Frente a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de incorporar las FFAA a tareas de “seguridad interior”, medida extrema para sostener el ajuste exigido por el FMI que genera el repudio de amplísimos sectores populares, cientos de personas y de organizaciones se movilizaron con una consigna clara: Ni un milico en la calle.

“Es importante que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la seguridad interior”, disparó el presidente en la conferencia de prensa organizada en Campo de Mayo, lugar donde funcionaron cuatro centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. El anuncio, que había sido anticipado por el ministro de Defensa la misma semana que se confirmaron los acuerdos con el FMI, coincidencia que nada tiene de casual, viene a completar el escenario que hace meses venimos definiendo como “estado de excepción” en materia represiva en el país.

La sola enunciación de que los militares dejarán sus cuarteles para tener presencia en el territorio nacional, fue suficiente para desatar el repudio generalizado. El diario Ámbito Financiero tuvo que congelar el acceso a los resultados de la encuesta cuando más del 80% de sus lectores contestaron un rotundo “NO” a la pregunta “¿Estás de acuerdo con que las FFAA actúen en cuestiones de seguridad interior?”. Es que, en la conciencia popular colectiva, “seguridad interior” y “fuerzas armadas” en una misma frase significan una sola cosa: más represión, y el pueblo no está dispuesto a tolerarlo sin protestar.

A partir de esta situación, ayer una multitud acompañó la ronda de las Madres en Plaza de Mayo primero, luego la lectura de la declaración del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) para luego confluir en las puertas del Ministerio de Defensa, enmarcado por una amplia diversidad de organizaciones sociales y políticas. Una clara iniciativa de los sectores populares que ya vienen sufriendo las políticas de hambre y ajuste por parte de Cambiemos.

Un objetivo definido

No hay espacio para dudas en cuanto a las tareas que el gobierno de Cambiemos quiere asignar al ejército, la fuerza aérea y la marina. Macri habló de “apoyo logístico en la zona de frontera”, lo que, como explicó el ministro de Defensa Oscar Aguad hace más de un mes, tiene como fin “liberar gendarmes” para desplazarlos a “zonas calientes” (es decir, en conflicto) del resto del país. Pero el presidente dio más precisiones cuando mencionó la intervención “en eventos de carácter estratégico”, como las inminentes reuniones del G20 con la presencia del mismísimo Trump en nuestro país; la “protección de objetivos estratégicos”, es decir, la defensa de las inversiones capitalistas vinculadas al saqueo de nuestros bienes comunes, como Vaca Muerta o los acuíferos, y “el desafío del ciberespacio”, en clara referencia a la reiterada preocupación del gobierno por el espionaje informático.

Para que los militares puedan llevar adelante sus nuevas tareas, el presidente aseguró que habrá “recursos extra presupuestarios” esos que no aparecen para salud, vivienda o educación- para más sueldos y reequipamiento logístico.

La letra del decreto habla eufemísticamente de “proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país”, argumento que esgrimieron los mismos funcionarios nacionales cuando, por turno, defendieron a gendarmería y prefectura después de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel. Los considerandos del decreto presidencial definen lo que Macri llamó los “nuevos desafíos” de este siglo como “agresiones no sólo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar”. Es la misma tesis del enemigo interno a la que aludía la ministra Patricia Bullrich cuando advertía sobre el terrorismo “anarco-mapuche-trosco-iraní” con la que justificaba los ataques de gendarmería y prefectura.

Ante la gravedad del anuncio y su inminente implementación, resulta casi colateral la discusión sobre las formas técnicas utilizadas para su sanción. El recurso elegido para eludir un debate parlamentario que podría ser molesto y estiraría los tiempos, fue anunciar la reforma de un decreto por vía de otro decreto, sin tocar las leyes de Seguridad Interior y Defensa Nacional. Sin perjuicio de la impugnación formal que el asunto merece (por caso, la oposición parlamentaria al gobierno, ya hizo el pedido para una sesión especial que tire atrás el Decreto), la decisión de habilitar la intervención de las fuerzas armadas en la represión interior es tan mala por decreto, por ley o de facto.

