En el Congreso se discute el Proyecto de Régimen de Promoción del Primer Empleo, como intento de mejorar el empleo para los más jóvenes. La desocupación amenaza con incrementarse y se disciplina a la clase trabajadora con el argumento de mejorar la competitividad para atraer la inversión productiva internacional, que aún no cede a las concesiones que le ofrece Cambiemos. En tanto, ya se anticipa que antes de fin de año se producirán nuevos despidos del sector público, cuyo pronóstico más alentador supera las 100.000 personas.

En abril el presidente Mauricio Macri anunciaba el envío al Congreso del Proyecto de Régimen de Promoción del Primer Empleo, para mejorar las posibilidades de los jóvenes que ingresen al mundo laboral. Ya sabemos que el presidente de la Argentina puede decir una cosa y hacer otra, lo demuestran los cientos de miles de despidos del sector público y privado que se producen al mismo tiempo que hace una afirmación semejante: “la tarea fundamental de mi gobierno es generar trabajo”.

La semana pasada se trató el Proyecto en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Allí, expuso el ministro de trabajo Jorge Triaca –frente a diputados del oficialismo y una tibia oposición–, donde reconoció que efectivamente se perdieron 120 mil puestos de trabajo, en lo que llamó “el sinceramiento de la economía”. Se trata del proyecto de ley que se envió al Congreso Nacional para intentar capear los efectos del veto a la ley antidespidos.

En el proyecto se promueve el empleo joven a costa de una pérdida para el Estado, ya que implica una disminución de la carga impositiva para los empleadores a la vez que promueve el blanqueo de trabajadores no registrados. Beneficios para pocos.

Flexibilización laboral

En la pagina web del Ministerio de la Producción puede leerse bajo el título: Tenemos grandes oportunidades, un primer párrafo que introduce la cuestión del siguiente modo: “El objetivo de nuestro gobierno es alcanzar la pobreza cero. Fue el compromiso que el presidente Mauricio Macri enunció durante la campaña y todos los días trabajamos para cumplirlo”. La realidad nos devuelve diariamente todo lo contrario.

En julio, en una editorial del diario La Nación se adelantaba, con el título “Un cambio indispensable en las relaciones laborales”, lo que vendría. Allí afirma que es necesario un aumento del empleo y la competitividad que solo puede lograrse con un cambio en las relaciones laborales y aboga por la pérdida de los derechos conquistados por las y los trabajadores. En la práctica esto viene sucediendo con las medidas disciplinadoras, como son la falta de negociaciones paritarias, que actualicen los salarios deteriorados por la inflación y el tarifazo, los despidos y la disminución del empleo que, tal como en los años 90, constituyen medidas que tienden a poner en caja al conjunto de los trabajadores. Disminución del empleo que proviene de la brutal destrucción de un pobre aparato productivo construido en la última década, el vaciamiento de las funciones del Estado que implica menor cantidad de personal y la persecución ideológica, en lo que se constituyó un combo al que se suman la regulación del empelo joven con salarios acordes a un primer empleo, con un horizonte salarial que va a la baja.

Paolo Rocca, empresario beneficiado por las políticas neoliberales iniciadas en la dictadura militar, repite lo que desde el oficialismo se deja entrever: “Hay que bajar salarios para que lleguen las inversiones…hay que convencer a los sindicatos para que no peleen por el sueldo de algunos, sino por el empleo de muchos”.

Aunque les prometan el oro y el moro, el mini Davos parece una ficción para tentar a los capitales que aún no se comprometen.

Los sindicatos, al mismo tiempo, muestran una posición que pone en duda su verdadera función frente a miles de despidos, suspensiones, el tarifazo y la falta de apertura de las paritarias. Mientras el conjunto clama por una medida de fuerza como un paro nacional, los dirigentes aún deshojan la margarita. Sin embargo, desde las bases y las organizaciones populares no se sientan a esperar y se movilizan en pie de lucha.

Este fin de semana, en una entrevista el secretario de Industria, Martín Etchegoyen, afirmaba que “en estos primeros siete meses la industria cayó un 4 por ciento. Es clave llevar adelante una agenda de mejora de la competitividad, en el tema costos logísticos y en los costos laborales no salariales”. Interrogado al respecto afirmó: “es la ART –Aseguradora de Riesgos de Trabajo– establecer un mecanismo que reduzca la judicialidad… generar condiciones para que los juicios que no tienen bases sólidas, no prosperen. Según la ley de contrato laboral se puede litigar incluso sin afrontar costos, que entonces siempre están a cargo del empresario”.

