Hasta el momento, lamentablemente, la Jueza no ha hecho lugar a esta medida solicitada.

-¿Qué significa que se realice un emprendimiento sobre una franja de humedales?

Nuestro país tiene una gran extensión y dentro de ella hay muchos humedales, que cumplen funciones primordiales para lo que es el medioambiente, entre ellas el almacenamiento de agua dulce, la regulación de los caudales de los ríos, la retención de sedimentos, la flora, la fauna, la biodiversidad que se produce dentro de ellos, almacenan el exceso hídrico que se produce cuando hay grandes lluvias. Justamente por eso, hoy en día en el Congreso Nacional existe un Proyecto de ley que se está tratando, actualmente está en el Senado, el cual consiste en un presupuesto mínimo de protección a los humedales a nivel nacional.

Pero viene demorado porque las mineras, el agro y los grandes terratenientes quieren limitar lo más posible este Proyecto de ley porque no podrían desarrollar sus actividades en estos lugares. Por eso desde la Asociación por la Justicia Ambiental y otras organizaciones venimos tratando que salga.

Actualmente se está tratando en las Comisiones de Ambiente y Agricultura del Senado y veremos si esta vez puede avanzar. Justamente uno de los artículos plantea realizar un inventario a nivel nacional de los humedales existentes, esto lleva su tiempo porque hay lugares que pueden ser identificados más fácilmente y otros que, por sus características, no. La idea es sancionar una ley que sea una base, luego cada provincia y cada municipio puede ir más allá en la protección de sus humedales, pero al menos tener una ley marco a nivel nacional que establezca una protección mínima de los humedales.

–¿Y cuál es la posición que adoptan las autoridades del Municipio de Tigre y los aledaños, como el de Escobar, donde se impulsan este tipo de emprendimientos?

El caso de Tigre es paradigmático, porque más de un 50% de su extensión está ocupada por varios countries y barrios cerrados. Ahí se ve claramente que por parte del Poder Ejecutivo actual y del anterior hay un favorecimiento a estos emprendimientos.

En el caso de Escobar hay emprendimientos que se encuentran paralizados por no haber cumplido con todos los pasos administrativos, pero la idea es que no solo sea por esto que se detengan, sino por evaluar el daño que se produce en el medioambiente. También, haciendo mención a lo que es la cuenca de río Luján, el año pasado se sancionó una ley que crea el Comité de Cuenca del Río Luján (COMILU) que es un comité que va a llevar adelante, planificar, controlar, todas las obras necesarias en la cuenca del río Luján para mitigar las inundaciones.

Este comité no está funcionando, aunque se están designando algunas autoridades no conforme a la ley y que no están previstas en ella. La ley plantea la necesidad de formar un Consejo consultivo integrado por vecinos, asociaciones y profesionales para brindar la participación comunitaria y este Consejo no fue convocado aún. Por eso estamos denunciando que la Provincia de Buenos Aires está llevando adelante obras cuando no tiene conformado este Comité, no se están realizando los estudios correspondientes y, sin embargo, se sigue adelante.

La Audiencia será hoy, martes 21 de junio, a partir de las 15.00 en el Museo de la Reconquista, ubicado en Av. Liniers 818, partido de Tigre.

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El sector privado, asociado con los municipios, suma en forma desproporcionada grandes extensiones de tierras obtenidas en Tigre y Escobar a pesar de las ya visibles consecuencias: inundaciones incontrolables, usurpación de lugares ancestrales y la exclusión de los sectores sociales más vulnerables.

El conflicto no es nuevo, ni tampoco ocasional. Los negociados con los terrenos de Zona Norte, muchos de ellos pertenecientes al Estado, tienen larga data  y cuentan con un historial para nada alentador. La cuna del massismo, con las extensiones de Punta Querandí en disputa, está en el centro de la escena dentro de este entramado político y empresario. En efecto, este sitio de tan solo una hectárea es considerado sagrado para los pueblos originarios.

“Conserva restos arqueológicos indígenas con mil años de antigüedad que están siendo destruidos por la construcción de mega emprendimientos”, alertan los miembros del Movimiento en Defensa de la Pacha, quienes luchan contra los barrios privados desde hace casi seis años. Así las cosas, denunciaron en un comunicado que el country San Benito, de la empresa EIDICO, “arrojó este martes unas siete descargas de tierra en una zanja que se encuentra fuera del perímetro del barrio privado”. El contenedor natural de líquido servía para retener el agua durante las lluvias, por eso este accionar genera riesgos de futuras inundaciones.