En un escenario de tarifazos, despidos, inflación y recesión, el gobierno de Cambiemos reconoce que necesita más capacidad represiva para el nuevo ajuste que exige alcanzar las metas que le impone el FMI. Con sus fuerzas de seguridad desplegadas al extremo, echa mano ahora de los militares, prometiendo fuerzas de despliegue rápido y contingentes de 10.000 uniformados entrenados y equipados con tecnología represiva de punta aportada por EEUU y el Estado de Israel. Ya se abrió la licitación del ministerio de Seguridad para la adquisición de pertrechos “antidisturbio”, con una base, que se prevé se duplicará cuando se conozcan los proveedores definitivos, de $105 millones y más de u$s500 mil, destinados a reprimir las movilizaciones contra la presencia del G20.

El año pasado, cuando a través de la Corte Suprema el gobierno de Mauricio Macri intentó garantizar la impunidad de los genocidas con el 2×1, no fueron los recursos legales ni las iniciativas institucionales lo que los obligó a retroceder. Al 2×1 lo frenamos en la calle, con masivas y unitarias movilizaciones de millones de personas en todo el país, con una campaña de lucha organizada que se sostuvo en el tiempo hasta que logramos el objetivo. Con ese antecedente, la rápida reacción que ya estamos viendo, debe ser el inicio de una campaña que crezca y se extienda hasta frenar este nuevo ataque al pueblo trabajador.

* Referente de Correpi y Poder Popular.

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Se acerca un nuevo 24 de marzo y se dará en el contexto de una creciente política en contra de los sectores populares, con las peores prácticas por parte del Estado. Más que nunca, llenemos las calles y las plazas contra la impunidad de ayer y de hoy.

Las movilizaciones populares del 24 de marzo en todo el país, y en particular la marcha a Plaza de Mayo organizada en la Ciudad de Buenos Aires por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ), sintetizan hace décadas las luchas contra la represión de ayer y de hoy. La coyuntura actual, signada por el mayor avance de la represión estatal en los últimos 35 años, nos convoca a todos y todas a construir una jornada nacional de movilizaciones masivas, que exprese la decisión del campo popular de enfrentar unido, más allá de la diversidad de identidad o tradición política, un gobierno que reivindica expresamente la dictadura cívico-militar-eclesiástica, fusila en los barrios, tortura en las cárceles y persigue y encarcela luchadores y luchadoras.

El 24 de marzo del año pasado, la consigna central de la marcha de Congreso a Plaza de Mayo fue, obligadamente, “Son 30.000 – Fue genocidio”. Es que, por primera vez en muchos años, debimos responder reiterados actos y declaraciones del gobierno de Cambiemos que pusieron en cuestión la cantidad de desaparecidos/as, para luego avanzar hacia una explícita y sistemática reivindicación del terrorismo de Estado y de sus protagonistas civiles y militares.

Ese escenario, ya inédito, resultó un simple preludio de lo que seguiría, con el intento de la Corte Suprema de beneficiar a los genocidas con el 2×1 y su efectivización a través del reparto a manos llenas de arrestos domiciliarios a casi un centenar de represores procesados y condenados en reiteradas ocasiones, con el caso del chacal Etchecolatz, ahora felizmente revertido gracias a la lucha organizada, como ejemplo paradigmático.

A mediados del año pasado, la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel marcaron el inicio de una etapa superior de la avanzada represiva que caracteriza al gobierno de Cambiemos. Escuchamos a la ministra Patricia Bullrich, a la vicepresidenta Gabriela Michetti y al presidente Mauricio Macri decir cosas como “No voy a tirar un gendarme por la ventana”, “La versión de las fuerzas es versión de verdad”, “El beneficio de la duda es siempre para las fuerzas” o “Hay que volver a la lógica de que la voz de Alto significa que te entregás”. Estas declaraciones oficiales tuvieron inmediato acatamiento de las fuerzas de seguridad, como se vio el 1º de septiembre en CABA, con 31 detenidos y detenidas; en Córdoba, cuando la Marcha contra el Gatillo Fácil esa misma semana fue seguida por el allanamiento simultáneo a 11 locales de organizaciones populares, y, naturalmente, en la lógica bélica de los operativos conjuntos para reprimir las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires el 11, 13, 14 y 18 de diciembre.

