Un año atrás supimos -una vez más- que todo el horror que podemos imaginar es poco, cuando quienes se creen dueños de la vida y de la muerte, despliegan sus estrategias de salvataje de su sistema corrupto capitalista, colonial, patriarcal, con la crueldad aprendida a través de siglos de ejercicio del poder.

Mario Abdo Benítez, actual presidente de Paraguay, hijo de quien fuera secretario del dictador Alfredo Stroessner -con quien “Marito” gusta compararse-, posó hace un año en una conferencia de prensa, asegurando que habían dado un golpe enérgico a la guerrilla del EPP, abatiendo a dos de sus integrantes. Una gran victoria militar, que anunció con una fantochada, en la que se desplazó hasta Concepción, el territorio donde se realizó la “acción heroica” de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del Ejército Paraguayo.

Con el tiempo se fue aclarando que los peligrosos guerrilleros abatidos eran dos niñas argentinas, María Carmen Villalba y Lilian Mariana Villalba, de 11 años, que habían viajado a conocer a sus papás, integrantes de la guerrilla del EPP. Las niñas fueron torturadas y asesinadas, y luego se realizó el montaje -al estilo de los falsos positivos colombianos-. Se les colocó ropa militar, se las fotografió de ese modo, y luego rápidamente se las enterró y se quemó el ropaje improvisado, para ocultar la evidencia.

En el grupo viajaba su prima Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, que en ese momento tenía 14 años (hoy ya cumplió 15), que fue secuestrada el 30 de noviembre, y continúa hasta hoy desaparecida, en lo que constituye un crimen de lesa humanidad.

Iba como cuidadora del grupo de niñas, Laura Villalba, hermana de Carmen y mamá de María Carmen, quien el 23 de diciembre fue apresada, y continúa como rehén del régimen misógino y patriarcal de Mario Abdo Benítez. Durante ocho meses estuvo aislada completamente en la cárcel militar de Viñas Cué, y recientemente la trasladaron a la cárcel de Encarnación. El gobierno paraguayo, mientras garantiza la impunidad de las FTC, mantiene presa a la madre de una de las niñas. Ella les resulta peligrosa, pero no por lo que la acusan mentirosamente, de ser terrorista, de ser enfermera del EPP.

El riesgo real para el gobierno es que ella es testigo del crimen de las niñas. Por eso pretenden quebrar su espíritu, su fuerza, acusándola de ser responsable de la muerte de las niñas, por llevarlas a un lugar de tanto riesgo. ¿Tanto riesgo? Es cierto… Es un lugar de tanto riesgo, precisamente porque es una zona militarizada bajo control del Ejército Paraguayo y de sus siniestras FTC. Laura está presa por maternar, por acompañar a las niñas, por no haber podido defenderlas de la amenaza de los militares criminales, y del jefe de los mismos, el presidente, que proclamó el triunfo sobre una banda asesina, como llamó al grupo de niños y niñas.

Conflicto diplomático

Luego de conocido el crimen de las niñas, el gobierno de Argentina intervino para que se permita el ingreso del Equipo Argentino de Antropología Forense, para que ayudara a la investigación. Cuando se cumple un año del mismo, en un comunicado de la Cancillería se vuelve a insistir en este pedido. En reunión sostenida en estos días con la Gremial de Abogadas y Abogados, la Cancillería manifestó su intención de acompañar también con un Amicus Curiae la petición efectuada por los familiares de las víctimas, ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, con el fin de solicitar una investigación independiente. A pesar de la tímida intervención del gobierno argentino, la negativa sistemática del gobierno paraguayo a autorizar el acceso del Equipo Argentino de Antropología Forense, para realizar una nueva autopsia, y colaborar con la investigación, es motivo de tensiones entre ambos gobiernos.

Lxs niñxs por las niñas

El próximo lunes 6 de septiembre se realizará una concentración en Buenos Aires, convocada por la Campaña Internacional #EranNiñas, para demandar Justicia para las Niñas, Aparición con vida ya de Lichita, Libertad a Laura Villalba, Libertad a Carmen Villalba y a todxs lxs presxs políticos en Paraguay. La concentración será encabezada por niñas y niñxs organizados en diferentes colectivos y movimientos, que han dialogado en sus organizaciones sobre el significado de que dos niñas como ellxs, hayan sido asesinadas por el gobierno paraguayo. Es conmovedor ver las pancartas, los cantos, las banderas que vienen preparando ya hace muchos días, y la disposición a salir a las calles y pararse frente a la Embajada a decir: ¡Ya Basta! ¡Justicia para las Niñas!

El protagonismo de las niñeces, cuando se cumple un año del crimen, debería estremecer la conciencia de quienes asisten con indiferencia ante estos hechos, ejercitando por acción o por omisión un ejercicio de profunda crueldad. En distintos territorios de Abya Yala, se están realizando en estos días actos frente a Embajadas y Consulados.  La lucha por la vida, ya sabemos, exige no olvidar, no perdonar, no reconciliarnos. También obliga a continuar la demanda contra el estado asesino de Paraguay para que diga dónde está Lichita. Viva se la llevaron. Viva la queremos. Libertad a Laura Villalba y cárcel para los asesinos y desaparecedores de las niñas.