Nos tapó el agua

“Casi el 46 por ciento del territorio tigrense está en manos de barrios privados, donde vive menos del cinco por ciento de la población municipal”, destacan desde la organización. La discordia se disparó el pasado martes 26 de mayo, en el Honorable Consejo Deliberante, cuando el Frente Renovador aprobó el polémico proyecto “Remeros Beach”, con 20 votos a favor y tres en contra. En la previa, se planean utilizar la desorbitante suma de 195.994 metros cuadrados, lo que requiere una inevitable deforestación de la zona. Por lo pronto, el intendente Julio Zamora (heredó el trono cuando Sergio Massa asumió como diputado por la provincia, en diciembre del 2013) atiende al capital privado, pero no a los vecinos.

Desde la vereda opuesta, el concejal del Frente Para la Victoria Federico Ugo, criticó la “visión de urbanismo neoliberal” en declaraciones hechas para el diario Argentino Zona Norte. Sin embargo, ¿qué pasa con el kirchnerismo en Escobar? Su mandamás, Sandro Guzmán, otro massista arrepentido que se volvió a las filas del FPV, no parece limitar los imponentes avances inmobiliarios que crecen en su partido.

Por ese motivo, muchas agrupaciones sociales, como la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, advierten y organizan charlas para informar la situación actual de los humedales, terrenos naturales conocidos por su biodiversidad y su rol natural: filtrar agua desde la tierra. El impacto que genera el levantamiento de un country o club exclusivo, con sus respectivas edificaciones, altera la superficie terrestre e interviene directamente en el drenaje. ¿A dónde se dirigirá el agua de las lluvias?

Los Vecinos del Humedal denuncian que para montar estos mega emprendimientos “las empresas rellenan la cuenca del Río Luján”. Además, agregan: “En septiembre de 2013 entró en vigencia el nuevo Código de Ordenamiento Urbanístico Ambiental, pero los ciudadanos estamos esperando la sanción de una ordenanza que regule definitivamente el uso del suelo de la planicie de inundación, que prohíba su urbanización”.

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Desde hace varias semanas, venimos advirtiendo sobre los peligros del Puerto Regasificador ubicado en el partido de Escobar. A continuación repasaremos algunos siniestros ocurridos en todo el mundo con centenares de víctimas causadas por la compra/venta, el uso y traslado irresponsable del gas, que las autoridades locales deberían tener en cuenta a la hora de manipular el recurso.

El país recibe grandes cargas de GNL importado en áreas muy próximas a zonas urbanas, sin tener en cuenta las advertencias hechas por el Instituto para la Seguridad Global situado en Washington. Los buques repletos de energía inflamable ingresan a la provincia de Buenos Aires por el Río de la Plata para luego dirigirse a Bahía Blanca y Escobar, este último es el punto más crítico, arriesgando millones de vidas en caso de producirse un accidente.

Brasil encendió las alertas a principios de este año. El 11 de febrero la compañía Petrobras protagonizó un incidente en una plataforma marítima de producción y almacenamiento de gas y petróleo que les costó la vida a cinco personas. Además, aquella jornada tuvo cuatro desaparecidos y diez heridos, de los cuales no se difundió más información. El trágico hecho, ocasionado por una filtración gasífera, ocurrió en el estado de Espirito Santo y le causó severos dolores de cabeza a la presidenta Dilma Rousseff.

Las escandalosas denuncias de corrupción, impulsadas en el 2013 de forma mediática y luego aceptadas por la Justicia brasilera en diciembre del 2014, ya habían puesto a la empresa estatal y al Partido de los Trabajadores en el ojo de la tormenta. El navío que extraía los recursos fósiles, llamado “FPSO Cidade de Sao Mateus”, producía 2,2 millones de metros cúbicos de gas natural. La República Argentina importa la misma materia prima en estado líquido, 600 veces más concentrada que en la experiencia brasilera, teniendo un alcance destructivo mucho mayor. Además, a diferencia de lo ocurrido con el gigante de Sudamérica, los puertos que reciben barcos cargados con GNL están ubicados muy cerca de zonas urbanas: Bahía Blanca y Escobar. Así, sobre todo en este último caso, se arriesga la vida de millones de personas en la provincia de Buenos Aires. Si explotara alguno de los buques metaneros que navegan por el Río de la Plata y el Paraná de las Palmas, “su onda expansiva podría abarcar 48 kilómetros cuadrados”, alertan varios vecinos auto convocados y organizados en agrupaciones sociales de Escobar.

