Por Santiago Joaquín García

Algún desprevenido podría pensar que esto es hacer leña del árbol caído. Grave error: los árboles de la justicia entrerriana nunca se caen. Se sostienen entre sí. Además, si bien este texto habla sobre el hombre que dejó en libertad a Sebastián Wagner, uno de los asesinos de Micaela García, su objetivo es dejar en claro que su forma de actuar es la costumbre dentro del único poder que está al margen de cualquier tipo de control y que representa un peligro latente para la democracia.

Carlos Rossi: un derrotero ejemplar

El viernes 1° de julio de 2016 el Juez Carlos Rossi decidió liberar a Sebastián Wagner, más de dos años antes de que concluya su condena por dos violaciones cometidas en julio y noviembre de 2010. Desde el 1° julio de 2011 estaba preso, tras un juicio abreviado en el que había reconocido ambos hechos. Sin embargo, a Wagner se lo acusaba de haber cometido una tercera violación, meses antes, en mayo de ese mismo 2010.
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La sentencia de liberación dictada por Rossi contiene una objeción del fiscal Lisandro Beherán, quien destaca los informes desfavorables tanto del equipo técnico de la Unidad Penal como del equipo interdisciplinario del Juzgado. Ambos remarcan la falta de reconocimiento por parte de Wagner del daño causado y de la libertad sexual de las personas. A su vez, remarcan como un potencial peligro su adicción a la cocaína. Señalan su impulsividad, su falta de compromiso con las ofertas educativas de la Unidad Penal y recomiendan que, hasta tanto se resuelvan estas irregularidades, continúe sólo con salidas transitorias.
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Dentro de la sentencia de libertad condicional, Rossi le impuso a Wagner que se abstuviera “de frecuentar lugares nocturnos, consumir alcohol y estupefacientes”, cosa que ya se había informado que no podía. También lo emplazó a “realizar tratamiento psicoterapéutico por su problemática de violencia sexual y adicciones”. Finalmente, dictaminó que debía presentarse una vez por mes ante el Patronato de Presos y Liberados de la ciudad de Gualeguay.
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Menos de un año después, Sebastián Wagner, secuestró, violó y cometió el femicidio de Micaela García
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Todas y todos los funcionarios de todos los partidos criticaron al Juez Carlos Rossi, responsable de la prematura liberación de Wagner, y le llovieron los pedidos de Juicio Político apenas conocida la noticia del femicidio de Micaela. Hasta el entonces presidente Mauricio Macri lo criticó: “No podemos tener jueces así”, declaró ante los medios. Sin embargo, Rossi logró estirar unos cuantos meses el litigio, y en un Jury vergonzoso logró ser absuelto sin ser acusado. También hubo iniciativas para reformar el patronato de liberados, se propusieron registros de violadores, de todo. De todo, mientras el tema estuvo en agenda. Después, las cosas volvieron a su cauce normal.[1]
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Tan vergonzoso fue el Jury a Carlos Rossi que su presunto acusador, el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, no sólo no realizó ninguna acusación contra Rossi, sino que tampoco tuvo problemas en mostrarse a los abrazos y sonriente con su amigo.
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Gracias al fracaso del Jury en su contra, el Juez Carlos Rossi volvió al Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú donde se desempeña, por llamarle de alguna manera, desde hace 22 años.
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Esta semana se viralizó un video en el que se dirige a un grupo de menores como “negros de mierda” e intenta golpearse con ellos por un aparente daño a su vehículo. Estaban celebrando un cumpleaños de 15 y le tiraban huevos a la agasajada. Cuando se conoció el hecho realizó una denuncia contra la policía por no haber atendido sus llamados al 911. Así se manejan los señores de la justicia entrerriana.

Cuando la impunidad es la regla

Este raid judicial de Rossi no es una conducta aislada. Emilio Castrillón, el 28 de marzo de 2021, cuando todavía era Juez del máximo tribunal de la Provincia, el Superior Tribunal de Justicia, tuvo una pelea callejera con dos comerciantes y el empleado de un kiosco, por el cual fue acusado por daños y amenazas. Por supuesto, Castrillón nunca fue a juicio por eso. El prestigioso periodista entrerriano Tirso Fiorotto presentó un pedido de juicio político contra Castrillón por “mal desempeño”, “violencia de género” en varios casos, como también por “reiteradas conductas demostrativas de falta de mesura, equilibrio, autocontrol, decoro, deferencia, circunspección y compostura para el ejercicio de sus funciones como miembro del Superior Tribunal de Justicia”[1]. Castrillón se jubiló y logró que se archive el caso.

Tampoco Rossi es original a la hora de dejar femicidas en libertad. Este año la corte provincial anuló un juicio por jurados y benefició aJulián Christie, quien había sido condenado por el femicidio de Julieta Riera. Julián Christe es hijo de una ex jueza de Entre Ríos, y fue condenado a prisión perpetua en 2021, pero cumple con prisión domiciliaria hasta tanto su caso se resuelva en la corte nacional.

La sala penal de ese mismo tribunal, el 31 de julio de 2020 anuló un fallo de casación penal y permitió la libertad de Néstor Pavón, uno de los femicidas de Micaela García, quien también permanece en libertad y espera la resolución de la corte nacional. 

Y eso por hablar de historias resonantes, pero la impunidad es la regla mayoritaria.

“La justicia de Entre Ríos es papupérrima”

Florencia Rojo es abogada, vice directora del Instituto de Mujer, Género y Diversidad del Colegio de Abogadxs de Entre Ríos, y nos cuenta cómo se vive desde adentro este sistema de administración de injusticias:

“La justicia en Entre Ríos es paupérrima. Hay algunas excepciones de algunos jueces y juezas que hacen alguna vez las cosas bien, pero realmente son excepcionales. Además, el techo de cristal que existe en el Poder Judicial de Entre Ríos es abismal, ya que el noventa por ciento de los jueces son varones, mientras que el noventa por ciento de las secretarías las ocupan mujeres, que sería el cargo inferior. Así que la justicia en Entre Ríos es machista. Nos venden la idea de que cualquiera puede entrar al Poder Judicial teniendo el secundario completo, porque es el único requisito de grado o de formación inicial que se pide para el ingreso, pero no es tal. Cuando uno ingresa, puede ganar el concurso, quedar en un buen nivel dentro de la lista, pero de ahí a tomar decisiones y a hacer un trabajo que a la gente le cambie la vida hay una distancia muy lejana”.

La cofradía judicial

Esto que en Entre Ríos es fácil de comprobar viendo apellidos y lazos de las personas que integran el poder, Florencia lo explica con claridad:

“Quienes llegan a los puestos de toma de decisión están vinculados con la familia judicial, con la cofradía judicial, por sangre, por matrimonios o a través del pacto judicial en el que se van tapando las macanas que se van mandando. O se deben favores y existe una amistad de amigotes con palmadita en el hombro y tomando un vino bien caro”, lamenta.

Las consecuencias de este sistema de castas son nefastas para la ciudadanía: “La verdad es que las cosas se demoran sin ningún sentido; notificaciones que quedan meses en el escritorio sin ser observadas; resoluciones que salen mal y las corrigen al año y demoran plazos, demoran procesos y la vida de la gente en el medio. Así que hay mucha falta de sentido de la urgencia, ya que las personas necesitan una resolución ahora y la justicia no está a la altura de eso. No hay sentido de la urgencia de los problemas, no hay sentido tampoco de la empatía. Parecen no entender que cuando la persona llega al poder judicial no llega porque quiere, sino porque no le queda otra, porque ya intentó resolverlo de otras maneras y no pudo y esta es la última instancia”.

Algo interesante que plantea Rojo es que las leyes para hacer mejor las cosas están a disposición:

“No aplican la legislación que existe. Algo que pasa en nuestro país es que tenemos un cuerpo legal -en cuanto a la legislación- de vanguardia y un sistema judicial que no condice con esa legislación o no la aplica. O un juzgado la aplica de una manera, el de al lado la aplica de otra, pared de por medio. Cuando a uno le parece bien una cosa, al otro le parece otra. Cuando tenés que demostrar con x prueba algo; el otro juzgado no te lo pide, o te pide veinte cosas más y así. Entonces es muy difícil poder tener justicia con un sistema que ni siquiera se pone de acuerdo en cómo hacer las cosas.

“No pueden hacer su divorcio porque tienen una moto”

Como sucede habitualmente, la situación de las mujeres es la de mayor vulnerabilidad:

“Las defensorías deberían por ley hacer algunos trámites gratis, pero, por ejemplo, hay mujeres que sufren violencia de género y la han denunciado, pero que no pueden hacer su divorcio porque tienen una moto. Las atienden casi siempre los empleados y jamás les explican sus derechos. Cuando van a pedir hacer el trámite en la defensoría les dicen: ‘Ah, no, pero si tenés una moto yo no te puedo hacer el divorcio porque la defensoría es para la gente que no tiene bienes’. ¿De verdad? Un proceso de divorcio está en honorarios unos trescientos mil pesos: ¿Te parece que alguien que puede tener una motito con la que anda todo el día llevando y trayendo infancias puede pagar eso de monto de honorarios? Eso nos precariza a nosotras y hablo de nosotras porque quienes más hacen familia somos las abogadas mujeres. Lo mismo sucede cuando hablamos de cuotas de alimentos. Cuando esos jueces firman la resolución, la lapicera sale más plata que lo que está fijando de cuota de alimentos. Porque están tan lejos de la realidad, tan lejos de lo que consume una infancia para ser criada, y del tiempo que esa mujer está poniendo en criar a la nueva generación. Es imposible que puedan fijar una cuota de alimentos real”.

Para cerrar, todo esto deja en claro que falta perspectiva de género en el ejercicio de la profesión: “He visto bastantes prácticas nefastas de colegas que violentan a víctimas a través de escritos que recomiendan realizar actos de violencia o desobediencia ante el propio juez. Falta Ley Micaela. Se sigue hablando de menores cuando hace años que las infancias y juventudes ya son reconocidas como sujetos de derecho y no son una cosa que se pone y se saca, y que un juez toma una decisión sobre dónde va ese objeto”. Sin embargo, el cambio ya está en marcha: “Cada vez somos más quienes estamos formadas y formados en perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos y cuando eso sucede es mucho más fácil. De a poco, se van encontrando las soluciones por las vías formales y las alternativas”.

