• Por Camila Parodi | Fotos: Julio Carrizo / BePe

Francisca Beatriz Perea, conocida como “Keti”, es integrante de la Asamblea Fiambalá Despierta. En su relato, cuenta que durante el año 2016 comenzó a circular el rumor sobre la posible instalación de un proyecto de extracción de litio hasta el momento desconocido en la ciudad de Fiambalá. Recuerda, también, que rápidamente algunas vecinas comenzaron a reunirse y a exigirle a las autoridades locales explicaciones al respecto. Al año siguiente, los rumores se confirmaron y la llegada de la empresa Liex S.A (subsidiaria de Neo Lithium de origen canadiense) fue inminente: camionetas y camiones inspeccionando el territorio sin pedir permiso. Desde entonces, la Asamblea levanta la voz de quienes eligen cuidar el agua y la vida: “Fiambalá Despierta es la esperanza. Queremos que un día toda la población de Fiambalá despierte realmente ante lo que están haciendo.  La falta de agua va a modificar nuestras vidas, porque sin agua no hay vida en ningún lugar del planeta”, se lamenta Beatriz.

Por sus paisajes únicos, Fiambalá es uno de los lugares privilegiados para el turismo en la provincia de Catamarca, ubicada al norte de la Argentina. Este excepcional territorio semidesértico cuenta con aguas termales y la duna más alta del mundo. A su vez, está rodeada por 19 volcanes ubicados a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, en lo que se conoce como “la ruta de los seismiles”. Allí se pueden apreciar los volcanes Pissis y Ojos del Salado, que están a 6.882 y 6.864 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. Pero no sólo eso, también en sus lagunas, salares y glaciares de altura se encuentra gran parte de la concentración de agua dulce de la zona que, además, funciona como reserva de la biósfera para investigación a nivel global.

El megaproyecto de extracción de litio se estableció en una zona de salares conocida como “Tres Quebradas” (3Q) y de allí lleva su nombre. Se trata de un área de protección que se encuentra determinada por la Ley 5.070 de la Provincia de Catamarca. A su vez, integra el subsitio Sur Ramsar, una red que refugia humedales reconocidos a nivel internacional. En el área, precisamente, se encuentran seis lagunas altoandinas con valiosas especies con problemas de conservación, tal es el caso del flamenco andino.  A pesar de estas legislaciones, el Gobierno de Catamarca dio el aval para que la empresa pueda diseñar y operar pozos de evaporación piloto, así como también montar los laboratorios y campamentos que crean necesarios durante la etapa de exploración.

En 2021, este proyecto que comenzó en manos de la empresa canadience Liex S.A fue absorbido por la empresa china Zijin Mining. Hoy, la compañía asiática avanza velozmente sobre el territorio que abarca unas 35.000 hectáreas con el fin de producir más de 20.000 toneladas anuales de litio (LCE) para baterías.

Natalia Sentinelli es arqueóloga, doctora en Cs. Antropológicas e integrante del equipo de investigación de la Asociación Civil Bienaventurados los Pobres (BePe). Sobre la actual etapa explicó: “Si bien el proyecto se encuentra pasando de una etapa de exploración a una de explotación, hay que tener en cuenta que, durante la exploración, en el caso de la extracción de litio en salmueras, implica la extracción de grandes volúmenes de agua porque justamente tienen que hacer las pruebas sobre las capas subterráneas, hacerlas decantar y evaporar luego”. 

Al momento, da cuenta la arqueóloga de que “los impactos ecosistémicos ambientales son de gran magnitud a nivel local, pero también regional y global. Una de las lagunas en donde habitan varias especies migratorias podría desaparecer”. Para la investigadora, necesariamente, los impactos registrados hasta ahora van a profundizarse en la etapa de explotación.

“En los meses de abril y marzo veíamos circular los últimos camiones cargados con las uvas hacia las bodegas”, recuerda Beatriz con una nostalgia que es reciente, “y ahora lo que vemos son flotas de camiones circulando permanentemente por las rutas, cargando maquinarias y todos los insumos para las mineras”. Tan sólo pasaron seis meses desde que Zijin Mining llegó a Fiambalá, sin embargo, denuncia Beatriz que el paisaje ha cambiado mucho: “Nunca imaginé que el deterioro sería tan rápido y visible”. Explica que los trabajadores chinos de la empresa se encuentran instalados en Fiambalá y afectando, también, al turismo que se acerca curioso. “Han copado gran parte de los complejos de cabañas que antes se los alquilaba para los turistas que nos visitaban”, expresa Beatriz.

Según el Censo 2010, en Fiambalá habitan más de 4.500 personas (INDEC) quienes, principalmente, trabajan en la producción de alimentos y tareas asociadas al turismo. Allí las familias campesinas producen vino a gran escala y trabajan el algarrobo con sus múltiples propiedades. “En Fiambalá tenemos turismo, producción de vinos orgánicos de altura, es un lugar único. Si se llevan el agua lo vamos a perder todo, nuestra vida y la de toda la flora y fauna de la zona”, asegura Beatriz. Recuerda que, en una reunión de productores y productoras que se realizó hace unos meses, allí “todos coincidían en que falta agua para mejorar la producción”. Y explica: “son estas mismas empresas las que nos están consumiendo el agua, evaporan millones y millones de litros de agua para extraer el litio y nuestros ecosistemas van a ir cambiando”.