Un problema que no es nuevo

Sin embargo, aquello sólo fue la punta del iceberg. Hace más de tres décadas, México padeció el desastre conocido como “Explosiones de San Juan Ixhuatepec”, ocurrido el 19 de noviembre de 1984 en aquel pueblo de Tlalnepantla, Estado de México. Aquel día hubo cerca de 500 muertos (el número varía según la fuente, la CNN lo agranda a 650), 4.248 heridos, doscientas personas fueron desalojadas y 31 mil fueron trasladadas a distintos albergues durante una semana. Sin embargo, algunos organismos estiman que también hubo 1.500 desaparecidos, aunque la cifra nunca fue confirmada por las autoridades. Al igual que en el caso brasilero, las detonaciones producidas en la planta de gas licuado perteneciente a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PeMex) y otras privadas, se debieron a una fuga energética.

El periodista mexicano, Arturo Páramo, escribió una nota sobre el tema publicada el 15 de noviembre del 2014 en el medio Excélsior. El texto afirma que en total fueron “once explosiones”, cuyas nubes de fuego “llegaron a los 600 metros de altura”. Por otro lado, la onda expansiva tuvo un alcance dañino de al menos 1,5 kilómetros a la redonda, sostiene su artículo. Según la cronología relatada por El Universal para conmemorar el 30° aniversario de la tragedia, “30 casas quedaron totalmente destruidas, 105 registraron daños estructurales, 470 se afectaron en menor medida y todas las ventanas y puertas del poblado quedaron destrozadas”.

Hoy en día las plantas siguen funcionando en el mismo lugar, a pesar del imborrable antecedente, con al menos seis gaseras en su haber. Un dato curioso: la Secretaría de Energía mexicana establece que debe haber una distancia mínima de 100 metros entre las zonas pobladas y los contenedores de gas. Por supuesto, las empresas cumplen con esta norma que parece haberse promulgado a medida de sus intereses. Sin embargo, ¿estos cien metros contemplados son suficientes para proteger a los ciudadanos? La historia de San Juan Ixhuatepec demuestra que no, y buena parte del poblado, cuya demografía aumentó hasta llegar a los 200 mil habitantes, está dentro del radio que trae malos recuerdos. “En este caso es mucho más fácil mover a la industria que a la población”, sostuvo con obviedad el coordinador académico del Diplomado en Protección Civil y Prevención de Desastres de la Universidad Iberoamericana, Marco Garza, en un reportaje para un medio azteca.

España, el miembro de la Unión Europea que más desarrolló la actividad con GNL, también tuvo su día negro por transportar energía de forma imprudente. La desgracia fechada el 11 de julio de 1978 provocó al menos 215 muertes (más de 150 individuos fallecieron instantáneamente), centenares de heridos y la destrucción del campamento playero “Los Alfaques”, ubicado en el municipio de Alcanar, cerca de San Carlos de Rápita. En aquella oportunidad, la tragedia tuvo como protagonista al gas propileno. Este recurso, o mejor dicho, potencial explosivo, se trasladaba en un camión cisterna que cargaba 23.470 kilos de aquella sustancia, 4 mil más de los permitidos en ese entonces. La detonación de esta arma de destrucción masiva se debió a las altas temperaturas de aquel día y, lógicamente, a la sobrecarga del transporte. Además, los autos y las garrafas que se encontraban junto a las carpas del camping aumentaron las explosiones en el lugar, causando un efecto dominó. Ese camión, que pasó a la historia, tenía la capacidad de almacenar 25 toneladas de gas en su interior. “El Buque Regasificador de Escobar puede guardar hasta 60 mil toneladas, 2.400 veces más”, alertan los ambientalistas de Zona Norte. En ese sentido, el político y periodista español, Juan Vega, describió en el 2006 a los buques: “Son auténticas bombas flotantes”, lanzó en el programa El Comentario.

