Palabras urgentes mientras los machosfachos al acecho intentan avanzar. América Latina será la tumba del fascimo o no será. 

Agazapados. Al acecho. Usan la justicia. Son la justicia. Retuercen las instituciones. Matan. Insultan. Son xenófobos, misóginos, racistas y quieren todo, pero todo, lo que puedan pagar. Nuestra América nos duele. Brasil nos duele. Las mujeres en las calles, millones en la calle, dijeron #ElleNao. Sin embargo, esperan al acecho, agazapados, para dar el zarpazo que agriete la democracia representativa. Y la sangre corre. Las Marielle son asesinadas. Lxs pibxs en las favelas son asesinadxs. Y hay millones en las calles, pero ellos tienen las instituciones y la justicia. Son la justicia que hoy ya no tiene balanza, sino una masa que golpea fuerte las esperanzas de las millones, de los millones, que salen a la calle, que trabajan todos los días, que no comen todos los días, que siguen soñando porque aún es gratis y colectivo.

Ya cuando el escrutinio de las recientes elecciones en Brasil confirmaban el arrasador triunfo de Jair Bolsonaro, estas palabras comenzaron a intercambiarse. Se trata de el candidato presidencial por el Partido Social Liberal (PSL) que acaba de alzarse con el 47% de los votos en la primera vuelta electoral mientras que, por su parte Fernando Haddad (PT) candidato de la fuerza progresista lo sigue con un 20% de distancia para la segunda vuelta que se realizará en menos de un mes.

Bolsonaro, originario del Estado de São Paulo, ex capitán del Ejército, diputado nacional hace 27 años y admirador de la dictadura de 1964-1985 en Brasil. Fundamentalista católico y aliado al lobby de las iglesias evangélicas. Víctima de la propia violencia que fomenta, fue agredido físicamente en un acto de campaña, hecho que lo impulsó en las encuestas. “Si alguna vez alguno de nosotros, civil o militar es atacado y toma represalias con 20 disparos, debería ser condecorado y no condenado”, afirmó en agosto pasado.

No se trata solo del odio que destila su programa, una especie de futuro repitiendo el pasado, sino que es el candidato que promete llevar adelante la profundización de las multinacionales. Para combatir la violencia en Brasil, que el año pasado alcanzó el récord de casi 64 mil homicidios, Bolsonaro propuso flexibilizar las leyes sobre el porte de armas para los “buenos ciudadanos”, señalando que son inherentes al ser humano ya que “están en la Biblia”. El dominio macho hegemónico de los mercados mundiales necesita que gane Bolsonaro para continuar con la militarización y el recorte de recursos del Estado que comenzó con la dictadura de Michel Temer.

Tras la inmensa movilización del 29 de septiembre de las mujeres antifascistas, organizadas, en todo Brasil y varias ciudades del mundo, Bolsonaro subió en las encuestas. Es que la reacción machista está de su lado, y ahora se ve seducida por las masas a la que anhela conquistar como si fuera un novio violento y celoso con ansias de dominio.

Por eso, la resistencia de las mujeres, lesbianas, travestis y trans y feministas brasileñas introduce una discusión urgente en la región en relación a la participación política y la representatividad de quienes somos más de la mitad de las poblaciones del mundo. Y también vale para Argentina, sede de la próxima Cumbre del G20. La pregunta es clave ante el ascenso de las políticas ultraliberales: ¿hasta cuando será posible pensar las estrategias de los movimientos -otrora progresistas hoy antifascistas-, sin que el objetivo sea cuestionar a esta democracia para iniciar el camino de derribar, finalmente, al capitalismo junto al heteropatriarcado, el racismo y la xenofobia?

#DictaduraNuncaMás #BrasilDecide

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Por Leonardo Fernándes para Brasil de Fato.

Entrevista a André Singer en el marco de las elecciones del próximo domingo en Brasil, su análisis sobre las encuestas, la ausencia de Lula y el temor de un golpe.

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En entrevista, el jurista Pedro Serrano alerta sobre las nuevas formas de autoritarismo en la sociedad brasileña. Según el jurista, si se legitima a Bolsonaro por un proceso democrático, él estaría autorizado a promover políticas conservadoras.

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En las últimas horas he leído que el “pueblo” es “el responsable” de la victoria uribista, que “tendrá el gobierno que se merece” y “vivirá la dictadura como quería”. Ciertamente, el uribista Iván Duque ganó las elecciones con el 53,98% contra el 41,81% obtenido por Gustavo Petro. Sin embargo, quiero adelantar unas rápidas reflexiones, en contravía del consenso pesimista.

Luces y sombras

1. El “pueblo” es el gran ganador de las elecciones y el gran responsable de los históricos resultados obtenidos por la propuesta alternativa, pero no alterativa aún –en el sentido de “alterar” el modelo político-económico dominante–. 20 años después, la abstención fue inferior al 50%.

La alternativa política por primera vez en la historia sobrevivió (vital y electoralmente) a la primera vuelta, alcanzando su mayor acumulado electoral pues superó el 22,02% de Carlos Gaviria (en 2006) y el 27,47% de Antanas Mockus (en 2010). Y Petro superó su piso de 9,13% (en 2010). Entonces, será inédito el enfrentamiento entre el gobierno derechista (tradición colombiana) y una potencial oposición de la casi mitad de los electores y electoras, con posibilidad de articular movilización callejera y debate parlamentario, y con un despertar juvenil que quiere una política renovada.