Sin justicia no hay democracia

No puede haber un poder en el sistema democrático que no tenga ningún tipo de control popular. Las y los entrerrianos somos rehenes de una casta machista, soberbia, impune, violenta, clasista. Están cebados porque no responden por sus actos. Saben que pueden liberar asesinos, violadores, golpear una persona por la calle, romper un negocio y nadie les va a tocar un pelo. Están por encima de la ley que dicen defender. Cobran el sueldo de parte de las personas que trabajan día a día, pero cuando tienen que dar una respuesta se toman todo el tiempo del mundo, como el guardián del cuento de Kafka. La mayoría de los jueces entrerrianos son un fiel ejemplo de esa frase del Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que citó Galeano: “La justicia es como las serpientes; sólo muerde a los que están descalzos”.

[1] https://www.unoentrerios.com.ar/periodista-pide-juicio-politico-del-vocal-emilio-castrillon-n2656173.html

[1] Los párrafos en cursivas son extractos del libro “Micaela García: la chica de la sonrisa eterna”. Chirimbote. 2022.

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Por Santiago García (desde Entre Ríos)

Néstor Pavón, señalado por la Querella y la Fiscalía (pero sobre todo por las pruebas) como coautor del femicidio de Micaela García junto a Sebastián Wagner, quedó en libertad. El beneficio llegó de la mano de un fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que por dos votos contra uno (sí, dos varones contra una mujer) determinó que, habiendo cumplido más de dos tercios de su condena por encubrimiento, ya no tenía sentido que siguiera con prisión preventiva.

La caución que se le impuso y que ejecutó esta semana es de un millón de pesos y Pavón entregó una camioneta Renault Master como garantía a pesar de que la sentencia figura como oficio “gomero” . En el fallo se considera que la caución es “una garantía de que la persona cumplirá con lo pactado, prometido u ordenado”. Los magistrados que han dispuesto la excarcelación de Pavón son los doctores Daniel O. Carubia y Miguel A. Giorgo. En sus respectivos votos, consideran que Pavón ya no pone en riesgo la investigación porque se encuentra “concluida”. A su vez, para hacer más agraviante el texto, agregan que ya no se justifica el encarcelamiento preventivo “que viene sufriendo por la sola circunstancia de ejercer su legítimo derecho a la revisión integral de un fallo condenatorio dictado en su contra, cuando han desaparecido los conocidos riesgos procesales que en su momento motivaron su dictado y la hipótesis más desfavorable que tiene a la vista el encartado Pavón sería el breve lapso de tiempo que le resta por cumplir en caso de adquirir firmeza su condena”. Para cerrar, agregan que mantenerlo en prisión sería “un antojo o capricho, un mero acto de poder, absolutamente despojado de razones de tutela de los fines del proceso, que se encuentra totalmente asegurado a esta altura”.

Es importante recordar que la Cámara de Casación Penal, revisando la enorme evidencia contra Pavón, decidió que se realizara un nuevo juicio para esclarecer su participación en el hecho. Sin embargo, está claro que, para los anteriormente mencionados, la Justicia no piensa responder a las preguntas que todas y todos nos hacemos. Es justo destacar que la Dra. Mizawak, en el mismo fallo del STJ, destaca que “el imputado Pavón llevó a cabo durante la investigación de los hechos que rodearon la muerte de la víctima Micaela García maniobras que perturbaron el desarrollo de la investigación y que no pueden ser soslayados aún en el contexto reseñado por el voto de la mayoría del superior tribunal provincial, pues forman parte de la conducta precedente del sujeto y, como tal, son datos concretos y objetivos”. Mizawak, que se manifestó en contra de la liberación de Pavón, señaló: “La singular gravedad del hecho endilgado (encubrimiento del abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio triplemente calificado por ser con alevosía, violencia de género y criminis causa de Micaela García), su actitud posterior al delito y su probable contribución al retraso del esclarecimiento del delito”. En un mismo fallo se pueden observar las diferentes perspectivas de género, y la incoherencia vergonzosa de la injusticia entrerriana.

Las preguntas que la el poder judicial no quiere responder

Durante el juicio por el femicidio de Micaela García, la Querella y la Fiscalía coincidieron en acusar a Néstor Pavón como coautor del delito junto a Sebastián Wagner. El tribunal de Gualeguay, integrado por los Dres. Cadenas, Crespo y Pivas resolvió que sólo le cabía la pena de encubrimiento agravado. Descontentos por el fallo, la familia de Micaela y el Ministerio Público Fiscal apelaron y la Cámara de Casación Penal les dio la razón, ordenando un nuevo juicio contra Pavón. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (máxima autoridad de la Provincia) dio vuelta el fallo de Casacióny permitió la libertad de Néstor Pavón. Más allá del curso que tome la cuestión legal, ante la posibilidad de que el caso alcance a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay algunas preguntas que quedaron sin responder:

-¿Por qué ayudó Pavón a una persona que tenía más de una condena por violación, mientras toda la ciudad buscaba a una chica desaparecida?

– ¿Por qué desvió la investigación, ocultando pruebas, “confundiendo” el nombre de Wagner, escondiendo el vehículo, facilitando el traslado de Wagner a Buenos Aires y ofreciendo seguir transfiriendo dinero a su ex empleado una vez fugado?

– ¿Por qué las únicas personas que corroboran la coartada de Pavón durante la desaparición de Micaela fueron sus propios familiares?

– ¿Quién ayudó a Wagner en el femicidio de Micaela, ya que, según las pericias, está probado que participó más de una persona?

-¿Quién coartaba la libertad de Micaela mientras Wagner manejaba?

-¿Quién ayudó a Wagner a desempantanar el auto, antes y/o después de deshacerse del cuerpo de Micaela?

– ¿De quién eran las marcas de barro que tenía el auto en el asiento del acompañante?

– ¿Quiénes eran las dos personas que un testigo vio en la ruta arriba del auto en el que se secuestró a Micaela?

– ¿A quiénes les decía: “suéltenme hijos de puta”, Micaela, antes de ser secuestrada?

– ¿Qué hacía Sebastián Wagner cerca del domicilio de Pavón después de cometer el delito?

Podríamos seguir haciendo este tipo de preguntas durante mucho tiempo. Lo cierto es que, al parecer, para la Justicia de Entre Ríos, no son importantes. Pareciera que da igual que un posible femicida se encuentre libre por las calles de la misma ciudad en la que nos arrebataron la vida de Micaela.  En honor a su memoria, nuestro deber es seguir preguntando.

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Por Vivian Palmbaum | Foto del Foro Ecologista de Paraná

Hoy 18 de febrero se cumplen 110 semanas desde que las asambleas y habitantes de distintos lugares de la provincia se vieron obligados a darse cita frente a la Casa de la Gobernación de la provincia de Entre Ríos porque las protestas y acciones locales no alcanzaban. Hace poco más de dos años que habitantes, vecinos, vecinas y organizaciones civiles encontraron un modo de visibilizar la resistencia al modelo agro contaminante, porque hasta el Poder Judicial les ha dado la espalda.

El 2020 inició con tristeza, con la provincia litoraleña asediada por el uso masivo de agrotóxicos que no se detiene ni siquiera frente a las escuelas rurales. Una situación que se repite a lo largo y ancho del país.

Una vez más, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), lo cual impide la presentación de un recurso de apelación ante la Corte Suprema para que proteja a las escuelas entrerrianas de las fumigaciones con agrotóxicos.

Proteger del veneno a las niñas y niños, docentes y no docentes que asisten cotidianamente a las escuelas rurales es la prioridad para las organizaciones y asambleas civiles de Entre Ríos. El gobernador y la justicia provincial no lo creen necesario.

Las evidencias están a la vista

Los datos son escalofriantes y muestran la realidad de lo que se denuncia y no aparece en los medios hegemónicos. Así lo denunció Entre Ríos 24 que, en un relevamiento hecho en febrero de 2018, mostró que el 55% de los niños, niñas y adultos internados en el hospital Garrahan y el Hospital Italiano por casos de cáncer o malformaciones, eran entrerrianxs.

Además, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional del Cáncer (INC), que datan del 2017, Entre Ríos ocupó el segundo lugar en fallecimientos de hombres por cáncer, con 140 casos cada 100.000 habitantes.

Resistir por todos los medios

Este fallo del STJ mereció el repudio generalizado de las y los entrerrianos. La presidenta del Foro Ecologista y una de las denunciantes, Lucia Ibarra Bouzada, afirmó en un medio local (FM Litoral) que el fallo fue sorpresivo y que solo se puede explicar como una decisión política, ya que repite el contenido del decreto y no se toman en cuenta las pruebas presentadas. Bouzada agregó que otro elemento de presión del propio fallo es que carga las costas judiciales a la parte demandante, es decir, al Foro Ecologista y AGMER. Entre otras cosas explicó que lo que efectivamente reconoce el fallo es que la distancia de fumigación debe tomarse desde el cerco de la escuela, y no como se hacía antes desde la misma escuela. “Nosotros estamos convencidos de que el camino es proteger la salud de los chicos y de toda la población y no nos vamos a detener”, declaró.

El Foro Ecologista de Paraná y AGMER, junto a la Coordinadora Basta es Basta, que nuclea a las asambleas ciudadanas, están elaborando la presentación de un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia y además prevén hacer una presentación frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El envenenamiento no se detiene

El año 2019 estuvo atravesado por una batalla judicial para proteger los derechos de niños, niñas, docentes y no docentes de las escuelas rurales que reciben los efectos del veneno en sus cuerpos y en el aire que respiran.

Solo unos meses antes de las elecciones en la provincia, el gobernador derogó por decreto la reglamentación sobre las distancias mínimas para las fumigaciones que habían sido reconocidas por la Justicia, avalando así que las escuelas fueran rociadas de veneno.

Una verdadera paradoja en la que desembocó esta situación fue que el gobernador Bordet obtuvo la reelección frente al candidato de Cambiemos. Si hablamos de paradojas en esta provincia, el mismo mes que el gobernador anuló por decreto la sentencia judicial contra las fumigaciones, se inauguró la primera reunión de la Mesa de Trabajo que daba inicio a la transición hacia una matriz productiva agroecológica en la provincia.

