La violencia machista en El Salvador ha llegado a formas inimaginables. Desde el país caribeño recibimos sus denuncias para que el grito de Ni Una Menos sea continental

Decenas de cuerpos de mujeres asesinadas están siendo abandonados en carreteras, en sus viviendas y en lugares recónditos en las que ellas nunca habían estado antes. La mayoría de las víctimas presentan señales de tortura, mutilaciones y en algunos casos los únicos testigos son sus hijos menores de edad.

El Salvador, nación ubicada en Centroamérica, reporta una crisis de violencia y asesinatos, que en 2017 alcanzó la tasa de homicidios a 60 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las autoridades responsabilizan a las pandillas, llamadas “maras”, de cometer los homicidios. Sin embargo, el aumento de los feminicidios tiene un origen cultural arraigado en el machismo y el odio a la mujer.

Cifras oficiales de la policía indican que en los primeros cuatro meses de 2018, el número de feminicidios creció 56%, respecto al mismo período del año previo, un fenómeno que preocupa a las autoridades e indigna a la población, que exige respuestas contundentes.

A las mujeres las están asesinando por el simple hecho de ser mujeres o por lucir como ellas, sin importar a qué se dedican, su credo, su lugar de residencia y su edad. Entre las víctimas se encuentran doctoras y agentes policiales.

Las mujeres salvadoreñas también denuncian acoso e insultos injustificados en las calles del país centroamericano, cuya población sobrepasa los 6 millones de habitantes.

“El asesinato de las mujeres es un problema, es una masacre porque somos más de la mitad de la población, somos el 53%”, dijo la coordinadora de la organización feminista Las Mélidas, Delia Cornejo.

Entre 2015 y abril de 2018 se han reportado un total de 1,003 feminicidios, a pesar que en el 2011 entró en vigencia una Ley Especial Integral de una Vida Libre de Violencia.

A las mujeres aún las matan con saña, si es que no las violan, torturan o despedazan. “Nuestro país ha entrado en un grave estado de descomposición, hay muchos casos gravísimos de violencia, de genocidio, violaciones de menores, casos dolorosos”, expresó a la prensa el Fiscal General, Douglas Meléndez.

Las parejas son sus verdugos

De acuerdo con la fiscalía, en la mayoría de los casos, los principales sospechosos de los crímenes son los compañeros sentimentales de las mujeres, quienes utilizan armas de fuego y armas blancas para cometer los asesinatos.

En el populoso barrio de Zacamil, un complejo de edificios residenciales situado al norte de la capital, Graciela Ramírez, de 22 años, fue asesinada con brutalidad por su pareja José Otero Turcios, de 29 años, pocos días antes de contraer matrimonio.

La causa que originó el asesinato todavía no ha sido esclarecido.

El informe forense determinó que Graciela, que era madre de una niña de tres años, tenía 56 heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo. José Otero Turcios fue capturado unos meses después y está siendo procesado por feminicidio, por lo que podría enfrentar una condena de entre 20 y 35 años de prisión.

Cifras oficiales indican que entre 2015 y 2018, la policía únicamente imputó a 383 hombres por el delito de feminicidio, entre los que destacan personas sin oficio, pandilleros y agricultores.

“A esta sociedad se le ha dicho que la mujer es patrimonio del hombre, quien gobierna y es cabeza de hogar, por lo que puede disponer de su cuerpo y de su vida”, expresó la fiscal especializada en feminicidios, Graciela Sagastume.

El ciclo feminicida comienza con violencia psicológica, sexual y física hasta terminar en muerte, pero no todas las mujeres se atreven a denunciar desde el principio porque normalizan la violencia o tienen temor de represalias.

Se activan alarmas

Ante la presión de los familiares de las víctimas y las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres, las instituciones del Estado le están apostando al severo castigo de los responsables, como una advertencia que dicta que los crímenes no quedarán impunes.

“A los victimarios los vamos a meter presos. Vamos a ir uno a uno, dos a dos o tres a tres. Nos va a costar, pero vamos a ir contra todos estos desgraciados feminicidas. Los vamos a meter presos”, expresó Douglas Meléndez.

La propuesta del fiscal es recluir a los feminicidas en una cárcel de máxima seguridad, donde también purgan años de prisión los cabecillas de las pandillas, entre ellos la Mara Salvatrucha y su rival el Barrio 18.

Con esta medida, la justicia salvadoreña pone al mismo nivel a los feminicidas y a los miembros de las maras, a los que el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó “animales”.

Las instituciones también invertirán en la prevención por medio de una nueva unidad de investigación, encargada de diseñar campañas educativas y comunitarias que concienticen a las mujeres sobre sus derechos.

“Le apostamos a la prevención, a hacer campañas de educación a las mujeres para no permitir que nos cosifiquen. Tenemos valor por ser mujeres, no necesitamos un hombre para valer”, sostuvo Graciela Sagastume.

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