Otro elemento importante es el alza del nivel de la discusión política, más allá de la estrechez mediática del “castro-chavismo” y del “sentimiento anti-uribista” que algunas personas subrayan. En esta contienda electoral se discutió –visiblemente y con amplio interés– sobre política (orientación) y economía (matriz productiva y modelo económico). Producto de esto son las famosas “peinadas” de Petro a los demás candidatos en los debates y a los periodistas del stablishment en las entrevistas y las multitudinarias concentraciones populares en las plazas, cosa que parecía jurásica en el panorama nacional. Producto de esto también es este artículo, así como la auto-convocatoria de votantes de Petro, Fajardo y De la Calle buscando consensos de cara a la segunda vuelta. El proceso electoral permitió que el “pueblo” se visibilizara como protagonista, y esta es otra señal de victoria.

2. Las regiones del país nuevamente aleccionaron con sus victorias, siendo ejemplarizantes los resultados obtenidos en el Pacífico colombiano. Petro arrasó en departamentos como Putumayo, Cauca y Nariño. También ganó en 33 capitales departamentales (39,39%), en ciudades grandes como Bogotá, Cali y Barranquilla, en ciudades intermedias como Cartagena, Santa Marta, Pasto, Tunja y Popayán, y en ciudades pequeñas como Quibdó, Riohacha, Mocoa, Sincelejo y Mitú. El Pacífico y el Sur (geográfico y simbólico) apostaron por el cambio.

Fuente: Registraduría

3. La “oligarquía”, es decir, la “maquinaria”, es la perdedora. Reconociendo que hay una masa poblacional que vota conscientemente a la derecha (disfrazada de diferentes partidos), considero que Iván Duque ganó por “inflación” de los medios de comunicación: entre la primera vuelta (27 de mayo) y la segunda vuelta (17 de junio), sólo creció el 37, 03% mientras que Petro creció un 65,61%.

Esto es significativo teniendo en cuenta que Duque coalicionó las “maquinarias” de los partidos tradicionales (Conservador y Liberal) y sus mutaciones recientes (Cambio Radical, Partido de la U); trabajaron en torno suyo los medios de comunicación (nacionales y extranjeros), los mafiosos locales y regionales, los terratenientes, el paramilitarismo (que sigue activo en las regiones), los mercenarios extranjeros y la propaganda negra y la guerra psicológica (encabezadas por J.J. Rendón); y se traccionó el aparato estatal en función de la legitimación del fraude que le diera la victoria, como resulta evidente en las actuaciones de la Registraduría Nacional y la Fiscalía General (en el caso de las denuncias de fraude) y de sectores policiales y militares, que boicotearon la campaña de Petro como se denunció por activistas en las redes sociales.

También perdieron el centrismo de Sergio Fajardo (que funcionó como un uribista solapado) y el mohoso y herradumbrado MOIR de Jorge Robledo (incluido el senador santandereano Leonidas Gómez) quienes apostaron por el voto en blanco. En términos políticos jugó más su anti-izquierdismo y su comodidad con el statu quo (prisioneros de su ideología y voceros de la propaganda “castro-chavista”). En términos de “opinión”, su opción resultó pírrica, pues sólo alcanzó el 4,20%. En términos prácticos, favorecieron los intereses del poder instituido.

El fenómeno endémico y multifactorial del abtencionismo va cediendo terreno y también perdió. Al igual que el voto en blanco, el abstencionismo es muy respetable políticamente, pero no puede convertirse en un axioma, sino considerarse una táctica dentro de un proceso histórico. Nadie pide entregar las banderas a un candidato o candidata, sino impulsar proyectos por donde se puede. No votar en estas elecciones era menos complejo que en 2014 (Santos-Zuluaga) y exigía un poquito más de creatividad. Ciertamente “el que escruta elige”, como decía Camilo Torres, y “después de las 4 vota la registraduría” como advertía Gaitán, pero endosar la esperanza por la fe total o la negación absoluta, no ayuda mucho en el panorama político (y esto no sólo tiene que ver con un “sentimiento antiuribista”).

4. Así, como advertimos en las elecciones de 2010, volvió a perder (al menos en el discurso público) la política alternativa-alterativa, que comúnmente se conoce como “la izquierda”. Esto no significó, obviamente, la desaparición de la izquierda sino de su inclusión en un proyecto más amplio que su propio discurso, tan golpeado mediáticamente como bastardeado por la extrema derecha recalcitrante que gobierna Colombia, por lo menos desde la derrota de José María Melo en 1854. Que Petro se haya ‘corrido’ al centro, no quiere decir que las personas que peinamos la historia a contrapelo hayamos renunciado a nuestro proyecto y nuestros sueños.

Petro explicitó su distancia del “marxismo” y su adopción teórica del liberalismo económico, incluso planteó la necesidad de crear un capitalismo nacional, pues en su consideración no había en Colombia más que un feudalismo rampante y feroz. Y planteó que su modelo de gobernabilidad de “acuerdos sobre lo fundamental” era el de la concertación chilena. En esto no se separó ni un ápice del diseño político desarrollado por la derecha colombiana y explicitado en su programa “Visión de Colombia II Centenario: 2019” editado en 2005 por el Departamento Nacional de Planeación. Petro se siente cómodo en ese discurso conciliador del “centro” de los partidos tradicionales y en el rol de socialdemócrata con pasado guerrillero, como José “Pepe” Mujica, que en últimas pretende administrar el capital.

El programa de la “Colombia Humana” se mostró como un programa que apelaba al imaginario liberal nacional y rescataba nombres de esa tradición: Rafael Uribe Uribe, Alfonso López Pumarejo, Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán. También apeló al célebre conservador Álvaro Gómez Hurtado, quien supo apartarse de la corrupción narcotraficante, pero no de la criminalidad estatal de la que su padre, el expresidente Laureano Gómez, fuera exponente.