Por su parte, Natalia explica que ambientes como el de Fiambalá -considerados como “desiertos”, en el mal sentido de la palabra – son “altamente productivos y lo que se está perdiendo, en realidad, es la sostenibilidad de las funciones de los ecosistemas” que, incluso, resultan “muy interesantes para pensar especialmente en un contexto de cambio climático”.

La ciudad de Fiambalá se encuentra en un valle y es conocida también como “El Bolsón de Fiambalá” por su vegetación verde que contrasta con el desierto que la rodea. Esta distinción es por el paso del río Abaucán proveniente de la cordillera de los Andes, que distribuye su amplio caudal entre las provincias de Catamarca y La Rioja. Su nombre se debe al pueblo originario que habitó el territorio de manera ancestral, los abaucanes, quienes han sido quitados de la historia oficial de la localidad.

“En Fiambalá tenemos turismo, producción de vinos orgánicos de altura, es un lugar único. Si se llevan el agua lo vamos a perder todo, nuestra vida y la de toda la flora y fauna de la zona”Beatriz, Asamblea Fiambalá DespiertaTuit

Para la arqueóloga, este accionar no es casual: “Muchas veces escuché decir a las autoridades locales que ahí no vivió ni vive nadie, que si no fuera por los campamentos mineros no habría nadie”. Sin embargo, explica que existen algunos sitios arqueológicos que evidencian la existencia de corrales de animales en la zona. “Posiblemente estos territorios podrían haber funcionado como rutas de tránsito de caravaneo transcordillerano. Incluso pudo haber sido un lugar de pastoreo estacional, porque las caravanas suelen asentarse en donde hay pasturas para que los animales coman”, sostiene la arqueóloga, y aclara a continuación: “Todavía no lo sabemos y hay que investigarlo ya que se trata de una evidencia irrecuperable”.

En este marco, resalta una de las dimensiones más ignoradas en el proceso: la cosmovisión de los pueblos andinos. “No nos olvidemos lo que significó y significa la cordillera para para los pueblos indígenas andinos, los ancestros habitan los cerros” manifiesta la arqueóloga. Y destaca que se trata de “ambientes muy particulares, que tienen mucho para aportar a nuestro conocimiento y a nuestras formas de vida”.

Litio: una cuestión de derechos

Como anticipamos en la historia de Antofagasta de la Sierra, ciertamente la disminución del uso de combustibles fósiles y la transición hacia energías renovables – que requieren elementos como el litio – debería ser el camino frente a la actual  crisis climática. Pero, si bien este proceso aparece de manera recurrente en los discursos de funcionarios, empresarios y organismos internacionales, hasta el momento no existen reflexiones en torno a las formas de extracción o la desigualdad social, económica y ambiental que genera.

Mucho menos existen políticas reales de reutilización de este mineral ni informes genuinos que presenten los impactos ambientales. Por eso, a los ojos de quienes habitan los territorios del llamado “oro blanco”, las fuentes de energías que ocupan el litio no tienen nada de “limpias”. Por eso, para que la transición energética sea un proceso justo es necesario incorporar un enfoque de derechos, así como el cumplimiento efectivo de los numerosos convenios que se escribieron para preservarlos.

En ese marco, el equipo de investigación de BePe analizó el impacto del megaproyecto 3Q en la región de Fiambalá durante la etapa de exploración y realizó el informe “Minería trasnacional de litio en lagunas altoandinas de Catamarca: Caso Liex S.A”. Un resumen ejecutivo con perspectiva de derechos que analiza el accionar de las empresas transnacionales y evalúa la aplicación de los principios rectores, es decir, de aquellos deberes y responsabilidades en materia de derechos humanos establecidos por la ONU en 2011 para las empresas.

Sin embargo, explican en el informe, estos principios no son consolidados como obligatorios y es responsabilidad de los Estados su promulgación e implementación a través de leyes nacionales.  Allí sostienen que “tanto la extracción como la comercialización de los bienes comunes, en especial de los minerales, por parte de empresas ajenas a las realidades territoriales y culturales de los contextos donde establecen sus enclaves, implican la ocurrencia de numerosas vulneraciones de derechos”.

En este caso, el equipo realiza una tabla donde enumera los derechos vulnerados en el marco de la extracción de litio en Fiambalá. Éstos van desde la reducción de los reservorios y la salinización del agua dulce, la contaminación de los sistemas lagunas, la depredación del ambiente y el paisaje, hasta la falta de información y transparencia respecto a la consulta previa, la desigualdad en la toma de decisiones y la persecución y represión política, entre otros. 

“Lo que denunciamos -explica Beatriz- es la falta de información”. Sostiene la vocera de la Asamblea Fiambalá Despierta que “desde el principio se instalaron sin brindar la información al pueblo”. También relata que no hubo instancias consultivas: “Lo que hubo fue una charla técnica que después la presentaron como audiencia pública”.

De hecho, en diciembre del año pasado, se realizó la primera audiencia desde 2017 hasta la fecha, sin embargo, denuncia la activista que “fue todo muy armado, muy orquestado y no pudimos expresar nuestra disconformidad. Quienes pudieron hablar habían sido supuestamente sorteados y casualmente eran aquellos que salieron beneficiados económicamente por este proyecto”.

“Hay mucho miedo en nuestra comunidad” contesta Beatriz a la hora de hablar por la organización del pueblo contra el megaproyecto 3Q, pero rápidamente se responde que “tiene sentido, muchas personas trabajan en relación de dependencia para el municipio o tienen a algún familiar becado por la minera, es muy difícil. Por eso decimos que Fiambalá tiene que despertar porque si no, cuando lo haga, va a ser tarde”.