Por su parte, Estados Unidos también sufrió dos accidentes por el uso de GNL. En 1973, Staten Island, la isla de Nueva York, fue sacudida por una explosión que tuvo como principal responsable a la compañía que operaba en la zona: Spectra Energy. Los tanques gasíferos de la empresa integraban la red de gasoductos llamada Texas Eastern Transmission. El drama se desencadenó cuando los contenedores hicieron volar por los aires al techo del establecimiento junto con 40 trabajadores. Otros sacrificados del sistema a la orden del capital.

Años atrás, en 1944, el estado de Ohio vivió una de las mayores catástrofes de su historia que tuvo como resultado 130 muertos y 225 heridos. Los depósitos que estallaron pertenecían a East Ohio Gas Company y dejaron una porción del poblado de Cleveland hecha añicos. Cada uno ellos, como ocurre hoy en la Argentina 71 años después, contenía importantes dosis de gas natural licuado y refrigerado. Lo llamativo del caso, además de las pérdidas humanas, es que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, un año antes de su culminación. “Pensamos que estábamos siendo golpeados por una bomba, el profesor nos dijo que nos pusiéramos debajo de nuestros escritorios”, recordó la sobreviviente Caroline Conway, quien estaba sentada en su aula cuando se desató el fuego.

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El fastidio de la clase media por la falta de luz, el hecho de no aprovechar los recursos renovables, la falta de inversión y la escasa regulación durante décadas, obligan al Gobierno a buscarle soluciones a la crisis energética en el corto plazo. Con este contexto, la Argentina importa gas poniendo en riesgo a su población. A continuación analizaremos las razones.

1. Riesgo humanitario

Como ya lo expresó Marcha en ediciones anteriores, el funcionamiento de la planta flotante que recibe gas natural licuado (GNL) pone en riesgo la vida de millones de personas. El puerto se encuentra ubicado en el kilómetro 74 del Río Paraná de las Palmas y recepciona buques metaneros con importantes cargas de materia prima peligrosamente concentradas, aumentando los riesgos potenciales. Por ese motivo, la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar inició en el 2011 una querella que está plasmada en el expediente Nº 1619, tramitado en la Secretaría Penal Nº 2 de Campana a cargo del Juez subrogante Adrián González Charvay.

Así, el Juzgado Federal recibió informes realizados en los Estados Unidos que describen los peligros existentes en el uso de esta sustancia altamente inflamable. En los estudios se relatan experiencias de explosiones realizadas intencionalmente con GNL para analizar el alcance que podría tener la onda expansiva en caso de ocurrir un siniestro. Sus resultados fueron contundentes: según cuál sea el documento tenido en cuenta, el fuego abarcaría entre 21 y 48 kilómetros cuadrados. Una de las publicaciones, titulada “Public Safety Issues at the Proposed Fall River LNG Terminal” y suministrada por el doctor James Fay, se puede ver online.

Las presentaciones se hicieron para saber si eran viables montar algunos proyectos para trabajar con GNL en zonas determinadas, pero la justicia norteamericana desestimó las solicitudes ya que de haberse desarrollado estos emprendimientos se hubiera puesto en riesgo a la población local.

Si se toman en cuenta estos parámetros externos, ya que en la Argentina no se hicieron los estudios correspondientes, se podría decir que la parte más poblada de la provincia de Buenos Aires está expuesta a la suerte de que algún buque sufra un accidente fatal. En efecto, los barcos que transportan importantes cantidades de gas desde lugares como Trinidad y Tobago, Qatar, Nigeria y Egipto, ingresan al país por el Río de la Plata y desembocan en el Paraná de las Palmas para descargar su contenido dentro del buque regasificador de bandera belga, llamado “Exemplar”. Por eso, “Magdalena, La Plata, Berisso, Berazategui, Quilmes, Lanús, Avellaneda, la Ciudad de Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Campana y sobre todo Escobar, están seriamente comprometidas”, alertan los ambientalistas.

Para dimensionar mejor las características del conflicto, esta agrupación defensora del ecosistema compara la energía manipulada por el establecimiento con “50 bombas como la de Hiroshima”. En ese sentido, el Instituto para la Seguridad Global situado en Washington, determinó que montar un emprendimiento de gas natural licuado cerca de zonas urbanas sería un atractivo ideal para efectuar ataques terroristas, por el desastre que podrían causar. Por el momento, la Argentina no tiene conflictos bélicos, pero tampoco está exenta de sufrir un accidente fatal.