El “centrismo” de Petro se evidenció en las “tablas” de los acuerdos con Antanas Mockus y Claudia López donde se comprometía a defender el statu quo: no “expropiando”, impulsando la “iniciativa privada”, no convocando a una Constituyente y respetando “el Estado Social de Derecho”.  Así pues, su programa político no buscaba alterar ni el modelo político-económico ni el modelo de propiedad, de la misma manera que se estableció en la negociación de paz con las FARC-EP y la sacrosanta trinidad inexpugnable: modelo de propiedad, modelo económico y doctrina militar. Otras muestras parecen ser su posición anti-soberanista en el tema de la extradición, su consideración de Venezuela como “dictadura” y su promoción de un “capitalismo verde”, al mejor estilo de Al Gore, considerando que hay un cierto capitalismo que puede proteger la naturaleza. Algunas de estas ideas son expuestas por Renán Vega Cantor, Sergio Segura y Felipe Polanía.

5. Las encuestas se desnudaron como armas ideológicas e instrumentos de manipulación y control social. Como se aprecia en las cuatro consultas realizadas de cara a la segunda vuelta, mientras la tendencia de Duque era a la baja (en 8 días perdió 10 puntos) la de Petro era al alza (subió 5 puntos) y la diferencia entre ambos se redujo en 14 puntos. (Recuérdese que no hubo encuesta después de la adhesión pública de Claudia López y Antanas Mockus a la campaña de Petro).

Entonces se abren tres interrogantes: ¿Cómo explicar estadísticamente que un candidato que va bajando venza a uno que va subiendo y que la diferencia final duplique el estimativo de la diferencia en la última encuesta?; ¿es posible que se haya planteado una medición alta desde el principio para Duque (55%) calculando que se desinflaría y previendo un estimado del fraude para decir que “acertaron las encuestas” teniendo en cuenta que obtuvo el 53,98%?; ¿a qué candidato apoyaron los dueños de los medios de comunicación que contratan las encuestas? Por otra parte, si pudiera estimarse que el fraude estuviera cercano a los dos millones y medio de votos, como algunas personas me han manifestado, la victoria de Duque se convierte en derrota (“empate técnico”, llamarían algunos) pues sólo obtuvo 2.338.891 votos más que Petro.

Retos y tareas (para un “petrismo” más allá de Petro)

1. Se requiere de una organización popular que participe activamente en la fiscalización del escrutinio de la segunda vuelta, a fin de desnudar el fraude electoral y, a la vez, exigir a la Fiscalía General de la Nación que revele la investigación sobre el fraude de la primera vuelta, el mismo fraude que el registrador invitó a “dejar en el pasado”.

2. Esta misma organización debe impulsar estrategias y acciones concretas que defiendan los maltrechos acuerdos firmados con las FARC y la mesa de negociaciones instalada con el ELN. Defender la paz como derecho y no como consigna vacía debe incluir en la ecuación el “factor Venezuela” que entrará en juega a través de la incorporación de Colombia a la OTAN y el cuasi consenso que allí se vive una “dictadura”.

3. La derecha colombiana comprende rápidamente que si deja respirar al pueblo de la represión, la espuma del chocolate vuelve a subir. Después de 200 años de dominación, aún no ha podido alcanzar la hegemonía y el consenso de las mayorías y eso la conducirá a armar causas alrededor del ELN (en ausencia de las FARC) en las regiones del país y en el exterior.
Urge activar las alarmas y las redes de solidaridad, visibilidad y denuncia nacionales e internacionales frente a la obvia arremetida mediática, jurídica, política, militar y paramilitar sobre las personas que dinamizaron la campaña de Petro en las regiones, sobre el pensamiento crítico y sobre los movimientos sociales, es decir, frente al asesinato, la estigmatización y criminalización de la pobreza y la protesta social organizada. Todas estas acciones ya se vienen desarrollando en contra de los reclamantes de tierras, los defensores y defensoras de Derechos Humanos, integrantes del Congreso de los Pueblos y parlamentarios del Polo Democrático Alternativo.

4. Deben fortalecerse los procesos formativos de pensamiento crítico, de recuperación crítica y activa de la historia y de fortalecimiento político-ideológico. Hay que alimentar las luchas del presente y del futuro con tradiciones, memoria e ideas. Contra el discurso de “liquidar el pasado” y “pasar la página”, se exige avivar la llama rebelde de la resistencia y los sueños ancestrales con las herramientas teóricas disponibles.

5. Hay que consolidar los resultados regionales donde se ganó y fortalecer donde se perdió, no sólo de cara a las elecciones de 2019, sino a la consolidación de procesos locales de organización popular, participación política y poder instituyente. No se trata sólo de “captar votos” sino de construir otro horizonte político: desde abajo, de la periferia al centro y con protagonismo local, combinando las ansias de gobierno con la construcción de poder, pues alcanzar lo primero sin lo segundo es una tentación y desarrollar lo segundo sin lo primero es ilusión.

La “izquierda” y los movimientos sociales deben jugar un papel protagónico, articulando el movimiento social y el movimiento político, y atrayendo a los no alineados y no alineadas en ninguna expresión política. Se necesita replantear las prácticas y formas de hacer política y aventurarse en la construcción de una gran colación de movimientos sociales, Coalición Colombia y la lista Decentes: un gran frente social y político desde abajo, de oposición y proposición, en acuerdos básicos prácticos. La utopía pluralista de Camilo Torres Restrepo sigue estando a la orden del día.

6. Los hechos exigen la construcción de instrumentos académicos de opinión pública que ayuden a desideologizar el control de los medios masivos de comunicación y permitan establecer vinculaciones concretas de la academia colombiana con los problemas reales del país. Los científicos y científicas sociales tenemos mucho que aportar en esta batalla cultural. Un buen ejemplo podría ser la estrategia desarrollada por el Instituto Universitario De Opinión Pública (IUDOP) que desde la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” impulsara el psicólogo jesuita Ignacio Martín-Baró.