Defensoras del agua y de la vida

Si bien Fiambalá “no despertó” como las vecinas lo imaginan, existe una organización muy segura de los pasos a seguir ante el avance de la minera en su territorio. “La mayoría somos mujeres”, cuenta Beatriz, y no es un dato menor: en un contexto de cambio climático y de evidente desigualdad, las mujeres y las infancias serían las más afectadas. Esto se debe tanto por la limitación de acceso en las instancias de decisión, como por la desigualdad histórica en el acceso de recursos pero, también, en los roles y responsabilidades asumidas por las mujeres rurales que se asocian directamente con el agua, la tierra y la producción de alimentos como lo explica Claudia Korol en su libro “Somos tierra, semilla, rebeldía: luchas de mujeres por la tierra y el territorio”.

Azul Cordo es periodista feminista y junto a Paz Tibiletti y Damaris Ruiza realizaron el informe “Ellas alimentan al mundo” para LATFEM, un trabajo periodístico que profundiza sobre las causas estructurales del desigual acceso a la tierra. Son las mujeres rurales las que conservan las semillas nativas, las que protegen la riqueza biológica y las que cuidan la vida de su comunidad.  Al respecto explica que “claramente las mujeres se ven más afectadas por el modelo extractivista y el cambio climático porque son también las que primero ponen el cuerpo ante el avance de los proyectos extractivistas”.

A partir de su investigación, sostiene que las mujeres rurales “son quienes garantizan a nivel de la economía doméstica la producción y la reproducción de la vida, entonces si hay una crisis climática en esa tierra por supuesto serán más afectadas, porque son ellas las que no van a poder producir ese alimento básico para sus familias y comunidades”.

Para la periodista feminista, existe otra variable necesaria de considerar ante el avance de los proyectos extractivistas en los territorios: “Las mujeres son las más afectadas con ese mismo tipo de acciones opresivas en términos machistas y patriarcales”. Y eso se relaciona directamente con la instalación de proyectos: “Está probado, durante la instalación de mineras, de pasteras o represas en los territorios vemos que no solo se profundizan las desigualdades a nivel de relaciones de género, porque los trabajos que se prometen y los pocos que se generan son para varones. Sino también porque colaboran a la profundización de redes de explotación sexual y trata de personas”.

Como parte del diálogo entre periodistas feministas y, a modo de cierre, Azul insiste en la necesidad de incorporar a los estudios ambientalistas y, particularmente al periodismo, un enfoque ecofeminista. “En el análisis de los distintos fenómenos ambientales y, por ende, de crisis y cambio climático, es clave pensar estas problemáticas con perspectiva de género y feminista” sostiene.

Las mujeres rurales “cuidan la vida”, como expresa Beatriz en la entrevista, y no solo eso: “Nos cuidamos entre nosotras, nos mandamos mensajes, estamos atentas todo el tiempo y nos tenemos en la oración”.

La resistencia y organización de las mujeres en Fiambalá para defender la vida se replica en cada territorio amenazado por las políticas extractivistas. Las Defensoras -como sostenemos en el proyecto periodístico que lleva su nombre- “cuidan la memoria, abrazan el ser colectivo y construyen las respuestas al saqueo de nuestros cuerpos-territorios. En sus relatos de esperanza tejen las resistencias territoriales en una genealogía urgente: defender los derechos de los pueblos y de la madre tierra”.

Las defensoras “ponen el cuerpo” para la defensa del territorio y no es metáfora. El cuerpo hace parte del territorio y, por ende, de la vida. “En Fiambalá, y en el mundo, sin agua no hay vida así que no queda otra que seguir luchando”, concluye Beatriz.

*Esta nota fue producida con apoyo de Climate Tracker como parte del Programa de Mentorías en Periodismo Climático.

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• Por Susanna de Guio

“Si se sigue impulsando el hidrógeno verde de esta manera en Magallanes, esto va a chocar de frente con la conflictividad socioambiental y con la judicialización”. Así resume lo que está ocurriendo en la región más austral del mundo Diego Luna Quevedo, especialista en política y gobernanza de la ONG Manomet, que tiene un programa de conservación de aves playeras migratorias en Tierra del Fuego.

Junto con otras organizaciones ambientalistas, académicos y activistas, enviaron una carta abierta al presidente Gabriel Boric el pasado 7 de julio, manifestando su profunda preocupación por la inminente instalación de la industria de hidrógeno verde en la región. “No nos oponemos a esa tecnología y nos parece necesario promover la descarbonización”, explica Luna Quevedo, “pero aquí en Magallanes, como también en Antofagasta, las decisiones se han tomado desde un nivel central, de manera vertical, sin participación local, sin ordenamiento territorial y sin evaluación ambiental estratégica”.

La preocupación inicial que llevó a Luna Quevedo a mirar los mapas de las plantas de hidrógeno verde se relacionaba a la ruta migratoria de las aves, que pueden verse condicionadas por los aerogeneradores que esos proyectos requieren. “Nos dimos cuenta que los emplazamientos tentativos de los parques eólicos están sobre áreas que son críticas para especies de aves que están en peligro de extinción, como el cauquén colorado o el chorlo de Magallanes”, alerta con fuerza. Pero inmediatamente sigue: “Más allá de las aves, vimos rápidamente que el problema es más estructural, este gobierno ha hablado de transición energética justa y, muy por el contrario, lo que está haciendo hoy es perpetuar un modelo injusto, donde quienes pagan los costos son las comunidades y los territorios.”