En el mismo cuadro es necesario incluir el “Informe sobre la RAM”, publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación junto a los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén, con tantas inexactitudes y mentiras que daría risa si no conociéramos el objetivo buscado: deslegitimar las luchas en todo el mundo por la liberación de los pueblos y demonizar a quienes las protagonizan o son solidarios y solidarias con ellas.
Así como el poder judicial rápidamente se acomodó a la orden de aliviar la situación de los genocidas con los indultos “a goteo” de las domiciliarias, también jueces y fiscales se sumaron a la ofensiva. En cada una de las detenciones masivas en movilizaciones empezó a intervenir la justicia federal, mucho más eficaz para prolongar las detenciones y agravar las imputaciones, con una nueva lógica persecutoria, que utiliza todos los recursos tecnológicos disponibles para invadir la privacidad de las personas y violentar el derecho a la libre expresión.

Llegamos al punto más alto –por ahora- en materia de represión al conflicto y la protesta social hace unas semanas, con los fallos de la Cámara Federal en las causas del 14 y el 18 de diciembre. En ambas, los jueces Farah e Irurzun instalaron la tesis de que personas comunes y corrientes deben permanecer presas aunque estén acusadas por leves delitos excarcelables porque “de estar en libertad, podrían obstaculizar el proceso”, claro que sin explicar cómo ni con qué recursos lo harían. Así, de los cinco compañeros que permanecían presos desde el 14 de diciembre, sólo liberaron a dos trabajadores precarizados en situación de calle, porque quedaron contra las cuerdas sin nada de qué acusarlos, pero otros tres manifestantes continuarán presos hasta que sean juzgados. Dado que sólo se los acusa por atentado a la autoridad, con pena mínima de seis meses y máxima de dos años, es probable que permanezcan en prisión más tiempo que la pena que eventualmente podrían recibir si se los condena. Y en la causa del 18 de diciembre, ordenaron la nueva detención de los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Ponce, también acusados por delitos por los que nadie debería ir preventivamente preso, lesiones en riña y, nuevamente, atentado a la autoridad.

Siguen en pie las persecuciones al militante del PSTU Sebastián Romero por usar un fuego de artificio y contra los compañeros Nadia Paris y Fermín Martínez de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Neuquén, y Bariloche se habilitó con un fallo judicial amañado el irregular pedido de extradición del lonko Facundo Jones Huala a Chile, que ahora será analizado por la Corte Suprema.

Mientras tanto, no hay un solo gendarme preso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, sino varios ascendidos; no hay un solo prefecto imputado siquiera por fusilar por la espalda a Rafael Nahuel; no hay un solo policía identificado como autor de los disparos que se cobraron cinco ojos de trabajadores el 18 de diciembre último.

Sobre la base del impresionante aumento de la militarización de los barrios y el crecimiento de las muertes por gatillo fácil y en lugares de detención, a principios de este año, de la mano del “caso Chocobar”, el gobierno nacional dio un nuevo salto, con el protagonismo de la ministra de Seguridad, apoyada por el ministro de Justicia y el jefe de Gabinete, y rápidamente asumido por el presidente Macri, quien, horas después del procesamiento del policía Luis Chocobar por matar por la espalda a una persona desarmada, lo recibió en Casa de Gobierno, lo abrazó y le dijo: “Necesitamos más policías como usted, es un héroe”.

Con esa frase, y la posterior conferencia de prensa en la que Bullrich enunció la “nueva doctrina” de la inversión de prueba para la policía, el gobierno de Mauricio Macri hizo pública la orden a las fuerzas de seguridad: disparen, que acá estamos para bancarlos.
En cuestión de horas se vio que la directiva fue comprendida y acatada. Al día siguiente, el frente del local de CORREPI amaneció con un grafiti provocador, “Aguante Chocobar”, y se produjeron varios fusilamientos policiales en diferentes lugares de la zona metropolitana, como Quilmes y Monte Grande.