(In)Justicia

En este vértigo institucional, hasta se animaron a modificar, en un trámite exprés, la Ley de Procedimientos de la provincia para cambiar el tribunal de competencia, que pasaba de la Cámara en lo Penal (denunciada por la Mesa de Enlace por fallar en su contra) al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que casualmente fue quien rechazó el amparo colectivo. El mismo que hoy rechaza el recurso extraordinario que permitiría la intervención de la Corte Suprema para entender en el caso.

En esta desgastante secuencia es necesario recordar que las distancias de fumigación actuales son de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 para fumigaciones aéreas. Muy lejos están las demandas ciudadanas de 1000 y 3000 metros, respectivamente.

Basta es Basta

Desde la Coordinadora Por Una Vida Sin Agrotóxicos, Basta es Basta, titularon “Un escándalo jurídico en Entre Ríos, otra vez contra la gurisada, contra la Constitución y contra las leyes”. Integrantes de la coordinadora afirman que “es inaceptable que el Estado deje la provincia liberada para fumigar e impida que avancemos en un modelo productivo que nos incluya y respete la vida en la tierra, tal como lo propusimos de manera permanente a través del Foro de Agroecología, al que se comprometió el gobierno de Bordet”.

Hay un modelo productivo que está en pugna, ese que como un vampiro se chupa las vidas de las personas, sin distinguir edades. Es una situación de desamparo que se repite en las distintas provincias del país.

Notas relacionadas:

En Entre Ríos, enfrentar el modelo productivo agro-contaminante (III)

Entre Ríos: el líder de la fumigación

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Por Vivian Palmbaum

La imagen de la vida en el campo aparece como el ideal de descanso, tranquilidad y vida sana para las y los habitantes de las ciudades. Sin embargo, hoy se parece a un escenario donde se teje una guerra silenciosa contra la población que está más amenazada por la contaminación que si viviera en la ciudad.

En cada región del país la organización de las luchas contra las fumigaciones y a favor de la vida toman distintas formas y modalidades. Entre Ríos es quizás la provincia con mayor organización  y coordinación local de la resistencia contra este modelo de envenenamiento. Se presentó una nueva acción de amparo ambiental desde las organizaciones contra el nuevo decreto del gobernador Bordet que limita las distancias para las fumigaciones.

Los habitantes de la provincia entrerriana se han organizando en distintos municipios, al tiempo que confluyen en una Coordinadora provincial de las luchas contra las fumigaciones, junto al Foro Ambientalista y la Asociación del Magisterio (AGMER).

Las asambleas se fueron gestando en pueblos y en ciudades donde las y los habitantes se opusieron al modelo agro-contaminante. Con las marchas de los días martes en la capital de la provincia, Paraná, visibilizaron los estragos causados por las fumigaciones y la profundización del modelo productivo.

“Seño me pican los ojos” es uno de los comentarios más escuchados por las maestras rurales de Entre Ríos contábamos en abril, cuando el Poder Judicial hacía lugar al recurso de amparo que dejaba sin efecto el decreto del gobernador Bordet que eliminaba las distancias para las fumigaciones sobre las 1023 escuelas rurales en horario escolar. Fue en esa provincia donde el presidente Macri se animó a calificar de “irresponsable” al fallo judicial a favor de la salud, que el gobernador Bordet nuevamente volvió a embestir derogando lo que por la vía judicial se había establecido.

Sin embargo, las y los habitantes de la provincia con uno de los mayores índices de contaminación por envenenamiento por fumigación con agrotóxicos nuevamente se organizaron para presentar una acción de amparo colectivo ambiental, solicitando que se declare la nulidad y/o inconstitucionalidad y revocación del Decreto N° 2239, publicado en el Boletín Oficial el día 5 de agosto de 2019. Hace pocas horas, luego que venciera el plazo, la justicia entrerriana rechazó la medida cautelar interpuesta por el Foro Ecologista de Paraná y Agmer.

Tal como consignan distintos medios locales,  el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, sostuvo que “el rechazo de la medida cautelar implica que el decreto 2239 resulta plenamente aplicable, es decir que, a la comunidad de productores, ingenieros agrónomos y aplicadores de productos fitosanitarios, se les debe comunicar que la mencionada norma continúa en vigencia. No hay ninguna medida judicial que lo suspenda en su aplicación”. AGMER y el Foro Ecologista también interpusieron una acción de amparo contra el Gobierno provincial promoviendo la inconstitucionalidad del Decreto, lo que seguramente se resolverá a la brevedad.

La demanda presentada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Rios (AGMER) junto al Foro Ecologista de Paraná denunciaba que la medida afectaría a todos los niños, niñas, adolescentes, maestras, maestros y personal no docente que concurre a las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos y cuya pretensión es la defensa del ambiente, tal como se expresa en la presentación que se realizó el viernes 16 de agosto.

Un sistema productivo que excluye la vida

En mayo, las entidades agropecuarias estimaron que por las restricciones en las áreas de fumigación, que establece límites en las zonas que rodean las escuelas rurales, quedarían fuera unas 300 mil hectáreas del sistema productivo. Además, afirmaron que esto provocaría un daño irreversible al sistema productivo entrerriano. Tengamos en cuenta que tal como indica el último Censo Nacional Agropecuario, publicado por el INDEC, el área productiva comprende alrededor de 6 millones de hectáreas para la provincia de Entre Ríos.

Mientras tanto, se multiplican los casos de cáncer, nacimientos con malformaciones y todo tipo de padecimientos de piel, alergias y otras patologías asociadas. Las abejas mueren en masa y se altera el ecosistema. Hoy es más peligroso vivir en el campo que en las ciudades. Sin tener en cuenta que las derivas de las fumigaciones esparcen la contaminación hacia confines impensados.

La Sociedad Argentina de Apicultores, con el acompañamiento de la organización Naturaleza de Derechos, demandaron judicialmente al SENASA (Servicio de Sanidad Vegetal y Calidad Agroalimentaria) para que se prohíba el uso a cielo abierto de cuatro agrotóxicos e insecticidas. Clothianidin, Imidacloprid, Tiamethoxam y Fipronil son las principales sustancias químicas relacionadas con la disminución drástica de la población mundial de abejas.

Un grave contraste entre los bienes que se quieren defender y las vidas que se ven afectadas y desprotegidas. En esa provincia es inolvidable el emblemático caso de Fabián Tomasi, símbolo de la contaminación y la lucha contra los agrotóxicos.

Basta es basta

Desde la Coordinadora Basta es Basta emitieron un comunicado, “Repetir los argumentos no frena los daños“,  en donde responden al decreto del gobernador Bordet donde fundamentaban el amparo colectivo frente a la arbitrariedad del ejecutivo provincial que además ha motivado que el Poder Legislativo impulse la revisión de la legislación que regula los amparos.

Entre otras cosas, en el comunicado recuerdan que las distintas sentencias judiciales se expidieron sobre la necesidad de que el gobierno “pruebe” la inocuidad de las aplicaciones realizadas en distancias menores. Esta exigencia nunca se cumplió. Fundamentaban que con esta nueva acción de amparo intentaban “visibilizar nuestro deficiente e incompleto sistema de ‘registro’ de agrotóxicos que omite exigir a las empresas estudios científicos, sin conflictos de interés a mediano y largo plazo, que son los periodos en los que se presentan daños crónicos y acumulativos a la salud como es el daño genético, que luego desencadena patologías graves tales como cáncer, infertilidad, Alzheimer, deterioros neurológicos”, entre otros. Este sistema permite que en Argentina estén autorizados 108 plaguicidas prohibidos en el resto del mundo.

En medio de un proceso electoral que se avecina a nivel nacional, y que en la provincia ya ha dado como resultado la reelección del gobernador Bordet, desde la Coordinadora destacan que “la arbitrariedad en favor del lobby del agronegocio conspira contra nuestra democracia, contra la división y el equilibrio de poderes. El único camino que nos dejan consiste en insistir con acciones judiciales en aras de proteger a toda la comunidad entrerriana de daños genéticos que comprometen la salud no sólo actual sino de segundas y terceras generaciones”.

“Queremos que nuestra gurisada (NdR: nuestras niñes) pueda saltar en patas en los charcos que deja la lluvia sin envenenarse por los agrotóxicos, que llueven en nuestra provincia; que puedan correr hasta cansarse sin temor a que el aire los ahogue por los agrotóxicos que flotan en la deriva negada por quienes debieran protegerlos”.

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Entre Ríos: el líder de la fumigación

En Santa Fe, enfrentar el modelo productivo agro- contaminante (I)

En Buenos Aires, enfrentar el modelo productivo agro-contaminante (II)

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Por Vivian Palmbaum / Foto: Coordinadora Basta es Basta

“Gurisito mío, lugar de madreselvas te daré. 
Y aunque nazcas pobre, te traigo también:
se precisan niños para amanecer” Daniel Viglietti

“Seño me pican los ojos” es uno de los comentarios más escuchados por las maestras rurales de Entre Ríos. Una clara representación del cotidiano de quienes integran las comunidades educativas rurales, expuestos/as regularmente a las fumigaciones y sus derivas. Las escuelas rurales se hallan en su totalidad dentro de las zonas productivas en Entre Ríos, por lo que alumnas, alumnos, docentes y no docentes se ven sometidos al envenenamiento como práctica regular.

El gobernador de la provincia así lo dispuso cuando derogó por decreto las distancias mínimas para la fumigación en las áreas donde se hallan los establecimientos escolares, aún contra las evidencias que acreditan los peligros del veneno. Ni siquiera alguna duda respecto a la salud de la población escolar hicieron retroceder una medida que pone en riesgo su vida e integridad. Poderosos intereses parecen ser de un orden superior a las vidas de quienes dicen representar.

Entre Ríos parece encabezar el triste ranking de envenenamiento por fumigaciones en el país. Localidades como Uribelarrea encabezan el récord de litros de veneno vertidos en el territorio. Por prácticas como esas Argentina se ha convertido en el primer país consumidor de agrotóxicos a nivel global, una experiencia sin igual en otras partes del mundo.