¿Cuáles son estos costos? En los últimos dos años se difundió la idea de que Chile podría transformarse en líder mundial en hidrógeno verde, con una industria que llegue a “satisfacer el 13% de la demanda mundial”, así como lo declaró el mismo presidente Boric en la Cumbre de las Américas y también en su primera cuenta pública a principio de junio.

La carta abierta señala que ese 13% representa 126 gigawatts de energía renovable necesaria para alimentar la electrólisis – el proceso de separación del hidrógeno del agua-, y corresponde a 31 veces la capacidad instalada actualmente en todo Chile (alrededor de 4 gigawatts).

“Este discurso no tiene ni un asidero territorial, técnico, social”, explica de nuevo Luna Quevedo, “hemos detectado preocupantes inconsistencias tanto narrativas como en la acción del gobierno: se está avanzando e impulsando una industria que es gigantesca sin tener las mínimas condiciones regulatorias habilitadoras”.

Las normas y los reglamentos tienen procedimientos que no son rápidos, explica Maria José Reveco, jefa de División de Combustibles y Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía. “Claramente vamos más lento que la industria, cómo pasó con las renovables hace unos años atrás – admite, – por más que queramos anticiparnos, las cosas ya están sucediendo y estamos corriendo atrás de la pelota, pero la expectativa del gobierno es no avanzar de forma apresurada”.

Ya hace varios años existe una división de participación y diálogo para enfrentar las problemáticas que surgen, y este gobierno decidió impulsar un comité interministerial, “para actualizar la estrategia del hidrógeno verde de aquí a fin de año e incluir los elementos que estaban poco desarrollados y faltantes”, agrega Reveco. El enfoque principal sería evitar que esa gran industria sea solo para la exportación, sino que ayude también a la descarbonización de la economía chilena.

Un tsunami de inversiones, miles de molinos

“No son proyectos, hay que empezar a llamarlos megaproyectos”, señala Humberto Vidal, director del Centro de Recursos Energéticos (CERE) de la Universidad de Magallanes, institución que ya firmó un convenio de colaboración con High Innovative Fuel (HIF), filial de Andes Mining & Energy (AME), que además de la italiana Enel Green Power, cuenta con la alianza de ENAP, el apoyo económico del gobierno alemán, así como de las compañías germanas Siemens y Porsche. Se trata del primer consorcio que se está instalando en el territorio, con una planta piloto ya construida sobre la ruta 9 norte, a unos 40 kilómetros de Punta Arenas.

“Se produce una preocupación por el tamaño”, explica Vidal, “porque en estos proyectos todo es más grande: entonces también el manejo de la salmuera va a requerir una solución más grande, el manejo de los parques eólicos va a requerir soluciones que hoy día derechamente no están”, y señala “el tremendo desafío del estudio de impacto ambiental, de cómo presentar proyectos tan grandes sin fraccionarlos y sin que produzcan impactos ambientales”.

Efectivamente, de los tres proyectos aprobados en Magallanes, ninguno ha superado todavía la etapa de la Evaluación de Impacto Ambiental, donde recién se conocen públicamente el avance y los detalles técnicos de las propuestas.

Lo que ya se sabe, sin embargo, es que el proyecto HIF tendrá dos etapas comerciales después del piloto, y los parques eólicos para alimentar los electrolizadores llegarán a una potencia de 2,5 gigawatts. Suponiendo que se usarían turbinas de 9 megawatts, que tienen cada una el tamaño de la Torre Eiffel, el paisaje de Magallanes estará dibujado por 277 estructuras con el porte del ícono de París.

A esto habrá que agregarle los aerogeneradores de otro proyecto donde los 2 gigawatts de potencia instalada representan solamente la primera etapa, pero apuntan a generar 5 veces más. Se trata de la propuesta de la petrolera francesa Total Eren, dedicada a la producción de amoniaco, materia prima para la producción de fertilizantes, explosivos, y muy intensamente utilizado en la industria minera.

El último de los tres proyectos que hasta ahora tuvieron el visto bueno para instalarse en la región de Magallanes se llama HNH y es guiado por la empresa conjunta Power-to-X con su socio Ökowind y el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Aquí se prevé incluso la construcción de un puerto propio para facilitar las exportaciones de amoníaco, además de otro parque eólico con una capacidad instalada de unos 1,7 gigawatts para poner en función la planta de electrólisis.

“En la mesa tenemos sentados no 3, sino 13 empresas y consorcios que ya tienen contratos acá, que ya tienen acuerdos con las haciendas y las estancias donde se van a instalar”.Jorge Flies, gobernador de MagallanesTuit

“Se trata de varios miles de molinos eólicos y decenas de hidrolizadores”, asegura el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, ya intendente de la región entre 2014 y 2018, durante el segundo gobierno de Bachelet, y al cual también está dirigida la carta abierta firmada por decenas de grupos ambientalistas, académicos y ciudadanos. Flies habla de “un tsunami de inversiones” y asegura que, además de los proyectos ya aprobados, “en la mesa tenemos sentados no tres, sino trece empresas y consorcios que ya tienen contratos acá, que ya tienen acuerdos con las haciendas y las estancias donde se van a instalar”.