Cuando parecía que ya no había espacio para que el gobierno avanzara más en esta línea, el fusilamiento policial de Facundo Ferreyra, un niño de 12 años, en Tucumán, dio el pie para que nuevamente se impulsara el gatillo fácil desde el gobierno nacional. “Si el policía disparó por la espalda es un detalle”, dijo Patricia Bullrich sobre el pibe, cuyo cráneo fue atravesado por una bala 9 mm que entró por la nuca y salió por la frente. Casi al mismo tiempo, la “doctrina Chocobar” se expresó de la manera más brutal en San Juan, con el linchamiento de Cristian Cortez, de 18 años, asesinado a golpes por un grupo de personas que aplicaron por mano propia la política oficial porque el chico trató de robar un celular.

Enfrentamos así un gobierno que reivindica el genocidio y premia a sus protagonistas, mientras decreta la pena de muerte a punta de reglamentaria en los barrios, contra las y los más vulnerables, y criminaliza y persigue militantes y organizaciones del campo popular. Ambas aristas de esta política represiva responden a la necesidad de dar eficacia al disciplinamiento y control social necesarios para avanzar en el conjunto de su política antiobrera y pro-patronal, hacia la reformulación profunda de las relaciones capitalistas que Macri y sus socios quieren imponer a largo plazo.

Por eso este 24 de marzo, como nunca, llenemos las calles y las plazas, con las banderas de las y los 30.000 y de las y los caídos en las luchas populares, con el reclamo de la libertad para las y los que luchan, con la exigencia de cárcel común y efectiva a los genocidas de ayer y a los represores de hoy, y que el mundo nos escuche gritar que Macri es impunidad, ajuste, saqueo y represión, y acá hay un pueblo que lucha y se organiza.

*Militante de Correpi y Poder Popular.

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En el mediodía del lunes el juez Villanueva hizo lugar al pedido de extradición de Chile contra el lonko mapuche Facundo Jones Huala. Una sentencia que se leyó en ausencia del imputado, con una restringida presencia de testigos y que suscitó hondo pesar en la comunidad mapuche que aguardaba.

La lectura de la sentencia no pasó inadvertida. Las fuerzas de seguridad presentes en la ciudad de Bariloche, comenzaron con una feroz represión -tal como vienen haciendo- con gases y balas de goma mientras se llevaban detenidas a unas 15 personas, de las cuales 7 eran mujeres y una era menor. En la Ciudad de Buenos Aires la noticia generó una rápida convocatoria de Nora Cortiñas y el Encuentro Memoria Verdad y Justicia para manifestarse en la Plaza de los dos Congresos, al poco tiempo de sucedidas las detenciones. En las últimas horas del día de ayer, fueron liberados las y los detenidos, donde había varios y varias periodistas.

Una detención anunciada

Con gran pesar la comunidad mapuche recibió la noticia de la extradición para el lonco Facundo Jones Huala. Una decisión que ya estaba anticipada por los poderosos intereses que se disputan por la posesión de la tierra y sus recursos, entre el poder económico y las comunidades originarias. Una decisión judicial aleccionadora para amedrentar futuras iniciativas. Someter a los pueblos originarios por el uso de la fuerza del Estado, las fuerzas de seguridad parapoliciales que responden a los grandes grupos económicos y si no fuera suficiente el poder judicial, que ya sin disimulo se muestra funcional al poder político de turno. Apropiarse de las tierras con el aval del gobierno nacional, una nueva muestra de las políticas de estado en vigencia.