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*Nicolás Armando Herrera Farfán es psicólogo colombiano, investigador del Colectivo Frente Unido – Investigación Independiente.

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Conversamos con Omar Eduardo Rojas Bolaños, coautor del libro “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010”, quien nos reveló detalles de su investigación, la más rigurosa y completa que aborda el tema de los “falsos positivos” en Colombia.

El Artículo 11 de la Constitución colombiana de 1991 establece tajantemente: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. De allí que las “ejecuciones extrajudiciales” o “falsos positivos” sean realmente asesinatos de civiles por parte de las Fuerzas Armadas. Aunque las investigaciones registran los primeros casos a mediados de la década de 1980, la práctica sistemática de estos crímenes se desarrolló con la llamada “Política de Seguridad Democrática”, estrategia contrainsurgente desplegada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), con el propósito de mostrar “guerrilleros abatidos” y “éxitos militares”.

Así lo demuestran Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva, autores del libro “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios”, salido hace escasos meses. El libro es el resultado de un trabajo mancomunado de profesionales de la psicología, la historia, la economía y la sociología, y recurre a varias fuentes, convirtiéndolo en la más completa investigación sobre el tema hasta la fecha.

Cifras confusas

Cuando Álvaro Uribe llegó al poder en 2002, las Fuerzas Armadas afirmaban que las insurgencias estaban conformadas por cerca de 30.000 personas en armas. Al terminar su segundo periodo, en 2010, los mismos militares presentaron las siguientes cifras: 19.405 muertos en combate, 63.747 capturas y 44.954 desmovilizaciones. Esto arroja un total de 128.106 insurgentes. ¿De dónde salieron tantas muertes, capturas y desmovilizaciones?

Las cifras sobre los mal llamados “falsos positivos” son confusas. La Política de Seguridad Democrática de Uribe Vélez llegó a decir que se trataba “solo” de 42 casos, mientras que en 2015, la Fiscalía General de la Nación documentaba 4.500, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) reportaba 5.700 y otras ONG hablaban de 6.200. En 2010, el Ministerio de Defensa afirmó que los muertos en combate habían sido 19.405 y en 2014 presentaron un cuadro donde afirmaban que los muertos eran de 15.925, ¿qué pasó con los más de 4.000 casos que desaparecían de las cifras oficiales?

Para Omar Rojas se trata de “falsos positivos”: “los cerca de 4.000 que se escondían se sumaban a los más de 6.000 que denunciaban las ONG. La cifra supera los 10.000 casos. Lo dicen los mismos victimarios”, y señala que en las páginas 64, 65, 66 y 191 de su estudio están explicitadas las fuentes oficiales. Incluso va más allá y señala que “uno de los victimarios que entrevistamos nos aseguró que, aunque tenían pruebas de 48 falsos positivos en su contra, en realidad había asesinado a más de 100 personas”.

Antioquia fue el departamento más victimizado por esta modalidad criminal, fortín político de Álvaro Uribe Vélez. Esto no sorprende a Rojas quien recuerda que “Antioquia es uno de los departamentos donde hay mayor relación entre paramilitarismo, narcotráfico y autoridades, llámese Ejército o Policía”. Las cifras no lo desmienten. Los informes del Grupo de Memoria Histórica (GMH) revelan que de las 1.982 masacres perpetradas por grupos armados entre 1980 y 2012, Antioquia padeció 598 (el 30%). A estas masacres deben sumarse los planes de exterminio en contra de la Unión Patriótica y el movimiento social, como fue denunciado en 2007 por el entonces senador Gustavo Petro y en 2014 por el senador Iván Cepeda Castro. Para no ir más lejos, desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016, en Antioquia han sido asesinados 32 líderes sociales.

Modalidades y actores

En estos crímenes de Estado, mal llamados “ejecuciones extrajudiciales”, estuvieron involucradas todas las fuerzas armadas: Ejército, Policía, Armada Nacional y Fuerza Aérea. Según lo relatado en el libro, se hacían retenes militares y de policía, subían a los buses a pedir documentos y bajaban a jóvenes que después aparecían muertos. Rojas explica que “el 90% fueron cometidas por el Ejército, pero nosotros mostramos eventos donde las Fuerzas Armadas en su conjunto transportaban a las víctimas en helicópteros de la Fuerza Aérea. Ellos se ponían de acuerdo. Incluso el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) también hizo falsos positivos, ya que ellos entregaban presos para que fueran ejecutados”.

Por su parte, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta colombiana, aunque no participó directamente en los falsos positivos, sí realizó numerosos seguimientos, interceptaciones ilegales y un trabajo de inteligencia que proporcionó al Estado ( y al paramilitarismo) los datos necesarios de líderes sociales, sindicalistas, defensores y defensoras de derechos humanos y militantes de izquierda para que fueran asesinados.

El libro cuenta, además, cómo los grupos paramilitares entregaban al Ejército los “hombres indisciplinados” de sus filas para que se les “ajusticiara” con el propósito de generar obediencia. Así mismo, se dieron infiltraciones en las “Bacrim” (Bandas criminales): “los militares les decían que sabían dónde habían caletas con armas y dinero de la guerrilla y que si lo hacían se llevaban la mitad del botín; entonces, cuando llegaban, se encontraban con un operativo y los mataban”.

Así mismo, Rojas asocia que la información existente sobre los desmovilizados también fue usada para ofrecer negocios que concluían en crímenes selectivos. “Fue una alianza entre la fuerza pública y los paramilitares donde se detenía arbitrariamente, se desaparecía a las víctimas y luego eran asesinadas”.

Incluso, muchas de las masacres perpetuadas por paramilitares fueron posteriormente presentadas en los medios masivos de comunicación como combates con la guerrilla: “iban a un pueblo, mataban dos o tres campesinos, llamaban al Ejército y ellos asumían la autoría del operativo. Entonces ni falsos positivos ni ejecuciones extrajudiciales, lo que arroja este estudio es que son asesinatos de Estado. Lo comprobamos con evidencias”.