Magallanes, un enorme laboratorio

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, electo en 2016 con el pacto Chile Vamos, coincide con el gobernador en asegurar que Magallanes tiene una tremenda oportunidad para cambiar su matriz energética, fomentar un nuevo desarrollo productivo y contribuir a mitigar los efectos de la crisis climática actual. Para él, colaborar en esta tarea mundial es un imperativo moral y para eso Punta Arenas se transformaría en la capital del hidrógeno verde a nivel mundial.

“Nuestra ciudad de servicios, además del turismo, la asistencia a los centros de investigación en la Antártida y el puerto comercial, se desarrollará en torno a la industria del hidrógeno, recibirá muchos trabajadores de afuera y luego se podrán formar aquí profesionales especializados que hoy no están”.

Al mismo tiempo, sin embargo, recuerda que “el hidrógeno es una apuesta de futuro, todavía requiere un desarrollo para abaratar los costos de producción, hoy no es un buen negocio para nadie, las empresas están en una fase de investigación y estudio, al final esto es una especie de laboratorio gigante al aire libre”.

El gobernador también sabe que se trata de un cambio estructural para el territorio y evidencia la altísima responsabilidad que esto conlleva. “Nos interesa que no pase lo mismo que con el cobre, en el norte, donde hay ciudades dormitorios y gente viviendo en cuadrillas, por sistemas de turno”, afirma, y al mismo tiempo evidencia que “no es el momento de poner una cortapisa e imponer límites, sino de establecer una relación de confianza con estas empresas”.

Mientras tanto, entre los primeros cambios que ya se observan, la fiebre del hidrógeno estaría elevando la demanda de terrenos y los precios se están disparando en Magallanes. Además, para favorecer las inversiones, en noviembre de 2021 los ministerios de Bienes Nacionales y de Energía anunciaron una iniciativa para conceder terrenos fiscales durante 40 años a las propuestas de producción de hidrógeno verde con un mínimo de 20 megawatts de capacidad de electrolizadores. Si bien la asignación de estos terrenos normalmente se hace a través de concursos públicos, en este caso se ha gestionado de forma directa, según lo declarado por las instituciones.

En la misma línea, en diciembre de 2021 la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) asignó un fondo de 50 millones de dólares repartidos entre seis proyectos de hidrógeno verde en distintos puntos del país. Entre ellos, Enel Green Power se adjudicó el mayor monto, 16,9 millones, para el proyecto Faro del Sur en Magallanes, dedicado a la producción de hidrógeno verde para HIF, que lo utiliza para hacer eFuels y exportarlos.

“Es preocupante que el ministerio esté destinando terrenos fiscales a cero costo para esos proyectos, son medidas arbitrarias”, afirma Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). La Patagonia es considerada un refugio climático por su capacidad de albergar y proteger la biodiversidad frente al cambio climático, es rica en parques nacionales, áreas protegidas y tierras fiscales con poca intervención humana, además de ser la cuna de los últimos grandes descubrimientos paleontológicos, que han sacado a la luz nuevas especies de dinosaurios hasta ahora desconocidas.

“Nos hablan de transición energética pero no es una transición para nosotros, es para la economía global, para que los países del norte, de Europa, respeten sus cuotas de reducción de emisiones ante los convenios internacionales. En estos cálculos no cuentan los impactos que dejan en nuestro territorio”, explica Cuenca.

Según lo que declararon las empresas que buscan establecerse en Magallanes, el hidrógeno verde que será producido por ahora está enteramente destinado a la exportación. Por otro lado, el Estado chileno, que está apoyando activamente la inversión extranjera, no se ha encargado de hacer consultas públicas en el territorio ni de destinar fondos para buscar soluciones, tomar medidas o incluso mitigar las consecuencias que implicaría hospedar un polo de desarrollo energético de importancia mundial.

“Nos hablan de transición energética pero no es una transición para nosotros, es para la economía global, para que los países del norte, de Europa, respeten sus cuotas de reducción de emisiones ante los convenios internacionales”.Lucio Cuenca, director de OLCATuit

“Hay conversaciones con muchos bancos internacionales que están interesados en entregar recursos para el desarrollo de estos proyectos, poniendo garantías”, afirma Reveco, “los estándares que exigen para utilizar estos fondos son muy estrictos”, asegura, pero todavía “estos acuerdos están abiertos, hay demasiadas variables y mucha incertidumbre en la producción, en la tecnología, en el mercado del hidrógeno, las certificaciones”.

Lo que se queda en Chile

Los miles de kilómetros cuadrados que ocuparían los parques eólicos y las plantas de producción del hidrógeno y sus derivados son solo uno de los problemas no resueltos en el despliegue de esta nueva industria. Los mismos desarrolladores están todavía buscando soluciones técnicas para las grandes cantidades de agua desmineralizada que se requieren para la electrólisis: una estimación de referencia en el mundo científico es de nueve toneladas para producir una tonelada de hidrógeno.

Por esta razón, y considerando los severos problemas de sequía y escasez hídrica que golpean a Chile, en Magallanes se utilizará el agua de mar, la más abundante, pero aún no está claro qué pasará con los residuos de la desalinización. Un estudio publicado en 2019 reveló que, por cada litro de agua desalinizada, se produce un litro y medio de salmuera. Solo el proyecto Faro del Sur estima usar 250 mil metros cúbicos por año de agua desmineralizada, según informa Enel Green Power. Esto significa 375 mil metros cúbicos de salmuera, un poco más que 110 piscinas olímpicas.