Junto a todas las palabras que podamos escribir, necesitamos escribir la historia con nuestros cuerpos colectivos en las calles. Que la vida de las niñas de nuestro Abya Yala, no nos sea indiferente.

#EranNiñas.

#ApariciónconvidaYadeLichita

#LibertadaLauraVillalba

#Libertad a CarmenVillalba

#Libertad a lxs presxs políticxs del Paraguay

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Por Camila Parodi

Así como la desigualdad tiene su correlato de violencias en Paraguay, la niñez no es ajena a dicho proceso. La reciente masacre llevada a cabo por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del gobierno de Abdo Benitez de Paraguay contra dos niñas de 11 años en el campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo en Yby Yaú (Concepción) vuelve a poner el foco en los derechos de la niñez y su uso como botín de guerra en los conflictos armados.

Sabemos que no hay guerra o conflicto justo en el capitalismo pero no resulta casual que a lo largo de la historia paraguaya las violencias y mezquindades se acrecienten. Vayamos a sus comienzos: La guerra que “unió” a la Argentina con Brasil y Uruguay contra Paraguay en el año 1865 conocida como la Triple Alianza puede ser ejemplo para ilustrar. Esta alianza se realizó principalmente para inhabilitar la dinámica de progreso y producción independiente con la que se desarrollaba Paraguay hasta el momento. Y será debido al desproporcionado enfrentamiento que más de 4 mil niños menores a los 10 años fueron masacrados al ser utilizados como línea de resistencia.

Pasaron 150 años de aquel episodio que hoy se recuerda en la celebración anual del día de la niñez en Paraguay. Sin embargo, a pesar de los tratados internacionales y adecuaciones legislativas por los Derechos de la Niñez en pleno siglo XXI las violencias sistemáticas contra niños, niñas y adolescentes en Paraguay continúan y se hacen presentes en cada niño o niña envenenados por el agronegocio, como es la historia de Silvino Talavera de 11 años (una entre miles que se dió a conocer); como así también en la represión sobre la población campesina en la zona norte militarizada donde niños/as y jóvenes sufren también sus consecuencias. La reciente masacre de Lilian Mariana y Maria del Carmen también de 11 años asesinadas por la FTC en un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo mientras visitaban a su familia se inscribe en esta situación permanente de guerra. Si bien en díalogo con Rocco Carbone reflexionamos sobre lo sucedido, proponemos esta segunda nota complementaria en clave de niñez.

Los cuerpos de las niñas fueron exhibidos como trofeos de guerra por el mismísimo presidente de la Nación que, en ningún momento, reparó en el reconocimiento de sus derechos como niñas. Tampoco lo hicieron las empresas de comunicación que ignoraron las normativas vigentes sobre el uso, difusión y tratamiento de las noticias en las que se refieran a niñez y adolescencia. Durante los últimos días, se construyeron una serie de discursos políticos y mediáticos alrededor del asesinato de las niñas que buscaron legitimar la acción llevada a cabo por el gobierno. De igual manera que se refieren a las organizaciones campesinas, operó una estrategia de criminalización que se centró en la difusión pública de noticias que no sólo faltaban a la verdad sino que tampoco contemplaron las normas que regulan la protección integral como la reserva de la identidad y el cuidado de la intimidad.

Si bien los medios tuvieron un lugar importante en la construcción de sentidos sobre el hecho, fue la opinión pública –muchas veces “bien intencionada”– la que logró legitimar las violencias. Una mirada aún más estigmatizante y descontextualizada que señala con el dedo acusador  a la niñez organizada que es parte de procesos políticos. Ciertamente las niñas se encontraban visitando a su familia, pero más allá de esa realidad nadie se preguntó lo suficiente sobre la implementación de operativos bélicos a una organización que durante meses no se expresa; tampoco al presidente Abdo Benitez y su desafortunada manera de comunicar el operativo le correspondió su debido descontento; o porqué los cuerpos fueron enterrados sin los procedimientos legales de investigación. Sólo una pregunta se repitió: “qué hacían las niñas ahí”. Un discurso que les atribuye la “culpa” y las revictimiza en vez de cuestionar y reparar en todos los procedimientos que se podrían haber evitado.

Porque para el gobierno de Paraguay, como para gran parte de las sociedades del siglo XXI, los niñez no es homogénea en materia de derechos como se presenta en las grandes convenciones y legislaciones. La desigualdad y los privilegios también se reproducen en las políticas de protección y asistencia de la niñez. Y esto no es ningún secreto de Estado, la desigualdad es la base desde la que se parte y así lo manifestó el comandante de la FTC, Óscar Chamorro en una entrevista en Unicanal de Paraguay: “el menor que está en la casa es otra cosa, el menor de la calle otra y el menor, que está armado con fusil automático y a quien se lo enseño a disparar y matar personas, también es otra”.