“Ayuda” norteamericana

El alcance de este estudio demuestra que, a través de las conocidas prebendas económicas, el reconocimiento honorífico, los ascensos, las vacaciones y demás incentivos para los militares autores de los crímenes, se cumplía el objetivo político de la Política de Seguridad Democrática: demostrar a la opinión pública que era efectiva y que se estaba ganando la guerra, financiada por los Estados Unidos.

“Un general del Ejército que logramos entrevistar en la investigación me dijo que todo era posible porque había bonanza de dinero, dineros de todas partes, se tenía que aprovechar porque todo el mundo quería echarle mano a ese dinero. Los gringos estaban pidiendo resultados por la financiación del Plan Colombia. Ese dinero también fue utilizado para ejecuciones extrajudiciales y darles resultados a los norteamericanos. Otro presupuesto usado fue el de los gastos reservados, un presupuesto especial que adjudicó Uribe únicamente para las recompensas. Sin plata no se puede hacer un falso positivo. Por ejemplo, con los falsos positivos de Soacha, se necesitaba dinero para pagarle a los reclutadores, que muchas veces eran exintegrantes paramilitares o exintegrantes de las Fuerzas Armadas, luego tenían que pagar el transporte de los muchachos desde Soacha hasta Bucaramanga, a algunos les pagaban pasajes terrestres y les adelantaban dinero para que creyeran que las promesas de trabajo eran en serio. Compraron uniformes y botas, computadores para montar las pruebas, mandaron hacer publicidad de los grupos subversivos, compraban armas a los paramilitares, se les pagaba a los comandantes, a los soldados, aunque también se les pedía cuotas de 10.000 pesos a los soldados para comprar esos insumos. Los oficiales no solo se apropiaban de esa plata si no que se quedaban con la recompensa, fue una empresa criminal. Las evidencias sobre el origen de esos dineros están referenciados en el libro”.

En un estudio realizado por el Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), donde se entabla la relación del Plan Colombia con los falsos positivos, se llegó a la conclusión de que un buen porcentaje de los oficiales que se prestaron para estos crímenes fueron formados en la antigua Escuela de las Américas; además, se muestra la relación directa de los falsos positivos con la doctrina imperialista y la formación que recibieron integrantes de las Fuerzas Armadas colombianas por parte de Estados Unidos.

Administración de la muerte

En ninguna otra investigación se ha logrado determinar que hubo un antes, un durante y un después, esas tres etapas de planeación se llevaron a cabo en mesas de trabajo de comandantes de brigada, de batallón, de logística e inteligencia. Esas mesas coordinaron los lugares donde se harían falsos combates, acordaron de dónde sacarían las víctimas, cómo se trasladarían y asesinarían, es decir, “ningún falso positivo se dio al azar”. Según Rojas, todo fue premeditado.

En el antes, jugaba un papel muy importante el factor psicológico, tanto a nivel externo como interno, pues: “los encargados de operaciones psicológicas y de inteligencia se acercaban a las comunidades donde se iban a dar los eventos, generaban ausencia de seguridad en el sector con el propósito de que la comunidad no se alertara. A nivel interno se encargaban de adoctrinar a los soldados para que creyeran que ellos eran la moral de la sociedad colombiana, que tenían la obligación de eliminar a los enemigos comunistas, castro-chavistas, les decían que el enemigo interno eran los defensores de derechos humanos y líderes sociales, los convencían de que el comunismo se estaba apoderando de Colombia. Ese grupo se encargaba de llevar por dos o tres días a periodistas a las unidades militares y de policía; dormían en la selva con ellos, los veían entrenando para que sintieran orgullo. En el momento en que se presentaban las ejecuciones ya tenían la lealtad comprada”. Luego sucedía el durante, es decir, los asesinatos propiamente dichos (que aún siguen ocurriendo) y su posterior montaje para ser presentados.

El después se caracteriza por la estrategia de desinformar y no investigar. Entonces, aparecía un actor: la Justicia Penal Militar. “Los jueces militares llegaban a los sitios del evento, pero no llegaban a hacer la investigación sino a dar instrucciones a los soldados comprometidos para orientar cómo debían dar las declaraciones. En uno de los casos llegó una juez penal militar a un escenario donde mataron cuatro muchachos, había uno que aún no estaba muerto, cuando vio a la juez gritó “estoy vivo”, la juez dio media vuelta y dijo “yo no he visto nada”, luego un soldado lo fusiló”. A los medios de comunicación se les daba el parte de guerra.

A todo esto se suma la falsa desmovilización del paramilitarismo que solo transformó su nombre para llamarse “Bandas Criminales” o “Clan del Golfo”. Rojas señala que no se ha hecho nada por acabar con el paramilitarismo. “Lo digo con conocimiento de causa porque estuve dentro de las Fuerzas Militares. Si hiciéramos una relación de los combates reales que las Fuerzas Armadas han tenido con los paramilitares y los que han tenido con la subversión, es ridículo, porque las Fuerzas Armadas le sonríen al paramilitarismo. Hay evidencias que tocamos en el libro donde los paramilitares salían a patrullar de la mano del Ejército y la Policía. Yo viví en un pueblo de Antioquia y allí el paramilitarismo gobierna”.