Por su parte, las y los habitantes de Entre Ríos no se han sometido a estas políticas de negocios y se organizaron en una Coordinadora que nuclea las distintas iniciativas que, en cada pueblo y en cada ciudad, llevan adelante para impulsar las medidas contra las políticas de envenenamiento y a favor de un nuevo modelo productivo, la agroecología. En las rondas de los martes, frente a la gobernación en Paraná hacen visibles con marchas su derecho a defender la vida.

“No hay fumigaciones controlables y sus consecuencias se hacen sentir sobre la vida”

Aldana Sacia es abogada e integra la Coordinadora Por Una Vida Sin Agrotóxicos: Basta es Basta de Entre Ríos. En diálogo con Marcha Sacia se refirió a la medida que acaba de conceder la justicia provincial como histórica. Hacia fines del mes de agosto, el día 27, la Coordinadora Basta es Basta representada por la ONG Foro Ecologista de Paraná, junto a la Asociación Gremial AGMER (en nombre de la Campaña Paren de Fumigar las Escuelas),  se presentaban ante el CAMARA II en lo Civil y Comercial, SALA II, para requerir medidas urgentes de protección, para niños, niñas, adolescentes, maestras/os y personal no docente que concurren a las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, de los impactos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, el agua superficial y subterránea, el aire y en consecuencia, en la salud.

Se pedían medidas concretas como la fijación de una franja de 1000 metros alrededor de las escuelas rurales libre del uso de agrotóxicos, con una zona de resguardo, barrera vegetal, para impedir o disminuir el egreso descontrolado de los agrotóxicos. Además solicitaban se prohíba la fumigación aérea en un radio menor a 3000 mts., tal como ordena el decreto reglamentario de la Ley de Plaguicidas, para el radio de zonas urbanas. Además se solicitaban medidas de control epidemiológico sobre la población de las comunidades educativas, que por su edad son más vulnerables, entre otras como análisis del agua de lluvia y agua utilizada en las escuelas.

“Se denomina técnicamente DERIVA, al fenómeno de desplazamiento inevitable de agrotóxicos fuera del área fumigada. Es decir, que no hay fumigaciones controlables y sus consecuencias se hacen sentir sobre la vida”.

Con una sentencia favorable el  1º  de octubre de 2018 se admitió parcialmente la acción prohibiendo la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de 1000 mts. Alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos y la fumigación aérea en un radio de 3000 mts. alrededor de dichos establecimientos. Además se exhortaba al Estado provincial lleve adelante estudios de impacto que permitan organizar políticas de prevención e implantar las barreras vegetales alrededor de las escuelas rurales. El 29 octubre de 2018, se dictaba la sentencia de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del  Tribunal Superior de Justicia confirmando el fallo.

Tal como relata la abogada Sacia, a pesar de la medida judicial confirmada en segunda instancia,  el Gobierno Provincial encabezado por Gustavo Bordet decidió desoír a la justicia y con un decreto reduce las áreas de fumigación alrededor de las escuelas rurales. “Con la Publicación del Decreto Nº 4.407/2018 se reducen las distancias de las aplicaciones,  en cercanías a escuelas rurales  establecidas en la sentencia,  a 100 mts en relación a las aplicaciones terrestres y a 500 mts la restricción de distancia en aplicaciones áreas”.  Una situación que también sucede en la provincia de Buenos Aires, donde en Enero pasado la gobernadora Vidal puso en vigencia un decreto eliminando las restricciones en las distancias de fumigación para las escuelas rurales. “Ante semejante panorama de retroceso en materia de protección de derechos humanos fundamentales, como la salud, la vida, el ambiente y la integridad física de los niños, niñas y personal que acuden a las 1023 escuelas rurales de la Provincia, se presentó el día 25 de febrero de 2019 una nueva acción de amparo ambiental,  solicitando se declare la nulidad y se revoque el Decreto Nº 4.407/2018” señala la especialista.

Basta es basta

“En este Proceso de Judicialización desde el primer amparo  se oyeron  distintas voces, expresiones, debates, charlas, que demostraron el grado de reacción de un sector y de sensibilización por el otro. Se llegó así a instancias de repercusión inimaginables donde paralelamente a la instancia de conflicto desde la Coordinadora proponíamos la adopción de la Agroecología como matriz productiva de la provincia desde todos los ámbitos posibles”, explican desde el espacio.

Tanto es así que incluso en medio de este proceso de judicialización el Estado provincial, a pedido de las organizaciones sociales y ambientales, convocó un Foro Provincial de Agroecología. La finalidad del mismo fue gestionar la transición hacia el cambio de la matriz productiva de la provincia de Entre Ríos. Cambio que se declaró política de Estado emitiéndose la resolución oficial pertinente y del cual se van realizando dos encuentros con amplia repercusión y asistencia y donde se van generando propuestas concretas que den forma y espacio a la mentada transición.

El día jueves 28 de Marzo la acción de amparo fue resuelta, el amparo fue concedido dejándose sin efecto los artículos del decreto que disminuían las distancias quedando efectivos los demás, por lo que persiste la prohibición de aplicaciones en horario escolar. Como resultado, quedan vigentes las distancias de 1000 metros terrestres y 3000 metros aéreos además de la prohibición de toda fumigación con agrotóxicos en horario escolar.

A continuación el docente Elio Kohan, activo ecologista y militante contra las fumigaciones, fue increpado a golpes por un ciudadano de Avigdor, mientras profería dichos acerca de su trabajo en defensa del ambiente, a menos de 24 hs. de conocido el fallo. No obstante los rotundos argumentos planteados y el desenmascaramiento de las justificaciones que “respaldan” el decreto, el dia 29 de marzo el gobierno apeló el fallo ante el Superior Tribunal de Justicia.

Gobernar para las cámaras empresarias

Con posterioridad a la contestación de la demanda, el Gobierno Provincial organizó una reunión en la Bolsa de Cereales en la que participaron el Secretario de Producción, el Fiscal de Estado, el Fiscal de Estado Adjunto, representantes de INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias-UNER, el Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos ER y todas las entidades del sector agropecuario. Allí la Fiscalía de Estado asesoró a las cámaras empresarias a presentarse ante la Cámara Civil y Comercial de Paraná, en un proceso colectivo como afectados ante la decisión que pueda tomar la justicia.

“Las actoras denunciamos la extemporaneidad de las presentaciones como asimismo la actitud del estado que ostensiblemente estaría representando y defendiendo a un sector claramente basado en intereses económicos lejanos al interés por la salud de la comunidad educativa de las escuelas rurales” precisó la abogada de la Coordinadora.

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Gualeguaychú, un gesto esperanzador frente al glifosato

Una Resolución para el riego con veneno

Coordinadora Por Una Vida Sin Agrotóxicos: Basta es Basta 

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El municipio de Gualeguaychú está impulsando otro modelo de producción y consumo que retoma el trabajo que vienen haciendo las asambleas ciudadanas. Otro modelo de producción y consumo más amable con la tierra también es una necesidad que plantean cientos de organizaciones colectivas a lo largo y ancho del país.

Hace poco tiempo en la localidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Rios, se comenzó a desarrollar un proyecto de producción de alimentos y consumo orientado por el paradigma de la soberanía alimentaria y que toma una temática que vienen trabajando las organizaciones populares desde hace mucho tiempo. El PASS (Programa de Alimentasión, Sana, Segura y Soberana,  tal su nombre,  abre grandes esperanzas no solo a nivel local sino que tiene los ojos atentos de las y los habitantes de todo el país.

El avance sobre los bienes comunes, el extractivismo y la explotación hoy hace que las poblaciones,  ya no solo los campesinos,  necesiten retomar esta senda de las tradiciones y el cuidado de la tierra y quienes viven en ella.  La producción agrícola a escala industrial, con el consiguiente desmonte y  el paquete tecnólogico asociado, equivalente al uso de venenos en grandes cantidades,   vienen produciendo una catástrofe sobre la salud de los seres vivos.  Así lo vienen entendiendo las y los pobladores de los pueblos y ciudades de nuestro país que se ven directamente afectadas por el agronegocio que privilegia las ganancias. Las organizaciones y redes  se vienen constituyendo   para denunciar y resistir lo que sucede,  tal el caso más reciente de Gualeguaychú.   Organizaciones vecinales y las asambleas ciudadanas lograron ser escuchadas por el municipio que impulsó un dictamen que prohibió el glifosato en el ejido urbano, tal como contamos.

PASS

El municipio de Gualeguaychú retomó esta preocupación y trabajo de las y los vecinos de la zona respecto del consumo responsable y  la soberanía alimentaria,  e impulsó el Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana – PASS.

Tal como nos cuentan las y los vecinos organizados  se trata de un plan en cuya elaboración e implementación participan referentes de distintas disciplinas como: abogados ambientalistas, profesionales de la medicina, de la biología, de veterinaria, de la agronomía, docentes,  habitantes de la zona y distintas personas vinculadas a la temática. La intención es empezar a construir líneas de trabajo que tengan que ver con modos de producir y consumir diferente. Para ello se hace necesario hacer un relevamiento sobre lo que se produce y se han comenzado a realizar capacitaciones destinadas  a productores sobre agroecología, y abierta al público en general.  Esta iniciativa está tratando de acompañar a las y los productores y así poder generar otra oferta y para eso necesitan del estado presente y acompañando.   Otras capacitaciones estuvieron destinadas a docentes con el fin de empezar a pensar y trabajar alrededor de lo que se consume y la alimentación desde la primera infancia.  Un plan ambicioso que implica una transformación cultural necesaria y contraria al paradigma del  consumo desinteresado que solo beneficia a las corporaciones.

Un replanteo en relación a los modos de producir, de comercializar y de consumir bajo la premisa que trasmite el médico Damián Verzeñassi,  “si tiene veneno no es alimento”. Un trabajo que vienen haciendo las organizaciones de base y que toma el municipio para transformar en plan, que en este momento está en período de investigación con quienes producen en el éjido de Gualeguaychu, para ver que se produce  y como se podría producir de otra manera, orientado bajo el paradigma de la soberanía y seguridad alimentaria.