2. Falta de garantías

El Río Paraná de las Palmas no se encuentra en condiciones de recibir barcos que ocupan casi tres cuadras de largo, como es el caso de los buques metaneros que ingresan al país. Su caudal y volumen de agua son bajos, situación que podría complicar la navegación. También es una de las rutas acuáticas argentinas más transitadas debido al comercio internacional (se calcula que por año navegan 5 mil embarcaciones), aumentando las posibilidades de impacto. Por ejemplo, en el 2012 chocaron un remolcador paraguayo con un arenero nacional a la altura de Zárate, dejando un saldo de siete víctimas. Cerca del mismo partido, dos años más tarde, un barco que transportaba madera desde el norte del país hacia Buenos Aires se incendió y luego explotó, provocando la muerte de dos bomberos y 15 heridos. Parecen ser simples cifras que se suman a las estadísticas. Sin embargo, los comités de científicos internacionales sostienen que estos emprendimientos sólo deberían desarrollarse en altamar.

3. Peligro ambiental

Los buques regasificadores que funcionan en distintas partes del planeta pueden utilizar aproximadamente 500 millones de litros de agua diarios para reconvertir la materia prima de estado líquido a gaseoso. Así, aumentan la temperatura del GNL, que tiene 161 grados bajo cero, hasta llegar a los cinco grados centígrados y volver a su condición natural. Este método es conocido como “proceso abierto”, aunque también existen otros mecanismos. En este caso, el agua usada con importantes cantidades de cloro es devuelta a su origen diez grados más fría, alterando la vida de distintas especies. Cabe mencionar que para la inauguración del regasificador se barrieron de forma inicial unas 125 hectáreas repletas de flora y fauna. Además, los vecinos sostienen que “se alteró el normal escurrimiento del agua superficial y subterránea”. Esto perjudica de manera directa a los habitantes de la zona ya que ingieren a diario el H2O, hasta ahora potable, brindado por los ríos que circulan bajo tierra. Estos acuíferos, llamados “Pampeano” y “Puelche”, corren serios riesgos de incumplir sus funciones esenciales. Por otra parte, el gasoducto que traslada el recurso importado hacia la red troncal más cercana, ubicada en Los Cardales, impacta directo en los humedales durante un trayecto de 30 kilómetros. No hace falta esperar consecuencias a largo plazo, los cambios negativos ya están sucediendo.

4. Instalación ilegal

Las empresas ENARSA e YPF lanzaron el proyecto sin presentar estudios serios de impacto sobre el ecosistema y los ciudadanos. Por el contrario, se aprobó un informe ambiental respondiendo a los deseos estatales y empresariales, pero jamás se realizó una audiencia pública, que es obligatoria según lo establecido por la Ley General del Ambiente. El Puerto Regasificador de Escobar no cumple con las pautas de habilitación regidas en la Ley Nacional de Puertos y su funcionamiento tampoco respeta la ordenanza Nº 04/2000, estipulada por la Prefectura Naval Argentina. La misma establece que los barcos deben tener un máximo de 230 metros de largo para navegar por este río; el regasificador tiene 290. Además, para agrandar esta catarata de irregularidades, los defensores de la naturaleza afirman que “se viola la Ley Nacional de Hidrocarburos, el Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo y el artículo 41 de la Constitución Nacional”. El mismo reza que todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Por suerte, las autoridades todavía están a tiempo de cumplir con el libro promulgado en 1853. ¿No es así?

Nota Relacionada:

Los peligros del Puerto Regasificador de Escobar

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La denuncia ignorada de una asociación ambientalista y el peligro de una explosión que podría tener consecuencias nefastas. Se aproxima el invierno y aumentará la demanda energética, por eso analizamos los peligros para la ciudad y la provincia de Buenos Aires del Puerto Regasificador ubicado en Escobar.

El funcionamiento del Puerto Regasificador de Escobar, que recibe gas natural licuado (GNL) de distintos países, pone en riesgo a millones de personas en la provincia y la ciudad de Buenos Aires frente a una posible explosión de la planta flotante o de algún barco transportador que entre por el Río de la Plata y desembarque en el Paraná de las Palmas.

¿Qué es y cómo llega el GNL?