Volver al futuro

El 30 de agosto de 1996 el entonces presidente Menem anunciaba frente a la Unión Industrial una profunda reforma de la legislación laboral, una verdadera flexibilización en los hechos, con medidas como: eliminar la negociación salarial colectiva para transformarla en negociaciones por empresas, modificar el régimen de indemnizaciones (transformándolo en un fondo común), reducción del número de modalidades de contratos temporarios, reconversión y libre elección de las obras sociales por parte de cada beneficiario individual. Esto se tradujo en la desregulación del mercado laboral, y permitió todo tipo de excesos por parte de las empresas, con pérdidas de los derechos laborales y con políticas económicas que destruyeron el aparato productivo y en la práctica produjeron que el desempleo llegara a los dos dígitos, con trágicas consecuencias durante los años siguientes.

Hoy el proyecto enviado al Congreso por el presidente Macri, trae reminiscencias no tan lejanas, apenas un poco más de 20 años, donde la miseria fue el emblema y nos trae a la memoria a los jóvenes luchadores como Kosteki, Santillán, junto a Teresa Rodriguez, el Oso Cisneros y tantos otros que entregaron su vida por un mundo mejor.

Hoy vuelve a tener plena vigencia la Carta Abierta a las Juntas Militares, que el 24 de marzo de 1976 redactó Rodolfo Walsh, y que le costara la vida. Allí denunciaba como fue diezmada la clase trabajadora al tiempo que disminuía el valor del trabajo y el poder adquisitivo, sembrando el terror con la tortura y la desaparición forzada de miles y miles y que permitió enriquecerse a los grandes grupos económicos a costa de ello.

“La tarea fundamental de mi gobierno es generar trabajo”, una afirmación, un engaño, que continúa repitiendo el presidente Macri contra todas las evidencias de la realidad.

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El anuncio de Macri de subsidiar los puestos de trabajos de la multinacional McDonald’s y la arremetida del Ministro de Trabajo contra la Ley Antidespidos generan un combo que vale analizar en profundidad. Y por unos pesos más, van papas medianas.

El presidente

Mauricio Macri estaba rodeado de periodistas cuando Jorge Fernández Díaz, el hombre de Radio Mitre y La Nación, le preguntó a que atribuía el “antinorteamericanismo que hay en la base social argentina”. La consulta tenía como telón de fondo la controvertida visita del presidente de Estados Unidos, Barak Obama, a la Argentina, nada menos que para la conmemoración del 40 aniversario del golpe de Estado de 1976.

Macri desestimó el concepto que volcó Fernández Díaz y lo consideró “incoherente”. Para argumentar su postura, el presidente retrucó con un inesperado reduccionismo: “¿Por qué en un país donde somos los reyes de la carne, McDonald’s ha tenido el éxito que ha tenido?”, repreguntó, con un absurdo tan simple como inaudito.

Evidentemente, para el Jefe de Estado el “antinorteamericanismo” del pueblo argentino nada tiene que ver con la injerencia de ese país en los golpes de Estado del pasado y del presente en Latinoamérica; tampoco con las invasiones a países de Medio Oriente o el ninguneo a la resistencia de Cuba. También es evidente que para el Presidente la empatía con otras naciones o la hermandad de los pueblos no se reflejan a partir de vínculos históricos, de las relaciones diplomáticas, ni mucho menos a partir de las costumbres o similitudes culturales.

Nada de eso: para él, como parte de una mirada colonizadora que intenta abrirse paso a los codazos en Nuestra América, la posta está en la cantidad de marcas extranjeras o multinacionales que se instalan en los barrios del tercer mundo. Así, una vez más, Macri no puede correrse de la mirada porteña, esa que piensa que si hay más de un local de la firma del payaso Ronald frente al Obelisco, entonces también deben estar en cualquier ciudad del país (casi tanto como los subtes).

El Ministro

En la antesala del debate parlamentario por la Ley Antidespidos, el gobierno de Macri adelantó que pretende avanzar sobre el derecho a huelga. El anuncio lo hizo el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en declaraciones radiales realizadas el viernes 13 de mayo. Acto seguido, el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, reforzó el plan: “No me parece nada alocado”, dijo y agregó que en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil también analizará los niveles de ausentismo.