En distintos lugares de nuestro país, organizaciones, agrupaciones y distintas redes se vienen organizando para impulsar no solo la prohibición de los venenos  sino otros modos de producir más amables con el ambiente,  con un horizonte puesto en  la agroecología,  como un modo sustentable de producir. Red Universitaria de Ambiente y Salud, Red Nacional de Municipios y Comunidades que Sustentan la Agroecología, Red Federal de Docentes por la Vida, Unión de Asambleas de Comunidades,  Coordinadora Provincial (E.Rios) Por una Vida sin Agrotóxicos  y muchas otras organizaciones se constituyeron para resistir las políticas extractivas que maltratan la tierra y los ambientes y por consiguiente lesionan y destruyen las distintas formas de vida, cercanas o más alejadas de los lugares de producción de la agroindustria.

A pesar de las políticas públicas que parecen dejar en el desamparo a las y los habitantes frente a la voracidad de los negocios, los pueblos se vienen organizando para frenar este avance y proponer que otro mundo es posible.

Tal como lo expresa Miryam Gorbam: Hace 100 años, en San Petersburgo, al grito de “Pan, Tierra y Paz” se produjo una revolución que resultó el hecho social más importante del Siglo XX. Hoy, un siglo después, no solo continuamos reclamando lo mismo sino que sumamos a aquellos el reclamo de más trabajo, más educación, más salud, más seguridad social,

La Vía Campesina definen la Soberanía Alimentaria como el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas alimentarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias, reclamando la alimentación como un derecho.  Así también lo han entendido los pueblos organizados para hacer valer sus derechos.

Desde la Red de Luchas Socioambientales  que nuclea a distintas asambleas que luchan contra el extractivismo, para proteger sus territorios y por la salud a nivel regional,  el próximo 5 de junio Día Mundial del Ambiente bajo la consigna: “Es momento de decir Basta” le darán visibilidad  las diferentes asambleas que saldrán a las rutas “a compartir nuestros sufrimientos y verdades para convertirlos en un tejido de luchas socioambientales que movilice a los pueblos afectados por el extractivismo, y sometidos por empresas y funcionarios sin escrúpulos”.

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Se cumple un año de la desaparición y femicidio de Micaela García en Gualeguay, Entre Ríos. Por eso, conversamos con su madre, su padre, amigas, compañeros y compañeras para recordar cómo vivió Mica: luchando cada día por un mundo mejor.

Inquieta, terca, tenaz, alegre, chinchuda, incansable, soñadora, caprichosa… los adjetivos salen uno a uno y la describen completa. Nada de sonrisas imborrables o ternura incontenible, Mica era así: contradictoria y adorable, como muchas de las pibas que hacen y militan y viven todos los días en nuestro país.

Su desaparición, el 1 de abril de 2017, generó una búsqueda intensa; su femicidio sacudió a todo el país; pero el rastro de lo que fue construyendo con otras y otros en sus años de militancia no sólo sigue presente sino que se multiplica en comedores comunitarios, jardines de infantes, movimiento de mujeres que llevan su nombre y continúan su legado.

Puentes entre pasado y futuro

Micaela militaba en la Juventud del Movimiento Evita (“la gloriosa JP”, como la llamaba) en su ciudad, Concepción del Uruguay, y atendía varios frentes: desde la militancia barrial, sobre todo en Villa Mandarina, el frente de mujeres (donde se enfocaban en militancia de género) hasta la relacionada con la formación, a través de charlas o la confección de una revista para el 24 de marzo de 2017. Mica, como tantas y tantos jóvenes de nuestro país, creía que sólo a través de la política se podía transformar la realidad.

Cuando intentan tejer los orígenes de ese camino, las referencias de las abuelas son ineludibles: Néstor García, el padre de Micaela (a quien todas y todos conocen como “Yuyo”), cuenta que sus abuelos eran radicales y profundamente “gorilas”, pero que las tres hijas (entre ellas, su madre, La Chiqui) se casaron con hombres peronistas. Andrea Lescano, la mamá de Mica, habla de su madre, Graciela, como militante peronista en su juventud. Más de una vez, Graciela participaba de los armados de bolsas, distribución de ropa o juguetes con su nieta. Ser mujer en esa familia era uno de los orgullos más grandes de Mica. Con tres hermanos detrás, desde chica se hizo un lugar a los codazos y se salió de los moldes de lo que esperaban de la “niñita”. Desde los juegos de la infancia, en las afueras de Concepción del Uruguay, como perderse entre los cañaverales, colgarse de la soga de tender la ropa (y generarse unos cuantos chichones), patear pelotas y rechazar muñecas; treparse al techo para estudiar lejos de sus tres hermanos, y discutirles, cuando los visitaba de más grande y había profundizado su mirada con perspectiva de género, que tanto ellos como su padre no tendieran sus camas o lavaran los platos.

Desde esas convicciones, que no sabían de frenos ni de parentescos, surgieron las primeras inquietudes: una mujer que le contó que no sabía leer, la idea de ayudarla en el aprendizaje, el grupito que fue creciendo y una organización a la que ingresó: porque, después de todo, el camino se hacía colectivamente.

En esos puentes que se van trazando durante la charla aparecen los signos y señales que Andrea y Yuyo van encontrando cuando miran hacia atrás, Yuyo cuenta que Mica tenía en su mochila, la que nunca llegó a buscar, una revistas de cuando él iba a la facultad y despuntaba el vicio de la escritura como herramienta política. “Siempre las tenía ahí desparramadas y no las leía. Yo me enojaba porque las había guardado muchos años y ahora estaban tiradas ahí en la mesa”.

Y es que también Mica había incursionado en su revista propia. Para el 24 de marzo de 2017, en un nuevo aniversario del Golpe de Estado y la instauración de la Dictadura político-militar- eclesiástica, La Negra estaba decidida a hacer una revista. Según cuenta su amiga y compañera de militancia Carla Bassini: “Mica era muy inquieta, tenaz en sus luchas y en sus ideas como nadie que he conocido, porque se le ponía una idea y ahí iba. Incluso cuando nada cuadraba para que eso pasara. De hecho, para el 24 de marzo pasado ella hizo una revista, hicimos como JP, pero la que movió todo fue ella. Y empezábamos en menos diez, no teníamos nada, ni recursos para costearla”. Mica no se dio por vencida e, incluso, el mismo Yuyo tuvo que aportar para la edición.

Uno de sus escritos fue sobre los 40 años de la desaparición del periodista Rodolfo Walsh: había leído, y la había fascinado, Operación Masacre. El otro era una entrevista a una prima y a un compañero de Chilo y Neco Zaragoza, ambos militantes desaparecidos de la Ciudad. Alejandro Jacquet, pareja de Mica, recuerda que ese día llegó a la casa que ambos compartían y le dijo: “No sabés lo emocionante que fue la entrevista, estoy temblando de emoción”. Por eso trazó de nuevo un puente este 24 de marzo, cuando estuvo charlando en la marcha con Adriana Garnier, la nieta restituída nro 126, y recordaban la historia de sus padres desaparecidos y lo que decían de ellos: “tenían el sueño de un país mejor”. No pudo evitar relacionarla: “Era un poco por ahí lo que hablamos de La Negra, de ese mismo sueño. Y la coincidencia con cuarenta años de diferencia, me impactó mucho”.

“Si hay algo que defendía era cómo quería vivir”

El hermano que le sigue a Mica, Ayrton, juega al voley. Alguna vez se organizó un campeonato familiar para recaudar fondos, y la familia García Lescano decidió participar en pleno. Parte del ritual de las visitas de Mica a su familia, que reside en Colón, eran las peleas con su hermano menor, Jano, inquieto adolescente. Pero aquel campeonato los encontró conociéndose desde otros lugares: Ayrton decidió migrar hacia un equipo más competitivo. Jano, para sorpresa de su hermana, se quedó, compartió, se río, y generó un espíritu de grupo que Mica desconocía. Esa es una postal que atesora la familia. Y que, también, los pinta de cuerpo entero: recordando y riendo sin problemas con las contradicciones.

Ponerle pilas a todo es una característica que aparece en cada charla: “Imaginate –cuenta
Alejandro– un verano trabajó en Colón en una colonia de vacaciones. Viajaba todos los días desde Concepción, llegaba a la terminal, se caminaba como 25 cuadras hasta la playa y estaba de 9 a 12. A esa hora se caminaba de vuelta hasta la terminal, se tomaba el colectivo y llegaba a las 2 de la tarde en pleno verano, y así todos los días… Lo hacía porque quería superarse ella como profesional, aprender, también tener su plata, ser independiente”.

Por eso estudiaba del Profesorado Universitario en Educación Física dentro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), que tenía sede en Gualeguay, vivía con una compañera durante la semana allá, y los fines de semana se volvía corriendo a Concepción a militar, estar con Ale, visitar a sus debilidades: la abuela Chiqui y el abuelo Coco, y a su ahijadita Alma, hija de un primo muy querido. Y en esa inquietud era, también, una caminante. “Iba caminando a todos lados. Si hay algo que defendía era como quería vivir, y aquella noche (el 1 de abril a la madrugada) se volvió caminando porque prefería eso a volver en un remís con alguien que no conocía”, cuenta Alejandro.

“La política nos salvó”

Carla conoció a Mica a fines de 2015, cuando ingresó a la JP. “Acá el río crece todos los años y se inunda todo: y obviamente los barrios que se inundan son los más vulnerables. Cando entré era época de navidad, así que envolvíamos regalos y llevábamos a los centros de evacuados, armábamos canastas navideñas… Mica era la responsable y siempre, como cuesta que las pibas y los pibes se comprometan, cuando encontraba a alguien entusiasmado no lo soltaba”, cuenta entre risas.

El recuerdo fluye así, entre risas, reflexiones y, aún, incredulidad. Carla compartía la militancia de género que llevaban adelante bastante en solitario: “Nosotras siempre teníamos la idea de que no tuviera que haber un frente de mujeres. Que fuera algo transversal a una organización y a todas las actividades, pero en ese momento había frente de mujeres”.

El 8 de marzo de 2017 se habían movido mucho para las actividades del día de la mujer trabajadora: “Hicimos unos talleres con asambleas, organizamos el taller de aborto; pintamos el mural de ‘las paredes se limpian las mujeres no vuelven’; hicimos la primera feria de la mujer trabajadora (con bastantes trabas de parte del Municipio); hicimos una intervención callejera, con cifras de feminicidios… y después obviamente se marchó”, detalla Carla.