Responsables políticos

Algunas personas han manifestado su inconformidad frente a las opiniones de Omar Rojas en torno a la responsabilidad de los falsos positivos, pues en ocasiones ha señalado a la sociedad colombiana en su conjunto. Él se defiende: “cuando los militares salían a dar su parte de guerra todos los sectores de la sociedad los aplaudían, y los que no, guardaban silencio. Desde la Presidencia para abajo salían a festejarlos; la Iglesia, sabiendo lo que estaba pasando, seguía bendiciendo las armas con las que eran asesinados los muchachos; también tienen responsabilidad los industriales y comerciantes que aplaudían estos hechos y los medios que le daban una relevancia enorme a esos acontecimientos a pesar de que ya existía la voz de defensores de derechos humanos, diferentes ONG e incluso la voz de los mismos militares que estaban denunciando”.

Y continúa señalando que “la sociedad colombiana es insensible, una sociedad que no le duelen los muertos, que los aplaude, una sociedad que aclama por muertos. Yo asistí a un evento en la Plaza de Bolívar en Bogotá en homenaje a las víctimas de los falsos positivos, pero no había más de 150 personas. No hemos acompañado a las víctimas, nos volvimos insensibles”. Sin duda, esta insensibilidad es producto de la guerra que ha calado hondamente en la espiritualidad del pueblo colombiano: “Hoy vi en Internet que alguien dijo que prefería los falsos positivos de Uribe que no tener con qué comprar papel higiénico, ahí está la filosofía de buena parte de la población colombiana”, concluyó.

Sin embargo, el investigador es muy enfático al señalar que, de acuerdo con la Constitución Política de 1991, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la república y, en tanto jefe, debe responder por las actuaciones de sus tropas. ¿Quién fue el comandante de las Fuerzas Militares en Colombia del 2002 al 2010?: “El comandante supremo, el que debe responder por los 10.000 falsos positivos, porque no fueron ningunos errores militares, es el expresidente Uribe”.

Su ministra de Defensa era Marta Lucía Ramírez, hoy fórmula vice-presidencial del candidato uribista Iván Duque. Lo primero que ella hizo en el cargo fue imponer a los altos mandos militares una medición de su desempeño a partir de resultados tangibles y comenzó “a exigir y evaluar a los comandantes por el número de bajas de terroristas”, señala Rojas. El último civil que ejerció como ministro de defensa del gobierno de Uribe fue el actual presidente Juan Manuel Santos.

Impunidad a la vista

El investigador reafirma que muchas de las investigaciones sobre los falsos positivos, donde están involucrados cerca de 4.500 militares, están durmiendo en los despachos de la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar. Por eso advierte con alarma que puede ser posible que tanto los responsables políticos como la cúpula militar no reciban ni una sola condena, no paguen ni un día de cárcel y terminen saliendo “limpios”. Cabe señalar que el Estado ha proporcionado presupuesto de los colombianos para que los militares se defiendan de las acusaciones, sin embargo, no han hecho lo mismo para que las víctimas se sientan representadas.

“Para las ejecuciones extrajudiciales no hay autores intelectuales, solo autores materiales, lo cual es bastante irrisorio. Un oficial condenado por 48 falsos positivos dice que no se arrepiente; las madres y familias de las víctimas apenas están vislumbrando el nivel de impunidad. Así estén condenados a 30, 40 o 50 años, esas personas van a salir pronto y los ejecutores no van a pagar ni cinco años de cárcel, lo peor es que esos cinco años les va a servir para la pensión, pues el Estado les sigue pagando su sueldo. ¡Es una desgracia que no haya justicia! El Congreso colombiano es responsable porque negó la verdad, la verdad es lo que menos le importa al Estado. Siento vergüenza”, sentencia.

Sin embargo, insiste en aclarar que no todos los militares y policías se arrodillaron ante los “falsos positivos” y que algunos de ellos fueron los primeros en denunciar los hechos, mucho antes que las ONG defensoras de derechos humanos; sin embargo, esos soldados y suboficiales fueron silenciados.

Partiendo de los sucesos relatados en la investigación, el investigador sospecha que estamos ad portas de un liquidación del pasado. El Ministerio de Defensa se ha metido en el Centro Nacional de Memoria Histórica y se ha posicionado como actor fundamental en la construcción del Museo de la Memoria. En estas dos instituciones, donde pueden interpretarse los días amargos de la violencia del último medio siglo, se podría borrar del relato histórico los crímenes de Estado y los falsos positivos. Las Fuerzas Armadas reescribirían la historia y mostrarían a los victimarios como “héroes”.

La paz y el porvenir

Omar Rojas estuvo vinculado a la Policía Nacional durante 31 años, hasta el año 2011, es sociólogo y experto en seguridad pública. Tras su retiro, se dedicó a la docencia universitaria en Bogotá y Medellín, a la investigación académica en el Instituto de Estudios Sociohistóricos Fray Alonso de Zamora de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, y a la asesoría en asuntos de seguridad pública, principalmente en la Unidad Nacional de Protección (UNP), específicamente en la subdirección especializada de seguridad y protección, organismo creado para acompañar el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP.

Justamente, en la UNP, se llevó la sorpresa de una conspiración que se orquestaba para que la FARC (nuevo partido tras la dejación de armas) asumiera su propia seguridad, en contravía de lo pactado en La Habana. “La idea era quitarles la asesoría y el acompañamiento a la implementación, entonces, yo me levanté de la mesa porque no estaba de acuerdo con la decisión, porque eso era abrir la puerta para que los asesinen como sucedió con el genocidio del partido de izquierda Unión Patriótica entre las décadas de 1980 y 1990. Mi lealtad es con el proceso de paz, para eso me habían convocado”. Y señala que los militares querían apoderarse de las bases de datos de los excombatientes: “Allí tuve que decirle a la FARC que no fueran pendejos porque no se estaban dando cuenta”.