Cristina Fernández de Kirchner y Julio de Vido, Presidenta de la Nación y Ministro de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios, fueron los encargados de inaugurar la planta el 8 de junio de 2011 con la imperiosa necesidad de comprar importantes cargas energéticas para apaciguar, a corto plazo, el déficit. Sin embargo, YPF y ENARSA, a cargo del establecimiento, jamás presentaron los estudios correspondientes ni los avales necesarios para montar una obra de tal magnitud. Por el contrario, muchas agrupaciones vecinales denuncian que se están violando leyes locales e incluso normativas internacionales por no contemplar los peligros del gas natural licuado (GNL).

Esta sustancia se compone de distintos hidrocarburos y una alta proporción de metano, cuya mezcla es extraída de los yacimientos en estado gaseoso. Luego, se enfría a 161 grados bajo cero para transformarla en estado líquido y así reducir su espacio físico 600 veces. En otras palabras, se produce una alta y peligrosa concentración de energía. De esta manera, ahorrando sumas millonarias en el traslado, se realiza un solo viaje por cada carga en barcos gasíferos especializados que llegan al país desde lugares remotos como Trinidad y Tobago, Qatar, Nigeria y Egipto, entre los más destacables.

Los buques metaneros ingresan por el Río de la Plata y luego navegan por el Paraná de las Palmas, hasta llegar al Puerto Regasificador. Es decir que, en caso de ocurrir un siniestro, Magdalena, La Plata, Berisso, Berazategui, Quilmes, Lanús, Avellaneda, la Ciudad de Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Campana y sobre todo Escobar, correrían serios riesgos. Se trata de la zona más poblada del país, situación que se traduciría en una catástrofe sin precedentes en la Argentina.

Cuando las cargas llegan a su destino, son transportadas con mangueras hacia el puerto que se encarga de reconvertir al GNL en estado gaseoso, es decir, su condición natural. Luego, la energía se traslada por un gasoducto a cinco grados centígrados y el resto de su recorrido es desconocido. Se estima que un importante porcentaje es dirigido hacia la central nuclear Atucha, también ubicada en el Río Paraná de las Palmas, destinada a la generación de electricidad.

Los ambientalistas hacen fuerte hincapié, aludiendo a normativas estipuladas por comités de científicos internacionales, en que este tipo de emprendimientos sólo deberían ser viables en altamar. Como si fuera poco, la propia empresa que alquila su buque en Escobar, Excelerate Energy, promociona sus servicios para mar adentro. Esto queda evidenciado en las páginas 37 y 38 del estudio “Offshore LNG Receiving Terminals”, realizado por la Universidad de Texas. El motivo es muy sencillo: la onda expansiva en caso de ocurrir una explosión sería devastadora. Cabe destacar que las agencias de seguridad estadounidenses identifican a las plantas de gas como el segundo objetivo terrorista, por el desastre que podrían causar.

El Puerto Regasificador de Escobar se ubica en el kilómetro 74 del Río Paraná de las Palmas, 48 km al norte de la Capital Federal. Muy próximo, a casi 4 kilómetros, se encuentra la Escuela de la Isla N° 22, mientras que La Granja, otro colegio de la zona, figura nada más que a 3. Por su parte, el Club de Pescadores y algunas viviendas particulares están a tan solo 400 metros del centro receptor de energía. Los habitantes de la zona, vecinos e isleños, y hasta los chicos que van a estudiar, todos ellos circulan por sus cercanías. Sin embargo, las y los escobarenses no cuentan con un plan de emergencia serio.

Además, este río no presenta ningún tipo de garantías: tiene poco volumen de agua y también es una de las rutas acuáticas más transitadas, potenciando el riesgo de impacto entre los buques metaneros y cualquier cosa que se interponga en su camino. Con esas consideraciones, la Prefectura Naval Argentina estableció en el 2000 que allí sólo pueden navegar barcos de hasta 230 metros de largo. En este caso, los buques tienen 280 metros, es decir, casi tres cuadras.