En diferentes sectores del sindicalismo argentino cayeron mal los dichos del Ministro Triaca, aunque no sorprendieron a nadie. “Volvemos a los noventa”, largó Pablo Moyano, titular del gremio de Camioneros, una de las organizaciones que contribuyó para que se concrete la llegada del macrismo al poder. Sin embargo, para despegarse del ajuste que aplica “Cambiemos”, Moyano ya dejó una frase condenatoria: “Estamos peor que con el gobierno anterior”.

Para Hugo Yasky, titular de la CTA, “los gerentes que están en el gobierno” pretenden “trasgredir las garantías constitucionales que aseguran el libre ejercicios de la acción sindical”. En la misma línea se manifestó su par, Pablo Micheli, de la CTA Autónoma, quien les pidió a los funcionarios que se “preocupen por las mejoras de los trabajadores” y no por “limitar los derechos”. Triaca, lejos de replantearse o rever el temario, agregó que “los niveles de producción” y “las adicciones” de los empleados serán otros ejes de debate.

Ese mismo día el Ministro de Trabajo concretó un acuerdo chatarra con la multinacional McDonald’s Argentina, que se presentó como un “Acuerdo de fomento laboral con Arcos Dorados”. Para hacer el arreglo, el funcionario se encontró con la vicepresidenta de la firma para Latinoamérica, Marlen Fernández, quien estuvo acompañada en Casa de Gobierno por Miguel Ángel Toma, el ex titular de la SIDE durante el menemismo. “Soy el facilitador de esta reunión”, se ensalzó Toma, que desde hace años también se vincula con dirigentes del PRO.

La empresa

“McDonald’s es malo para sus hijos. No me refiero a las empanadas planas y los bollos de harina blanca. Me refiero a los trabajos de los adolescentes”, con esa frase, hace 30 años, el sociólogo Amitai Etzioni despuntaba un magnífico texto que tiene una penosa vigencia. Se publicó en The Washington Post el 24 de agosto de 1986, y allí Etzioni impulsaba el término “McJobs” o, mejor dicho, “McEmpleo”.

Tal como señala el sitio Wikipedia, con ese argot se identifica al trabajo “de bajo prestigio y baja remuneración, sin futuro, que requiere pocas habilidades y ofrece muy pocas posibilidades de avance”. Y aclara que “el McEmpleo viene del nombre del restaurante de comida rápida McDonald’s, pero se utiliza para describir cualquier tipo de trabajo de baja categoría”, donde hay “poco de entrenamiento, el personal de rotación es alta, y las actividades de los trabajadores están estrictamente regulados por los administradores”.

En pleno 2016, en la Argentina, por un monto muy inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil, y con un sueldo subsidisiado por el Estado (el mismo que propaga un tarifazo con la quita de subsidios a la luz, el gas y el transporte), McDonald’s pretende contratar a 5.000 jóvenes de entre 18 y 23 años con salarios de 4.500 pesos, mucho menos de los 6.060 establecidos legalmente. De esta forma, la Argentina le dará a la corporación internacional unos 60 millones de pesos anuales para pagar 5.000 sueldos por debajo del salario mínimo.

Así, la compañía aumentará sus ganancias (ya millonarias, ya incalculables) contratando al personal por una remuneración mucho menor que en otros países. Por ejemplo, en la citada Norteamérica, los operarios de esta cadena de comida rápida cobran diez dólares la hora, mientras que en la Argentina estarían cobrando por debajo de los tres dólares.

Si estos párrafos finales fueran la síntesis de la argumentación anterior, nos faltaría sumarle una perversión más al subsidio de la empresa norteamericana que desprecia el trabajo genuino y el desarrollo de las y los jóvenes (¿Y la “meritocracia”? ¿Llegarán agrandando combos?): la publicidad engañosa.

Así como las hamburguesas de McDonald’s son unas cuatro veces inferiores a la de cualquier cartel, el “Trabajo de calidad” anunciado por el Presidente (justo cuando la bandera argentina golpeó su cabeza en un acto de arrojo patriótico) no pasa de un trabajo precarizado por el que ya transitaron millones de jóvenes de Buenos Aires, en el camino de hacerse un lugar en el mercado laboral, que les pide experiencia a cambio de subestimarles la juventud.

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