De cara a las próximas elecciones presidenciales, Rojas advierte del peligro de la perpetuación de un Estado mafioso que blindaría jurídicamente a los autores materiales e intelectuales de los falsos positivos y beneficiaría económicamente a ciertos sectores sociales. “Uribe Vélez hoy intenta retornar al poder con candidato propio: Iván Duque”, y advierte que “si Duque llega a ser Presidente, no va acatar ningún fallo nacional o internacional cuando Uribe sea juzgado por los falsos positivos, no va a pasar nada”.

El retorno de Uribe al poder no solo trunca el sueño de la paz sino el anhelo de justicia de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Por eso comprende la animadversión que genera la candidatura de Gustavo Petro en la extrema derecha y en ciertos sectores del personal de reserva de las Fuerzas Militares, quienes abiertamente abogan por el asesinato del candidato progresista, acusándolo de comunista y “castro-chavista”.

Cuando le preguntamos sobre los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sostuvo que ellos y ellas tienen que analizar la experiencia con las FARC para no cometer los mis errores y no dejar los mismos vacíos: “No dejarse meter los dedos a la boca frente a la forma de contratación, por ejemplo. La FARC ahora está contenta porque están comiendo dulces, en el sentido que tienen vehículos, les están dando cosas para su seguridad, pero eso se les va a acabar. Cuando Iván Duque sea Presidente lo primero que va acabar son los puestos para la FARC en la UNP, y se las van a dar a todos los devotos de Álvaro Uribe Vélez”.

El costo de investigar

Su investigación sobre los falsos positivos y sus posiciones críticas en la UNP no calaron bien en las Fuerzas Armadas. Entonces, comenzaron los seguimientos, la toma de fotografías en las calles y las amenazas por parte de los mismos integrantes de la fuerza pública. Incluso, un coordinador de la Justicia Penal Militar publicó una fotografía suya en las redes sociales llamándolo “traidor” y bautizándolo “el coronel de las FARC”. Ante estas presiones tuvo que salir corriendo: “Un viejo amigo militar se acercó a la UNP y me dijo que me fuera, que me iban a matar, le dije que si estaba en peligro me iba en un mes, pero me respondió que debía irme de inmediato. Esa misma noche abandoné el país”.

A Omar Rojas, quien ahora bebe el amargo vino del exilio, no le cabe la menor duda que la persecución es por su investigación: “Cuando hice una investigación sobre el asesinato de policías en los años noventa nadie puso objeción, ahora que lo hago sobre los falsos positivos, muchos policías, militares y políticos del Centro Democrático sí objetan, están ardidos. Como investigador, mi obligación es hacer estudios sobre los fenómenos que afectan la sociedad en determinado momento”.

“El problema de los policías y militares en Colombia es que se olvidaron que la lealtad es hacia la Constitución Política y la población colombiana, pero ellos le están jurando lealtad a los criminales de cuello blanco. Desleales todos los que me están amenazando porque saben desde qué oficina se estructuró la estrategia de los falsos positivos; algunos exintegrantes de las Fuerzas Armadas nos quitamos la mordaza, somos honestos y estamos comprometidos con los derechos humanos”, afirmó.

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Por Camila Parodi. El mandatario paraguayo, Horacio Cartes, presentó al Congreso Nacional su renuncia. Se trata de una nueva maniobra para poder asumir al legislativo como senador el próximo 1 de julio. Un nuevo capítulo de la serie del estado paraguayo donde la realidad política imita ficciones.

Si bien la maniobra era conocida y esperada por la mayoría de su audiencia, para el analista y periodista paraguayo Jorge Zárate, el accionar llevado a cabo por Horacio Cartes en el día de ayer tiene a su vez otro trasfondo. En ese sentido, Zárate explicó para Marcha “se trata de una estrategia de blindaje con los fueros de por medio para evitar los ataques concretos que se le vendrán encima por sus actividades como contrabandista de cigarrillos”. Por su parte, recordó “los vínculos con probados lavadores de dinero como Darío Messer, un prófugo de la justicia brasileña, actor principal del Lava Jato, al que el hasta hoy presidente definió como “mi hermano del alma” lo ponen en evidencia”. Y ante el posible tratamiento de su pedido en el Congreso manifestó “las huestes de Benítez analizan si les conviene que jure, Fernando Lugo, que preside el Congreso ya anunció el voto en contra de su bancada y también un sector del Partido Liberal hará lo propio” es así que “hasta el momento se entiende que Cartes asumiría” sin embargo recordó a las y los fanáticos del periplo paraguayo “pero todo puede suceder en un mes en la política de Paraguay”.

A pesar de la desprolijidad y evidente corrupción conocida en el gobierno de Cartes tras el golpe de estado a Fernando Lugo, cada pieza se coloca con precisión, en ese marco Zárate recordó “vale decir que Cartes, si consigue jurar como senador el 1 de julio próximo, tendrá una bancada propia en el Congreso que utilizará para presionar al mandatario electo, Mario Abdo Benítez”. En ese contexto, las respuestas de las organizaciones y sindicatos no tardaron en llegar y éstos “se preparan para responder mañana en una movilización frente al Congreso ante la presentación de un proyecto de ley que según el gobierno es para proteger los fondos previsionales pero que da mucha discrecionalidad a sus autoridades, cuestión que hace temer por los casi 4 mil millones de dólares que deben garantizar las jubilaciones de los paraguayos” destacó el periodista. A su vez, “se esperan las protestas contra el juramento de Cartes el 1/7 y también contra la asunción de Benítez el 15/8 pero todavía falta mucho para acciones unitarias entre campo y ciudad, a pesar de que se comprende la necesidad de caminar hacia allí” afirmó Zárate.

Como si esta ficción hubiera atendido los reclamos de su público, tras años de pedir la renuncia de Cartes por tratarse, ni más ni menos, de la cara visible de un proceso electoral enmarcado en el golpe de estado como así también ejecutor de las políticas de neoliberales, la renuncia llegó a escena. Pero no como era esperada por el campo popular, es decir para dar inicio a un nuevo acontecimiento democrático. Al contrario, se reinventa en un nuevo capítulo que, lejos de aportar novedad anticipa una repetición de escenas corrupción, complicidad, privatización y muerte.