Una demanda truncada

Viviana Rebasa, integrante de la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, inició hace casi cuatro años una querella en la Justicia por esta problemática y denuncia que el contenido comercializado es “extremadamente inflamable y se equipara con la energía nuclear”. Para comprender la magnitud del conflicto, presentó estudios de impacto en el expediente N° 1619 caratulado como “Rebasa Viviana y otros s/ su denuncia contra el puerto regasificador de Escobar GNL”, tramitado en la Sala I de la Secretaría Penal N° 3. Dichos análisis fueron realizados en Estados Unidos con el fin de marcar los riesgos en el uso del GNL, y al conocerse los resultados, la Justicia del norte rechazó los permisos para iniciar distintos proyectos por poner en peligro a la población local.

Uno de los informes se realizó en Oxford, California, durante 1990, y el alcance del fuego, ocasionado a modo de prueba, abarcó 48 kilómetros a la redonda. Es decir, en el hipotético caso de ocurrir lo peor, 70 mil personas podrían perder su vida, motivo suficiente para denegar la solicitud. Otro emprendimiento para operar con GNL quiso instalarse en la ciudad de Fall River, estado de Massachusetts, pero fue cancelado tras conocerse el estudio “Public Safety Issues at the Proposed Fall River LNG Terminal”, efectuado por el doctor James Fay. Allí se resaltó que durante todo el recorrido de los buques, el alcance de una explosión podría ocupar hasta 21 kilómetros cuadrados. En el cono sur del continente, la causa impulsada por Rebasa hoy está parada y no cuenta siquiera con un fiscal definido y aceptado por las partes.

Sin embargo, la esperanza de los vecinos pareció haber revivido tras realizarse el pasado sábado 7 de marzo la “Carrera Por La Vida”, una maratón de 70 kilómetros que nació en el Puerto de Escobar y terminó en el Congreso. Allí, con la compañía de Adolfo Pérez Esquivel, quien se sumó al reclamo, los ambientalistas y corredores fueron recibidos por el Prosecretario General de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Héctor Trucco, y se hizo entrega de un petitorio donde se requería el traslado de la planta. En aquella jornada, Esquivel le dijo a Marcha que “el Estado argentino no puede poner en riesgo a la población, privilegiando al capital financiero por sobre la vida”, aunque aclaró: “No sólo hay responsabilidad política, el juez tiene que tomar medidas y no hacerse el desentendido”.

La importación de GNL que realiza la Argentina vincula múltiples factores a tener en cuenta. Por un lado, el riesgo humanitario para millones de personas y el peligro de dañar el medio ambiente. Por el otro, las cifras siderales que se manejan para conseguir energía: en el 2014, sólo hasta septiembre, se habían gastado 8,9 mil millones de dólares, según las cifras difundidas por el INDEC. Sin embargo, la falta de gas y los consecutivos cortes de luz dejan en evidencia la extrema necesidad por recurrir a la compra de materia prima, aunque no por ese debe hacerse de forma irresponsable. ¿Se tendrán en cuenta, alguna vez, los recursos renovables?

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La Asociación Ambientalista del Partido de Escobar llevó a cabo este sábado una maratón de 70 kilómetros en forma de protesta, que terminó en el capitolio nacional. El Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, acompañó en auto a las y los corredores durante todo el recorrido, y brindó unas palabras para los vecinos de las distintas localidades donde se realizaban las paradas del trayecto.

La iniciativa se impulsó para difundir los riesgos que corren los habitantes de Campana, Escobar, Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, Berisso, La Plata, Magdalena e incluso la Ciudad de Buenos Aires, ante una posible explosión del barco que se ubicará sobre la costa del río Paraná, con instalaciones para convertir el gas licuado de petróleo. El funcionamiento de la planta regasificadora, denunciaron los ambientalistas, ya estaría dañando el ecosistema.

El puerto flotante recibe barcos de distintas partes del mundo con Gas Natural Licuado (GNL) concentrado 600 veces, lo que los convierte en potenciales explosivos de gran alcance. Su instalación viola normas internacionales de seguridad y, además, no se realizó ningún estudio de impacto ambiental y humanitario que lo avale.

“Carrera por la Vida”

Eran las siete de la mañana en el Puerto Paraná, ubicado a tan solo unos pocos kilómetros del buque regasificador. Al lugar llegaron aproximadamente una docena de ambientalistas, el corredor principal junto a su familia, un periodista y una fotógrafa, y Adolfo Pérez Esquivel. Un pequeño grupo de hombres se acercó flotando en sus kayaks para entregarle al entusiasmado deportista el petitorio, envuelto en un tubo de plástico como si fuera un tesoro.