Por más que HIF haya declarado que no devolverá la sal al mar, la idea de llevarla al estado sólido y comercializarla es una solución parcial: la capacidad instalada de los electrolizadores crece de 9 veces en la segunda fase comercial, y no estamos contabilizando la planta de Total, la iniciativa HNH, ni los otros 13 proyectos que están en la lista de espera.

Si el objetivo fuera la transición energética, las soluciones en realidad ya existen y su viabilidad técnica está demostrada, según explica Juan Osorio, investigador del proyecto multidisciplinar Invent UACh de la Universidad Austral de Chile. “Existe la posibilidad de descentralizar las plantas de producción de hidrógeno para ubicarlas cerca de los grandes centros de consumo, como las ciudades, teniendo en cuenta que las zonas urbanas utilizan el 70% de la energía mundial”. En cambio, los desarrolladores que se instalarán en Magallanes no apuntan a utilizar el hidrógeno como vector energético, sino a producir combustibles derivados del hidrógeno, tales como gasolinas o amoniaco, más fáciles y baratos de transportar afuera de Chile en grandes navíos que, para agregar otra contradicción, cruzan los océanos alimentados con combustibles fósiles.

El uso del hidrógeno verde como fuente energética en contexto urbano tendría, en cambio, muchas ventajas: no sería necesario procesarlo ni transportarlo, “puede almacenarse durante más tiempo que las baterías y se presta a diferentes usos”, detalla Osorio, pero sobre todo “lo interesante es que los propios ciudadanos podrían controlar la cadena de producción para su consumo local y sería posible descarbonizar desde dentro hacia fuera, es decir, primero en territorio chileno y luego exportando el modelo desarrollado y no sólo el hidrógeno como producto”.

Una vez más, resulta claro que el problema no es la tecnología que se usa, sino el modelo. Lo expresa de forma similar también Elisa Giustinianovich, ingeniera química originaria de Punta Arenas, quien participó en la escritura de la propuesta de nueva Constitución como representante de la Coordinadora Social de Magallanes. Actualmente, trabaja en temas de sustentabilidad en CERE de la Universidad de Magallanes.

“Tenemos que cambiar nuestra matriz energética, pero también la productiva, de lo contrario en un par de generaciones la vida será insostenible, estamos cavando nuestra propia tumba”, afirma con amarga ironía. “Nadie le dijo que ‘no’ al hidrógeno verde – aclara –, pero tenemos que pensar bien cómo llegamos, si lo hacemos abriendo las puertas a las empresas transnacionales que vienen con proyectos e inversiones orientadas a la exportación, o si pensamos en esta transición a escala humana, con soluciones que vengan desde el territorio chileno, impulsadas por nuestro sistema estatal, con una estrategia integral, a largo plazo, con un enfoque de ahorro y eficiencia energética”.

“En el gobierno actual existe la preocupación por los impactos ambientales, de ocupación territorial, del uso del agua, y del impacto sobre las comunidades (…) no hay por qué renunciar a las expectativas del potencial que tiene Chile en la producción de hidrógeno”.María José Reveco, Ministerio de EnergíaTuit

Su visión es acorde también con aquella expresada en la carta abierta a Boric, quien, sin embargo, a un mes de su publicación, no ha dado todavía ninguna respuesta ni declaración al respecto. “Es una señal que nos decepciona”, concluye Luna Quevedo, “considerando que el presidente es magallánico, y esperamos que tuviera una sensibilidad a los riesgos que señalamos por conocer bien la región”.

Desde el Ministerio de Energía, Reveco sostiene en cambio que “en el gobierno actual existe la preocupación por los impactos ambientales, de ocupación territorial, del uso del agua, y del impacto sobre las comunidades” y por esto “no hay por qué renunciar a las expectativas del potencial que tiene Chile en la producción de hidrógeno, a confiar en la estrategia que desarrolló el gobierno anterior y que ha sido reafirmada por entidades externas”.

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina

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Por Camila Parodi * | Fotos: Susi Maresca

Alfredo Morales y Román Guitián pertenecen a la comunidad atacameña del altiplano en el departamento de Antofagasta de la Sierra de Catamarca. Un amplio territorio ubicado al norte de la Argentina que es habitado por más de 1800 personas.  Allí, precisamente en lo que se conoce como el Salar del Hombre Muerto, se conformó la puerta de entrada para la extracción de litio, un metal liviano que ha cobrado mucha relevancia durante los últimos años por su utilización en diversos tipos de baterías de dispositivos electrónicos para uso cotidiano, como computadoras, tablets y celulares. También se proyecta como un elemento estratégico para la fabricación de autos eléctricos y nuevas tecnologías.

Este salar, ubicado a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar, fue nombrado por el bisabuelo del cacique Román Guitián tras encontrar restos óseos en aquella zona. No se trata de un territorio deshabitado a la espera de ser descubierto: sus habitantes descienden de los pueblos Atacama y encarnan su historia en el presente. Hoy, el silencio de la puna fue reemplazado por el ruido de las máquinas y camionetas que recorren el territorio con mucha minuciosidad en busca del mineral preciado. Recuerda Román que, antes de la llegada de la minería, “la vida era más sana”. Y reflexiona: “Hoy en día no podemos vivir como antes porque nos quedamos sin agua, no podemos circular libremente y se mueren nuestros animales. Antes de que venga esta empresa nosotros vivíamos sin ningún problema, ahora todos nos contaminamos”, suspira.