Sin embargo, una de las autocríticas que llevaban adelante, y en la que Mica participaba, era que siempre eran las mismas, se preguntaban por qué la gente no se sentía interpelada por las cifras, ante la violencia contra las mujeres. “Y después lo vimos con lo de Mica, y acá se hicieron marchas como nunca en la historia: había 15 mil personas en una ciudad como ésta, que no se siente interpelada por casi ninguna causa”, agrega.

Es impactante la entereza con que este grupo de jóvenes, compañeras y compañeros, afrontó (y sigue afrontando) el femicidio de Mica. Como intentaron, desde un principio, dejar de lado impulsos y sentimientos personales para pensar de conjunto lo sucedido, para reflexionar sobre el estado de la sociedad que las y los rodea. En ese sentido, Carla detalla: “Yo siempre digo que a nosotros un poco la política nos ‘salvó’, por decirlo de alguna forma, porque nos ayudó a entender un montón de cosas y lamentablemente, a entender que tampoco era contra Wagner (Sebastián, femicida de Mica). Y además Rossi* estuvo un año en funciones, tampoco es que se cuestiona de fondo. Nosotros decimos: “Rossi es uno más, que no tiene un accionar tan distinto del que debe tener aquel. Si bien sabemos que sí son Rossi o Wagner responsables directos, también entendemos que hay todo un sistema detrás que sigue reproduciendo eso. Por eso pensamos que lo que hay que cambiar es el fondo, que era lo que pensaba Mica también. De hecho era bastante consciente de que había que empezar de cero y por eso trabajaba con chicas y chicos”.

Ese cambio desde el principio es por el que luchan tantas mujeres en la actualidad. Desentrañar las raíces del patriarcado es el trabajo cotidiano. En una reciente conversación de la antropóloga Rita Segato en la Fundación Rosa Luxemburgo, la relación del juez Rossi con el sistema patriarcal salió como un tema central: “Soy profundamente crítica al juez Rossi y todos aquellos jueces que siguen la doctrina de Eugenio Zaffaroni, y ponen a un asesino en la calle, porque es un asesino que solamente mata mujeres. Es impresionante que sea así, impresionante que eso sea visto como el problema de una minoría, de una gente que de repente siente un deseo sexual incontrolable y mata. Es una despolitización completa del problema del patriarcado, que es una estructura política, no tiene que ver con deseos, es un orden político de una desigualdad fundacional”.

Se viene el día en tu corazón

Andrea y Yuyo crearon la Fundación Micaela García “La Negra” para continuar el deseo de su hija de cambiar el mundo (de a un niño o niña a la vez). De seguir haciendo política, más allá de que Andrea se resista a la palabra (“Dice que no hace política y le discute a los políticos las leyes”, la carga cariñosamente Yuyo).

Desde el viernes 20 de abril próximo proyectaron actividades para inaugurar el local (una casa cálida en la que la sonrisa de Micaela, dibujada por Liniers, recibe desde el cartel de ingreso) y para realizar actividades donde se cuestiones y piensen los marcos normativos existentes sobre violencia de género. Así, habrá una conferencia de prensa con la abogada Perla Prigoshin, una Jornada para Magistrados, funcionarios y agentes jurídicos así como alumnos de las carreras de leyes sobre el “Marco Normativo Nacional: violencia de Género”; y otras Jornadas para el público en general: “Tipos y Modalidades de violencia contra las mujeres, violencias naturalizadas: simbólica y obstétrica”. Porque hacer con otras y con otros sigue siendo el horizonte con el que soñaba La Negra.

Carla también lo menciona. Como mujeres, nunca dejaron que el miedo las invadiera: “El miedo se sintió, pero a nosotras también la consciencia previa nos ayudó a decir: ‘Yo no tengo por qué quedarme en mi casa. De hecho, eso no sirve’. Nosotras y nosotros tratamos de seguir haciendo política, que es en lo que la Negra creía, y también lo que nosotros creemos”. Cuenta que desde “el ‘Evita’ tenemos la frase: ‘Construir el mundo que Micaela soñó’. Y decimos que el mundo que La Negra soñaba era el que nosotros soñamos, lo que ella pensaba es lo que pensamos nosotros; de hecho, por eso nos conocimos”.

Es así que Rafa, referente del Movimiento Evita, nos detalla algunos de los lugares en los que Mica se multiplica: “Está el Espacio de cuidados Micaela García en Barrio Kolynos de Quilmes; el Centro Cultural Micaela García en Olivos en Vicente López; la Biblioteca Popular Feminista Micaela García en La Plata; la Escuela de formación feminista itinerante Micaela García”.

Y Andrea completa los que recuerda: “Un merendero en Gualeguay, una escuelita de iniciación deportiva en Neuquén, algunos Centros Culturales en Rosario, Un movimiento de mujeres…”. Pero sin dudas uno de los lugares que más sorprendió fue el Espacio de Primera Infancia (EPI), un Jardín, con el nombre Micaela García en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Pato es la referente del lugar y quien pensó enseguida en el nombre de Mica. Nos cuenta que ese fue el primer lugar del Movimiento en la zona: “Ahí empezamos a construir desde hace diez años. Era un terreno baldío a la vera del arroyo, en un lugar muy vulnerable. Ahí se hizo un obrador, funciona un Centro Cultural, hace dos años funciona un comedor con 300 pibes, donde hay 15 compañeras a la mañana y 15 a la tarde”.

Hace unos años surgió un proyecto para poder hacer un EPI en la zona y Pato, por ser docente, decidió proponer el lugar: tiraron el gimnasio y empezaron a construir: cuando ya tenían los dos salones grandes donde funcionan dos turnos en salitas de uno a cuatro años, debían inscribirlo. Allí es donde la perspectiva de género ganó lugar: “Me pareció sumamente interesante darle prioridad a las compañeras que son mamá y papá, a las compañeras que sufren violencia de género, a las que están solas y que trabajan, a la compañera que no tenía un lugar y no podía generar su independencia económica y tenía que seguir sufriendo violencia de género porque no tenía quien le cuide al chico”.

“No podía tener otro nombre que ‘Micaela García’ –afirma Pato–, porque tiene que ver con eso; con la lucha que Mica llevaba adelante, tiene que ver con los sueños que Mica tenía, una compañera, una adolescente que luchaba por una sociedad mejor, por un país distinto, que luchaba por ver sonreír a esos pibes como lo hacemos nosotros todos los días”. El jardín fue inaugurado el 9 de marzo pasado con la presencia de Yuyo, Andrea y la abuela de Mica. Andrea cuenta que incluso hay fotos de Mica en una pared, para que las pibas y los pibes la conozcan, sepan lo que hacía todos los días para cambiar la realidad. Así, también, lo afirma Pato: “Ella vive en cada cosa que hacemos todos los días, ella hoy vive en ese EPI, en la sonrisa de esos pibes. Así que por La Negra y por las muchas Micaelas seguiremos luchando en esta sociedad patriarcal”.

Pato habla de que en cada barrio, Mica plantaba una semilla. “Y esa semilla daba frutos”, afirma. Las semillas esparcidas al voleo van dando sus frutos, claro. Pensar a Mica desde cómo vivió es lo que desean quienes la conocieron: “Era muy comprometida, la que siempre planteaba iniciativas, la que proponía cosas nuevas para hacer en la militancia, a formarse… Se levantaba todos los días y se leía todos los diarios para estar informada, para poder hablar de la actualidad; era muy persistente”, cuenta Alejandro.

Y es inevitable volver a las líneas de la revista que generó el 24 de marzo de 2017. Allí, hablando de Rodolfo Walsh, dejó plasmada su idea misma, y su semilla que sigue dando frutos: “La verdad se milita, por la verdad se da la vida. La lucha se culmina cuando triunfa la revolución, o cuando dejamos la vida en el intento para que la continúen las próximas generaciones”.

*Se trata del Juez Carlos Alfredo Rossi, titular del Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos, Argentina), quien fue suspendido de su cargo en diciembre de 2017 y actualmente se encuentra en proceso de Jury para determinar su responsabilidad en el otorgamiento de libertad condicional al acusado de violación Sebastián Wagner, quien en ejercicio de la libertad condicional asesinó a Micaela García.

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Candidatas a diputadas nacionales por Entre Ríos analizaron cuál es el impacto de las luchas del feminismo para las campañas legislativas 2017. Lo organizó el Colectivo Ni Una Menos.

En 1991, antes de la sanción de la ley que obliga a los partidos políticos en la Argentina a incorporar un mínimo de 30 % de mujeres en sus listas con candidaturas al Congreso de la Nación, solo un 6% de los miembros del Poder Legislativo éramos mujeres. Luego de implementada la Ley de Cupos (24.012), el número ascendió al 28% en 1997 y al 40% en 2008, promedio que se mantiene en la actualidad. Sin embargo, este número es mucho menor en las provincias y municipios donde no existe esta norma de trato preferente, por lo que –y contra lo que algunos afirman– esas medidas son altamente efectivas para revertir una exclusión que es histórica. Esto significa que la Ley de cupo femenino es un piso y no un techo, como se ha leído hasta el momento por parte no sólo de los partidos de todo el arco político, sino de representantes judiciales y de los medios de comunicación masivos.

Tras las Primarias legislativas de agosto de este año, el Colectivo Ni Una Menos de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, comenzó a pensar qué implicancias tenía la ley en el trazado de una agenda política de género, en qué residía el debate sobre paridad entre  mujeres y varones y cómo se relacionaba con las estructuras político partidarias en relación a la lucha de género, en el control incluso, del cumplimiento de la Ley de cupo femenino.

«Las mujeres en la agenda política» fue el título que eligió el Colectivo feminista uruguayense para organizar el primer panel de debate sobre mujeres y política en el marco de las Legislativas 2017. La jornada se concretó el jueves por la noche en la Sala 1º de Mayo del Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y reunió a las candidatas a diputadas nacionales por Entre Ríos, Carolina Gaillard (Somos Entre Ríos), Nadia Burgos (Nueva Izquierda) y Verónica Magni  (Encuentro Social) quienes reflexionaron sobre la agenda feminista en el escenario político para una sala completa con público general, funcionarios, legisladores y organizaciones sociales y políticas.