“La motivación de estar en la carrera es hacer visible una causa que no tiene la atención merecida ante un posible siniestro”, comentó Jorge Velázquez, vecino de Escobar que a sus 45 años quería llevar corriendo el reclamo vecinal hasta el Congreso. El maratonista debía cumplir la hazaña de recorrer más de 70 kilómetros sólo con sus pies, y un corazón enorme.

Junto al sol de frente y los aplausos que subían la temperatura, comenzó el trayecto. El resto, lo seguía desde distintos vehículos. A las ocho y cuarto Velázquez llegó a la primera parada, la Plaza San Martín, pero el foco de atención nunca salió de Esquivel. El referente de los Derechos Humanos se paró en sandalias, con la camisa desabrochada, el cabello despeinado y 83 años encima, en una de las esquinas. Enfrente, lo miraaba un grupo de vecinos y curiosos.

Con un megáfono, tras pedir la colaboración y la unión de la ciudadanía, expresó: “Cerca de 120 científicos y juristas de la Academia Internacional de Ciencias del Ambiente de Venecia (que él preside) se han expedido sobre esto. Es necesario desplazar el Puerto Regasificador, por el peligro que representa”. Esta escena se repitió en las paradas siguientes, mientras recibía como devolución más aplausos y felicitaciones.

“No sólo hay responsabilidad política, sino que hay responsabilidad judicial. El juez tiene que tomar medidas y no hacerse el desentendido”, le comentó Esquivel a Marcha de forma exclusiva, teniendo en cuenta, además, hay una querella iniciada desde el año 2011. Y agregó que “El Estado argentino no puede poner en riesgo a la población, privilegiando al capital financiero por sobre la vida”.

A medida que iba avanzando la carrera, se sumaron más valientes a la aventura, pero ninguno de ellos soportó todo el camino. Uno de los aventureros era Cristian Medina Sosa, de 20 años, quien apareció en la mitad del trayecto. “Para que no jueguen con nuestras vidas”, contó sobre el motivo de su participación. El calor, desesperante, no pudo evitar el objetivo.

Algunas horas después pasaron la Avenida General Paz y se adentraron en territorio porteño. La ciudad también debía enterarse de un conflicto que le compete. A los bocinazos, con banderas argentinas, carteles, panfletos que se entregaban desde los autos y hasta un “flota-flota” que se asomaba de la ventanilla para sumar colorido, la pequeña caravana iba llegando a la meta. Esta era una manifestación con características raras para Buenos Aires ya que las y los protestantes no cortaron el tránsito y permitieron la circulación de vehículos. El ánimo que las y los ambientalistas les tiraban a sus corredores y corredoras cobraba más fuerza. El Congreso esperaba.

Esquivel abre las puertas

Dos ancianas, con vistas al mundo que les dejarán a sus nietos, sostenían el cartel de “llegada” en la Plaza de los Dos Congresos. Después de ocho horas seguidas corriendo sin parar, los ya heroicos maratonistas, acompañados por su gente, llegaron al objetivo. El Nobel de la Paz, con todo lo que eso significa, usó el peso de su nombre y realizó un llamado telefónico. Entonces, las puertas de Avenida Rivadavia, entre Combate de los Pozos y Avenida Entre Ríos, se abrieron.

Esquivel entró acompañado por la referente de la agrupación, Viviana Rebasa, y decenas de vecinos y vecinas de Zona Norte. Así, fueron atendidos en el primer piso por el Prosecretario General de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Héctor Trucco. El titular, Julián Domínguez, no estaba. Rebasa leyó el petitorio en voz alta, mientras era escuchada por Trucco y los esperanzados manifestantes. En el texto se nombraron los peligros existentes por el funcionamiento del buque, y se enumeraron también antecedentes de accidentes que se cobraron la vida de miles de personas en otros países.

Trucco prometió llevarle el caso a su superior, y recibió aplausos de los allí presentes. Conformes aplausos. Los ambientalistas confirmaron que este lunes acercarán a la mesa de entradas del Congreso el petitorio formal. Como no esperaban ser recibidos, no tenían uno encima en ese momento. Sin preguntarse si tantas gotas de sudor valieron la pena, Rebasa comentó off the record que “seguirán presionando a las fuerzas políticas para que la causa avance”. Valió la pena.

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