Cuenta Alfredo que, durante mucho tiempo, ese territorio fue habitado únicamente por su comunidad: “Por muchos años vivimos en el límite del país preservando su patria, y ahora que les interesa lo que hay nos quieren sacar”. Y es que en la zona de la cordillera y los salares andinos eso que llaman “patria” es más complejo de limitar. Allí, la puna argentina constituye un territorio más amplio junto a parte de los países de Chile y Bolivia que fue conocido, durante los últimos años, como el triángulo del litio. Una zona codiciada por las grandes corporaciones transnacionales ya que posee más del 65% de las reservas de litio de todo el mundo concentrada en tres países.

Este mineral es presentado como la salvación ante la crisis climática provocada por la quema de combustibles fósiles y sus evidentes consecuencias. A su vez, por su condición de recurso no renovable, el petróleo está perdiendo el lugar de privilegio que ocupó durante el siglo XX. Ciertamente el litio podría ser reciclado y recuperado de las baterías que ya se encuentran en circulación y por eso se presenta como renovable en el marco del proceso de transición energética. Sin embargo, al momento, se extrae únicamente  de yacimientos de vetas o por la evaporación de los depósitos de salmueras y se desconocen procesos de reutilización en gran escala.  

La transición energética es un proceso que consiste en cambiar la matriz energética actual (basada principalmente en combustibles fósiles) hacia un sistema diversificado de fuentes renovables. De esa manera, busca evitar que la temperatura del planeta aumente y que los efectos de la crisis climática se agraven aún más. Pero no basta con esa definición, ya que es necesario impulsar la transición justa e integral, es decir, una transformación energética que contemple en la toma de decisiones las particularidades territoriales, socioeconómicas, de géneros, entre otras. En definitiva, que considere la justicia social y ambiental.

Aunque el litio se presenta como un elemento clave para las “energías limpias”, ocupando un lugar central en discursos y proyectos, el modelo de extracción actual implica un sobreconsumo de fuentes de agua, el uso de químicos contaminantes y el desplazamiento de las comunidades. ¿Es posible salvar al planeta del cambio climático por la mera transición de una matriz energética a otra? ¿La extracción y usos de este “nuevo” mineral contempla los errores del saliente modelo hidrocarburífero? 

¿La transición energética implica necesariamente el sacrificio de territorios?

Catamarca minera

Durante los últimos 15 años, la provincia de Catamarca ubicada en el noroeste Argentino, ocupa un lugar central en el mapa minero global. Allí opera el proyecto más antiguo de extracción de litio del país a cargo de la empresa Livent (ex FMC-Minera del Altiplano). En 2018, la empresa presentó un Informe de Impacto Ambiental para la expansión del Proyecto “Fénix” con el objetivo de proveerse de las aguas subterráneas pertenecientes a la subcuenca del río Los Patos en la zona de Antofagasta.

A pesar del cambio de nombre, esta empresa realiza extracciones desde 1997  en el Salar del Hombre Muerto de forma que, lejos de ser una novedad, arrastra múltiples impactos sobre el territorio y las comunidades que allí se encuentran. Sin embargo, desde 2016 este modelo avanzó de manera desproporcionada: “La fiebre del litio”, en palabras de la bióloga Patricia Marconi, integrante de la Fundación Yuchan y del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos. En 2021, la automotriz alemana BMW acordó con Livent y anunció su inversión por 338 millones de dólares con una fuerte concentración en esta zona. 

Esta “fiebre del litio” no es azarosa, se relaciona directamente con el proceso de eliminación de uno de los impuestos a las exportaciones en febrero de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. Allí la Argentina fue posicionada positivamente por las empresas extranjeras. Al año siguiente, el Ministerio Nacional de Energía y Minería contabilizó en su informe al menos “42 proyectos en depósitos de salmuera (salares) y cinco más en depósitos de pegmatita (rocas)”, como sostiene la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en su investigación. Desde entonces, tanto el Gobierno nacional como las gobernaciones provinciales y locales acompañan con políticas públicas al despliegue de proyectos mineros internacionales en el país.

“En ese momento (2016) detectamos más de una docena de prospecciones de litio en Catamarca”, recuerda la bióloga Marconi en el marco del “Contra Seminario del Litio”, que nació en respuesta a la cumbre realizada por funcionarios y empresas de la región en torno al denominado “oro blanco” en la Ciudad de Catamarca. Y sostiene: “A su vez, algunos de los proyectos que estaban parados, como el de Galaxy Lithium (Sal de Vida), comenzaron a reactivarse en una etapa de exploración. Todo esto avanzó muy rápidamente, las comunidades locales nos avisaban de la llegada de nuevas camionetas todo el tiempo”.

En la actualidad, explica Marconi, en el altiplano de Catamarca se relevaron al menos 36 proyectos mineros de los cuales 20 son de litio y dónde sólo tres se encuentran en etapa de prospección. Es decir que la mayoría ya están en las etapas siguientes, ya sea de exploración o explotación. La prospección, sostiene la investigadora, es una primera fase de investigación “casi oculta” porque “el único requisito administrativo a nivel legal es que un grupo de geólogos realice estudios técnicos en terreno y de sísmica, se llevan las muestras al laboratorio donde llenan un formulario de prospección para acreditar la propiedad de ese catastro minero”.  Allí no existen estudios de impacto sobre la biodiversidad y mucho menos instancias consultivas con las comunidades afectadas.