La modalidad de debate les permitió a cada una expresarse durante tres minutos sobre los temas: Mujeres y Trabajo, Violencia de género, Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual Integral (ESI).

Verónica Magni, la referente local, abrió el debate con el eje Mujeres y Trabajo sobre “las desventajas que sufre la mujer en relación a las funciones frente al varón”. Mientras que la actual diputada nacional por el Frente para la Victoria, Carolina Gaillard, consideró como un hito enmarcar a la mujer en la agenda política y enfatizó que el mundo laboral para las mujeres era significativamente desigual respecto de los varones, y que el gran problemas era que “todavía no se plasma en las decisiones políticas”. Por su parte, la candidata de la izquierda Nadia Burgos se diferenció de sus pares con un posicionamiento feminista y LGTTBI y se refirió a la problemática de los roles de cuidado cuya responsabilidad actualmente “recae en las mujeres” y exigió que “el trabajo doméstico sea remunerado” y para la comunidad LGTTBI demandó la urgencia en la definición de políticas en torno al “cupo laboral trans”.

El segundo eje sobre Violencia de género, reunió posiciones comunes entre las candidatas. Burgos fue la que expuso que era necesario analizarlo “desde un todo sistémico. No pedir más penas sino más educación” así como la “capacitación obligatoria para toda la esfera del Estado”. Magni reconoció que “se teoriza y en la práctica no se plasma nada: Entre Ríos es uno de los distritos que más padece la violencia de género”. En concreto consideró que la salida es la elaboración de un “presupuesto acorde a la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres”. De las tres, fue Carolina Gaillard la única que nombró a Micaela García en el auditorio y dijo: “vivimos en un sistema capitalista” que oprime a las mujeres y la justicia tiene la misma “mirada machista”.

Cuando llegó el turno de Salud Sexual y Reproductiva Gaillard aprovechó que el debate ya estaba caliente para hacer un tiro por altura por la ausencia de la candidata por la Alianza Cambiemos, Alicia Fregonese, quien se excusó con las organizadoras “por superposición de agenda”. Y sostuvo que es precisamente el  oficialismo el que no vota “las leyes que necesita el movimiento de mujeres” y aclaró que Entre Ríos adhiere a la ley pero es “el Gobierno Nacional el que no está abasteciendo con anticonceptivos, ni llevando adelante campañas de prevención”. Respecto al aborto legal, seguro y gratuito especificó que desde su lista “no queremos que ninguna mujer muera por practicarse un aborto”. Por su parte Burgos señaló que no había que “olvidar que el sistema público de salud está colapsado”. La candidata por la izquierda también se refirió a la gestión de Cambiemos y sostuvo que “el presidente Mauricio Macri viene con una embestida. Queremos decidir y tener la libertad para elegir. El aborto legal y gratuito sigue siendo una deuda de la democracia”. Magni agregó que su compromiso era desde “hace más de diez años con la Campaña por el aborto legal seguro y gratuito”.

El último eje refirió a ESI. Las candidatas reconocieron que era una ley con un bajo porcentaje de aplicación en las escuelas y que en la mayoría de los casos su trabajo en profundidad quedaba a consideración del compromiso de docentes y autoridades. Gaillard sugirió que no es cierto que “la sociedad no esté preparada” para pensar sobre educación y sexualidad sino que son “los políticos los que no estamos preparados. La mujer que está decidida en interrumpir su embarazo lo va hacer y el Estado debe acompañar”. Magni prefirió enfocarse en los jóvenes y pensar cómo trabajar educación, maternidad y sexualidad cuando se refirió al “doble esfuerzo para estudiar y que 7 de cada 10 mujeres trabajan, estudian y cuidan hijos”. Por último, Burgos agregó que el nudo de la cuestión es entender a la ESI en el marco de una profunda “crisis educativa y social de nuestro país”.

Por qué una agenda política con perspectiva de género

La definición de autogobierno que las mujeres empezamos a trazar se afirmó a partir de reclamar para nosotras mismas el control sobre nuestra propia vida y la soberanía sobre nuestros cuerpos, decir en voz alta qué tipo de sociedad queremos y organizar nuestra lucha en torno a eso, señalar al Estado como responsable y al patriarcado como un problema estructural que se condensa en opresiones económicas, culturales, políticas, laborales, de género, y se expresa a través de significaciones sociales naturalizadas en el colonialismo, la misoginia, la heteronomartividad, la explotación capitalista, el racismo, el disciplinamiento sexual, la idea de familia vinculada al rol femenino de los cuidados y la subordinación de la mujer a la idea del amor idealizado.

Todos estos recorridos fueron de-construidos en los últimos años en nuestro país por el movimiento de mujeres. Las plazas, las camas, las aulas, las fábricas, las universidades, las profesiones, las artes, la cultura y la política se trastocó cuando miles de mujeres el 3J de 2015 poblamos las calles con la consigna Ni Una Menos. Desde ese día las expresiones más variadas de lucha y manifestación pública como tetazos, intervenciones artísticas, ruidazos, paro de actividades, cuerpazos, escraches, gritos globales, tomas, movilizaciones silenciosas, murales, asambleas y otro sinfín de acciones tuvieron como contenido simbólico, material e ideológico las consignas sororas de un nuevo tipo de feminismo: antipatriarcal, anticapitalista, anticolonialista, popular, diverso y latinoamericanista.

Esa potencia que marcaba la lucha por la igualdad en un mundo desigual nos convenció a las mujeres que había llegado el día donde podíamos y debíamos reclamar para nosotras mismas un lugar central en la vida política de nuestro pueblo. Fue así que esta nueva ola feminista verde y violeta se multiplicó en cada provincia y localidad a lo largo del país.

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A dos semanas del femicidio de Micaela García, que despertó una nueva ola de conmoción social espontánea y claro, ya sabemos, transitoria, en todo el país, unas palabras para sanar el dolor.

“Che, desde ayer que no sabemos nada de una compañera de Entre Ríos, vamos a empezar a difundir su foto en todos lados”. Así comenzó esta nueva triste historia, como comienzan muchas de nuestras historias, con una foto que visibiliza a la mujer que busca una familia, el grupo de amigas, la comunidad educativa de una escuela. En este caso, casi sin darme cuenta, estaba empezando a compartir la foto de “la Negra”, compañera de la juventud del Movimiento Evita Entre Ríos.

El primer día es extraño, siempre mantenemos ese pedazo de esperanza del mensaje que nos llega y dice “apareció, está todo bien”… pero después cada hora empezó a volverse clave, conversaciones en las que nos preguntábamos qué carajo estaba pasando con nuestra compañera, queriendo guardar los pensamientos más horribles para otro momento, queriendo deshacer el nudo en la garganta que empezaba a aparecer cada vez que hablábamos de Micaela García, una nueva piba desaparecida de la que empezaban a hablar los medios.

Así empezó la búsqueda, el rastrillaje (los peritos decían “no hay nada de nada, es como si se la hubiese tragado la tierra”) y la trascendencia que tomó el caso al reconocer que esta vez, estábamos buscando a otra mujer, a otra mujer joven que vestía remeras de la campaña “Ni Una Menos”, que se embarraba todos los días en el merendero de Villa Mandarina, que se sacaba selfies con los pibes del barrio, orgullosa de su -de nuestra- militancia cotidiana por Tierra, Techo y Trabajo.

Lo demás ya lo conocemos. Exactamente una semana después de su desaparición tuvimos esa confirmación, la del cuerpo semienterrado, la de los signos de violencia sexual, la del femicidio. Una menos. Sí, una menos. Y esta vez el patriarcado se había llevado a una de las nuestras, a una militante comprometida, a una luchadora de esta patria. Así, un desconocido que la siguió cuando Mica iba camino a casa, la secuestró, la atacó, creyó poder hacerla suya y después, como no fue suficiente, la estranguló hasta que “la Negra” murió por asfixia.

No hizo falta hacer ninguna asamblea ni organizar reuniones para decidir qué hacíamos. La calle. Ese es nuestro lugar cotidiano. Inmediatamente comenzamos a organizarnos en todos los territorios para movilizarnos hasta las plazas o puntos céntricos de cada ciudad de Argentina, para seguir llevando nuestro grito cansado pero persistente, herido pero solidario, libertario y cada vez más pero más unido a todos los gritos del Universo que no soportan más lo dado, lo naturalizado en esta sociedad de patriarcales.

El cuento ya lo conocíamos. Seguramente comenzarían los juicios de valor hacia Micaela, a la ropa que llevaba puesta, a salir de noche sin el novio, a volverse a casa sola, a su madre por dejarla ser libre… seguramente saltaría la ficha de terribles “errores” del sistema judicial durante la semana que estuvo desaparecida, por su accionar con el violento, violador y ahora asesino que se presumía como el principal responsable… seguramente ese sector que en nuestro país representa “el atrás” se daría sus panzadas en las redes sociales para mofarse de la muerte de una negra peronista… Como así también seguramente la Argentina toda se levantaría para homenajear a una piba menos y a una muerta más, para exigir justicia, para repensar cómo vamos a hacer para dar vuelta la página en esta triste historia que vamos contando cada 18 horas… sí, porque mientras despedíamos a la Negra morían otras más, circulaban fotos de más y más hermanas que de un momento a otro, “es como si se las tragase la tierra”.

Mendoza está primereando lamentables estadísticas, como no bastó con haber exportado a Vila y Manzano al mundo de los grandes negocios, o a Cobos y Sanz a la política nacional, ahora también nos destacamos por tener un gobierno provincial con un gabinete lleno de misóginos y violentos, que postula a José Valerio como juez de la Suprema Corte de “Justicia” (galardonado en fallos machistas y homofóbicos a quien le hemos regalado varias líneas periodísticas en Marcha) y que ahora se enorgullece de la mano del mismísimo Presidente de la Nación que postula para el Tribunal Oral Federal de Mendoza, a Gustavo Fehlman, profesor demandado por acosar a una estudiante en la Universidad Champagnat. Se huelen, se olfatean, se miden, se valoran con su propia vara.