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Colombia vivirá el domingo una de las elecciones más enigmáticas de su historia. Cinco candidatos se disputan el próximo gobierno en un contexto de polarización, de denuncias por un eventual fraude y con profundas cicatrices de un conflicto armado que toma diferentes rumbos. De llegar a darse balotaje se realizaría el 15 de junio.

La ley colombiana establece desde la Constitución de 1991 que quien obtenga la mitad más uno de los votos es el próximo presidente de la República. La única persona que desde entonces ha logrado ganar los comicios en primera vuelta ha sido Álvaro Uribe, en dos oportunidades. Por estos días, todas las encuestas están encabezadas por Iván Duque con un 45 por ciento, lo que indica que habría balotaje el 15 de junio con quien llegue al segundo lugar.

Duque es el candidato de la ultraderecha por el partido Centro Democrático, manejado por el senador Álvaro Uribe y fieles detractores de los procesos de paz. Con el candidato Germán Vargas Lleras, también de derecha, representan a las élites políticas y económicas.

Los medios de comunicación alineados con grandes conglomerados financieros se han encargado de posicionar a Vargas Lleras en las últimas semanas, un candidato que viene del partido Cambio Radical, colectividad que -al igual que el Centro Democrático- tiene una parte importante de sus integrantes en prisión o bajo investigaciones por corrupción y vínculos con el paramilitarismo. Vargas Lleras tiene una amplia experiencia como funcionario en anteriores gobiernos y se quedó con el apoyo del “santismo” y los sectores conservadores que no están alineados con el uribismo. Como vicepresidente de Juan Manuel Santos, se apropió de proyectos de infraestructura y de planes para entregar “casas gratis”. Cada una de estas apuestas estuvo permeada por conocidas irregularidades, pero igualmente han sido sus principales derroteros de campaña.

La Coalición Colombia integrada por la Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo eligió a Sergio Fajardo como candidato presidencial y a Claudia López como vice de la fórmula. Este autodenominado “centro” cada día se aleja más de los sectores democráticos en aras de los cálculos electorales, lo cual denota que cada día es más distante una de las exigencias ciudadanas que se han venido planteando para sobreponerse a la derecha en estas elecciones: la posible alianza entre Gustavo Petro, Fajardo y Humberto De la Calle (candidato del Partido Liberal y ex jefe del gabinete del gobierno en los diálogos de paz en Cuba con las FARC-EP).

Este domingo se decide el futuro político, social y económico de Colombia. Si gana la derecha, que es la que lleva dos siglos gobernando y alrededor de 70 años impidiendo una democracia plena, se continuará con la postura lacaya hacia los Estados Unidos, se profundizará el modelo neoliberal basado en la extracción indiscriminada de riquezas naturales y se afianzará el modelo de seguridad del enemigo interno, aun con la inexistencia de las FARC como insurgencia. Si gana Fajardo hay incertidumbre, pues la tibieza y falta de posiciones claras no permiten una lectura de lo que se puede esperar, aunque sus conexiones políticas y el desprecio a la izquierda contradice su supuesta “neutralidad”.

Petro, quien tiene el apoyo de la mayoría de sectores progresistas, de la izquierda y de las bases liberales, ha despertado un respaldo popular reflejado no solo en las redes sociales sino en plazas públicas abarrotadas de manifestantes que ven en el proyecto de la “Colombia Humana” una esperanza de cambio para el país y una alternativa para que la ultraderecha militarista no se postre en el poder.

Petro incomoda a los sectores más pudientes por sus propuestas en torno al uso de la tierra y del cambio de un modelo extractivista hacia una economía basada en la productividad agrícola. Al haber participado en el Movimiento 19 de Abril (M-19) en su juventud y en partidos de izquierda, ha sido estigmatizado. El mayor ejemplo es acusarlo de querer convertir a Colombia en una segunda Cuba o Venezuela. Es defensor de la solución política al conflicto armado y dentro de su programa sobresalen las reformas que se harían en materia de salud y educación.

Ahora bien, las críticas que desde la izquierda se le tienen a Petro no son pocas. Los últimos posicionamientos frente a Venezuela y la extradición de Jesús Santrich (de la FARC) son elementos para el debate que están consignados en artículos recientes de Miguel Ángel Beltrán, Felipe Polanía, Renán Vega y Pablo Solana; contradicciones y jugadas políticas que aun votando por él no se pueden pasar por alto.

En todo caso, Petro es el candidato de quienes apuestan a la construcción de la paz y la justicia social, y también es el favorito entre los jóvenes. Su postulante vicepresidencial, Ángela María Robledo, es una reconocida defensora de derechos humanos y como senadora cumplió un papel importante de denuncia y gestión pública. En sus propuestas de gobierno son los más cercanos a la promoción de derechos y la esperada apertura democrática. No obstante, las complicaciones para que logre llegar a segunda vuelta son claras.

Aunque las encuestas siempre lo han tenido en los primeros tres lugares de favorabilidad, hay que recordar que en Colombia ningún presidente ha llegado a serlo por los sondeos de opinión o por sus cualidades humanas; por el contrario, lo que predomina es la maquinaria electoral, las prebendas a cambio de votos y puestos burocráticos en el Estado, la eliminación física y moral del adversario político, entre otros elementos en los que las derechas son expertas.

Este domingo el debate es sobre la continuidad de un modelo de país que no tiene otro destino que el abismo, o sobre cómo se edifica un bloque alternativo que sea capaz de frenar a la clase política más sanguinaria del continente.

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*Publicado inicialmente en La tinta.

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