Actualmente, la prospección la hace el Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca sin intervención de otro ministerio nacional y, para Marconi, funciona como incentivo para convocar a las empresas privadas.

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Proyectos mineros de litio hay en el altiplano de Catamarca

Salares andinos: oasis de vida

Los salares andinos son verdaderos vestigios de antiguos lagos (paleolagos) que existieron hace miles de años en la zona, de forma que son bienes comunes irrecuperables del pasado. Pero no sólo eso, también son presente y continuidad para la vida. Explica la bióloga Marconi que es necesario entender a los salares como humedales de altura que conservan el agua tanto en la parte superficial como en la subterránea, siendo que el 98% del agua del altiplano se conserva de esa forma. Los salares son verdaderos oasis de vida para la biodiversidad de la puna allí se desarrollan y conviven diversas especies de flamencos, truchas, patos, vicuñas, entre otras. Hoy todas están en peligro. 

“Sin agua no hay vida”, dice una y otra vez el cacique Guitián. Y no se cansa de repetirlo. Durante los últimos años denuncia junto a su comunidad la muerte de animales tanto domésticos como silvestres, el cambio negativo en la vegetación y el paisaje, los impactos de la sequía y del ruido de las máquinas en la biodiversidad de la puna atacameña. De continuar los proyectos e inversiones presentadas, los humedales andinos podrían desaparecer. “Estamos reclamando cosas reales que afectan a la vida,-explica Guitián- la vega de Trapiche donde comenzó todo se secó porque le sacaron el agua y ahora se está secando el dique”. 

En su informe, FARN asegura que, ante la desecación de la vega Trapiche, la propuesta fue realizar una desviación del río Los Patos. De continuar con el proyecto el resultado será el mismo. El cacique se encomienda a Dios y a la Pachamama, “que no lo hagan porque va a morir todo el río. Son más de 100 kilómetros, ahí yo viví toda mi vida, al igual que mis hijos, ahora mis nietos y si nos sacan el agua de aquí, ¿de qué vamos a vivir después?”.

“La minería de litio es secante” -explica Marconi- “y se lleva cantidades extraordinarias de agua”. Cuando comiencen a extraer la cantidad de agua dulce que declararon se supone que utilizarán en 14 días lo que la población de Antofagasta de la Sierra consume en un año. Esto es, sostiene la investigadora, de acuerdo a lo que ellos mismos declaran en el estudio de impacto ambiental. Informes densos y complejos que requieren de mucho entrenamiento para obtener la información precisa en torno a cuáles serán sus procedimientos.

¿Transición para quién?

Si bien Livent lleva más de 25 años en el territorio, en la comunidad no existen beneficios: “Lo que dicen es que van a generar muchos recursos y trabajo pero sólo vemos el deterioro”, explica Guitián. En un territorio desprovisto del acceso a derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo, sostiene su compañero  Alfredo, que la única política del estado municipal, en articulación con la empresa minera, es el otorgamiento de “becas” económicas para las y los más jóvenes de la comunidad. Sin embargo, denuncia que, lejos de otorgar más educación y trabajo, “compran el silencio”. Pero para la comunidad atacameña, el único silencio bueno es el del altiplano.

“Lo que dicen es que van a generar muchos recursos y trabajo pero sólo vemos el deterioro”

Román Guitián, cacique comunidad atacameña, Antofagasta de la Sierra

Denuncian en ese sentido la criminalización y la falta de instancias consultivas. “Tenemos una ley y está aprobada en la Constitución Nacional desde 1994”, explica Guitián, refiriéndose al derecho a la consulta libre, previa e informada, estipulado por el Convenio 169 de la OIT. El pedido es simple: “Queremos ver por qué van, a qué van y qué es lo van a hacer en nuestro territorio”, agrega Morales.

Pero exigir este derecho en Catamarca tiene su costo, quienes preguntan o se oponen a los proyectos mineros son amenazados. Morales denuncia que, desde el año 2016, la violencia escaló: “Vinieron a pegarnos y nos armaron una causa diciendo que estamos contra el personal policial cuando la violencia fue al revés”. Allí fueron violentadas adultas mayores, entre ellas, su madre de 75 años: “A ella y a mi hermana las arrastraron por el piso, nos pegaron, nos llevaron atados de pies y manos hasta el departamento de Belén (ubicado a 360 km). Nosotros somos personas muy respetuosas, si se lo pedían hubiera ido no era necesario que la golpeen”, lamenta Alfredo.

Explica Guitián que, ante esta situación, la comunidad inició un proceso legal: “Hicimos un recurso de amparo, que llegó al Gobierno de la Nación, luego iniciamos una medida cautelar, pero tampoco nos responden como si las leyes no existieran”. 

Ante el silencio gubernamental las comunidades avanzan con diálogos y construcción de redes, y frente al Seminario Regional del Litio, explica Guitián, “vamos a hacer lo mismo que ellos hacen, nos vamos a juntar con comunidades de otras provincias y países”. 

Mientras los funcionarios y empresarios brindan por las inversiones millonarias que deja el litio y hablan de transición energética, las voces de las comunidades locales incomodan: “¿Quiénes van a tener esos vehículos de alta gama? ¿Para quién está pensada la transición?” se pregunta el cacique y rápidamente responde: “Para los que tienen plata. Nosotros no tenemos esa plata por eso no les importa nuestra voz”.

* Este artículo es parte del programa de mentorías en periodismo climático y fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

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