En diálogo con Marcha, el investigador CONICET y profesor de la UNGS especializado en los procesos políticos y culturales de Paraguay, Rocco Carbone comunicó que “los cadáveres de las dos niñas de fueron enterrados inmediatamente el mismo día del enfrentamiento sin hacer autopsia eso sólo se explica como forma de ocultamiento de pruebas y evidencias”. Explicó además que las dos niñas son hijas de una presa política, Carmen Villalba, a quien le asesinaron a otro hijo de 12 años previamente. Reflexiona Carbone, “un emergente es un emergente pero dos emergentes permiten establecer una continuidad en los hechos históricos, hechos sociales”. Que una familia que resiste junto a otras a las violencias del Estado haya perdido 3 hijos/as en el marco de la lucha muestra una tendencia. “La tendencia es desaparecer, la tendencia es violar, la tendencia es matar niños que no tienen nada que ver en este caso ni con las acciones de un grupo revolucionario” señala el investigador. “Se puede discutir cualquier otra cosa pero en este caso estamos frente a un hecho aberrante” sostuvo.

Sobre esto, la Cancillería Argentina se pronunció en el pedido de esclarecimiento: “ No es posible aceptar que no hayan advertido, quienes fueron testigos de los hechos acontecidos, la escasa edad de las niñas. Al respecto, se deja constancia que las autoridades paraguayas solicitaron la cooperación argentina ante la imposibilidad de identificar a las víctimas y que, con base en información dactiloscópica recibida desde ese país, cuerpos forenses argentinos pudieron verificar que no existían antecedentes en el Sistema Automático de Huellas Dactilares argentino pero que, al consultarse el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), fue posible determinar que las fallecidas son dos menores de nacionalidad argentina, nacidas el 29 de octubre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, por tanto ambas de once de años de edad”.

En la Convención Internacional por los Derechos del Niño (1989) y el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia del Paraguay, establecen los derechos y refuerzan los deberes y las garantías sobre la necesidad de protección de los niños, niñas y adolescentes. En ese marco la CDN sostiene como derecho el respeto irrestricto a la dignidad humana, integridad física y psicológica, a la igualdad de protección de todos los niños y niñas. En este sentido, es responsabilidad del Estado proteger a las infancias sin importar sus condiciones sociales, familiares, políticas, de religión y/o de nacionalidad.

En una carta de repudio ante los hechos, organizaciones sociales, de niñez y de derechos humanos de la Argentina cuestionaron que las acciones de la FTC y del Gobierno “son contrarias a los principios estipulados en la CDN”. Además señalaron las Observaciones Generales emitidas por el Comité Internacional de Derechos del Niño de Ginebra de la que la CDN se desprende  y que deberían haberse considerado:

OBSERVACIÓN GENERAL Nº 8 (2006) El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes

OBSERVACIÓN GENERAL Nº 10 (2007) Los derechos del niño en la justicia de menores

OBSERVACIÓN GENERAL Nº 12 (2009) El derecho del niño a ser escuchado

OBSERVACIÓN GENERAL Nº 13 (2011) Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia

OBSERVACIÓN GENERAL Nº 20 (2016) La efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia

OBSERVACIÓN GENERAL Nº 24 (2019) Relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil

En lo que respecta específicamente a los conflictos armados y la participación de niños, niñas y adolescentes en ellos, las organizaciones recordaron en su comunicado la vigencia de lo estipulado por las Convenciones de Ginebra de 1949 y los Protocolos Facultativos de 1977, especialmente el “Protocolo Facultativo de la CDN sobre la participación de niños en conflictos armados” (2000), así como el Estatuto de Roma (1998) de la Corte Penal Internacional, y documentos regionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer (adoptada en Belém do Pará por la Organización de Estados Americanos, 1994). En ese contexto, llamaron la atención del “latente peligro de la remilitarización de nuestra América Latina y Caribeña, en este caso de las y los residentes de los territorios de Concepción y San Pedro del hermano Paraguay.”

Tras el repudio de las organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos de Paraguay como los pronunciamientos realizados por las entidades argentinas y por su campo popular se exige el cese de las violencias sobre la población y, en particular tras los hechos es solicita una investigación autónoma de esclarecimiento de lo acaecido y la sanción de sus responsables ante la justicia. Se exigió también el desmantelamiento de la FTC y la pronta intervención de políticas de protección de las infancias y adolescencias. Para que niños y niñas dejen de ser considerados botines de guerra en el marco de los conflictos armados no basta con la exigencia de justicia. Es necesario que, incluso en instancias bienintencionadas y  progresistas se conciba a la niñez como parte de la vida política, de las organizaciones sociales, niñez activa con voz y protagonismo en los procesos que las y los interpelan sobre sus vidas. El cambio en la mirada sobre los niños, niñas y adolescentes como su escucha genuina en los procesos sociales de la vida nos pueden dar la pista.

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