El pueblo mendocino junto a las organizaciones sociales y políticas, las agrupaciones feministas, nuestras familias, vecinos y amigas estuvimos el sábado 8 de abril en Km 0 de Ciudad alzando la voz y flameando nuestras banderas. El martes 11 volvimos a la calle, mientras despedíamos a “la Negra” en Concepción del Uruguay, caminamos por el centro mendocino (y por muchos otros centros de varias provincias) con su sonrisa como bandera y la esperanza de otro mundo mejor para nosotras, quienes nacimos mujeres y morimos por serlo. Así, más de mil personas llegamos a Legislatura, leimos unas palabras en su honor y nos despedimos con Juguetes Perdidos que sonaba mientras encendíamos velas por ella y por todas, velas que intentan iluminar nuestra verdad, velas que intentan mantener prendido el fuego de la lucha permanente, de la pasión para vivir, velas que mantengan el calor necesario para sostenernos entre todas cada día cuando perdemos a otra hermana en manos del machismo.

La JP Evita en cada rincón del territorio argentino está muraleando y homenajeando la memoria viva de la Negra Micaela García, todo el Movimiento Evita se está cuestionando -otra vez- cuál es la política de género que necesitamos para transformarnos hacia adentro entre todas y todos, cuáles son las políticas públicas que hay que construir y aplicar para desarmar este entramado del espanto y la costumbre. Sin embargo, mientras todo esto sucede se desarma el Programa de Educación Sexual Integral, se recorta el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres, se cuestiona y criminaliza el rol de la militancia feminista, se sostiene inmóvil el partido judicial, se aprovecha para criticar el derecho que respeta las garantías constitucionales de toda la ciudadanía, se usan los femicidios para instalar el siempre vigente debate de la baja de la edad de imputabilidad y la pena de muerte. Acaso todavía no entienden que la muerte por violencia machista no se combate con penas más duras y muertes más violentas… A Micaela García la mató el machismo, no el supuesto garantismo y es por eso que todos los mayores esfuerzos deben estar puestos en la prevención de la violencia de varones hacia mujeres, en la educación de una cultura que no permita bajo ningún contexto ni pretexto el uso del cuerpo y la vida de las mujeres por parte de ninguna persona ni institución.

Y entre tanto, se nos va la vida en ello. Como dice aquél poema anónimo vietnamita…

 Rellenamos el cráter de las bombas,

y de nuevo sembramos

y de nuevo cantamos

porque jamás la vida se declara vencida.

 *Secretaria provincial de Comunicación. Movimiento Evita Mendoza

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En cinco días hubo siete femicidios en la provincia. El gobierno y la justicia ensayaron anuncios pero luego ordenaron borrar las pintadas de las manifestaciones feministas. Ante la problemática social y política, cómo comunicar. La reflexión sobre el trabajo de prensa.

El domingo pasado estaba en una fiesta de cumpleaños, era después de las 12 de la noche, cuando vi de reojo el grupo de Whatsapp de “Periodistas y Movileros” donde estamos las y los laburantes de los medios de Paraná que andamos en la calle. Había como mil notificaciones. El mensaje inicial decía “Un funcionario de prefectura mató a dos mujeres. Su ex y su actual pareja. Una de ellas es policía”. A partir de ese momento se inició una película de terror en Entre Ríos.

El prefecto Orlando Ojeda, asesinó a balazos, con su arma reglamentaria, a Romina Ibarra, oficial de policía y a Lidia Milessi, profesora de inglés. Ambas ex parejas del funcionario de la fuerza nacional. Los hijos de Ibarra 11 y 13 años estaban presentes en la casa. Uno de los hijos de Milessi de 19 años, se estaba dando una ducha cuando su madre recibió un tiro en la frente y los otros dos, estaban comprando en una despensa cruzando la calle. Ojeda no declaró ante el fiscal, pero se ocupó de comentar ante los guardiacárceles que no se arrepentía de matar a la madre de sus hijos, ni a su ex novia, que ahora podía “dormir tranquilo”, pero hizo una salvedad, de lo único que me arrepiento, dijo es de herir a ese vecino “que no tenía nada que ver”- Se trata de un vecino de Ibarra, que recibió un disparo en el hombro en el tumulto.

Ese mismo domingo, pero a las 6 de la tarde, recibí un mensaje de audio de un colega de Concordia. Me contaba que hubo un intento de femicidio al mediodía, en el barrio Benito Legerén. Miguel Ángel Rodríguez, intentó a matar a su ex mujer, Evangelina Moledo – y a su actual novio – Luis Chamorro, con un arma calibre 32. En tanto la hija (de Rodríguez y Moledo), de 3 años, debió protegerse, ocultándose debajo de una cama. Luego el violento se suicidó. Evangelina Moledo pelea hoy por su vida, los médicos tratan de estabilizarla y tiene una bala alojada en la quinta vértebra, con lo cual es probable que si sobrevive, tenga secuelas severas. Chamorro está fuera de peligro.

“Esto es un efecto réplica”, me dijo ese domingo mi colega concordiense, y yo me quedé helada. El lunes, me levanté con esa sensación de amargura en la garganta y había otras cuatro muertes que contar.

Fue durante la madrugada en barrio 134 Viviendas de Concepción del Uruguay. Allí, Johana Carranza, sus hijas Luciana, de 5 años, Candela de 7 y Carlos Vicente Peralta, pareja de Johana, murieron desangrados a manos de Juan Pablo Ledesma. Esta vez, fue un arma blanca. Hubo una pelea, entre los hombres aparentemente, y el atacante también resultó herido, aunque no murió. Está en una sala común del hospital Justo José de Urquiza y no ha declarado.

En los siguientes días, casi sin respirar ni descansar los dedos y los llamados telefónicos, entre análisis, reclamos y marchas, tuvimos que escribir tres intentos de femicidios más, uno en Paraná, otro en Santa Elena y otro más en Concordia, donde a un macho le fueron a notificar que por denuncia de violencia debía abandonar su hogar. Se atrincheró amenazando a la familia. Lo sacó la Policía.

Entre el sábado y el martes, el Gobierno y la Justicia ensayaron anuncios y justificaciones. Negaron denuncias, deslindaron responsabilidades, dieron la cara. Pero luego, ordenaron borrar las pintadas. Se juntaron y hablaron. Anunciaron coordinación de políticas existentes,  más trabajo con los Municipios y reafirmaron consignas. Promulgaron el botón antipánico. Anunciaron que les sacarán las armas a los policías que tengan denuncias por violencia de género. Pero nada alcanzó.

El miércoles, otra mujer, apareció asesinada en Paraná, esta vez descuartizada, en varias bolsas de basura en el barrio Bajada Grande. Se trata de Jésica Do Santo, mujer en situación de prostitución. En este caso, la policía y los medios, hablaron de “crimen” y no de femicidio, “podría ser ajuste de cuentas”, dicen. No entiendo cuál es la duda. A Jésica la mataron por ser mujer. No necesitamos ningún otro dato. Este fin de semana se conoció que al momento de encontrarla, Jésica llevaba alrededor de cinco días muerta. Es decir, la mataron también entre el sábado y el domingo. La autopsia determinó que murió por herida de bala y que los cortes se hicieron pos mortem.

Con todo este panorama me preguntan -nos preguntamos – qué análisis hacemos. No tengo herramientas para decir que hay una reacción pero no puede ser casualidad. En Entre Ríos el promedio de femicidios en el año ha sido de siete a diez, en los últimos años aportando (¿aportando?) a la media nacional, de una mujer asesinada a manos de su pareja o ex  pareja (o solo por ser mujer) cada 28 horas, pero… ¿siete en cinco días?

Me preguntan qué falta, yo “que ando en el tema”, yo también pregunto a las colegas, a las cumpas que militan, a las amigas, para saber qué piensa cada una, porque cada mujer tiene una amiga, a una compañera de trabajo o una hermana que sufre o ha sufrido violencia y no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué falta?

“La Justicia actúa” (como puede), “las sentencias se cumplen”, “las penas se dan”, “las denuncias se cursan en la Fiscalía”, me dicen los altos funcionarios y también quienes están ahí en el plano, recibiendo en Mesa de Entrada los casos en crudo. No alcanza.

El Estado “aumentó las políticas”, “creó organismos”, “brinda capacitaciones”, “contención”, me dicen desde el Ejecutivo. No alcanza.

Nos dicen, “ustedes las feministas, generan que los machos alfas se violenten y maten así”. Nos acusan. Charlé con muchas compañeras esta semana, pensamos, juntas, estrategias, debatimos, lloramos en silencio, gritamos. Masticamos la impotencia. No alcanza.

Pero de todas estas charlas resultó una decisión unánime, no vamos a tragarnos la impotencia. Actuaremos por todas las grietas del sistema, por donde podamos, acompañaremos a nuestras hermanas violentadas, seguiremos exigiendo contención, pero no solamente en la denuncia, en el después, en la vida. No solamente en Paraná, en Ramírez, en Rosario del Tala, en Feliciano, en Maciá y en cada uno de los 78 municipios y en las Juntas de Gobierno.

Que se capaciten, quienes manejan los recursos, en hacer efectivas las políticas, que existan, de hecho, los lugares de contención, la asistencia en la emergencia. Que privilegien la vida y la calidad de vida de las mujeres, de los niños y las niñas. Que impartan políticas educativas inclusivas, para pensar a largo plazo. Que llamen a las que saben porque la han vivido, porque la vienen remando solas, a las organizaciones sociales que caminan los barrios, que acompañan, que atienden los teléfonos, que sostienen.

Respecto al periodismo trabajaremos en el desafío de que cada colega que escriba una línea sobre la violencia, o “un hecho“, que no es un hecho, sino una vida, lo haga a conciencia de que en sus manos, en su voz o en las imágenes que decida poner, tiene una herramienta. Que la use a conciencia y si decide privilegiar la morbosidad en pos de aumentar los “likes” que lo haga sabiendo que es un poco cómplice, por replicar y alimentar ese lado oscuro de detalles escabrosos y sangrientos que otros miran.

Seguiremos las militantes, pintando la puerta de Tribunales y pidiendo que la emergencia de género no sea declarativa en la provincia. Y seguiremos con todo lo demás, sumando acciones. Porque tenemos hoy en Entre Ríos, SIETE menos, en cinco días y seguiremos gritando qué #VivasNosQueremos.

*periodista en la Agencia APFDigital – Integrante Red Par – Círculo de Mujeres Periodistas – Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPyC)

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