Isabel Huala, madre de Facundo, se mostró afligida pero con gran fortaleza. Expresó: “nosotros los mapuches peleamos por nuestros derechos porque somos preexistentes a este Estado que pidió su extradición. Habrá que seguir esperando, queremos que le den la excarcelación y que pudiera volver a su territorio”. Además, agregó que “Ante la confirmación de la extradición de Facundo tenemos mucha bronca y dolor pero hay que quedarse tranquilas porque esto tiene cuestiones legales por lo que puede llegar a tardar tiempoy revertirse”. Además fue enfática al afirmar que la represión había sido ordenada por el juez Villanueva. “Esperaba poder presenciar la sentencia al lado de la abogada, pensando que el juez Villanueva iba a estar en Bariloche, pero no fue así”. “Este fallo fue un circo muy bien armado, un juicio público en un gimnasio donde entraban 1000 personas entre las que había 800 soldados y solamente entramos 23 y se logró que entraran más medios porque se presionó”.

La madre de Jones Huala, continuó: “Esta injusticia que está pasando con el pueblo mapuche, con muertos, desaparecidos, fusilados por la espalda, Facundo detenido más de 8 meses. Como mapuche me duele mi pueblo y como madre me duele mi hijo, es un dolor muy grande para mi, parí 6 hijos y son esos hijos los que el Estado está manoseando, porque no es solamente contra Facundo, Fausto perdió el oído izquierdo por la represión, Nico fue abusado por la policía que entró al Pu Lof, Fernando también tiene causas por este estado que no quiere reconocer la preexitencia del pueblo Mapuche”. Isabel además dijo: “Que esta ciudad siga creyendo que vienen de los alemanes, de los italianos, porque les duele la cara mapuche, duele que ver que se rían de los indios cuando en su sangre llevan sangre india, nuestra sangre mapuche, nuestra cultura, duele ver a los jóvenes enterrados en el alcoholismo y la droga por este sistema, duele que los maten por la espalda en los barrios, duele ver la gente que perdió la vida esperando un trabajo, remedios, cosas de este sistema que les es negado, duele lo que va a venir más adelante, por eso le pedimos a la Mapu que mande terremotos, volcanes a ver si se les acomoda la cabeza. Tenemos que masticar la bronca y seguir luchando por el pueblo mapuche, seguir esperando que le den la libertad a Facundo”.

Tal como lo señaló Isabel Huala “la policía fue persiguiendo a los manifestantes que se iban desconcentrando para reprimir y detener”, las imágenes son elocuentes. Entre las y los 15 detenidos había 7 mujeres que fueron particularmente sometidas a situaciones de maltrato, algo que cuesta ser interpretado como causal en el marco del reclamos por el derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, pero especialmente de cara al Paro Internacional de Muejres del 8 de marzo. Pareciera que cualquier represión también es una buena excusa para reprimir a las mujeres que se organizan. Tal es el miedo de las fuerzas represivas, sumamente machistas.

Además, tal como denunció Sipreba, además había 2 periodistas. Las y los detenidos pasaron la noche privados de su libertad, lo que produjo un inmediato reflejo en Bariloche, con movilización y vigilia. Por su parte, en la ciudad de Buenos Aires, donde se convocó a una movilización frente al Congreso para visibilizar la situación, mostrar la solidaridad y el apoyo. Al anochecer las y los detenidos fueron liberados.

Acusaciones infundadas

El lonco mapuche Facundo Jones Huala es acusado en el país chileno con escasas pruebas y en base a muchas suposiciones, la construcción del enemigo que luego facilite la apropiación de sus tierras. Las tierras patagónicas tanto de un lado como del otro de la frontera tienen riquezas naturales incalculables: agua, gas, petróleo, entre otros. El escollo para la explotación son los pueblos originarios habitantes de estas tierras desde tiempos ancestrales y que no están dispuestas a abandonar. Resistir y defenderse es la única estrategia posible frente al poder económico y a un Estado que mira con los ojos de los poderosos.

La comunidad mapuche viene siendo hostigada, atacada y despojada ancestralmente, una situación que no reconoce límites y que cuenta con iniciativas políticas a un lado y otro de la cordillera. Una comunidad originaria que no tiene la identidad de los estados nación, tal como lo conocemos. Los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel muestran el peso de lo que está en juego: preservar los intereses privados en contra del bien común, es la política de estado que se acompaña del despliegue de las fuerzas de seguridad con represión y muerte. La organización para resistencia popular y la solidaridad hoy son las armas para resistir.

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